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  1. Menos plata en las campañas favorece a los alcaldes en ejercicio

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Es cierto que hay menos presencia del dinero en la política, pero también es verdad que los alcaldes que buscan la reelección tienen ahora la cancha cargada a su favor.

    Una de las consecuencias no anticipadas de la reforma al sistema de financiamiento de campañas es que, al haber menos recursos disponibles para los candidatos, los desafiantes tienen más dificultades para hacerse conocidos y los alcaldes que buscan la reelección tendrán más posibilidades de lograrlo. Como siempre ocurre cuando se restringe la capacidad de hacer propaganda, los que ya controlan el mercado consolidan su posición y los nuevos actores tienen más obstáculos para ganar cuotas de mercado.

    Los escándalos del financiamiento irregular de la política llevaron a que se legislara apresuradamente una serie de reformas que limitan la capacidad de los candidatos a acceder a recursos monetarios para sus campañas. La prohibición a las donaciones de empresas, la mayor regulación a las donaciones de personas naturales y donaciones propias y la mayor fiscalización del gasto han limitado sustancialmente el dinero que fluye hacia las campañas municipales.

    Si bien algunos creen que eso es deseable, la falta de recursos para hacer campaña otorga una ventaja a los alcaldes en ejercicio que buscan la reelección. Como esos alcaldes ya gozan de mejor reconocimiento de nombre y han utilizado los recursos municipales para promoverse durante los años en que han ejercido su cargo, la gente los conoce más que a los desafiantes. Aunque eso pudiera significar que la gente también está más familiarizada con las debilidades y falencias de sus alcaldes, en la medida que la gente supone que los desafiantes también tendrán sus propias falencias y debilidades, los alcaldes corren con una enorme ventaja.

    En democracia, las campañas sirven para que los desafiantes traten de convencer a la gente de que ellos están mejor capacitados que los titulares para ejercer el cargo. Pero cuando el voluntarismo de querer sacar el dinero de la política lleva a legislaciones apresuradas, la prohibición a que las empresas donen a las campañas y los mayores obstáculos para que los candidatos nuevos recauden fondos hacen que la cancha quede dispareja a favor de los que ya detentan el cargo. Cuando además se limita la capacidad de hacer publicidad en la calle, los desafiantes tienen un camino cuesta arriba para posicionarse como alternativas electoralmente viables. Aunque deben dejar sus cargos en el mes inmediatamente anterior a las campañas, los titulares que buscan la re-elección ya se han beneficiado de las ventajas que da ocupar el cargo por casi cuatro años.

    En otros mercados, la prohibición de hacer publicidad favorece a los que ya dominan el mercado. Por ejemplo, cuando se implementan reformas que prohíben la publicidad de cigarrillos, puede disminuir la demanda en general, pero también se consolidan las cuotas de mercado de los actores que ya están presentes y son conocidos. Lo mismo ocurre en el mercado de las campañas: cuando se limita la capacidad de hacer publicidad —o se restringe la capacidad de los candidatos de recaudar fondos—, se hace más fácil que los ya ocupan cargos puedan ser reelectos.

    Por cierto, cuando disminuye la participación electoral, los candidatos que van a reelección tienden a beneficiarse más que los desafiantes. Cuando menos gente vota, más fácil es que funcionen las máquinas montadas para apoyar al candidato oficial y a menudo financiadas irregularmente con recursos públicos.

    Ahora bien, una alta tasa de reelección de alcaldes no es necesariamente mala. Si los alcaldes hacen bien su tarea y los electores están satisfechos, tienen sentido las tasas altas de reelección. Si un consumidor está feliz con la panadería de siempre, no tiene sentido pasar una ley para obligar a que la panadería cierre después de unos años. Si queremos mejorar la calidad de la oferta, tenemos que asegurarnos de que sea fácil para nuevas panaderías competir con las que ya existen. De igual forma, en la arena electoral, la lógica indicaría que hay que incentivar el ingreso de nuevos actores para que generen más competencia en el mercado.

    Lamentablemente, la reforma al sistema de financiamiento de campañas que ha entrado en vigencia para las elecciones municipales del 23 de octubre produce los efectos opuestos. Al limitar la capacidad de los candidatos para recolectar fondos y para hacer publicidad, la reforma deja en desventaja a los candidatos nuevos. En vez de que haya más competencia, las nuevas reglas limitan la competencia. Eso terminará favoreciendo a los alcaldes titulares que buscan la reelección. Lamentablemente, esa ventaja de los titulares hará que se deprima la competencia en el mercado y que inevitablemente baje la rendición de cuentas en los gobiernos municipales. En tanto los titulares corren ahora con más ventaja, tendrán menos temor a ser castigados por el electorado en la próxima elección. Es cierto que hay menos presencia del dinero en la política, pero también es verdad que los alcaldes que buscan la reelección tienen ahora la cancha cargada a su favor.

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  2. Financiamiento político I: prohibir aportes de empresas

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    claudio fuentes

     

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    Uno de los aspectos que suscitará más debate del proyecto sobre financiamiento político que presentó el Gobierno, será la prohibición de los aportes de las empresas a campañas políticas. Recordemos que el sistema actual permite que las personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas políticas. Se establece además una reducción de impuestos cuando se trata de donaciones a partidos, que no superen el 1% de la renta líquida imponible de una empresa. Se prohíbe asimismo que las personas jurídicas sin fines de lucro (sindicatos, fundaciones, corporaciones) puedan realizar estas donaciones.

    Así, el modelo actual coloca a las personas jurídicas con fines de lucro como los actores más relevantes, toda vez que les otorga ventajas tributarias, permite donaciones reservadas para garantizar el secreto de ellas, y excluye que otras personas jurídicas puedan donar. Los datos de las últimas tres campañas presidenciales son elocuentes. El modelo actual se sustenta en donaciones del sector privado (principalmente empresarial) para financiar las campañas políticas (60%). Pero, como parte de esas contribuciones se realizan por la vía de la reducción de impuestos, lo que en realidad refleja este modelo es el uso de dineros públicos (impuestos) por parte de privados (empresas con fines de lucro) para beneficiar a algunas candidaturas.

    La prohibición del aporte de empresas a campañas políticas es razonable por varios motivos. Como el objetivo de las empresas es maximizar utilidad, resulta esperable que se produzca una fuerte desigualdad en el acceso a tales recursos, pues ellas siempre privilegiarán a quienes defienden sus intereses y que, a su vez, tienen mayores opciones de llegar al poder. Pero, además, esta desigualdad se magnifica en la medida que las empresas pueden realizar contribuciones considerablemente superiores a las de cualquier individuo. Entonces, permitir la total “libertad de expresión” de las empresas (que donen lo que deseen y a quienes quieran) impone condiciones de fuerte desigualdad en la competencia política.

    Los defensores del actual modelo sostienen que prohibir donaciones de empresas limita la libertad de expresión. Sin embargo, la propia Constitución en su artículo 1° establece el deber del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para participar del sistema político. Las donaciones de empresas afectan esta igualdad teórica, dado que los aportes de empresas son considerables (60% de lo declarado), se realizan en condiciones de total opacidad (90% de esos aportes son reservados) y tales aportes se concentran en algunas candidaturas (19% de ellas en el último ciclo electoral).

    Desde el punto de vista normativo, se ha indicado que, así como una empresa puede realizar donaciones culturales, también podría realizar donaciones a la política.

    Luis Larraín, por ejemplo, nos decía que “nadie ha objetado que donen para un concierto, aunque no pueden escucharlo o para una biblioteca, pese a que no pueden leer” (L&D, 23/10/2014). Pero la objeción principal a que las empresas donen no se refiere al hecho de que tales instituciones no sean personas naturales, sino más bien al impacto político que tienen estas donaciones en desnivelar la cancha, dado su sesgo al privilegiar a un grupo de actores y la magnitud de tales contribuciones.

    Otro de los argumentos para favorecer las donaciones de empresas se refiere a que esta prohibición incentivaría la donación ahora ilegal a las candidaturas. El argumento parece contradictorio. Primero, el argumento reconoce que las empresas tendrían fuertes incentivos no filantrópicos para realizar donaciones. Segundo, se asume que los actores políticos estarían siempre dispuestos a recibir tales dineros ilegales. Tercero, se asume que el Estado sería incapaz de detectar este tipo de irregularidades. Bajo el actual esquema de controles (literalmente inexistentes), es probable que tal comportamiento ilegal ocurra. La legislación debiese contemplar un sistema de auditorías, controles y sanciones creíbles, que inhiba comportamientos ilegales.

    Finalmente, se sostiene que la prohibición de aportes de empresas debilitaría las opciones para que los desafiantes obtengan recursos alternativos para conquistar el poder. Como el candidato incumbente tiene una ventaja inicial al ser más conocido y contar con recursos de su propia función parlamentaria para recorrer el distrito, se asume que la única opción del desafiante es gastar más en su campaña. Lo anterior es contradictorio porque, en definitiva, lo que estaríamos haciendo con esa política es privilegiar candidaturas que tienen acceso a financiamiento privado para competir.  Y en el caso de Chile esa condición la cumple principalmente la derecha política. Establecer límites razonables a la reelección de autoridades es una medida muchísimo más efectiva para prevenir la eternización de congresistas, alcaldes, consejeros regionales o comunales en el poder.

    La prohibición de aporte de empresas a campañas debe acompañarse con medidas adicionales que permitan una campaña más justa y que incluyen subsidio público, restricciones a la publicidad en espacios públicos y mecanismos de control del gasto que sean creíbles y eficientes.

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