El escándalo de especulación inmobiliaria que involucra a su nuera y a su hijo se ha convertido en un virus contra el que no parece haber cura.
Casi un año después de que se conociera el negocio de especulación inmobiliaria que puso a Caval en el centro del foco público, el gobierno de la Presidenta Bachelet sigue siendo incapaz de liberarse del escándalo. El escándalo Caval rompió el vínculo que la Presidenta Bachelet había construido con un segmento mayoritario del electorado. Por más escandalosas que sean, las secuelas del escándalo que hoy capturan los titulares de las noticias no son comparables al daño que produjo la revelación de que la candidata que prometió combatir el abuso y el lucro con fondos públicos fue incapaz de tomar una postura condenatoria cuando los que lucraban y aprovechaban su posición de privilegio eran de su propia familia.
Porque el escándalo Caval le pegó a la línea de flotación de la credibilidad de la Presidenta Bachelet, todas las estrategias que el gobierno ha puesto en acción para superar la crisis han sido inútiles. En tanto la Mandataria nunca estuvo dispuesta a condenar públicamente los negociados de su nuera e hijo, el daño a la credibilidad e imagen de Bachelet como una mujer cabal que pensaba lo que decía y decía lo que pensaba se hizo irreversible. Aunque la aprobación presidencial vuelva a recuperarse -después de todo es esperable que el apoyo a un presidente saliente mejore cuando se termina el período de gobierno- el aura de incuestionable liderazgo y la altura moral que rodeaban a Bachelet desaparecieron.
Si en 2013, Bachelet volvió rodeada de una sensación de invencibilidad -a la que ella misma contribuyó realizando promesas desmedidas y arrogándose el poder de dirimir conflictos en su coalición (“el queque lo corto yo”), después de Caval, Bachelet no ha podido desligarse del aire de derrota, resignación, renuncia y desencanto. Es verdad que han habido otros errores (como la mal diseñada reforma tributaria, que hay que hacer de nuevo), que la situación económica internacional se ha tornado desfavorable y que abundan los conflictos al interior de la coalición de gobierno. Pero todos esos problemas o bien se han hecho patentes ahora que la Presidenta ha perdido su aura de invulnerabilidad o bien se han magnificado por la debilidad en su liderazgo.
Las razones que ahora se dan para justificar reformar la reforma tributaria ya eran públicamente conocidos cuando se promulgó la reforma. Las advertencias de los expertos fueron entonces desoídas por los legisladores oficialistas y de la oposición porque la fuerza con que Bachelet empujaba una reforma tributaria que aumentara los ingresos del fisco era incontrarrestable. Incluso los legisladores de derecha, que simplemente pudieron haberse opuesto a la reforma alegando que no podían dar sus votos a una mala reforma, terminaron subiéndose a la micro de la reforma -con la pobre excusa de que habían ayudado a que la reforma fuera menos mala-. Entonces, Bachelet gozaba del apoyo de la gente y las reformas que ella promovía representaban el sentir de la gente.
Qué duda cabe que la situación económica es desfavorable para Chile, América Latina y todos los países exportadores de materias primas. Pero cuando arrecia la tormenta y el piloto está preocupado de cualquier cosa menos de guiar la nave, se multiplican los efectos negativos de la tormenta. Cuando golpeó la crisis de 2008, Bachelet salió fortalecida, porque los chilenos vieron que el gobierno estaba preparado y que La Moneda tenía el control de la situación. Ahora, en cambio, la gente se pregunta dónde está el piloto.
Las diferencias al interior de la Nueva Mayoría no son nada nuevo. Ya eran evidentes durante la campaña de 2013. Pero entonces nadie quería aparecer alejado de la Mandataria. Los que discrepaban con cuestiones esenciales del programa -como el PDC respecto a la reforma educacional, reforma laboral y nueva Constitución- preferían esconder y minimizar sus diferencias. Bachelet entonces era como el Rey Midas. Lo que ella tocaba se transformaba en votos y popularidad. Si bien el rechazo al gobierno comenzó a aumentar a fines de 2014 -y Bachelet empezó 2015 con un poco más de desaprobación que de aprobación- antes de que estallara Caval, Bachelet estaba en control, su presencia generaba respeto y su liderazgo todavía era capaz de disciplinar a su coalición.
Después de Caval, en cambio, Bachelet ha perdido el rumbo, el liderazgo y, podría decirse, incluso las ganas de ejercer poder. El escándalo de especulación inmobiliaria que involucra a su nuera y a su hijo se ha convertido en un virus contra el que no parece haber cura. Por eso, los últimos sucesos asociados a ese escándalo -incluida la próxima formalización de la nuera de Bachelet y las revelaciones sobre los servicios que prestó Ana Lya Uriarte, la jefa de gabinete de Bachelet, a la empresa Caval- no pueden sino ser entendidos como meros síntomas de una enfermedad que hace un año tiene a La Moneda en la sala de emergencias, estable en su gravedad, y sin señales de recuperación.
Por más rechazo que produzca, la actitud de Pizarro también constituye evidencia de la maduración de la democracia chilena. Los chilenos saben que sus legisladores no son virtuosos.
Después de haber estado bajo cuestionamiento debido a las revelaciones sobre financiamiento ilegal de campañas, la clase política chilena parece haber perdido el pudor. Ya que el electorado tiene la convicción de que todos los partidos están involucrados en algún tipo de irregularidad, los políticos están haciendo la pérdida y aceptando que su comportamiento siempre será causa de sospecha. Por ello, como lo ejemplificó a la perfección el senador Jorge Pizarro en su defensa de por qué se fue al mundial de rugby después del terremoto, muchos políticos se comportan con la despreocupación del condenado que sabe que una falta más no agravará la categórica sentencia que ya existe en su contra.
Después de haber experimentado por años un gradual declive en su valoración positiva, los escándalos Caval, Penta y SQM han constituido un golpe de gracia que dejará a la clase política en una posición de permanente cuestionamiento por parte de una opinión pública que ya no espera que sus líderes políticos sean virtuosos.
Es saludable que la sociedad sepa que ganar una elección popular no otorga superioridad moral ni es garantía de probidad. Cuando la gente sabe que los políticos están sometidos a las mismas tentaciones que todos, la democracia se inocula de la irrupción de mesías refundadores que prometen soluciones milagrosas. No hay mejor remedio contra el populismo y el autoritarismo personalista que la convicción generalizada de que los políticos son tan imperfectos como el resto de los ciudadanos y que, por lo tanto, es mejor institucionalizar trabas y limitaciones al poder discrecional. La confianza excesiva depositada en la capacidad de una persona para cambiarlo todo —como lo que pasó con Bachelet en 2013— desaparece cuando la gente cree que todos los políticos son susceptibles a privilegiar sus intereses personales por sobre la búsqueda del bien común. Por eso, aunque la democracia chilena sea ahora más triste y tenga menos candidatos a santos, es también más resistente al populismo que históricamente ha amenazado a América Latina.
Esta nueva realidad —que la gente espera poco de sus políticos— no está exenta de problemas. Como participantes en un reality de televisión que, al poco andar, pierden la vergüenza y se comportan como si nadie estuviera mirando, los políticos chilenos han perdido el pudor. Las respuestas y explicaciones que ha dado el senador Pizarro a las críticas recibidas por haber viajado al mundial de rugby días después de que un terremoto golpeara duramente a la región que él representa reflejan esa pérdida de pudor. Pizarro ha dicho que su viaje no fue a un concierto musical, sino a algo mucho más importante. Pudiera ser que para Pizarro, el rugby sea menos frívolo que un concierto, pero es inaceptable plantear que los hobbies son más importantes que las obligaciones profesionales. Un futbolista fanático de los automóviles no se puede ausentar de la liga de su país sólo porque tiene un hobby. Un profesor no se puede ausentar de sus clases para asistir a un evento deportivo alegando que es su pasión. El trabajo de Pizarro no consiste sólo en legislar. También debe acompañar a sus representados cuando pasan por un mal momento. Como presidente del PDC, Pizarro también representa al partido más importante del oficialismo. Su ausencia del país, cuando muchos camaradas sufrían, no puede ser entendida como otra cosa que una frivolidad.
Felizmente, hay soluciones de diseño institucional que ayudan a evitar que políticos no virtuosos cometan desatinos. Los referendos revocatorios para senadores a mitad de sus períodos de ocho años harían que ellos piensen mejor antes de privilegiar sus hobbies por sobre lo que importa a sus electores. Como Pizarro tendrá que enfrentar a sus votantes recién en 2021, le importa poco ofenderlos. Si en cambio existiera la posibilidad de un referendo revocatorio en 2017, Pizarro lo pensaría dos veces antes de irse de vacaciones después de un terremoto.
Limitar la reelección de los legisladores, en cambio, solo incentivará más comportamientos como el de Pizarro. Los legisladores en su último periodo no tendrán para qué preocuparse de lo que piensen sus electores. Además de irse a pasear por el mundo, esos legisladores en su último periodo se dedicarán a usar sus cargos para buscar su siguiente trabajo. Dejar contentos a futuros empleadores será más importante que satisfacer las necesidades de sus distritos.
Por más rechazo que produzca, la actitud de Pizarro también constituye evidencia de la maduración de la democracia chilena. Los chilenos saben que sus legisladores no son virtuosos. Ya nadie deposita en los políticos el tipo de fe ciega que alimenta el populismo. Los políticos no pueden atribuirse superioridad moral por haberse opuesto a la dictadura o por una supuesta vocación de servicio público. Ahora que sabemos que vivimos en un reino de impudicia, en vez de lamentarnos, corresponde diseñar instituciones que establezcan mecanismos de control e incentivos para que los impúdicos trabajen por el bien de sus electores.
Ahora que no tiene nada que perder —ya tiene el récord de ser la Presidente más impopular en el Chile post Pinochet—, Bachelet debe sentir con fuerza la tentación a polarizar la agenda política y forzar un realineamiento del electorado entre los que quieren reformas y los que están determinados a bloquearlas.
Ahora que su desaprobación ha vuelto a marcar un récord, la Presidenta Bachelet sentirá la tentación de polarizar la agenda política para recuperar la confianza de la base electoral de centro izquierda. Sabiendo que no tiene espacio para abandonar sus ambiciosas promesas de campaña sin pagar altos costos en su sector, y anticipando que la derecha irá por su capitulación total si ella comienza ahora a retroceder y mostrar señales de debilidad, Bachelet debiera apostar por afianzar su apoyo en el sector más fuertemente identificado con la izquierda.
Los presidentes siempre deben decidir entre gobernar para todo el país o gobernar para el sector que constituye su base de apoyo. Si aspiran a ser presidentes de todos los chilenos, los mandatarios inevitablemente deben tomar medidas que decepcionarán a sus bases más leales. En el Chile de hoy, eso significaría renunciar a la retroexcavadora. Si en cambio apuestan por satisfacer a sus bases de apoyo, eso llevará a imponer reformas radicales (como una reforma electoral o tributaria, sin los votos de la oposición).
En los próximos días, Bachelet deberá anunciar cuál es el procedimiento que ha escogido para impulsar el proceso constituyente cuyo inicio la Mandataria prometió para el mes de septiembre. En marzo, cuando arreciaba el caso Caval, la Presidenta nombró un Consejo Asesor para que hiciera propuestas contra la corrupción. Al presentar al país el informe de la comisión Engel, en cadena nacional a fines de abril, Bachelet incomprensiblemente contaminó el anuncio de la agenda de probidad con la promesa de que el proceso constituyente se iniciaría en septiembre. Esta fecha límite autoimpuesta obliga ahora a Bachelet a tener que decidir, una vez más, entre la agenda de reformas refundacionales (no hay nada más refundacional que una nueva constitución) y la estrategia de moderación y gradualidad que le ha querido imponer la clase política y que, desde el cambio de gabinete en mayo, personifica su ministro del interior Jorge Burgos.
Como Bachelet ya lleva varias semanas sin poder explicar qué significa el “realismo sin renuncia”, crece la presión para que la Presidenta opte por alguna de las estrategias. Ahora que debe estar pensando en qué hacer, la Presidenta Bachelet puede sacar lecciones de lo que ha ocurrido en Argentina, donde la Presidenta Cristina Fernández también atravesó por un periodo de profunda impopularidad. En vez de retroceder y construir grandes acuerdos con una oposición que aparecía más interesada en derrotarla que en sentarse a negociar, Cristina Fernández optó por polarizar el debate, articulando un discurso que distinguía entre buenos y malos, entre aliados y enemigos. El polarizado ambiente no le hizo bien al país, pero sí ayudó al gobierno, que logró mejorar su aprobación. Hoy, a meses de dejar el poder, la Presidenta de Argentina goza de una respetable aprobación y el principal candidato de oposición se esmera en no criticarla abiertamente. Después de todo, el principal abanderado opositor, Mauricio Macri, ya tiene asegurada la votación de los detractores de Cristina. Para ganar, necesita el voto de gente que ve con buenos ojos el desempeño del gobierno.
En Chile, Bachelet no ha necesitado polarizar el discurso. Después de todo, la oposición ha estado más interesada en negociar que en destruir a Bachelet. Ha habido espacio para negociar y construir acuerdos. Pero a medida que se acerque el nuevo ciclo electoral —con las primarias en junio de 2016 para las municipales de octubre—, la derecha también comenzará a ver los beneficios electorales de la polarización. Como ya sufrió un revés en las municipales de 2012 —y como tiene pocos nombres atractivos de candidatos para recuperar comunas que hoy están en manos de la Nueva Mayoría—, la derecha buscará convertir la elección en un plebiscito sobre la gestión de Bachelet. Por eso, el espacio para la negociación y los acuerdos se reducirá a medida que se acerque el nuevo ciclo electoral. Por eso mismo, por todos lados aumentan los incentivos para que Bachelet polarice el discurso.
Respondiendo a esos incentivos, en una declaración el miércoles 2 de septiembre, la Presidenta aseguró que “en la vida hay que seguir adelante… Y no importa ni las trampas que nos pongan en el camino…” Aunque hubiera sido más honesto reconocer que el gobierno se ha tropezado por su propio apresuramiento y desprolijidad, la frase clave en la declaración de la Presidenta está en su determinación a seguir adelante.
Ahora que no tiene nada que perder —ya tiene el récord de ser la Presidente más impopular en el Chile post Pinochet—, Bachelet debe sentir con fuerza la tentación a polarizar la agenda política y forzar un realineamiento del electorado entre los que quieren reformas y los que están determinados a bloquearlas. Aunque no sea lo mejor para Chile, un escenario de polarización será mejor para el gobierno que el mayoritario rechazo ciudadano que hoy experimenta.
Son inconducentes las preocupaciones sobre la capacidad para guiar adecuadamente al país de la dupla compuesta por el ministro del Interior Jorge Burgos y el titular de Hacienda Rodrigo Valdés. Mientras el barco del gobierno no esté firmemente guiado por la Presidenta Bachelet, ningún intento de uno o más ministros por tomar la dirección correcta será productivo. Dado que nuestro sistema institucional es fuertemente presidencial, resulta inútil poner la esperanza en que uno o más ministros podrán tomar el control. Si la Presidenta no marca rumbo, el país seguirá a la deriva, por más que dos o todos los ministros hagan fuerza juntos para retomar una hoja de ruta razonable que nos permita salir de la crisis.
Desde que, a partir de la aparición del escándalo Caval, la Presidenta comenzó a mostrar un comportamiento defensivo, e incluso errático, la arena política ha centrado su atención en la capacidad de los ministros que lideran su gabinete para tomar el liderazgo que la Presidenta no ha querido, o no ha podido, asumir. Después de varios meses de presión para lograr la salida del titular de Hacienda Alberto Arenas, los actores económicos celebraron la llegada del nuevo ministro Rodrigo Valdés. Su reconocida experticia tecnocrática y su cercanía con el mundo empresarial permitían anticipar que las relaciones rápidamente se recompondrían. Pero lamentable, los resultados de la gestión Valdés, a 100 días de haber asumido el cargo, son solo mixtos y apenas dan unas pocas razones para estar optimistas. El ministro ha logrado instalar la idea de que se debe hacer una reforma a la reforma tributaria. Pero el margen que tiene Valdés hoy para operar es tan reducido —por el complejo ambiente macroeconómico internacional y por las constantes aserruchadas de piso que sufre en el gabinete y en su coalición— que difícilmente va a ser capaz de generar las confianzas necesarias para que la inversión vuelva al país y Chile pueda retomar el sendero del crecimiento.
De igual forma, la llegada de Jorge Burgos a Interior hizo que muchos respiraran aliviados, pensando que eso bastaba para que la dinámica de reformas profundas que había caracterizado el primer año de gobierno fuera remplazada por una lógica más gradualista y consensuada, propia de los gobiernos de la Concertación. Pero a cien días de haber asumido el poder, la gestión de Burgos ha estado marcada más por la frustración. La visita del ex Presidente Lagos a La Moneda, para hablar fuerte y claro, asociando su figura a la idea del orden, solo confirmó que Burgos tiene más llegada con la vieja guardia concertacionista que con la Presidenta Bachelet y su cerrado círculo del segundo piso. Si hay algo claro hoy en el gobierno es que Burgos no ejerce la autoridad que muchos creyeron que el nuevo titular de Interior llegaría a desplegar.
Por todo esto, no resulta sorprendente que la dupla Burgos-Valdés haya sido incapaz de dar ese golpe de timón que esperaban todos aquellos nostálgicos de la era concertacionista. La dupla tampoco ha sido capaz de tranquilizar a aquellos que, sabiendo que los años dorados del concertacionismo ya no volverán más, aspiran a que haya un gobierno que sepa dirigir al país por la senda de los cambios profundos, pero graduales y consensuados. Tanto los nostálgicos del pasado como los que aspiran a un futuro de más desarrollo consensuado se sienten decepcionados porque la dupla Burgos-Valdés simplemente no dio el ancho. Por la otra vereda, los que aspiran a sacar a la retroexcavadora del fango en que se atascó por el apresuramiento y la irreflexión oficialista de 2014, también están insatisfechos, sabiendo que Burgos y Valdés tienen suficiente fuerza para evitar los esfuerzos por echar a andar la retroexcavadora.
Esta suerte de empate, entre una dupla que no logró su objetivo pero que logró frenar el avance hacia la refundación nacional que se impuso en 2014, tiene al país inmovilizado —y a muchos creyendo que estamos a la deriva cuando en realidad solo estamos dando círculos sin avanzar en ninguna dirección—. Por eso, da lo mismo si la dupla Burgos-Valdés se quiebra definitivamente o se logra re-articular. Esa dupla ya no sirvió para sacar al país del estancamiento. No fue por la incapacidad o falta de voluntad de los ministros. El problema está en nuestro sistema altamente presidencial.
En Chile, si el Presidente no empuja en una dirección, el país no se mueve. Cuando los presidentes tienen la visión y determinación para avanzar, el país puede moverse en la dirección correcta (o retroceder). Pero cuando los presidentes no se deciden por alguna de las opciones que tienen a su disposición, el país se estanca o da vuelta en círculos. A menos que la Presidenta tome ahora una decisión que se ha negado a tomar en los últimos meses y opte por una de las opciones —la búsqueda de consensos o la refundación—, ninguna dupla o equipo de ministros podrá sacar al país del estancamiento en el que actualmente se encuentra.
Cuando los lobos huelen sangre, se les abre el apetito. El reconocimiento hecho por la Presidenta Bachelet sobre su incapacidad para cumplir las ambiciosas metas de su programa de gobierno ha llevado a todos los actores sociales y políticos a querer aprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Por eso, más que sincerar y cerrar el debate sobre qué reformas seguirá impulsando y cuáles dejará de lado, el realismo sin renuncia de Bachelet ha abierto una competencia por tratar de definir y delimitar lo que será los próximos 12 meses de gobierno.
Cuando los gobiernos sinceran sus debilidades y reconocen que sus promesas de campaña fueron demasiado ambiciosas, el esfuerzo por bajar expectativas inmediatamente deviene en una oportunidad para aliados y adversarios. Los aliados se apuran en intentar que sus prioridades sean salvaguardadas por sobre los intereses de los otros partidos de la coalición. A su vez, los adversarios vislumbran una oportunidad para lograr en el proceso político aquello que el electorado les negó en las urnas. Como los actos de repliegue inevitablemente requieren que el gobierno abandone algunos de los objetivos que deseaba quitarle a la oposición, el realismo sin renuncia abre a la oposición la opción de salvar algunos de esos bastiones de poder.
Desde que Bachelet hiciera su reconocimiento, todos los actores políticos han salido a conquistar esos espacios de poder e influencia que habían estado en manos de Bachelet y que la Presidenta comenzó a perder con el escándalo Caval y terminó de perder cuando la realidad del enfriamiento de la economía dejó al gobierno con la billetera vacía y las promesas de gasto acumulándose impagas. Los que vieron en el programa de gobierno la realización de sus sueños de izquierdización frustrados por 24 años de gobiernos concertacionistas y aliancistas luchan ahora por salvar algunos de los aspectos más emblemáticos del programa. Aunque es evidente que llevan las de perder, porque las promesas del programa serán ineludiblemente diluidas, la lucha del flanco de izquierda ahora es por salvar lo más posible en su intento por desarticular el modelo de mercado heredado de la dictadura. Aquellos moderados, en cambio, que ocultaron sus discrepancias con el programa cuando la candidata Bachelet gozaba de una popularidad a prueba de cualquier cálculo matemático serio, ventilan sin miramientos sus discrepancias con el programa y con la lógica fundacional de la Nueva Mayoría. Cuando Bachelet ya no tiene el aura de incuestionada popularidad, los que antes escondían y minimizaban sus diferencias con la estrategia de sepultar a la Concertación, para remplazarla con una Nueva Mayoría decidida a hacer reformas y no reformitas, ahora alzan sin miedo sus voces de moderación y pragmatismo. Puede ser que esos moderados que parecieron mudos antes ahora queden como oportunistas que se mimetizaron para ganar a la sombra de Bachelet, pero su estrategia es la misma que ahora la propia Bachelet está ocupando para dejar atrás algunas de sus más sentidas promesas de campaña.
En la oposición, el vendaval de la derrota de 2013, la aplanadora de 2014 y las repercusiones de los casos de financiamiento ilícito de campañas de los casos Penta y SQM comienzan a ser desplazados por noticias algo más optimistas. Después de todo, por más mal que se vea, la oposición siempre se beneficia cuando el gobierno pasa por periodos de baja aprobación. El realismo sin renuncia ha dado a la Alianza un piso político que la gente le negó en 2013 -y que le sigue negando en encuestas-.Como la Alianza se dedicó a advertir todo el 2014 que el gobierno iba por el camino equivocado, ahora que la Presidenta anunció que pondría freno a las reformas, la Alianza aparece como esa minoría visionaria que advirtió sobre las malas decisiones que estaba tomando el gobierno.
Pero en la Alianza también hay discrepancias entre los que ven en la debilidad de Bachelet una oportunidad para pavimentar el retorno de Piñera y los que creen que es un error repetir la misma estrategia que llevó a ese sector a su peor derrota electoral desde el retorno de la democracia. De igual forma, en la Alianza es evidente el quiebre entre los que quieren una restauración conservadora y los que creen que el camino para la victoria está en apropiarse del discurso de reformas graduales que tanto éxito le dio en su momento a la Concertación.
Pero lo que es innegable es que los actores políticos se han apurado en entrar a competir por el vacío político que ha dejado el retroceso táctico que ha tomado el gobierno de Bachelet. Como la arena política requiere que alguien ejerza el poder, ahora que el gobierno ha abdicado de ejercerlo, se ha desatado con fuerza la disputa entre los otros actores políticos para llenar el vacío de poder que hoy existe en la política chilena.
Desde que reconociera que no podría cumplir con sus principales promesas de campaña, el gobierno de Michelle Bachelet se ha esmerado fútilmente en cuadrar el círculo. Porque resulta vergonzoso reconocer que la Nueva Mayoría se constituyó sobre la promesa de un programa irrealizable y porque la excusa de que las circunstancias adversas imposibilitan cumplir el programa es inverosímil, La Moneda se ha quedado sin forma de salir del hoyo en el que voluntariamente se metió. A menos que Bachelet reconozca que se excedió en sus promesas como candidata o que haga un mea culpa por alimentar expectativas después de asumir el poder en 2014, se seguirá profundizando el problema de credibilidad que Bachelet se autogeneró cuando comenzó el escándalo Caval.
Todos los candidatos prometen mucho más de lo que podrán cumplir en caso de ser electos. Desde el retorno de la democracia, los chilenos se han acostumbrado a escuchar promesas excesivas realizadas por candidatos que se esfuerzan por convencer a los votantes. Mientras más competitiva la campaña, más destempladas las promesas. Pero en la campaña de 2013, nunca estuvo en duda quién ganaría. Bachelet corrió con ventaja desde el día que aterrizó en Chile y anunció su candidatura. De ahí que resultara especialmente incomprensible que Bachelet realizara promesas más ambiciosas que las que ella misma hizo en la campaña de 2005 —cuando el resultado de la elección era incierto— y que las que hicieron otros candidatos presidenciales en contiendas anteriores. Bachelet no necesitaba prometer educación superior universal gratuita para ganar. Bachelet prometió educación gratuita —una nueva Constitución, reforma laboral, reforma electoral, elección directa de intendentes, reforma de pensiones, AFP estatal y tantas otras cosas— porque estaba convencida de que podía cumplir sus promesas.
Las advertencias que hicieron los diversos candidatos que ella enfrentó —desde su ex ministro de Hacienda Andrés Velasco en la campaña de primarias— hasta sus rivales en la campaña presidencial, advirtiendo que los números no cuadraban y que Bachelet debía dar más detalles sobre cómo impulsaría la nueva Constitución, entre otras advertencias, debieron haber llevado a Bachelet a morigerar sus promesas. Pero Bachelet en cambió optó por apretar el acelerador. Bachelet insistió en que ella realizaría reformas, y no reformitas (como sus predecesores). La ex Presidenta declaró que ella iba a cortar el queque ante las divisiones en su coalición. Sabiendo que ganaría independientemente de las promesas que hiciera, Bachelet alimentó expectativas más allá de lo razonable durante la campaña de 2013.
Después de haber ganado, contraviniendo toda lógica política —y toda responsabilidad de gobierno— Bachelet siguió alimentando expectativas respecto a los compromisos que había adquirido como candidata. Precisamente cuando correspondía poner paños fríos y comenzar a bajar las expectativas, Bachelet optó por doblar la apuesta y empujar las reformas fundacionales con más fuerza.
Los primeros meses de gobierno fueron una borrachera de promesas de reformas fundacionales y profundas que no se condecían con la realidad de un país que ha hecho las cosas bien y que solo necesita ajustes —importantes pero sin refundación— para alcanzar el desarrollo más inclusive y sostenible.
Ahora que el “realismo sin renuncia” ha sincerado la realidad, la decepción en las filas fundacionales es evidente. Pero aquellos que celebran que el gobierno finalmente haya vuelto a sus cabales, no debiesen respirar demasiado tranquilos. En sus primeros 16 meses, el gobierno vivió en una profunda disonancia entre lo que quería hacer, lo que realmente podía hacer y lo que el país necesitaba. Hasta ahora, el único reconocimiento que ha hecho La Moneda es sobre lo que puede hacer. Peromientras la Presidenta no reconcilie su discurso de lo que ella cree que Chile necesita con lo que la evidencia muestra sobre lo que Chile realmente necesita, las decisiones que tome el gobierno y las señales que de La Moneda para seguir avanzando serán, si no manotazos de ahogado, al menos señales claras de confusión de un gobierno que, en su realismo sin renuncia, sigue con un diagnóstico equivocado sobre lo que no funciona bien en Chile hoy.
La declaración de la Presidenta Bachelet a El País de España, señalando que le gustaría ser recordada como una presidenta que quiere a su pueblo, deja en evidencia tanto las fortalezas de su liderazgo que la hicieron la Presidenta más popular en el Chile democrático como las debilidades de un estilo de conducción que ahora tiene su aprobación por el piso. Porque Bachelet quiere ser juzgada a partir de sus intenciones —y no solo por sus resultados—, la sospecha que está instalada sobre qué tan honesta ha sido respecto al escándalo Caval y la precampaña de 2012 resulta tan dañina para su relación con su querido pueblo. Si la Presidenta hubiera aspirado solo a ser evaluada a partir de su desempeño, la práctica de no decir toda la verdad, tan común en la política, no le hubiera significado un golpe tan duro.
El principio de otorgar la confianza a otra persona para que desempeñe una tarea cuyos resultados cuesta evaluar es muy parecido a lo que ocurre cuando el electorado deposita mayoritariamente su confianza en un líder para que conduzca los destinos del país. Ya que las promesas de campaña se realizan bajo supuestos distintos de los que existen cuando corresponde gobernar, la gente anticipa que los candidatos no serán capaces de cumplir todas sus promesas. Por más bien intencionado que sea, un candidato presidencial no posee toda la información sobre cuál será la realidad cuando corresponda cumplir la palabra empeñada. Por eso, la gente anticipa que las circunstancias cambian, que aparecen otras necesidades o que los cálculos sobre los ingresos y egresos no estaban bien hechos. Por eso, la gente no necesariamente castiga a los políticos que no cumplen todas sus promesas, porque saben que aun los políticos más responsables se encontrarán con obstáculos sorpresivos en su camino.
Pero precisamente porque no hay forma de evaluar si los políticos incumplen sus problemas por haber enfrentado obstáculos sorpresivos o porque simplemente prometieron cosas que siempre supieron no iban a poder cumplir, la gente castiga severamente a aquellos políticos que son sorprendidos mintiendo, disfrazando la verdad u omitiendo información relevante. Porque la confianza es esencial para poder desempeñar el cargo de representante, cuando un político es sorprendido faltando a la verdad, se reduce automáticamente su posibilidad de seguir ejerciendo adecuadamente sus tareas. Igual que una pareja que se siente traicionada, la gente sabe que cuando se pierde la confianza, es muy difícil volver a recuperarla.
En ciertas relaciones contractuales, la gente anticipa que no puede confiar del todo en sus socios. Por eso, los oferentes de servicios trabajan arduamente para construir una buena reputación y mantenerla. Pero cuando las relaciones contractuales se cimientan en relaciones de cariño y afecto más que de reputación, los engaños, por más pequeños que sean, resultan mucho más costosos. Eso es lo que ha pasado entre el pueblo chileno y la Presidenta Bachelet. Porque la gente confió en Bachelet —y por eso votó por la Nueva Mayoría, una coalición que se mostraba como algo nuevo y distinto a la Concertación—, la pérdida de confianza en la persona de la Presidenta afecta también a toda su coalición de gobierno.
En 2010, una mayoría de los chilenos le confió su voto a Sebastián Piñera, el líder de la Alianza. Como líder, Piñera tenía una reputación de promesas con letra chica, de exageraciones y de polémicas y conflictos que hacían que la gente dudara de su honestidad, más no de su capacidad. Con Bachelet, la gente podía dudar de la capacidad de la Presidenta y de su poder de liderazgo para imponerse frente a los partidos de su coalición. Pero pocos dudaban de la honestidad de la primera mujer en llegar a La Moneda.
Por eso, Bachelet podía moverse en la dimensión del cariño —de ella hacia su pueblo y de los chilenos hacia ella— de forma mucho más cómoda que Piñera. El primer presidente de derecha en el Chile post dictadura también quería a su pueblo y soñaba con ser querido, pero Piñera entendió tempranamente que su evaluación se haría respecto a su desempeño. Por eso, aunque no le tengan cariño, los chilenos igual considerarán a Piñera como un candidato presidencial posible a partir del desempeño que tuvo su gobierno. Bachelet, en cambio, ha optado por el camino del cariño para definir su relación con los chilenos. En esa dimensión de cariño, las sospechas de deshonestidad calan más hondo. La presidencia de Bachelet no buscó ser la más eficiente ni la de mejor desempeño. La Presidenta aspiró a hacer suyos nuestros problemas. Por eso, ahora que su gobierno se esfuerza por lograr que la gente crea que Bachelet no sabía nada de la precampaña (así como tampoco supo nada de Caval hasta que lo vio por la prensa), ese querido pueblo de Bachelet la mira con desconfianza y le advierte que, una vez que se instala la sospecha de la mentira, es muy difícil volver a foja cero.
La declaración de la Presidenta Bachelet a El País de España, señalando que le gustaría ser recordada como una presidenta que quiere a su pueblo, deja en evidencia tanto las fortalezas de su liderazgo que la hicieron la Presidenta más popular en el Chile democrático como las debilidades de un estilo de conducción que ahora tiene su aprobación por el piso. Porque Bachelet quiere ser juzgada a partir de sus intenciones —y no solo por sus resultados—, la sospecha que está instalada sobre qué tan honesta ha sido respecto al escándalo Caval y la precampaña de 2012 resulta tan dañina para su relación con su querido pueblo. Si la Presidenta hubiera aspirado solo a ser evaluada a partir de su desempeño, la práctica de no decir toda la verdad, tan común en la política, no le hubiera significado un golpe tan duro.
El principio de otorgar la confianza a otra persona para que desempeñe una tarea cuyos resultados cuesta evaluar es muy parecido a lo que ocurre cuando el electorado deposita mayoritariamente su confianza en un líder para que conduzca los destinos del país. Ya que las promesas de campaña se realizan bajo supuestos distintos de los que existen cuando corresponde gobernar, la gente anticipa que los candidatos no serán capaces de cumplir todas sus promesas. Por más bien intencionado que sea, un candidato presidencial no posee toda la información sobre cuál será la realidad cuando corresponda cumplir la palabra empeñada. Por eso, la gente anticipa que las circunstancias cambian, que aparecen otras necesidades o que los cálculos sobre los ingresos y egresos no estaban bien hechos. Por eso, la gente no necesariamente castiga a los políticos que no cumplen todas sus promesas, porque saben que aun los políticos más responsables se encontrarán con obstáculos sorpresivos en su camino.
Pero precisamente porque no hay forma de evaluar si los políticos incumplen sus problemas por haber enfrentado obstáculos sorpresivos o porque simplemente prometieron cosas que siempre supieron no iban a poder cumplir, la gente castiga severamente a aquellos políticos que son sorprendidos mintiendo, disfrazando la verdad u omitiendo información relevante. Porque la confianza es esencial para poder desempeñar el cargo de representante, cuando un político es sorprendido faltando a la verdad, se reduce automáticamente su posibilidad de seguir ejerciendo adecuadamente sus tareas. Igual que una pareja que se siente traicionada, la gente sabe que cuando se pierde la confianza, es muy difícil volver a recuperarla.
En ciertas relaciones contractuales, la gente anticipa que no puede confiar del todo en sus socios. Por eso, los oferentes de servicios trabajan arduamente para construir una buena reputación y mantenerla. Pero cuando las relaciones contractuales se cimientan en relaciones de cariño y afecto más que de reputación, los engaños, por más pequeños que sean, resultan mucho más costosos. Eso es lo que ha pasado entre el pueblo chileno y la Presidenta Bachelet. Porque la gente confió en Bachelet —y por eso votó por la Nueva Mayoría, una coalición que se mostraba como algo nuevo y distinto a la Concertación—, la pérdida de confianza en la persona de la Presidenta afecta también a toda su coalición de gobierno.
En 2010, una mayoría de los chilenos le confió su voto a Sebastián Piñera, el líder de la Alianza. Como líder, Piñera tenía una reputación de promesas con letra chica, de exageraciones y de polémicas y conflictos que hacían que la gente dudara de su honestidad, más no de su capacidad. Con Bachelet, la gente podía dudar de la capacidad de la Presidenta y de su poder de liderazgo para imponerse frente a los partidos de su coalición. Pero pocos dudaban de la honestidad de la primera mujer en llegar a La Moneda.
Por eso, Bachelet podía moverse en la dimensión del cariño —de ella hacia su pueblo y de los chilenos hacia ella— de forma mucho más cómoda que Piñera. El primer presidente de derecha en el Chile post dictadura también quería a su pueblo y soñaba con ser querido, pero Piñera entendió tempranamente que su evaluación se haría respecto a su desempeño. Por eso, aunque no le tengan cariño, los chilenos igual considerarán a Piñera como un candidato presidencial posible a partir del desempeño que tuvo su gobierno. Bachelet, en cambio, ha optado por el camino del cariño para definir su relación con los chilenos. En esa dimensión de cariño, las sospechas de deshonestidad calan más hondo. La presidencia de Bachelet no buscó ser la más eficiente ni la de mejor desempeño. La Presidenta aspiró a hacer suyos nuestros problemas. Por eso, ahora que su gobierno se esfuerza por lograr que la gente crea que Bachelet no sabía nada de la precampaña (así como tampoco supo nada de Caval hasta que lo vio por la prensa), ese querido pueblo de Bachelet la mira con desconfianza y le advierte que, una vez que se instala la sospecha de la mentira, es muy difícil volver a foja cero.
En el último tiempo hemos visto a una serie de figuras públicas pedir perdón. Una palabra que nos es familiar desde niños, pero que la ciencia está estudiando hace sólo un par de décadas. Los resultados dan luces de los beneficios, las verdades y mitos de la sicología detrás de las disculpas. Una lectura obligada para los políticos en estos días.
Este ha sido el año de pedir perdón. Partió el senador Iván Moreira en enero cuando reconoció el uso de boletas de terceros para financiar su campaña. Y a medida que se han ido conociendo las investigaciones de Penta, Soquimich y Caval, hemos visto a varios personajes públicos y políticos haciendo lo mismo. Ha habido disculpas individuales, como Pablo Wagner a la UDI, y en grupo, como las de distintos dirigentes de partidos políticos. Se le ha pedido perdón a la ciudadanía (Sebastián Dávalos, quien además renunció a su cargo en la presidencia), a los propios empleados (Andrónico Luksic en el Banco de Chile) y hasta a la suegra (Natalia Compagnon).
En estos cuatro meses es uno de los momentos en que más hemos visto a los poderosos usar esa palabra. La misma que nos enseñaron a decir desde niños, y de mala gana, cuando lastimábamos a un hermano, esa que está asociada a las religiones, y que muchos familiares víctimas de la dictadura todavía quieren escuchar.
Pero aunque creemos que conocemos el perdón, la investigación científica sobre él es reciente. Comenzó en el hemisferio norte en 1989 cuando terminó la Guerra Fría y los países enemigos tuvieron que aprender a conciliar. En ese momento el perdón, explica Everett Worthington, sicólogo de la Universidad Virgina Commonwealth y uno de los principales especialistas en esta materia, se volvió un tema obligado. Sin embargo, el estudio se aceleró en 1998 cuando la Fundación Templeton en Estados Unidos, que financia investigaciones en “las grandes cuestiones de la vida”, comenzó a entregar recursos para indagarlo.
¿Y qué es el perdón? Los más de mil investigadores que lo estudian no se ponen de acuerdo. En general lo definen como un acto social en donde, más que pedir, el acto principal es recibir ese perdón, renunciar al derecho de castigar a quien ofendió y disminuir la ira. Según Worthington, existen dos formas de perdonar. La primera nace de una decisión, cuando una persona deja de buscar revancha o evitar a quien lo agravió y lo empieza a tratar de una forma diferente, sin esperar nada a cambio. La segunda es emocional: se reemplazan los sentimientos negativos como el rencor, la ira y la ansiedad por la empatía y compasión y el que está perdonando empieza a sentir sentimientos positivos hacia quien lo ofendió.
En lo que sí hay consenso entre los investigadores es que el perdón es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra y que trae múltiples beneficios incluso para la salud física, siempre y cuando sea sincero.
El perdonazo
No siempre perdonamos o pedimos perdón sólo por altruismo o para reconciliarnos. Según un estudio del Grupo de Investigación del Perdón de la Universidad de Brock en Canadá, nos disculpamos principalmente porque nos sentimos avergonzados, por el qué dirán, para evitar el castigo, para mantener la relación que se tiene con el otro, por justicia y en el caso de los creyentes, porque Dios así lo pide. La sicóloga Kathryn Belicki, que lidera ese centro, explica que cuando se trata de perdonar hay fundamentalmente nueve razones: el deseo de preservar la relación, la empatía hacia el infractor, porque el otro se disculpó y también el factor religioso. Pero hay otras más egoístas como sentirse mejor, evitar las consecuencias sociales (como ser presionado para perdonar), la conveniencia y hasta para demostrar superioridad moral.
Pero también influye quién es la persona a la que hay que perdonar y la cultura en que vivimos.
¿Perdonó usted a Iván Moreira? ¿Confía en las disculpas de Natalia Compagnon, Pablo Wagner o los líderes de los partidos? Según las investigaciones, nos cuesta más creer y recibir las excusas de los personajes públicos que las de nuestros cercanos, aun cuando los conocidos nos hayan herido más. “En las relaciones cercanas hay más que perder, como la relación en sí. En el plano colectivo no hay un vínculo de pasado con esa figura”, explica Jorge Manzi, sicólogo social de la UC y quien ha realizado estudios acerca del perdón colectivo en Chile.
La confianza también es un elemento clave al momento de aceptar las disculpas y Chile tiene bajas tasas de confianza, lo que les pone la pista pesada a los arrepentidos: “Esta carencia disminuye el impacto de las disculpas. Puede ser percibido como manipulación”, agrega Manzi, quien también es director de MIDE UC.
A eso se suma que en Chile la cultura del perdón colectivo, por los años de dictadura, ha sido compleja. Manzi recuerda que en 1999, cuando participó en la Mesa de Diálogo se habló de verdad, de justicia, de reparación, pero poco de perdón. “En Chile hubo una negación de los que estuvieron asociados a los hechos. Todos decían que eran víctimas y eso hizo que el perdón no tuviera espacio, porque para que exista tiene que haber un convencimiento personal de que se cometió un acto impropio. Algo que no existía en esa época”, asegura.
Por su parte, Tony Mifsud, sacerdote jesuita y parte del grupo del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado, dice que no basta con pedir perdón. La Iglesia Católica siempre ha hecho hincapié en la penitencia, es decir, que además del arrepentimiento también debe haber un propósito de enmienda. La clave, dice Mifsud, está en los gestos, en mostrar cambios, algo que, según él, se ha perdido: antes si en un ministerio se descubría cohecho, el ministro, aún cuando no era culpable, renunciaba, porque era responsable políticamente. Ahora eso ya no ocurre. “Si el perdón va a ser barato, es decir, sólo la palabra y quedar donde mismo, la desconfianza empeorará y aumentará la falta de credibilidad. Al país no le conviene avanzar hacia allá”, asegura. “En la sociedad chilena se necesita reinstalar la capacidad de responder por los propios actos y omisiones. Y asumir las consecuencias prácticas de ello”, dice por otra parte Eva Hamamé, doctora en filosofía de la Universidad Diego Portales y co-investigadora junto al fallecido Humberto Giannini de un proyecto Fondecyt sobre el perdón.
Y así como nos cuesta perdonar a las figuras públicas, en la esfera privada somos más compasivos. “Las muestras de perdón tienen niveles medios altos, pero siempre moderado por distintas razones, como por ejemplo, el tipo de ofensa, las características de la relación o la personalidad”, dice Mónica Guzmán, académica de la Universidad Católica del Norte, quien ha estudiado el perdón en la pareja chilena. Explica, por ejemplo, que la infidelidad, por sobre el engaño y la mentira es lo que más cuesta perdonar. La personalidad, dice, también influye: los más empáticas y menos neuróticos y los más seguros de sí mismo tienden a perdonar más fácilmente. Pero cuando hay un conflicto y no hay disculpas de por medio, tendemos a evitar a la pareja. Nos cuesta acercarnos o volver a confiar. Eso sí, aclara Guzmán, son muy pocos los que optan por la venganza.
Lo bueno de perdonar
Un grupo de investigadores de Hope College en Estados Unidos, le pidió a distintas personas que pensaran en alguien que les había hecho daño: eso los hizo sudar más y les subió la presión. Worthington explica que como éste, hay varios estudios similares que muestran que el rencor puede crear trastornos relacionados con el estrés, problemas cardiovasculares y en el sistema inmunológico. Además, puede contribuir a la depresión, ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo o de ira y transformarse hasta en un problema de salud pública. “Perdonar reduce el estrés innecesario que se genera cuando le damos vuelta una y otra vez a las malas experiencias que no pueden ser cambiadas, además de impactar positivamente en los sistemas cardiovascular, nervioso y endocrino”, dice Frederic Luskin. Este investigador creó un sistema para enseñar a perdonar y ha recorrido el mundo enseñándolo. Hoy dirige el Proyecto del Perdón de la Universidad de Stanford, y uno de los resultados más conmovedores fue con madres víctimas de la violencia que por décadas experimentó Irlanda del Norte. El programa se ofreció durante una semana y tras un seguimiento de seis meses, las mujeres mostraron un 50 por ciento menos de estrés, un 40 por ciento menos de depresión y un 23 por ciento menos de ira.
El sicólogo de la Universidad de Wisconsin Madison y uno de los pioneros en el estudio del perdón, Robert Enright, también diseñó un método, esta vez de 20 pasos, para aprender a perdonar. Lo probó con un grupo de hombres que estaban heridos porque sus mujeres se habían practicado un aborto. Tras 12 sesiones de 90 minutos, los participantes lograron reducir sus niveles de ansiedad, ira y dolor. “La terapia del perdón es más eficaz que muchos otros tipos de terapia cuando el problema que presenta es el tratamiento injusto de los demás”, dice Enright.
La mitología del perdón
Pero por más beneficios que tenga, nos cuesta perdonar. Según los investigadores hay una serie de conceptos mal entendidos en torno al perdón que lo hacen más difícil. Por ejemplo, creer que al perdonar hay que retomar la relación con la persona que nos hirió como si no hubiera pasado nada. Loren Toussaint, sicólogo estadounidense que llevó a cabo un proyecto con gente de Sierra Leona, explica que “perdonar no significa que tenga que ser amigo de quien me hirió”. Worthington agrega que la reconciliación se trata de restaurar la confianza en la relación y que eso requiere una conducta de honestidad de a dos. El perdón, en cambio, es una experiencia individual, es decir, que para hacerlo ni siquiera es necesario que nos pidan disculpas.
Otro mito es que disculparse es sinónimo de olvidar. Ni el que perdona, ni el que pide perdón deberían hacerlo, explican los expertos. “Perdonar nunca es olvidar, sino más bien recordar el daño producido al otro, dolerse profundamente y arrepentirse”, explica la investigadora de la Universidad Diego Portales, Eva Hamamé. Perdonar tampoco es muestra de debilidad. Enright agrega que “el perdón, como la bondad, es una virtud moral en el que la persona tratada injustamente ofrece misericordia”. Y otra cosa muy importante es que así como no debilita a la persona, tampoco debería limitar la búsqueda de justicia y reparación. Worthington pone su propio caso como ejemplo. En 1996, a finales de año, un hombre entró a la casa de su madre y la mató con una barra de hierro. Hasta ahora nadie ha sido condenado por el hecho. “Yo perdoné a la persona que lo hizo. No se trata de no buscar justicia porque eso debilita la sociedad. La justicia es algo de la sociedad, mientras que el perdón era algo mío”, dice.
El mito más grande de todos, sin embargo, es que hay cosas imperdonables. Según los expertos, al menos, todo se puede perdonar, pero también dicen que este acto tiene sus propios tiempos y ritmos. Así es que no nos apuren.
La tajante afirmación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet para responder a los rumores sobre su posible renuncia subraya el complejo momento por el que atraviesa su gobierno. Cuando un Presidente está en control del timón político del país, avanza su agenda legislativa, implementa mejoras en políticas públicas e institucionalidad y goza de altos niveles de aprobación, a nadie se le ocurre preguntarle si está pensando en renunciar.
El rumor comenzó a circular en la élite política a comienzos de marzo, después del retorno de Bachelet de sus vacaciones y producto del escándalo Caval. Aunque ahora reconozca que fue un error no haber hablado del tema, la decisión inicial de Bachelet de no referirse al asunto evidenció su incomodidad con el problema político en el que la había metido su único hijo varón. Cuando aludió a que no quería interceder en la investigación en curso, la Presidenta olvidó que la denuncia ante fiscalía fue presentada varios días después de que estalló el escándalo. Peor aún, Bachelet todavía no ha enmendado el error en tanto todavía no da su opinión sobre “la pasada” inmobiliaria de Caval. Dada la independencia que ha demostrado la fiscalía, la Presidenta debiera saber que sus dichos no van a influir en la investigación sobre posibles delitos que pueden haber cometido aquellos involucrados con la empresa de su nuera.
Los rumores sobre la renuncia se esparcieron tan rápidamente por la errática respuesta del gobierno ante el escándalo SQM. Las discrepancias sobre cuál era la mejor estrategia a seguir terminaron por inmovilizar al gobierno. Mientras algunos pedían un acuerdo con la clase política para mejorar la legislación sobre el financiamiento de campañas, otros defendían la tesis de que la investigación de la fiscalía debiera seguir, caiga quien caiga. Al final la investigación ha seguido, pero las señales sobre la postura del gobierno siguen siendo confusas. Recientemente, el SII ha denunciado a SQM por otras boletas y facturas presumiblemente falsas, pero no hizo extensiva la denuncia a los emisores de esos documentos. El SII tampoco se ha querellado contra SQM por esas boletas y facturas que involucran a varios políticos, limitando así el accionar de la fiscalía. Bachelet misma ha sido ambigua sobre cuál debiera ser el camino a seguir. La Presidenta ha sugerido que los involucrados pudieron haber realizado servicios efectivos a SQM y por lo tanto no habría nada irregular. Sin querer entender que el problema está en la sospecha de que SQM requería esos servicios de demasiadas empresas y personas con vínculos políticos evidentes, Bachelet se escuda en la letra de la ley y no se hace cargo de la percepción de abuso y tráfico de influencias que rodea a este escándalo. Después de que líderes de la NM justificadamente fustigaron a la UDI por mantener en posiciones de liderazgo a legisladores involucrados en el escándalo Penta, Bachelet ratificó en sus cargos a sus funcionarios de confianza involucrados en el escándalo SQM (y también al ministro Alberto Undurraga, involucrado en el escándalo Penta). La falta de liderazgo de Bachelet ante los escándalos Penta y SQM ha sido terreno fértil para que se expandan los rumores sobre su posible renuncia.
Finalmente, la incapacidad del gobierno para controlar la agenda política, impulsar sus propias prioridades legislativas de reformas y mostrarse con actitud proactiva contribuyó a darle credibilidad a un rumor que por semanas se repitió en los círculos de poder. La propia Presidenta ha contribuido a alimentar la percepción de que el gobierno está estancado. Al desmentir a aquellos que hablan de una parálisis en el gobierno, Bachelet tácitamente reconoce el problema. Cuando el gobierno está trabajando a mil por hora, las críticas que acusan parálisis no tienen eco y no necesitan ser desmentidas.
Esta no es la primera vez que se expanden rumores sobre una posible renuncia presidencial. En la crisis MOP-Gate, el columnista Ascanio Cavallo sugirió que el Presidente Ricardo Lagos podría no terminar su periodo. Lagos lo desmintió con hechos concretos y liderazgo. Al final, aunque pasó momentos duros, Lagos convirtió esa crisis en oportunidad.
Bachelet tiene una oportunidad similar hoy para convertir la triple crisis Penta-SQM-Caval en una oportunidad para mejorar las instituciones y profundizar la democracia. Para hacerlo, deberá demostrar su disponibilidad a jugarse su capital político. Ya que reconoció que no hablar sobre el escándalo Caval fue un error, ahora debiera separar aguas con los negocios especulativos de su hijo y, después de una condena pública, asumir el liderazgo para sacar a la clase política del pantano. Después de todo, la base de legitimidad de Bachelet se construyó a partir de su voluntad de hacer cosas difíciles. El norte que la llevó a convertirse en Presidenta, por segunda vez, fue su oposición a los que lucraban con la educación. Extender ese rechazo a los que han lucrado con la democracia debiera resultar un paso natural y fácil de dar para la Presidenta Bachelet.

Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Es cierto que son rumores. Sin embargo, se ha instalado en parte de la elite la idea de que- simplemente usted debe dar un paso al costado. Ya señaló firmemente que eso no estaba en sus planes, lo que por cierto va en la dirección correcta. No obstante, yo la invito a renunciar; pero a renunciar a lo que le han dicho o aconsejado. La invito a renunciar a su discurso refundacional que muchos incrustaron en su propio programa de gobierno. En lugar de bajarla al ciudadano común, la pusieron en una nube. Lo que hicieron con usted, simplemente no tiene nombre. Le quitaron el ángel que la caracterizó durante su primer período. Le cortaron las alas. Esas alas que tanto le costó construir y que ahora la tienen con un tercio de aprobación.
Michelle, renuncie a eso. Rebélese en contra de quienes le señalaron que Chile iba rumbo al despeñadero y que había que partir prácticamente desde cero. Niéguese a esa profecía autocumplida de algunos intelectuales que al parecer quieren ver cómo Chile transita desde la consolidación democrática a la pauperización absoluta de la política. Es cierto que tiene una baja aprobación, pero fíjese en sus atributos de acuerdo a la última encuesta Adimark. Casi el 60% la respeta, 54% cree que tiene liderazgo, y 53% valora su capacidad para resolver los problemas. Hay una baja evidente en la confianza que usted genera, pero eso puede ser pasajero en la medida que tome las decisiones correctas. No es usual que una baja aprobación conviva con atributos bien evaluados. Piense en la posibilidad de que esta caída sea contingente y no necesariamente estructural. Para eso déjese llevar por su instinto. Haga una cadena nacional y explique todo sobre el caso Caval. Reconozca la tensión o el dilema que tuvo entre ser madre y Presidenta. Sus votantes –y especialmente las mujeres- la entenderán perfectamente. Pero hágalo pronto.
No escuche a quienes piden un cambio de gabinete. Note usted que la evaluación de su equipo cayó sólo cuatro puntos en un momento crítico para todos. Hacer un cambio ahora implicaría prender la hoguera dentro de su coalición. Las elecciones de la DC fueron hace pocos días, y se vienen las del PS. No dé pasos en falso. Por último, recuerde que ha hecho cosas positivas por Chile. Su gobierno será recordado por el cambio al sistema electoral binominal luego de más de veinte intentos. Su reforma tributaria debiese traer efectos positivos en el largo plazo, mientras que la educacional tardará un poco más. También se viene la discusión sobre la nueva ley de financiamiento. El proyecto que envió al Congreso es perfectible, y me parece que es un gran avance. No sé qué tanto le pueda sumar los aportes del Consejo Asesor, pero en estos momentos todo sirve.
Michelle, seguro le van exigir que prontamente haga las gestiones para promover el cambio de Constitución, y ojalá, mediante asamblea constituyente. No olvide que estos mismos consejeros le dijeron que Chile estaba al borde del colapso, y desde ahí vino la tesis refundacional que ahora le está pasando la cuenta. Piense usted en lo siguiente. Es fácil poner la carreta delante de los bueyes. Suena hasta sexy hablar de nueva Constitución. El problema, Michelle, es que nadie ha hablado de planes concretos a seguir. No he escuchado una propuesta de un plan nacional de educación cívica. Las últimas elecciones mostraron una participación muy desigual, especialmente en la Región Metropolitana,dando cuenta que los ricos votaban sustantivamente más que los pobres. Y ya sabemos que a participación desigual, representación desigual. ¿Resolverá eso una Nueva Constitución? Acá hay una necesidad urgente. Habrá generaciones completas que no conocerán lo que es una papeleta de votación. El problema es que en lugar de promover estas políticas públicas específicas, de nuevo la están tratando de subir a un Olimpo que, créame usted, no existe.
La saludable desconfianza que reina en la población respecto al desempeño de sus autoridades no es un problema. El problema en Chile hoy es la falta de conducción política. Es común que las democracias modernas tropiecen cuando las condiciones económicas empeoran y cuando los escándalos ponen a la clase política contra la pared. La incapacidad para volver a ponerse en pie, en cambio, es propia solo de los gobiernos que se ven superados por las circunstancias. Chile no está pasando por una crisis institucional o democrática. Nuestro país solo atraviesa por una crisis política causada por un gobierno que carece de conducción.
En las democracias saludables, la gente confía más en las instituciones que en las personas. Porque todas las personas son susceptibles a cometer errores involuntarios, incurrir en malas prácticas o, incluso, violar la ley, las democracias deben tener mecanismos adecuados para sancionar. Ya que no todos los seres humanos son virtuosos, la oportunidad a menudo termina haciendo al ladrón. De ahí que deban existir instituciones que disuadan las malas prácticas y castiguen ejemplarmente a los que violan la ley.
El hecho que el cóctel de escándalos (Penta, SQM y Caval) sea mayor que ningún otro en la historia de nuestra democracia se puede deber a que nunca antes tuvimos estas malas prácticas de forma tan extendida o bien a que ahora hay más instituciones que fiscalizan mejor y persiguen delitos que se hayan cometido. Parece evidente que la segunda opción es la correcta. No hay razón para creer que los políticos del pasado eran más virtuosos que los de hoy. Pero sí hay mucha evidencia de que nuestras instituciones funcionan mejor hoy que en el pasado.
Esta no es la primera vez que la política chilena se encuentra en un pantano. Es cierto que las mismas prácticas de financiamiento de la política que antes eran comunes hoy resultan inaceptables para una población que tiene acceso a más información y que se encuentra más vigilante. Después de todo, una de las consecuencias de que la clase media haya crecido es que ya no se pueden hacer acuerdos entre cuatro paredes sin tomar en cuenta a una sociedad civil cada vez más vociferante y activa. Cuando la sociedad se desarrolla y los beneficios del crecimiento y del progreso alcanzan a más personas, los clubes exclusivos de los mismos de siempre ya no sirven como el mecanismo para solucionar conflictos y salir de las crisis.
Hoy, el país no está paralizado por los escándalos Penta, SQM y Caval. La clase política está paralizada. Esa parálisis es resultado de un diseño institucional excesivamente presidencialista. En Chile, el Presidente tiene tanto poder que cuando el Presidente se paraliza, toda la clase política —y eventualmente hasta la economía del país— también se terminan paralizando. Por eso, la discusión actual sobre la conveniencia de un acuerdo político que permita superar la crisis carece de un elemento clave. Ningún acuerdo, independientemente de sus méritos, tiene posibilidad de materializarse si no es piloteado desde La Moneda. Los méritos y debilidades del acuerdo del que tanto se habla en estos días poco importan si no hay evidencia de que la Presidenta de la República está dispuesta a poner su capital político y sus atribuciones institucionales para lograr su concreción.
El 9 de octubre de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet dijo que, respecto al mecanismo para una nueva Constitución, “tengo que zanjar cuál va a ir en el programa de gobierno. Yo voy a cortar el queque”. Entonces, Bachelet sabía que tenía el poder y pensaba ejercerlo. Hoy, existen fundadas dudas sobre el control efectivo que tiene la Presidenta sobre sus poderes y atribuciones institucionales y abundan los rumores —alimentados por la propia actitud de Bachelet— sobre la disposición de la Presidenta a usar sus poderes institucionales para salir de la turbulencia que aflige hoy a la clase política.
En dictadura, uno de los cantos favoritos de los opositores al gobierno de Pinochet partía con un “¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta?” El canto reflejaba más una intención de controlar el poder que la evidencia de que la hoja de ruta de la transición a la democracia se estaba dibujando con las protestas en las calles. Como ahora ya es incuestionable, la transición chilena se cocinó en acuerdos de elites. Hoy, a 30 años de las marchas que popularizan el canto que insultaba al dictador, corresponde hacerse la misma pregunta, pero de forma más reflexiva y sin afán de ofender a nadie. Después de todo, las dudas sobre quién manda hoy en Chile son las que alimentan esa percepción de preocupación —e incluso fin de ciclo— que hace que muchos confundan la innegable crisis política con una inexistente crisis de las instituciones o del sistema democrático. Afortunadamente, es cosa de que la Presidenta tome las riendas para que se comience a superar la crisis política. La solución podrá ser buena o mala, pero la inacción actual terminará solo cuando Bachelet se anime a cortar el queque.
Para el director de Cadem, Roberto Izikson y el director del Observatorio UDP, Mauricio Morales, el modo en que la Presidenta gestione la tragedia en el norte tendrá efectos en su aprobación, aunque nada asegura que estos sean permanentes.
Sobre las consecuencias que la tragedia podrían generar para la Presidenta Bachelet, el cientista político Mauricio Morales remarca que los Gobiernos son calificados según su eficiencia.
Así, en el actual escenario y con los casos Penta, Caval y SQM, Morales plantea que “ninguna tragedia sirve como excusa para tapar los casos de corrupción. Pero las tragedias sirven para poner a prueba la capacidad de reacción del Gobierno. Dado que los gobiernos son evaluados según su eficiencia, las crisis de este tipo pueden impactar en los niveles de aprobación”.
El director del Observatorio Electoral de la UDP recuerda además lo sucedido con catástrofes anteriores. “Ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con el terremoto en Tocopilla y en el norte en general, donde los partidos tradicionales se han deprimido de manera muy acelerada. Contabilizando las regiones XV, I, II y III, el 80% de su población está gobernada por alcaldes que no pertenecen a las listas o pactos más tradicionales”, dice.
Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.
Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.
El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.
Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.
Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina. Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.
Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.
Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.
Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.
Primero fue la Presidenta Bachelet quien evitó referirse al tema de fondo en el caso Caval escudándose en su condición de madre. Después, el ex Presidente Sebastián Piñera evitó referirse al tema de fondo del caso Penta escudándose en su condición de amigo de uno de los principales involucrados. Cuando el país demanda que sus líderes políticos estén a la altura de la investidura que poseen y se hagan cargo de cuestionamientos a su desempeño, el silencio de Bachelet respecto a su evaluación sobre la ética detrás de lo que hizo su hijo como el de Piñera sobre si cometió un error al nombrar a Pablo Wagner en la Subsecretaría de Minería (o si se arrepentía ahora de haberlo hecho) muestra que ambos Presidentes prefirieron refugiarse en sus relaciones familiares y de afecto para hacerle el quite a su responsabilidad política.
En estas últimas semanas, los casos Caval y Penta han tenido al gobierno y la oposición contra la pared. Por un lado, el caso Penta ya ha resultado en la prisión preventiva de los controladores del holding y del ex subsecretario Warner. El caso Caval, en cambio, llevó a la Presidenta a convocar un Consejo Asesor que le deberá entregar propuestas en 38 días (las que luego deberán ser sometidas al Congreso). En Penta, la renuncia del presidente de la UDI, Ernesto Silva, y los rumores sobre posibles formalizaciones de otros políticos UDI involucrados ha dejado en claro los altos costos políticos que ha pagado, y deberá seguir pagando, el partido más importante de Chile. En Caval, en cambio, los costos se han concentrado en la Presidenta Bachelet. Si bien la existencia de la Nueva Mayoría descansa sobre la credibilidad y popularidad de Bachelet, la NM no ha visto dañada su ya débil aprobación producto de los negocios inmobiliarios del hijo de la Presidenta. Aunque el escándalo Soquimich amenaza con convertirse en un dolor de cabeza tan dañino para la NM como Penta lo ha sido para la UDI, lo cierto es que es mucho menos malo tener una espada de Damocles colgando sobre tu cabeza que haber sido atravesado por ella. Por eso, aunque los costos de un escándalo SQM son potencialmente altos y el daño sufrido por Bachelet (que es el pilar de apoyo de la NM) ha sido innegable, la NM ha pagado menos costos que la Alianza en estas semanas.
Así como el mayor costo del escándalo Caval ha sido para Bachelet, el caso Penta también golpea al incuestionable líder de la Alianza, el ex Presidente Sebastián Piñera. Comprensiblemente, la relación de amistad de Piñera con Carlos Délano ha atraído los titulares de prensa (“Delano ha sido, es y va a seguir siendo mi amigo”). Aduciendo a su condición de amistad por 40 años, Piñera fue más lejos, señalando que la amistad es “en las duras y en las maduras”. Pero como está consciente de los altos costos que implica esa especial amistad con el que fue miembro del Tercer Piso (asesores y amigos) durante su gobierno, el ex Presidente Piñera no ha acompañado su declaración con la prueba de cercanía de ir a visitar a su amigo a la cárcel. Si va a usar el argumento de la amistad, debiera comportarse como el mejor amigo e ir a acompañar a su compañero de tantas jornadas en su momento más amargo.
Como ex Presidente, Piñera puede usar esa carta para abordar su histórica relación con Délano. Bachelet no puede hacer lo mismo para evitar referirse a la cuestión de fondo en el caso Caval. No basta que ella diga no haber sabido nada del asunto. Como líder del país y como paladín de la causa de la igualdad, Bachelet no puede decir “paso” ante las legítimas preguntas sobre su evaluación política de los negocios realizados por su hijo y su nuera. La investidura presidencial obliga que la madre privilegie su condición de líder política del país (y de su coalición) y enfrente las legítimas preguntas sobre su opinión de las actividades empresariales de su hijo y sobre su propia decisión de haberlo nombrado a un cargo de su exclusiva confianza.
De igual forma, la investidura de ex Presidente obliga a Piñera a tener que enfrentar en su condición de tal la prisión preventiva de Pablo Wagner. No basta con excusarse alegando que hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Si Bachelet usara esa excusa para no hablar del escándalo que involucra a su hijo, lloverían justificadas críticas desde la oposición y su propio sector. El ex Presidente Piñera tiene todo el derecho de escoger a sus amigos, pero la decisión de nombrar a Wagner como subsecretario fue un acto político del que debe hacerse cargo —y por el que debe dar la cara—.
Enfrentados a la obligación de dar la cara por sus actos políticos y sus decisiones administrativas respecto de Sebastián Dávalos y Pablo Wagner, los Presidentes Bachelet y Piñera han optado por desviar la atención y recurrir, respectivamente, a sus relaciones familiares con Sebastián Dávalos y de amistad con Carlos Délano para hacerles el quite a los cuestionamientos de fondo. Cuando el país demanda que los Presidentes actúen a la altura de sus cargos, Bachelet y Piñera prefieren decir “paso”.
Mauricio Morales, Director del Observatorio Político Electoral UDP.
El cientista político de la UDP Mauricio Morales nos explica con lápiz y pizarra los nexos, aristas y repercusiones que tienen los tres casos político-económico que más han afectado la imagen del país.