Fernando García Naddaf, académico de la U. Diego Portales y ex director del Magíster de Política y Gobierno, participó hoy en el programa Panorama en Infinita sobre la cuenta pública de la Presidenta Bachelet realizado el pasado 1 de junio.
El Ministerio de Economía informó este viernes que la Presidenta, Michelle Bachelet, designó a Pablo Berazaluce Maturana, como el nuevo Subsecretario de Pesca y Acuicultura.
El profesional, hasta este momento se desempeñaba como coordinador legislativo de la cartera de Economía. Berazaluce asumirá sus nuevas funciones a partir del lunes 10 de abril.
Berazaluce es Cientista Político de la Universidad Diego Portales con experiencia en la tramitación legislativa y en el servicio público. En su calidad de Coordinador Legislativo del Ministerio de Economía, coordinó el trabajo con el sector Pesca y Acuicultura, que permitió legislar iniciativas como la Ley Nº 20.814, que estableció la obligatoriedad de instalar un posicionador satelital en embarcaciones pesqueras; la Ley Nº 20.295, que crea bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas y, además, es Vicepresidente del Instituto de Fomento Pesquero.
El profesional asume luego que en enero Raúl Súnico presentara su renuncia al cargo tras la información revelada por Ciper Chile respecto a correos electrónicos enviados por el ex presidente de Asipes, Felipe Moncada, a sus directores, que apuntaban a que Súnico habría favorecido al gremio industrial durante su gestión como subsecretario. A esto se suman los pagos por un total de $ 33 millones que Asipes le depositó a la esposa de Súnico entre 2010 y 2013, época en que la ahora ex autoridad era asesor del alcalde de Talcahuano.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como la demanda popular se ha simplificado en el No+AFP, no debiéramos sorprendernos cuando los presidenciables empiecen a prometer terminar con las AFP de la misma forma como en 2013 Bachelet respondió a la demanda ciudadana prometiendo el fin al lucro, la selección y el copago y la educación superior gratuita para todos.
Aunque algunos pensaron que las aguas se aquietarían después del anuncio de la Presidenta Bachelet sobre su propuesta de modificaciones al sistema de AFP, la señal de debilidad que entregaron las propias AFP —que reconocieron la necesidad de reformas— y la rapidez con la que la clase política comenzó a lanzar propuestas para mejorar las pensiones ha atizado el fuego. Porque en democracia también se tropieza de nuevo con la misma piedra, no debiéramos sorprendernos de ver candidatos que se hagan eco de la demanda de mejores pensiones a costo cero para los cotizantes.
El movimiento No+AFP amenaza con dominar la agenda electoral en 2017. En un contexto en que la clase política mantiene un alto desprestigio y ningún candidato se empina por sobre el 15% de intención de voto, el movimiento contra las AFP ofrece una nueva oportunidad para copiar el estilo que llevó a Bachelet a la victoria: promesas ambiciosas sin entrar a detallar cómo se cumplirán.
La experiencia de 2013 puede ser iluminadora respecto a lo que pueda ocurrir en 2017. Después que las protestas de 2011 tuvieron al gobierno de Sebastián Piñera contra la pared, el aterrizaje de Michelle Bachelet como candidata presidencial en marzo de 2013 demostró la fuerza de la opinión pública para influir sobre los mensajes de campaña de los candidatos. Días después de su retorno al país, Bachelet separó aguas con los que pedían educación gratuita universal. Pero a los pocos días, reculó e hizo propia la promesa de gratuidad universal. Aunque aclaró que el proceso sería gradual, el hecho que Bachelet haya modificado su postura ante el clamor de la calle demostró que, por más responsables que quieran ser, los candidatos deben luchar contra la tentación de ceder a la presión de la calle.
La decisión de Bachelet de comprometerse con la gratuidad fue difícil de comprender. Después de todo, prometiera lo que prometiera (o dejara de prometer), Bachelet era amplia favorita para ganar las elecciones. Pero la entonces candidata sucumbió ante la presión izquierdista en su coalición a tal punto que, una vez en el gobierno, tomó el inusual camino de implementar la gratuidad a través de una glosa en el presupuesto. La obcecación de Bachelet por cumplir una promesa de campaña generó un doble costo. Primero, instaló la idea de que la educación universitaria gratuita era un derecho. Segundo, abandonó el principio de que el financiamiento de nuevos derechos permanentes debería hacerse a través de leyes que regulen cómo funcionaría el nuevo sistema.
Para 2017, la demanda de No+AFP amenaza en convertirse en la nueva fuerza que lleve a candidatos a realizar promesas irreflexivas y voluntaristas sobre cómo mejorar las pensiones. Como la gente está más preocupada de los resultados que de los procesos, los planes de mejoras graduales y parciales no generarán mucho apoyo. En una sociedad capitalista de consumo que demanda satisfacción inmediata (compre ahora y pague después), la gente no se entusiasma con candidatos que prometan resultados en el largo plazo. A diferencia de la educación, que deja de ser una prioridad cuando la gente ya la obtuvo o cuando se pasa la edad, la preocupación por las bajas pensiones va en aumento a medida que la gente envejece y acompaña a los pensionados por el resto de sus vidas.
Como las encuestas muestran que los chilenos no tienen favoritos para las elecciones presidenciales de 2017, varios presidenciables se sumarán a la popular causa de No+AFP para atraer apoyos. Se desatará una competencia por quién promete mejores resultados con el menor sacrificio posible.
Es verdad que en la mayoría de las democracias los candidatos se exceden en sus promesas de campaña y, después de ganar las elecciones, llenan sus promesas de letra chica. En parte, la democracia consiste en ilusionarnos en campaña para despertar a la realidad cuando asume el nuevo gobierno. Pero mientras más excesivas son las promesas de campaña, más difícil resulta volver a posiciones razonables después de ganar la elección.
Porque el movimiento No+AFP después de una multitudinaria marcha ya logró que Bachelet anunciara un ambicioso proyecto de reformas, nuevas marchas llevarán al gobierno y a varios presidenciables de todos los colores políticos a competir por quién ofrece más. Aunque algunos dicen que los chilenos están hartos de la lógica de competencia que predomina en el modelo neoliberal, la evidencia muestra que la ley de oferta y demanda funciona a la perfección en el mercado electoral. Cuando la gente quiere más, la clase política inmediatamente compite por quién hace la promesa más ambiciosa. Como la demanda popular se ha simplificado en el No+AFP, no debiéramos sorprendernos cuando los presidenciables empiecen a prometer terminar con las AFP de la misma forma como en 2013 Bachelet respondió a la demanda ciudadana prometiendo el fin al lucro, la selección y el copago y la educación superior gratuita para todos.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
De todos los males que hoy afectan a Chile, el más dañino es la falta de un piloto que sea capaz de tomar el control del timón y dirigir al país en estos momentos de turbulencia internacional.
Entre todos los problemas y desafíos que enfrenta Chile -desde el fin del ciclo de precios favorables del cobre hasta el creciente descontento con la clase política y empresarial- el mayor problema que explica la paralización que reina en el país es la falta de liderazgo presidencial. Porque la Presidenta Bachelet lleva casi un año a la defensiva y ha sido incapaz de asumir en propiedad como líder de la Nueva Mayoría, Chile se comporta como un avión sin piloto. Ya que hay creciente turbulencia y la tripulación está cada día más propensa a enfrascarse en conflictos partidistas, comprensiblemente crece el nerviosismo entre los pasajeros del avión. Aunque no se puede hacer nada para terminar con la turbulencia externa, las cosas irían mucho mejor si hubiera un piloto al control del timón.
En 2006, la Presidenta Michelle Bachelet asumió el poder en un contexto económico favorable y heredando la alta aprobación generada por la exitosa gestión que había realizado el Presidente Lagos. Si bien al poco andar el gobierno de Bachelet tropezó con el Transantiago y con los conflictos laborales con subcontratistas de Codelco, en general su gobierno tuvo un desempeño exitoso. La crisis subprime de 2008 coronó de gloria la política de responsabilidad fiscal que había impulsado el ministro de Hacienda Andrés Velasco y ayudó a transformar a Bachelet en la Presidenta más popular en la historia reciente de Chile.
Si bien hubiera tenido sentido que Bachelet optara por retirarse de la política después de ese exitoso primer período, la ex Mandataria decidió volver a buscar nuevamente la presidencia. Pero en vez de demostrar que aprendió lecciones de sus primeros cuatro años, Bachelet llegó con un preocupante aire refundacional. Prometiendo transformar el sistema tributario, educacional, laboral, de salud y, para no ser menos, hasta la propia Constitución, la Presidenta pareció olvidar que sus reformas exitosas fueron aquellas consensuadas y graduales. En su segundo período, Bachelet decidió impulsar reformas tan fundacionales y radicales como el Transantiago. Demostrando nula capacidad para aprender de sus errores -y habiendo parecido olvidar su vocecita interior que le advertía contra la radical transformación que implicaba poner en marcha el Transantiago- Bachelet puso en marcha a la vez varios Transantiagos en su segundo período.
Pese a que recién vamos a mitad de camino en su cuatrienio, al menos dos de esos nuevos Transantiagos están ya en crisis. La reforma tributaria impulsada aceleradamente en 2014 debe ser revisada. Pero como no hay claridad respecto a cuáles son los objetivos de la reforma (financiar la educación superior gratuita o poner en marcha una economía detenida), resulta difícil que los parlamentarios se pongan de acuerdo sobre cómo para reunir más dinero para el fisco o promover la actividad económica. La reforma laboral está estancada en el Congreso por la incapacidad del gobierno de construir consensos. Por un lado, los senadores moderados del PDC bloquean los aspectos más radicales de la reforma y, por otro, la CUT y los partidos izquierdistas de la NM se niegan a un acuerdo que haga viable a la reforma en el Congreso. Como no hay un líder que pueda mediar y forjar un acuerdo, la reforma sigue estancada en el Senado, generando una costosa incertidumbre que contribuye a mantener frenada la economía.
Aunque el gobierno celebra su reforma educacional -en especial la gratuidad en educación superior- los efectos negativos de esta reforma ya se empiezan a ver. Las familias de menos ingresos tienen ahora incentivos muy atractivos para ocultar sus ingresos, entrar a la economía informal o artificiosamente producir supuestos quiebres familiares que reduzcan los ingresos oficiales de la familia y permitan a los hijos acceder a la gratuidad. Como no hay ley que regule la gratuidad (estableciendo límites de años del beneficio, edad de los postulantes u otros requisitos), la apurada implementación de la gratuidad resultará en evidentes injusticias que dejarán a postulantes meritorios fuera y beneficiará a algunos que en realidad no debieran ser beneficiados.
Como el gobierno ha sido incapaz de hacer bien la reforma tributaria, de liderar una negociación para sacar adelante la reforma laboral y de diseñar adecuadamente la reforma educacional que permita el acceso a educación de calidad a los que más la necesitan; resulta fácil predecir que La Moneda será igualmente inepta para impulsar la nueva Constitución. Esto no quiere decir que no haya nueva Constitución -siempre podemos contar con los votos de la derecha que querrá hacer una mala reforma menos mala-. Pero sí que la nueva constitución tendrá el mismo sello de improvisación y dogmatismo que las otras reformas que ha impulsado el gobierno.
De todos los males que hoy afectan a Chile, el más dañino es la falta de un piloto que sea capaz de tomar el control del timón y dirigir al país en estos momentos de turbulencia internacional.
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Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La gente quiere un líder que sea capaz de expulsar a los mercaderes y vendedores que se han tomado el templo y que purifique tanto la política como la clase empresarial.
Los reiterados casos de colusión de grandes empresas y la percepción generalizada de que la clase política está más preocupada de mantener sus granjerías y privilegios que de representar a los chilenos comunes y corrientes, amenazan con convertirse en la plataforma de campaña que pavimente el camino al éxito a liderazgos populistas en las próximas elecciones presidenciales. Ya que provenir de la elite o aparecer demasiado cercano a ella representará, para la opinión pública, evidencia incontrarrestable de ser parte de los que se benefician de la colusión y el abuso, o al menos de los que no hacen nada para evitarlos, la gente premiará candidatos que se levanten contra la elite y que prometan terminar con la impunidad que parece existir para los que se coluden y abusan.
Equivocadamente, algunos analistas creen que los chilenos, molestos con todos los casos de colusión y abuso, están dispuestos a apoyar a candidatos antisistema que prometan usar una retroexcavadora para derribar el modelo social y económico que se comenzó a construir en Chile en dictadura y que ha sido mejorado, profundizado y ampliado desde el retorno de la democracia. Para aquellos nostálgicos de la revolución y apocalípticos profetas del fin del modelo, el malestar acumulado por los casos de financiamiento irregular de campañas y las repetidas evidencias de colusión en los mercados, que no funcionan libremente y que son capturados por carteles que abusan de los consumidores, ha hecho que los chilenos estén más que determinados a poner fin al modelo social de mercado que existe en el país.
Pero estar descontento respecto a cómo funciona el barco, a la forma en que se distribuyen las oportunidades y los beneficios y a que las reglas no aplican igual para todos, no significa que la gente quiera que se hunda el barco. Además de que no hay otro barco al que cambiarse, la idea de quemar la nave que nos ha permitido llegar lejos no es sensata. Los que quieren incendiar el barco dicen que entre todos podemos construir un barco nuevo que sea mejor que el actual. Pero esa propuesta tampoco parece demasiado atractiva para la gente que ya se ve superada por sus problemas cotidianos, sus expectativas, sueños y temores. La gente sabe que no hay otra opción que hacer que este mismo barco funcione mejor.
Por eso, la salida obvia y natural será buscar a líderes que sean capaces -o al menos prometan- limpiar el barco de piratas y bucaneros que se han dedicado a saquear, desde las cómodas cabinas que comparten con la elite de primera clase, a los esforzados chilenos que viajan en segunda y tercera clase. Esos chilenos aspiran a ser beneficiarios de las comodidades y oportunidades que existen en el barco pero que han sido monopolizadas por una clase empresarial y política que se reparte los beneficios entre ellos y que, además, permite que sus hijos también participen del abuso que cotidianamente cometen los bucaneros.
Desde antes que estallaran los escándalos Penta, SQM y Caval; la percepción generalizada de la gente era que el sistema no funcionaba con las mismas reglas para todos. Mientras a la gente sin apellidos ni conexiones se los trataba con el máximo rigor de la ley, a los miembros de la elite política y empresarial se les trataba con guante blanco. Ese descontento alimentó la enorme popularidad de Michelle Bachelet, que llegó al poder por segunda vez prometiendo terminar con el abuso. Pero a dos años de iniciado su gobierno, los casos de abuso se siguen multiplicando y Bachelet aparece más preocupada de proteger a su hijo -que ha venido a convertirse en el niño símbolo del abuso y trato preferencial- que de defender a los chilenos que cotidianamente son abusados por empresarios que se coluden y por políticos que se preocupan de remojar sus barbas en las regalías y privilegios del poder que de defender a los que depositaron en ellos sus esperanzas por cambio y mejoras.
Contrario a lo que muchos apocalípticos piensan, Chile no está al borde de un estallido popular ni el país arriesga hundirse en una tormenta de disconformidad social causada por los casos de financiamiento irregular de la política, corrupción y colusión. Aunque profundamente molestos, los chilenos saben que no hay otro barco al que cambiarse ni están con ganas de seguir a los profetas revolucionarios que prometen que entre todos podremos construir un nuevo barco. La gente quiere líderes que sean capaces de alzarse y limpiar este barco -el único que conocen y que saben que funciona y produce riqueza-.
La gente quiere un líder que sea capaz de expulsar a los mercaderes y vendedores que se han tomado el templo y que purifique tanto la política como la clase empresarial. Algunos dirán que el terreno está fértil para la aparición de un liderazgo populista. Pero el populismo no es la causa del problema, es el resultado inevitable de una elite complaciente e irresponsable, incapaz de materializar la promesa de igualdad de oportunidades y meritocracia.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.
El principal traspié que sufrió el gobierno al intentar establecer la gratuidad —con letra chica— a través de una glosa presupuestaria que discrecionalmente establecía cuáles alumnos vulnerables tendrían acceso a educación superior gratuita no se produjo en la decisión adversa del Tribunal Constitucional. El gobierno de Bachelet tropezó primero cuando la reforma tributaria que impulsó —y que definió como condición necesaria para establecer los alcances de la gratuidad— falló en su diseño e implementación. Ahora que hay que modificar la ley que entregará el financiamiento para la gratuidad en la educación, mientras no se sepa cuánto dinero se va a recaudar, difícilmente se podrá establecer cuántos y cuáles alumnos podrán tener acceso a educación superior gratuita.
Después de haberlo convertido en el principal tema de la campaña de 2013, la reforma educacional que entregaría acceso gratuito a la educación superior a los chilenos se ha convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno y en la mejor evidencia de que este gobierno hizo promesas sin haberse sentado primero a hacer los cálculos necesarios para saber cómo y de dónde sacaría la plata para cumplirlas. Apenas asumió el poder, el gobierno de Bachelet anunció que antes de anunciar los alcances de la gratuidad, se necesitaba promulgar una reforma tributaria que permitiera saber cuánto dinero habría disponible para avanzar hacia el ideal de gratuidad universal para la educación superior. Por eso, el gobierno impulsó con apuro, y poca rigurosidad, una reforma tributaria que buscaba que “los poderosos de siempre” pagaran más impuestos para que el gobierno pudiera financiar así su promesa de gratuidad.
Pero una vez aprobada la reforma tributaria, empezaron a aparecer otras necesidades y el gobierno comenzó a asignar parte de los recursos que se recaudarían a otras prioridades. Así, la promesa de que la gratuidad sería para todos fue llenándose de letra chica restrictiva. Además de ir reduciendo el alcance de los siete a los seis y después a los cinco primeros quintiles (la mitad que menos ingresos tiene), el gobierno también estableció que sólo los estudiantes que asistieran a un determinado tipo de establecimientos tendrían gratuidad. Pero ahora que el Tribunal Constitucional determinó que el criterio de selección definido por el gobierno es inconstitucional, la materialización de la promesa de gratuidad está en el aire. El gobierno insiste en que habrá gratuidad. Pero nadie sabe quiénes serán beneficiados y qué impacto tendrá esta nueva política pública en el sistema de educación superior en su conjunto.
Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, resulta que ahora el gobierno debe enviar un proyecto de ley que reforme la reforma tributaria. Aunque Hacienda ha insistido en que este proyecto sólo busca corregir errores y simplificar el nuevo sistema tributario, basta con suponer que el gobierno seguirá cometiendo los mismos errores que ha cometido desde que asumió el poder para anticipar que estamos metiéndonos en un nuevo pantano. El enfriamiento de la economía nacional —y las malas noticias que vienen desde fuera, en particular respecto al precio del cobre— permiten anticipar que la situación económica en el país seguirá empeorando antes de que comience a mejorar. Como resulta poco sensato introducir un aumento en la carga tributaria cuando la economía está en declive, hay buenas razones para pensar que la reforma tributaria terminará siendo un poco más que una simplificación a la mala reforma aprobada en 2014. Como siempre ocurre cuando se discuten tributos, todos aprovecharán la oportunidad para introducir pequeñas modificaciones que favorezcan sus intereses con la, justificada, excusa de que eso ayudará a reactivar la economía. Así las cosas, después de que cierre esta nueva ventana de reforma tributaria que pronto debe abrirse, bien pudiera darse el caso que las arcas fiscales terminen con menos dinero de lo que inicialmente se esperaba y, por lo tanto, habrá menos recursos para financiar la gratuidad. Además, ya que las necesidades para financiar programas sociales aumentan cuando la economía se frena y crece el desempleo, la gratuidad en la educación deberá competir con otras prioridades (como salud, vivienda y subsidios a la pobreza) cuando se asignen los recursos adicionales que deberán entrar al sistema una vez que la nueva reforma tributaria entre en vigencia.
En cierta medida, ahora que se empieza a discutir de nuevo la reforma tributaria, volvemos al punto de partida que el propio gobierno estableció como condición para saber cuáles serían los alcances de la gratuidad. Veinte meses después de iniciado el mandato, el gobierno no sabe de cuántos recursos dispondrá para financiar su promesa de gratuidad y, en consecuencia, tampoco sabe cuántos alumnos se podrán beneficiar ni cómo se implementará el nuevo sistema de gratuidad universal en la educación superior chilena.
El ex presidente Sebastián Piñera encabeza las preferencias presidenciales, según arrojó la última Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales (UDP) 2015, dada a conocer este jueves.
Ante la consulta sobre quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile, un 11,8% de los encuestados respondió que el ex Presidente Piñera, le sigue el ex abanderado del PRO Marco Enríquez-Ominami con un 10,1%, el empresario Leonardo Farkas con un 5,2% y el ex Mandatario Ricardo Lagos con un 4,6%.
Más atrás figura la actual Jefa de Estado Michelle Bachelet con un 2,3%, la ex presidenciable de la Alianza Evelyn Matthei con un 1,6%, el ex candidato independiente Franco Parisi con un 1,5%, el senador de RN Manuel José Ossandón con un 1,3%.
Además, el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza con un 1,1%, y la líder del PS, Isabel Allende y el ex presidenciable Andrés Velasco, ambos con un 1% de las menciones.
En segundo lugar, se le consulta a la gente por quién cree que será el próximo Presidente de Chile, donde Piñera vuelve a liderar las preferencias ahora con un 18,4%, luego está Lagos con un 7,4% y ME-O con un 6,2%.
Mucho más abajo aparecen Allende con un 1,6%, Farkas con un 1,5%, Bachelet y Matthei con un 1,1% y Ossandón sólo con 1%.
Caen aprobación a Bachelet y del Gobierno
El estudio que fue realizado entre el 21 de septiembre y 20 de octubre, mostró que la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet alcanza el 28,9%, lo que implica una caída de 14,7 puntos respecto a la medición del 2014. Mientras que su desaprobación llegó al 64,3%, subiendo desde el 43,1% del año pasado.
De acuerdo al estudio, “ambas cifras son similares al peor momento del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera”. A esto se suma, una fuerte caída en los atributos de la Mandataria, donde un 72,6% dice creerle “pocas veces o nunca”.
Al mismo tiempo, que saca nota roja en casi todos los atributos; honestidad, capacidad para resolver problemas de la gente, capacidad para lograr acuerdos con la oposición, firmeza en la toma de decisiones y capacidad para liderar su posición política. Siendo una excepción la capacidad para representar a Chile en el extranjero.
Respecto al respaldo al Gobierno éste cae a un 20%, en cambio su rechazo sube a un 72,2% “Se trata de la más baja aprobación y la más alta desaprobación, si se toma en cuenta el gobierno de Sebastián Piñera y el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet”, agrega la encuesta UDP 2015. También se muestra una baja en todas las áreas de gestión del Ejecutivo.
En relación a las coaliciones políticas, un 74,6% desaprueba la gestión de la Alianza y sólo un 10,5% la aprueba. En tanto, un 71,6% rechaza el actuar de la Nueva Mayoría y sólo un 16,2% lo respalda.
Mauricio Morales, Gloria de la Fuente, Claudio Fuentes y Eugenio Guzmán analizan los resultados de la última encuesta Adimark que, tras ocho meses, mostró un alza significativa de aprobación de la mandataria.
Todos coinciden en que faltan mediciones para poder hablar de una tendencia que muestre que se está revirtiendo el progresivo descenso que experimentó la presidenta Michelle Bachelet desde febrero en las encuestas, luego de que se diera a conocer el caso Caval.
Sin embargo, cuatro expertos —Mauricio Morales, Gloria de la Fuente, Eugenio Guzmán y Claudio Fuentes— plantean a Qué Pasa distintas visiones respecto de los acontecimientos que subyacen al alza de cuatro puntos en la última Adimark, correspondiente a octubre.
POLARIZACIÓN POLÍTICA Y “EFECTO SOLIDARIDAD”
“El primero de ellos se explica que el aumento a su apoyo en la izquierda, y la baja significativa en los sectores de derecha, es por la búsqueda de cosechar apoyos y avanzar en los extremos y no hacia el centro. Con ello logra fidelidad en los seguidores más ideologizados”, y que un factor crucial fue el anuncio del proceso constituyente.
Sobre el “efecto de solidaridad”, plantea que correspondería al impacto “en las mujeres y los más pobres, donde históricamente ha tenido mayor llegada. Si uno mira el apoyo a Bachelet desde 2005, ella siempre ha tenido mayor aprobación en esos grupos. En 2013, de hecho, ella perdió contra Velasco en los GSE más ricos, pero arrasó en los más pobres, y si ellos hubieran ido a votar, habría ganado en primera vuelta. Esta solidaridad de género y ‘bolsillo tiene un efecto muy importante”.
Estos grupos serían los que también percibieron un mejor manejo de crisis, por parte de la mandataria, en especial teniendo en cuenta la contingencia que representó el terremoto en el norte, a mediados de septiembre. Incluso, precisa Morales, “la aprobación tiende a ser más baja en invierno, porque la gente tiene menor acceso a productos. En verano también hay menos atención a la política, pero puede ocurrir como el caso Caval, que algún hecho incida”.
FACTORES CONTEXTUALES Y COYUNTURALES
El decano de la Facultad de gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, anota que estas variaciones “siempre son multifactoriales” y dice que los resultados de la Adimark muestran concordancia con los que ha mostrado Cadem.
El académico explica que “hay un fenómeno más general, contextual, y que pasa porque ella se ha alejado de la discusión pública, desde casos como Caval, hasta otros conflictos” que han estallado, como la paralización del registro civil.
Sobre ese mismo ejemplo, Guzmán señala que “no ha habido una directa imputación al gobierno en el conflicto, los responsables que percibe la gente son los dirigentes del mundo sindical”.
Agrega que si bien no alcanzó a ser registrada en la medición de Adimark, la irrupción de la colusión empresarial es otro tema que se está anotando en la imagen de la mandataria y cómo La Moneda aborda ese conflicto.
Respecto del proceso constituyente, y a diferencia de Morales, plantea: “puede tener un impacto en las cifras, pero pondera muy bajo”.
En relación a los sectores en que más subió la aprobación a la mandataria, Guzmán acota que “hay que leer esos resultados con cuidado”, y que hay que mirar la metodología de la encuesta, que es telefónica.
Por otro lado Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, señala: “Bachelet recibió una buena noticia. Suebn sus atributos y su aprobación”, precisando que “aún es temprano para sacar cuentas alegres pues no sabemos si esto inaugura una tendencia”.
“Lo promisorio para ella es que está recobrando apoyo en sectores populares y mujeres (sus grandes aliados). Lo menos promisorio, es que el alza de la presidenta no se refleja automática en aprobación a gestión de gobierno”, analiza.
“LA GENTE ESTÁ VIENDO CUMPLIRSE LAS PROMESAS DE GOBIERNO”
La cientista política de la Fundación Chile 21 Gloria de la Fuente da otras razones. Explica que, “en la medida que se empieza a notar el cumplimiento de las promesas del gobierno, esto se convertirá en tendencia” y que “hasta ahora se veía una dificultad del gobierno para explicar su agenda de reformas”.
“Pero la gente ha comenzando a percibir que, por ejemplo, la subvención escolar, la ley de inclusión, la agenda estructural y otras reformas más pequeñas, están materializándose, aun cuando estamos en medio de una situación política muy compleja en el país”, argumenta.
Sobre el efecto del proceso constituyente, afirma que “aún hay ideas no resueltas, no sabemos qué tan vinculante es, si bien se han despejado varias dudas”, quedarían aspectos por clarificar.
En relación al alza en mujeres y el GSE más vulnerable, dice que “en esos dos sectores siempre ha sido más alta la aprobación para Bachelet”, y que sí resulta significativo “un aumento en los atributos, que recupera la cercanía”.
La experta recalca que la mandataria está intentando “explicar de mejor manera en qué se traduce la agenda de reformas, con un giro que hemos visto de recuperar los aspectos claves de sus atributos”.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Una explicación recurrente que dan los legisladores chilenos para explicar las controversiales decisiones presidenciales es que la Presidenta Michelle Bachelet reacciona visceralmente cuando sus aliados o adversarios intentan influir en sus decisiones. Aduciendo que a Bachelet “no le gusta ser pauteada”, varios legisladores han tratado de justificar decisiones irreflexivas de la Mandataria. Pero esas justificaciones al actuar de la Presidenta solo confirman que los problemas de este gobierno radican en desconocer que el arte de la política consiste en construir consensos que dejen a los interlocutores satisfechos a la vez que el gobierno logra avanzar su agenda. El incidente más reciente ha sido la nominación de Jorge Abbott como fiscal nacional. Justo cuando el Senado parecía haber llegado a consenso en torno a José Morales, Bachelet optó por nombrar a un candidato simplemente porque no quería ser pauteada por el Senado.
La política consiste en avanzar sumando apoyos para construir consensos amplios. Un buen político en el poder es aquel que, conociendo las prioridades y objetivos de sus adversarios y aliados, logra alinearlas de tal forma que, en su esfuerzo por defender sus intereses, esos aliados y adversarios terminen empujando la agenda del gobierno. Si bien muchas decisiones sobre gasto fiscal o reformas legislativas suponen transacciones de suma cero en el corto plazo (lo que ganas tú lo pierdo yo), siempre hay espacio para acuerdos que resulten en el beneficio mutuo de ambos bandos en el mediano y largo plazo. De hecho, cuando se construyen amplias mayorías a favor de determinadas reformas, aunque la reforma no sea el ideal de cada interesado, el promulgar mejoras significa que todos pueden llevar agua a sus molinos ideológicos y programáticos.
Después de haber ganado con la mayoría más amplia conseguida desde el retorno de la democracia, la Nueva Mayoría creyó que podía gobernar con la aplanadora. Al poco andar, aparecieron conflictos al interior del propio oficialismo que dejaron en claro que ya no había mayoría legislativa para una agenda refundacional. El amplio apoyo electoral que tuvo Bachelet a fines de 2013 se diluyó ante la sospecha de que el gobierno no tenía una hoja de ruta para avanzar hacia sus objetivos sin poner en riesgo el crecimiento económico. Los vientos internacionales se tornaron desfavorables y la seguidilla de errores no forzados del gobierno —junto a los escándalos Caval y SQM— terminaron por hacer de la Nueva Mayoría el gobierno con mayor rechazo en los 25 años de democracia post Pinochet.
La difícil situación obligó a Bachelet a un cambio de gabinete y a adoptar el realismo sin renuncia. Pero ya que ese ajuste fue producto de las circunstancias y no de su convicción, el realismo sin renuncia pronto fue relativizado. Apenas pudo, la Presidenta repuso algunos de los elementos más radicales de su agenda. Ahora bien, como sabe que no tiene suficiente apoyo para impulsar las reformas más radicales, Bachelet ha optado por quedar bien con Dios y con el diablo. En su anuncio de proceso constituyente, Bachelet no descartó la Asamblea Constituyente, pero también reconoció explícitamente que cualquier proceso requerirá del voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras. Por eso mismo, el camino hacia la nueva constitución todavía puede tomar cualquier rumbo. El anuncio de Bachelet simplemente amplió el plazo de la incertidumbre sobre cuál será la salida definitiva al debate constitucional hasta después de 2017.
En su decisión de nombrar a Jorge Abbott como fiscal nacional, Bachelet nuevamente demostró no tener un norte claro ni una hoja de ruta para llegar a su objetivo. Si lo hubiera nombrado porque compartía la visión de Abbott sobre cómo fortalecer y desarrollar el Ministerio Público, la decisión presidencial podría ser polémica, pero tendría una justificación política. En cambio, Bachelet decidió nombrar a Abbott porque se enojó cuando el Senado presionó para que el nominado fuera José Morales. Desconociendo que la constitución requiere la mayoría de los 2/3 para asegurarse que el fiscal sea nominado por un amplio consenso, Bachelet se taimó y no quiso dialogar con el Senado para consensuar un nombre y cumplir así el mandato constitucional.
Aunque esté capacitado para ser fiscal nacional, el principal mérito de Abbott ahora es no ser Morales. Si el Senado confirma el nombramiento, el nuevo fiscal deberá agradecerle su puesto a una lógica infantil y carente de visión política. Si a la Presidenta le dicen que vaya por la izquierda, como no le gusta que la pauteen, Bachelet enfila por la derecha.
Cuando el país necesita que las decisiones del gobierno se tomen a partir de una visión política clara y con una hoja de ruta bien pensada, La Moneda responde con decisiones que se explican solo por el capricho de una Presidenta que toma decisiones intempestivas porque no le gusta ser pauteada.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si un terremoto grado 8.4 no nos tumbó, no nos van a tumbar ni un gobierno inefectivo propenso a cometer errores ni los pesimistas pájaros de mal agüero que parecen más interesados en destruir que en seguir construyendo.
Se equivocan aquellos que creen que la estabilidad de Chile y el camino al desarrollo por el que hemos avanzado desde la recuperación de la democracia están en riesgo. Si un terremoto grado 8.4 no nos derribó, difícilmente la institucionalidad democrática se va a caer por los errores no forzados de un gobierno. Como el terremoto del 16 de septiembre, un mal gobierno dejará dolorosas secuelas. Pero el país seguirá avanzando en el sendero de un desarrollo más inclusivo y democrático después que este gobierno deje el poder en marzo de 2018.
Ningún chileno que haya estado fuera del país el pasado miércoles puede no haberse sentido orgulloso cuando los extranjeros preguntaban por el desastre que un terremoto grado 8.4 debe haber causado. Que sólo haya habido 10 muertos y que la infraestructura haya resistido tan bien es un motivo de justificable orgulloso nacionalista. Chile es el país que entre todos hemos construido con bases sólidas.
Es cierto que hay problemas y desafíos complejos. La desigualdad es vergonzante. La falta de oportunidades, la cancha dispareja, los abusos, el pituto y el amiguismo son males que persisten en nuestra sociedad. El hecho de que el gobierno actual haya olvidado que un vigoroso crecimiento es condición necesaria para mejorar la distribución nos ha hecho perder dos valiosos años en el camino al desarrollo.
Pero Chile nunca estuvo mejor posicionado para enfrentar los desafíos del crecimiento. Los nostálgicos del pasado (aquel lejano, pre 1973, o de las décadas concertacionistas) son víctimas del síndrome de que toda era pasada fue mejor. La evidencia, no obstante, demuestra fehacientemente que Chile nunca tuvo un nivel de desarrollo superior, respecto al resto de América Latina y del mundo, que el que gozamos hoy. Nunca estuvimos más cerca de alcanzar el desarrollo y nunca un porcentaje tan alto de chilenos fue partícipe de los beneficios del progreso.
Los fatalistas se equivocan tanto en su diagnóstico de la situación actual como en sus propuestas para el futuro. Chile no necesita retroexcavadoras. Tampoco necesitamos de agoreros de la mala fortuna que, apuntando al gobierno, digan que nunca tan pocos han causado tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo. Los chilenos pueden estar descontentos con el gobierno, pueden sentir que gozan de poca protección contra el abuso, pueden desear que haya un estado más grande que proteja sus derechos. Pero las personas mayoritariamente quieren arreglar la casa en que vivimos, no botarla. Además, los chilenos no comparten el pesimismo sobre el futuro del país que predican aquellos que creen que un mal gobierno de Bachelet pavimentará el retorno de la Alianza, con Sebastián Piñera, a la cabeza en 2017.
El terremoto del 16 de septiembre nos recordó nuestra vulnerabilidad geográfica. Aunque resistimos bien, hay mucho espacio para mejorar. Es cierto que los problemas de Chile son más profundos que el terremoto. El país ha dejado de crecer y las condiciones internacionales hacen que sea difícil volver a crecer a las tasas a las que nos acostumbramos con el boom del cobre. El gobierno emprendió un camino ambicioso de reformas, pero elevó demasiado las expectativas y no supo conducir bien el proceso. La Moneda está ahora sobrepasada, los vientos soplan en contra y la habilidad política no abunda en el gobierno.
En los próximos días, el gobierno deberá presentar su proyecto de ley de presupuesto para 2016. Todavía no se conoce el mecanismo a través del cual el gobierno buscará dar gratuidad en la educación superior a un porcentaje indeterminado de alumnos en un grupo indeterminado de universidades. Bachelet deberá hacerse cargo de su compromiso con el inicio de un proceso constituyente este mes. La ley laboral presenta cada día más oposiciones. Sigue en aumento la presión para que el gobierno envíe un nuevo proyecto que se haga cargo de corregir las falencias de la reforma tributaria aprobada en 2014.
Complicado por las promesas excesivas que la propia Presidenta realizó, el gobierno enfrenta fuerte fuego amigo. Después de una provocadora visita a La Moneda en ausencia de la Presidenta Bachelet, el ex Presidente Lagos complementó sus críticas al gobierno al comentar, en una entrevista a El Mercurio, que en la calle la gente le pedía que el volviera a poner orden al país. Con ese tipo de aliados, la Presidenta Bachelet no tiene ni tiempo para preocuparse de las legítimas críticas de sus adversarios.
Con todo, como nos recordó el sismo del 16 de septiembre, Chile es un país construido sobre sólidas bases. Hay mucho espacio para mejorar, muchas falencias que corregir y muchos errores políticos no forzados que traerán costos. Pero el país no está al borde de una crisis institucional ni vamos camino a la destrucción. Si un terremoto grado 8.4 no nos tumbó, no nos van a tumbar ni un gobierno inefectivo propenso a cometer errores ni los pesimistas pájaros de mal agüero que parecen más interesados en destruir que en seguir construyendo.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Cuando Nicolás Eyzaguirre, un ministro de Estado que lideró una de las reformas más importantes impulsadas por el gobierno de Bachelet, dice que “la gestión del gobierno no ha sido buena, los problemas que tenemos en salud y seguridad ciudadana son inaceptables”, bastaría replicar que a confesión de partes, relevo de pruebas. Pero, a diferencia de un caso legal, cuando la admisión de culpabilidad basta para terminar la discusión, cuando se trata del gobierno que dirige el destino del país, la admisión de culpa no basta. A menos que el gobierno complemente el reconocimiento de su ineptitud con un plan convincente que muestre que comenzará a hacer bien su trabajo, el mea culpa es insuficiente. Sin una hoja de ruta que muestre cómo el gobierno pretende sacar al país del hoyo en el que lo metió, las palabras del titular de la Secretaria General de la Presidencia serán solo una frase anecdótica más en boca del locuaz e irreflexivo ministro.
En una entrevista a El Mercurio, el ministro Eyzaguirre cándidamente reconoció que el gobierno no ha hecho bien la pega. Refiriéndose a la gratuidad universitaria —promesa que Bachelet comprometió para iniciarse en 2016—, Eyzaguirre (que hasta hace poco era el ministro de Educación) reconoció que “lo obvio e ideal habría sido definir el marco regulatorio de las instituciones de educación superior y después avanzar en la gratuidad”. Ante el revuelo que causó que uno de los ministros más importantes del gobierno haya reconocido que la gestión del gobierno del que forma parte no ha sido buena, esta declaración sobre el camino errado que ha tomado La Moneda en su intento por avanzar hacia la gratuidad en educación pasó desapercibida. Otras declaraciones igualmente cándidas en la entrevista también fueron eclipsadas por el franco reconocimiento de que este gobierno ha hecho las cosas mal.
Ya que el vocero del gobierno salió a defender al ministro, legitimando la autocrítica, podemos suponer que la voz de Eyzaguirre es la voz del gobierno. Si bien la Presidenta Bachelet ha sido menos severa con su gobierno —argumentando que corresponde asumir un realismo sin renuncia ante el ambicioso programa de reformas que la llevó al poder—, el hecho de que Bachelet no le haya pedido inmediatamente la renuncia a su ministro debiera despejar cualquier duda sobre la mala evaluación que hace el gobierno de su propia gestión.
Por cierto, todos cometemos errores. Por distintas razones, podemos tomar senderos equivocados en la vida. Si bien las malas decisiones implican costos, uno no tiene por qué resignarse a pagar permanentemente los costos de las malas decisiones si existen oportunidades de enmendar los errores. Un gobierno que ha hecho las cosas mal puede cambiar de rumbo y comenzar a hacer las cosas bien. Cuando el gobierno reconoce que ha ido por mal camino, lo obvio es demostrar consecuencia con ese reconocimiento y hacer lo posible para tomar un buen camino.
Al referirse a la reforma que establece la gratuidad en la educación, Eyzaguirre reconoce que antes de iniciar la gratuidad, hay que definir el marco regulatorio de las instituciones de educación superior. Pues bien, lo razonable sería, entonces, que el gobierno ponga freno al inicio de la gratuidad y se aboque a negociar un nuevo marco regulatorio en la educación superior.
Cuando uno se da cuenta de que ha tomado un mal camino, insistir en avanzar por ese mal camino es lisa y llanamente necio. Lo que hace la gente razonable cuando se da cuenta que ha tomado una ruta equivocada es cambiar de dirección para tomar la ruta correcta. Pero si alguien reconoce que tomó la ruta equivocada, no tiene sentido que insista en avanzar por esa ruta que no lleva al destino deseado.
La entrevista de Eyzaguirre ha golpeado tan fuerte porque constituye un reconocimiento explícito de que el gobierno ha hecho las cosas mal. Como La Moneda salió a respaldarlo, el mea culpa de Eyzaguirre puede ser extendido al gobierno en pleno, incluida la Presidenta de la República. Pero esta entrevista hará historia no por el reconocimiento de que La Moneda ha hecho mal su trabajo. Lo impresionante de esta entrevista es que, reconociendo que avanza en la dirección equivocada, el gobierno obstinadamente decide seguir no cambiar de dirección.
El cándido ministro nos ha regalado antes metáforas memorables. Al explicar la lógica detrás de la reforma educacional que impulsó en 2014, Eyzaguirre comparó a alumnos de escuelas municipales y colegios particulares subvencionados con niños que compiten sin y con patines, respectivamente. La intención del gobierno, dijo Eyzaguirre, es quitarle los patines a unos para que todos puedan competir en igualdad de condiciones. En vez de dar patines a todos, el ministro quería nivelar para abajo. En su entrevista de este fin de semana, las reflexiones de Eyzaguirre se pueden resumir en la siguiente frase: Hemos hecho las cosas mal, pero como no vamos a cambiar de rumbo, las seguiremos haciendo mal.
La coalición de gobierno debe incorporar a Marco Enríquez-Ominami a la primaria presidencial: está bien evaluado entre los jóvenes y la clase media y se constituiría en un dique de contención de electores descontentos con la presidenta Michelle Bachelet.
El éxito de la Nueva Mayoría (NM) en un escenario de baja aprobación presidencial y de cables cortados entre los partidos que la componen pasa por no reproducir los vicios del pasado. La tesis que defiendo es que parte del éxito de la NM responderá a su capacidad para integrar a actores relevantes que podrían ser decisivos para el resultado de la municipal 2016 y presidencial-legislativa de 2017. El planteamiento es muy sencillo: la NM debe incorporar a Marco Enríquez-Ominami (ME-O) en la primaria.
El primer argumento pasa por las bases de apoyo de los potenciales candidatos. La encuesta CEP pregunta sobre evaluaciones positivas y negativas hacia distintos políticos. En la medición de abril de 2015, ME-O obtiene un apoyo más o menos transversal según nivel socioeconómico, pero marginalmente más fuerte en las capas medias. Algo distinto sucede con Ricardo Lagos quien, reproduciendo las características de su aprobación presidencial al finalizar su mandato, tiene mejores evaluaciones en los estratos más adinerados, pero también en el segmento D. Finalmente, y reflejando la base electoral más dura del PDC, Ignacio Walker cosecha mejores evaluaciones en el segmento D-E. Por tanto, hay tres candidatos que representan perfiles distintos, al menos en lo que a características económicas se refiere. Adicionalmente, estas diferencias se reflejan en la edad. ME-O alcanza sus mejores evaluaciones en el grupo de 25 a 34 años. Lagos, en tanto, es débil en los estratos más jóvenes, pero fuerte en el grupo de 55 años hacia arriba. Walker, por su parte, obtiene mejores evaluaciones de los ciudadanos entre 35 y 44, y los de 55 años y más.
Por tanto, si consideramos esta parrilla de candidatos, la centroizquierda cuenta con liderazgos que permiten acceder a una amplia variedad de electores. Si la NM decidiera excluir a ME-O, le costaría llegar a los electores relativamente jóvenes y a las clases medias, donde la presidenta Bachelet ha retrocedido significativamente. Por tanto, ME-O podría constituirse en un dique de contención y acceso a electores descontentos con la presidenta, pero dispuestos a depositar su confianza en la NM.
En segundo lugar, la NM debe buscar apoyo para la municipal 2016. Las comunas que hoy gobierna representan casi al 48% de la población, por lo que se requerirá de un gran esfuerzo para retenerlas. La NM debe tener en cuenta lo siguiente. Al menos desde 2008, cuando el resultado de la municipal es desfavorable, las legislativas y presidenciales van por el mismo camino. Por ejemplo, si en 2004 los alcaldes de la Concertación gobernaban al 57% de los chilenos, en 2005 el pacto obtuvo 65 diputados. En 2008, en cambio, la NM retrocedió al 37% en población gobernada, para luego caer en 2009 a 55 diputados. En 2012 se produjo el repunte del pacto, para terminar en 2013 con 67 diputados. Todo indica que un buen desempeño en la municipal anticipa un razonable resultado en la presidencial y legislativa. Para eso, la NM debe potenciar su lista con figuras que —como acabo de señalar— llegan a distintos públicos.
En tercer lugar, la ley de primarias genera suficientes incentivos para cooperar. Dado que esta vez —y a diferencia de 2013— no hay un favorito claro, la percepción de competencia será mayor, lo que podría contribuir a que vote más gente. Adicionalmente, este escenario de incertidumbre hará que todos los partidos tengan interés en presentar un candidato, activando sus bases electorales y promoviendo la competencia en un marco de cooperación. Según la ley, y dado que las primarias son vinculantes, el ganador de la elección será el candidato del pacto, mientras que los perdedores quedarán bloqueados: no podrán competir en la presidencial.
¿Cuáles son los beneficios de incorporar a ME-O? El primer beneficio es el aporte del candidato en términos de contenidos y bases de apoyo. Esas bases, como señalé, están concentradas en segmentos urbanos y corresponde a población adulta-joven. Servirán, entonces, para refrescar el electorado de la NM. En segundo lugar, incorporar a ME-O ayudará a que la NM coseche más alcaldías. Si pensamos que el acuerdo arranca desde las municipales 2016, es ahí donde ME-O debe demostrar que está comprometido con la nueva coalición. En tercer lugar, el ganador de la primaria presidencial llegará a noviembre.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Son inconducentes las preocupaciones sobre la capacidad para guiar adecuadamente al país de la dupla compuesta por el ministro del Interior Jorge Burgos y el titular de Hacienda Rodrigo Valdés. Mientras el barco del gobierno no esté firmemente guiado por la Presidenta Bachelet, ningún intento de uno o más ministros por tomar la dirección correcta será productivo. Dado que nuestro sistema institucional es fuertemente presidencial, resulta inútil poner la esperanza en que uno o más ministros podrán tomar el control. Si la Presidenta no marca rumbo, el país seguirá a la deriva, por más que dos o todos los ministros hagan fuerza juntos para retomar una hoja de ruta razonable que nos permita salir de la crisis.
Desde que, a partir de la aparición del escándalo Caval, la Presidenta comenzó a mostrar un comportamiento defensivo, e incluso errático, la arena política ha centrado su atención en la capacidad de los ministros que lideran su gabinete para tomar el liderazgo que la Presidenta no ha querido, o no ha podido, asumir. Después de varios meses de presión para lograr la salida del titular de Hacienda Alberto Arenas, los actores económicos celebraron la llegada del nuevo ministro Rodrigo Valdés. Su reconocida experticia tecnocrática y su cercanía con el mundo empresarial permitían anticipar que las relaciones rápidamente se recompondrían. Pero lamentable, los resultados de la gestión Valdés, a 100 días de haber asumido el cargo, son solo mixtos y apenas dan unas pocas razones para estar optimistas. El ministro ha logrado instalar la idea de que se debe hacer una reforma a la reforma tributaria. Pero el margen que tiene Valdés hoy para operar es tan reducido —por el complejo ambiente macroeconómico internacional y por las constantes aserruchadas de piso que sufre en el gabinete y en su coalición— que difícilmente va a ser capaz de generar las confianzas necesarias para que la inversión vuelva al país y Chile pueda retomar el sendero del crecimiento.
De igual forma, la llegada de Jorge Burgos a Interior hizo que muchos respiraran aliviados, pensando que eso bastaba para que la dinámica de reformas profundas que había caracterizado el primer año de gobierno fuera remplazada por una lógica más gradualista y consensuada, propia de los gobiernos de la Concertación. Pero a cien días de haber asumido el poder, la gestión de Burgos ha estado marcada más por la frustración. La visita del ex Presidente Lagos a La Moneda, para hablar fuerte y claro, asociando su figura a la idea del orden, solo confirmó que Burgos tiene más llegada con la vieja guardia concertacionista que con la Presidenta Bachelet y su cerrado círculo del segundo piso. Si hay algo claro hoy en el gobierno es que Burgos no ejerce la autoridad que muchos creyeron que el nuevo titular de Interior llegaría a desplegar.
Por todo esto, no resulta sorprendente que la dupla Burgos-Valdés haya sido incapaz de dar ese golpe de timón que esperaban todos aquellos nostálgicos de la era concertacionista. La dupla tampoco ha sido capaz de tranquilizar a aquellos que, sabiendo que los años dorados del concertacionismo ya no volverán más, aspiran a que haya un gobierno que sepa dirigir al país por la senda de los cambios profundos, pero graduales y consensuados. Tanto los nostálgicos del pasado como los que aspiran a un futuro de más desarrollo consensuado se sienten decepcionados porque la dupla Burgos-Valdés simplemente no dio el ancho. Por la otra vereda, los que aspiran a sacar a la retroexcavadora del fango en que se atascó por el apresuramiento y la irreflexión oficialista de 2014, también están insatisfechos, sabiendo que Burgos y Valdés tienen suficiente fuerza para evitar los esfuerzos por echar a andar la retroexcavadora.
Esta suerte de empate, entre una dupla que no logró su objetivo pero que logró frenar el avance hacia la refundación nacional que se impuso en 2014, tiene al país inmovilizado —y a muchos creyendo que estamos a la deriva cuando en realidad solo estamos dando círculos sin avanzar en ninguna dirección—. Por eso, da lo mismo si la dupla Burgos-Valdés se quiebra definitivamente o se logra re-articular. Esa dupla ya no sirvió para sacar al país del estancamiento. No fue por la incapacidad o falta de voluntad de los ministros. El problema está en nuestro sistema altamente presidencial.
En Chile, si el Presidente no empuja en una dirección, el país no se mueve. Cuando los presidentes tienen la visión y determinación para avanzar, el país puede moverse en la dirección correcta (o retroceder). Pero cuando los presidentes no se deciden por alguna de las opciones que tienen a su disposición, el país se estanca o da vuelta en círculos. A menos que la Presidenta tome ahora una decisión que se ha negado a tomar en los últimos meses y opte por una de las opciones —la búsqueda de consensos o la refundación—, ninguna dupla o equipo de ministros podrá sacar al país del estancamiento en el que actualmente se encuentra.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Las declaraciones de la Presidenta Bachelet, realizadas en su visita a San Salvador, alabando la red de protección social que existía en la República Democrática Alemana cuando ella estuvo en el exilio desnudan tanto las afinidades ideológicas de la Mandataria como su débil compromiso con la defensa de la democracia como única forma legítima de gobierno. Al alabar el sistema de salud de una dictadura, Bachelet se pone al mismo nivel de aquellos que, alabando los éxitos de la dictadura chilena, tácitamente relativizan los inaceptables costos en violaciones a los derechos humanos asociados a cualquier dictadura. Es excesivo exigir que cada vez que alguien se anime a destacar logros de una dictadura deba mencionar también que las dictaduras no son ejemplos a seguir. Pero el hecho de que Bachelet históricamente haya sido poco clara en denunciar las atrocidades cometidas por esa dictadura comunista hace que sus alabanzas al sistema de protección social de la RDA resulten especialmente preocupantes para aquellos que creemos que ninguna dictadura, independientemente de su color político, es un modelo a seguir.
Al participar en un foro sobre políticas de primera infancia en la capital de El Salvador, Bachelet improvisó una reflexión sobre su propia experiencia maternal. Recordando que su primer hijo, Sebastián Dávalos, nació mientras ella estaba en el exilio, Bachelet declara que “mi primer hijo nació estando yo en el exilio, en la República Democrática Alemana, y por tanto tuve ahí todas las condiciones tanto de salud, de nutrición, de apoyo, que me permitieron estudiar y tener un hijo en sala cuna”.
La declaración de Bachelet, referida a la necesidad de que los gobiernos tengan red de salas cunas que faciliten la incorporación de las mujeres al mercado laboral, generó cuestionamientos sobre la conveniencia de hacer declaraciones que saquen a la palestra al primogénito de Bachelet y, peor aun, que pongan en tela de juicio el compromiso de Bachelet con la defensa sin relativización de los derechos humanos.
El hecho de que la aprobación de Bachelet haya empezado a derrumbarse cuando la Presidenta reaccionó débil y tardíamente al escándalo por la participación de su hijo en un negocio de especulación inmobiliaria debiera llevarla a no volver a mencionar a su primogénito en sus declaraciones públicas.
Pero como si mencionar a su “hijo pastel” para hablar de otro tema no fuera ya un error comunicacional, usar la red de protección social de la RDA como un ejemplo del que se debe aprender es un desacierto político todavía mayor. La Presidenta Bachelet ha construido buena parte de su legitimidad política a partir de su irrestricto compromiso con la defensa de los derechos humanos. Como Presidenta, Bachelet ha sido enfática en demostrar que la protección a los derechos humanos en Chile no acepta relativizaciones. Los logros y avances de una dictadura en ámbitos económicos y sociales no pueden ocultar los altos e inaceptables costos de las violaciones a los derechos humanos. Son vanos y contraproducentes los intentos por destacar logros de una dictadura sin reconocer las negras oscuridades (usando la descripción que el fallecido historiador Gonzalo Vial hiciera del legado de violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet).
En semanas recientes, producto de avances en la causa judicial contra los responsables del asesinato de Rodrigo Rojas Denegri y de las brutales violaciones a los derechos humanos sufridas por Carmen Gloria Quintana en 1986, el gobierno logró consolidarse en una posición de superioridad moral por haber defendido los derechos humanos en tiempos que una gran parte de la derecha política en Chile hacía la vista gorda a los abusos que cometía la dictadura. La muerte del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, uno de los símbolos de las violaciones a derechos humanos cometidas por la dictadura, nuevamente sensibilizó al país sobre la importancia de defender la dignidad de las personas por sobre cualquier consideración política.
Por eso resulta tan doloroso que Bachelet haya tenido el desatino de destacar un logro de una dictadura que también sistemáticamente violó los derechos de millones de personas por un periodo especialmente prolongado de tiempo. Precisamente porque Bachelet fue exiliada en esa dictadura y debió haber visto los sufrimientos a los que el régimen comunista tenía sometido al pueblo —así como muchos en la derecha chilena debieron haber visto apremios cometidos en Chile—, resulta desafortunada su alabanza a una política social de esa brutal dictadura. Peor aún, porque Bachelet ha sido especialmente ambigua y poco clara en condenar las sistemáticas violaciones cometidas por esa dictadura comunista, su declaración a favor de las políticas de infancia de la RDA alimenta justificadas sospechas sobre el real compromiso de Bachelet en la defensa de los derechos humanos, independientemente de la ideología del régimen en el poder.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como para sumar a la ya enorme confusión sobre cuál es la hoja de ruta del gobierno, la Presidenta Bachelet ha optado por enviar señales contradictorias que solo confirman que el problema del gobierno no es que haya disputa entre gradualistas y refundacionales. El problema es que Bachelet pasa de la gradualidad a la refundación intempestivamente con tanta facilidad que el país se está mareando debido a esta chofer que se empecina en conducir en círculos.
En su entrevista en La Tercera el domingo 9 de agosto, Bachelet confirmó todas las sospechas que se habían acumulado después de que ella fuera especialmente ambigua en el cónclave oficialista sobre qué significaba el realismo sin renuncia. En su entrevista, Bachelet reafirmó su compromiso con el programa y advirtió que su determinación para impulsar las reformas profundas sigue incólume. Aunque reconoció que la adversa situación económica obliga a retrasar el cumplimiento de algunas promesas, Bachelet insistió en que su hoja de ruta no ha variado. Después de que su declaración de que el gobierno ahora adoptaría un realismo sin renuncia llevara a muchos a concluir que el gobierno modificaría su hoja de ruta, la Presidenta salió a aclarar que solo se trataba de un retroceso táctico.
Estas confusas señales de avanzar hacia la izquierda y la derecha generan varias externalidades adversas. La peor de ellas es que todos los temas siguen abiertos y nada se resuelve precisamente porque el gobierno puede cambiar de opinión. Cuando la Presidenta anunció en su discurso del 21 de mayo que la gratuidad aplicaría solo a las universidades del CRUCH, la presión de varias universidades privadas no se hizo esperar. Sabiendo que el gobierno ya había cambiado de postura respecto a cómo y cuándo se implementaría la gratuidad, esas universidades apostaron a que, con argumentos razonables y presión de diversa índole, el gobierno volvería a cambiar de opinión. Efectivamente, eventualmente el gobierno anunció que la gratuidad se extendería a ciertas universidades privadas siempre y cuando éstas cumplieran ciertas condiciones. Pero ese cambio de política alimentó las esperanzas de otras universidades de que nada estaba escrito en piedra. Por eso, todavía reina la incertidumbre sobre quiénes se beneficiarán con la gratuidad en 2016. Como el gobierno ya ha cambiado de posturas varias veces, nadie se atreve a tomar el más reciente anuncio como la última palabra.
Pero las señales confusas tienen también otras externalidades negativas. Los cambios de opinión sobre la hoja de ruta alimentan sospechas de que el gobierno habla antes de pensar cuidadosamente todas las alternativas. Lamentablemente, un gobierno que actúa intempestivamente solo termina alimentado las dudas sobre su liderazgo y su capacidad de gobernar.
Como candidata, Michelle Bachelet se esmeró en dejar en claro que era ella quien tomaría las últimas decisiones. Como Presidenta, ha demostrado repetidas veces que, cuando se trata de tomar decisiones, le tiemblan las piernas. Cuando, finalmente, anuncia sus decisiones, Bachelet varias veces ha cambiado de opinión después. Eso daña su credibilidad. Peor aún, sus anuncios gatillan a los grupos que se ven perjudicados a redoblar sus esfuerzos por revertir una decisión que, ya se sabe, nunca es definitiva.
Desde que anunciara su cambio de gabinete en mayo, Bachelet se ha dedicado a destruir con sus declaraciones las percepciones que ella misma construyó con declaraciones y actos anteriores. Correctamente, la Presidenta insiste en que ella no muestra indecisión. Bachelet insiste en que ella toma decisiones. Es verdad, solo que sus decisiones de hoy van en la dirección contraria a las que tomó ayer. Eso hace que el país gire a la izquierda un día y a la derecha al día siguiente. Al final, la tripulación termina mareada, pero el país sigue exactamente en el mismo lugar estancado.
Las declaraciones del domingo sorprendieron a un mercado que esperaba que la Presidenta confirmara la existencia de una nueva hoja de ruta para el gobierno. Pero como los mercados rápidamente internalizan la nueva información, nadie cree en realidad que ahora la Presidenta impulsará con fuerza su programa original de gobierno. Más bien, todos anticipan que, producto de la presión de los partidos más moderados y del efecto de la dupla de la gradualidad de Valdés y Burgos, en los próximos días Bachelet dará una nueva señal de realismo sin renuncia. Pero luego vendrá otra señal que haga que el barco gire nuevamente en 180 grados.
Para mejorar la situación, la Presidenta Bachelet debiera intentar declaraciones que sean efectivamente más ambiguas y que, manteniendo la determinación a no avanzar en ninguna dirección, al menos eviten que la tripulación se maree con tanto giro en 360 grados. Una forma de hacerlo sería aclarando que en su gobierno no habrá ni realismo ni renuncia, sino que todo lo contrario.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En una sorpresiva e inoportuna declaración, el ministro del Interior, Jorge Burgos, decidió pelearse con “articulistas de izquierda, muy de izquierda… y de derecha también que querrán que nos vaya mal a mí y a Rodrigo Valdés”. Ante la incapacidad del gobierno para decidir si quiere seguir empujando su ambicioso programa de reformas o si en cambio se decidirá a cambiar su hoja de ruta hacia rumbos de moderación, haciéndose cargo del nuevo contexto internacional adverso, Burgos decidió descargar sus frustraciones en los mensajeros que constatan que el gobierno lleva seis meses paralizado y que la Presidenta, desperdiciando oportunidades para relanzar su gobierno, sigue indecisa respecto a cómo sacar a su gobierno del foso de desaprobación popular en el que se encuentra.
Desde que estalló el escándalo Caval en febrero, la Presidenta Bachelet ha estado errática. Parafraseando un concepto popular en el palacio presidencial, Bachelet no está empoderada. Los cuestionamientos sobre qué tanto ella sabía acerca de los negocios inmobiliarios de su hijo y de su nuera, y la forma en que Bachelet lidió con el escándalo, le propinaron un golpe que la ha tenido por meses contra las cuerdas. A la vez, la premura con que su administración impulsó reformas en 2014 le pasó la cuenta a la economía del país y a la credibilidad del gobierno en 2015. Habiendo dilapidado su capital político en reformas mal diseñadas e imposibles de implementar —como la reforma tributaria, que ya debe ser sometida a modificación antes de entrar en vigencia, o la reforma educacional, que probablemente también será modificada por el próximo gobierno en 2018 (cuando esté empezando a ser implementada)—, el gobierno de Bachelet ha batido el récord de rechazo de aprobación presidencial.
La cadena nacional en que Bachelet informó los resultados del Consejo Asesor contra la Corrupción fue la primera oportunidad desperdiciada de retomar el control de la agenda. En vez de centrarse en la agenda de probidad, Bachelet desvió la atención anunciando que el proceso constituyente se iniciaría en septiembre.
Semanas después, el retardado cambio de gabinete fue equivocadamente interpretado por muchos como el inicio de un segundo tiempo en que se impondrían la gradualidad y la moderación. Pero el cambio de gabinete fue noticia más por la imprudente forma de anunciarlo en un programa de televisión y el incumplimiento del plazo de 72 horas autoimpuesto por Bachelet que por el nuevo elenco de ministros. El traspié del nuevo gabinete resultó en un nuevo ajuste menos de un mes después. Los motivos que muchos tuvieron para celebrar el ajuste se diluyeron en la medida que la llegada de Jorge Burgos a Interior y de Rodrigo Valdés a Hacienda no constituyó el certero golpe de timón por el que clamaban algunos de los propios partidos que forman parte de la Nueva Mayoría.
El gobierno de Bachelet ha intentado varias veces dar señal de un cambio de giro y un nuevo comienzo. Por lo menos tres veces, los equipos creativos del gobierno han usado el concepto del segundo tiempo para señalar que ahora las cosas comenzarán a ser diferentes.
El más reciente de los falsos relanzamientos fue el cónclave del 3 de agosto. Los equipos comunicacionales se encargaron de alimentar expectativas sobre los resultados que produciría el cónclave. Por eso, cuando el evento finalmente se realizó, cundió la decepción. Tanto los que esperaban una renovación del compromiso de Bachelet con su programa de gobierno así como los que creían que ahora la Mandataria finalmente iba a dejar en claro que se corregía el rumbo hacia posiciones más moderadas, los asistentes al cónclave salieron tan confundidos como decepcionados. Bachelet no dio señales claras ni para los radicales ni para los moderados. Su discurso fue tan ambiguo que todos salieron con las interpretaciones que quisieron. Pero todos también confirmaron que el problema del gobierno es que mientras más claras están las opciones, más indecisa aparece la Presidenta sobre cuál será la hoja de ruta a seguir.
En este contexto de incertidumbre, ambigüedad y mensajes contradictorios, el ministro del Interior, Jorge Burgos, decidió emprenderlas contra los articulistas. No es la primera vez que el sereno Burgos se sale de sus casillas. Su destemplada crítica al primer cacerolazo contra la delincuencia a comienzos de julio —cuando cuestionó a los manifestantes por supuestamente no haber sido igualmente enfáticos en manifestarse contra la dictadura— alimenta los rumores de que el hombre fuerte del PDC en el gabinete ya está frustrado con las indecisiones de la Presidenta. Pero en vez de ofuscarse, Burgos debiera simplemente, haciéndose cargo del hecho que la Presidenta no corta el queque, tomar las riendas del timón de este barco y señalar una dirección. Es mucho mejor canalizar la frustración en acciones concretas que salir a dispararle a los mensajeros que traen las malas nuevas de que el gobierno sigue paralizado.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La lucha entre autocomplacientes y autoflagelantes de la Concertación es un juego de niños al lado de la pelea entre moderados o gradualistas, y exaltados o refundacionales en la Nueva Mayoría. Lo curioso es que esta confrontación no se explica necesariamente por el PC, que poco a poco ha cultivado cierta relación de respeto con el PDC luego de las desubicadas declaraciones del embajador Contreras. La tensión más fuerte está entre el PDC y parte importante de un partido inorgánico como el PPD, y el ala más recalcitrante del PS que busca, a toda costa, imprimir más presión sobre un gobierno saturado de reformas y con evidentes problemas para mejorar el desempeño económico del país. Insistir con una Asamblea Constituyente a estas alturas, es echar bencina a un bosque en llamas. Lo más razonable -claramente- es que esa Nueva Constitución sea elaborada por el próximo congreso electo con un sistema electoral distinto. Chile es reconocido por respetar sus instituciones que, buenas o malas, funcionan.
La exaltación de la izquierda no encuentra límites aún. Cuando Bachelet ganó la presidencial, no fueron pocos los que afirmaron -sin ninguna evidencia empírica por cierto- que Chile avanzaba hacia un “nuevo ciclo”. En un artículo que publiqué en Qué Pasa en marzo de 2014 sostuve que no había antecedentes serios para afirmar algo así. Era errado el diagnóstico de la politización, polarización y refundación. Es más, la reciente encuesta de la consultora Subjetiva arroja resultados más lapidarios. Una de sus preguntas dice: “Si imagináramos que Chile fuese una casa. Según su opinión, ¿qué deberíamos hacer con ella?” Los datos son irrefutables, pues sólo el 25% apoya la opción “derribarla y construirla de nuevo” (es decir, la retoexcavadora), mientras el resto de los encuestados (casi el 75%) se inclina por “repararla sólo donde se necesite” o “ampliarla y hacerla crecer”.
Por tanto, el error de origen del gobierno fue confundir un fuerte dolor de estómago con un cáncer gástrico. Al hacer un tratamiento para el cáncer gástrico y no para el dolor de estómago, en lugar de morigerar el malestar, lo profundizó. Las promesas desmedidas -en las que todo los partidos de la NM son responsables- y la falta de visión para sopesar los efectos de la desaceleración, dejaron casi en ridículo a los intelectuales que defendieron la tesis del cáncer gástrico y a los técnicos que avalaron promesas imposibles de cumplir en un ambiente económico adverso del que no tuvieron noticias hasta que se gatilló la crisis. Es decir, nula capacidad para anticiparse.
Los errores imperdonables de intelectuales y técnicos nos tienen -como país- en una situación extraordinariamente compleja. Probablemente, los líderes de izquierda de la NM pensaron que el 62% de Bachelet en la segunda vuelta era sinónimo de un apoyo avasallador al programa. Sin embargo, los votos que obtuvo Bachelet en esa segunda vuelta equivalieron al 25% de toda la población en edad de votar. Frente a esa idea maximalista del poder total, lo único que funcionó como oposición interna a la fiebre reformista fueron los “matices” de Ignacio Walker y la cocina de Zaldívar, quienes se ganaron el encono de sus socios de pacto.
Hoy es muy difícil que un Presidente con el 25% de aprobación logre disciplinar a sus congresistas. Comprensiblemente, cada diputado o senador diseñará una estrategia propia que le garantice la reelección en un par de años. No es buen negocio aparecer junto a un gobierno aún aturdido por la desaceleración, los escándalos y la fractura interna entre moderados y refundacionales. Por tanto, es muy probable que sigamos asistiendo a eventos de indisciplina, los que serán más evidentes al finalizar el gobierno y tener a la vista las próximas elecciones. La NM ha pasado de ser la antigua familia disfuncional, a una familia de trincheras. Sin embargo, por ahora se ve muy difícil que se produzca una fractura formal. Ni el PDC ni el PC se van a salir de la coalición al menos hasta después de la municipal. Ahí deben coordinarse para nominar un candidato a alcalde. Además, los costos por salirse son altísimos. Abandonar un gobierno implica que todos los militantes deban dejar sus cargos.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Aunque la visita de Andrés Velasco a La Moneda ha llevado a muchos a sugerir que el gobierno está dando señales de querer volver al sendero de la gradualidad y de una política de desarrollo basada en la promoción de los mercados competitivos, el comportamiento de La Moneda parece indicar que se trata más bien de un affaire casual de poca duración que no constituye un abandono de la vocación fundacional que sustenta al primer gobierno de la Nueva Mayoría. Aunque Bachelet recuerde que su popularidad era mucho más alta cuando Velasco dirigía las finanzas públicas, la Presidenta eligió una opción de gobierno distinta en 2013 y parece improbable, pese a la crisis por la que ahora atraviesa, que quiera volver al estilo y la hoja de ruta que marcaron su primer gobierno.
En la jerga juvenil chilena, un remember es un affaire de corta duración y sin proyección a futuro con una ex pareja. A diferencia de una aventura pasajera con alguien desconocido —un one night stand—, los remember tienen la garantía de saber en lo que se está metiendo uno, aunque también involucran el riesgo de recaer en lo que alguna vez fue mucho más intenso. Como donde hubo fuego, cenizas quedan, los remembers a veces llevan a los involucrados —o a sus amigos interesados en restaurar el viejo orden— a ilusionarse con que las cosas podrán volver a ser como antes. Pero cuando ha pasado mucha agua bajo el puente, losremembers solo confirman que ya es demasiado tarde para retomar lo que alguna vez produjo alegría, satisfacción y expectativas de futuro.
El gobierno de Bachelet fue demasiado lejos en su intento por cumplir sus irreales promesas electorales. Demostrando una urgencia que rayó en la irreflexión, La Moneda impulsó en 2014 una ambiciosa pero mal diseñada reforma tributaria que se justificó con el argumento de que era necesaria para financiar la gratuidad universitaria. Un año después, las debilidades en el diseño de la reforma se han hecho evidentes. El propio gobierno se ha abierto a corregir la reforma con una nueva ley. Eso inevitablemente abrirá nuevamente el debate tributario. Por un lado, algunos alegarán que se necesita más dinero para financiar la gratuidad, cuestión que ahora aparece como innegable. Por otro, razonablemente también, otros pedirán eliminar una serie de nuevos tributos que golpean fundamentalmente a la clase media. Como el gobierno anunció que la reforma la pagarían los poderosos de siempre, parece justificado exigirle a Bachelet que elimine aquellos aspectos de la reforma que pegan directamente a la clase media.
Abundan los ejemplos de promesas incumplidas (e incumplibles) y políticas mal diseñadas por este gobierno. A menos de tres meses de tener que presentar la ley de presupuesto, el gobierno no sabe cómo cuadrar el círculo para cumplir su promesa de empezar la educación gratuita en 2016 para el 60% de menos ingresos en las universidades del CRUCH. Además, no hay justificación moral para excluir a alumnos de bajos ingresos que, por no tener puntaje suficiente en la PSU, asisten a universidades privadas no adscritas al CRUCH. No hay razón para dar gratuidad a un alumno matriculado en la PUC y excluir a uno de la Universidad Silva Henríquez. Ambas universidades son católicas, sin fines de lucro. Pero una es del CRUCH mientras que la otra tiene muchos más alumnos que provienen de familias de menos ingresos.
El gobierno enfrenta similares problemas para cumplir con sus promesas de mejorar el acceso a salud pública de calidad, mejorar la calidad de la educación, mejorar las pensiones y —como si todo eso fuera poco— promulgar una nueva constitución.
La realidad del gobierno hoy es muy distinta a cuando Velasco era ministro. Entre esos años y ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. El divorcio entre Bachelet y Velasco fue doloroso. Pero fue de mutuo acuerdo. Aunque ambos fueron respetuosos de lo que construyeron juntos, en los círculos cercanos corrió sangre y se dinamitaron puentes. Es verdad que el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es cercano a Velasco y ha dado señales de querer reproducir el modelo que ayudó al éxito de Bachelet en el primer gobierno. Pero aquellos que entonces fueron desplazados por Velasco tienen hoy más poder e influencia.
La Presidenta Bachelet invirtió demasiado capital político en construir la Nueva Mayoría —más roja y fundacional que la Concertación— como para dejarla botada ahora y volver al modelo de su primer gobierno. Ya hay demasiados compromisos, obligaciones, promesas —hijos de por medio—, como para transformar el rememberen una relación permanente y con proyección de futuro. Por lo tanto, por más que la presencia de Velasco en La Moneda entusiasme a los que añoran la hoja de ruta amigable con el mercado que privilegió Bachelet en su primer gobierno, es improbable que este gobierno vaya a realizar un golpe de timón que lleve a Bachelet a abandonar a la Nueva Mayoría para volver con la Concertación.
Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.
Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.
El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.
Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.
Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina. Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.
Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.
Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.
Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.
El Observatorio Político-Electoral de la UDP ya suma 35 publicaciones indexadas en el catálogo ISI-Thomson Reuters, que agrupa a las revistas más prestigiosas de cada área. Varios de estos trabajos han sido escritos junto a alumnos y ex alumnos de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, al igual que con politólogos de otras instituciones. El Observatorio Político-Electoral, además, prepara la edición de su cuarto libro titulado “La elecciones de 2013. El año de Bachelet”. A continuación se muestran las publicaciones más recientes del Observatorio.
Barrueto, Felipe y Patricio Navia. 2015. “Evolución de las preferencias políticas y de políticas públicas entre el sector popular y el resto de la sociedad chilena entre 1990 y 2012” Perfiles Latinoamericanos Vol 23 (46) (julio-diciembre), por aparecer.
Bunker, Kenneth y Patricio Navia. 2015. “Incumbency Advantage and Tenure Length in the Chilean Chamber of Deputies, 1989-2009” Revista de Ciencia Política, por aparecer.
Cantillana, Carlos; Gonzalo Contreras y Mauricio Morales. 2015. “Elecciones primarias y personalización de la política. El caso de las elecciones locales en Chile 2012”, Revista de Ciencia Política, por aparecer.
Contreras, Gonzalo; Alfredo Joignant y Mauricio Morales. 2015. “The Return of Censitary Suffrage?. The effects of automatic voter registration and voluntary voting in Chile”, Democratization (http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2014.986720).
Gamboa, Ricardo y Mauricio Morales. 2015. “Deciding on the Electoral System: Adoption of the Proportional System in Chile in 1925”, Latin American Politics & Society, por aparecer.
Morales, Mauricio. 2014. “Congruencia programática entre partidos y votantes en Chile”, Perfiles Latinoamericanos 44 (julio-diciembre): 59-90.
Morales, Mauricio. 2015: “Debut y despedida. La derecha chilena en las elecciones presidenciales 2013”, Estudios Políticos 168 (abril-junio), por aparecer.
Navia, Patricio y Rodrigo Osorio. 2015. “El Mercurio lies and La Tercera lies even more. Political Bias in Newspaper Headlines in Chile, 1994-2010” Bulletin of Latin American Research, por aparecer.
Navia, Patricio y José Luis Saldaña. 2015. “Mis-coordination and Political Misalignments in Ticket-Splitting: the Case of Chile, 2005–2009”, Contemporary Politics (2015) DOI: 10.1080/13569775.2015.1014174.
Navia, Patricio & Rodrigo Osorio. “Evaluando viejos supuestos. Las encuestas de opinión pública en Chile antes de 1973” Latin American Research Review Vol 50.1 (Spring) 2015, pp. 117-139. (Refereed, ISI).
La última encuesta Adimark muestra un deterioro en la evaluación de la Presidenta, pero un notable sostenimiento de los atributos. Aunque la medición de febrero no captura en su total magnitud la crisis del “Primer Damo”, de todas formas no deja de sorprender la fuerza de sus atributos personales, exceptuando la capacidad para enfrentar situaciones de crisis. El descalabro anunciado por varios no se produjo al menos en esta medición. En un febrero normal, eso sí, la aprobación debió aumentar significativamente.
Las razones del descenso son múltiples. Primero, la encuesta fue administrada en febrero. Seguramente, el error muestral reportado por la empresa es muy inferior al error real. Esto, por el eventual incremento en las tasas de reemplazo. Adimark no reporta esas tasas, pero es presumible que en febrero hayan aumentado sustantivamente. Segundo, la política no es un tema de gran interés para los chilenos, y menos en un período estival. Tercero, el caso del “Primer Damo” ha causado daños, pero con Penta encima la situación pudo neutralizarse. Dado que en la opinión pública ya está instalada la sensación de empate, Caval sólo vino a confirmar la tesis de que la trampa corre parejo de izquierda a derecha. En cuarto lugar, es posible que los chilenos vean en Bachelet a la madre traicionada por su hijo, quien desobedeció los consejos y valores inculcados en el seno familiar. Sería feo culpar a la madre de las ambiciones económicas de su primogénito cuando, en realidad, su vocación está efectivamente por los más pobres. Al menos, eso ha demostrado. Quinto, es probable que los encuestados piensen que la lenta reacción del gobierno no fue por negligencia de Bachelet, sino que del equipo político. La encuesta muestra que la caída en la evaluación es más fuerte en Peñailillo, Gómez y Elizalde. Ellos fueron al sacrificio y se inmolaron por la Presidenta.
Lo anterior conduce a una cierta paradoja. El estar cerca de Michelle no es garantía de popularidad cuando ella está encumbrada en las encuestas, pero sí de menoscabo cuando se está en problemas. En otras palabras, la Presidenta suma para sí misma, sin transferir esa popularidad a alguno de sus escuderos o eventuales herederos. Frei Ruiz-Tagle sabe de esto. Pero cuando sus apoyos se debilitan, traspasa ese déficit a su equipo.
En otras palabras, Bachelet monopoliza la cosecha en tiempos de bonanza, y distribuye las pérdidas en su entorno cuando la cosa anda mal. Al parecer, los chilenos son particularmente puntillosos al momento de distinguir a Bachelet del gobierno, de los partidos e incluso de su propio hijo.
Otra noticia importante de Adimark es el 45% de quienes se identifican con el gobierno y el 25% que lo hace por la oposición. Frecuentemente esta pregunta es pasada por alto, pero en realidad implica el colchón de apoyo que tiene una administración. Una cosa es “evaluar” a un gobierno, y otra “identificarse” con el mismo. La evaluación implica un juicio, mientras que la identificación es una especie de huella o tatuaje. Perfectamente un ciudadano puede identificarse con un equipo de fútbol, y aún cuando evalúe mal su desempeño, será difícil que se cambie a otro, siendo legítimo criticar su esquema de juego.
Aún es muy temprano para evaluar si el caso del “Primer Damo” tendrá efectos más negativos y duraderos que el Transantiago, pero claramente son dos momentos que marcarán las gestiones de la mandataria. Debe ser difícil para Bachelet entender que todos sus atributos superen el 50% de evaluación positiva en un escenario complejo. Y le debe generar impotencia no poder traspasar esa popularidad a su propio gobierno, viendo cómo su entorno se deprime mientras ella sale prácticamente inmune. Las próximas encuestas mostrarán si el chaleco antibalas de Bachelet sigue tan fuerte como hasta ahora, o si definitivamente todo se va por el despeñadero.
En tanto ambos escándalos han dominado la agenda política en lo que va de este año, y también han golpeado la ya baja credibilidad de la Alianza y de la Nueva Mayoría, los escándalos de Caval y Penta son comparables. Si bien el caso Penta tiene más aristas, involucra más gente y tiene más potenciales ramificaciones legales y tributarias, el caso Caval golpea más directamente la razón de ser de la coalición involucrada y toca mucho más de cerca al centro del poder de esa coalición.
Si Penta y Caval pudieran ser entendidos como terremotos, el escándalo Penta ha tenido más réplicas y ha causado más daño en una superficie sustancialmente mayor. El sismo Caval fue de menor duración y golpeó con fuerza una zona muy reducida, pero muy importante. Tal como si un sismo solo dejara inutilizadas las principales minas de cobre del país —sin afectar al resto del territorio—, el escándalo de Caval ha paralizado a la coalición de gobierno.
En ambos casos, la reacción del liderazgo político en los sectores involucrados empeoró la situación. En la UDI, precisamente por la cercanía de la mesa directiva actual al ex senador Jovino Novoa —y por la relación familiar del Presidente de la UDI con uno de los socios controladores de Penta—, el escándalo terminó por enlodar a todo el partido. Si bien hay muchos legisladores UDI en el Congreso, alcaldes, CORES y concejales que no tienen nada que ver con Penta, la forma en que la directiva abordó la crisis ha dejado instalada la idea de que la UDI era una empresa más del holding Penta. Ahora que se retome el proceso judicial, la decisión de no separar aguas entre el partido y los involucrados en el escándalo hará que el partido más importante de Chile haga noticia producto de las múltiples aristas del caso Penta más que por su compromiso declarado por convertirse en paladín de la clase media y de los sectores populares.
El caso Penta le pegó fuerte a la derecha. Pero antes del golpe, la derecha ya estaba en el piso producto de la derrota electoral de 2013. En las semanas anteriores a que estallara el escándalo, la Alianza —y en particular la UDI— había encontrado una posible vía de recuperación en la defensa de los intereses de la clase media que aparecía crecientemente dudosa de los efectos que tendrá la reforma educacional que promueve Bachelet. Pero el caso Penta dejó meridianamente claro —en buena medida porque la directiva del partido así lo permitió— que la UDI estaba más preocupada de defender los intereses del empresariado que provee el financiamiento que de la gente que vota por el partido. El caso Penta ha dificultado la reconstrucción política de la derecha. Pero en tanto hay políticos de derecha que no tienen nada que ver con el escándalo, y en tanto las reformas de Bachelet han alienado a una buena parte de la clase media, sigue vigente la oportunidad para que la derecha se reinvente a partir del liderazgos de personas que no estén asociadas con el escándalo. Es más, incluso si la propia UDI finalmente se decide a sacrificar a los políticos más directamente involucrados en el escándalo, el daño para el partido será más acotado.
El escándalo Caval, en cambio, ha producido mayores estragos porque golpeó duramente a una coalición que venía volando alto. Después de promulgar importantes reformas en enero, la Nueva Mayoría experimentó una caída libre en febrero a partir de las revelaciones sobre el Nueragate. Como el gobierno no supo responder a tiempo, el daño se extendió más allá de lo que era necesario. La tardía respuesta de Bachelet tampoco fue exitosa. La mayoría de los chilenos no le creyó a la Presidenta cuando ella dio su explicación e intentó buscar la simpatía popular en su rol de madre. Además, y esto el gobierno nunca pareció entenderlo, el escándalo Caval golpeaba a la líder más importante de la coalición en su dimensión más personal. El mensaje de lucha contra la desigualdad y el abuso se vio severamente cuestionado por la forma en que el hijo de la Presidenta lucró gracias a su posición de privilegio. Como Bachelet se resistió a pedirle la renuncia —pero después declaró que ella había tomado decisiones difíciles—, la propia Presidenta terminó infligiéndose una herida profunda en su credibilidad y cercanía. A diferencia de la derecha, la Nueva Mayoría no puede extirparse el tumor Caval. Es más, mientras más tiempo pasa, más complejo se ve el escenario para el gobierno.
Evidentemente, las implicancias legales y judiciales del caso Penta exceden por amplio margen a las del caso Caval. Pero las implicaciones políticas de ambos escándalos son comparables. Es más, porque fue un error no forzado, porque llegó cuando la coalición volaba más alto y porque afecta directamente a la familia presidencial y golpea la credibilidad del principal mensaje del gobierno —y por lo tanto dificulta su capacidad para materializar sus promesas—, el caso Caval ha dolido mucho más en la Nueva Mayoría de lo que dolió el escándalo Penta en la derecha.
Modesto Gayo
Publicado el 2 de septiembre de 2014 por El Dínamo
Nuevamente, dando muestras de una gran habilidad política, los estudiantes han comenzado a dar claras señales de distanciamiento con respecto a la forma que está comenzando a adoptar la reforma educativa comandada por el Mineduc y su actual ministro, Nicolás Eyzaguirre, de cuya significativa sonrisa inicial ya sólo va quedando una mueca sin significado alguno.
Como la Presidenta Bachelet sigue sin hablar, lo que todos pensamos que era una estrategia primero de imagen y posteriormente de campaña, se ha convertido finalmente en una forma de gobernar. Siendo así, esta languidez del Gobierno frente a un tema tan determinante, se ha venido a sumar a sus múltiples detractores y enemigos.
Las voces discordantes se han multiplicado y han incluso aparecido en lugares inesperados. A este respecto, las dudas y los negocios de la DC eran conocidos, y no ha sorprendido particularmente su ambigüedad durante todo el proceso. Por el contrario, ha sido más abrupta la irrupción de Ricardo Lagos Escobar, pidiendo, ante los empresarios, que “se pongan los pantalones” en el Gobierno, lo que podría venir a sugerir que un gobierno de faldas es por naturaleza ineficaz.
El guitarrista con alcurnia que parecía llamado a convertirse en el ministro más importante de la segunda transición en Chile, va perdiendo su desparpajo, su capacidad para sorprender, el prestigio de haber sido alguna vez ministro de Hacienda, y sobre todo va perdiendo su audiencia, lo que pudiera llegar a convertir las conversaciones futuras en una forma de predicar en el desierto o hablarle a las paredes. En otras palabras, sin estudiantes no hay diálogo posible, y, quizás más grave, sin ellos no habrá apoyo político alguno.
Como todo político, Eyzaguirre entendió que incluyendo a su contraparte más líquida evitaba recorrer un camino en el que finalmente no hubiese nadie esperando. Pero los estudiantes, muy astutos a estas alturas, evitando enrollarse en la madeja gubernamental, decidieron que su participación no debiera concluir en el punto en que el ministerio decidiese terminar con dichas conversaciones.
Los estudiantes saben que lo importante es el contenido de la reforma. Dejar en este punto el proyecto significa que las decisiones finales, ya sin ellos, se adoptarán en el Ministerio y, posteriormente, que áquel será deglutido por el Parlamento. Además, las leyes hay que interpretarlas y hacerlas cumplir de manera cabal. Dejar a estas alturas la reforma educativa, es abandonar a su suerte un proyecto plagado de enemigos, y éstos son tanto aliancistas como concertacionistas. Si el ministro tiene un compromiso real con las reformas, más le valdría dejar abierta la colaboración con los estudiantes, los únicos que de verdad parecen creer en ella.