“Se defiende el enfoque de género o se lo ataca como ideología porque toca las pulsiones más elementales de uno u otro lado”.
La marcha #ConMisHijosNoTeMetas ha sido una de las más importantes respuestas conservadoras locales a las iniciativas liberales de los últimos años. La ola igualitaria gatillada a nivel mundial –reconocimiento de derechos para la comunidad homosexual, respeto y políticas de equidad para mujeres, etc.– provocó una contraola conservadora que hemos apreciado en las urnas (Brexit, Trump, victoria del No en el referéndum por la paz en Colombia).
En el Perú, la polarización en torno a valores (aún) se detenta en el campo de la sociedad civil. Periodistas y “líderes de opinión” esgrimen sus posiciones en la prensa; iglesias evangélicas y colectivos asociados a ONG en las calles. Aunque algunos atemorizan con la eminencia de un “Trump chicha” (¿Phillip Butters?), el nivel de politización en el Perú es menor en comparación con otros países (Colombia, por ejemplo).
Los asuntos morales son motivaciones poderosas para el activismo ciudadano porque están directamente asociados a las identidades personales. Se defiende el “enfoque de género” o se lo ataca como “ideología” porque toca las pulsiones más elementales de quienes se enlistan en uno u otro lado de la disputa. Cada grupo enfrentado apela al paradigma que justifique su razonamiento, ya sea científico o religioso. En la confrontación pública de estas estructuras morales, estudios científicos y sagradas escrituras se convierten en documentos de posverdad. El intercambio desordenado de posiciones se superpone sobre desencuentros sociológicos previos (de clase y origen social). Así, la polarización de valores se agudiza cuando uno de estos paradigmas se presupone “superior” a otro. Por ejemplo, quienes defienden la “superioridad de la razón” lo hacen exhibiendo las jerarquías de ingreso, estatus social, nivel educativo, etc. Como consecuencia, el conflicto estalla de manera irreconciliable.
La situación es grave porque entonces no estamos ante una disputa en torno al currículo escolar, sino ante un serio problema de convivencia social. Se ha perdido el sentido de comunidad (“nosotros”) y establecido la división entre “unos” y “otros”. El “progre” que intenta ponerse en el lugar ajeno lo hace desde una posición superior (“son ignorantes”), ofensiva (“son la encarnación del Ku Klux Klan”) y burlesca (“la Tierra es plana”). El “conserva” se siente perteneciente al antiestablishment, así que insulta a diestra y siniestra (“aborteros”, “promotores del lobby gay”). Lo que se ha perdido de vista es que, cualquiera que sea el paradigma que endose, el “otro” es Usted mismo.
Este es el tipo de conflicto social que estalla en las narices del gobierno pepekausa, carente de respuesta política. Pareciera que para quienes ocupan el Ejecutivo, gobernar significa exclusivamente administrar la economía; desconocen qué hacer cuando surgen conflictos en la sociedad. Analizan las protestas ambientales desde sus anteojeras pro empresa, pero les asalta la inamovilidad ante conflictos valóricos. Ante ellos, el Ejecutivo ignora cómo ponerse por encima de los bandos y consensuar políticas públicas, especialmente en los sectores Educación, y Justicia y Derechos Humanos. Ellos también parecen ser el “otro” de una sociedad que no comprenden.
Los antifujimoristas más recalcitrantes simplifican el fujimorismo como una “mafia corrupta” que habría que vetar de la política peruana. Para ellos, Fuerza Popular (FP) ni siquiera amerita ser objeto de análisis porque “ya sabemos cómo son”. Cualquier otro diagnóstico es interpretado –cuando menos– como concesión. Incluso los académicos que “osan” investigar el fujimorismo cruzan los límites de la “ética”; son intelectuales “cómplices”, “geishas” (sic).
Los moderados –quienes nunca votarían por un fujimorista para ningún puesto de elección popular– reconocen que el fujimorismo ha construido una organización política que responde, además, a las reglas democráticas. Saben que nunca serán “caviares” y no les gusta su impronta legislativa. No dudan en caracterizar a los fujimoristas como “matones” que “abusan del poder”. Pero reconocen que es la principal fuerza política del país. Para ellos, el análisis urge.
Ambas intensidades antifujimoristas tienen un mismo origen; se remontan al 5 de abril de 1992. Su contenido se fue sedimentando durante los noventa como rechazo a las políticas de ajuste y al creciente autoritarismo de los gobiernos de Alberto Fujimori. Así, el antifujimorismo se fue tiñendo de izquierda y de valores democráticos, aunque con el tiempo trascendió estos límites ideológicos. El activismo ciudadano, promotor de “memoria histórica”, ha permitido transferir estas premisas a nuevas generaciones. Por ello, en contextos de declive de las ideologías y déficit partidario, el antifujimorismo aparece como aglutinador identitario que resuelve –circunstancialmente– la miseria del debate programático peruano.
El antifujimorismo goza de buena salud porque ha trascendido la coyuntura electoral que lo limitaba. Se ha convertido en una tabla de salvación para herejes políticos que han encontrado en su plataforma una causa para su voluntarismo. En un páramo partidario nacional y ante una ola conservadora-populista internacional, las protestas antifujimoristas sacian la necesidad posmaterial de expresión del descontento “progre”. Aunque carecen de recursos orgánicos sostenibles –más allá de cuadrillas de activistas callejeros y virtuales–, tienen capacidad de imponer ciertos puntos en el debate político. Sus mejores recursos se concentran en la opinión pública, al condicionar el tenor de la “mediocracia”.
El antifujimorismo es un atajo cognitivo que funciona como elemento cohesionador posideológico en nuestra “democracia sin partidos”. Pero también podría socavar la convivencia ciudadana y el pluralismo político. En tanto que ‘anti’, no soporta matices ni distingue de entre sus rivales a élites y electores. Sus estigmas generalizan selectivamente. Si, por ejemplo, un miembro de un partido comete delitos de corrupción, esta falta se extiende en su imaginería a práctica institucionalizada. No por casualidad los partidos mejor organizados –Apra y FP– han sido blanco de estas estrategias de desprestigios (¿por qué no Perú Posible y el Partido Nacionalista?).
En este tipo de lid política –polarizadora en buenos versus malos– se desvirtúa el vínculo genuino del elector –aprista o fujimorista– con su identidad partidaria. El elector fujimorista queda casi condenado al más bajo escalón de la dignidad cívica, lo cual recarga sus baterías de enfrentamiento al ‘establishment’. Así, el círculo vicioso se eterniza.
Han pasado pocos días, pero la incertidumbre empieza a ceder ante la esperanza. Santos ha designado a un equipo para dialogar con los representantes del “No” y Uribe ha moderado sus posiciones.
Cuando Francisco “Pacho” Maturana dirigía la selección colombiana de fútbol entró en una seguidilla de partidos perdidos que justificó aduciendo que “perder es ganar un poco”. Años después, los colombianos parecen retornar a dicha frase como norte para salir de la crisis política ante la inesperada derrota del “Sí” en el plebiscito sobre el acuerdo de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos celebrara con las FARC. A diferencia de lo que sostenía el recordado entrenador, no se trata sólo de adquirir más experiencia, sino de enmendar un proceso de paz auspicioso ante la comunidad internacional aunque con fallas de origen.
Para llevar adelante el plebiscito del 2 de octubre se corrompieron varias de las formas institucionales de la tradición republicana colombiana. Expertos en democracia directa, como David Altman, han identificado al menos cuatro faltas procedimentales graves. Primera, el fraseado de la pregunta de la boleta de votación no recogía equitativamente las dos posiciones en disputa. Segunda, los funcionarios estatales fueron instados a hacer proselitismo por el “Sí”. Además, se redujo arbitrariamente el umbral de aprobación del referendo. Finalmente, se suscitó una campaña con premura
—cinco semanas—, que no permitió una adecuada divulgación de las posiciones, pese a la trascendencia histórica. Si bien es cierto que el compromiso entre gobierno y rebeldes no requería consulta en las urnas para sellar el acuerdo, la necesidad de legitimación social coadyuvó a que Juan Manuel Santos —y toda Colombia— se encontrara con una realidad que no estaba dispuesto a aceptar.
El ex presidente Álvaro Uribe ha sido el principal promotor del “No” al acuerdo. Desde sus gobiernos (2002-2010) impulsó políticas denominadas de “seguridad democrática”, fundadas en la idea-fuerza de vencer a las guerrillas por la vía armada y a cualquier precio. Incluso, según sus detractores, se pueden rastrear vínculos de grupos paramilitares en su entorno. A pesar de que promovió la desmovilización de este tipo de autodefensas, sus antecedentes lo proyectaban como una figura adversa a cualquier acuerdo. Se cuenta que hubo intentos fallidos de llevarlo a la mesa de negociación en La Habana, pero sus posturas maximalistas —ningún tipo de perdón ni prebendas para las guerrillas— lo mantuvieron como un actor marginal hasta el pasado domingo. “Yo voté por el ‘No’ porque no he podido perdonar”, dice un estudiante universitario en una reunión con sus compañeros y profesores, el día después del plebiscito. Como él, millones de colombianos endosaron la consigna de Uribe. No es que hayan preferido continuar con la guerra, sino que no se sintieron representados en las celebraciones en Cartagena.
Quienes sostienen que los votantes del “No” fueron guiados por mentiras, pecan de esa superioridad moral que distanció a quienes sin chistar defendían un acuerdo que excluía a gran parte de sus compatriotas. “Este era un momento para dialogar, no para enfrentarnos”, responde otra estudiante, activista del “Sí”. “No veíamos a los del ‘No’ como iguales, hemos hecho las cosas mal”, sentenció en medio del silencio del auditorio.
Han pasado pocos días, pero la incertidumbre empieza a ceder ante la esperanza. Santos ha designado a un equipo para dialogar con los representantes del “No” y Uribe ha moderado sus posiciones. El también senador, propuso una salida judicial para guerrilleros que no incurrieron en crímenes atroces. Por su parte, las FARC mantienen la orden de cese al fuego y el ELN —el otro movimiento subversivo en actividad— refiere la premura de un diálogo nacional.
En los próximos meses, Santos deberá demostrar que no es un lame-duck (pato cojo) y Uribe que sus convicciones pacifistas son reales. Es cierto que la paz aún no llega a Colombia, pero el verse reflejada en el espejo de sus rencores puede construir una paz más incluyente y duradera. Como nunca antes, una derrota puede favorecer ganar tanto.
El académico de la Escuela de Ciencia Política, Carlos Meléndez, participó del panel que conversó acerca de las razones que llevaron al NO a triunfar en el referéndum colombiano, por el acuerdo de paz con la guerrilla.
El gobernante peruano ha generado positivas expectativas y ya ha logrado diferenciarse de su antecesor, Ollanta Humala.
Ganó por apenas 41 mil votos en la segunda vuelta del 5 de junio: 50,1% contra 49,8% de Keiko Fujimori. Su partido, Peruanos por el Kambio, es apenas la tercera fuerza del Congreso, con sólo 18 escaños de 130, muy por debajo de los 72 que tiene el fujimorismo. Pero así y todo, Pedro Pablo Kuczynski se las ha arreglado para generar una sorprendente expectativa positiva en Perú, con una dulce luna de miel en estos primeros 60 días en el Palacio Pizarro.
El primer logro del nuevo Presidente peruano no se debe a ningún anuncio rimbombante, tampoco a promesas de reformas estructurales de rápido fracaso, como le ocurrió a su antecesor, Ollanta Humala. Lo primero que se destaca en Perú cuando se comenta cómo ha sido la gestión de PPK es que su aprobación se sitúa en un 63% según Ipsos. Entre quienes lo respaldan existe la creciente percepción de que Kuczynski, de 77 años, tiene buenas ideas, que está trabajando para mejorar la economía y que posee experiencia como economista.
Precisamente es la economía lo que está en el centro de su gestión. En ese marco, viajó a Chile como Presidente electo a la cumbre de la Alianza del Pacífico, visitó China y en los últimos días ha generado aplausos en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. “PPK es un hombre de negocios. Sabe cómo negociar y atraer inversión privada. Sus giras internacionales son fundamentales para atraer capitales. Además es experto en destrabar proyectos truncados. Ahí está el énfasis de sus primeros meses”, dice a La Tercera el analista político peruano y académico de la UDP, Carlos Meléndez.
“En su gestión, se muestra muy dinámico, con la batuta en distintos temas de gobierno, como el programa económico y la seguridad ciudadana. Recientemente, ha visitado China, el principal comprador de productos peruanos, y se ha reunido con los máximos dirigentes de ese país, al que ha pedido inversiones en infraestructura”, complementa el politólogo y encuestador limeño, Luis Benavente.
En ese sentido, los peruanos atribuyen a PPK un importante liderazgo, un fenómeno que también se dio al comienzo del segundo gobierno de Alan García en 2006 y que coincidió con la bonanza económica peruana. A pesar de la caída del precio de las materias primas, la actividad económica de Perú se incrementaría 4% en 2016 y 4,3% en 2017, por lo que liderará la expansión regional, de acuerdo a lo proyectado en agosto por el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.
Los analistas también destacan que, a diferencia de otros gabinetes muy cuestionados, el equipo de PPK es visto como más transparente e institucional. Ahí destaca Fernando Zavala (primer ministro), Martín Vizcarra (Vicepresidente), Mercedes Aráoz (segunda Vicepresidenta) y Alfredo Thorne (Economía). Por ahora, ninguno de los “peso pesados” genera suspicacias, aunque Meléndez pone una alerta: “El 50% ya desaprueba al ministro de Economía y Finanzas, cuando normalmente no tienen tan alta desaprobación”.
Rutina de ejercicios
Otro punto, un poco más espinoso, es el riesgo de que PPK dependa en exceso de la aprobación ciudadana para paliar su escaso apoyo en el Legislativo. “Lo que el Perú ve es a un Presidente que quiere hacer las cosas pero depende de la oposición fujimorista para concretarlas. Es decir, necesita de su principal adversaria (Keiko) para echar a andar un plan de reactivación económica y ordenamiento de las finanzas públicas. El único gran punto que tiene a favor el gobierno es que el fujimorismo comparte buena parte de su visión económica, de ahí la necesidad de llegar a un entendimiento para implementar reformas necesarias. Precisamente en estos días vemos al Congreso debatiendo si otorga o no facultades para que PPK y sus ministros legislen en materias que usualmente son propias del Parlamento”, plantea a La Tercera el analista político peruano, Pedro Tenorio.
Este tiro y afloja entre PPK y la bancada fujimorista podría haber copado la agenda del gobierno, pero Kuczynski -coinciden los analistas- ha sido inteligente con su estilo. “Se le ve más fresco y campechano”, comenta Tenorio. En ese sentido, gran revuelo generó que PPK mandatara a sus ministros -y a él mismo- a realizar rutinas semanales de ejercicios físicos en uno de los patios del Palacio Pizarro. “El deporte fomenta valores importantes”, señaló el gobierno a comienzos de agosto.
Pero Meléndez advierte que una vez que se acabe la luna de miel varias preguntas deberán tener respuestas: “¿Qué va a pasar con la descentralización? ¿Cómo frenar la conflictividad social? ¿Cómo llevar adelante la reforma política?”, concluye este politólogo.
“Hay en la población una expectativa respecto a los cambios que él debería implementar (más agua potable, infraestructura y obras) que si no se vislumbran en vías de solución a partir de los 100 primeros días pueden producir crisis políticas”, advierte Tenorio.
La llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú se ha convertido en un gran imán de la tecnocracia de su país. pero la falta de muñeca política del nuevo mandatario podría pasarle la cuenta a la hora de enfrentar un panorama adverso, que parte con el Congreso controlado por la oposición.
Tras ser designado presidente del Consejo de Ministros en agosto del 2005, Pedro Pablo Kuczynski acudió al Congreso para —como norma la Constitución peruana— refrendar su nombramiento. La deliberación del “voto de confianza” al último gabinete de Alejandro Toledo fue interrumpida por el parlamentario tacneño Ronnie Jurado, quien cruzó el hemiciclo para entregarle a Kuczynski una bandera chilena. “Toma la bandera del país para el cual estás trabajando”, le espetó en medio del escándalo por tal agravio.
Como financista privado, a Kuczynski se le indilgó entonces favorecer intereses empresariales chilenos en concesiones portuarias y exportaciones energéticas. Lo cierto es que en materia económica, un hombre de negocios como él no tiene bandera. El ex ciudadano estadounidense —renunció a dicha nacionalidad para legitimar su candidatura presidencial—, nacido en Lima, de padre judío-polaco y madre franco-suiza, ha demostrado en su última visita a Chile su disposición a restablecer un clima bilateral de confianza. Se hizo acompañar de su vicepresidenta, Mercedes Aráoz (ex ministra de Economía y gestora del TLC Perú-EE.UU.) y su anunciado ministro de Economía, Alfredo Thorne (ex managing director de JPMorgan), como gesto de priorización de las relaciones comerciales entre ambos países. Las gestiones diplomáticas retomarán su curso, despojadas de reflejos chauvinistas.
Desde el 28 de julio, Perú será gobernado por sus mejores tecnócratas económicos. Peruanos por el Kambio (PPK) ha logrado atraer cuadros tecnocráticos que comparten el sentido ideológico de la economía de mercado, forjados en el sector privado, el cabildeo y la consultoría para la administración pública. La transferencia Humala-Kuczynski da cuenta de la continuidad en los sectores de mayor eficiencia —por ejemplo, manteniendo en el cargo al ministro de Educación—. Asimismo, la transición devela la ausencia de censura contra profesionales que trabajaron para Humala, García o Toledo. El nombramiento de Fernando Zavala —ex ministro de Economía que integró el gabinete Kuczynski entre el 2005 y el 2006— ha sido recibido con optimismo de parte de las élites empresariales —Zavala se desempeñaba como gerente de la cervecería Backus y Johnston del grupo SAB Miller— y con escepticismo de sus rivales políticos, quienes lo perciben fuera de forma en la gestión pública.
Si cierta tecnocracia tenía reparos en colaborar con un gobierno de un ex militar sin partido ni tino político, la llegada de Kuczynski a la Casa de Pizarro se ha convertido en un gran imán. La administración pública peruana ha pasado de las puertas giratorias a las puertas abiertas. Además, PPK carece del burocratismo político que enlentece y obstaculiza las reformas económicas. Se perfila como el tipo de gobierno que desearía la derecha chilena: donde manda “capital”, no manda politiquero. Empero, la falta de manejo político podría pasarle factura.
El gobierno de PPK requiere de “muñeca política” para asegurar niveles decentes de gobernabilidad. Tendrá ante sí a un Legislativo controlado por el fujimorismo (el Frente Amplio de izquierda es la segunda bancada y PPK la tercera), pobre presencia territorial (con representantes en 8 de las 25 jurisdicciones) y conflictos sociales que han puesto en jaque a las principales inversiones en el país norteño. El cuestionado proceso de descentralización (iniciado en el 2003) y la necesidad de una reforma política integral asoman como los principales retos políticos de su gestión. Por ahora, los “pepekausas” —como se autodenominan los seguidores de PPK— confían demasiado en la ciencia de la economía y parecen menospreciar el arte de la política.
Kuczynski, sin embargo, tiene la virtud de la experiencia y la fortuna a su favor. Ganó una elección cantada para el fujimorismo, a pesar de proyectar estereotipos sociales distantes del peruano promedio. “Soy gringo, soy viejo, soy lobista…y ahora soy Presidente del Perú”, dijo en privado luego del triunfo, mofándose de los ataques que sufrió en campaña. Sarcasmo y optimismo son, quizás, algunas de las vitaminas que necesitará para los cinco años más duros de su carrera.
La candidata de Fuerza Popular estaba acusada de participar en una actividad donde se repartieron premios en dinero.
En un nuevo capítulo de la teleserie que vive la política peruana, el Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) declaró la madrugada del jueves infundada una petición de exclusión presentada contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, quien ocupa el primer lugar en las encuestas para las elecciones del próximo 10 de abril. La resolución se dio a conocer en medio de una gran expectación ante el futuro electoral de la hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción y a menos de tres semanas de la primera vuelta electoral.
La candidata del partido Fuerza Popular estaba siendo acusada de participar en una actividad de la agrupación juvenil Factor K en la que se entregaron premios en dinero y se hizo propaganda de su partido, algo que Fujimori y sus portavoces niegan. Así, en su resolución el JEE estableció que la candidata no ofreció ni dió dinero o dádivas a los ciudadanos para obtener votos, una conducta que está prohibida por la ley de elecciones y por la que se había pedido que se le retire de los comicios. El organismo agregó que “tampoco se ha presentado una prueba idónea” que acredite la vulneración de la Ley de Organizaciones Políticas.
Al respecto, el JEE consideró que la actividad se trató “de la final de un concurso de baile organizado por el colectivo Factor K y no por la referida organización política (Fuerza Popular), por ende, el evento siempre tuvo naturaleza premial (de dar premios) y no de un evento proselitista”.
El ex juez Malson Urbina y el congresista Heriberto Benitez, que presentaron las solicitudes de exclusión, habían anunciado que de recibir un fallo adverso apelarían para que el caso sea resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral peruano.
El dictamen se produjo una semana y media después de que el JNE decidiera excluir de la carrera presidencial a Julio Guzmán y César Acuña, quienes representaban más del 20% del electorado peruano. El primero -que era candidato de Todos por el Perú (TPP) y que marchaba segundo en las encuestas (17%)- fue apartado de la carrera por irregularidades en la inscripción de su partido; mientras que aspirante por la Alianza para el Perú (APP) -que tenía 4% de intención de voto- fue acusado de violar la Ley Electoral al entregar dinero a electores, la misma acusación que pesaba contra Fujimori.
Acuña al conocer el dictamen acusó al JEE de haberse “lavado las manos como Pilatos” y consideró que “no se ha medido con la misma vara a los candidatos”. Además, exigió “la suspensión del actual proceso electoral hasta que puedan crear las condiciones para un proceso limpio y justo”.
Estas controversias se enmarcan dentro de la nueva ley electoral, que fue promulgada a comienzos de año, cuando ya había comenzado la carrera por la Presidencia. Los analistas señalaban que este tipo de normativas deben comenzar a regir después de las elecciones y no antes para no afectar el proceso. La Ley 28094 sobre Partidos Políticos, entre otras cosas, prohíbe la entrega de dinero, regalos, o dádivas, excepto aquellos que constituyan propaganda electoral (cómo lápices, folletos, llaveros), en cuyo caso no debe exceder del 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 19 soles (US$ 5,6) por cada bien entregado como propaganda electoral.
A juicio del analista político peruano de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez, “esta regulación es lo suficientemente ambigua como para excluir a Acuña y dejar en carrera a Fujimori. Deja mucho margen para la interpretación en medio de un contexto de alto cuestionamiento a la legitimidad del proceso. “No se puede descartar que para tomar tal decisión se consideraron criterios políticos”, dijo a La Tercera.
El investigador y académico de la Escuela de Ciencia Política UDP, Carlos Meléndez, se adjudicó en enero de 2016 un Fondecyt Regular con su proyecto titulado “Anti identidades partidarias y estabilidad del sistema de partidos en contextos de desafección política”.
El estudio consiste en comparar la prevalencia y la magnitud de identidades negativas, es decir, personas que están en contra de partidos políticos en contextos de desafección, donde existe mucho rechazo a los partidos y las instituciones.
La hipótesis del investigador es establecer no solo cómo se logra llegar a la mente de las personas, en base a ello, Meléndez señala:
El objetivo de este trabajo es identificar a nivel comparativo el grado de crisis y en qué escalón se encuentran los países elegidos, para poder generar un escenario futuro. Mientras que España y Chile tienen un sistema de partidos tradicionales en crisis, en Brasil surge una desafección a partir de un solo partido.
En cuanto a la división del trabajo de campo, el investigador explica:
Según palabras del académico, la importancia que posee este estudio para la Facultad, recae en profundizar la crisis política y partidaria en Chile, tomando como eje la identidad negativa, algo que no se ha hecho en trabajos anteriores.
El proyecto contempla un plan de acción de cuatro años. En el corto plazo se encuentra la elaboración del marco teórico y la realización de la encuesta en Chile, investigación que comenzaría el 1 de abril.
Contrario a lo que sugiere el lugar común, la mayoría de los chilenos sí se sienten identificados políticamente. Así se concluye de la última encuesta UDP, donde se indaga en la identidad política de los ciudadanos.
Desde hace un tiempo que la ciudadanía ha ido perdiendo su identificación con los partidos políticos existentes. Si bien es cierto que este fenómeno es bastante global, los datos para Chile muestran una tendencia inusualmente pronunciada. Tal y como reflejan las encuestas anuales de la Universidad Diego Portales (UDP), hacia el año 2005 aproximadamente la mitad de la población sentía que los partidos o coaliciones políticas no los representaban, mientras que hoy en día esta cifra es cercana al ochenta por ciento de la ciudadanía.
Debido a este tipo de datos y también producto de los recientes escándalos que han sacudido al país, se ha ido instalando la idea de una incipiente crisis de representación democrática en Chile. Sin embargo, los datos de la última encuesta de la UDP (2015) relativizan este argumento y muestran que en la actualidad los niveles de desafección respecto a las dos principales coaliciones políticas no son mayoritarias. Empleando una innovación metodológica en la encuesta, que permite distinguir a seguidores “duros”, “simpatizantes” y “anti”, se registra que sólo un 13% de los chilenos rechazan sistemáticamente a las dos coaliciones políticas tradicionales. Este reducido grupo de personas no votaría —bajo ninguna circunstancia— por candidatos de dichas alianzas partidistas a ningún cargo de elección popular y, por lo tanto, adhieren a la idea de “que se vayan todos”. Mientras preguntas convencionales arrojan que más de dos tercios del electorado no se sienten representados por ninguna de las coaliciones tradicionales, en realidad gran parte de este grupo “sin representación” estaría dispuesto a votar por candidatos del establishment político.
La definición de identidades políticas que proponemos no considera la pregunta sobre simpatía por determinada coalición política o partido político, sino que indaga en la intención de voto en tres escenarios electorales: alcaldía, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Nuestro criterio para caracterizar a los encuestados en diferentes identidades políticas (“duros”, “simpatizantes” y “anti”) es bastante exigente porque requiere verificar sus respuestas en tres preguntas sobre intención de voto.
A partir de las respuestas a estas preguntas, todo indica que al día de hoy el malestar existente en contra de la clase política no se está traduciendo en una intención de voto que favorezca a candidatos de corte populista. Ahora bien, también es cierto que hasta ahora no se han posicionado en la esfera pública líderes antisistema de forma exitosa y que todavía faltan 24 meses para las elecciones presidenciales. La inclusión de estas preguntas en futuras encuestas nos ayudaría a saber si se abre un espacio o no para que irrumpan candidatos populistas en Chile. Más allá de esto, a continuación presentamos el peso relativo y características de los siete grupos que nos permite identificar la última encuesta UDP.
LOS “QUE SE VAYAN TODOS” (13%)
Se trata de quienes rechazan sistemáticamente la posibilidad de votar por algún candidato de las principales coaliciones para algún cargo de elección popular. En otras palabras, son quienes definitivamente no votarían por candidatos ni de la Alianza por Chile ni de la Nueva Mayoría para alcalde, diputado y senador.
Este grupo resulta ser particularmente peligroso para la estabilidad del sistema democrático, ya que su descontento se traduce en potencial apoyo a candidatos de corte populista. Se trata de personas que tienden a carecer de posición política (78% dice no sentirse representado en el eje izquierda/derecha), son más proclives a indicar a la corrupción como el principal problema del país y favorecen que se debe hacer una nueva Constitución (60%). Asimismo, tienden a ser indiferentes respecto a si el tipo de gobierno existente es democrático o no y los menores de 45 años están sobrerrepresentados en este grupo.
Ningún candidato presidencial les convence (25% no votaría por ninguno), pero tanto Franco Parisi como Leonardo Farkas obtienen mayores apoyos en comparación con otros grupos.
LOS DUROS DE LA NUEVA MAYORÍA (8%)
Son los electores más leales a la Nueva Mayoría. Se trata de quienes definitivamente sí votarían por candidatos de la Nueva Mayoría para alcalde, diputado y senador. Este segmento está sobrerrepresentado entre los mayores de 45 de años así como también entre las personas de clase media y clase media baja (49% dice ganar entre 150 mil y 500 mil pesos mensuales).
Son mayoritariamente de izquierda (48%) y están a favor de una nueva Constitución (48%) o al menos de una reforma constitucional (39%). Quienes están en este grupo tienden a ser optimistas respecto al futuro económico del país y prefieren como candidato presidencial tanto a Ricardo Lagos (18%) como a Marco Enríquez-Ominami (15%).
LOS SIMPATIZANTES DE LA NUEVA MAYORÍA (23%)
Son los que consideran a la Nueva Mayoría como el “mal menor”. Se trata de quienes probablemente sí votarían por candidatos de la Nueva Mayoría para alcalde, diputado y senador. Este segmento está sobrerrepresentado entre quienes pertenecen a la clase media y media-alta (la mitad dice ganar entre 200 mil y 1 millón de pesos mensuales).
Tienden a identificarse como de centro (18%) e izquierda (23%), pero sobre todo se sienten como ganadores del desarrollo económico del país (52%). Son más sensibles a la desigualdad y la educación como problemas relevantes para el país. Tienden a ser optimistas respecto al futuro económico del país y prefieren un gobierno democrático a cualquier otra forma de gobierno (61%).
Entre ellos, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera son los candidatos presidenciales preferidos (ambos con 12% en este segmento), aunque seguidos muy de cerca por Ricardo Lagos (10%).
LOS ANTI-NUEVA MAYORÍA (22%)
Son los que rechazan sistemáticamente a los representantes de la Nueva Mayoría, es decir, no votarían por candidatos de la Nueva Mayoría bajo ninguna circunstancia. Este segmento representa el espejo de los dos grupos anteriores. Quienes se definen de derecha duplican su proporción respecto al total de la población (15%), aunque la mayoría no se identifica con ninguna ideología (66%). Apoyan mayoritariamente una nueva Constitución (51%) y no apoyan a la democracia tanto como otros grupos (44%).
Se perciben sobre todo como perdedores del desarrollo económico (55%) y son más sensibles a la educación y a la corrupción como problemas relevantes del país. Entre estos individuos, Parisi duplica su apoyo nacional (4%), pero Sebastián Piñera aparece como el favorito del grupo (20%).
LOS DUROS DE LA ALIANZA (5%)
Es el electorado más leal de la Alianza. Se trata de quienes indican que definitivamente sí votarían disciplinadamente por candidatos de la Alianza por Chile para alcalde, diputado y senador.
En este grupo el segmento socioeconómico ABC1 pesa cuatro veces más que en el promedio de la encuesta y las personas mayores de 65 años están sobrerrepresentadas. Son individuos que tienden a percibirse como perdedores del desarrollo económico del país (57%).
Entre ellos se duplican tanto quienes consideran que a veces un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático (29%) como quienes creen que se debe mantener la Constitución actual (18%).
A su vez, son pesimistas respecto al futuro económico del país y su candidato presidencial predilecto es Sebastián Piñera (49%).
LOS SIMPATIZANTES DE LA ALIANZA (19%)
Son quienes consideran a la Alianza como el “mal menor”. Se trata de aquellas personas que señalan que probablemente sí votarían por candidatos de la Alianza por Chile para alcalde, diputado y senador. Este grupo de la población está sobrerrepresentado en la clase media-alta (39% declara ganar entre 300 mil y 1 millón de pesos mensuales), entre ellos aumenta casi en tres veces quienes se consideran de derecha (19%) y casi la mitad se perciben como ganadores del desarrollo económico del país (49%).
Una mayoría de este grupo es de la opinión que se debe reformar la Constitución actual (41%), aunque también aumentan entre ellos quienes creen que debe mantenerse la actual carta magna (10%). Tienden a ser pesimistas respecto al futuro económico del país y su candidato presidencial predilecto es Sebastián Piñera (24%).
LOS ANTI-ALIANZA (26%)
Son quienes rechazan sistemáticamente a la Alianza. Se trata de personas que definitivamente no votarían por candidatos de la Alianza por Chile para alcalde, diputado y senador. Acá están sobrerrepresentados los individuos de clase baja, quienes se definen más bien de izquierda, y quienes consideran que el problema central del país es tanto la corrupción como las pensiones. Son de la opinión mayoritaria que se debe hacer una nueva Constitución (58%), y prefieren un gobierno democrático a cualquier otra forma de gobierno (58%).
Quienes están en este grupo tienden a ser optimistas respecto al futuro económico del país, y sus candidatos presidenciales preferidos son tanto Marco Enríquez-Ominami (14%) como Ricardo Lagos (8%), aunque la mayoría no sabe o no contesta (31%).
La Escuela de Ciencia Política UDP y Núcleo Milenio, lo invitan al Seminario ¿Crisis de representación democrática en Chile?.
La actividad constará de dos partes: la primera, un debate académico moderado por Rossana Castiglioni (UDP) que tendrá la participación y exposición de Carlos Meléndez (UDP) , Jana Morgan (University of Tennessee), Peter Siavelis (Wake Forest University), Cristóbal Rovira (UDP).
Posteriormente, se realizará un debate político moderado por Mónica Rincón de CNN Chile. En la ocasión expondrán los diputados de la República, Gabriel Boric, Maya Fernández y José Antonio Kast, además Andrés Velasco de Fuerza Pública e Ignacio Walker, senador de la República.
El Seminario se realizará el lunes 16 de noviembre desde las 11:00 hrs. en el Auditorio de la Facultad de Educación UDP, ubicado en Vergara 249, Santiago.
“Se defiende el enfoque de género o se lo ataca como ideología porque toca las pulsiones más elementales de uno u otro lado”.
