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Tag Archive: Caso SQM

1. El segundo tiempo

   Julio 29, 2015 8:57 am Leave a Comment

   

   Kenneth Bunker, Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

   Cuando comenzó el cuatrienio de la Nueva Mayoría muchos pronosticaron que sería un gobierno estructuralmente renovador. No sólo porque lo anticipaba el programa, sino porque además se habían conjugado las condiciones políticas necesarias para serlo. Bachelet había ganado la elección presidencial con el porcentaje de votos más alto desde el retorno de la democracia, y la lista legislativa de la coalición había obtenido una mayoría significativa en el Congreso.

   Efectivamente, el primer año de gobierno trajo consigo varias transformaciones estructurales. Antes de celebrar su primer año en el poder, la Nueva Mayoría logró pasar importantes proyectos de ley, incluyendo la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral. La coalición se fue de vacaciones celebrando su éxito, confirmando que la popularidad de Bachelet, junto con la mayoría legislativa, efectivamente fue una combinación perfecta.

   Pero la celebración fue corta. En el mismo mes del receso legislativo, mientras las autoridades de gobierno se encontraban veraneando, se desató el caos. Al caso Penta, que se arrastraba desde septiembre de 2014, se sumaron el caso Caval y el caso SQM. Entraron al ruedo varios legisladores, unos cuantos funcionarios del gobierno, e incluso se sugirió que la propia Presidenta estaría involucrada en un esquema irregular de financiamiento político.

   Como consecuencia al destape de la olla, cayeron transversalmente los niveles de confianza a las instituciones políticas y los índices de apoyo a los políticos, forzando una parálisis legislativa. La crisis dejó a la oposición al margen del debate y al oficialismo en una crisis interna.Luego de dos meses donde los medios y la fiscalía se turnaron el control de la agenda, la Presidenta finalmente acusó recibo y decidió –tardíamente– realizar una serie de cambios para enmendar el rumbo.

   El primero –y probablemente el más importante– fue el cambio de gabinete en mayo de 2015. Nueve de 23 ministros dejaron sus carteras, incluyendo los titulares del comité político (Interior, Segpres, Seggob y Hacienda). La salida de Peñailillo y Arenas fue un duro golpe a la estructura Bacheletista asociada con la estrategia de avanzar sin transar. La llegada de Burgos y Valdés, y eventualmente de Eyzaguirre, dejó entrever que la Presidenta entendía la gravedad del asunto.

   El cambio de gabinete fue seguido por una revisión completa a la nómina de subsecretarios, intendentes y embajadores, para corregir las cuotas de poder asignado a los partidos y castigar a los personeros vinculados a las irregularidades investigadas por la fiscalía. Al parecer estos cambios fueron insuficientes para permitir que el gobierno retomara el control. Por eso, arrinconada, la Presidenta finalmente tuvo que admitir que no podría llevar a cabo su programa.

   A primera vista parece claro que se inicia un segundo tiempo en el gobierno. No hay dudas que existe la intención de salir del hoyo. Pero mientras los anuncios no se transformen en realidades, no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. En términos prácticos sólo existe la voluntad delgobierno de enmendar el rumbo, pues no ha habido cambios que permitan sostener que efectivamente lo hará. Bien podría ser una estrategia política para ganar espacio.

   El segundo tiempo sólo comenzará si el gobierno se abre a corregir la reforma tributaria, revisar la reforma educacional, transar en la reforma laboral, y posponer la reforma constitucional. En cambio, si el anuncio de la Presidenta queda en la mera intención de moderar su programa, el gobierno continuara cojo, en el primer tiempo. Evidentemente lo primero es lo mejor. No sólo le da un respiro al gobierno, pero es una señal de buena fe que puede reanimar al decaído sistema político.

   En retrospectiva, queda claro que haber pasado la aplanadora debilitó al gobierno. A meses de haber celebrado las reformas hoy abunda la sensación que un camino de dialogo hubiese sido mejor. La reforma tributaria es el mejor ejemplo. Haber optado por una estrategia legislativa expedita no tuvo beneficios ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho, todo lo contrario; tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento y puso en duda el criterio del gobierno a la hora de enviar reformas al congreso.

   El gobierno ya dio el paso más importante: admitió que el rumbo no era el correcto. Ahora sólo falta que lo demuestre en hechos. El segundo tiempo debe caracterizarse por uno de diálogo, donde irrelevante de la popularidad de la Presidenta y el tamaño de su contingente legislativo, se priorice el debate. Por supuesto esto significa avanzar más lento, pero también significa avanzar más seguro. Y aunque sea doloroso, la Presidenta debe considerar echar pie atrás en reformas que nacieron prematuramente.

2. El “no es cierto y si fue cierto, no me acuerdo” de Peñailillo

   Julio 28, 2015 9:09 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Apostando a que la gente está poniendo menos atención a los escándalos —porque se hizo la idea que todos los políticos están involucrados—, el oficialismo parece haber apostado por la estrategia de defensa legal sobre la comunicacional. Pero eso tiene sus costos.

   Las declaraciones del ex ministro Rodrigo Peñailillo ante la fiscalía resultan, desde la óptica comunicacional, devastadoras para su credibilidad. El ex ministro recurrió a la misma estrategia del silencio que tan burdamente usó el ex dictador Augusto Pinochet cuando fue interrogado por el juez Víctor Montiglio en 2005. En una de sus respuestas más recordadas, Pinochet se desentendió de su responsabilidad sobre la DINA diciendo: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo”.

   Cuando los escándalos políticos incluyen aristas legales, normalmente se produce un conflicto entre los asesores comunicacionales y los abogados. Mientras los primeros quieren entregar toda la información a la brevedad —porque es mejor ponerse colorado una vez que tener que reconocer las faltas a borbotones—, los abogados velan por las implicancias legales. Después de todo, ¿para qué reconocer faltas en las que la fiscalía ni siquiera parece estar interesada? Por eso, los líderes políticos a menudo actúan erráticamente ante una crisis. Por un lado quieren disminuir el daño comunicacional. Por el otro, necesitan proteger su flanco legal para minimizar el riesgo de imputaciones de la fiscalía ante los tribunales. Esta tensión quedó en evidencia en la forma en que actuó Andrónico Luksic ante el escándalo Caval. Comunicacionalmente, hubiera sido mejor transparentar toda la información el primer día. Pero legalmente, tenía sentido evitar alimentar las ansias investigativas de la fiscalía.

   En el caso SQM, la actitud de Peñaillilo, desde que comenzaron a surgir rumores sobre su involucramiento a través de la empresa de Giorgio Martelli, AyN, refleja también el delicado balance entre lo comunicacionalmente conveniente y lo legalmente aconsejable. En su declaración ante la fiscalía, Peñailillo claramente optó por la estrategia legal, renunciando a intentar mejorar su ya desacreditada imagen pública. Al insistir en su desconocimiento sobre la creación de la empresa o el arriendo de la sede de campaña de Bachelet, Peñailillo busca dejar en claro que él era solo un empleado a honorarios de AyN.  Pero como todos los que observaron el proceso de precampaña saben, Peñailillo era el hombre que tomaba las decisiones y personificaba la voluntad de Bachelet.

   En sus declaraciones, Peñailillo reconoce haber sugerido a Martelli nombres de personas para ser contratadas y honorarios a ser pagados. Para alguien que era solo un empleado, esa influencia parece excesiva, toda vez que esas sugerencias fueron aceptadas por Martelli sin cuestionamientos. Peor aún, según Peñailillo, Martelli le dijo que la empresa había sido creada para apoyar a “personas afines a nuestra ideología”. El objetivo de la empresa no era ganar dinero o el desarrollo profesional de los involucrados, sino el promover determinadas ideologías políticas.

   Ante las preguntas sobre la relación de Peñailillo con la Presidenta Bachelet —incluidos los viajes a Nueva York pagados por AyN—, el ex ministro del Interior optó por no responder. Si bien legalmente está en su derecho, comunicacionalmente resulta difícil deslindar esa estrategia de un reconocimiento tácito de culpabilidad.

   En varios momentos, las declaraciones de Peñailillo contradicen a las de Martelli. Considerando que ambos implicados tenían todos los incentivos para hacer cuadrar sus declaraciones ante la fiscalía, estas discrepancias pudieran reflejar un quiebre entre el ex ministro y el operador político. También pudiera ser solo desprolijidad. Considerando la descuidada forma en que se desarrolló la precampaña, esta opción parece perfectamente razonable.

   Las declaraciones de Peñailillo vuelven a poner el foco del financiamiento irregular de campañas en La Moneda. Hasta ahora, no hay razón para sospechar que la Presidenta Bachelet hubiera estado enterada de estas maniobras. Pero ya que Bachelet enfrenta críticas por ser la última en enterarse de lo que pasa en su entorno, la estrategia de su desconocimiento puede protegerla legalmente, pero le ayuda poco comunicacionalmente. Ahora que el fiscal Chahuán ha separado los casos Penta y SQM, parece inevitable que el caso SQM se siga prolongando y persistan las dudas sobre qué tanto participó Peñailillo y qué tanto sabía la propia Presidenta Bachelet sobre estas maniobras de la precampaña.

   Apostando a que la gente está poniendo menos atención a los escándalos —porque se hizo la idea que todos los políticos están involucrados—, el oficialismo parece haber apostado por la estrategia de defensa legal sobre la comunicacional. Pero eso tiene sus costos. Además de tener que cargar con la acusación de que recibió dinero del yerno de Pinochet, la campaña de Bachelet también deberá aceptar que usó la misma estrategia legal del “no es cierto y si fue cierto, no me acuerdo” usada por Pinochet para desconocer sus propias responsabilidades legales y políticas en las violaciones a los derechos humanos cometidas en su gobierno.

    

3. De santo a rehabilitado

   Julio 6, 2015 2:57 pm Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Para la opinión pública, todos son culpables hasta que se compruebe lo contrario. Una severa crisis de confianza en las instituciones recorre las conversaciones entre los chilenos. La idea que existe abuso de poder no es nueva. Lo nuevo es que hoy los tribunales comienzan a ventilar delitos, malas prácticas y vínculos indecorosos.

   Toda relación entre negocios y política es sospechosa. Incluso aquellos vínculos legales son condenados.

   Enríquez-Ominami entró también  en la categoría de estos sospechosos.

   Primero se informó  de reuniones sostenidas por el ex candidato con Patricio Contesse. ME-O lo reconoció, pero informó que ni él, ni su productora, ni el PRO, ni ningún dirigente de esa tienda tenía facturas o boletas de SQM.  Luego,  se  revelaron intercambios entre el ex secretario general del PRO y ex mano derecha, Cristián Warner, y SQM. Esta vez Enríquez-Ominami indicó que no podía hacerse cargo de declaraciones de terceros y donde se menciona a su persona. Dijo no conocer a Ponce Lerou y que tampoco se ha enriquecido ilícitamente.

   El problema es doble.

   Por una parte, pasó a engrosar la lista de candidaturas tocadas por estas investigaciones en las que su círculo más cercano se ve cuestionado.

   En esta dimensión, le corresponderá a la Fiscalía determinar si en aquellos aportes se cometieron delitos.

   Pero, más importante, lo que está detrás es el cuestionamiento radical a la forma en que se ha financiado la política. Para una expectativa ciudadana que espera personas libres de todo vínculo ”espurio”, aceptar que ” no somos santos”  hoy es un problema político.

   ¿Preferirá el electorado el 2017 a un ”santo” que nunca tuvo vínculos  con el dinero?¿O bien se inclinará por un ”rehabilitado”que reconoce sus pecados?  Enríquez-Ominami ha comenzado a dejar de ser un santo. Veremos si la sociedad lo acepta en su condición de rehabilitado.

    

   Ver columna en lasegunda.cl

4. Los riesgos de que Bachelet caiga del 20% de aprobación

   Junio 23, 2015 3:08 pm Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   Según analistas, que la mandataria fuera apoyada por menos de un quinto de la población generaría un escenario complejo: aparición de fuertes deslealtes partidistas, quiebre del bloque gobernante y debilidad del aparato institucional, son algunas de las posibilidades mencionadas por los expertos.

   Se decía que Michelle Bachelet era incombustible y las encuestas así lo demostraban. Dejó su primer mandato con 84% de respaldo y, ni la crisis del Transantiago, ni las críticas por su gestión durante el 27-F, consiguieron minar su credibilidad. Pero fue el destape del Caso Caval en febrero pasado, y la aparición del Caso SQM, lo que produjo que el respaldo a la Presidenta se desplomara definitivamente. Sin poder repuntar, hoy la baja ya es una tendencia: los principales sondeos cifran el respaldo a la mandataria bajo los 30 puntos. En la encuesta semanal de Cadem llegó a 24%, y tanto en los últimos sondeos de CEP y Adimark se registró un 29%. Estos registros son los más bajos obtenidos por Bachelet tanto en su actual administración como en su primer mandato. Los analistas llaman al fenómeno un “espiral de deterioro” y dicen que cuando sólo uno de cada cuatro chilenos entrega respaldo, es porque La Moneda está “en estado de coma”. Y prevén que las cifras seguirán cayendo. “Es probable que su descenso siga en caso de que Bachelet no tome las decisiones adecuadas”, dice Mauricio Morales, director del Observatorio UDP. Según Roberto Izikson, director de Asuntos Públicos de Cadem, “esto no ha tocado fondo, porque ni la Presidenta ni el Gobierno han logrado frenar ni canalizar la crisis política que estamos viviendo. Creo que la Copa América no ha ayudado absolutamente en nada. Que haya ocho cargos sin nombrar le genera costos al Gobierno, esta sensación de pará- lisis y de desgobierno, entonces no sería raro que la Presidenta pudiera seguir cayendo”. Deslealtad partidista y poca proyección del bloque. Según los analistas, mantener los actuales niveles de aprobación y estar ad portas de alcanzar un 20%, conlleva riesgos importantes. Y, dicen, las primeras señales de deterioro ya se están comenzando a ver. Que la gente deje de confiar en la primera autoridad en un país altamente presidencialista y que se desconfíe en el funcionamiento de las instituciones es uno de los peligros que los expertos advierten. Eso sí, explican, en el escenario actual no se puede hablar de “colapso institucional”. Para el analista político y académico de la UAI, Max Colodro, “el riesgo principal es la percepción de falta de conducción y falta de liderazgo, en un país que está teniendo dificultades serias para confiar en las decisiones que están tomando sus autoridades. Eso debilita las instituciones, y tener una Presidenta con estos niveles de deslegitimidad y de cuestionamiento es un riesgo institucional. Eso pone al país en cuadro de debilidad institucional, cuadro al que nos estamos aproximando. La Presidenta va a seguir bajando”. A nivel de partidos el peligro radica en que el bajo nivel de aprobación de Bachelet potencie la crisis interna que enfrenta la Nueva Mayoría. Situación que la semana pasada alcanzó uno de sus puntos más complejos. De forma unánime, los analistas coinciden en que la relación entre la poca aprobación y el tono de los conflictos es directa. Según Morales, “es absolutamente normal que un Gobierno con baja aprobación comience a generar fracturas dentro de su coalición. Los congresistas prefieren distanciarse de un Gobierno impopular en lugar de seguir pagando los costos por apoyar a ese Gobierno.

   Por tanto, es comprensible que busquen agenda propia. El problema es cuando esa agenda propia se transforma en deslealtad. Ahí sí existe un problema grande. Y la Nueva Mayoría no es la excepción”. Así, mencionan el recrudecimiento de las críticas entre la DC y el PC, la arremetida del diputado socialista Juan Luis Castro por el Caso Caval y la eventual censura al vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, como los episodios que muestran deslealtades severas dentro del bloque. Agregan que bajar del 20% de respaldo podría impedir la proyección y posible institucionalización de la Nueva Mayoría. Otro de los riesgos que mencionan los especialistas es que la imagen de la mandataria quede dañada de forma irreversible. La prueba de fuego: las elecciones municipales de 2016. “Los candidatos no necesariamente van a responder a los intereses del Gobierno. No sabemos si tal como sucedió durante la última elección, Bachelet va a ser el rostro de la campaña ¿quién se va a querer sacar una foto con una Presidenta con 20% de aprobación? Eso le quita un peso especí- fico a Bachelet”, dice Izikson. Además de plantear que asociarse a la imagen presidencial hoy puede tener costos demasiado altos, apuntan a la pérdida de liderazgo de Bachelet y cómo los resultados de las encuestas dificultan la posibilidad de que sea precisamente ella quien logre aglutinar y ordenar al bloque oficialista. Peñailillo: la “llave” que podría sellar la baja. Que el descenso en la aprobación continúe depende únicamente de las decisiones que pueda tomar Bachelet. Mencionan que ni el cambio de gabinete ni el impulso de la agenda de probidad fueron medidas suficientes para detener la caída en las encuestas. La Copa América, hasta el momento, tampoco ha generado ventajas para La Moneda. Para Colodro la salida está en que la Presidenta transparente la responsabilidad política que ha tenido en los casos de financiamiento irregular de su campaña y en “decirle al país cosas que esté en condiciones de creer. Hoy lo que la Presidenta ha insistido como su versión son versiones que el país no cree”. Morales plantea que Bachelet debe generar confianza en los empresarios y abandonar definitivamente la tesis refundacional. Así, el principal flanco para la Presidenta y su aprobación es el proceso judicial a raíz del caso SQM. De conocerse nuevos antecedentes o en caso de que la Presidenta se vea involucrada de alguna manera, ese sería el paso definitivo para traspasar la barrera del 20%. Según Müller, “el único que tiene una llave que podría llevar al Gobierno a menos de 20% es el ex ministro Peñailillo. Si su proceso judicial evoluciona mal y se implica a la Presidenta, eso podría llevar al Gobierno a una situación peor que el coma. Ahí estaríamos realmente ante una situación de emergencia”. Plantean que un eventual escenario donde el Presidente es apoyado por menos de un quinto de la ciudadanía no es nuevo en la región y que no es un escenario descartable. Dicen que basta ver la situación de Ollanta Humala en Perú o de Dilma Rousseff en Brasil, donde ambos mandatarios están gobernando con apoyos en torno al 15%. En caso de que Bachelet bajara del 20%, los expertos son tajantes en descartar soluciones fuera de la institucionalidad. Así, una renuncia de la mandataria o un adelanto de las elecciones parlamentarias son medidas solo profundizarían la situación de crisis institucional.

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