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Tag Archive: Caso Penta

1. La Moneda crea consejo anticorrupción en medio de críticas de parlamentarios

   Marzo 11, 2015 11:00 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

    

   Entrevista a Mauricio Morales, Director OBPE UDP.

   “En un rato más voy a conocer a los integrantes del consejo asesor y a lo mejor voy a decir no quiero saber nada de estos señores que nos han venido a asesorar, porque quizás qué ‘tracalá’ de personas viene ahí”, expresó el diputado y presidente de RN, Cristián Monckeberg durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, horas antes de que la Presidenta Michelle Bachelet anunciara la conformación de una comisión asesora para generar propuestas de regulación sobre conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción.

   Pese a que Monckeberg luego concurrió a La Moneda para la presentación del grupo asesor, sus palabras reflejaban el resquemor que existe en distintos partidos sobre la utilidad de crear una instancia para propuestas anticorrupción.

   El equipo, compuesto por 16 académicos, economistas, abogados, entre otros, será presidido por Eduardo Engel y tendrá un plazo de 45 días para entregar sus conclusiones (ver nota página 4). Luego de eso vendrá otro plazo para diseñar la reformas legales.

   Sin embargo, en el mundo político y en organizaciones como Chile Transparente, esperaban que La Moneda adoptara medidas inmediatas para frenar lo que ha sido definido como una crisis por casos como Penta, Caval y Soquimich. De hecho, ayer antes de que la Presidenta presentara el consejo, varios insistían en que preferían reactivar la agenda sobre transparencia que ya se encuentra en el Congreso, incluyendo la reforma de financiamiento de la política enviada en enero por Bachelet.

   “El gobierno tiene que actuar rápido. No estar esperando recomendaciones de un consejo asesor por más de excelencia que sea”, dijo el diputado PS, Marcelo Schilling.

   También palabras abogando por la urgencia expresaron los presidente del PC, Guillermo Teillier; del PS, Osvaldo Andrade y del PPD, Jaime Quintana, quienes, no obstante, respaldaron la creación del consejo asesor.

   El Ejecutivo, sin embargo, ayer dio señales de tranquilidad a la clase política. La misma Presidenta en su discurso informó que la idea es desplegar la agenda legislativa de transparencia paralelamente al trabajo del consejo asesor. Incluso, el deseo de la Mandataria es que la reforma sobre financiamiento de la política sea aprobada antes del 21 de mayo.

   Ayer algunos personeros oficialistas salieron a precisar que la idea del consejo asesor no es congelar la agenda vigente, sino reforzarla y ampliarla a otros temas.

   Una de las tareas del consejo anticorrupción será también acoger propuestas de partidos y de organizaciones sociales y académicas. De hecho, los partidos de la Nueva Mayoría propondrán medidas al igual que la UDI y RN.

   “Debe incluirse el límite a las reelecciones y la pérdida del escaño para quien transgrede las normas”, dijo Jaime Quintana, mientras que su par DC, Ignacio Walker pidió “un financiamiento para campañas transparente y realista”, precisando que -a su juicio- son más importantes los contenidos que los plazos.

   Así, la revisión del financiamiento electoral, el endurecimiento de penas al tráfico de influencias, la regulación de los conflictos de interés, una reforma al sistema de nombramientos en cargos públicos y empresas estatales y las inhabilidades de ciertas ex autoridades para volver a trabajar en el mundo privado son algunos de los desafíos que tiene el consejo asesor, según políticos y analistas.

   “Debe surgir una reforma que duela a la política. Debiera tipificarse ciertos delitos electorales y darle jurisprudencia a tribunales que gradualicen penas”, dijo Gonzalo Müller, académico de la UDD.

   “Se debiera definir un cortafuego entre lo público y lo privado, regulando cómo el dinero entra a la política (financiamiento) y la política entra al dinero (ex autoridades que pasan a ser parte de empresas)”, expresó el profesor de la UDP, Mauricio Morales.

   El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, dice que hay revisar los delitos que pueden cometer autoridades, fortalecer al Servicio Electoral, transparentar a los partidos y reformar el sistema de nombramientos en el Estado. “Chile debe seguir avanzando para los cargos de nominación política sean sólo los necesarios”, expresó Precht.

   Ver nota en La Tercera

2. Expertos proyectan el nuevo sistema electoral en medio de crisis política

   Marzo 9, 2015 11:18 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

    

   Entrevista a Mauricio Morales

   El descrédito que vive la clase política en nuestro país, envuelta en escándalos como los llamados casos Penta y Caval, que han acentuado la mala percepción que la ciudadanía tiene de ella, es el marco en el cual dos expertos electorales analizan y proyectan el nuevo sistema de asignación de los cupos en el Congreso, y si este puede eventualmente contribuir a dar oxígeno a la alicaída actividad política.

   A pocos meses que el Congreso aprobara la reforma al Binominal, las primeras rencillas electorales ya se están haciendo presentes en la escena política nacional, como sucedió la semana pasada con el duro intercambio de palabras, tanto a través de la televisión como en redes sociales, entre el senador del PS Fulvio Rossi, y el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quienes representan a la región de Tarapacá.

   Sin embargo, el académico y miembro del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales sostiene que la pugna entre el senador socialista y el diputado comunista va más allá de una simple controversia electoral.

   “Algunos está intentando mantener su cupo en el Senado, y otros diputados quieren acceder al Senado, ya sea mediante la crítica al incumbente, ya sea que piensan que con la apertura de un nuevo cupo, ellos van a acceder a esa posición, pero en el caso de Gutiérrez y Rossi, la competencia va mucho más allá de una cuestión electoral, es una competencia mucho más de fondo, y de hecho las prácticas o las peleas en las que han caído a través de Twitter y la prensa termina por desprestigiarlos a ambos”.

   Por otro lado, el Coordinador del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez, estima que si bien con este nuevo sistema proporcional corregido electoral, se puede oxigenar la política con el ingreso de nuevos rostros al Parlamento, no es resorte del procedimiento eleccionario superar el descrédito en que está sumida la clase política

   “El descrédito de la clase política es un fenómeno mucho más complejo, amplio y multivariable que sólo lo que concierne a la dimensión estrictamente electoral. Claramente esta lógica de los dos grandes bloques, va a tener que coexistir con la aparición de nuevas agrupaciones que, por una cuestión matemática de la aritmética electoral, van a tener más chances o probabilidades de acceder a la representación parlamentaria”.

   El aumento de escaños, hasta cinco senadores por circunscripción, en algunos casos, puede acarrear que incluso la competencia por estos cupos sea al interior de los mismos partidos, entre ellos y con la otra coalición, lo que aumentará la competitividad e incertidumbre de los resultados electorales, sostiene Mauricio Morales.

   “Dentro de la coalición en un distrito que reparta cinco escaños, por ejemplo, va a haber representantes del PPD, del PS, de la DC, del Partido Radical, del Partido Comunista e incluso dos representantes de un mismo partido, y esos representantes o esos candidatos del mismo partido van a competir por el cupo, ese partido va a competir con los otros partidos de la coalición, y la coalición va a competir con la coalición del frente con el fin de acceder a más escaños, por lo tanto va a ser un ambiente mucho más competitivo y menos predecible para los ciudadanos”.

   Para Ramírez, el nuevo sistema podría implicar que la disputa electoral se torne más ideológica y política que antes, ya que desde su punto de vista, la competencia tenderá a ser más entre pactos o coaliciones de distinto signo, cuestión que con el Binominal se circunscribía a la competencia contra el compañero de lista.

   “Con este nuevo sistema, uno podría ver una disputa algo más ideológica, entre las distintas posiciones políticas, dado el hecho que las etiquetas partidarias van a ser más fuertes, se esperaría un debate político un poco más ideológico, y menos cosificado, por decirlo de algún modo”.

   Si bien con matices, ambos especialistas consideran que el nuevo sistema electoral proporcional es un avance con respecto al Binominal, y enfatizan que lo más interesante será el aumento de los niveles de competencia entre las distintas fuerzas políticas que aspiran a alcanzar uno de los 155 escaños de la Cámara, o uno de los 50 puestos del Senado.

   Ver entrevista en Radio Universidad de Chile

3. Terremoto y Tsunami Penta

   Marzo 6, 2015 10:36 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

    

   Patricio Navia

   Así como las muertes producidas por el tsunami de 2010 fueron más dolorosas que las causadas por el terremoto (en tanto se pudieron haber evitado), el efecto del tsunami Penta que recién se comienza a dar en la derecha también pudo haberse evitado si la UDI hubiera reaccionado de mejor forma cuando las revelaciones de Hugo Bravo gatillaron el sismo inicial.

   Así como los países sísmicos saben que los terremotos son inevitables, los partidos políticos deben estar preparados para enfrentar escándalos por el financiamiento ilegal de las campañas. Después de todo, el costo de hacer campaña aumenta exponencialmente cuando los países se desarrollan. Mientras menos pobreza hay, más difícil es ganar votos con entrega de regalitos. A mayor ingresos de las personas, más difícil es llegar a ellos a través de la publicidad. Más aun, cuando hay voto voluntario, los costos de campaña implican también el acarreo de votantes para que cumplan con su derecho cívico. A sabiendas que un gasto superior al permitido ayuda a mejorar la posibilidad de ganar, los candidatos pueden caer en la tentación de violar la ley para optimizar sus chances. Por eso, aunque se sepa solo de algunos que aparecen pidiendo ayuda —un raspado de la olla— para enfrentar sus campañas, es innegable que existe la tentación de gastar más allá de lo que permite la ley, sin necesariamente reportar ese gasto o permitiendo que los donantes rebajen impuestos a través de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas.

   Porque es parte de la geografía, los partidos debieran estar tan preparados para enfrentar escándalos producidos por políticos que no respetan las reglas como los países sísmicos se preparan para hacer frente a los inevitables terremotos.

   En 2010, en general, Chile salió bien parado del terremoto. Hubo algunos edificios que no resistieron, pero en general el país demostró estar preparado para enfrentar un terremoto de esa magnitud. En cambio, Chile estaba pobremente preparado para enfrentar un tsunami. A diferencia de los terremotos, que golpean sorpresivamente, siempre hay valiosos minutos para tomar precauciones que minimicen el costo en vidas que producen los tsunamis. Lamentablemente, la lenta e insuficiente reacción del gobierno y de las instituciones responsables de enfrentar la crisis coadyuvó a que aumentara el número de víctimas fatales.

   El caso Penta también puede ser analizado como un terremoto seguido de un tsunami. El golpe inicial sorprendió a todos. Si bien existían rumores sobre la participación de Penta en el financiamiento de campañas de la UDI, no había razón para sospechar de posibles delitos tributarios. Cuando estalló el escándalo, la UDI fue el principal partido afectado. Las revelaciones de correos electrónicos que involucraban a los senadores Iván Moreira y Ena Von Baer, al diputado y presidente del partido Ernesto Silva, al ex subsecretario Pablo Wagner y al ex senador Jovino Novoa produjeron un daño innegable a la credibilidad del partido. Como fue sorpresivo, parece difícil imaginar que la UDI pudo haber hecho algo para evitar que ese escándalo golpeara fuertemente el ánimo de sus militantes y la reputación del partido.

   Pero hoy, varios meses después de que estallara el escándalo, es incomprensible que el tsunami de la audiencia de formalización de los involucrados en el Caso Penta esté causando estragos adicionales a la reputación de la UDI. Habiendo tenido meses para prepararse para este tsunami —cuya fecha se conoció hace varias semanas—, la UDI optó por la misma estrategia de negación y voluntarismo que tuvo el gobierno de Bachelet en los minutos y horas posteriores al terremoto de 2010.

   Si bien la UDI separó formalmente del partido a Pablo Wagner, los senadores Moreira y Von Baer siguen como militantes activos. Moreira es vicepresidente del partido. Es más, Von Baer ni siquiera ha reconocido culpa. Lo suyo, dijo, fue un error involuntario. Pese a haber sido socio de Wagner —en una empresa que participó del escándalo— y estar familiarmente involucrado con uno de los controladores de Penta, el Presidente de la UDI se obstinó en no dar un paso al costado. Incluso en el día de las formalizaciones, el diputado UDI Gustavo Hasbún envió un mensaje de texto expresando su respeto a Carlos Délano, uno de los principales involucrados en el escándalo y quien ya ha pagado millones de pesos al fisco con el fin de corregir sus declaraciones tributarias de los últimos años.

   Así como los terremotos y tsunamis son parte de nuestra historia y solo podemos prepararnos para minimizar las pérdidas cuando vuelvan a ocurrir, los partidos también deberían prepararse para reducir al máximo posible los costos de los escándalos por financiamiento de campaña que se producirán en el futuro. Frente al tsunami de la formalización en el caso Penta, la UDI demostró estar tan mal preparada como el gobierno de Bachelet cuando debió enfrentar el tsunami post terremoto de 2010.

   Ver columna en El Líbero

4. Penta versus Caval

   Marzo 4, 2015 11:35 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

    

   Patricio Navia

   En tanto ambos escándalos han dominado la agenda política en lo que va de este año, y también han golpeado la ya baja credibilidad de la Alianza y de la Nueva Mayoría, los escándalos de Caval y Penta son comparables. Si bien el caso Penta tiene más aristas, involucra más gente y tiene más potenciales ramificaciones legales y tributarias, el caso Caval golpea más directamente la razón de ser de la coalición involucrada y toca mucho más de cerca al centro del poder de esa coalición.

   Si Penta y Caval pudieran ser entendidos como terremotos, el escándalo Penta ha tenido más réplicas y ha causado más daño en una superficie sustancialmente mayor. El sismo Caval fue de menor duración y golpeó con fuerza una zona muy reducida, pero muy importante. Tal como si un sismo solo dejara inutilizadas las principales minas de cobre del país —sin afectar al resto del territorio—, el escándalo de Caval ha paralizado a la coalición de gobierno.

   En ambos casos, la reacción del liderazgo político en los sectores involucrados empeoró la situación. En la UDI, precisamente por la cercanía de la mesa directiva actual al ex senador Jovino Novoa —y por la relación familiar del Presidente de la UDI con uno de los socios controladores de Penta—, el escándalo terminó por enlodar a todo el partido. Si bien hay muchos legisladores UDI en el Congreso, alcaldes, CORES y concejales que no tienen nada que ver con Penta, la forma en que la directiva abordó la crisis ha dejado instalada la idea de que la UDI era una empresa más del holding Penta. Ahora que se retome el proceso judicial, la decisión de no separar aguas entre el partido y los involucrados en el escándalo hará que el partido más importante de Chile haga noticia producto de las múltiples aristas del caso Penta más que por su compromiso declarado por convertirse en paladín de la clase media y de los sectores populares.

   El caso Penta le pegó fuerte a la derecha. Pero antes del golpe, la derecha ya estaba en el piso producto de la derrota electoral de 2013. En las semanas anteriores a que estallara el escándalo, la Alianza —y en particular la UDI— había encontrado una posible vía de recuperación en la defensa de los intereses de la clase media que aparecía crecientemente dudosa de los efectos que tendrá la reforma educacional que promueve Bachelet. Pero el caso Penta dejó meridianamente claro —en buena medida porque la directiva del partido así lo permitió— que la UDI estaba más preocupada de defender los intereses del empresariado que provee el financiamiento que de la gente que vota por el partido. El caso Penta ha dificultado la reconstrucción política de la derecha. Pero en tanto hay políticos de derecha que no tienen nada que ver con el escándalo, y en tanto las reformas de Bachelet han alienado a una buena parte de la clase media, sigue vigente la oportunidad para que la derecha se reinvente a partir del liderazgos de personas que no estén asociadas con el escándalo. Es más, incluso si la propia UDI finalmente se decide a sacrificar a los políticos más directamente involucrados en el escándalo, el daño para el partido será más acotado.

   El escándalo Caval, en cambio, ha producido mayores estragos porque golpeó duramente a una coalición que venía volando alto. Después de promulgar importantes reformas en enero, la Nueva Mayoría experimentó una caída libre en febrero a partir de las revelaciones sobre el Nueragate. Como el gobierno no supo responder a tiempo, el daño se extendió más allá de lo que era necesario. La tardía respuesta de Bachelet tampoco fue exitosa. La mayoría de los chilenos no le creyó a la Presidenta cuando ella dio su explicación e intentó buscar la simpatía popular en su rol de madre. Además, y esto el gobierno nunca pareció entenderlo, el escándalo Caval golpeaba a la líder más importante de la coalición en su dimensión más personal. El mensaje de lucha contra la desigualdad y el abuso se vio severamente cuestionado por la forma en que el hijo de la Presidenta lucró gracias a su posición de privilegio. Como Bachelet se resistió a pedirle la renuncia —pero después declaró que ella había tomado decisiones difíciles—, la propia Presidenta terminó infligiéndose una herida profunda en su credibilidad y cercanía. A diferencia de la derecha, la Nueva Mayoría no puede extirparse el tumor Caval. Es más, mientras más tiempo pasa, más complejo se ve el escenario para el gobierno.

   Evidentemente, las implicancias legales y judiciales del caso Penta exceden por amplio margen a las del caso Caval. Pero las implicaciones políticas de ambos escándalos son comparables. Es más, porque fue un error no forzado, porque llegó cuando la coalición volaba más alto y porque afecta directamente a la familia presidencial y golpea la credibilidad del principal mensaje del gobierno —y por lo tanto dificulta su capacidad para materializar sus promesas—, el caso Caval ha dolido mucho más en la Nueva Mayoría de lo que dolió el escándalo Penta en la derecha.

   Ver columna en El Líbero

    

    

    

    

    

5. Fin al fuero parlamentario y límite a la reelección. Experto advierte que “el remedio puede ser peor que la enfermedad”

   11:13 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

    

   Mauricio Morales

   René Manuel García, diputado de RN que lleva 7 períodos en el cuerpo y 6 repostulaciones a cuestas, dice que apoya el límite a la reelección y señaló que existe una “gran oportunidad para mejorar el mal momento que estamos viviendo”. Eso sí, el analista Mauricio Morales pone los frenos: “Sobrerreacción de las autoridades podría generar la instauración de instituciones ineficientes”.

   En medio del fuerte cuestionamiento que sufren hoy los políticos tras los casos Penta y Caval, independiente del sector ideológico al que pertenezcan, dos medidas restrictivas hacia el actuar de los legisladores fueron instaladas en el debate público luego del término de la temporada estival: el fin del fuero parlamentario y el límite a la reelección en los cargos de elección popular.

   En el primer caso, se trata de la iniciativa que planteó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz,  en el inicio del año judicial 2015, la que aparte de sorprender generó el rechazo de los integrantes del segundo poder del Estado.

   De hecho, la senadora y candidata a la jefatura del PS, Isabel Allende, aseguró que el fuero y la inmunidad cumplen una función importante en la labor del congresista, que muchas veces efectúa opiniones y juicios críticos”.

   Desde la Cámara de Diputados, el representante de RN René Manuel García expresó a Cambio21 que “el trabajo parlamentario requiere de garantías, por eso que necesita el fuero. ¡Cómo se puede fiscalizar estando desaforado!”.

   “Creo que debiera mantenerse, pero no como protección o blindaje, sino que para actuar con tranquilidad, porque es obvio que empresas o personas investigadas podrían responder con ánimo revanchista o de venganza”, agregó.

   Más crítico aún se mostró el analista de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, quien acusó “sobrerreacción de las autoridades respecto a las medidas restrictivas hacia los parlamentarios”, lo que, en su opinión, “podría generar malas decisiones y la instauración de instituciones ineficientes”.

   “Sin el fuero habrá una mayor dificultad para fiscalizar, lo que en rigor podría ocasionar que las denuncias de los legisladores se transformen en letra muerta, aunque también es evidente que hay denuncias de parlamentarios que son irresponsables, pero que pagan los costos de su irresponsabilidad, y a veces con sanciones”, comentó a este medio.

   Cosa de prestancia

   En relación con el segundo punto, que es el limite a las reelecciones, el diputado García, que lleva siete períodos en el cuerpo y seis repostulaciones a cuestas, dice que “siempre” ha estado a favor de restringir este concepto cada vez que se presenta en tabla en la Cámara Baja y que apoya el “recambio”, pero que al final de cuentas “es la gente la que elige, y lo hace de forma informada”.

   Otra cosa es el mal momento que vive el Congreso Nacional y los políticos en general. Acá el militante de RN no duda: “Si tienen que pifiarnos, que nos pifien a todos. Pero a aquellos que pifien lo mejor es que no se presenten más. Así debe ser la cosa”.

   “Lo que pasa es que los políticos de antes tenían una prestancia que ahora no se da. Hoy no existe respeto; no se respetan las funciones, todos dicen lo que quieren y más encima los partidos los avalan y lamentablemente está llegando la gente menos idónea. ¡Hasta hay opinólogos que hablan de farándula!”, reclamó.

   Sin embargo, el dirigente recuerda que “pase lo que pase siempre habrá un Parlamanto. Por eso que es un gran oportunidad para mejorar el mal momento que estamos viviendo”.

   Parlamentarios con fecha de vencimiento

   Por su parte, el profesor Morales advierte que limitar las reelecciones podría transformarse en un “remedio peor que la enfermedad”.

   “Primero, es la ciudadanía la que elige a sabiendas del tiempo que llevan los parlamentarios. Y segundo, el límite, si bien garantiza una mayor rotación de caras nuevas, al mismo tiempo provoca que disminuya la calidad legislativa, por lo que esos jóvenes o nuevos van a terminar irremediablememte cooptados por los viejos o que llevan más años en el Congreso”, explicó.

   Además, el docente aclaró que “con esta limitante tendremos parlamentarios con fecha de vencimiento, por lo que a la mitad de su gestión van a dejar de visitar sus distritos y circunscripciones y se abocarán a buscar trabajo en vez de legislar, porque cuando llegue el 11 de marzo van a quedarse sin pega”.

   Y para rematar, sostuvo que con ese esquema “se generarán más redes de corrupción, lo que nos llevará a un retroceso  político grave”.

   Ver nota en Cambio21

6. Los estándares de exigencia a los políticos

   Enero 13, 2015 10:57 am Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

   Patricio Navia

   Una de las repercusiones positivas del caso Penta es que ha puesto en el debate las diferencias respecto a los estándares que deben regir el comportamiento de los que ocupan puestos de representación popular —o aspiran a hacerlo— y el resto de los ciudadanos. Si bien en campaña acostumbran a criticarse mutuamente por no respetar códigos de ética más exigentes que el que se aplica al resto de los ciudadanos, cuando son sorprendidos en malas prácticas —o abiertas irregularidades—, los políticos tienden a escudarse en que sus actuaciones se ajustan a lo exigido por la ley. El caso de Andrés Velasco, que construyó un relato a partir de sus denuncias a las malas prácticas en la política —y que ahora ha sido sorprendido en prácticas cuestionables— hace todavía más importante que se aplique universalmente la vara alta de las buenas prácticas —y no sólo la vara menos exigente de la legalidad— como exigencia a todos aquellos que ocupan cargos de liderazgo en la democracia chilena.

   Cuando Velasco lanzó su campaña presidencial en 2012, el ex ministro de Hacienda y reconocido líder en el sector concertacionista más liberal y libremercadista construyó una plataforma atractiva pero potencialmente peligrosa para diferenciarse. Velasco buscó exitosamente obtener espacio en los medios de comunicación fustigando a políticos que, de acuerdo a su criterio, hacían políticas con malas prácticas.  Personificando las malas prácticas en el senador Guido Girardi, Velasco denunció cómo algunos políticos ejercían presión para conseguir empleos en puestos de confianza para sus aliados y cabildeaban para beneficiar intereses particulares. La estrategia de Velasco dio buenos resultados —aunque no sobresalientes—. En las primarias de la Nueva Mayoría en 2013, Velasco obtuvo el segundo lugar, con un 13%. No fue una votación estelar —Bachelet arrasó con un 73%—, pero le permitió a Velasco superar la votación del presidenciable PDC Claudio Orrego.

   Después de hacer campaña por Bachelet en 2013, Velasco devino en uno de los más férreos y certeros críticos de algunas de las políticas voluntaristas y potencialmente contraproducentes que ha impulsado Bachelet en su afán de cumplir su promesa de disminuir la desigualdad sin dañar las bases sólidas que promueven el crecimiento del país. Incluso antes de que estallara el caso Penta, el distanciamiento de Velasco con la NM llevó a muchos a creer que él ya no era parte de la coalición con la que formalmente se identificó en 2013, aunque prevalecían dudas sobre su disposición a unirse a la Alianza, la otra coalición que, junto a la NM, han dominado la arena política chilena desde el retorno de la democracia.

   El escándalo Penta, que ha salpicado fundamentalmente a políticos de la UDI —aunque la gran mayoría de los políticos UDI no tenga nada que ver con Penta—, también alcanzó a Velasco. Si bien no ha sido formalizado, aparece como sospechoso de haber recibido financiamiento por debajo de la mesa para su campaña presidencial. En su defensa, Velasco ha insistido en que su relación con Penta fue estrictamente profesional. Los pagos recibidos son producto de charlas y asesorías en su condición de reconocido y reputado economista y académico.

   Aunque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, la defensa de Velasco confunde los criterios de legalidad con el de las buenas prácticas. Aquello que es legal bien pudiera ser también una mala práctica. Como Velasco era también candidato presidencial, era perfectamente posible que un cliente se confundiera respecto a cuál rol estaba asumiendo Velasco al ser contactado para una invitación a un almuerzo. Incluso hoy, aunque no lo quiera reconocer (lo que en sí mismo constituye una mala práctica política), Velasco es aspirante presidencial. Cualquier empresa que lo contrate para una charla bien pudiera creer que mata dos pájaros de un tiro: recibe la opinión de un experto y compra cercanía con un candidato presidencial. Por cierto, muchas fundaciones y think-tank asociados a partidos han usado informes y charlas como mecanismos de financiamiento. Pero nadie diría que esa práctica estrictamente legal es sinónimo de buenas prácticas. El error de Velasco estuvo en enarbolar las banderas de las buenas prácticas y ser descubierto en prácticas reñidas con las buenas prácticas.

   Independientemente de lo que ocurra con Velasco, no debiéramos echar por la borda su mensaje original de 2012. Los políticos —y aquellos que aspiran a dirigir el país— debieran estar sometidos a estándares más altos que los que aplican para el resto de los ciudadanos. Precisamente porque muchas cosas que son legales constituyen, no obstante, malas prácticas en la política, la sociedad juzgar a sus líderes con una vara que incluya no sólo lo legal, sino que también exija que los políticos eviten malas prácticas en la forma en que se comportan en la vida pública y privada.

   Ver columna en El Líbero