Tag Archive: Asamblea Constituyente

  1. Laboratorio Constitucional realiza diversas acciones en el marco de la contingencia nacional

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    El Laboratorio Constitucional UDP (Labcon), perteneciente a la Escuela de Ciencia Política, ha llevado a cabo diversas acciones informativas y material en el marco de los acontecimientos de las últimas semanas en el país.

    Siendo su interés principal la Constitución, el debate en torno a ella y los efectos que esta tiene sobre el porvenir político, económico y social de las personas que estamos bajo su jurisdicción, se han constituido como un equipo multidisciplinario que estudia estos temas desde diferentes aristas, el equipo está compuesto principalmente por sociologas/os y cientistas políticos, aunque en constante contacto con abogados y gente del mundo de las leyes que son quienes mayor conocimiento tienen de la carta fundamental en términos jurídicos.

    Al respecto, Juan Esteban Fernández, investigador del Labcon, explica que “evidentemente que nuestra labor se ha visto fuertemente influenciada por los acontecimientos de las últimas semanas, por esto que ha sido llamado por algunos “la primavera de Chile” o “estallido social”. Desde nuestra perspectiva la crisis social se puede explicar en buena medida por la falta de un pacto social que se traduzca, precisamente, en una nueva constitución. Una nueva carta fundamental cuya legitimidad emane de la ciudadanía misma. Ahora bien, esta tesis no es exclusivamente nuestra –ni menos aun acuñada por nosotros– sino que pareciera responder al sentir de diversos sectores de la sociedad que por estos días empiezan a pensar en “lo constitucional”, que empiezan a apropiarse de conceptos antes abstractos y lejanos como lo son un “proceso constituyente” o una “asamblea constituyente”. Y acá es donde nosotros intentamos aportar”.

    Entre estas acciones, el Labcon llevó a cabo la difusión de información básica a través de la realización de una serie de infografías informativas que definen conceptos como proceso constituyente vs asamblea constituyente, que expliquen procesos  como ¿cuál es el proceso mediante el cual se redacta una nueva constitución?, y que presenten algunos de los artículos constitucionales que suscitan controversia.

    Asimismo, han entregado insumos para la realización de cabildos ciudadanos., a través de un texto informativo para las personas que requieran una guía en la realización de cabildos autoconvocados. El documento contiene definiciones, recomendaciones y etapas del proceso que pueden guiar la actividad. Además hay insumos y material informativo. Descargar documento aquí

    A su vez, el Labcon preparó una guía para cabildos ciudadanos, donde su coordinador, Claudio Fuentes, ha asistido a varios de ellos en diferentes partes de Santiago y se pretende seguir haciéndolo en varias comunidades.

    Ver infografías aquí:

  2. Encuesta UDP: Mitad de los chilenos quiere Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente

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    Según el sondeo de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 1.320 personas en 89 comunas del país, sólo un 19% está a favor de que la nueva Carta Fundamental sea elaborada por una comisión de expertos y un 9,9% que la haga el Congreso.

    Desde que la Presidenta Michelle Bachelet anunció un proceso constituyente a través de cadena nacional, la idea sumó más apoyo que críticas y este jueves la encuesta de la Universidad Diego Portales lo ratificó con números.
    Según el sondeo que entrevistó a 1.320 personas en 89 comunas del país, un 45,1% se inclinó porque se deba hacer una nueva Constitución. Un El 34,5% prefirió que se reforme la Constitución actual, mientras que un 7,1% cree que se debe mantener tal cual. Un 13,2% no sabía o no respondió.

    Sobre la idea de la nueva Constitución, al 51,3% le gustaría que se realizara a través de una Asamblea Constituyente; un 19% que la elabore una comisión de expertos y un 9,9% que la haga el Congreso. El 19,8% de los encuestados no respondió o dijo no saber.

    APOYO AL ABORTO

    El aborto, otra de las reformas claves que impulsa Michelle Bachelet, tuvo buena acogida entre los encuestados: un 71,7% se mostró a favor del aborto cuando la vida de la madre corra serio peligro por el embarazo. El 68,7% si el feto es inviable; el 64,2% si la mujer quedó embarazada producto de una violación y el 36,1% si la madre es menor de 14 años.

    SIN REFLEJO EN LA APROBACIÓN

    Pese al alto apoyo que registraron la nueva Constitución y el aborto, los números no se reflejaron en la aprobación que logró la Presidenta Michelle Bachelet.

    A juicio de la directora del ICSO-UDP, Carolina Segovia, ambos temas se han instalado en la opinión pública pero “no se ve reflejado probablemente porque la aprobación tiene un componente importante respecto de áreas de gestión que le llegan a la gente en forma más directa y en el día a día”.

    “Ninguno de esos dos son proyectos que uno vaya a sentir en tú vida cotidiana para una gran mayoría de las personas”, añadió.

    Pero además, continuó, “son proyectos, no son hechos todavía por lo menos, entonces debe afectar la aprobación. Yo esperaría que eso ocurriera cuando estor proyectos sean efectivos”.

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  3. Encuesta UDP: Un 51,3% es partidario de la Asamblea Constituyente

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    Sondeo muestra que un 45,1% quiere una nueva Constitución, mientras que un 34,5% apuesta por una reforma a la actual carta. Un 74,5% piensa que nuevo texto debe someterse a plebiscito.

    Un fuerte respaldo al “Proceso Constituyente” mostró la encuesta nacional UDP dada a conocer esta jornada.

    De acuerdo al sondeo, un 45,1% cree que se debe contar con una nueva constitución, mientras que un 34,5% es partidario de una reforma a la carta vigente desde 1980. Un 7,1% plantea que se debe mantener el actual texto y un 13,2% no sabe o no contesta.

    En cuanto al debate sobre el mecanismo, un 51,3% respalda la idea de una Asamblea Constituyente, que es el mecanismo donde la ciudadanía elige un grupo representativo de personas con el mandato de redactar un nuevo texto.

    Entre quienes son partidarios de una nueva Constitución -y no una reforma- la cifra sube a un 68,9%.

    Un 19% cree que una comisión de expertos debiera elaborar el texto, mientras que un 9,9% dice que sea el Congreso el encargado de esta tarea.

    Según el itinerario del gobierno, la decisión sobre el mecanismo estará en manos del próximo Congreso, que deberá votar por tres alternativas, o bien por convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien elija.

    Tal como publicó semanas atrás T13, el PNUD sistematizó la experiencia de 95 procesos constituyentes en el mundo, de un universo de 239 realizados entre 1974 y 2015.

    En términos globales, la comisión de expertos ha sido el mecanismo más utilizado (36%), seguido por la Asamblea Constituyente (26%). Sin embargo, las diferencias se dan según la región y el momento político en que estos se realizan.

    En el caso latinoamericano es la Asamblea Constituyente el más utilizado (46%), seguido por el Poder Legislativo (21%).

    Amplio respaldo a plebiscito
    Más allá del mecanismo, en lo que hay coincidencia entre los encuestados es que cualquier cambio que se realice deberá someterse a votación ciudadana.

    Un 74,5% es partidario de que la decisión se consulte. En caso de quienes proponen una nueva Constitución la cifra llega al 91,5%.

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  4. Encuesta UDP: chilenos se inclinan por Asamblea Constituyente para crear nueva Constitución

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    No obstante, el sondeo muestra que un 45,1% de las personas considera que se debe realizar una nueva Carta Fundamental y un 34,5% prefiere sólo reformar el texto actual.

    Ante el proceso constituyente impulsado por el Gobierno, la mayoría de los chilenos se inclinó por utilizar el mecanismo de Asamblea Constituyente (AC) para crear una nueva Carta Magna y utilizar además el plebiscito para ratificar el texto una vez listo.

    Éstos fueron parte de los resultados entregados este jueves por la última Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales (UDP) 2015, realizada entre el 21 de septiembre y 20 de octubre.

    De acuerdo al sondeo, los chilenos estarían “divididos” sobre si reformar o establecer una nueva Carta Fundamental. Así, un 45,1% de las personas considera que se debe hacer una nueva Constitución, un 34,5% cree que se debe reformar la actual Constitución y un 7,1% que se debe mantener el actual documento.

    En la submuestra de quienes prefieren una nueva Constitución, la opción de la Asamblea Constituyente (AC) concentra las preferencias (68,9%), un 16,7% se inclina porque lo haga una comisión de expertos y un 8,3% que lo haga el Congreso.

    En tanto, en la muestra total del estudio un 51,3% apuesta por la AC para crear la nueva Constitución, un 19% que una comisión de expertos lo haga y un 9,9% que esto se efectué con la participación del Parlamento.

    Además, se les consultó a las personas por cuál creen que sería el mejor mecanismo para ratificar la nueva Constitución una vez que el texto este listo. En el caso de la submuestra de apuesta por la creación de un documento nuevo, un 91,5% apuesta por el plebiscito y un 6,3% con que se apruebe en el Congreso.

    Respecto a la muestra total, un 74,5% se inclina por el plebiscito y un 9% con que sea ratificada por el Parlamento.

    Debate por aborto y principales problemas

    Otro de los temas abordados en la encuesta UDP 2015, fue la despenalización del aborto bajo distintas causales, mostrándose altos índices de aprobaron a aquellas incluidas en el proyecto del Ejecutivo.

    De esta forma, un 71,7% está de acuerdo con la despenalización del aborto si la vida de la madre corre serio peligro por el embarazo, un 68,7 la apoya cuando el feto es inviable y un 64,2% en caso de violación.

    Además, subió a 36,1% la aprobación en situaciones en que la madre es menor a 14 años, también aumento a 33,1% en caso en que la mujer no desea tener un hijo, como también si la pareja en conjunto decide no tener un hijo, esto último con un aumento de 31,3%.

    Por otra parte, la delincuencia volvió a situarse entre los principales problemas del país con un 38% de las menciones, le sigue la desigualdad con un 10,3%, la salud con un 9,5% y educación con un 9,4.

    En quinto lugar, en tanto, quedó por primera vez la corrupción con un 9,3% y la cual obtuvo una notoria alza desde el 3,1% al que llegó en el sondeo 2014, subiendo desde el noveno puesto de las preferencias.

    Ver artículo aquí

  5. Nueva constitución

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Aunque suene tentador disfrazar propuestas de reformas a la actual hablando de “nueva constitución”, esa estrategia solo ayuda a avanzar en el camino hacia una asamblea constituyente.

    El debate sobre la hoja de ruta constitucional que debe seguir Chile gira en torno a dos opciones: una nueva constitución o mantener el camino actual de reformas a la constitución de 1980. En la medida que la terminología dominante sea el de una “nueva constitución”, la opción de la Asamblea Constituyente se hará inevitable. Los que se oponen a la AC debieran resistirse a hablar de “nueva constitución” e insistir en que Chile debe seguir por el camino de reformas. El uso oportunista del concepto “nueva constitución”, promoviendo vías de reformas consensuadas desde la elite (incluso con un plebiscito ratificador) solo otorgará mayor legitimidad a los que quieren que el proceso constituyente se inicie (y no solo termine) con un proceso electoral en que los chilenos (y no solo la elite) escojan el rumbo del proceso constituyente.

    La cuestión central del debate constitucional radica en si Chile requiere de una nueva constitución o basta con seguir el camino de reformas utilizado desde 1989. Ya que ambos bandos han intentado ganarse el apoyo de la opinión pública, los pro y contra de ambas opciones se han distorsionado. Desde los que advierten que un proceso constituyente derivará en el debilitamiento institucional hasta los que dicen que hay que respetar el hecho de que una mayoría de los chilenos quieren nueva constitución, las posturas se han caricaturizado.

    Los que advierten que el camino de una nueva constitución —y en especial la AC— es un pasaje seguro a la perdición a menudo utilizan el caso de Venezuela como ejemplo. Pero las razones del debilitamiento de la democracia en Venezuela son anteriores al proceso constituyente que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder. Precisamente porque Venezuela mantuvo niveles de desigualdad tan altos, se consolidó un duopolio político con crecientes niveles de corrupción, y porque ese país no supo prepararse para enfrentar un mal ciclo de precios de su principal exportación, el sistema se deslegitimó y Chávez llegó al poder para enterrar al viejo régimen. En Chile, la clase política, con todas sus debilidades, ha sido mucho más responsable que la clase política venezolana del antiguo régimen. Además, en Venezuela la desigualdad había aumentado y la pobreza no había disminuido. En Chile, en cambio, ha disminuido la pobreza, la clase media es más grande que nunca antes e incluso la desigualdad disminuye (lento, pero disminuye).

    Los que basan su demanda por una nueva constitución en un supuesto clamor popular también caricaturizan su argumento. Que una encuesta diga que la gente quiere una nueva constitución no es suficiente para justificar un proceso constituyente. La gente también quiere que no se aumente el número de legisladores, que se baje el sueldo de los senadores y diputados y, crecientemente, los chilenos desean que la clase política se vaya para la casa. Además, la gente bien pudiera estar a favor de lo “nuevo” sin entender el significado de adentrarnos en un proceso constituyente por varios años. En abstracto, la gente puede querer una casa nueva. Pero mientras no vea la maqueta, no sabrá si prefiere mantener la casa actual (con o sin reformas) o mudarse a la casa nueva.

    Ahora bien, incluso si hay mejores caminos hacia una nueva constitución que el que tomó Venezuela (y hay ejemplos exitosos de Asamblea Constituyente en otros países), una AC siempre implica un riesgo. Las nuevas constituciones siempre tienden a ser más largas y los constituyentes a menudo se inclinan por la creatividad en el texto, introduciendo mayores preceptos y regulaciones que hacen a las constituciones más inflexibles y más difíciles de cambiar en el futuro. Por eso, los que rechazan la inflexibilidad de la constitución actual pudieran terminar llevándose una sorpresa si logran que el país se embarque en un proceso constituyente.

    Además, dado que Chile es un país de gente moderada que favorece la construcción de consensos, una nueva constitución que refleje las preferencias de la gente probablemente incluirá mayores incentivos para construir consensos. No será el sueño de algunos que una mayoría electoral en una elección bastará para introducir cambios radicales.

    Con todo, el destino del debate constitucional dependerá de quién logra imponer la terminología. Si los actores políticos terminan hablando de nueva constitución, será muy difícil evitar la AC. No hay justificación para restringir la participación ciudadana a ratificar acuerdos de la elite y no darles participación desde el día uno, escogiendo a aquellos que redactarán el nuevo texto. Por eso, aceptar que Chile requiere de una constitución y que no basta con seguir el camino hasta ahora utilizado de reformar la actual significa quedar atrapado en un camino que lleva ineludiblemente a la Asamblea Constituyente. Aunque suene tentador disfrazar propuestas de reformas a la actual hablando de “nueva constitución”, esa estrategia solo ayuda a avanzar en el camino hacia una asamblea constituyente.

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  6. “A 35 años del ‘Caupolicanazo’ se revive la memoria”, artículo del director de Ciencia Política UDP, Claudio Fuentes

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    frei montalvaEl “Caupolicanazo” fue uno de los primeros actos permitidos en dictadura. Allí fue donde el ex presidente Frei Montalva llamó a establecer un itinerario de transición, rechazó el plebiscito de 1980 y propuso una asamblea Constituyente.

    El texto es una crónica de los momentos que se vivieron en ese histórico acto el 27 de agosto de 1980.

    Descargar: El caupolicanazo – Claudio Fuentes
    [youtube]https://youtu.be/ptW6SiY1zAg[/youtube]

     

  7. La trombosis de la Nueva Constitución

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La lentitud del gobierno para decidir cuál va a ser el proceso constituyente por el que quiere producir una nueva carta fundamental que remplace a la Constitución de 1980 amenaza con convertirse en un coágulo que produzca una trombosis letal en la credibilidad del gobierno ante sus bases fundacionales de izquierda y los sectores moderados y de oposición —incluidos los actores económicos— que todavía miran con desconfianza el cambio de giro anunciado por el gobierno a través del slogan de realismo sin renuncia.

    Las promesas de campaña a menudo terminan persiguiendo a los presidentes con la misma intensidad con que ellos las repitieron cuando buscaban votos. Pese a tener asegurada su victoria, Michelle Bachelet realizó muchos compromisos como candidata. En tanto la razón para su popularidad radicaba en la enorme credibilidad que ella había cultivado en su primer periodo en el poder, sus compromisos de campaña implicaban un riesgo alto para el éxito de su gobierno. Si bien el programa de gobierno tenía un número excesivo de promesas, dos de los compromisos más importantes que realizó la candidata Bachelet fueron la gratuidad universal de la educación superior y la nueva constitución.

    A partir del realismo sin renuncia, el gobierno ha diluido su promesa de gratuidad universal para después de 2017. Esto equivale a que Sebastián Piñera hubiera relativizado su promesa de 1 millón de empleos para después de terminado su mandato o que el mejor censo de la historia se viniera a materializar recién después de 2020. A diferencia de aquellas políticas en las que se produce acuerdo transversal para su implementación —como la reforma procesal penal—, la promesa de gratuidad en la educación es absolutamente contingente al color del gobierno de turno. Si Bachelet no cumple esa promesa en su cuatrienio, nada garantiza que el próximo gobierno vaya a continuar con esa polémica y controversial política pública. Con todo, la aceptación de que la gratuidad universal no será una realidad bajo el gobierno de Bachelet ha puesto el foco en la promesa de una nueva constitución como prueba definitiva de la capacidad de la Presidenta para cumplir sus compromisos.

    Así como había discrepancias en la Nueva Mayoría respecto a la conveniencia de garantizar educación gratuita universal, hubo mucho debate sobre la utilidad y factibilidad de impulsar una nueva constitución. Producto de esas discrepancias, el programa de gobierno de Bachelet fue especialmente ambiguo sobre el proceso a través del cual lograría promulgar una nueva constitución. Las repetidas referencias de Bachelet al proceso constituyente —especialmente desde que lo ratificara la noche que anunció las medidas anticorrupción, opacándolas con las dudas sobre cómo se impulsaría la nueva constitución—, han profundizado la vaguedad respecto a cómo avanzará Bachelet en lograr remplazar a la Constitución de 1980. Como la Presidenta no ha especificado el proceso —más allá de las pintorescas referencias a cabildos y proceso participativos (pero no resolutivos)—, todos se han sentido con derecho a expresar sus preferencias sobre cómo avanzar. Esta vaguedad ha llevado a que algunos en la Nueva Mayoría insistan en una Asamblea Constituyente, otros hablen de plebiscitos y no pocos simplemente —abrazando la estrategia de realismo sin renuncia— se animen a sugerir un paquete de reformas constitucionales (como el promulgado por el Presidente Lagos en 2005).

    Esta indefinición ha provocado una especie de coágulo conceptual que no ha permitido que el debate constitucional fluya libremente al interior de la Nueva Mayoría. Como nadie sabe qué empezará a pasar en septiembre —si llega a ocurrir algo—, todos proponen sus propios caminos para ayudar a que Bachelet logre salir de la camisa de fuerza en la que ella misma, voluntariamente, se metió en la campaña de 2013 y a la que se amarró con más fuerza hace solo unos meses. Como todo coágulo que crece demasiado, el riesgo es que esta indefinición termine produciendo un infarto que ponga en riesgo la estabilidad de la propia Nueva Mayoría.

    Como la coalición de gobierno ha sido incapaz de sincerar sus diferencias internas sobre cómo avanzar para cumplir esa emblemática promesa de Bachelet (el tema ha sido explícitamente excluido del próximo cónclave de la coalición), la reiteración de la promesa de que en cinco semanas se iniciará el proceso constituyente resulta incomprensible. Si ni siquiera están de acuerdo al interior del gobierno en cuál va a ser la hoja de ruta, cuál es el destino al que se aspira llegar y cuál es la carta Gantt, difícilmente los partidos de la Nueva Mayoría podrán ejercer el liderazgo que se necesita para llevar un proceso constituyente a feliz término.

    Lamentablemente, al igual que muchos pacientes que tienen embolias, el gobierno ha optado por ignorar los síntomas y, por lo tanto, arriesga ser víctima de una trombosis cuando lo alcance la fecha límite para el inicio de un proceso constituyente para el que claramente no está preparado.

    Ver columna en El Líbero

  8. Guerra declarada en el PS

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Camilo Escalona ha dicho tres cosas reveladoras. Primero, que la Asamblea Constituyente era lo más parecido a fumar opio. Afortunadamente para él, ese camino ya está descartado al menos en este Gobierno, y por tanto Escalona tiene buenas razones para celebrar. Su problema es que a nivel interno recibió una contundente paliza por parte de Isabel Allende. Segundo, acusó a la Fundación Chile 21 de haber financiado sistemáticamente la campaña de Marco Enríquez-Ominami en 2009, contribuyendo al quiebre de la coalición y a la derrota presidencial de ese año. En tercer lugar, ha criticado a la presidenta de su partido por defender el sistema de precampaña utilizado en la candidatura de Bachelet.

    Escalona ha señalado que ese tipo de actividades asociadas a la elaboración programática, puede confundirse con la recaudación irregular de fondos. Para ser justos, todos los candidatos debiesen reconocer que hacen precampaña no sólo para armar equipos, sino que también para recaudar dinero. En 2013, por ejemplo, Escalona declaró un gasto superior a los 289 millones para la elección senatorial. El 63% de todos sus ingresos correspondieron a aportes reservados. Es difícil pensar que tal volumen de recursos haya sido recolectado sólo en el período de campaña.

    La conducta de Escalona está fracturando al PS. Fuera de denunciar una verdadera máquina de apoyo a Enríquez-Ominami a través de SQM para las presidenciales 2009, está afirmando que la precampaña de Bachelet fue personalizada -probablemente irregular- y no institucionalizada en los partidos de la Nueva Mayoría. Con esto no hace más que seguir enterrando de cabeza a Peñailillo, y de paso horquillar a la presidenta de su partido. Escalona no perdona lo que a su juicio fue un intervencionismo del Gobierno en la elección interna del PS.

    Esta división del PS ha afectado la gestión de Bachelet. Parecen convivir dos almas del socialismo. Mientras Aleuy intenta imponer el orden tanto en la calle como en el gabinete político -ahora en mancuerna con Burgos-, el vocero Marcelo Díaz -personero particularmente cercano a Enrique Correa- va de tumbo en tumbo. Cuesta encontrar en la historia reciente una vocería tan lenta, errática, dubitativa, falta de autoridad y desleal. Esto último no sólo por desconocer abiertamente la precampaña, sino que también por deslindar toda responsabilidad en Peñailillo, uno de los artífices de importantes reformas para Chile.

    Adicionalmente, la vocería es de tal irrelevancia, que el ministro Insunza ha salido a desmentir a Díaz en más de una ocasión. Para Insunza las precampañas existen, mientras que para Díaz la historia recién comienza desde que Bachelet tocó suelo chileno en marzo de 2013. Insistiendo en la estrategia del “goteo,” Díaz se ha hecho parte de lo que más rechazan los ciudadanos: que se les trate como interdictos o incapaces de percibir la mentira. El “goteo” comenzó con el caso Caval, seguido del proceso constituyente, del que poco a poco nos hemos enterado, para finalizar con la precampaña.

    En lugar de reconocer lo obvio, el vocero ha optado por esconder una verdad más que evidente. Cómo se debe extrañar a Elizalde en Palacio. Si bien su labor consistía en comunicar y no defender al gobierno, Díaz no cumple ninguna de las dos funciones. Es el candidato número uno a salir prontamente del gabinete en la cartera que tiene la mayor rotación. En promedio, los voceros duran 18 meses, mientras que el resto de los ministros dura poco más de 26 meses en el cargo.

    La guerra está declarada. El próximo año será aún más crítico, pues el PS debe tomar la decisión histórica de seguir junto a la DC en un pacto para la elección de concejales, o simplemente fortalecer un polo de izquierda junto al PPD y al PC. La crisis del PS debe ser tomada con atención. En 2016 defenderá 269 concejales y 30 alcaldes que aproximadamente gobiernan al 10,5% de la población. Sería una muy mala noticia para la democracia chilena una división del PS, pero la historia nos ha enseñado que estas cosas pueden ocurrir.

    Ver columna en La Tercera

  9. Claudio Fuentes y el discurso presidencial: ”Lo que hace la presidenta es abrir el debate”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Tras el discurso presidencial del 21 de mayo, algunos parlamentarios recalcan que la mandataria apunta a plebiscito. En una entrevista con         La Segunda, el académico de la UDP y miembro de la comisión Engel, Claudio Fuentes, pensó que con el discurso ayer de Bachelet ” habría una        re fundación, un nuevo momento, un segundo tiempo del gobierno, pero no fue eso. La arquitectura del discurso se centró más bien en mostrar que el gobierno está haciendo su pega y tiene que proyectarse en el futuro”. Respecto del tema constitucional, opina que ”Bachelet sabe que necesita un acuerdo político para cualquier salida en el tema de nueva constitución, porque requiere a la oposición y a toda la Nueva Mayoría ., así que lo único que esta haciendo es abrir el debate a partir de los diálogos ciudadanos y dejar que sean los actores políticos los que establezcan un acuerdo.             Ese es el mensaje: yo abro el tema, pero ustedes lleguen a un acuerdo político”

    ”Creo que hasta el momento, el gobierno no está por hacer una convocatoria a plebiscito para llamar a una asamblea constituyente., creo que el camino por el cual ella está optando , por lo menos por las señales enviadas, es un mecanismo de participación ciudadana, ratificación en el Congreso y después un plebiscito ratificatorio ciudadano.

    Ver entrevista en lasegunda.cl

  10. Claudio Fuentes: ”La presidenta nunca se matriculó con una asamblea constituyente”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

     

    Anoche en el programa Tolerancia Cero, de CHV, el  cientista político UDP,  Claudio Fuentes, sostuvo que: ”El gobierno, por lo menos en el programa y en las declaraciones de la presidenta nunca se matriculó con una asamblea constituyente”, analizando el nuevo cambio de gabinete, y la entrada de Jorge Burgos en la cartera del Interior.

    Ver entrevista en CHV.cl

  11. Claudio Fuentes: “Hay una disputa ideológica instalada en la sociedad chilena”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Hoy en Desde Zero escuchamos y comentamos las peculiares declaraciones de Erika Silva, la ex jefa de gabinete de Sebastián Dávalos. Hablamos con el diputado DC René Saffirio sobre la instalación del nuevo gabinete, el rol de Burgos en Interior y el conflicto de Jorge Pizarro a la cabeza de la DC por la vinculación de sus hijos con boletas de SQM.

    René Saffirio dijo:

    “No hay procedimiento más democrático que una Asamblea Constituyente”

    “Pizarro no tiene ninguna posibilidad de ejercer liderazgo en la DC en tanto no aclare su vinculación con SQM”

    “En política no hay casualidades”

    “Creo que la Presidenta debió haber tomado la decisión de pedir la renuncia del Ministro Undurraga”

    Además tuvimos de invitado al cientista político, director de ICSO UDP, y también miembro de la Comisión Engel, Claudio Fuentes, para conversar sobre la relación entre las demandas ciudadanas y las reformas que plantea el gobierno de Michelle Bachelet. Algunos de los planteamientos de Fuentes – @mechitasdeclavo– al respecto:

    “Tenemos una sociedad muy fragmentada donde el invidualismo cala hondo”

    “En Chile tenemos uno de los niveles de desconfianza interpersonal más altos en América Latina”

    “Tuvimos dos transiciones: una política que empieza en los 90 y otra transición social, que empieza en 2001-2002″

    “El ciclo político de los enclaves terminó con el gobierno de Lagos”

    “La crispación de hoy día es sobre el abuso de poder”

    “El problema es que la transformación social no se equipara con una transformación política”

    “La única forma de cambio político en Chile es la escisión”

    “Hay una disputa ideológica instalada en la sociedad chilena”

    “El cambio de gabinete a mi juicio se llama basicamente SQM, Caval… Eso gatilla la crisis”

    “Burgos es el epítome del servidor público que no tiene vínculos con el sector empresarial”

    “Muchos temas de los que trabajó la comisión (Engel) requieren un rediseño constitucional”

     

     

  12. Bachelet: una apuesta arriesgada

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Definitivamente, la Presidenta y su gobierno están optimistas. Hay que tener harta personalidad para abordar un proceso constituyente en medio de una profunda crisis de confianza y con sólo un tercio de la aprobación ciudadana. Además, se aprovechó una instancia destinada a enfrentar los escándalos políticos para tirar el tejo más allá de lo esperado. De todos modos, esto no debiese sorprender. La Presidenta siempre se ha inclinado por forjar una nueva Constitución. Para algunos miembros del Consejo esto debe haber caído muy mal. Legítimamente pueden sentir que la Presidenta usó a la Comisión como un simple trampolín para reforzar su programa inicial. El riesgo que está corriendo Bachelet es altísimo. Se la está jugando con la propuesta que genera más división en los partidos de la Nueva Mayoría.

    Esta decisión tiene una importante cuota de racionalidad. Un gobierno con baja aprobación y bombardeado sistemáticamente por distintos escándalos, no tiene nada más que perder. En una situación como ésta, sólo queda jugársela por la opción más temeraria y que representa el todo o nada. Si parte de su propio sector se niega a impulsar el proceso constituyente, Bachelet se habrá ganado una nueva llamarada del fuego “amigo”. Pero la Presidenta fue astuta. No ofreció Asamblea Constituyente ni un cheque en blanco al Congreso para redactar la nueva Carta Fundamental. Lo dejó todo en suspenso, logrando trasladar el eje de la discusión desde los escándalos al proceso constituyente.

    Otro problema no menor es que la Presidenta da por hecho que los chilenos no quieren la actual Constitución. Es cierto que algunas encuestas muestran una opción de este tipo, pero lo razonable sería consultar o plebiscitar el texto vigente antes de avanzar en un proceso constituyente. Por cierto, para dar de baja la actual Constitución se requiere de una mayoría absoluta de todos los habilitados para votar. Es decir, aproximadamente 7 millones. En la segunda vuelta de 2013, Bachelet no llegó a los 3.5 millones. Ahí hay un desafío grande. La Presidenta no puede eludir esta fase. Y si vota poca gente, implica simplemente que no existe interés por impulsar un cambio de este tipo. Una cosa es la predisposición o las inclinaciones de los ciudadanos, y otra muy distinta es la conducta. Si Bachelet cree que hay una opción ampliamente mayoritaria por cambiar la Constitución, no debiese temer a que la ciudadanía- eventualmente- le dé un portazo. Total, en la interna del PS ganaron los “fumadores de opio”, lo que permite seguir avanzando con el programa.

    La siguiente cuestión relevante es que la Presidenta, aparentemente, no hará un cambio de gabinete en el corto plazo. El hecho de haber anunciado el inicio de un proceso constituyente implica la confirmación de su equipo. Hay pocos hinchas más furibundos de la nueva Constitución que Rincón, Peñailillo y Elizalde. Por ahora, Bachelet parece renunciar a tirarle la cadena a su equipo y, en la práctica, intenta inaugurar el segundo tiempo de su mandatocon el mismo elenco. Ahora, los ministros ya tienen la hoja de ruta y eso les permitirá trabajar en condiciones algo más favorables.

    ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Parte de las propuestas del Consejo serán discutidas en el Congreso. Ahí se va a cortar el queque. El informe del Consejo toma en cuenta varias sugerencias que ya están en distintos proyectos de ley, por lo que parte de la discusión ya está avanzada. No obstante, si siguen apareciendo casos de boletas ideológicamente falsas o eventos de financiamiento ilícito de campañas, la realidad le estará dando una nueva bofetada al gobierno. La llave del éxito no la tiene -por ahora- la Presidenta. La única forma de alcanzarla es administrando bien el país, mejorando las condiciones de vida de la gente, aumentando el empleo y controlando la inflación. Eso producirá un aumento en la aprobación presidencial, que es el verdadero chaleco antibalas de los mandatarios frente a la eventual oposición del Congreso.

  13. Partidos políticos: ni primarias ni límite a la reelección

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mucho se habló en cuanto a que la utilización de primarias como mecanismo de selección de los candidatos era el mejor camino para reencantar a los ciudadanos con la política, aproximándolos a la toma de decisiones. Sin embargo, las primarias no necesariamente funcionan así. De hecho, comparando las comunas donde la Nueva Mayoría hizo primarias en 2012, con aquellas donde el candidato se definió desde “arriba”, no se encuentran diferencias en el volumen de participación, aunque existe evidencia de que las primarias mejoran marginalmente la elegibilidad de los candidatos.A nivel interno, las primarias suelen generar roces entre las distintas facciones de los partidos, produciéndose conflictos que terminan por desmembrar la organización. Por tanto, cuesta sostener la idea de que las primarias favorecen la participación política, y que logren fortalecer a los partidos. Al contrario, en lugar de apuntar hacia la institucionalización del partido, pueden contribuir a la personalización de la política.

    Otra propuesta para oxigenar la política y mejorar la labor de los partidos, es colocar límites a la reelección. No obstante, nada garantiza que la renovación de caras implique un empuje de las buenas prácticas, como tampoco que los nuevos representantes sean más capaces que los antiguos. Por último, son los ciudadanos quienes deciden reelegir o dar de baja a su representante. En México -un caso prototípico de límite inmediato a la reelección- se aprobó una reforma que permite que diputados y senadores compitan por más de un período.

    Suele subrayarse el bajo nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos, proponiéndose como solución una Nueva Constitución, y ojalá, mediante Asamblea Constituyente. En realidad, el problema es algo más complejo, siendo muy probable que estos niveles de confianza no suban significativamente en toda la década. Además, la evidencia objetiva no apoya la tesis de la crisis de representación. El 97% de los diputados, 94% de Cores, 90% de concejales y 84% de los alcaldes fueron electos en las listas que agrupan a los partidos tradicionales. Cualquier analista que observe tales cifras podrá argumentar, con justa razón, que en Chile existe una evidente crisis de confianza o credibilidad, pero que aún no se da paso a una crisis de representación. Para que esto ocurra, es necesario que se presenten simultáneamente las dos condiciones: crítica generalizada hacia las instituciones, y caída significativa de la representación de los partidos tradicionales. Esto último sólo se puede evaluar con datos electorales.

    Es cierto que la participación se ha deprimido bruscamente debido al voto voluntario, pero los que siguen votando aún mantienen lealtades con los partidos tradicionales independiente del tipo de sistema electoral con que se compite. Por tanto, uno de los desafíos para mejorar la condición actual de los partidos pasa por insistir en un amplio plan nacional de educación cívica. No basta con un par de cursos en tercero o cuarto medio. El proceso debe iniciarse en la educación básica, mediante el uso de didácticas democráticas. En segundo lugar, y tal como señala el proyecto de ley que impulsa el gobierno para regular el financiamiento de la política, los partidos debiesen estar obligados a realizar actividades de formación y proselitismo más allá de los años electorales.

    En tercer lugar, los partidos deben rendir cuentas ante la ciudadanía tanto sobre propuestas de reformas impulsadas por sus representantes en el Congreso, como del desempeño de sus autoridades locales. Los partidos tienen el deber de informar, y la ciudadanía tiene el derecho de acceder a esa información.

    En cuarto lugar, es muy necesario que se eleven los requisitos para formar partidos en Chile, y que no cualquiera pueda acceder a los recursos estatales. La solución no pasa por reducir las barreras de entrada estimulando la emergencia de partidos regionales, pues podrían aumentar innecesariamente la fragmentación política. Eso, más que un avance, podría implicar una proliferación de partidos que termine por arruinar todo el proceso de reforma.

    Ver columna en La Tercera

  14. No habrá Asamblea Constituyente

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    claudio fuentes

     

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    Publicado el martes 26 de agosto por El Mostrador

    La materialización de una Asamblea Constituyente depende de tres condiciones básicas: el convencimiento de un importante segmento de la elite sobre la necesidad de un cambio constitucional; una significativa presión social por participar de la definición de estas nuevas reglas; y la presencia de liderazgos fuertes, creíbles y con capacidad de conducir el proceso en un ambiente caracterizado por la incertidumbre. Argumentaré aquí que hoy ninguna de estas condiciones se cumple en nuestro país.

    El programa de Michelle Bachelet propone establecer una nueva Constitución mediante un proceso democrático, institucional y participativo. Se trata de una declaración que contiene una contradicción en sus términos, dado que la actual institucionalidad no permite instancias participativas para formular una nueva Constitución. Consecuentemente, ni el programa ni las autoridades que asumieron en marzo han sugerido la posibilidad de una Asamblea Constituyente. ¿La razón? Como no existe un marco jurídico que permita convocarla, la sola mención de la idea implicaría romper con el orden institucional establecido.

    La asamblea constituyente es la máxima expresión de la soberanía popular. La ciudadanía delegaría a través del voto la responsabilidad de escribir un nuevo texto en un grupo de representantes del pueblo. Dicha Asamblea se convocaría sólo y exclusivamente para definir estas nuevas reglas del juego. Una vez aprobada, la ciudadanía lo ratificaría y nuevas autoridades serían electas.

    Pero muy probablemente esto no ocurrirá en Chile. Gran parte de la elite sí está convencida de contar con una nueva Constitución. Desde algunos sectores de la derecha hasta los partidos de izquierda concuerdan en la necesidad de modernizar sustantivamente el texto constitucional. Sin embargo, importantes grupos de esta misma elite consideran que una Asamblea Constituyente provocaría fuerte incertidumbre. Pero, además, como existen disputas respecto de los aspectos específicos a cambiar, su opción es promover un proceso controlado desde “arriba”.

    Por ejemplo, surgen propuestas de establecer una comisión de expertos(as) o establecer una comisión constitucional en el Congreso. Se podría consultar informalmente a la ciudadanía, pero el proceso estaría controlado por los actuales representantes políticos. Bajo esta fórmula. La ciudadanía tendría que pronunciarse con un SI/NO sobre un texto acordado por estas elites.

    Se establece así una profunda división en la élite entre los pro participación y los pro delegación. Los primeros quieren abrir el juego político a la ciudadanía. Sugieren, por ejemplo, reformar la Constitución para permitir que la Presidenta pueda convocar a un plebiscito con el objetivo de consultarle a la ciudadanía si quiere o no una Asamblea Constituyente. Los grupos pro delegación, en cambio, quieren controlar el proceso desde las instituciones actuales bajo el argumento de que es imposible romper con la actual institucionalidad, o porque sería inconveniente y engorroso iniciar un proceso constituyente.

    Al escepticismo de la elite sobre esta Asamblea se suma una débil presión social respecto del tema constitucional. La campaña “marca tu voto” fue muy relevante en amplificar socialmente esta demanda, pero a partir de marzo observamos el debilitamiento de los actores sociales que podrían tomar esta bandera. El movimiento estudiantil, el gremio de los profesores, las comunidades indígenas y algunos otros colectivos se muestran divididos y preocupados –naturalmente– de promover sus demandas sectoriales. Se requerirá una nueva coyuntura para retomar la demanda por participación en la definición de las reglas del juego.

    Finalmente, se necesita de un liderazgo social de carácter nacional que logre cristalizar la demanda por una nueva Constitución y hoy este liderazgo no existe. Se requiere convencer a la ciudadanía de que los problemas cotidianos que enfrenta son fruto de un problema constitucional: la escasez de agua en su comuna, los abusos de empleadores a los trabajadores, la discriminación, la falta de reconocimiento a los pueblos originarios, la desigualdad en el acceso a educación o salud; todos estos problemas cotidianos son expresión de un problema constitucional. La postergación y discriminación que sufren algunas regiones son fruto de un problema constitucional.

    Eventualmente, en el año 2015 podría resurgir la demanda por una Asamblea Constituyente. Si el gobierno propone un mecanismo específico para abordar la agenda de una Nueva Constitución y si este mecanismo no es ni tan democrático ni tan participativo, quizás resurja el interés ciudadano por demandar participación. Pero hasta ahora ni el gobierno ni la elite política parecen estar convencidos de la participación como el mejor instrumento para establecer un nuevo pacto constitucional. El dilema el próximo año será muy simple: o la Constitución la definen los mismos de siempre o se abre la democracia a la deliberación ciudadana. La elite se dividirá y –salvo que enfrentemos una importante y sostenida presión social– muy probablemente no tendremos Asamblea Constituyente.

  15. Alta convocatoria tuvo el Seminario “Modelos de Asamblea Constituyente: Ideas para Chile” organizado por FCSH

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    Modelos de Asamblea ConstituyenteLa presentación de la actividad estuvo a cargo del profesor de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Fernando García Nadaff, además de Marco Enríquez-Ominami como Presidente de la Fundación Progresa y de Reiner Radermacher, Representante de la Fundación Friedrich Ebert-Chile.

    El seminario contó con la presencia del Embajador de Colombia en Chile, Álvaro Echeverry, además de representantes de movimientos sociales, estudiantes y académicos.

    La primera exposición estuvo a cargo de Antonio José Navarro Wolff, ex Presidente de la Asamblea Constitucional de Colombia, quien hizo un recorrido por todas las instancias que los colombianos debieron superar para poder consolidar un proyecto constitucional que representara a cada habitante del país.

    “No se pueden esperar resultados inmediatos de un proceso constitucional”, afirmó Navarro luego de tocar el tema de las consultas ciudadanas que se realizaron previo a establecer una asamblea ciudadana. Asimismo, destacó el esfuerzo realizado en Colombia debido a la situación de violencia e inestabilidad que vive el país en algunas zonas, el problema del narco tráfico y las guerrillas.

    El 4 de julio de 1991 los colombianos firmaron su carta de navegación, luego de tres años de discusiones que, para Antonio Navarro, fueron de carácter popular, donde se consultó la opinión a toda la ciudadanía.

    En una Mesa Redonda moderada por Patricia Morales, Directora Ejecutiva de la Fundación Progresa, el profesor de la Escuela de Ciencia Política UDP, Patricio Navia realizó un balance del proceso reformista colombiano estableciendo interrogantes acerca de que tan efectivo fue resultado del proceso constitucional colombiano, en base a las críticas que reciben instituciones de representación popular como el Tribunal Constitucional del país, tildado de ser una instancia que muchas veces no simboliza lo que las mayorías esperan.

    Con respecto a las críticas a la Constitución de Chile, Marco Enríquez-Ominami estableció que es un proyecto inclinado a favorecer al mercado en base a una óptica neoliberal de cómo debe desenvolverse una sociedad.

    En ese sentido Tomás Hirsch, ex candidato presidencial, sostuvo que la Constitución es mala e incorregible, por lo que es esencial cambiarla. Asimismo valoró el proceso de Asamblea Constituyente como una instancia de diálogo que el pueblo chileno nunca ha experimentado debido a la falta de democracia en las experiencias anteriores.

    La misma opinión compartió Jorge Arrate ex candidato presidencial, quien criticó el proyecto constitucional chileno debido a la conformación de éste en un régimen antidemocrático y sin posibilidades de participación ciudadana, volviendo además a establecer sus reparos con su orientación mercantil.

    Al cierre de la Mesa Redonda, el Abogado y profesor de la Universidad de Chile, Fernando Atria, explicó que para él, el momento de origen de una constitución no juega un papel significativo en el desarrollo de un país a futuro debido a que las circunstancias cambian a lo largo de la historia.

    Finalmente tuvo comentarios para el proceso de reforma constitucional del año 2005, en donde se refirió a quienes están en contra de un nuevo proyecto de reformulación como defensores de un modelo que les quita la atribución de la política normal a la que están acostumbrados, por un proceso de participación integral en donde Chile determine las bases de su determinación como país.

    Fotos de la actividad: