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  1. ¡No queremos volver a 1931, queremos aborto libre ahora!

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    hilaryy-hinner-150x150Mientras se sigue debatiendo la letra chica de esta ley de tres causales que sólo nos devolvería los derechos ya ganados hace más de setenta años, nosotras seguiremos abortando. Abortando porque se rompió el condón, porque nunca hubo ningún condón, porque no se quiere tener (ahora o nunca), pero abortando al fin y al cabo.

    El sábado, 30 de mayo de 1931 apareció en el primer plano del diario La Nación un pequeño cuadrado con el título: “Hoy será promulgado”. Lo que se estaba informando era la publicación en el Diario Oficial del nuevo Código Sanitario, que incluyó, entre muchas otras cosas, la aprobación del aborto terapéutico. Sobre esto el diario señala: “El nuevo Código contiene reformas fundamentales especialmente en lo que se refiere al antiguo Título IV y a la protección de la madre”. Noten que no hubo cambios al Código Penal de 1874; por ende, el aborto seguía siendo un crimen. Pero lo que se estaba proponiendo, fundamentalmente, con este nuevo código, era la idea que existían situaciones médicas – vinculadas en su gran mayoría con la salud física de la embarazada y la viabilidad del embarazo – que podían justificar ciertos casos de aborto (previamente aprobado por un equipo de tres médicos), aun siendo este criminalizado. Y, más encima, se estaba promulgando este nuevo código para “proteger” a las madres; esto seguramente iba con la idea de que la mayoría de las mujeres de esa época que abortaban ya tenían otros hijos/as (y no querían que ella muriera por un aborto mal hecho) y/o por la posibilidad de que los abortos poco higiénicos podían provocar la esterilidad. Los abortos terapéuticos eran “excepciones a la regla”, pero excepciones que, siendo planteadas desde la medicina social, la higiene y el progreso, eran del todo entendibles para toda la sociedad.

    Ahora, en el año 2017, al escuchar los debates sobre la Ley de Despenalización de la Interrupción del Embarazo en Tres Causales en el Senado y la Cámara de Diputados durante los últimos días, me pregunto, ¿qué ha pasado como para que la clase política en Chile, al parecer, tiene menos “sentido común” y menos sensibilidad que sus antepasados homólogos de 1931? ¿Cómo es posible que existan partidos y activistas que están dando la pelea sólo para devolvernos al estatus quo de principios del siglo XX? ¿Si ya hemos avanzado en tanto más desde los años 30 no será tiempo también para confiar plenamente en las mujeres, en sus capacidades para decidir sobre sus propios cuerpos? ¿No será ya tiempo para empezar a hablar de “aborto libre” y dejar atrás esta noción anticuada de lo “terapéutico”?

    Desde una perspectiva histórica, otro detalle no menor del Código Sanitario de 1931 es que empezó a regular con mucha más atención el trabajo de las matronas, quienes, hasta ese momento, habían sido durante siglos, las principales expertas en todo lo que era la salud reproductiva de las mujeres y el parto. Desde este código en adelante, ya se ve claramente que el trabajo de las matronas iba a ser cada vez más “supervisado” por un doctor (generalmente un hombre), y, así, los partos de las mujeres eran cada vez más “medicalizados” y masculinizados.

    ¿Por qué menciono esto? Por dos razones, primero, creo que tenemos que empezar a pensar todo lo relacionado con la salud reproductiva de las mujeres, incluyendo el parto y el aborto, como dentro de una sola línea holística, dentro de la cual debemos involucrar mucho más el acompañamiento feminista. Está en boga hoy en día hablar de la “violencia obstétrica” y los partos como experiencias adonde las mujeres debemos tener más injerencia (hasta el punto de poder parir de forma desmedicalizada, en la casa y con una doula). Estoy totalmente de acuerdo con estas luchas y son bien necesarias, pero también tenemos que reconocer que no hay violencia más grande que forzar una mujer a parir en primera instancia. Eso es tortura, y si esa mujer está pariendo como resultado de violación o incesto, si no es una mujer, sino una niña, es tal vez aún más grave esa tortura psicológica. No obstante, la mera idea de forzar una mujer a gestar durante nueve largos e incómodos meses una criatura que ella no quiere tener – que sólo “presta el cuerpo” para ocupar una frase de la derecha – es, de por sí, totalmente abominable y espeluznante.

    También sabemos que muchas mujeres que abortan ya son madres y que deciden por el aborto porque no cuentan con los recursos económicos, sociales o, incluso, emocionales, como para tener otro hijo/a. Ahora, al igual que la mujer sin hijos/as, si esa mujer tiene recursos, tiene opciones: puede viajar fuera del país o ir a una clínica privada. Mujeres como la diputada UDI Claudia Nogueira, quien habló de su propio “aborto retenido” –seguramente muy bien atendida en una de las clínicas más exclusivas del país-, pero que niegan, tajantemente, este derecho para otras mujeres. La mujer pobre en Chile NO tiene opciones. Esto no se debería entender como un problema moral, sino un problema netamente de salud y de clase. Que ella decida; las madres también abortamos.

    Segundo, tenemos que reconocer lo que es nuestra realidad: las mujeres sí abortamos en Chile y lo seguiremos haciendo, con o sin permisos. Esto es particularmente el caso por el uso, ya muy generalizado y del todo conocido, de las pastillas para abortar. Aunque desde los años 90 se dice que en Chile hay 150.000 abortos al año, la realidad es que probablemente son mucho más y un gran porcentaje de éstos son abortos “médicos”, esto es abortos que se hacen principalmente a través del uso de misoprostol (o sólo o en conjunto con mifepristona). Se consiguen estas pastillas en el mercado negro, lo cual aumenta su precio y los riesgos para la salud.

    Una vez conseguidas las pastillas, existen condiciones muy diversas entre sí a la hora de ocuparlas, pero sabemos que existen muchos casos de acompañamiento feminista en ese proceso. Esto tampoco es nuevo; si nosotras las feministas, como las brujas, siempre hemos acompañado a las mujeres y hemos sido demonizadas por lo mismo, pero tal vez lo que sí ha ocurrido es una cierta “democratización” de este acompañamiento. Son cada vez más las mujeres jóvenes que mueven pastillas a bajo costo y hacen acompañamientos feministas. Tal vez no es lo mejor, porque todavía hay muchos riesgos para todas las involucradas, pero es lo que hay. Insisto: esto es algo que ya está pasando todos los días, a pesar de las políticas draconianas criminalizadoras del Estado.

    Entonces, mientras se sigue debatiendo la letra chica de esta ley de tres causales que sólo nos devolvería los derechos ya ganados hace más de setenta años, nosotras seguiremos abortando. Abortando porque se rompió el condón, porque nunca hubo ningún condón, porque no se quiere tener (ahora o nunca), pero abortando al fin y al cabo. Y nosotras seguiremos marchando, marchando todos los 25 de julio, día de la Marcha por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, organizada por la Coordinadora Feministas en Lucha, hasta que tengamos el derecho de decidir por sobre nuestros propios cuerpos. Si tú también crees que las mujeres debemos tener ese derecho o si estás muy frustrado/a con cómo los partidos se han burlado de las mujeres últimamente, ni siquiera devolviéndonos ese derecho que ya conseguimos en 1931, entonces, ¡nos vemos en la calle! ¡Todxs a Plaza Italia este martes, 25 de julio a las 18.00 hrs!

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  2. Verónica Pérez da a conocer su investigación sobre la despenalización del aborto en Uruguay

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    19598619_1361644127223036_3931014168093957114_nEl Instituto de Investigación en Ciencias Sociales organizó el Seminario ICSO “The hard rock: La despenalización del aborto en Uruguay”, el que fue presentado el pasado jueves 29 de junio por Verónica Pérez, Candidata a doctora en ciencia política, Universidad Torcuato Di Tella.  Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP, comentó la exposición.

    La investigadora expuso un capítulo de su tesis doctoral, la cual se enfoca en la discusión de lo que Pérez denomina como Reformas Duras y Reformas Blandas dentro de la agenda de derechos de las mujeres, en la cual la despenalización del aborto es una parte substancial.

    La hipótesis general del capítulo es que en Uruguay esta ley se aprobó porque existían organizaciones movilizadas, en particular las organizaciones feministas, que juntaron con otras organizaciones y estaban en el gobierno del Frente Amplio. Este es un partido con escaso vínculo con los grupos religiosos y contaba con mayorías parlamentarias las veces que estuvieron en el gobierno.

    Al respecto, Verónica Pérez describió su trabajo investigativo:

    ¿Cuál es la metodología de tu investigación?

    Esta investigación es más amplia que el capítulo que presenté hoy. Yo lo que hago es una doble comparación entre temas, comparo las leyes de adopción y de despenalización del aborto con leyes de violencia hacia las mujeres y haciendo una diferencia entre países. En este caso, una comparación de los tres países más avanzados del cono sur: Chile, Argentina y Uruguay.

    ¿Cuáles son tus motivaciones para realizar este trabajo?

    He trabajado temas de género y partidos desde hace tiempo pero más vinculados a cuestiones de participación política de las mujeres. En el doctorado, a raíz de otra literatura más pegada a la movilización social y a la economía política, me interesé más por estos temas que por los otros.

    ¿Cuáles son los aportes que entrega tu investigación?

    Mi trabajo tiene dos aportes. El aporte más específico es al mejor entendimiento de porqué hay leyes sobre los derechos de las mujeres que son muy frecuentes en América Latina y otras que son muy poco frecuentes como la despenalización del aborto. Aunque los dos son temas importantes de agenda y los dos temas están politizados en la mayoría de los países, sobre uno se legisla menos que otro.

    El otro aporte más general es al entendimiento sobre cómo las democracias aprueban leyes que generan más oposición o generan menos oposición. Entonces, cuales son los condicionantes detrás de estas reformas que yo llamo duras y otras blandas en el marco del juego de actores democráticos.

     

  3. ICSO realizará Seminario sobre la despenalización del aborto en Uruguay, presentado por Verónica Pérez

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    abortouruguayEl Instituto de Investigación en Ciencias Sociales organiza el Seminario ICSO “The hard rock: La despenalización del aborto en Uruguay”, presentado por Verónica Pérez, Candidata a doctora en ciencia política, Universidad Torcuato Di Tella. En la ocasión comentará Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos UDP.

    La actividad se realizará el jueves 29 de junio a las 11:30 horas, en la sala B-21 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.

    Resumen:

    Algunas leyes tienen una naturaleza “dura”. Desde su formulación hay reformas que son conflictivas, dividen a los partidos políticos, al electorado y tienen la oposición de grupos organizados que se movilizan para impedir que estas reformas se aprueben. Sin embargo, a veces, las reformas duras se aprueban.

    En América Latina, las reformas sobre despenalización del aborto son – dentro del “paquete” más amplio de reformas sobre derechos de las mujeres- un caso de reforma dura. En la región, el aborto inducido es una práctica frecuente, representa un problema de salud para las mujeres –en especial para las mujeres pobres- y la despenalización del aborto es una de las principales demandas de los movimientos feministas de la tercera ola. Sin embargo, la mayoría de los países tienen legislaciones restrictivas o muy restrictivas sobre aborto y el cambio institucional (hacia normativas más flexibles) ha sido difícil de concretar. Las reformas que despenalizan el aborto son conflictivas en América Latina: dividen a los partidos políticos, no reunen consensos en la ciudadanía y tienen la oposición activa de la Iglesia y los grupos pro-vida. No obstante, algunas veces, bajo un conjunto muy específico de condiciones, las reformas sobre despenalización el aborto pueden llegar a aprobarse en la región.

    En este artículo se analizan las razones que llevaron a Uruguay a aprobar, en 2012, una ley que despenalizó el aborto por la voluntad de la mujer y reguló su práctica gratutita en el sistema nacional de salud. Mediante una estilización de los hechos que condujeron a la aprobación de la reforma, este artículo discute con la hipótesis que señala que esta reforma pudo aprobarse debido a la naturaleza secular del país en el continente. A partir de una explicación centrada en la agencia, en este trabajo se afirma que la ley que despenalizó el aborto fue posible por la presencia de una “coalición progresista”, conformada por organizaciones feministas movilizadas y un partido de centro-izquierda en el gobierno, con dirigencias mayormente laicas, que tenía mayorías parlamentarias.

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  4. Aborto paterno

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    Alejandra Ramm, Directora del Observatorio de Desigualdades

    Alejandra Ramm, Directora del Observatorio de Desigualdades

    Al escuchar las coloridas e incendiarias arengas de algunos diputados en contra del aborto, me pregunto ¿dónde estaban estos paladines de los niños de Chile cuando nuestro Código Civil dejó a una porción sustantiva de ellos sin padre? En el siglo XIX el Código Civil y la ley de Matrimonio Civil prohibieron la investigación de paternidad. Gracias a esto, los hombres tuvieron por más de 100 años, hasta que se dictó la Ley de Filiación en 1998, la posibilidad de desentenderse de los hijos que procrearan fuera del matrimonio. Se calcula que a fines del siglo XIX uno de cada tres niños estaba en esta situación. En ese entonces la elite gobernante –exclusivamente masculina- legisló para restringir significativamente la paternidad. Estableció el aborto paterno. Todos los niños que nacían fuera del matrimonio tenían un padre, un padre de carne y hueso. Sin embargo, nuestra legislación amparaba la decisión de cualquier hombre a no ser padre de tales hijos. Los legisladores del siglo XIX argumentaban que buscaban proteger el honor del padre. Ciertamente no legislaban a favor del más débil ni de la parte más necesitada, sino en función de favorecerse a sí mismos (quienes estaban en el poder).

    Al parecer la llegada del siglo XX no alteró mayormente este proceder, y solo ya casi entrando en el siglo XXI, y luego de años de debate en el congreso se logró aprobar la Ley de Filiación, que restituyó el derecho de los niños de este país a tener un padre.

    Me imagino que en ese debate los que hoy atacan el aborto, defendieron enérgicamente la obligación que todo padre tiene para con todos sus hijos. Sin embargo, no recuerdo haber escuchado a ninguno. Entonces yo me pregunto ¿a favor de quién están legislando quienes se oponen a la despenalización del aborto en tres causales? Ellos dicen hacerlo en pos de defender la vida. Yo me pregunto: ¿la vida de quién?

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  5. El aborto y la democracia de los acuerdos

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.

    La forma en que se ha producido el debate sobre la despenalización del aborto bajo tres causales hace añorar la desprestigiada democracia de los acuerdos. Porque existen muchos puntos de encuentro entre los que se oponen a despenalización del aborto y los que la apoyan, la polarización del debate y la caricaturización de las posturas poco ayuda para avanzar hacia el objetivo razonable de reducir el número de embarazos no deseados y evitar así que haya mujeres que se vean obligadas a tener que decidir si quieren abortar o llevar un embarazo a término.

    De más está decir que el debate sobre la legalización del aborto llegó con varios años de atraso. La negativa de sectores conservadores a discutir el tema reflejaba un cierto aire autoritario de los que apoyaban el statu quo. Cuando uno cree tan profundamente en ciertos principios, nunca debiera negarse a debatirlos. Es más, cada debate debiese ser visto como una oportunidad para lograr que otros conozcan tus puntos de vista y potencialmente cambiar sus propias posiciones gracias a argumentos presentados de forma razonable, articulada y empática.

    Si bien la reacción eufórica de muchos que creen en el derecho de la mujer a decidir el fin de un embarazo es también innecesaria y no se condice con la realidad de que cada aborto es una decisión difícil a la que ninguna mujer quisiera verse enfrentada, las celebraciones que vimos ayer responden a la acumulación de años de frustraciones de personas que pedían tener un debate y cuyos argumentos razonables fueron sistemáticamente ignorados por gobiernos de derecha, centro e izquierda.

    El proyecto que pasó de la Cámara de Diputados al Senado dista de ser una legalización del aborto o de establecer acceso universal y de libre disponibilidad al aborto en Chile. Solo despenaliza el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, embarazo por violación y peligro en la vida de la mujer. Los detractores de este proyecto de ley comprensiblemente argumentan que esas tres causales abrirán la puerta para que se justifique cualquier aborto, usando alguna de esas causales. Si bien es claro que hecha la ley, hecha la trampa, es injusto atribuir al gobierno y a los defensores de la despenalización la intencionalidad de querer legalizar todos los abortos usando un resquicio legal.

    Al caricaturizar la postura del gobierno, los detractores del proyecto de ley han adoptado un discurso extremista que resulta a su vez fácilmente caricaturizable por aquellos que quieren despenalizar el aborto. La polarización de las posturas, construidas a partir de caricaturas —abortistas versus opresores de la mujer— hace difícil que se escuchen muchas voces razonables que han participado del debate y que han construido las bases para consensos razonables que son ampliamente compartidos por la población.

    Cuando los que defienden la despenalización son catalogados como pro-abortistas, su reacción inmediata es acusar a los que se oponen a la despenalización como trogloditas que no reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. A su vez, cuando los que subrayan los derechos de los que están por nacer son caricaturizados como fanáticos religiosos que quieren imponer sus propias definiciones de cuándo empieza la vida, estas personas reaccionan acusando a los que están en la otra trinchera como asesinos de bebés. En ese debate, a menudo nos terminamos olvidando de las víctimas de cada embarazo no deseado o inviable que se produce en el país —las mujeres y, para algunos, los bebés que están por nacer—.

    Ahora que el proyecto de ley pasa al Senado, las voces razonables tienen la oportunidad para ampliar el debate sobre la despenalización del aborto para que incluya políticas públicas que ayuden a reducir el número de embarazos no deseados. Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.

    Si somos lo suficientemente valientes para aceptar que los que piensan distinto no son monstruos ni fanáticos retrógrados, nos daremos cuenta de que hay mucho espacio para avanzar en políticas públicas que promuevan la educación sexual, la protección de los derechos de la mujer y programas de salud que conviertan a cada embarazo en una buena nueva y no en una mala noticia que los ponga en uno de los predicamentos más difíciles que debe enfrentar una mujer.

    Porque podemos aspirar a ser un país donde los abortos en estas tres causales sean legales, seguros y muy pocos, aprovechemos la oportunidad que da el paso de este proyecto de la Cámara al Senado para dejar atrás las caricaturas y, volviendo a la democracia de los acuerdos, forjar un consenso que ayude a reducir el número de embarazos no deseados que se producen cada año en el país. Debemos aspirar a que cada vez que un test de embarazo sea positivo, los involucrados se llenen de alegría y gozo, no de angustia o dolor.

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  6. Académica de Sociología se refiere a la votación de la ley de aborto

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    Alejandra Ramm, Directora del Observatorio de Desigualdades

    Alejandra Ramm, Directora del Observatorio de Desigualdades

    La académica de la Escuela de Sociología UDP, Alejandra Ramm, conversó acerca de la realidad del aborto en Chile a partir de la votación en la Comisión de Constitución. En el programa comparó el contexto de nuestro país con el resto del mundo y el poder que tiene la Iglesia Católica en temas valóricos.

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  7. Aborto en tres causales y nueva Constitución destacan en última Encuesta Nacional UDP

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    Un 53,3% de los encuestados cree que el gobierno es el responsable de la actual situación económica, según el último sondeo de la Universidad Diego Portales 2015.

    Sobre los temas que más preocupan a la población, la ‘Delincuencia’ subió en 5.7 puntos porcentuales, en comparación con el 2014, llegando a 38% y liderando la lista.

    Otro salto lo tuvo la ‘Corrupción’, que subió de 3,1% en el 2014 a 9,3% en la reciente medición y quedó en el quinto lugar.

    En tanto que los que registraron una baja significativa según la encuesta, fueron Salud (de 13,6% a 9,5%) y Educación (de 14,5% a 9,4%) que se quedaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

    Sin mayores variaciones, la ‘Desigualdad’ es el segundo tema que más preocupa a los chilenos, con un 10,3% (10,2% en el 2014).

    En cuanto a la discusión de la despenalización del aborto, todas las causales subieron en su apoyo, pero las que están en los tres primeros lugares, son las tres que se han estado discutiendo en el Congreso: Si la madre corre serio peligro por el embarazo (71,7%), si el feto es inviable (68,7%) o si la mujer quedó embarazada producto de una violación (64,2%).

    Con relación a una nueva Constitución, el estudio registró que un 45,1% considera que se debe hacer una nueva Carta Magna, en tanto que un 34,5% expresó que es necesario reformar la carta fundamental actual. Es decir, un 79,6% está a favor de algún tipo de cambio al respecto. ¿Y la forma de hacerlo? El 51,3% cree que con una Asamblea Constituyente, un 19% que lo haga una comisión de expertos y 9,9% que lo haga el Congreso Nacional. ¿Y su ratificación? Un 71%, vía plebiscito.

    Sobre la confianza en instituciones, Carabineros de Chile sigue en lo alto con un 50,9%, seguida de las Radios (49,3%) y las Fuerzas Armadas (45,2%). En cambio que el Congreso (4,1%) y los Partidos Políticos (2,7%) cierran ese ranking.

    Las redes sociales se convierten en un elemento clave para manifestar posiciones políticas. Un 18,8% reconoció su uso para eso.

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  8. Encuesta UDP: chilenos se inclinan por Asamblea Constituyente para crear nueva Constitución

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    No obstante, el sondeo muestra que un 45,1% de las personas considera que se debe realizar una nueva Carta Fundamental y un 34,5% prefiere sólo reformar el texto actual.

    Ante el proceso constituyente impulsado por el Gobierno, la mayoría de los chilenos se inclinó por utilizar el mecanismo de Asamblea Constituyente (AC) para crear una nueva Carta Magna y utilizar además el plebiscito para ratificar el texto una vez listo.

    Éstos fueron parte de los resultados entregados este jueves por la última Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales (UDP) 2015, realizada entre el 21 de septiembre y 20 de octubre.

    De acuerdo al sondeo, los chilenos estarían “divididos” sobre si reformar o establecer una nueva Carta Fundamental. Así, un 45,1% de las personas considera que se debe hacer una nueva Constitución, un 34,5% cree que se debe reformar la actual Constitución y un 7,1% que se debe mantener el actual documento.

    En la submuestra de quienes prefieren una nueva Constitución, la opción de la Asamblea Constituyente (AC) concentra las preferencias (68,9%), un 16,7% se inclina porque lo haga una comisión de expertos y un 8,3% que lo haga el Congreso.

    En tanto, en la muestra total del estudio un 51,3% apuesta por la AC para crear la nueva Constitución, un 19% que una comisión de expertos lo haga y un 9,9% que esto se efectué con la participación del Parlamento.

    Además, se les consultó a las personas por cuál creen que sería el mejor mecanismo para ratificar la nueva Constitución una vez que el texto este listo. En el caso de la submuestra de apuesta por la creación de un documento nuevo, un 91,5% apuesta por el plebiscito y un 6,3% con que se apruebe en el Congreso.

    Respecto a la muestra total, un 74,5% se inclina por el plebiscito y un 9% con que sea ratificada por el Parlamento.

    Debate por aborto y principales problemas

    Otro de los temas abordados en la encuesta UDP 2015, fue la despenalización del aborto bajo distintas causales, mostrándose altos índices de aprobaron a aquellas incluidas en el proyecto del Ejecutivo.

    De esta forma, un 71,7% está de acuerdo con la despenalización del aborto si la vida de la madre corre serio peligro por el embarazo, un 68,7 la apoya cuando el feto es inviable y un 64,2% en caso de violación.

    Además, subió a 36,1% la aprobación en situaciones en que la madre es menor a 14 años, también aumento a 33,1% en caso en que la mujer no desea tener un hijo, como también si la pareja en conjunto decide no tener un hijo, esto último con un aumento de 31,3%.

    Por otra parte, la delincuencia volvió a situarse entre los principales problemas del país con un 38% de las menciones, le sigue la desigualdad con un 10,3%, la salud con un 9,5% y educación con un 9,4.

    En quinto lugar, en tanto, quedó por primera vez la corrupción con un 9,3% y la cual obtuvo una notoria alza desde el 3,1% al que llegó en el sondeo 2014, subiendo desde el noveno puesto de las preferencias.

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  9. Encuesta UDP: Un 64,3% desaprueba el desempeño de la Presidenta Bachelet

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    La mayoría cree que la constitución debe reformarse a través de un proceso constituyente y ratificarse a través de un plebiscito.
    Este jueves fueron revelados los resultados de la Encuesta Nacional UDP 2015, elaborada por la Universidad Diego Portales.

    PRESIDENTA y GOBIERNO

    Según esta, un 64,3% desaprueba el desempeño de la Presidenta Bachelet mientras un 28,9% la aprueba. En tanto, sobre la credibilidad de la mandataria un 72,6% señala que le cree pocas veces o nunca, mientras que un 24,8% dice creerle siempre o la mayoría de las veces.

    En tanto, un 72,2% desaprueba la forma en que se ha desempeñado el Gobierno.

    Aquí sorprende que un 43,8% cree que la clase alta es la principal beneficiaria de las políticas que implementa el gobierno de Michelle Bachelet.
    DELINCUENCIA

    La mayor diferencia estadística, respecto a la encuesta de 2014 (32,3%), es que ahora un 38% cree que el principal problema del país es la delincuencia. Sin embargo, un 50,9% tiene mucha o bastante confianza en Carabineros.

    En tanto, el mayor conflicto que se aprecia en nuestra sociedad es entre los mapuche y los no mapuche (41,1%).

    SITUACIÓN ECONÓMICA

    Por otro lado, un 53,3% cree que el principal responsable de la situación económica del país es el Gobierno, mientras que un 25,5% cree que es culpa de los empresarios.

    De todas formas, cuando se pregunta si “¿usted se siente un ganador o perdedor?” respecto al desarrollo económico del país”, las respuestas están divididas: Un 43,2% se siente ganador, un 42,7% perdedor, y el 14,1% restante no sabe o no contesta.

    ABORTO

    Respecto a la despenalización del aborto, las diferencias más significativas respecto al año pasado, se dan en si la madre es menor a 14 años (36,1% vs. 29,6%), si una mujer no desea tener un hijo (33,1% vs. 26,7%) y si una pareja en conjunto no decide tener un hijo (31,3 % vs. 27,3%). En estos tres casos aumentó el procentaje a favor de que se quite la pena de cárcel para las mujeres que abortan.

    CONSTITUCIÓN

    Un 45,1% piensa que se debe hacer una nueva Constitución. El método más aprobado para esta reforma es un proceso constituyente. Así mismo, para ratificarla cuando el nuevo texto ya esté listo, la mayoría cree que el mejor mecanismo es un plebiscito.
    DEMOCRACIA

    Respecto al funcionamiento de la democracia en Chile, aumentó significativamente el porcentaje de personas que se sienten “No muy satisfecho” (45,5% versus 32,2% en 2013) y “Nada Satisfecho” (32,7% versus 8,6% en 2013).

    COALICIONES POLÍTICAS

    En tanto, los partidos y sus respectivas coaliciones aumentan considerablemente su desaprobación por parte de la ciudadanía. Un 74,6% desaprueba la forma en que se ha desempeñado la Alianza como oposición – versus un 57,2% en 2014-; y un 71,6% desaprueba la forma en que se ha desempeñado la Nueva Mayoría como coalición de Gobierno.

    PRESIDENCIABLES

    a la pregunta de ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Las primeras preferencias se las lleva el ex presidente Sebastián Piñera (11,8%), en segundo lugar el ex candidato del PRO Marco Enríquez-Ominami (10,1%) y en tercer lugar el empresario Leonardo Farkas (5,2%).

    Ahora, cuando la pregunta cambia a ¿Quién cree que será el nuevo presidente? En las preferencias sube Ricardo Lagos (7,4%) a segundo lugar, tras Sebastián Piñera (18,4%). Como tercero los sigue Marco Enríquez-Ominami (6,2%).

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  10. Ana María Stuven, historiadora UC y UDP: “En la Iglesia ha habido un énfasis innecesario en temas de moral sexual”

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    Ana Maria StuvenLa experta en historia de la religión analiza la irrupción de la Iglesia en el debate del aborto. Dice que los temas valóricos son mucho más que los sexuales.

    Se reconoce católica; pero acá, la historiadora y académica de la UC y de la U. Diego Portales, Ana María Stuven (64), no habla desde lo personal. Prefiere hacerlo como una investigadora en historia de la religión, secularización y laicización.

    Autora, entre otros, del libro ‘La religión en la esfera pública chilena ¿secularización o laicidad?’ (Ediciones UDP), hoy prepara otro sobre Iglesia y la inclusión de la mujer.

    Desde esa tribuna analiza la fuerte arremetida de la Iglesia en el debate público por el proyecto de despenalización (en tres causales) del aborto, que incluyó un video protagonizado por el propio cardenal Ricardo Ezzati.

    Un capítulo más en las discrepancias que han marcado la relación Estado-Iglesia durante la Historia. Stuven se toma el tiempo de nombrar las más importantes: el debate en torno al derecho de Patronato que incluía la tolerancia religiosa (1840 en adelante), la libertad de cultos (1865), las leyes laicas sobre cementerios (1883), matrimonios (1884), y registro civil (1884), y, finalmente, la separación Iglesia Estado (1925). Sin embargo, cree que esas discusiones no son comparables con el tema del aborto. “Eran temas que afectaban el lugar de la Iglesia en el Estado. Por lo tanto, la incidencia de la Iglesia era asunto oficial. Hoy, la Iglesia está en el Estado desde otro lugar: aquel que influye por su presencia prioritaria como religión en la sociedad civil y, en consecuencia, en lo político”, dice.

    – ¿Qué le ha parecido la irrupción de la Iglesia en el debate del aborto?

    – En la Historia de Chile, la Iglesia siempre ha tenido un rol público, independiente del hecho de que se separara del Estado en 1925. Sin embargo, el hecho de que la población chilena sea católica le da a la Iglesia una función orientadora de las conciencias frente a diversos temas: entre ellos, los llamados valóricos, que tienen que ver con la moral sexual. Pero quiero decir algo: los temas valóricos son de todo tipo, son todos los que influyen sobre la vida, la sociedad, la política y que interpelan la religiosidad de las personas.

    -¿Y se ha equivocado la Iglesia al reducir el tema valórico sólo a la moral sexual?

    – No me atrevería a decir que se ha equivocado, creo que ha habido un énfasis innecesario en ese tipo de temas de moral sexual. Ha habido un sobre énfasis, producto de sectores de la Iglesia Católica que son tradicionalmente muy conservadores en esos aspectos, en circunstancias de que los temas valóricos son de muy amplio espectro. Hoy, por ejemplo, hay mil millones de personas en el mundo que se acuestan con hambre todas las noches.

    -¿Qué le parecieron los tres insertos publicados por la Iglesia la semana pasada por el tema del aborto? En uno de ellos, cinco obispos señalan que ‘no será lícito para ningún católico votar’ por quienes estén a favor de la medida.

    – La declaración de la Conferencia Episcopal fue sumamente clara, bien redactada e importante en términos de señalar cuál es la postura oficial. Por lo tanto, no sé si era necesario que otros cinco obispos en particular hicieran su propia declaración (en otro inserto), como si no fueran representados por la Conferencia.

    -En la DC se mostraron muy molestos con esta campaña.

    – Me extrañó el contenido amenazante de esa declaración, la necesidad de decirles a los parlamentarios ‘miren, nosotros vamos a llamar a los electores a no votar por ustedes si votan a favor de legislar’. Me parece que el mensaje católico es suficientemente potente y fuerte para que todos los católicos son sintamos interpelados y provocados a pensar sobre el tema de la defensa de la vida, sin que nos amenacen.

    El criterio de la Iglesia

    -En este contexto de publicación de insertos y videos, ¿la acción de la Iglesia tiene límites?

    – Los límites no están fijados ni por la Constitución ni por la legislación, están fijados por el criterio. Este es un país donde existe la libertad de prensa, que naturalmente la Iglesia la usa para bien, pero las amenazas en ningún ámbito son necesarias.

    -¿Tiene criterio un obispo, como el de Valparaíso, Gonzalo Duarte, que lideró una protesta donde con una mano sostenía a una guagua y con la otra un muñeco que asemejaba a un feto?

    – No me atrevo a pronunciarme sobre el criterio de ningún sacerdote ni obispo de ninguna manera. Pero no hay duda de que hay actuaciones que son chocantes y que creo son contraproducentes en el sentido de que provocan mucho rechazo de, incluso, la propia comunidad católica. A la Iglesia Católica no le hace bien fomentar la división. Los escándalos que han existido sobre temas sexuales con los mismos sacerdotes, hacen que la historia reciente de la Iglesia sea con mucho dolor y muy traumática para los mismos católicos. A los católicos nos sobran, en este momento, instancias de división y de condena. Todos queremos una Iglesia que acoja, que recupere su credibilidad.

    -¿Y cuál es el rol público de la Iglesia hoy?

    -En un contexto de libertad de expresión, la Iglesia tiene y debe usar todos los medios que están a su alcance. Ahora, lo que es importante es que la jerarquía eclesiástica asuma la representación de todos los católicos. Hoy día son mucho más evidentes las posturas discordantes al interior de la Iglesia, y esa Iglesia tiene que darles voz también, como en el caso de Jorge Costadoat.

    -¿Y por qué la jerarquía no les está dando voz a esas ‘posturas discordantes’?

    – Creo que hay una diversidad muy grande en la catolicidad chilena.

    -Le insisto, ¿hay posturas que están siendo incomprendidas por la jerarquía?

    – El caso de Jorge Costadoat lo demuestra.

    “El caso no terminó satisfactoriamente”

    Costadoat, la UC y la libertad de cátedra

    -Usted se mostró contraria a la decisión del cardenal Ezzati de sacar al padre Jorge Costadoat de la Facultad de Teología. ¿Le gustaron las explicaciones que dieron el rector y Ezzati?

    -No. La condena que sufrió Jorge Costadoat ha puesto un tema que es importante que se ponga sobre la mesa, que es el de la libertad académica. Sobre todo, porque hasta hoy, tengo entendido, a Jorge no se le explican las razones de su salida. No es un caso que haya terminado satisfactoriamente para las personas que nos importa la liberad académica.

    -¿Hay libertad académica en la UC?

    – Creo que fue un lamentable incidente y que generó sensaciones de miedo e inseguridad que eran totalmente innecesarias de producir.

    -¿Pero hay libertad…?

    – Diría que sí.

    -¿A pesar de esas ‘sensaciones’ que generó?

    – Si. Ha habido otros episodios, no solamente este; pero eso no quita que en la universidad en general hay libertad de cátedra.

    Leer entrevista completa aquí

     

  11. 25 años de democracia y la sombra de Pinochet

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    claudio fuentes

     

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    El 10 de marzo de 1990 el ex dictador Augusto Pinochet se dirigió por última vez al país a través de un mensaje de radio y televisión.  Vestía traje militar de gala blanco y la tradicional banda presidencial. El discurso no duró más de cinco minutos y en la imagen televisiva aparecía solo, sin edecanes o la Junta Militar a sus espaldas. En sus palabras expresó un particular agradecimiento a las Fuerzas Armadas y de orden por su labor y manifestó que siempre estuvo dispuesto a “enfrentar a los enemigos de la libertad y la democracia”, recalcando que lo continuaría haciendo “sin temores ni vacilaciones”.

    El discurso no estuvo pensado para la sociedad en general, sino más bien para los mandos militares y los actores políticos. Destacó la “cohesión granítica” de los institutos castrenses y les agradeció haber sentado las bases de una nueva institucionalidad.  La visión que proyectó Pinochet aquella noche era de unidad. Realizó un llamado a las nuevas autoridades para respetar la institucionalidad vigente y preservar los logros alcanzados. Pero inmediatamente agregó, alzando la voz frente a las cámaras, que “debemos mantenernos constantemente alertas frente a quienes pretenden socavar las bases del crecimiento y la convivencia pacífica”.

    El mensaje era claro. Pinochet se mantendría al mando del Ejército para proteger las bases de la institucionalidad creada y esa noche remarcaba el rol vigilante que continuarían teniendo los militares. Estas bases económicas e institucionales se habían establecido desde fines de la década de los 70, pero se terminaron de demarcar pocos días antes del cambio de mando. Así, a las reformas estructurales en materia laboral, de educación, pensiones, salud, aguas, partidos políticos, gobierno y administración regional, y Constitución, se sumaron en los últimos cuatro meses de la dictadura cambios en materia de aborto, Banco Central, Carabineros, Estado de excepción, Fuerzas Armadas, y Ley Orgánica de Educación. Hasta comienzos de marzo de aquel año 1990 el régimen aprobó leyes orgánicas para atar la transición.

    Cumplidos 25 años desde la inauguración de la democracia, los temas que marcan la agenda hoy están en gran parte delimitados por el legado del régimen militar. La sombra de Pinochet sigue acompañándonos en cada uno de los grandes temas que discutimos. Una somera enumeración de la agenda pública y legislativa nos remite con porfía a las bases fundacionales de la dictadura. Hoy debatimos relaciones laborales, sistema electoral, pensiones, salud, educación, derechos de agua, aborto, ley de partidos políticos, descentralización, Fuerzas Armadas y, sobremanera, la cuestión constitucional. Quizás con la sola excepción de temas asociados a transparencia, en todo el resto lo que está en discusión es la revisión del legado de la dictadura.

    Entonces, lo que nos divide sigue siendo Pinochet. Quizás no en cuanto figura pública –muy pocos hoy alzan su voz para defenderlo–, pero sí respecto del proyecto ideológico refundacional que impulsó en esos 17 años. No cabe duda que la transformación política más significativa de estos 25 años ha sido el menor peso que han adquirido las Fuerzas Armadas como actores de veto del sistema político. Recordemos que la transición partió con comandantes en jefe inamovibles, militares que se acuartelaban, ex militares designados en el Senado y un Consejo de Seguridad Nacional que tenía la capacidad de bloquear al Presidente. Hoy los militares no tienen ese poder inicial, aunque siguen manteniendo privilegios no eliminados (esto es, Ley Orgánica, pisos mínimos de Presupuesto, Ley del Cobre, Ley de Amnistía, previsión y salud especiales).

    La interesante paradoja del caso chileno es esta doble transición: una transición lenta y de larga duración que permitió la transferencia formal de poderes a la civilidad, y una segunda transición más sustantiva y transformadora que ocurre 25 años más tarde y que se atreve a revisar y cuestionar el legado institucional de la dictadura. La gran interrogante para esta y las nuevas generaciones es si serán capaces de borrar la sombra institucional de Pinochet, sentando las bases de un nuevo pacto político y social inspirado en la democracia y la justicia social.

  12. Cómo desafían las mujeres chilenas la prohibición de abortar

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    bbc-logoHace 20 años, Yasna Lewin abortó. No fue una decisión fácil. A la carga emocional debió sumarle un factor aún más complejo: la clandestinidad.
    En Chile, país donde vive, el aborto era –y sigue siendo- ilegal en cualquier circunstancia.
    Pero el riesgo de terminar en la cárcel no logra detener a muchas de las chilenas que consideran el aborto como su derecho.
    “Las mujeres en Chile abortan bajo las más diversas condiciones”, le explica a BBC Mundo Lidia Casas, abogada investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), autora de “La penalización del aborto como una violación a los Derechos Humanos de las mujeres”, una de las investigaciones más completas y recientes sobre el tema en Chile.
    “El aborto está cruzado fuertemente por la clase social a la que una mujer pertenece, desde métodos rudimentarios hasta centros asistenciales mucho más sofisticados, con mujeres que se autogestionan el aborto con (el medicamento) misoprostol y otras que viajan al extranjero”.
    Y algunos estudios estiman que la cifra anual puede superar los 100.000 abortos, incluso cuando abortar en Chile no es fácil ni barato y, como actividad clandestina, conlleva riesgos a la salud que pueden implicar hemorragias, histerectomías y hasta la muerte de la madre.
    Evolución histórica
    Existen sólo siete países en el mundo que penalizan la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia: Vaticano, Malta, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Chile.
    Pero el actual gobierno chileno espera sacarlo de la lista.
    La presidenta Michelle Bachelet anunció que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y cuando sea resultado de una violación.
    Chile permitió el aborto terapéutico hasta 1989. Una de las últimas medidas del gobierno de Augusto Pinochet fue su prohibición total.
    A mediados de los 90, Lewin acudió a una clínica privada de la capital chilena.
    Se sometió a un legrado -o raspado- que le costó unos US$1.750, unos US$2.800 actuales.
    “En el caso de las que tenemos recursos podemos resolver la situación en un marco de clandestinidad, pero con seguridad. En cambio, quienes no tienen los recursos se ven obligadas a someterse a situaciones bien inhumanas, a veces con daños a su integridad”, le dice Lewin a BBC Mundo.
    Lea también: La ministra que causó una tormenta en redes sociales por denunciar abortos de la clase alta chilena.
    Hace dos décadas las opciones quirúrgicas eran las más utilizadas por las mujeres de clase media y alta. Hoy, sin embargo, eso ha cambiado.
    Luego de denuncias públicas en la prensa que derivaron en el encarcelamiento de mujeres y médicos, muchos dejaron de practicarlos.
    Lewin y Casas coinciden en que hoy es difícil encontrar clínicas y hospitales donde se pueda abortar de manera segura y sanitariamente confiable.
    Varias mujeres con recursos, que interrumpen su embarazo de manera clínica -generalmente pasadas las 12 semanas de gestación-, viajan a países donde está permitido, como Uruguay, Cuba y Estados Unidos.
    Prefieren salir del país para no correr el riesgo de ser capturadas.
    Para las mujeres de escasos recursos acceder aun aborto seguro era -y aún es- más complicado.
    Generalmente, acudían a “parteros”, personas dedicadas a interrumpir embarazos utilizando métodos como sondas o lavados uterinos con detergente.
    Ahora tienen otras opciones.
    La “democratización” de los abortos en Chile –y en Latinoamérica- tuvo que ver con el desarrollo de una pastilla: el misoprostol o misotrol.
    La pastilla “mágica”

    El misoprostol es reconocido mundialmente como un medicamento ginecológico, pero en Chile está autorizado oficialmente para fines gastronterológicos y sólo se autoriza su venta intrahospitalaria. En teoría.
    Pero los médicos también lo recetan para otros casos.
    “Los hospitales y las clínicas lo usan para las indicaciones de ginecología obstetricia. Es tremendamente útil para inducir un parto de término y el manejo de hemorragia post parto”, le dice a BBC Mundo el doctor Omar Nazzal, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología.
    Pero también puede tener un uso abortivo. Vía oral, sublingual o vaginal es bastante efectivo para interrumpir embarazos dentro del primer trimestre de gestación.
    Su introducción provocó un giro radical: las mujeres no necesitan asistencia de terceras personas para abortar.
    Autosuministrarse la dosis correcta del fármaco dentro de las primeras 12 semanas de embarazo es suficiente para un aborto “limpio” en menos de 24 horas, explican los expertos.
    “Vacía el contenido uterino sin riesgo de rotura, infección o quemaduras. Es una pastilla que además no tiene secuelas”, de ser administrada correctamente, le cuenta a BBC Mundo Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas de Chile.
    En Chile se consigue de manera clandestina, ya sea en el mercado negro o encargándolo en línea a otros países.
    Según la investigación liderada por Casas, el fármaco fluctúa en el mercado negro entre los US$65 y US$200 y su acceso está controlado por “verdaderas mafias”.
    A pesar de que de ser administrada correctamente es una de las formas más seguras para abortar, existen riesgos, generalmente ligados a dosis erróneas que provocan hemorragias que pueden derivar en histerectomías o incluso en la muerte de la madre.
    Cuando su aplicación abortiva es ilegal, muchas mujeres buscan indicaciones a través de internet para autosuministrarlo, las cuales no siempre son confiables.
    Román cuenta que recibió una consulta de una mujer a la cual le habían recomendado el suministro de 16 pastillas. “¡Casi la dosis de un elefante en una mujer que no pesa 60 kilos!”, cuenta la matrona.
    Una de las entrevistadas en la investigación de Casas ayudó a una adolescente de 16 años, de familia “muy conservadora”, a utilizar misoprostol.
    Pero la joven mintió sobre las semanas de embarazo: dijo que tenía de seis a ocho cuando en realidad tenía 14, cuando ya no es recomendable el uso del fármaco.
    “La niña se encerró en el baño y cuando entró la entrevistada la encontró sentada, con el feto colgando”, relata el informe.

    Sondas, ramas de apio y detergente

    Con la aparición del misoprostol hace unos 14 años, “en toda Latinoamérica se produce un descenso de los abortos sépticos o infectados cuando estos eran provocados por maniobras externas”, explica Ramiro Molina, ginecólogo infantojuvenil y profesor de la Universidad de Chile quien ha estudiado el tema por décadas.
    Según Molina, el misoprostol fue prácticamente el fin de los “aborteros”.
    Sin embargo, todavía se ven abortos rudimentarios, especialmente en lugares rurales, asegura Román, como la introducción de ramas de apio o palillos por la vagina, sondas o lavados con detergente.
    En el estudio de Casas cinco entrevistadas contaron haberse sometido a procedimientos de raspado o aspiración sin anestesia.
    “Es violento que por ser pobre uno vaya al matadero”, aseguró otra entrevistada cuya amiga con recursos pudo realizar un aborto seguro, a diferencia de ella.
    Cifras negras
    Con el aborto tipificado como un delito que penaliza a la madre y al médico es imposible contar con cifras reales sobre el tema.
    Según datos del doctor Molina, basados en cifras del Ministerio de Salud, de un promedio anual de 33.500 egresos hospitalarios por aborto (considerando espontáneos, por embarazos tubáricos, etc.), cerca de un 35% fue catalogado como “otro aborto” o “no especificado”.
    Esto implica “un diagnóstico que seguramente encubre el aborto clandestino. Es decir, mujeres con complicaciones de aborto provocado o farmacológico” que derivaron en la urgencia de una clínica u hospital.
    Pero “la mayoría de los abortos en Chile nunca van a llegar a un hospital”, asegura Casas. Asumir que los abortos provocados se limitan a ese número “es absurdo”, dice.
    Molina coincide. Considerando el porcentaje de abortos que no se registran, el experto en salud pública calcula que en Chile se hacen entre 134.000 y 150.000 abortos al año.
    Sin embargo, advierte que las cifras son estimativas. “Como es ilegal, es muy difícil hacer el cálculo. Es más bien una cifra académica”, asegura.
    Según la Encuesta Nacional 2014 del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, el 70% de los consultados estuvo de acuerdo con despenalizar el aborto en Chile en caso de que la vida de la madre esté en peligro, 67,8% en caso de inviabilidad del feto y 61,9% en caso de que el embarazo sea resultado de una violación.
    La aprobación cae a 26,7% “si una mujer no desea tener un hijo”.
    En 2010, otro estudio de FLACSO arrojó que un 64% estaba de acuerdo con el aborto en caso de riesgo de la vida de la madre o malformación fetal y un 67% en caso de violación.
    La cifra caía a 15% en abortos “por el deseo de la mujer”.

    Ver reportaje en BBC Mundo

  13. ENCUESTA UDP: CHILENOS APRUEBAN ABORTO BAJO CIERTAS SITUACIONES

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    El aborto es uno de los temas más controversiales en nuestra sociedad. Chile es uno de los pocos países del mundo donde está prohibido en cualquiera de sus formas; existe además una penalización para aquellas mujeres que deciden realizar un aborto por medios que en la actualidad son ilegales.

    De acuerdo a la Encuesta UDP 2010 (encuesta nacional, cara a cara, probabilística, representativa del 74% de la población nacional), la postura de la población chilena frente al aborto varía considerablemente dependiendo de la circunstancia que se trate.

    En el caso de que la madre no quiera tener a su hijo, el desacuerdo es de un 77,9 %. Las mujeres entrevistadas se encuentran más en desacuerdo que los hombres, con un 80,4% v/s un 75, 3 %. También llama la atención que sean los jóvenes quienes más lo desaprueban, con un 78,1 %, solo superados por los encuestados mayores de 60 años (84,1 %). Una situación parecida se produce si es la pareja en conjunto quien decide no tener un hijo; un 76, 1 % de los entrevistados está en desacuerdo con dicha opción.

    En cambio, el aborto terapéutico tiene una importante aceptación entre los encuestados. En caso de que la vida de la madre corra peligro, un 53, 1% se muestra de acuerdo con el aborto. El GSE alto es el que más lo aprueba (65,5%), en contra de la desaprobación del GSE bajo (44,1 %). El porcentaje de aprobación baja en caso de que el feto tenga un serio defecto, con un 44, 3 % de aprobación total.  No obstante, los sectores de la población altos siguen mostrándose a favor del aborto en esa circunstancia ,en un 53,4%.

    Si se trata de un embarazo producto de violación, la aprobación es similar al caso de riesgo vital de la madre: 53, 4% dice estar de acuerdo. Nuevamente, los jóvenes son quienes menos aprueban dicha opción, con un 53, 1% v/s un 57,7 % de los mayores de 30 años. Asimismo, los hombres son más proclives a aceptar la situación  que las mujeres, con un 56,4% v/s un 50,5%.

    Por otro lado, cuando la razón del aborto es la escasez de medios económicos para mantener al niño, la postura es radical: solo 13% de aprobación. Asimismo, la diferencia entre el GSE alto y bajo se acentúa considerablemente: 9,5% v/s 20,7 %.

    En el caso de que la madre sea menor de 14 años, la aprobación es de 23, 22%. Nuevamente, son los hombres quienes están más de acuerdo con la opción, con un 27,1 v/s un 19,5 % de las mujeres.

    En síntesis,
    cuando consideramos variables sociodemográficas, encontramos que las personas entre 30 y 45 años, de estratos socioeconómico alto y que declaran una afinidad política (cualquiera sea esta), se muestran más a favor del aborto en caso que la vida de la madre esté en peligro.

    En tanto, las personas de mayor edad, de estratos bajos y que no declaran afinidad política a ninguna coalición, se muestran más en desacuerdo con la idea del aborto cuando la vida de la madre está en peligro. El mismo patrón lo vemos repetido cuando se consulta por el aborto si es que el feto presenta un serio defecto.

    Así, la sociedad chilena se muestra más partidaria cuando depende de factores externos a la mujer (riesgo de vida o violación). En tanto, lo rechaza más cuando depende de la opción individual. Adicionalmente, la edad, el NSE y la afinidad a una coalición explican en mayor nivel  el grado de acuerdo a la opción de abortar bajo ciertas circunstancias.

    Para ver la presentación en PDF, haga click  aquí  http://www.icso.cl/images/Paperss/ICSO_aborto_2010.pdf 

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