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  1. Crisis en Chiloé revela el poderío de las regiones en año electoral

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Las movilizaciones en el sur ya cumplen dos semanas y recién hace dos días se logró que siete comunas se bajaran del movimiento. Tras regresar de Europa, la Presidenta designó un ministro coordinador para hacer frente a una dura amenaza en año electoral y que tiene similitudes con lo ocurrido en Aysén el 2012.

    Hoy se cumplen dos semanas desde el inicio de las movilizaciones en Chiloé producto de la marea roja. En pleno debate sobre la necesidad de enviar un delegado presidencial para resolver el conflicto, la mandataria regresó de una gira por Europa y su primera decisión fue designar a Luis Felipe Céspedes como ministro coordinador, medida que tuvo rápidos efectos, ya que siete comunas, según el ministerio de Economía, se bajaron del movimiento tras llegar a un acuerdo. Desde hoy comenzará el abastecimiento de alimentos y combustible en esas zonas.

    El viernes así lo solicitó la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, mientras parlamentarios oficialistas de la zona apuntan al rol que ha tenido La Moneda en el conflicto. “Si el Gobierno no adopta acciones concretas y efectivas para esta crisis, vamos a tener un Aysén 2.0”, dice el diputado del PS por la Décima Región, Fidel Espinoza.

    Por ahora, el conflicto se ha manejado a nivel sectorial, con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (DC), como rostro del Gobierno, en constante comunicación con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS). En los últimos días Bachelet se ha mostrado especialmente preocupada de la situación y ha mantenido permanente contacto tanto con Céspedes como con el jefe de gabinete, Jorge Burgos, para monitorear una crisis que a muchos recuerda lo ocurrido el 2012 en la Undécima Región.

    El paralelo con Aysén no es casual. Ambos conflictos surgieron en año de elecciones municipales y un año antes de las parlamentarias. “Los ciclos electorales siempre incentivan demandas, pero  no creo que en ambos casos sea el factor gatillante”, plantea el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Colodro.

    Y es que ahora los dirigentes del movimiento en Chiloé pusieron sobre la mesa un petitorio de 28 puntos para destrabar el conflicto, y una de sus demandas clave era un delegado presidencial, lo que no ocurrió el 2012 en Aysén.

    A la hora de comparar lo ocurrido en ese fenómeno con lo que hoy se vive en Chiloé, el analista sostiene: “Creo que el factor común son dos Gobiernos que generaron un clima de sobre expectativas, y que cosecharon grandes frustraciones”.

    Otra mirada es la que tiene el director del Observatorio Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales. “Es difícil pensar en una relación causal entre año de elecciones municipales y estallido de conflictos sociales. Dado que hemos tenido movilizaciones sociales en años no electorales, entonces cuesta imaginar que las elecciones lleven asociados escenarios de protesta ciudadana”.

    Como sea, Morales aclara el panorama con una demanda histórica: “Lo que sí veo en juego para ambos casos son asuntos de descentralización. Me parece central que el Gobierno tome nota respecto a lo indispensable que es la elección directa de los intendentes. Estos conflictos podrían ser administrados desde las regiones, descomprimiendo al Gobierno central”.

    En ese contexto hay voces en el oficialismo que justamente presionan por apurar la tramitación del proyecto de elección de intendentes. Hoy, por ejemplo, habrá una reunión de los jefes de bancada de la Nueva Mayoría con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes (DC), para abordar el tema.

    La iniciativa va de la mano con la agenda de descentralización y revela la fuerte presión y el poderío de las regiones, que tomó más fuerza en año electoral.

    Por lo mismo, la crisis en Chiloé abre un complejo escenario para el Gobierno. “Sorprende el mal manejo político, pensando en que la izquierda siempre se dice muy cercana a los movimientos sociales. Hoy se ha visto sorprendida y fuera de control de la situación”, dice el académico de la UDD, Gonzalo Müller.

    En ese sentido, los efectos que la crisis en Chiloé pueda generar en las municipales ya son materia de análisis. Hoy es la Nueva Mayoría la que tiene el poderío en la zona. De 10 comunas que componen la provincia, siete están en manos del oficialismo, y los pronósticos de la oposición para las elecciones del próximo de 23 octubre apuntan a que podrían recuperar Ancud y que en Chonchi tienen opciones, pero al ir con dos candidatos los votos podrían dividirse, mientras que en Castro y Quinchao podrían dar una dura pelea.

     

    Bitácora de Aysén

    La crisis del 2012 en Aysén dejó varios efectos políticos. El surgimiento de Iván Fuentes como líder del movimiento fue uno de los más visibles. El dirigente se convirtió en diputado el 2014 y desde el Congreso se erigió como uno de los rostros de las movilizaciones sociales.

    Pero el camino no fue fácil. En esa época el Gobierno de Sebastián Piñera destinó a varios ministros para monitorear la crisis en la Undécima Región y su capítulo final fue la abrupta salida de Rodrigo Álvarez del Ministerio de Energía.

    El ex secretario de Estado entró a bregar en el conflicto cuando los dirigentes exigían diálogo con un ministro, pero según relata un funcionario de la administración piñerista, no hubo empatía entre Álvarez y los líderes del movimiento, por lo que se cortaron las negociaciones. Antes los encargados habían sido el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quienes no obtuvieron resultados.

    Fue entonces que el Gobierno apeló a su último fusible: el entonces subsecretario de Segpres, Claudio Alvarado (UDI). El número dos del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia debió interrumpir sus vacaciones para viajar a la zona y comenzó un exhaustivo trabajo que consistió en identificar a los liderazgos del movimiento. Al otro lado de la mesa tenía al menos a siete potenciales candidatos a elecciones municipales o parlamentarias. Ello, dicen quienes conocen el proceso en Aysén, dista de la realidad que ocurre hoy con el caso de Chiloé.

    “Los voceros de Chiloé no tiene un perfil de proyección política” comenta uno de los protagonistas de la crisis en Aysén.

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  2. Chiloé y el Chile en el que algunos creen vivir

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando el gobierno premia a los que ponen fin a un conflicto que implique cortes de carreteras, el próximo movimiento social ya sabe qué hacer para conseguir una mejor negociación con el gobierno.

    Aunque es cosa de darse una vuelta por cualquier ciudad de Chile o mirar datos oficiales para verificar que Chile sigue siendo un país donde mucha gente vive en condiciones de pobreza y sufre la precariedad laboral, las protestas en Chiloé han sido un balde de agua fría para una elite que vive obsesionada con preocupaciones de país desarrollado.

    Frente a la trágica cotidianeidad de pobreza y precariedad laboral en Chiloé, el gastadero de plata en cabildos ciudadanos para un proceso consultivo que derivará en una propuesta de nueva constitución que la Presidenta presentará al Congreso parece un irresponsable excentricismo. Los altísimos sueldos de los legisladores y altas autoridades de gobierno —y la decisión de aumentar el número de senadores de 38 a 50 y de diputados de 120 a 155— parecen injustificables ante una realidad de una economía estancada, creciente desempleo, abundante subempleo y necesidades sociales insatisfechas y crecientes. Alguien podrá decir que el volumen de gasto en el presupuesto del Congreso o en el proceso constituyente consultivo es menor respecto a las necesidades insatisfechas. Pero cada peso del erario público gastado en promover un diálogo sobre una posible nueva constitución o en crear más puestos de trabajo de funcionarios públicos con sueldos elevadísimos es plata que no se gasta en programas sociales. Es más, cuando la gente no sabe cómo va a pagar las cuentas a fin de mes, tiene poca capacidad de participar libremente en un diálogo consultivo sobre qué elementos debe tener la constitución. Un paciente que llega con riesgo vital a la sala de emergencia de un hospital depende de que el hospital funcione bien, pero no está en condiciones de participar de un debate sobre qué hacer para mejorar el funcionamiento del recinto hospitalario. En Chile estamos gastando plata en hablar de oportunidades e inclusión en vez de crear programas que efectivamente abran las oportunidades y produzcan inclusión.

    Las protestas de Chiloé también invitan a repensar el objetivo del gobierno de avanzar hacia la educación universitaria gratuita. Después de que experimentó problemas de diseño y de implementación con el Transantiago, el gobierno de Bachelet ha optado por minimizar las críticas a su reforma educacional, optando por implementar un programa sin pasar por la etapa del diseño. En un país donde millones de chilenos viven en la precariedad laboral, poner el foco en ayudar a los que ya están trabajando —o estarán en pocos años (producto de que tendrán acceso a la educación superior)— resulta incompatible con el objetivo de reducir la desigualdad.

    Por último, las protestas de Chiloé desnudan la poca capacidad que tiene el país de preparase para los efectos del cambio climático. Los fenómenos como la marea roja se harán más comunes en los próximos años producto de los cambios que están ocurriendo en el mundo. Muchos chilenos parecen sorprendidos de que estén ocurriendo cosas que nunca pasaron antes. Pero precisamente eso es lo que debemos esperar como resultado del cambio climático.

    Algunos han argumentado que la marea roja es, al menos en parte, producto de que empresas salmoneras arrojaron enormes cantidades de salmones en descomposición frente a las costas de la zona. Aunque esa información ha sido desmentida por expertos, la incapacidad del gobierno para dar garantías de que realiza bien sus tareas de fiscalización alimentan las teorías conspirativas. Cuando la percepción ciudadana es que las autoridades están capturadas por grupos de interés empresariales, resulta muy difícil frenar las teorías de conspiración que apuntan a los empresarios por eventos como el de la marea roja.

    Aunque Chile ha sabido prepararse frente a los terremotos, nos estamos quedando atrás ante fenómenos causados por el cambio climático. No podemos pretender que porque tenemos buenos códigos de construcción, vamos a estar preparados para todos los fenómenos naturales que nos comenzarán a golpear producto del cambio climático del que tanto se habla en encuentros internacionales a los que nuestras autoridades asisten religiosamente.

    Por cierto, en su negociación con el movimiento social de pescadores de Chiloé, al aceptar el concepto de “bono de fin de conflicto”, el gobierno solo está enviando una señal para que otros movimientos sociales escalen sus protestas en pro de sus demandas. Cuando el gobierno premia a los que ponen fin a un conflicto que implique cortes de carreteras, el próximo movimiento social ya sabe qué hacer para conseguir una mejor negociación con el gobierno.

    La crisis de la marea roja en Chiloé ha desnudado las inconsistencias entre el país en el que realmente vivimos y la concepción idealizada del país en el que algunos miembros de la elite creen vivir. Además de desnudar las debilidades del gobierno, la crisis de Chiloé nos invita a repensar nuestras prioridades del gasto público y la inversión social.

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  3. Marea roja: ¿Un nuevo Aysén?

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Una vez que estalló la crisis de la marea roja en Chiloé, dirigentes de la zona comenzaron a advertir el riesgo de que el conflicto escale hasta los niveles de las protestas de Aysén en el 2012. Las críticas coinciden: una tardía reacción de La Moneda.

    Cerca del mediodía, llegaron hasta La Moneda dos autoridades de la Región de Los Lagos, con el objeto de abordar con el Ejecutivo posibles soluciones a la crisis de la marea roja que afecta, principalmente, a la zona de la Isla de Chiloé: el alcalde de Chonchi, Pedro Andrade, y su par de Calbuco, Rubén Cárdenas. Los acompañaban, además, los senadores Rabindranath Quinteros (PS) e Ignacio Walker (DC). En Palacio, los recibieron las dos máximas autoridades de la cartera de Interior; el ministro Jorge Burgos y el subsecretario Mahmud Aleuy.

    Las demandas de los alcaldes y legisladores son de variado alcance. La más inmediata, que es la que se hace sentir con mayor fuerza por los pescadores chilotes, es elevar el monto del bono de 100 mil pesos por familia que propone el Ejecutivo. “Se va revisar, se va a evaluar”, señaló el edil de Chonchi. El senador Quinteros, además, propuso una serie de medidas que apuntan a proteger a las pymes de la zona.

    El encuentro, sin embargo, tuvo un carácter preliminar. A las 16.00, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se reunió con los dirigentes de la zona en la ciudad de Puerto Montt, a fin de oficializar la primera propuesta del gobierno para las demandas sociales. No obstante las aprensiones iniciales de La Moneda, el Ejecutivo subió la oferta del bono hasta un primer pago de 300 mil pesos y un segundo de $ 150 mil. Pasada la medianoche, pese a la nueva propuesta, la negociación terminó sin llegar a buen puerto.

    En la misma jornada, los dirigentes permitieron una apertura temporal de la zona de acceso a través del Canal de Chacao, lo que fue interpretado como una señal de acercamiento.

    Mientras las conversaciones entre el Ejecutivo y los pescadores movilizados se desarrollaban, una sentencia comenzaba a tomar fuerza entre los dirigentes públicos de la zona: “No queremos un nuevo Aysén”.

    Esto, pues en la memoria permanece el manejo que le dio el gobierno de Sebastián Piñera al movimiento social por Aysén en el 2012 en la que se acusó, según los críticos de entonces, una demora en ponderar el alcance de las protestas en la XI Región.

    “Las lecciones que nos dejó lo que ocurrió en Aysén es que las soluciones a las demandas ciudadanas no deben dilatarse, sino que hay que abordarlas de inmediato”. Esta frase corresponde al ex subsecretario de Segpres, Claudio Alvarado, una de las autoridades de la pasada administración que afrontó al movimiento que lideraba el hoy diputado Iván Fuentes. Entre otras cosas, Alvarado sugiere disponibilidad de recursos y programas de empleo para los pescadores que, por el fenómeno natural, han visto paralizada su producción. “Lo que no puede pasar es dilatar la solución, porque lo que uno ve en las calles es que se está acumulando mucha rabia y eso hace que la radicalización no permita el diálogo”, agrega.

    El presunto retardo en reaccionar tiene algunos antecedentes que revelan parlamentarios de la zona. El diputado PS, Fidel Espinoza, señala: “Esto se lo dije a todos los ministros. El 28 de abril le envié un mensaje al ministro Burgos sobre la gravedad de la crisis. Y aquí estamos”. “El gobierno no puede hablar de que esto se está recién viendo, dado que los pescadores artesanales de Quellón, que fueron los primeros afectados de la marea roja, le entregaron un petitorio al gobierno hace prácticamente dos meses, el cual no fue respondido antes de la movilización”, agrega el diputado RN Alejandro Santana.

    El ex ministro Segpres de Piñera, Cristián Larroulet, enfatiza en la necesidad de alerta. “En el mundo de hoy, hay una sensación mucho más fuerte contra el centralismo, por eso hay que estar siempre alerta a este tipo de conflictos”, sostiene. Además, proyecta cambios en la institucionalidad regional. “Hay que pensar en fortalecer la descentralización, de tal manera que estos conflictos no escalen hasta el gobierno central, dándole los recursos a las autoridades regionales”, añade.

    En este sentido, el académico de la UDP, Mauricio Morales, fija una oportunidad para acelerar una propuesta del gobierno. “Lo que está pasando en la isla también nos lleva a poner urgencia a la elección directa e los intendentes. Si tenemos una figura electa, la ciudadanía le hace rendir cuentas a esa figura. Desahoga al poder central y evita que el problema le reviente en la cara”, argumenta.

    Otra de las críticas que se ha hecho al gobierno, es la ausencia de presencia política en las negociaciones, dejando en manos de un ministro sectorial como Céspedes, las negociaciones con los pescadores movilizados, algo que cuestiona el diputado por Aysén Iván Fuentes (ver entrevista).

    “El gobierno debe allanarse y armar un diálogo rápido con ministros políticos con decisión para que no se llegue a los enfrentamientos con fuerzas especiales como ocurrió acá en la región en 2012”, previene el alcalde Coyahique, Alejandro Huala, uno de los dirigentes del Movimiento de Aysén en 2012.

    “Dado que este es un problema también político, la presencia del ministro Céspedes no resuelve el problema de fondo. La gente necesita un interlocutor político para que las decisiones de Céspedes tengan suficiente respaldo. El ministro Burgos o el subsecretario Aleuy deberían estar ahí”, añade Mauricio Morales.

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  4. Panel habla sobre la crisis en Chiloé

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En la edición de Mesa Central, Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la U. Adolfo Ibáñez, analizaron la crisis en Chiloé. En el programa debatieron:

    – Manejo de la crisis en Chiloé por parte del gobierno.

    – Bono de 100 mil pesos para afectados.

    – Catástrofes naturales administradas por La Moneda.

    – Manejo del orden público en el sur.

    – Escasez de combustible.

    – Eventual daño provocado por desecho de salmones y marea roja.

    – Comparación con lo sucedido en Aysén.

    – Problemas de salud que se podrían empezar a generar.

     

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