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  1. Ley de partidos: argumentos impopulares

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Al ser parte del proceso, concluyo que si bien en un principio tuve sospechas del proyecto original, los legisladores fueron haciendo modificaciones que terminaron con una mejor institución.

    Me tocó participar muy activamente en el proceso de reforma al sistema electoral binominal. Fue un trabajo académico y político. Junto al grupo de asesores del ministro Peñailillo, poco a poco se fue generando un discurso común. Si bien en un principio tuve sospechas del proyecto original, los legisladores fueron haciendo modificaciones que terminaron con una mejor institución. Por ejemplo, en un principio se sugería que las listas pudieran presentar el doble de candidatos por distrito. En un distrito que repartiera seis escaños, las listas podrían competir con 12 candidatos. Eso, a mi juicio, era un exceso. Al final, se acordó el mecanismo de “M+1”. Es decir, las listas podían presentar un candidato adicional según el número de escaños a repartir por distrito.

    Lo más difícil de esa reforma fue la supresión de los subpactos entre partidos. Eso generó polémica dentro de la Nueva Mayoría, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Subrayo que en este proceso se escuchó la voz de expertos, académicos y, por cierto, de los legisladores. Por ningún motivo se les dejó fuera de la discusión, a pesar del desprestigio -bien ganado en algunos casos- en la opinión pública. Los presidentes y directivas de partidos fueron integrados al debate. Lo que quiero decir es que la reforma fue participativa y lentamente consensuada. No fue de un día para otro ni impuesta por la soberbia.

    En lo que sí estuve en total desacuerdo era en la rebaja en las barreras de entrada para formar partido. Si bien sirvió como moneda de cambio para obtener el apoyo de Amplitud, tal modificación iba en contra de una cuestión esencial: evitar la proliferación de partidos caudillistas y escasamente representativos. Al rebajar al 0.25% el número de firmas y permitir la constitución de partidos en una sola región, daba espacio para situaciones extremas. Por ejemplo, que en Aysén un partido pudiera constituirse con 94 firmas, o en Arica y Parinacota con 178. ¿Cuáles serían los efectos de una reforma así? Claro está que generaba incentivos para la emergencia de nuevos partidos, pero también para la fractura de algunos. Un grupo de militantes podría salirse de su partido, formar otro, presentar candidatos, abultar exageradamente las papeletas de votación, y aumentar los costos de información para el votante. En lugar de estimular la unión de los partidos, tal rebaja en las barreras de entrada generaría incentivos para la fractura. De haber aprobado esta normativa, Chile -en el contexto latinoamericano- habría quedado como uno de los sistemas más permisivos para la constitución de partidos.

    En cuanto a las leyes de cuota, siempre estuve de acuerdo, en especial con su vigencia temporal. Hoy se propone que dichas cuotas también apliquen para las dirigencias de los partidos. Según Geppal (Género y partidos políticos en América Latina), esta iniciativa es poco usual. Los países donde se implementan cuotas obligatorias -es decir, con sanciones en caso de que no se cumplan- son dos: Costa Rica y Honduras. En Costa Rica se exige una cuota del 50%, mientras que en Honduras es del 30%. En otros países como Uruguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú y Paraguay; esas cuotas existen, pero no hay sanción por incumplimiento. En promedio, las cuotas son del 37.5%. Lo que se propone en Chile es una cuota del 40%. Algunos partidos -que ya se sienten invadidos con la cuota de candidatas- se han manifestados dudosos. Incluso, en la base de militantes es usual encontrar opiniones cruzadas respecto al tema. En algunos casos, las mismas mujeres manifiestan la tensión entre la cuota y el mérito personal para acceder a candidaturas. ¿Qué sucederá si finalmente el Senado aprueba la cuota para dirigencias partidarias? Seguramente serán las mismas diputadas o senadoras las que deberán asumir esos cargos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Las legisladoras verían recargada su agenda de trabajo, pudiendo descuidar su distrito y hacer peligrar su re-elección. Dado que es un grupo de representantes menos voluminoso que el de los hombres, el trabajo partidario quedaría a cargo de muy pocas legisladoras.

    ¿Qué se podría hacer como medida alternativa? Si hay respaldo en el Senado para la cuota femenina en las dirigencias partidarias, sería razonable que ésta entrara en vigencia luego de las legislativas de 2017. ¿Por qué? Si efectivamente la cuota de candidatos funciona y hay más mujeres electas, entonces el trabajo partidario se podrá distribuir de manera más equitativa, equilibrando las funciones propias de las legisladoras con las funciones propias de su cargo como dirigente partidario.

    Ver columna aquí

  2. No todo es para celebrar

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    mauricio morales

     

     

     

     

     

     

     

    Mauricio Morales

    La reforma al sistema electoral y la ley de financiamiento van en la dirección correcta, aunque tienen un gran problema: para ambas aplicará una permisiva regulación para crear partidos. Al combinar las tres normas queda en evidencia que estamos legislando en contra de los intereses de la democracia.

    El martes pasado la Cámara de Diputados aprobó, en su último trámite legislativo, el fin del sistema binominal. Aunque la nueva fórmula electoral es ampliamente superior a la antigua, quedan algunas dudas respecto a las barreras de entrada para la inscripción de nuevos partidos. El sistema electoral que se acaba de aprobar ya es inclusivo, diseñando distritos que reparten entre 3 y 8 escaños, y circunscripciones que distribuyen entre 2 y 5 senadores. Por tanto, aumentan las posibilidades de que terceras fuerzas peleen al menos un cupo. En otras palabras, y como dirían algunos, este sistema será más “representativo”. Sin embargo, la nueva normativa insiste en un punto que, a mi juicio, debiese examinarse con mayor detención. Me refiero a la reducción en las barreras de entrada para formar partidos. Acá discuto dos puntos centrales. Primero, que los partidos puedan constituirse sólo en una región. Segundo, que el proceso de afiliación de miembros tenga menos exigencias que la legislación previa, pasando del 0,5% de las firmas al 0,25%.

    No suena muy razonable que se combine un sistema electoral permisivo, donde incluso las coaliciones pueden presentar un candidato adicional al número de cargos a repartir por distrito o circunscripción, con un incentivo demasiado alto para constituir nuevos partidos. Al igual como en las personas existe un colesterol bueno y un colesterol malo, también en la política hay una fragmentación buena y una fragmentación mala. La fragmentación buena es la que emerge de la competencia y de la vitalidad de los sistemas de partidos. El incremento de la oferta -tal como sugiere el nuevo sistema electoral- viene a corregir el carácter restrictivo del binominal, donde sólo competían dos candidatos por lista (a veces, uno). Por tanto, esa fragmentación buena se reproduce en ambientes de democracia saludable. Más que el número de partidos, lo que importa es la calidad de los mismos. La fragmentación mala, en cambio, es la que se cultiva con pequeños caudillos o caciques que, formando partidos, pueden llegar al Congreso a defender sus propios intereses y no necesariamente los de sus representados. Eventualmente, se transforman en agencias de chantaje más que en instituciones propiamente democráticas.

    que pasa cifras

    INCENTIVO PARA LA DEMOCRACIA
    ¿Cómo funcionaba el “sistema antiguo” y cómo funciona el “sistema nuevo” respecto a la creación de partidos? En la norma antigua, un partido podía constituirse en ocho regiones, o en tres que fueran territorialmente contiguas. Según el artículo 5 de la Ley de Partidos (18.603), para constituir un partido político sus organizadores deben ser a lo menos cien ciudadanos con derecho a sufragio y que no pertenezcan a otro partido existente o en formación. Luego de esto, los partidos procederían a la afiliación de sus miembros que, de acuerdo a la ley, debían representar el 0,5% del electorado que hubiera sufragado en la última elección de diputados. La nueva ley rebaja esa barrera al 0,25% y, más grave aún, permite que los partidos se constituyan en una sola región.

    La normativa, por tanto, estimulará innecesariamente lo que he denominado como fragmentación mala. El problema no es menor, sobre todo si pensamos en la nueva ley de financiamiento. La propuesta del gobierno-a grandes rasgos- establece un aporte fiscal sólo a aquellos partidos con representación parlamentaria. Parte de ese aporte es distribuido mediante una especie de fondo común, entregando una fracción mayor a los partidos nacionales que a los partidos regionales. Luego, otra parte del aporte se distribuye a prorrata de los votos obtenidos por cada partido. El incentivo es grande. Si bien estos partidos regionales podrían aspirar sólo a competir, la nueva legislación entrega facilidades de formación, mayores probabilidades de que logren un escaño y, de conseguirlo, acceder al financiamiento estatal. En el afán de alcanzar este objetivo, los partidos regionales bien podrían recurrir a caudillos o caciques de la zona para así asegurar representación y obtener recursos financieros. ¿Es eso lo que queremos para nuestra democracia? ¿Estamos dispuestos a hipotecar un sistema de partidos tradicional por otro excesivamente fragmentado? ¿No será que avanzamos demasiado rápido desde un sistema restrictivo como el binominal a otro exageradamente permisivo?

    Pero el problema no termina ahí. El proceso de afiliación de los nuevos partidos supone recolectar el 0,25% de las firmas, tomando como universo el total de votos emitidos en la última elección de diputados. ¿Qué sucedería si la participación continúa en retroceso? Claramente, esas barreras de acceso disminuirán. Por ejemplo, un partido podrá concluir su proceso de afiliación en Aysén recolectando 94 firmas, y alrededor de 200 en Magallanes y en Arica y Parinacota. Para Atacama la exigencia aumenta marginalmente a 248. La situación del Norte no deja de ser preocupante. Aún no tomamos conciencia de que ahí existe un subsistema de partidos. La fragmentación ha ido al alza por sobre el promedio nacional, mientras que la participación ha descendido más aceleradamente que en el resto de Chile. La combinación entre alta fragmentación y baja participación no es precisamente una buena noticia para la democracia. En otras palabras, lo que estaremos construyendo será un sistema donde el descenso de la participación favorezca la emergencia de nuevos partidos -pues se necesitarán menos firmas- y no viceversa, como supone una democracia de calidad.

    A mi juicio, el nuevo sistema electoral traerá, efectivamente, más competencia y mayor chance de representación para terceras fuerzas. Con eso es suficiente. Estimular partidos regionales no es el camino que Chile necesita. Nos pasamos de un extremo a otro. Es decir, desde la restricción del binominal, a un esquema demasiado permisivo. ¿Qué mensaje, además, les estamos dando a los representantes independientes? Muy sencillo: formen un partido. Esta tarea les será fácil pues recolectarán rápidamente las firmas y, por cierto, en caso de aprobarse la ley de financiamiento, podrán acceder a recursos fiscales.

    Los diseños institucionales muchas veces fracasan por normativas que aparentan ser inocuas, pero que terminan dañando la democracia. La reforma al sistema electoral y la ley de financiamiento van en la dirección correcta. El problema es que para ambas aplicará esta nueva normativa de creación de partidos. Frente a un sistema electoral más representativo, con una ley de financiamiento de partidos adecuada, pero con demasiados incentivos para la pululación de nuevos partidos, es muy probable que estemos legislando en contra de los intereses de la democracia.

    Ver artículo completo en Revista Qué Pasa

  3. El análisis al cambio del binominal

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    Luego de una larga jornada, el Senado aprobó la reforma que sustituye el sistema binominal por uno proporcional inclusivo. La iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por la oposición, al punto que miembros de la UDI anunciaron un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

    En conversación con CNN Chile el director del OBPE UDP, Mauricio Morales, realizó el análisis al debate en general y particular se extendió por más de 21 horas en la Cámara, donde en definitiva de cambiará el distritaje y aumentará a 155 el  número de diputados y a 50 el de senadores.

    VIDEO: Entrevista  Mauricio Morales en CNN Chile

  4. Conoce las características del nuevo sistema electoral aprobado por el Senado

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    mauricio moralesEste miércoles, el Senado aprobó en particular despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma al sistema electoral binominal.

    Ahora será un método más proporcional que creará mayor competencia, oferta y participación de la gente según el Gobierno.

    Aumentará la cantidad de candidatos que serán elegidos, la Cámara de Diputados de 120 a 155 y el Senado lo hará de 38 a 50. Se fusionarán distritos y habrán detres a ocho candidatos más electos dependiendo de la región.

    Las principales aristas de este sistema electoral, las podrás revisar en la explicación del Director del Observatorio Político  Electoral de la UDP Mauricio Morales.

    VIDEO: Entrevista a Mauricio Morales sobre Reforma al Sistema electoral binominal en 24 Horas Central.

  5. Ejercicio de la mayoría

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    claudio fuentes

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    LA OPOSICION enfrentaba el siguiente dilema estratégico: o se sumaba a la propuesta de gobierno para intentar incidir en la forma que adquiriría la reforma electoral, o se excluía y observaba su aprobación desde la galería. El gobierno se esmeró en coordinar sus votos, obtener una mayoría especial en ambas cámaras y aprobar el proyecto. Hace unas semanas la UDI y RN sabían del escenario que enfrentaban y, sin embargo, decidieron que su mejor opción política era no participar del acuerdo.

    Lo anterior no se llama aplanadora. Es el ejercicio de la mayoría. Se trata de una práctica a la que no estábamos acostumbrados porque durante 25 años ninguna de las dos principales coaliciones tuvo la supremacía. Pero hoy, con un Congreso mayoritario de gobierno y con actores clave de la derecha, se materializó el principio democrático asociado a que las mayorías mandan.

    La respuesta de la oposición-algo ingenua a mi juicio-ha sido cuestionar aspectos sustantivos de la norma aprobada. Sostienen que se trata de un “traje a la medida” de la coalición gobernante. Pero esta crítica es pertinente para cualquier norma que se aprueba en el Congreso, pues toda legislación es fruto de la negociación de intereses. En política, todo es un traje a la medida.

    El sistema electoral en esencia es un traje a la medida de la correlación de fuerzas en el poder, al momento de ser definido. ¿Por qué la Alianza no denunció al general Pinochet por definir un traje a la medida con el binominal? ¿Por qué la derecha se negó a firmar un acuerdo político para cambiarlo durante 25 años? La respuesta es simple: no le interesó el cambio porque era un traje “a su medida”. El resultado político que vemos no es otra cosa que la expresión de la correlación de poder, el pragmatismo y la decisión del Ejecutivo de priorizar esta reforma.

    Se dice también que esta norma afecta la igualdad del voto al verse favorecidos determinados distritos y circunscripciones, por lo que sería inconstitucional. El mismo argumento-pero con más fuerza-pudo esgrimirse en torno al binominal. Pero nunca vimos a ningún partido desfilar ante el Tribunal Constitucional argumentando que el principio de un voto un escaño no se cumplía con el binominal. ¿Por qué no? Porque en la definición de escaños se tiene en cuenta la proporcionalidad en relación a la cantidad de electores, y otras variables como la representación de regiones y, ahora, de mujeres. El TC debiese aprobar esta norma pues de hecho mejora el principio de igualdad del voto, en relación al sistema actual.

    La reforma es expresión de los intereses actuales. Nada más. Veremos mejorada la representación, algo más de competencia y mayor número de mujeres candidatas. Deberemos observar cuidadosamente el impacto que ésta y otras reformas tendrán en las dinámicas políticas, pues facilitar en demasía la formación de partidos estimulará la fragmentación política. Asimismo, tener muchos más candidatos y en listas abiertas fomentará tendencias clientelares. De ahí que la reforma a los partidos y al financiamiento será esencial en lo inmediato.

    Ver columna en La Tercera.

  6. Binominal: el problema no son las cuotas, es el poder

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    Claudio Fuentes

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    Ver columna original de El Mostrador aquí.

    La representación de mujeres en el Congreso Nacional constituye a todas luces un hecho bochornoso para el país si se observan otros sistemas democráticos en el mundo. No se condice su nivel de desarrollo y la presencia de mujeres en altas posiciones de poder, incluyendo su Presidenta, con esta presencia inferior a la media latinoamericana. Por esta razón, parece muy acertada la decisión del gobierno de proponer un sistema transitorio de cuotas en el sistema electoral, de modo de incentivar la presencia de mujeres en puestos de representación popular.

    La duda que queda es si los mecanismos propuestos lograrán el objetivo esperado (más mujeres en el Congreso). Y aquí es donde la letra chica de las propuestas y contrapropuestas afecta al eventual resultado. La propuesta original del Ejecutivo establece que, en la nómina total de postulantes al Congreso, los partidos debían cumplir con el requisito de que ningún sexo estuviese representado por sobre el 60% ni por debajo del 40% del total. Se trata de una norma transitoria, que sería aplicable a las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029. Además, se contemplaba un incentivo extraordinario para los partidos políticos de 500 UF (unos $12 millones) por cada candidata electa.

    Como el sistema electoral propuesto es con listas abiertas (uno vota por un candidato o candidata dentro de la lista), y como los partidos podrían cumplir con el requisito de la cuota colocando a mujeres en distritos menos competitivos para ellos, entonces el gobierno decidió poner un incentivo extra a los partidos (las 500 UF), a fin de promover que las tiendas políticas optaran por mujeres para distritos donde tuvieran efectivas posibilidades de ganar.

    Varios legisladores e invitados(as) a la Comisión de Constitución de la Cámara advirtieron problemas en esta propuesta. Se sostuvo que el incentivo económico estaba mal utilizado. Primero, se trata de un recurso totalmente marginal en el contexto de lo que los partidos necesitan para financiar campañas políticas, por lo que en la práctica no constituye un verdadero incentivo. Segundo, el problema no lo tienen tanto las mujeres electas sino las candidatas que desean competir por un cupo legislativo. Tercero, el incentivo debiese dirigirse directamente a las mujeres que compiten y no tanto a los partidos que las apoyan.

    El Ejecutivo, entonces, modificó su parecer. Entregaría 200 UF a los partidos a que pertenecieran las mujeres electas y 300 UF para las candidatas electas. Esto no sería un “bono extra”, sino que un monto de recursos que permitiría pagar los gastos electorales efectuados por las candidatas.

    Como esta segunda propuesta tampoco convencía a muchos, el Ejecutivo finalmente se comprometió a mantener la idea original (las 500 UF) y estudiar una nueva propuesta de entregar a todas las candidatas un monto de recursos del Estado algo superior a lo que actualmente les entrega a los hombres por voto obtenido. En este escenario, si un candidato recibe $700 por voto obtenido, una candidata recibiría $1.000. Esta propuesta estaría mucho más en sintonía con la idea de igualar la cancha de competencia, porque sabemos que el problema está en el punto de partida. Ahora bien, tal cual demuestran los estudios del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, quienes enfrentan mayores inconvenientes para competir son las desafiantes y no tanto las incumbentes mujeres. Una propuesta que atienda verdaderamente a la desigualdad de oportunidades de competencia debiese colocar especial atención en las candidatas desafiantes. A ellas hay que apoyarlas.

    Otro problema es que el sistema de cuotas está pensado para el conjunto de candidaturas por partido, siempre y cuando no haga primarias. Si un partido realiza primarias, entonces aquellas candidaturas no debiesen regirse por la disposición de las cuotas. Aquí enfrentamos otro problema: como el incentivo por candidata electa es muy bajo (500 UF), los partidos seguramente no modificarán su conducta anterior y seguirán privilegiando colocar hombres (usualmente incumbentes) en distritos donde les resulte probable obtener un triunfo. Además, si esos partidos establecen primarias, quedarían fuera del requisito de establecer cuotas.

    ¿Cuál es la solución? Los países que han avanzado decididamente en la inclusión de mujeres en el sistema político han tomado acciones decididas y eso es lo que falta en Chile. Se requiere de un esfuerzo comprehensivo, coherente y multinivel para estimular la participación de mujeres en espacios públicos y privados. Ello implica acciones como reforma a la ley de partidos y ley de primarias para incorporar cuotas obligatorias en las distintas posiciones de poder; reforma a la ley de financiamiento electoral para establecer instrumentos de apoyo efectivo a las mujeres candidatas; establecimiento de mecanismos de acción afirmativa en otros espacios del aparato público (tribunales, organismos autónomos, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, universidades, Banco Central, etc.); condicionamiento de licitaciones públicas a la presencia de mujeres en directorios de empresas que contraten servicios con el Estado, etc.

    El problema no es sólo la ausencia de mujeres en el Congreso Nacional, el problema es la ausencia de mujeres en posiciones de poder. La única manera de cambiar esto es mediante una revisión comprehensiva de los distintos cuerpos legislativos, con el fin de transformar aquellas relaciones de poder. El problema no es la cuota, el problema es la desigualdad en el acceso al poder.

  7. Académicos UDP analizan reforma al Binominal en Comisión de Diputados

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    El pasado 31 de Julio, los investigadores ICSO y académicos de la Escuela de Ciencia Política UDP, Claudio Fuentes Saavedra y Mauricio Morales, fueron invitados a participar de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de la República, con el fin de entregar su opinión sobre los dos proyectos en discusión (uno presentado por el gobierno y otro por un grupo de senadores de RN, PDC, PS y PPD).

    En su presentación, el profesor Claudio Fuentes S. señaló, entre otros argumentos, que ambos proyectos planteaban objetivos demasiado amplios. “Tal cual están planteadas, estas propuestas resolverían moderadamente temas de competencia y proporcionalidad. Sin embargo, no implica que este cambio vaya a afectar la participación ciudadana, resolver temas del debate de ideas, o de legitimidad del sistema”, sostuvo el académico.

    Además, señaló que el principal problema de las reformas es que no se incorpora la proporcionalidad en el Senado. Al dejar intacto el Senado, con el binominal funcionando en la Cámara Alta, el profesor Fuentes anticipó un constante conflicto de poderes entre un Ejecutivo que eventualmente tendría mayoría en la Cámara baja pero no así en el Senado.

    El académico sostuvo que otro de los efectos sería un fuerte aumento del gasto de campañas,  por cuanto los territorios a cubrir por los candidatos se duplicarían o triplicarían. Finalmente, indicó que así como existe consenso en sobrerepresentar a ciertas regiones del país, de la misma manera el principio de la acción afirmativa que está operando debiese hacerse extensivo a otros ámbitos de la sociedad, donde se observan evidentes brechas de representación; en particular, una reforma con mayor proporcionalidad permitiría incluir cuotas para mujeres.  Finalmente, indicó que si las listas eran nominales, el número de candidatos aumentaría significativamente, lo que provocaría un problema de identificabilidad con el electorado.

    Por su parte, el profesor Mauricio Morales, luego de analizar el significado de los sistemas electorales y su importancia en la asignación de escaños, sostuvo que la propuesta de RN con algunos senadores de la oposición garantizaría para la Cámara, al menos, una mejor proporcionalidad (relación entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños) y una mayor competencia particularmente en los distritos que reparten cupos impares (en este caso, 3), y en aquellos que reparten cupos pares pero donde existe una tercera fuerza electoral razonablemente organizada.

    Al mismo tiempo, la propuesta corrige lo que se denomina sobre-representación distrital (malapportionment). Es decir, la relación entre la cantidad de población de cada distrito y el número de escaños que se le asigna. Sostuvo que “no sucede lo mismo en el Senado pues se mantiene el binominal. Sin embargo, bastaría con aumentar el número de escaños a repartir en el Senado, fusionar circunscripciones y, de esta manera, entregar mayor proporcionalidad en la elección de estos representantes”. En ese sentido, se mostró más favorable a la propuesta de reforma del senado que hizo el gobierno, y con mayor inclinación a la propuesta de la Cámara que hizo RN y otros senadores de oposición.

    Se adjuntan las presentaciones de los expositores en el Senado: