El académico de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes comentó ayer sobre las próximas elecciones parlamentarias en el programa El Diario de Cooperativa.
“La posibilidad que nuevos actores entren al Senado va a ser mucho más difícil. Hay regiones a nivel senatorial que van a ser importantes como Valparaíso, donde la senadora Allende podría ir en el PS, esa va a ser una circunscripción bien peleada”, aseguró Fuentes.
Fuentes enfatizó que “en la Cámara hay más asientos posibles de distribuir en varios distritos, por lo tanto es más probable que algunos grupos fuera de las dos grandes coaliciones que han dominado la política hasta hoy día entren el Congreso, por tanto seguramente vamos a tener más representantes del Frente Amplio, eventualmente alguno de Evópoli”.
Fernando García Naddaf, Director del Magíster en Política y Gobierno UDP.
252 expertos participan en la IX Cumbre Mundial de Comunicación Política en Buenos Aires. Entre los expositores estuvo el ex diplomático chileno y actual director del magíster de Política y Gobierno en la UDP, Fernando García Naddaf. Su conferencia fue “Construir agenda con redes sociales ¿se puede?, donde explicó el nuevo escenario de la comunicación política que tiene a los servidores públicos utilizando vídeos (39% son youtubers de acuerdo a sus cifras). Aquí ejemplificó con el vídeo de la Cámara de Diputados, que fue recogido por las redes sociales, donde Gaspar Rivas insultó al empresario Andrónico Luksic.
“Este político, que pasaba desapercibido por la mayoría, se volvió tan popular por sus dichos que ahora está listo para la reelección. Lo curioso es que Luksic no usó su canal para responderle a este diputado, ni tampoco otros medios tradicionales, donde tiene influencia. ¡Usó Youtube! ¡Y aparecieron miles de memes!” dijo causando la risa del auditorio y explicando así que lo que buscan las redes sociales es “maximizar la visibilidad de las acciones políticas”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El 30 de mayo de 2008 ingresó al Senado un proyecto de ley sobre partidos políticos. Se trató de una de las más osadas propuestas del primer gobierno de Bachelet de querer transformar la estructura de las tiendas políticas. Quizás aquella osadía explica que, dos años más tarde, el proyecto fuese retirado de tramitación.
Esa iniciativa incluía tres cuestiones centrales: 1) establecía el principio de un afiliado-un voto. A partir de este principio, se establecía que todas las instancias directivas debían ser electas en votación directa por parte de sus militantes; 2) proponía un principio de transparencia activa mediante el cual los principales lineamientos, estructuras, recaudación, resoluciones y afiliados de un partido deberían estar disponibles para la población; 3) señalaba restricciones al ejercicio de las directivas al indicar la obligación de realizar elecciones dentro de un período de tres años y limitar explícitamente la reelección de autoridades de partidos a dos períodos.
El gobierno de Piñera también buscó reformar los partidos políticos, enviando un nuevo proyecto en mayo de 2013. Se trató de un proyecto mucho más moderado, pero que avanzaba, por ejemplo, en la necesidad de robustecer los Tribunales Supremos de los partidos, dar garantías de debido proceso al afiliado al momento de ingresar a un partido, y fortalecer mecanismos de transparencia. En este caso, el proyecto no fue discutido ni siquiera en Comisión.
El gobierno decidió hace pocas semanas enviar un nuevo proyecto de ley de reforma a los partidos políticos. El asunto es vital si asumimos que los partidos son centrales en la vida democrática, reconocemos la crisis de credibilidad que ellos enfrentan, y aceptamos que las normas que los rigen (una ley de partidos impuesta por la dictadura) presenta serios problemas.
¿Cumple este nuevo proyecto con la expectativa de propiciar partidos responsables, democráticos, y transparentes? Me temo que no. Aunque la iniciativa contiene valiosos aportes (como el establecimiento de los partidos como organizaciones de derecho público, el principio de paridad, y mecanismos de transparencia activa, entre otros), considero que no resuelve una serie de aspectos cruciales a ser debatidos en este momento histórico. Citaré en esta oportunidad tres de ellos.
El primero tiene que ver con los nuevos afiliados, cuestión central en la vida partidaria. El proyecto avanza en la simplificación del registro de nuevos militantes pero no dice nada respecto del procedimiento para que nuevos afiliados queden registrados, aspecto altamente cuestionado en la mayoría de las tiendas políticas. Se requiere establecer un comité de ingreso colegiado, la obligación de justificar el rechazo de una eventual afiliación, y un sistema de apelación ante un Tribunal Supremo del partido. El procedimiento de afiliaciones es central a la hora de pensar en tiendas políticas modernas.
El segundo tiene que ver con el principio de una afiliado-un voto. En el proyecto se establece que los órganos directivos “deberán ser electos democráticamente por regla de mayoría, y de acuerdo a procedimientos que establezcan sus estatutos”. Lo anterior deja un espacio muy grande para que estructuras de poder central dominen el ejercicio de aquellas mayorías. Si se desea garantizar la democracia interna de los partidos, entonces, debiese quedar garantizada la participación directa de los afiliados en la conformación de órganos claves de decisión al interior de dichos partidos.
Tampoco el proyecto establece algunos mínimos asociados, por ejemplo, con la obligación de renovar directivas cada cierto tiempo o la obligación de convocar a los Consejos Generales al menos una vez al año. Nada dice el proyecto sobre la opción de activar los órganos directivos “desde abajo”, esto es, a partir de un porcentaje de afiliados que deseen tratar un asunto urgente en forma extraordinaria.
No se hacen consideraciones a balances de poder central/regional, aspecto crítico en el tiempo actual. Por ejemplo, en el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera se sostenía que la estructura de los Consejos Generales debía considerar como mínimo un 40% de representación de autoridades de regiones, cuestión que parece razonable y recomendable.
A ello se suma la ausencia de sanciones específicas por el no cumplimiento de los estándares de transparencia activa y de democracia interna. Si un partido no renueva sus directivas, si no convoca a sus consejos generales en forma ordinaria, o si no cumple con los estándares mínimos de transparencia activa debiese ser sancionado con el recorte de aportes fiscales que recibirá en forma permanente y de campañas o la todavía más efectiva medida de prohibir su competencia en elecciones.
Extrañamente la ley ingresada en la Cámara de Diputados constituye un retroceso respecto de la primera iniciativa del Gobierno de Bachelet de mayo de 2008. La mayor demanda ciudadana de contar con partidos responsables, democráticos y transparentes no se correlaciona con un proyecto que presenta problemas en estos tres ámbitos. Esta situación es preocupante y deberá ser enmendada por los congresistas en los próximos meses.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Producto de los escándalos político-empresariales de reciente data, los actores políticos han propuesto limitar la reelección de senadores por una vez (16 años de ejercicio), y a diputados por dos veces (12 años de ejercicio). Se sostiene que esta simple medida permitirá renovar a las élites políticas y evitar la eternización en el poder. No obstante, el debate parece guiarse más por la premura de legislar en algo que es popular, más que por un ponderado estudio de las contradicciones que implica esta norma.
El debate se ha hecho desde la premisa que existiría una suerte de apernamiento de todos los legisladores en ejercicio y que esta circunstancia se viene dando desde 1990 a la fecha. Aquello no se sustenta en los datos. En la Cámara de Diputados sólo seis de ellos (5%) se mantienen desde el retorno a la democracia. Ninguno de los senadores actuales mantiene su cargo en forma continua desde 1990. Cuando consideramos la carrera política (legisladores que han sido diputados, senadores o la secuencia de ambos en forma ininterrumpida) vemos que son 14 legisladores, es decir, un 9% del conjunto de legisladores. Otro dato decidor es que la Cámara de Diputados tiene una tasa de renovación de cerca de un 40%, esto es, entre 45 o 48 diputados son nuevos en cada legislatura.
Entonces, el problema no es la renovación de caras (que de hecho se da en forma habitual). El problema es otro muy distinto y se asocia con la falta de renovación en el tipo de representación. Cambia el Congreso pero continúa representando a los mismos intereses políticos y sociales. De ahí que percibamos que en cada elección “es más de lo mismo”. Establecer un límite a la reelección no resolverá el problema de la renovación de la representación. Mucho más efectivo sería democratizar los partidos y los mecanismos de selección de candidaturas. Aquello tendría un impacto significativamente superior a limitar la reelección.
Los efectos negativos de este límite tampoco han sido discutidos. Cuando un legislador está en su último período en su distrito, lo que hará será comenzar a buscar alternativas laborales o de continuación de su carrera política. Se produce así un problema de desvinculación con sus representados en el período final de su mandato, fenómeno que ha sido ampliamente estudiado para el caso de legislaturas estatales en Estados Unidos.
Otro efecto también estudiado por la literatura es el debilitamiento de las capacidades técnicas de las legislaturas cuando existe una cláusula de este tipo. Y como los vacíos de poder son llenados, el Ejecutivo se verá robustecido vis a vis el Congreso.
Así, manteniendo todas las condiciones iguales, como seguramente sucederá, considero que es un error limitar la reelección porque sólo provocará renovación de caras pero no del tipo de representación, debilitará las capacidades del Congreso y generará efectos negativos para el vínculo representantes-electores. No todo lo popular es bueno, ni todo lo bueno es necesariamente popular.
René Manuel García, diputado de RN que lleva 7 períodos en el cuerpo y 6 repostulaciones a cuestas, dice que apoya el límite a la reelección y señaló que existe una “gran oportunidad para mejorar el mal momento que estamos viviendo”. Eso sí, el analista Mauricio Morales pone los frenos: “Sobrerreacción de las autoridades podría generar la instauración de instituciones ineficientes”.
En medio del fuerte cuestionamiento que sufren hoy los políticos tras los casos Penta y Caval, independiente del sector ideológico al que pertenezcan, dos medidas restrictivas hacia el actuar de los legisladores fueron instaladas en el debate público luego del término de la temporada estival: el fin del fuero parlamentario y el límite a la reelección en los cargos de elección popular.
En el primer caso, se trata de la iniciativa que planteó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en el inicio del año judicial 2015, la que aparte de sorprender generó el rechazo de los integrantes del segundo poder del Estado.
De hecho, la senadora y candidata a la jefatura del PS, Isabel Allende, aseguró que el fuero y la inmunidad cumplen una función importante en la labor del congresista, que muchas veces efectúa opiniones y juicios críticos”.
Desde la Cámara de Diputados, el representante de RN René Manuel García expresó a Cambio21 que “el trabajo parlamentario requiere de garantías, por eso que necesita el fuero. ¡Cómo se puede fiscalizar estando desaforado!”.
“Creo que debiera mantenerse, pero no como protección o blindaje, sino que para actuar con tranquilidad, porque es obvio que empresas o personas investigadas podrían responder con ánimo revanchista o de venganza”, agregó.
Más crítico aún se mostró el analista de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, quien acusó “sobrerreacción de las autoridades respecto a las medidas restrictivas hacia los parlamentarios”, lo que, en su opinión, “podría generar malas decisiones y la instauración de instituciones ineficientes”.
“Sin el fuero habrá una mayor dificultad para fiscalizar, lo que en rigor podría ocasionar que las denuncias de los legisladores se transformen en letra muerta, aunque también es evidente que hay denuncias de parlamentarios que son irresponsables, pero que pagan los costos de su irresponsabilidad, y a veces con sanciones”, comentó a este medio.
Cosa de prestancia
En relación con el segundo punto, que es el limite a las reelecciones, el diputado García, que lleva siete períodos en el cuerpo y seis repostulaciones a cuestas, dice que “siempre” ha estado a favor de restringir este concepto cada vez que se presenta en tabla en la Cámara Baja y que apoya el “recambio”, pero que al final de cuentas “es la gente la que elige, y lo hace de forma informada”.
Otra cosa es el mal momento que vive el Congreso Nacional y los políticos en general. Acá el militante de RN no duda: “Si tienen que pifiarnos, que nos pifien a todos. Pero a aquellos que pifien lo mejor es que no se presenten más. Así debe ser la cosa”.
“Lo que pasa es que los políticos de antes tenían una prestancia que ahora no se da. Hoy no existe respeto; no se respetan las funciones, todos dicen lo que quieren y más encima los partidos los avalan y lamentablemente está llegando la gente menos idónea. ¡Hasta hay opinólogos que hablan de farándula!”, reclamó.
Sin embargo, el dirigente recuerda que “pase lo que pase siempre habrá un Parlamanto. Por eso que es un gran oportunidad para mejorar el mal momento que estamos viviendo”.
Parlamentarios con fecha de vencimiento
Por su parte, el profesor Morales advierte que limitar las reelecciones podría transformarse en un “remedio peor que la enfermedad”.
“Primero, es la ciudadanía la que elige a sabiendas del tiempo que llevan los parlamentarios. Y segundo, el límite, si bien garantiza una mayor rotación de caras nuevas, al mismo tiempo provoca que disminuya la calidad legislativa, por lo que esos jóvenes o nuevos van a terminar irremediablememte cooptados por los viejos o que llevan más años en el Congreso”, explicó.
Además, el docente aclaró que “con esta limitante tendremos parlamentarios con fecha de vencimiento, por lo que a la mitad de su gestión van a dejar de visitar sus distritos y circunscripciones y se abocarán a buscar trabajo en vez de legislar, porque cuando llegue el 11 de marzo van a quedarse sin pega”.
Y para rematar, sostuvo que con ese esquema “se generarán más redes de corrupción, lo que nos llevará a un retroceso político grave”.
En el marco de la discusión sobre la reforma que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional e inclusivo, surge la necesidad de reflexionar en profundidad sobre los posibles mecanismos de representación política para los pueblos indígenas en Chile. Para esto, se propone el seminario “Pueblos Originarios y Representación Política”, el cual se perfila como un espacio en que los mundos académico y legislativo presenten y analicen las distintas propuestas sobre esta temática.
Este seminario es organizado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, ICIIS, el Centro de Estudios Públicos, CEP, y la Fundación Chile 21. Además, cuenta con el patrocinio del Senado de la República y la Cámara de Diputados.
El evento se desarrollará el lunes 19 de enero, a partir de las 16:30 horas, en el Salón Los Presidentes del ex Congreso Nacional, ubicado en calle Morandé 441.
