Jorge Gordin, profesor de la Escuela de Ciencia Política UDP, participó ayer en el programa Cable a Tierra de CNN Chile sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
El académico comentó que en el sistema político de Inglaterra no existe tanta divisibilidad como en en otros países europeos, “entonces el sistema mayoritario tiene que ver con un país que no tiene una constitución escrita, que convenciones del siglo XVII guían lo que es el espíritu. Entonces, el sistema electoral representa ese concenso que existe entre izquierda y derecha sobre el espíritu republicano”.
“Estamos hablando de un país que tiene una cultura de tolerancia milenaria y el sistema político refleja un poco esos consensos que existen en las convenciones históricas”, agregó Gordin.
Núcleo Milenio “Desafíos a la Representación”, alojado en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, anuncia vacante para asistente de gestión.
El Núcleo Milenio “Desafíos de la Representación” NS130008 llama a concurso para financiar trabajos de investigación conducentes a la elaboración del proyecto de tesis doctoral de los y las estudiantes del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. El objetivo de este concurso es ofrecer apoyo a aquellos/as estudiantes que deseen desarrollar un pre-diseño de tesis doctoral. Se dará preferencia a estudiantes que se encuentren finalizando el tercer semestre del programa. La fecha límite para postular es el 30 de noviembre de 2015.
Los resultados de la postulación se anunciarán a más tardar el 8 de diciembre de 2015. La investigación deberá desarrollarse desde la fecha de adjudicación hasta el 8 de marzo de 2016. No se aceptarán postulaciones incompletas o que lleguen fuera de plazo.
BENEFICIOS DE LA BECA
Las becas financian hasta 600.000 pesos por estudiante/proyecto. Dependiendo de las necesidades de los beneficiarios y de la calidad de las propuestas recibidas, las becas podrían adjudicarse a uno/a o más estudiantes.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Ser estudiante regular activo/a del doctorado en ciencia política de la Universidad Diego Portales.
Presentar una carta de postulación de no más de 600 palabras que presente los principales objetivos de la investigación, fundamente la relevancia de la beca para desarrollar el proyecto de tesis y que detalle las principales actividades que espera desarrollar durante diciembre del 2015 y los meses de enero y febrero del 2016.
Los/as estudiantes interesados/as deberán remitir sus postulaciones al siguiente correo electrónico: [email protected]
COMPROMISOS
En caso de adjudicase la beca, el/la estudiante se compromete a entregar a más tardar el día 15 de marzo del 2016 un documento de aproximadamente 2.000 palabras que dé cuenta del pre-diseño de tesis doctoral avanzado, particularmente de la pregunta de investigación, objetivos, enfoques teóricos y métodos que se podrían aplicar.
La red Evidence in Governance and Politics (EGAP) organizará en Santiago de Chile una nueva edición del encuentro EGAP Learning Days. Este evento de cinco días tiene como objetivo difundir los conceptos y herramientas de la metodología experimental. La dinámica de trabajo es en modalidad de taller y se divide en sesiones expositivas sobre aspectos esenciales en el diseño de evaluaciones de impacto o intervenciones experimentales, al tiempo que se asesora a los participantes en sus respectivos diseños de investigación. El encuentro se desarrollará en dependencias de la Universidad Diego Portales en Santiago, Chile. El programa definitivo estará disponible en: www.egap.org/events
Este evento es organizado por Fernando Rosenblatt (Universidad Diego Portales) y Jake Bowers (University of Illinois, Urbana-Champaign). Los profesores de EGAP Learning Days 4 serán:
Jake Bowers (University of Illinois, Urbana-Champaign)
Thad Dunning (University of California, Berkeley)
Ana de la O (Yale University)
Maarten Voors (Wageningen University)
Participantes: Invitamos a postular a profesores, becarios posdoctorales o estudiantes de doctorado (en la etapa de tesis), y funcionarios del sector público encargados del diseño o evaluación de políticas públicas de toda América Latina, que apliquen o deseen utilizar métodos experimentales. Los postulantes deben tener formación en ciencias sociales; deben tener conocimiento básico de estadística y/o econometría. Finalmente, como gran parte de las sesiones serán en inglés, los postulantes deben tener un dominio básico del idioma (lectura y expresión oral). A los efectos de mantener un intercambio fructífero, el encuentro tendrá hasta un máximo de 10 participantes.
Para más información sobre postulaciones y becas descargar el siguiente documento: EGAP Learning Days 4
La Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales se encuentra organizando el seminario, 25 años de democracia en Chile. El objetivo de esta actividad es convocar a un grupo amplio y plural de personalidades a debatir sobre el ciclo político 1990-2015 enfocándose en tres áreas: el proceso político, los derechos humanos, y los derechos de los pueblos indígenas. Actividad patrocinada por la Fundación Ford.
Queremos ofrecer un formato informal de conversación que será facilitado por importantes comunicadoras sociales que dinamizarán el debate. La primera conversación será dinamizada por Patricia Politzer, e incluye a la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, el Director del CEP, Harald Bayer, y los académicos Agustin Squella y Manuel Antonio Garretón. El eje de la discusión será en este caso el tema de la legitimidad de las instituciones políticas y sus transformaciones en los últimos 25 años.
En el segundo panel, Beatriz Sánchez sostendrá una conversación sobre el tema de los derechos de los pueblos originarios con Nancy Yañez (observatorio Ciudadano), Sebastián Donoso (Consejero del INDH), Salvador Millaleo (académico de la Universidad de Chile), y Emilia Nuyado (Concejala de San Pablo).
Finalmente, en el último conversatorio moderado por Mónica González, participarán José Zalaquett (Universidad de Chile/UDP), José Miguel Vivanco (Human Rights Watch), y Lorena Fríes (Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos).
El seminario, además, considera una muestra fotográfica de los últimos 25 años de democracia organizada por Álvaro y Alejandro Hoppe. Las actividades se realizarán en el Centro Cultural La Moneda y es gratuita y abierta a todo el público. Será una oportunidad única para debatir con una perspectiva de mediano plazo, el ciclo político chileno desde el retorno a la democracia.
La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre desde las 09:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
“Es un proceso constituyente que obliga a un acuerdo político y social. Esa es la intención de esta opción que tomó la Presidenta”. Esa es la definición que para el cientista político, Claudio Fuentes, le da sentido a la propuesta anunciada la semana pasada por la Presidenta Michelle Bachelet y que busca converger consensos entre oficialismo, oposición y ciudadanía en torno a una nueva Constitución.
En conversación con La Nación, el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) y coautor del libro la Solución Constitucional lanzado recientemente, considera que pese a que es una promesa de campaña que se autoimpuso y que la ciudadanía la está cobrando, la apuesta de la Mandataria es una salida al problema que se genera al interior de la Nueva Mayoría, ya que son muy distintas las visiones respecto del mecanismo que debe elegirse para dar forma la Carta Fundamental que reemplazará la 1980 y que, por otra parte, la derecha más dura, en este caso la UDI, se resiste al cambio.
– ¿Qué opinión tiene del proceso constituyente anunciado por la Presidenta?
– Creo que es una propuesta realista desde el punto de vista de la configuración de fuerzas políticas hoy día. El problema de la Presidenta es que tiene una coalición dividida respecto de qué tipo de mecanismo optar para establecer una nueva Constitución. Hay unos que quieren la vía del Congreso, otros la de Asamblea Constituyente, y por lo tanto, frente a esa división interna no tiene los votos suficientes para avanzar en una sola propuesta.
– Entonces, ¿en qué sentido va esa solución y qué pretende?
– Pienso que solución planteada busca dos objetivos. Por un lado, ganar tiempo, pasarle la pelota a los partidos políticos en el Congreso y, segundo, integrar o desafiar a la derecha a que tome una postura sobre el tema. Al señalar que va a enviar un proyecto de ley a este Congreso obliga a la derecha a posicionarse y eso creo que va a generar un debate muy fuerte en la oposición.
– ¿Ve más división en la oposición o en el oficialismo? Se lo pregunto porque RN y la UDI pidieron garantías para que el proceso no se transforme en un adoctrinamiento político y en una venta de pomada que extienda por años la discusión?
– Acá lo que hay es que Evopoli, Amplitud, Horizontal y todos estos grupos nuevos, más un segmento importante de Renovación Nacional están dispuestos a debatir una nueva Constitución y eso hace 3 años no era así, y por lo tanto es un paso importante. Lo que aísla a la UDI es que tiene una postura de que no es necesario cambiar la constitución, eso ya es un escenario que nos mostrará en 2017 cuán unida estará la derecha en si va a aceptar la posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente, a un plebiscito, o simplemente decir: ‘no, solamente vamos a aceptar la comisión bicameral y punto’, y que eso se plebiscite, que esa es la solución de RN.
Por lo tanto, más que a la Nueva Mayoría la pregunta el 2017 va a ser para la derecha y ahí se va a centrar el debate con una derecha que en materia constitucionalista está dividida. En ese sentido creo que Bachelet lo que hizo estratégicamente es ganar tiempo.
– ¿De quién fue la decisión, Bachelet la tomó sola, compartida, quiso estar bien con Dios y con el diablo?
– No creo que ella quiso estar bien con Dios y con el diablo. Yo no sé si la tomó sola o se asesoró por alguien, pero básicamente al ver la pluralidad de opciones dentro de su coalición y de la derecha, creo que optó por un camino de tratar de generar una ruta que forzara un acuerdo político el 2017 y creo que eso es lo que está buscando.
“Creo que sí se allana el camino para que así sea, porque con las declaraciones de la oposición estamos mucho más cerca de un acuerdo político y sus actores están viendo que los van a considerar y eso creo que es lo que esperaba la derecha”, añadió.
LEGITIMACIÓN DEL PROCESO CON LA CIUDADANÍA
Para el experto, el análisis a la forma en que la Jefa de Estado abordó el tema la legitimación del proceso es crucial para tener el respaldo ciudadano y obligar a los partidos a hacerse participar y lograr un consenso y que siga su curso más allá de este período presidencial.
“El gran desafío para el Gobierno va en relación a legitimar este proceso, a que la educación cívica, los diálogos, los cabildos incorporen a todos los sectores de modo que se vaya legitimando el cambio constitucional”, enfatiza.
– ¿Entonces la estrategia de Michelle Bachelet es instalar el tema que es su promesa de campaña pero no involucrarse más allá de lo que le permite su periodo de Gobierno?
– Si tú tienes una elite divida respecto a cuál va a ser el mecanismo para llegar a una nueva constitución, ella lo que hace es llevarlo primero a la ciudadanía, constitucionalizar y politizar el debate a nivel social, y de ahí generar un acuerdo político en el Congreso, y que después se discuta en el Congreso ya renovado. Creo que es lo más pertinente que se puede hacer.
– ¿Cómo lo proyecta si esta materia inevitablemente o ex profeso se va a topar con la elección de 2018?
– Ahí hay dos temas o dos desafíos. Por un lado, la capacidad de los grupos sociales como Marca AC, de presionar al sistema político para lograr una salida participativa al proceso constituyente, porque hoy las fuerzas políticas en su mayoría DC, RN, UDI, están porque el Congreso resuelva. Entonces, en el año 2018, si estas fuerzas se mantienen igual la solución más probable sea esa. Y la pregunta para los movimientos sociales es ¿hasta dónde ellos pueden presionar para que sea un mecanismo lo más participativo posible’. Por eso el debate es constitucionalizar en la línea de tener un Congreso pro asamblea constituyente.
– Independiente del sector político, ¿el próximo candidato presidencial también debiera tener una postura pro cambio a la Constitución?
– Sí, claramente, aunque va a depender, por ejemplo, de qué candidato lleve la derecha. Si es Sebastián Piñera, va a tener que posicionarse frente al tema porque en general RN ha estado por un cambio constitucional. Hay que recordar las conversaciones entre la DC y RN sobre esta materia y de tener un régimen semi presidencial, o las propuestas del senador Andrés Allamand en torno a eliminar algunas leyes orgánicas.
La Escuela de Ciencia Política UDP, en conjunto con la Revista Política y Economía, la Fundación Ebert, el Núcleo Milenio Desafíos a la Representación UDP, el Programa en Derecho Constitucional, UDP y el Magíster en Política y Gobierno UDP invitan al Seminario Puntos Críticos de la nueva Constitución: Derechos sociales – régimen de gobierno – Estado y economía.
En la oportunidad se presentarán:
Jorge Correa Sutil, UDP
Amaya Alvez, Universidad Concepción
Fernando Atria, UAI
Marcela Ríos, PNUD
Patricio Zapata, UDLA
Esteban Valenzuela, UAH
Alvaro Díaz, Revista Economía y Política
Javier Couso, UDP
Jaime Bassa, UV
Arturo Fermandois, PUC
Moderan:
Claudio Fuentes UDP
Rossana Castiglioni UDP
Claudia Sanhueza UDP
La actividad se realizará el jueves 3 de septiembre a las 14:00 hrs., en el Auditorio de la Facultad de Psicología UDP, ubicada en Vergara 275, piso -1.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Los partidos políticos no advierten, no comprenden o simplemente no quieren ver la envergadura de la crisis que enfrentan. Desde hace por lo menos 10 años se viene produciendo una progresiva pérdida de confianza social en el sistema político en general. No debiese sorprender que las cuatro instituciones en que menos confía la ciudadanía son los partidos, el Congreso, el poder judicial y las grandes empresas. Cuatro instituciones que hoy están en el centro de la noticia.
Pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado a tal punto que el poco respeto que las autoridades políticas generaban ahora se ha transformado en agresividad. Observamos a diario lamentables episodios de agresión física y verbal hacia los congresistas. El respeto cívico que honraba la política chilena se pierde en un contexto de una aguda crisis de credibilidad.
Teóricamente, una crisis política debiese provocar una reacción por parte de los actores políticos. Solemos decir que las crisis son en realidad oportunidades para el cambio de los comportamientos políticos. Así sucedió —se argumenta— en el año 2003 con el caso Mop-Gate, o en el año 2007 cuando emergieron nuevos casos de corrupción. A menudo se dice que la gran virtud del proceso político chileno es que sus instituciones tienen una fuerte capacidad de reacción.
Y los hechos parecieran confirmar aquella tendencia. Los escándalos de corrupción motivaron la creación de la Comisión Engel, la generación de más de una veintena de proyectos de ley, y una serie de iniciativas de probidad y transparencia en ambas Cámaras del Congreso. Pareciera ser que las crisis y escándalos estimulan transformaciones de normas y prácticas.
Sin embargo, me temo que este optimista relato esconde una preocupante realidad: los partidos no manifiestan un interés genuino de modificar prácticas y normas que regulan su actuar. Y esto es lo que en forma sintética explicaré a continuación.
La superación de la presente crisis requiere de tres cambios en la estructura de los partidos que a la luz de los escándalos de corrupción parecen razonables: 1) establecer mecanismos de inscripción de militantes transparentes; 2) promover un principio básico de un militante un voto al interior de las colectividades políticas para propiciar la democracia interna; y 3) establecer una nueva estructura de financiamiento público de los partidos condicionado a la existencia de ciertos procedimientos de transparencia.
El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y los congresistas han comenzado a discutir la reformulación de la ley de partidos políticos vigente desde 1987. Sin embargo, ninguno de los tres principios enunciados hasta el momento han sido considerados en las propuestas por ellos discutidas. Así, ni la propuesta del Ejecutivo ni los cambios propiciados por los diputados han considerado la idea de establecer un procedimiento transparente y que dé garantías de ecuanimidad para el registro de militantes. Tampoco se procederá a una reinscripción íntegra de militantes.
La democratización interna de los partidos tampoco es considerada en la propuesta del Ejecutivo. Se entrega a los partidos la decisión de adaptar a sus propias prácticas el significado de lo que será una “democracia interna” descartándose el principio de un militante-un voto. Finalmente, las iniciativas discutidas en el Congreso no condicionan la entrega de recursos a los partidos al cumplimiento de determinado estándar de transparencia o incluso de democracia interna.
Paradójicamente, los legisladores activamente proponen políticas de condicionamiento en la entrega de recursos a una serie de instituciones del ámbito público y privado, pero ese mismo principio no se lo aplican asimismo. Quieren recibir dinero del Estado pero no establecen, por ejemplo, la imposibilidad de competir en elecciones si ellos no cumplen con requisitos básicos de transparencia.
Si no se modifica el tenor de los proyectos sobre partidos políticos y financiamiento de la política que actualmente se debaten en el Congreso, tendremos en el corto plazo partidos financiados públicamente pero que no están obligados a cumplir con un alto estándar de responsabilidad y transparencia.
La ley de partidos políticos y de financiamiento de la actividad política es crucial para la democracia. Por lo mismo, es esencial un mejoramiento sustantivo de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso. La superación de la crisis de credibilidad de los partidos depende en gran parte del destino de estas reformas, y en este tema hasta el momento no se observa una actitud decidida de las tiendas políticas por transformar la forma en que han venido actuando. La única respuesta posible ante esta crisis que viven los partidos es transparencia sin renuncias. Y aquello no está pasando.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como para sumar a la ya enorme confusión sobre cuál es la hoja de ruta del gobierno, la Presidenta Bachelet ha optado por enviar señales contradictorias que solo confirman que el problema del gobierno no es que haya disputa entre gradualistas y refundacionales. El problema es que Bachelet pasa de la gradualidad a la refundación intempestivamente con tanta facilidad que el país se está mareando debido a esta chofer que se empecina en conducir en círculos.
En su entrevista en La Tercera el domingo 9 de agosto, Bachelet confirmó todas las sospechas que se habían acumulado después de que ella fuera especialmente ambigua en el cónclave oficialista sobre qué significaba el realismo sin renuncia. En su entrevista, Bachelet reafirmó su compromiso con el programa y advirtió que su determinación para impulsar las reformas profundas sigue incólume. Aunque reconoció que la adversa situación económica obliga a retrasar el cumplimiento de algunas promesas, Bachelet insistió en que su hoja de ruta no ha variado. Después de que su declaración de que el gobierno ahora adoptaría un realismo sin renuncia llevara a muchos a concluir que el gobierno modificaría su hoja de ruta, la Presidenta salió a aclarar que solo se trataba de un retroceso táctico.
Estas confusas señales de avanzar hacia la izquierda y la derecha generan varias externalidades adversas. La peor de ellas es que todos los temas siguen abiertos y nada se resuelve precisamente porque el gobierno puede cambiar de opinión. Cuando la Presidenta anunció en su discurso del 21 de mayo que la gratuidad aplicaría solo a las universidades del CRUCH, la presión de varias universidades privadas no se hizo esperar. Sabiendo que el gobierno ya había cambiado de postura respecto a cómo y cuándo se implementaría la gratuidad, esas universidades apostaron a que, con argumentos razonables y presión de diversa índole, el gobierno volvería a cambiar de opinión. Efectivamente, eventualmente el gobierno anunció que la gratuidad se extendería a ciertas universidades privadas siempre y cuando éstas cumplieran ciertas condiciones. Pero ese cambio de política alimentó las esperanzas de otras universidades de que nada estaba escrito en piedra. Por eso, todavía reina la incertidumbre sobre quiénes se beneficiarán con la gratuidad en 2016. Como el gobierno ya ha cambiado de posturas varias veces, nadie se atreve a tomar el más reciente anuncio como la última palabra.
Pero las señales confusas tienen también otras externalidades negativas. Los cambios de opinión sobre la hoja de ruta alimentan sospechas de que el gobierno habla antes de pensar cuidadosamente todas las alternativas. Lamentablemente, un gobierno que actúa intempestivamente solo termina alimentado las dudas sobre su liderazgo y su capacidad de gobernar.
Como candidata, Michelle Bachelet se esmeró en dejar en claro que era ella quien tomaría las últimas decisiones. Como Presidenta, ha demostrado repetidas veces que, cuando se trata de tomar decisiones, le tiemblan las piernas. Cuando, finalmente, anuncia sus decisiones, Bachelet varias veces ha cambiado de opinión después. Eso daña su credibilidad. Peor aún, sus anuncios gatillan a los grupos que se ven perjudicados a redoblar sus esfuerzos por revertir una decisión que, ya se sabe, nunca es definitiva.
Desde que anunciara su cambio de gabinete en mayo, Bachelet se ha dedicado a destruir con sus declaraciones las percepciones que ella misma construyó con declaraciones y actos anteriores. Correctamente, la Presidenta insiste en que ella no muestra indecisión. Bachelet insiste en que ella toma decisiones. Es verdad, solo que sus decisiones de hoy van en la dirección contraria a las que tomó ayer. Eso hace que el país gire a la izquierda un día y a la derecha al día siguiente. Al final, la tripulación termina mareada, pero el país sigue exactamente en el mismo lugar estancado.
Las declaraciones del domingo sorprendieron a un mercado que esperaba que la Presidenta confirmara la existencia de una nueva hoja de ruta para el gobierno. Pero como los mercados rápidamente internalizan la nueva información, nadie cree en realidad que ahora la Presidenta impulsará con fuerza su programa original de gobierno. Más bien, todos anticipan que, producto de la presión de los partidos más moderados y del efecto de la dupla de la gradualidad de Valdés y Burgos, en los próximos días Bachelet dará una nueva señal de realismo sin renuncia. Pero luego vendrá otra señal que haga que el barco gire nuevamente en 180 grados.
Para mejorar la situación, la Presidenta Bachelet debiera intentar declaraciones que sean efectivamente más ambiguas y que, manteniendo la determinación a no avanzar en ninguna dirección, al menos eviten que la tripulación se maree con tanto giro en 360 grados. Una forma de hacerlo sería aclarando que en su gobierno no habrá ni realismo ni renuncia, sino que todo lo contrario.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Un 70% de los chilenos desaprueba la gestión que realiza la presidenta Michelle Bachelet, según arrojó la encuesta Adimark de julio. Se trata del índice más alto registrado desde que se inició este estudio en 2006.
Para el director de la empresa encuestadora, Roberto Méndez, este resultado confirma la compleja situación que vive el gobierno, “que habla del nivel de tensión” que se vive en el país.
Mauricio Morales, cientista político y director del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Diego Portales, conversó sobre este tema con Expreso Bío Bío.
El experto comentó que “lo más preocupante para la presidenta es el deterioro que se produce en los sectores más pobres de la población, que han sido su terreno cautivo desde el año 2005 en adelante”.
Junto con ello, resaltó que “caen atributos que la presidenta siempre tuvo muy altos, como son credibilidad y respeto“, además de las visiones críticas que tiene la gente acerca del empleo y la economía.
“Lo que se produce es la peor combinación de todas, que es el deterioro de los atributos personales en combinación con una pésima evaluación de áreas críticas para el desarrollo de las personas”, agregó.
Morales también indicó que, en términos de reformas, el gobierno ofreció “un programa muy agresivo”, y que las transformaciones hoy no gozan de apoyo ciudadano. “Va a ser muy difícil para la presidenta Bachelet generar los apoyos suficientes para respaldar las reformas“, declaró.
“El hecho de tener un 70% de desaprobación implica de por sí una mayor polarización, por lo tanto, va a ser muy difícil que las personas que hoy rechazan a la presidenta que vuelvan a aprobarla, dado que no apoyan el plan de reformas que ella ha planteado al país”, añadió.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La lucha entre autocomplacientes y autoflagelantes de la Concertación es un juego de niños al lado de la pelea entre moderados o gradualistas, y exaltados o refundacionales en la Nueva Mayoría. Lo curioso es que esta confrontación no se explica necesariamente por el PC, que poco a poco ha cultivado cierta relación de respeto con el PDC luego de las desubicadas declaraciones del embajador Contreras. La tensión más fuerte está entre el PDC y parte importante de un partido inorgánico como el PPD, y el ala más recalcitrante del PS que busca, a toda costa, imprimir más presión sobre un gobierno saturado de reformas y con evidentes problemas para mejorar el desempeño económico del país. Insistir con una Asamblea Constituyente a estas alturas, es echar bencina a un bosque en llamas. Lo más razonable -claramente- es que esa Nueva Constitución sea elaborada por el próximo congreso electo con un sistema electoral distinto. Chile es reconocido por respetar sus instituciones que, buenas o malas, funcionan.
La exaltación de la izquierda no encuentra límites aún. Cuando Bachelet ganó la presidencial, no fueron pocos los que afirmaron -sin ninguna evidencia empírica por cierto- que Chile avanzaba hacia un “nuevo ciclo”. En un artículo que publiqué en Qué Pasa en marzo de 2014 sostuve que no había antecedentes serios para afirmar algo así. Era errado el diagnóstico de la politización, polarización y refundación. Es más, la reciente encuesta de la consultora Subjetiva arroja resultados más lapidarios. Una de sus preguntas dice: “Si imagináramos que Chile fuese una casa. Según su opinión, ¿qué deberíamos hacer con ella?” Los datos son irrefutables, pues sólo el 25% apoya la opción “derribarla y construirla de nuevo” (es decir, la retoexcavadora), mientras el resto de los encuestados (casi el 75%) se inclina por “repararla sólo donde se necesite” o “ampliarla y hacerla crecer”.
Por tanto, el error de origen del gobierno fue confundir un fuerte dolor de estómago con un cáncer gástrico. Al hacer un tratamiento para el cáncer gástrico y no para el dolor de estómago, en lugar de morigerar el malestar, lo profundizó. Las promesas desmedidas -en las que todo los partidos de la NM son responsables- y la falta de visión para sopesar los efectos de la desaceleración, dejaron casi en ridículo a los intelectuales que defendieron la tesis del cáncer gástrico y a los técnicos que avalaron promesas imposibles de cumplir en un ambiente económico adverso del que no tuvieron noticias hasta que se gatilló la crisis. Es decir, nula capacidad para anticiparse.
Los errores imperdonables de intelectuales y técnicos nos tienen -como país- en una situación extraordinariamente compleja. Probablemente, los líderes de izquierda de la NM pensaron que el 62% de Bachelet en la segunda vuelta era sinónimo de un apoyo avasallador al programa. Sin embargo, los votos que obtuvo Bachelet en esa segunda vuelta equivalieron al 25% de toda la población en edad de votar. Frente a esa idea maximalista del poder total, lo único que funcionó como oposición interna a la fiebre reformista fueron los “matices” de Ignacio Walker y la cocina de Zaldívar, quienes se ganaron el encono de sus socios de pacto.
Hoy es muy difícil que un Presidente con el 25% de aprobación logre disciplinar a sus congresistas. Comprensiblemente, cada diputado o senador diseñará una estrategia propia que le garantice la reelección en un par de años. No es buen negocio aparecer junto a un gobierno aún aturdido por la desaceleración, los escándalos y la fractura interna entre moderados y refundacionales. Por tanto, es muy probable que sigamos asistiendo a eventos de indisciplina, los que serán más evidentes al finalizar el gobierno y tener a la vista las próximas elecciones. La NM ha pasado de ser la antigua familia disfuncional, a una familia de trincheras. Sin embargo, por ahora se ve muy difícil que se produzca una fractura formal. Ni el PDC ni el PC se van a salir de la coalición al menos hasta después de la municipal. Ahí deben coordinarse para nominar un candidato a alcalde. Además, los costos por salirse son altísimos. Abandonar un gobierno implica que todos los militantes deban dejar sus cargos.
Los procesos de modernización en América Latina, la conexión entre democracia y desarrollo, el rol de los partidos en la estabilidad política y la creciente preocupación por la representatividad son algunos de los temas abordados en este volumen, que recopila una serie de artículos y ensayos célebres en el campo de la política comparada. Se trata de una selección de textos inéditos en nuestro idioma, que analizan los principales debates teóricos, metodológicos y prácticos de una disciplina que guarda una estrecha sintonía con la época y el territorio en que se ha desarrollado.
El libro, entonces, funciona como un dispositivo para apreciar la evolución de la política comparada en sí misma desde las ventajas y desventajas de cada metodología de investigación hasta las diferencias entre los principales enfoques de análisis– y funciona también como un laboratorio que permite ver las tensiones que han agitado la contienda política en Latinoamérica a lo largo de las últimas cuatro décadas.
Junto con revisar los aportes teóricos del estructuralismo, el institucionalismo, la teoría de acción racional y el culturalismo, los autores seleccionados demarcan el camino que han seguido las principales disputas teóricas y empíricas en el continente, incluyendo el debate sobre la democratización, el presidencialismo y los movimientos sociales. Así, Política comparada sobre América Latina: teorías, métodos y tópicos constituye una herramienta valiosa y necesaria para estudiantes de ciencia política, historia y sociología, entre otras áreas, interesados en conocer la evolución de una disciplina insoslayable para la comprensión de la realidad y sus múltiples aristas.
ROSSANA CASTIGLIONI es doctora en ciencia política de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos). Es autora del libro ThePolitics of Social Policy Change in Chile and Uruguay: Retrenchment versus Maintenance, 1973-1998 (Routledge, 2005). Ha publicado artículos de política comparada en diversas revistas académicas; actualmente dirige el Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
CLAUDIO FUENTES SAAVEDRA es profesor titular de la Universidad Diego Portales, donde dirige la Escuela de Ciencia Política. Recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en derechos humanos por parte de la Asociación Americana de Ciencia Política. Ha publicado una decena de libros, entre los que destacan El pacto y El fraude .
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El 30 de mayo de 2008 ingresó al Senado un proyecto de ley sobre partidos políticos. Se trató de una de las más osadas propuestas del primer gobierno de Bachelet de querer transformar la estructura de las tiendas políticas. Quizás aquella osadía explica que, dos años más tarde, el proyecto fuese retirado de tramitación.
Esa iniciativa incluía tres cuestiones centrales: 1) establecía el principio de un afiliado-un voto. A partir de este principio, se establecía que todas las instancias directivas debían ser electas en votación directa por parte de sus militantes; 2) proponía un principio de transparencia activa mediante el cual los principales lineamientos, estructuras, recaudación, resoluciones y afiliados de un partido deberían estar disponibles para la población; 3) señalaba restricciones al ejercicio de las directivas al indicar la obligación de realizar elecciones dentro de un período de tres años y limitar explícitamente la reelección de autoridades de partidos a dos períodos.
El gobierno de Piñera también buscó reformar los partidos políticos, enviando un nuevo proyecto en mayo de 2013. Se trató de un proyecto mucho más moderado, pero que avanzaba, por ejemplo, en la necesidad de robustecer los Tribunales Supremos de los partidos, dar garantías de debido proceso al afiliado al momento de ingresar a un partido, y fortalecer mecanismos de transparencia. En este caso, el proyecto no fue discutido ni siquiera en Comisión.
El gobierno decidió hace pocas semanas enviar un nuevo proyecto de ley de reforma a los partidos políticos. El asunto es vital si asumimos que los partidos son centrales en la vida democrática, reconocemos la crisis de credibilidad que ellos enfrentan, y aceptamos que las normas que los rigen (una ley de partidos impuesta por la dictadura) presenta serios problemas.
¿Cumple este nuevo proyecto con la expectativa de propiciar partidos responsables, democráticos, y transparentes? Me temo que no. Aunque la iniciativa contiene valiosos aportes (como el establecimiento de los partidos como organizaciones de derecho público, el principio de paridad, y mecanismos de transparencia activa, entre otros), considero que no resuelve una serie de aspectos cruciales a ser debatidos en este momento histórico. Citaré en esta oportunidad tres de ellos.
El primero tiene que ver con los nuevos afiliados, cuestión central en la vida partidaria. El proyecto avanza en la simplificación del registro de nuevos militantes pero no dice nada respecto del procedimiento para que nuevos afiliados queden registrados, aspecto altamente cuestionado en la mayoría de las tiendas políticas. Se requiere establecer un comité de ingreso colegiado, la obligación de justificar el rechazo de una eventual afiliación, y un sistema de apelación ante un Tribunal Supremo del partido. El procedimiento de afiliaciones es central a la hora de pensar en tiendas políticas modernas.
El segundo tiene que ver con el principio de una afiliado-un voto. En el proyecto se establece que los órganos directivos “deberán ser electos democráticamente por regla de mayoría, y de acuerdo a procedimientos que establezcan sus estatutos”. Lo anterior deja un espacio muy grande para que estructuras de poder central dominen el ejercicio de aquellas mayorías. Si se desea garantizar la democracia interna de los partidos, entonces, debiese quedar garantizada la participación directa de los afiliados en la conformación de órganos claves de decisión al interior de dichos partidos.
Tampoco el proyecto establece algunos mínimos asociados, por ejemplo, con la obligación de renovar directivas cada cierto tiempo o la obligación de convocar a los Consejos Generales al menos una vez al año. Nada dice el proyecto sobre la opción de activar los órganos directivos “desde abajo”, esto es, a partir de un porcentaje de afiliados que deseen tratar un asunto urgente en forma extraordinaria.
No se hacen consideraciones a balances de poder central/regional, aspecto crítico en el tiempo actual. Por ejemplo, en el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera se sostenía que la estructura de los Consejos Generales debía considerar como mínimo un 40% de representación de autoridades de regiones, cuestión que parece razonable y recomendable.
A ello se suma la ausencia de sanciones específicas por el no cumplimiento de los estándares de transparencia activa y de democracia interna. Si un partido no renueva sus directivas, si no convoca a sus consejos generales en forma ordinaria, o si no cumple con los estándares mínimos de transparencia activa debiese ser sancionado con el recorte de aportes fiscales que recibirá en forma permanente y de campañas o la todavía más efectiva medida de prohibir su competencia en elecciones.
Extrañamente la ley ingresada en la Cámara de Diputados constituye un retroceso respecto de la primera iniciativa del Gobierno de Bachelet de mayo de 2008. La mayor demanda ciudadana de contar con partidos responsables, democráticos y transparentes no se correlaciona con un proyecto que presenta problemas en estos tres ámbitos. Esta situación es preocupante y deberá ser enmendada por los congresistas en los próximos meses.
El director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, participó como invitado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el pasado 14 de julio. Intervino para comentar el proyecto de ley que regula la actividad de los partidos políticos. El proyecto de ley intenta modificar una antigua norma impuesta por el régimen militar.
En su intervención en Valparaíso, el cientista político sostuvo que aunque la iniciativa contiene valiosos aportes (como el establecimiento de los partidos como organizaciones de derecho público, el principio de paridad, y mecanismos de transparencia activa, entre otros), indicó una serie de recomendaciones asociadas al sistema de afiliación, democracia interna y mecanismos sancionatorios contemplados en la propuesta del Ejecutivo.
Respecto de nuevos afiliados, sostuvo que el proyecto avanza en la simplificación del registro de nuevos militantes pero no dice nada respecto del procedimiento para que nuevos afiliados queden registrados—aspecto altamente cuestionado en la mayoría de las tiendas políticas. Se requiere establecer un comité de ingreso colegiado, la obligación de justificar el rechazo de una eventual afiliación, y un sistema de apelación ante un Tribunal Supremo del partido. El procedimiento de afiliaciones es central a la hora de pensar en tiendas políticas modernas.
En relación a democracia interna se refirió al principio de una afiliado-un voto. En el proyecto se establece que los órganos directivos “deberán ser electos democráticamente por regla de mayoría, y de acuerdo a procedimientos que establezcan sus estatutos”. Lo anterior deja un espacio muy grande para que estructuras de poder central dominen el ejercicio de aquellas mayorías. Si se desea garantizar la democracia interna de los partidos, entonces, debiese quedar garantizada la participación directa de los afiliados en la conformación órganos claves de decisión al interior de dichos partidos.
Tampoco el proyecto establece algunos mínimos asociados, por ejemplo, con la obligación de renovar directivas cada cierto tiempo o la obligación de convocar a los Consejos Generales al menos una vez al año. Nada dice el proyecto sobre la opción de activar los órganos directivos “desde abajo”, esto es, a partir de un porcentaje de afiliados que deseen tratar un asunto urgente en forma extraordinaria.
No se hacen consideraciones a balances de poder central/regional, aspecto crítico en el tiempo actual. Por ejemplo, en el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera se sostenía que la estructura de los Consejos Generales debía considerar como mínimo un 40% de representación de autoridades de regiones, cuestión que parece razonable y recomendable.
Finalmente, destacó en el proyecto la ausencia de sanciones específicas por el no cumplimiento de los estándares de transparencia activa y de democracia interna. Si un partido no renueva sus directivas, si no convoca a sus consejos generales en forma ordinaria, o si no cumple con los estándares mínimos de transparencia activa debiese ser sancionado con el recorte de aportes fiscales que recibirá en forma permanente y de campañas o la todavía más efectiva medida de prohibir su competencia en elecciones.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Por una extraña circunstancia que casi pasó inadvertida, el Congreso aprobó una ley que permite la formación de partidos políticos con un muy bajo número de firmas. Puede llegarse a la paradójica situación de tener un partido constituido en algunas regiones del país con menos de 100 firmas. En los pasillos del Congreso Nacional se discute por estos días elevar los requisitos para formar partidos, lo que dado este escenario permitiría la proliferación de pequeñas tiendas políticas. ¿Cómo aconteció esto?
La historia parte así. Con ocasión de la reforma al sistema electoral, el ex ministro Peñailillo encabezó una astuta pero riesgosa movida de conseguir votos de independientes de izquierda y de derecha, prometiendo que junto con cambiar el sistema electoral se facilitaría su acceso al poder. Puestos en la encrucijada de cambiar el sistema electoral vs. alterar algunos procedimientos sobre formación de partidos, la gran mayoría de los congresistas se inclinó de mala gana por la primera opción.
Entonces, junto con sepultar el binominal, ahora los partidos enfrentan el temible fantasma de la fragmentación. Expliquemos brevemente el problema. Hasta el año 2014 se podía formar un partido político cuando lograba las firmas ante notario o de un oficial de registro civil equivalentes al 0,5% de la votación en cada una de 3 regiones contiguas o de 8 regiones no contiguas. A modo de ejemplo, si en el extremo sur del país querían formar uno, requerirían poco más de 2 mil firmas en las regiones de Puerto Montt, Aysén y Magallanes. En tanto, se procedería a disolver el partido si esta agrupación no alcanzaba un 5% de los votos en cada una de las regiones donde estaba inscrita en las elecciones de diputados, o bien si disminuyese en un 50% sus afiliados. Siguiendo con nuestro ejemplo, para sobrevivir, nuestro partido del extremo sur requeriría de poco más de 19 mil votos distribuidos en al menos un 5% en cada una de las regiones señaladas.
Lo anterior establece un umbral exigente, aunque bastante común, de sobrevivencia. En términos comparados, los sistemas políticos generan este tipo de límites para evitar la proliferación excesiva de tiendas políticas. Un sistema con infinidad de partidos genera fragmentación, provoca clientelismo y conflictos de gobernabilidad. Si un Gobierno tiene muchos partidos dentro de su coalición, el costo de mantenerla suele asociarse con transacciones basadas en transferencia de recursos a las comunidades y entrega de cuotas de poder para estas pequeñas agrupaciones. Es esta la principal razón que justifica crear umbrales exigentes.
Como el Gobierno necesitaba votos para terminar con el binominal, entonces aceptó reducir los umbrales para crear partidos. Lo que se acordó en el Congreso Nacional fue permitir la formación de nuevos partidos considerando un número de firmas equivalente al 0,25% de votación en una sola región. Para disolver las tiendas, se redujo también el umbral de votos obtenidos en diputados a 2,5% en la región donde está inscrito el partido, o perder la mitad de sus militantes. Continuando con nuestro ejemplo del extremo sur, ahora un partido necesitaría ya no las 2 mil firmas en tres regiones, sino que tan solo 94 firmas si es que, por ejemplo, decide crearse en la Región de Aysén, o poco menos de 200 firmas en Magallanes. La disolución procedería si obtuviese menos de 943 votos en Aysén o menos de 1.500 votos en Magallanes. Se hizo extremadamente poco exigente su formación y se hacía más sencilla su sobrevivencia.
La mayoría de las fuerzas políticas hoy rasgan vestiduras sobre la norma aprobada. Incluso, el Gobierno prepara una modificación a estos umbrales, toda vez que se reconoce la ridiculez de los límites establecidos. El precio de la eliminación del binominal fue abrir la cancha para la proliferación de minúsculas agrupaciones que podrían surgir en cada región.
Nos encontramos hoy (nuevamente) enfrentados a una situación del todo incómoda para el fortalecimiento de buenas prácticas democráticas. Por una parte, un buen número de bienintencionadas agrupaciones comenzó el proceso de inscripción de nuevos partidos, dado este cambio en la ley. Por otra parte, los congresistas debaten la inconveniencia de esta excesiva rebaja de umbrales y se aprestan a elevarlo para evitar la fragmentación. Pero además, en los próximos meses, se discutirá en el Congreso entregar financiamiento público a los partidos políticos, lo que ocasionará un nuevo dilema político: ¿recibirán recursos los nuevos partidos sin representación parlamentaria? ¿Qué sucederá con las tiendas políticas recién creadas si se vuelve a elevar el umbral?
Para salir de este entuerto se requiere equilibrar los principios de gobernabilidad y competencia equitativa. Debemos evitar un sistema excesivamente fragmentado, pues afectaría la gobernabilidad, pero al mismo tiempo debemos estimular la emergencia de nuevas fuerzas políticas que den aire fresco al sistema político. ¿Se puede lograr aquello?
No cabe duda que los umbrales aprobados recientemente para la formación de partidos son excesivamente bajos. Se deben elevar dichos umbrales incrementando el porcentaje de firmas requerido para la formación de tiendas políticas (podría ser a un 0,5% en dos regiones contiguas), como también respecto de la disolución (volviendo al 5% de votación obtenida en diputados). Pero, al mismo tiempo, para evitar que el esfuerzo de recolectar firmas se pierda después de una sola elección, podría permitirse a estas nuevas fuerzas políticas poder competir en dos elecciones sucesivas y evaluar su disolución después de la segunda competencia. Esto les daría un mayor tiempo para consolidarse en los territorios que aspiran a representar.
También el Estado podría crear incentivos para financiar, no en forma permanente a estas nuevas colectividades (que están en formación), pero sí tal vez a partir de subsidios a la realización de actividades orientadas a la comunidad. De esta forma, tanto los partidos ya establecidos como las fuerzas emergentes podrían contar con cierto apoyo para fortalecer su vínculo con los territorios.
Ya en varias ocasiones nos hemos topado con reformas políticas aprobadas que inmediatamente generan desazón entre parlamentarios. Hace poco descubrimos que la ley de financiamiento electoral era pésima, que el voto voluntario fue una terrible idea y, ahora, que la rebaja de los umbrales para crear partidos estimulará la fragmentación. Es hora de armonizar las reglas políticas de modo de promover un sistema de razonables medidas que incentiven la competencia pero que, al mismo tiempo, nos brinden estabilidad.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La decisión de reubicar a Nicolás Eyzaguirre desde el Ministerio de Educación al Ministerio Secretaría General de la Presidencia puede ser vista como una buena noticia para Segpres, que llevaba acéfala tres semanas. Pero es una mala noticia para Educación, que debe enfrentar el trauma de un cambio de líder cuando la educación pública está en crisis, empeorada por un prolongado paro de profesores, y en medio de un complejo proceso de reformas. Ahora que la Presidenta Bachelet decidió desvestir a un santo para vestir a otro, corresponde preguntarse si el gobierno todavía se mueve por una visión transformativa de largo plazo, o si solo está tratando de sobrevivir ante las crisis gatilladas, precisamente, por la ausencia de una hoja de ruta que le permita llegar al destino que prometió en la campaña de 2013.
Desde que fue nombrado en educación, Eyzaguirre ha estado en el centro de polémicas generadas por las diferencias respecto a las ambiguas promesas que hizo Bachelet en campaña, y a las expectativas que tenían los distintos actores involucrados en el proceso de reforma educativa —estudiantes, apoderados, profesores, sostenedores y la opinión pública en general—.
Sus lamentables declaraciones llamando a quitarles los patines a los niños de colegios particulares subvencionados para que los estudiantes sin patines de escuelas municipales pudieran competir en igualdad de condiciones, desnudó la principal falencia de la reforma impulsada por el gobierno en 2014. En vez de mejorar la calidad del sistema público, el gobierno buscaba nivelar para abajo, interviniendo el sistema privado. El estancamiento del proceso de reforma de la educación pública —que incluye un prolongado paro que afecta a los chilenos más pobres, y que por lo tanto no se convierte en primera prioridad ni para el gobierno ni para la prensa— explica por qué Eyzaguirre decidió empezar primero por reformar la educación particular subvencionada, y dejó para después la indispensable mejora del sistema de educación público.
Eyzaguirre no solo es culpable de haber errado el camino —empezando la reforma educacional básica y secundaria por lo menos importante—, sino que, además, jamás advirtió que los montos recaudados por la reforma tributaria serían insuficientes para cumplir la promesa de educación superior gratuita. A cinco meses de que deba ser aprobada la ley de presupuesto —que debe incorporar recursos para empezar con la gratuidad universal en educación superior—, el gobierno no ha especificado quiénes se beneficiarán, que instituciones serán cubiertas por la medida y cómo planea nivelar los aranceles de las instituciones que ofrecerán educación gratuita.
Con todo, Bachelet estimó que Eyzaguirre tenía las habilidades necesarias para negociar con el Congreso toda la agenda de reformas de su gobierno, incluida la reforma laboral, las potenciales correcciones a la reforma tributaria y, presumiblemente, el proceso constituyente que se inicia en septiembre. El hecho de que Eyzaguirre sea militante del PPD coadyuvó la decisión de Bachelet. Después de todo, pese a que la Nueva Mayoría está en el poder gracias a la popularidad de Bachelet, la Presidenta ha estado secuestrada por las cuotas partidistas desde el día que nombró su primer gabinete presidencial. La cercanía personal de Eyzaguirre con Bachelet también parece haber jugado un rol. Aunque constituya una negación de lo que es hacer un buen gobierno, Bachelet insiste en que los mejores ministros no son aquellos mejor calificados sino que aquellos con los que ella tiene una mejor relación personal.
Para llenar la vacante en educación, Bachelet nombró a una asesora de la subsecretaria. Aunque el gobierno se ha esmerado en destacar sus habilidades y capacidades, es imposible explicar por qué una mujer tan capaz no fue nombrada subsecretaria desde el primer día —o, en su defecto, por qué la subsecretaria, si era más capaz que la actual ministra, no fue promovida al cargo de ministra—. La trayectoria de la también PPD Adriana Delpiano ha sido extensa, pero no destacada. Su desempeño como ministra de Bienes Nacionales, ministra del SERNAM, intendenta de Santiago, directora del Área Socio-Cultural de la Presidencia, directora Ejecutiva del Parque Bicentenario de Cerrillos y, más recientemente, miembro del directorio de ZOFRI en Iquique no registra grandes logros. Pese a que el gobierno necesita con urgencia meter goles en su reforma educativa, Bachelet nombró de ministra a una jugadora experimentada que nunca anotó un gol.
Es buena noticia que el gobierno haya finalmente terminado con la lesera —para parafrasear a la propia Bachelet— de no tener Ministro de Segpres. Pero la decisión de desvestir a un santo para vestir a otro solo confirma la condición terminal de un gobierno, cuya urgencia por impulsar reformas fundacionales lo llevaron a la situación de parálisis y estancamiento de la que es víctima desde el mes de febrero.
Cambio en Comisión de Constitución fue impulsado por legisladores PS y DC. Proyecto se discute hoy en la sala de la Cámara.
Hoy, la sala de la Cámara discutirá el proyecto del gobierno sobre fortalecimiento de la democracia, que prohíbe los aportes de empresas a la política y crea un nuevo sistema de financiamiento estatal.
Sin embargo, el debate -fijado en el segundo lugar de la tabla- estará precedido por un cambio al texto original realizado hace dos semanas, que pasó inadvertido para varios de los partidos e, incluso, para La Moneda.
Antes del receso distrital, nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500, es decir, alrededor de $12 millones 500 mil (ver recuadro). A favor estuvieron Osvaldo Andrade (PS), Aldo Cornejo (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Daniel Farcas (PPD), Cristián Monckeberg (RN), Fuad Chahín (DC) y Leonardo Soto (PS). Estos dos últimos fueron quienes presentaron la indicación. Se abstuvieron los UDI Marisol Turres, Juan Antonio Coloma, Arturo Squella y Renzo Trisotti.
El proyecto original del gobierno -en concordancia con lo propuesto por la comisión Engel- prohibía que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes “a campañas o a partidos políticos”. Precisamente, esta disposición justificaría, como forma de compensación, un nuevo sistema de financiamiento estatal para las colectividades.
La alerta sobre este cambio la dieron dos ex integrantes del consejo asesor presidencial anticorrupción: hace varios días, una representante de la Fundación Ciudadano Inteligente advirtió sobre esta modificación en un programa radial, y luego, ayer, Claudio Fuentes, director de la escuela de Ciencia Política UDP, hizo lo mismo. “Es incongruente con lo que hemos venido discutiendo sobre separar los negocios de la política. Me sorprende que los actores de la Nueva Mayoría hayan propuesto esta indicación”, dijo Fuentes.
Durante el trabajo de la comisión Engel, de hecho, se discutió la opción de diferenciar lo que son aportes de empresas a campañas y a partidos. Y se concluyó por mayoría-aunque con detractores internos- que se debían eliminar para ambos casos.
Cuando se aprobó la indicación, y luego de la denuncia de Ciudadano Inteligente, el ex presidente de la Comisión de Constitución, Ricardo Rincón (DC), pidió una rectificación al programa radial. Previamente, se había comunicado con el secretario de la instancia, quien, según dijo el propio Rincón ayer a La Tercera, le garantizó que eso no era efectivo. El diputado dijo que fue informado de que “el proyecto de ley de fortalecimiento de la democracia no tiene ningún tipo de financiamiento de personas jurídicas: ni a campañas ni a partidos políticos”. Recién ayer por la tarde le confirmaron que la indicación era efectiva, y anunció que la rechazará en la Comisión de Hacienda, donde se encuentra actualmente el proyecto.
Al ser consultados, los integrantes de esta última instancia también se mostraron sorprendidos. “Las mismas razones que nos llevan a terminar con el aporte de personas jurídicas a candidatos, valen para los partidos”, dijo el presidente de esa comisión, Pepe Auth (PPD).
Soto -presidente de la Comisión de Constitución- defendió la enmienda y dijo que se trata de aportes fuera de época de campaña. Explicó que se “busca resolver los problemas que pueden suscitarse respecto de partidos que tienen algún patrimonio en el mercado de capitales”. En todo caso, agregó que “si abre espacio a situaciones que nos interesa erradicar, revisaremos la posibilidad de cambiarla”. Chahín, en tanto, señaló que por tratarse de algo que afecta a las tareas permanentes de los partidos y no a las campañas, se intentó dejar el tema abierto para tratarlo en la ley de partidos.
Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
Usualmente Chile es considerado como un país modelo al interior del concierto latinoamericano. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, Chile no solo tiene un estado de derecho robusto sino que también ha experimentado una notable expansión económica y ha gozado de estabilidad política en las últimas tres décadas. Sin embargo, esta imagen de país modelo se está desdibujando hoy en día. ¿Cuál es el motivo?
Todo partió debido a un escándalo de corrupción ligado al financiamiento ilegal del principal partido de derecha del país: la Unión Democrática Independiente (UDI). Este partido es el principal defensor del modelo socioeconómico implantado por la dictadura de Pinochet, la cual privatizó gran parte del aparato público, generando así nuevos grupos económicos que se han encargado de financiar legal e ilegalmente a la UDI en particular y a líderes políticos, think tanks de derecha y tecnócratas a favor del libre mercado en general. Esto es lo que ha saltado a luz pública en el último tiempo gracias a la labor de la fiscalía.
Pero lo que partió como la historia del financiamiento ilegal de un partido político en singular ha terminado siendo un verdadero thriller político. Las investigaciones de la fiscalía revelan que varios diputados y senadores del país – tanto de derecha como de izquierda – han recibido financiamiento ilegal por parte de diversas empresas. Tampoco las campañas presidenciales parecen ser limpias y ahora están bajo la lupa de la fiscalía. Las investigaciones judiciales en curso develan que uno de los principales financistas de la política chilena es Julio Ponce Lerou, un personaje digno de una novela biográfica escrita por Stefan Zweig. Pues el señor Ponce Lerou es yerno de Pinochet y se enriqueció de forma poco decorosa durante la dictadura. Como si fuera poco, además, el hijo de la Presidenta de la República está inmiscuido en un turbio negocio de especulación inmobiliaria.
Frente a este complejo escenario, la elite chilena ha seguido una funesta estrategia: guardar silencio, negar y mentir. Por un lado, gran parte de la clase política ha optado por desestimar las denuncias que la afectan o ha dado explicaciones absurdas e inverosímiles. Por otro lado, el empresariado ha guardado un cómplice y profundo silencio, el cual en todo caso tiene larga data (hasta donde yo sé no existe mea culpa alguno del empresariado respecto a su rol durante la dictadura ni a sus malas prácticas del último tiempo).
La transición chilena a la democracia surgió como un pacto entre elites que desde entonces han controlado el sistema económico y político del país
¿Cómo se explica esta ceguera de la elite chilena? La respuesta es simple: la transición chilena a la democracia surgió como un pacto entre elites que desde entonces han controlado el sistema económico y político del país. Si bien es cierto que este pacto le dio estabilidad al país, también es verdad que dicho pacto permitió la naturalización de una serie de prácticas que son nocivas para la democracia.
A lo largo del tiempo las elites han ido redefiniendo el pacto original, pero no han tenido la sabiduría ni el interés en generar un nuevo equilibrio de poder acorde a la sociedad de hoy en día. Hace tiempo que Chile dejó de ser un país marcado por amplios niveles pobreza, una sociedad civil ausente y una prensa sumisa. De hecho, el Chile actual se caracteriza por una creciente clase media, la irrupción de nuevos actores sociales y de medios de comunicación que no le tienen miedo a los poderes establecidos. El problema mayor radica en que la elite no se ha adaptado a los nuevos tiempos y actúa con una ceguera que la está llevado directo al despeñadero.
No hay mejor ejemplo de esto que los resultados del reciente Informe de Desarrollo Humano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual entre otras cosas revela la enorme brecha existente entre el parecer de la ciudadanía y de la elite del país. Para mencionar tan solo un dato: mientras aproximadamente un 60% de la sociedad opina que no debiera permitirse que las empresas privadas hagan negocios y obtengan ganancias en áreas como salud, educación y servicios básicos, tan solo un 25% de la elite comparte esta opinión.
Nada indica que la elite del país esté saliendo de su ceguera. Mientras tanto el thriller político en curso sigue develando la perniciosa imbricación entre economía y política en Chile. La situación es preocupante y se evidencia en los crecientes niveles ciudadanos de desconfianza y malestar. ¿Cómo enfrentar este problema? La solución radica en el establecimiento de un nuevo pacto social. Para ello las elites tienen que dejar de guardar silencio, deben asumir sus errores y abrirse a la canalización de las demandas ciudadanas.
Puede que ya sea demasiado tarde para que la elite remedie su accionar. Es altamente probable que las confianzas rotas ya no puedan recuperarse. De ser esto cierto, la irrupción del populismo está a la vuelta de la esquina. Pues lo propio del discurso populista es la distinción entre un establishment corrupto y un pueblo soberano que demanda el irrestricto ejercicio de la voluntad general. La ceguera de la elite chilena está pavimentando el camino para el surgimiento del populismo. No aleguen después que nadie les advirtió.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Al acusar al gobierno de soberbia, por no aceptar que el único poseedor de toda la verdad es el movimiento estudiantil, los líderes de las federaciones universitarias lo han hecho beber una sopa de su propio chocolate. Porque el gobierno ha repetidamente dejado en claro que entiende el diálogo como un proceso a través del cual sólo el interlocutor cambia de opinión, la postura estudiantil sirve de inmejorable ejemplo para el gobierno de lo poco productivo que resulta llamar al diálogo cuando el convocante no está dispuesto a aceptar que no es dueño de la verdad.
Aunque hubiera tenido sentido que el gran anuncio en el discurso presidencial del 21 de mayo hayan sido los detalles sobre el proceso constituyente o la agenda de probidad, la declaración de la Presidenta sobre la gratuidad de la educación superior se convirtió en el tema más polémico del discurso presidencial. Al anunciar que la gratuidad se iniciaría en 2016, pero sólo para el 60% de menos ingresos y solo en las universidades del CRUCH, Bachelet dio el puntapié inicial para una batalla que mezcla intereses particulares con defensa de principios. Como las universidades del CRUCH incluyen planteles públicos y privados, varias universidades no tradicionales rápidamente reaccionaron, alegando discriminación. Si la PUC accede a gratuidad, ¿por qué no la Alberto Hurtado? Si la U de Concepción o la Federico Santa Maria entran a la gratuidad, ¿por qué otras privadas como la UDP quedan fueran? Y en última instancia, ¿la gratuidad es para los estudiantes más necesitados o solo para aquellos que tienen suficiente puntaje como para entrar a las universidades más competitivas?
Adicionalmente, como los aranceles varían de universidad en universidad, la gratuidad necesariamente requerirá fijación de precios por parte del Estado. Pero así como el precio de una empanada varía dependiendo de su contenido, reputación del vendedor y barrio donde se ubica el negocio, el valor de una carrera dependerá de muchas variables. No parece razonable que el Estado fije precios, porque no sabe cómo hacerlo y porque no hay razón para pensar que todas las universidades deban cobrar lo mismo.
Peor aún, ya que la promesa de gratuidad busca reducir los altos niveles de desigualdad, la exclusión de los institutos profesionales y centros de formación técnica es incomprensible. Por más que se parta por el 60% de menos ingresos, no incluir en la gratuidad a las instituciones educacionales donde estudia la mayoría de los alumnos vulnerables hará que la desigualdad aumente, incumpliendo la principal promesa de campaña de Bachelet.
Comprensiblemente, el gobierno ha tratado de cuadrar el círculo, buscando una fórmula que otorgue gratuidad a la mayor cantidad posible evitando que los recursos vayan a parar a instituciones que lucran o que ofrecen educación de insuficiente calidad. Ya que cualquier fórmula es sub-óptima, en tanto dejará sin cobertura a gente que la necesita, La Moneda ha mostrado disposición a flexibilizar su postura.
Pero en su intento por generar instancias de diálogo, el gobierno se ha encontrado con interlocutores que se creen dueños de la verdad. Los líderes estudiantiles han dado muestra de una convicción profunda sobre sus principios que raya en la locura. Sin entender que solo los necios y los dictadores se creen dueños de la verdad en cuestiones que son debatibles, en tanto responden a preferencias subjetivas y se construyen sobre información incompleta, los estudiantes acusan al gobierno de soberbia y de falta de diálogo democrático cada vez que La Moneda se niega a ceder ante las demandas estudiantiles.
La intransigencia de los estudiantes resulta incomprensible. Es poco razonable e impropia en un Estado de derecho democrático. Pero en el Chile de hoy, esa intransigencia es más el patrón que la excepción. El gobierno ha usado hasta el cansancio el argumento de que el diálogo es solo una oportunidad para explicar mejor y para que los otros cambien de opinión. Repetidas veces, los llamados que ha hecho el gobierno a dialogar han sido acompañados de afirmaciones temerarias sobre la inalterabilidad de la hoja de ruta. Pero el diálogo honesto supone aceptar que nadie tiene el monopolio de la verdad. Sentarse a negociar implica el reconocimiento implícito de que ambas partes están dispuestas a ceder. Uno puede estar tan convencido de sus creencias al punto de no querer dialogar. Pero uno no puede llamar al diálogo a la vez que se arroga el monopolio de la verdad.
La postura intransigente de los estudiantes da fe de su pasión y convicción, pero también desnuda sus débiles valores democráticos. Pero tanto esa postura ahora tiene al gobierno contra la pared, esa práctica de creerse dueño de la verdad constituye una poderosa lección para un gobierno que se acostumbró a creer que el diálogo consiste en que los otros acepten tus creencias y valores como propias.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Las recomendaciones del Consejo Asesor pueden ser vistas como una extensa lista de sugerencias (236 en total) o como orientaciones fundamentales para la democracia que queremos construir. La primera interpretación llevaría al lector a concluir que existen importantes contradicciones, insuficiencias y vacíos legales que es necesario resolver.
La segunda interpretación exige analizar la orientación o propósito de las recomendaciones que quedaron estampadas en dicho informe. En este caso, no se trata sólo de revisar ciertas regulaciones (o falta de ellas), sino de estudiar el tipo de arreglo democrático que sería más aconsejable. Y es precisamente esto último lo que requiere una más profunda discusión, pues parece ser que existe una fuerte división social y política sobre el arreglo democrático ideal.
Demos algunos ejemplos. Se destaca en el informe que los partidos políticos son esenciales para la democracia y, coherente con aquella afirmación, se propone un financiamiento permanente y público para ellos. Pero inmediatamente se indica que debe condicionarse tal entrega a su reforma sustantiva. La democracia necesita partidos, pero ellos deben ser programáticos, transparentes, con adecuados mecanismos de democracia interna, y vinculados a la comunidad en sus actividades. La mayoría de los consejeros(as) propuso mecanismos de acción afirmativa en su interior. Se insistió en establecer un proceso progresivo de reinscripción de sus militantes. El riesgo de convertir a los partidos en “máquinas” internas es alto por lo que se requiere rediseñar los mecanismos de ingreso de nuevos militantes.
Entonces, una medida fundamental a considerar y que se constituye en un eje fundamental para un sistema democrático es la sanidad y fortaleza de sus partidos políticos. Queremos una democracia con partidos, pero con partidos distintos a los que conocemos; partidos que se organizan en torno a ideas, que son responsables en sus acciones, y que en su interior mantienen procedimientos transparentes y democráticos.
Coincidimos por unanimidad en que se necesita evitar la captura de la política por parte de intereses económicos. Por ello se propuso aumentar significativamente el aporte estatal a las campañas, reducir los límites permitidos, restringir el aporte de privados, y la gran mayoría de los consejeros(as) se pronunció por suprimir los aportes de empresas. Se instó a desarrollar campañas más austeras, restringiendo la publicidad en calles, prohibiendo las gigantografías, y generando mecanismos de fiscalización efectivos sobre el gasto de campañas. Se propuso transporte público gratuito para el día de la elección para evitar el “acarreo”. Algunos consejeros(as) defendieron la idea de aportes reservados para resguardar la identidad de pequeños aportantes y evitar represalias. Otros nos inclinamos por total transparencia. Pero todos coincidimos en evitar la captura como objetivo para la democracia.
Otro objetivo es promover condiciones de competencia con un pie de igualdad. Propuestas como el establecimiento de una franja radial, incentivos para los desafiantes, y mecanismos de acción afirmativa son algunas de las propuestas que apuntan en esa dirección.
Finalmente, el informe advierte que no podemos limitarnos a la relación partidos-campañas-dinero. Necesitamos observar el mundo privado, estatal, y la interacción de ambos. Robustecer la Alta Dirección Pública, el sistema de compras, los municipios, y tantos otros sectores de riesgo resulta crucial para profundizar la democracia y evitar la corrupción.
Si es esa la democracia que queremos, y se existe consenso sobre aquello, la pregunta siguiente es si los partidos políticos vigentes aceptarán estas condiciones básicas para el juego democrático. Por ejemplo, la reforma a la ley de partidos debiese contemplar una cláusula que establezca que no podrán participar de elecciones locales o nacionales partidos que no cumplan con un estándar mínimo de democracia interna y transparencia. También podría limitarse el aporte vía subsidio estatal a los partidos que incumplen las normas de probidad y transparencia.
Lo relevante acá es remodelar en forma sustantiva el modo en que han venido funcionando los partidos. Y la gran incógnita es si quienes están al mando de las tiendas políticas querrán hacerlo. Porque lo que muestra la historia es que nadie renuncia voluntariamente a sus cuotas de poder.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El cambio de gabinete finalmente realizado por la Presidenta Bachelet fue más celebrado por la derecha, el centro y el empresariado que por la izquierda, los partidarios de la retroexcavadora y los refundacionales. Aunque este ajuste constituye una derrota para Bachelet -que debió dejar ir a sus dos ministros más cercanos y nombrar en esos puestos claves a dos hombres identificados más con la Concertación que con la Nueva Mayoría (NM)- este repliegue de los ímpetus refundacionales que se anuncia con estos nombramientos pudiera terminar siendo un golpe de timón salvador para este gobierno que hasta ayer aparecía encaminado hacia el barranco.
Al iniciar su gobierno, la Presidenta Bachelet insistió en los objetivos refundacionales de su coalición. Al insistir en que el suyo era el primer gobierno de la NM y no el quinto de la Concertación, su administración buscaba separar aguas con la lógica gradualista y pragmática que caracterizó a los gobiernos de centro izquierda entre 1990 y 2010. Si bien en su primer año, Bachelet logró importantes reformas tributaria, educacional y electoral; él éxito de esas reformas se debió a que, pese a la retórica refundacional, la práctica de negociar con la oposición y cocinar acuerdos se siguió utilizando profusamente. Por eso, aunque en el discurso se promovía la retroexcavadora, en la práctica se utilizaba la vieja cocina para articular acuerdos.
Pero como los discursos crean realidades, las promesas de reformas profundas alimentaron la incertidumbre y contribuyeron a acelerar el enfriamiento de la economía que inicialmente se debió a la caída en el precio del cobre. Con un país detenido en el crecimiento y en la creación de empleo, las promesas de transformaciones profundas fueron amenazadas por el temor creciente de una población cuya condición de clase media es precaria. Como los chilenos quieren construir sobre lo ya logrado y corregir errores más que refundar instituciones, el apoyo a Bachelet comenzó a caer a medida que la economía se frenaba y las dudas sobre los efectos de las reformas crecían.
Los escándalos Penta, SQM y Caval dejaron en evidencia que toda la energía refundacional de la retroexcavadora no servía para contener las crisis y encaminarlas hacia una salida política. La tardía, lenta y errática reacción a los escándalos SQM y Caval terminó por derribar al titular de Interior, mientras que el enfriamiento de la economía y las innecesarias tensiones generadas con el empresariado hicieron lo propio con el titular de Hacienda.
Al deshacerse de Arenas y Peñailillo, Bachelet renuncia a cuotas importantes de poder. Sus reemplazos fueron concesiones de poder que Bachelet se vio obligada a realizar. Ni Jorge Burgos en Interior ni Rodrigo Valdés en Hacienda pertenecen al círculo íntimo de Bachelet. En su trayectoria y discurso público, ambos aparecen más asociados al pragmatismo y a la gradualidad que a la retroexcavadora fundacional del primer gabinete de Bachelet. Aunque ambos también se distancian de los viejos jerarcas de la Concertación que generan tanto rechazo en la NM. En ese sentido, Bachelet fue capaz de minimizar los costos de su derrota. Le pidió la renuncia a los líderes simbólicos de la NM, pero no renunció a su impulso por un recambio generacional. Aunque ejercieron presión, los poderes fácticos de la Concertación no lograron volver a cargos de primera línea.
Es verdad que Bachelet debió pagar también otros costos. Por primera vez desde que ella llegó a La Moneda, no hay mujeres en el equipo político. En su gabinete, las mujeres constituyen sólo el 30%, un retroceso respecto a su primer equipo y una señal contradictoria con su discurso de inclusión. Pero al realizar tantos enroques, Bachelet logró mantener a una mayoría de los nombres que la acompañaron en su primer gabinete.
De cualquier forma, este nuevo gabinete representa una derrota parcial para la Presidenta. Contra su voluntad, Bachelet debió dar un golpe de timón que representa un incuestionable giro hacia posiciones más moderadas. Afortunadamente para ella y para el país, aunque le produzca dolor y lo sienta como una derrota, este ajuste bien pudiera convertirse en el salvavidas que su presidencia necesita con tanta urgencia.
La inauguración del segundo Gobierno de Michelle Bachelet combinó altas expectativas y cuotas relevantes de incertidumbre. Dentro de los tres cambios estructurales, el Gobierno se comprometió a establecer una nueva Constitución, nacida de un proceso democrático, institucional y participativo.
En este segundo período, la coalición de Gobierno asumía el desafío de redefinir ciertos aspectos esenciales de la carta de derechos y del sistema político propiamente tal.
Pero ello se acompañó de cierto nivel de incertidumbre y, por lo tanto, no se han definido con claridad ni los pasos ni el itinerario que se seguirán para alcanzar la meta. Los anuncios han sido algo difusos. Se habló en un primer momento que se enviaría un proyecto de reforma total al Congreso en el segundo semestre de 2014. Luego se postergó la discusión para el año 2015, por la recargada agenda que ha enfrentado la actual administración en sus primeros meses. Pero las autoridades han reiterado que sí o sí el debate se iniciará el próximo año.
El establecimiento de una nueva Constitución se transformó en uno de los tres ejes prioritarios del programa de Gobierno, ya que el actual texto está sustentado en la desconfianza a la soberanía popular, lo que requería un cambio significativo al establecer estándares democráticos donde el respeto a las mayorías fuese coherente con las reglas que se establecen en el sistema democrático.
Algunos de los aspectos que llamaron la atención de la propuesta en el campo de los derechos fueron la promoción de una ley de acción positiva para alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres; establecer una norma que limite la concentración de propiedad de los medios de comunicación social; consagración de derecho al trabajo, a una remuneración equitativa y protección de las organizaciones sindicales; reconocimiento del derecho a la identidad sexual; la necesidad de delimitar de mejor modo la función social del derecho a la propiedad privada; el reconocimiento del dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico; la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público; el establecimiento de una ley para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular entre hombres y mujeres; el reconocimiento de Chile como una nación pluricultural; la consagración del Estado social y democrático de derecho para asegurar mínimos de igualdad social para el disfrute colectivo de tales derechos.
Desde el punto de vista de los deberes, se propone avanzar en una concepción que supere la visión individualista de la vida en sociedad y que establezca deberes relativos a la vida pacífica, el respeto de derechos, la contribución a una sociedad solidaria, y el cumplimiento de las cargas reales y personales que establezca la ley.
Finalmente, en relación a la estructura del sistema político, se convoca al establecimiento de una república democrática que combine elementos de representación y participación en forma equilibrada, proponiéndose, entre otros aspectos, el establecimiento y el reconocimiento a una serie de derechos sociales, políticos, de género, la reforma a la Justicia Militar; el reordenamiento de atribuciones del Tribunal Constitucional y el cambio en el sistema de elección de sus integrantes; la creación de una Defensoría Ciudadana; y el establecimiento de referéndum para dirimir conflictos entre poderes al realizar reformas constitucionales o bien aprobar enmiendas a la Constitución.
El programa delineado estableció tres condiciones para la elaboración de esta nueva Constitución como son un proceso democrático, institucional y participativo.
Democrático en el sentido que se escucharían todos los puntos de vista y se respetarían los derechos de todos los sectores.
Institucional, en la perspectiva que tanto la Presidencia de la República como el Congreso deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.
Y, finalmente, participativo, esto es, que la ciudadanía debía participar activamente en la discusión y aprobación de la nueva Constitución. El debate de forma y fondo (qué aspectos modificar y cómo avanzar) se explicitaban así en las definiciones programáticas de este nuevo Gobierno.
Como dijimos, la idea que inspira la propuesta programática se sustenta en la visión compartida por las fuerzas de la Nueva Mayoría, de que los nuevos tiempos políticos requieren de ajustes significativos en la estructura del sistema político.
En esta visión es la arquitectura constitucional la que limita la voluntad popular, lo que a su vez estaría generando una deslegitimación del sistema político, el freno al desarrollo económico y afectaría su gobernabilidad. Otro sector (de centro) considera el gradualismo no ya como estrategia sino como un fin en sí mismo de la política. Se sostiene que ya el país vivió momentos traumáticos que nos dividieron por intentos refundacionales.
Para la Alianza y el mundo empresarial organizado, en cambio, la lógica argumentativa es la opuesta. En un contexto de reformas profundas como educación y estructura tributaria, la sola idea de debatir una nueva Constitución afectaría profundamente la gobernabilidad del país. En este caso, se sostiene que es la actual arquitectura constitucional la que ha dado garantías de estabilidad en los últimos 25 años, por lo que aventurarse en una transformación radical afectaría precisamente el desarrollo económico y la gobernabilidad del país. En este caso, la actual normativa es fuente de estabilidad.
La forma en que se implementaría esta propuesta de nueva Constitución ha sido parte sustancial del debate. Qué cambiar es tan importante como quiénes serán los encargados de hacerlo y cómo se hará. Esto refleja una diferencia importante respecto del objetivo que se quiere alcanzar y de ahí que no todos los caminos conducirían a la misma Roma.
Desde el punto de vista del mundo político, quienes se han mostrado favorables a realizar transformaciones constitucionales se han organizado en torno a tres posturas. En primer lugar, estarían quienes quieren reformas graduales donde destacan dos impedimentos, el primero de los cuales es la falta de una legislación que establezca esta opción y la imposibilidad de aprobar un proyecto en el Congreso que abra la opción de una Asamblea Constituyente por el quórum requerido para ello en el Congreso Nacional. Por lo tanto, la única posibilidad que existiría sería que el Ejecutivo definiese un texto que fuese sometido a una consulta no vinculante a la ciudadanía, seguido de la aprobación formal de una reforma total a la Constitución por parte del Congreso Nacional y la ratificación en un plebiscito vinculante de la propuesta definitiva.
La segunda postura es establecer una Asamblea Constituyente como condición para el establecimiento de una Nueva Constitución. Su línea argumentativa incluye tres aspectos: primero, la necesidad de que en la definición de las reglas del juego se exprese la voluntad popular; segundo, que no parece apropiado que los mismos que definen las reglas del juego sean quienes después se van a regir por aquellas reglas del juego que establecen; y tercero, que el ejercicio de un proceso constituyente por la vía de una asamblea dotará de legitimidad al proceso en su conjunto.
Además de los movimientos sociales que desde hace ya varios años han propiciado una Asamblea Constituyente, se sumó una bancada parlamentaria por una Asamblea Constituyente que en junio de este año emitió un manifiesto indicando su compromiso de promoverla.
Bachelet ante el Congreso ratificó que la Nueva Constitución era parte de su compromiso de Gobierno para el período y que era un proyecto en que se avanzaría en el año 2015.
Algunos actores han planteado críticas al timing de las reformas, al sostener que primero debió plantearse el cambio estructural de la Constitución y luego otras reformas, porque al hacer las reformas primero se deja al descubierto una clara intención de que el debate sobre la Constitución quede amarrado de pies y manos y no pueda alterar lo que ya estará definido desde antes.
Aunque gran parte de los actores políticos de la Nueva Mayoría han indicado participar del compromiso programático de tener una Nueva Constitución, existen significativas diferencias respecto del mecanismo y sentido de lo que se espera para una nueva Carta Fundamental.
Un primer camino se inicia con un acuerdo con la oposición, correspondiéndoles a los congresistas abrirle las puertas a la ciudadanía y el producto de esta negociación tendría que ser plebiscitado, por lo que se requeriría de una reforma constitucional para tales efectos.
Un segundo camino se inicia en el Poder Ejecutivo, que tendría que elaborar un borrador de texto constitucional, donde eventualmente se incorporaría algún tipo de mecanismo de participación ciudadana para ampliar la legitimidad del mismo. El texto acordado, pasaría a la ratificación del Congreso Nacional y a la ratificación final por parte de la ciudadanía en un plebiscito. Esta es la vía menos clara hasta la fecha, toda vez que desde el Gobierno no han definido la instancia ni el itinerario que se establecerá.
Un tercer camino, defendido por otros actores, es la opción de una Asamblea Constituyente. Hasta el momento, la propuesta más concreta es la idea de propiciar una reforma constitucional habilitando la convocatoria a plebiscito por parte de la Presidenta de la República, lo que requeriría 3/5 de ambas cámaras para su aprobación. Este camino apuesta por la desvinculación entre el proceso constituyente (vía Asamblea) de quienes hoy detentan el poder.
Insistimos, las tres vías señaladas no conducen a la misma Roma. La primera opción claramente sería la más conservadora, dado que cualquier acuerdo implicaría una negociación con las fuerzas políticas representadas hoy en el Congreso. La segunda opción podría implicar mayores márgenes de avance, pero dependerá mucho de la forma en que se despliegue el proceso de participación no vinculante para legitimar los acuerdos alcanzados.
La tercera opción es la que garantiza mayores niveles de legitimidad social pero, evidentemente, plantea más incertidumbre para la elite en el poder respecto del resultado, pues habría que esperar ver la composición de lo que sería una Asamblea Constituyente.
El panorama político de fines de 2014 encontrará a Chile con un nuevo marco tributario, un nuevo sistema electoral que comenzará a operar en el año 2018, y ciertos avances en materia de reforma de educación. La definición del camino que se tomará para llegar a Roma dependerá de la decisión política del Gobierno. Y será en el año 2015 cuando comenzaremos a vislumbrar a cuál Roma habremos de llegar.
LA OPOSICION enfrentaba el siguiente dilema estratégico: o se sumaba a la propuesta de gobierno para intentar incidir en la forma que adquiriría la reforma electoral, o se excluía y observaba su aprobación desde la galería. El gobierno se esmeró en coordinar sus votos, obtener una mayoría especial en ambas cámaras y aprobar el proyecto. Hace unas semanas la UDI y RN sabían del escenario que enfrentaban y, sin embargo, decidieron que su mejor opción política era no participar del acuerdo.
Lo anterior no se llama aplanadora. Es el ejercicio de la mayoría. Se trata de una práctica a la que no estábamos acostumbrados porque durante 25 años ninguna de las dos principales coaliciones tuvo la supremacía. Pero hoy, con un Congreso mayoritario de gobierno y con actores clave de la derecha, se materializó el principio democrático asociado a que las mayorías mandan.
La respuesta de la oposición-algo ingenua a mi juicio-ha sido cuestionar aspectos sustantivos de la norma aprobada. Sostienen que se trata de un “traje a la medida” de la coalición gobernante. Pero esta crítica es pertinente para cualquier norma que se aprueba en el Congreso, pues toda legislación es fruto de la negociación de intereses. En política, todo es un traje a la medida.
El sistema electoral en esencia es un traje a la medida de la correlación de fuerzas en el poder, al momento de ser definido. ¿Por qué la Alianza no denunció al general Pinochet por definir un traje a la medida con el binominal? ¿Por qué la derecha se negó a firmar un acuerdo político para cambiarlo durante 25 años? La respuesta es simple: no le interesó el cambio porque era un traje “a su medida”. El resultado político que vemos no es otra cosa que la expresión de la correlación de poder, el pragmatismo y la decisión del Ejecutivo de priorizar esta reforma.
Se dice también que esta norma afecta la igualdad del voto al verse favorecidos determinados distritos y circunscripciones, por lo que sería inconstitucional. El mismo argumento-pero con más fuerza-pudo esgrimirse en torno al binominal. Pero nunca vimos a ningún partido desfilar ante el Tribunal Constitucional argumentando que el principio de un voto un escaño no se cumplía con el binominal. ¿Por qué no? Porque en la definición de escaños se tiene en cuenta la proporcionalidad en relación a la cantidad de electores, y otras variables como la representación de regiones y, ahora, de mujeres. El TC debiese aprobar esta norma pues de hecho mejora el principio de igualdad del voto, en relación al sistema actual.
La reforma es expresión de los intereses actuales. Nada más. Veremos mejorada la representación, algo más de competencia y mayor número de mujeres candidatas. Deberemos observar cuidadosamente el impacto que ésta y otras reformas tendrán en las dinámicas políticas, pues facilitar en demasía la formación de partidos estimulará la fragmentación política. Asimismo, tener muchos más candidatos y en listas abiertas fomentará tendencias clientelares. De ahí que la reforma a los partidos y al financiamiento será esencial en lo inmediato.
Uno de los aspectos que suscitará más debate del proyecto sobre financiamiento político que presentó el Gobierno, será la prohibición de los aportes de las empresas a campañas políticas. Recordemos que el sistema actual permite que las personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas políticas. Se establece además una reducción de impuestos cuando se trata de donaciones a partidos, que no superen el 1% de la renta líquida imponible de una empresa. Se prohíbe asimismo que las personas jurídicas sin fines de lucro (sindicatos, fundaciones, corporaciones) puedan realizar estas donaciones.
Así, el modelo actual coloca a las personas jurídicas con fines de lucro como los actores más relevantes, toda vez que les otorga ventajas tributarias, permite donaciones reservadas para garantizar el secreto de ellas, y excluye que otras personas jurídicas puedan donar. Los datos de las últimas tres campañas presidenciales son elocuentes. El modelo actual se sustenta en donaciones del sector privado (principalmente empresarial) para financiar las campañas políticas (60%). Pero, como parte de esas contribuciones se realizan por la vía de la reducción de impuestos, lo que en realidad refleja este modelo es el uso de dineros públicos (impuestos) por parte de privados (empresas con fines de lucro) para beneficiar a algunas candidaturas.
La prohibición del aporte de empresas a campañas políticas es razonable por varios motivos. Como el objetivo de las empresas es maximizar utilidad, resulta esperable que se produzca una fuerte desigualdad en el acceso a tales recursos, pues ellas siempre privilegiarán a quienes defienden sus intereses y que, a su vez, tienen mayores opciones de llegar al poder. Pero, además, esta desigualdad se magnifica en la medida que las empresas pueden realizar contribuciones considerablemente superiores a las de cualquier individuo. Entonces, permitir la total “libertad de expresión” de las empresas (que donen lo que deseen y a quienes quieran) impone condiciones de fuerte desigualdad en la competencia política.
Los defensores del actual modelo sostienen que prohibir donaciones de empresas limita la libertad de expresión. Sin embargo, la propia Constitución en su artículo 1° establece el deber del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para participar del sistema político. Las donaciones de empresas afectan esta igualdad teórica, dado que los aportes de empresas son considerables (60% de lo declarado), se realizan en condiciones de total opacidad (90% de esos aportes son reservados) y tales aportes se concentran en algunas candidaturas (19% de ellas en el último ciclo electoral).
Desde el punto de vista normativo, se ha indicado que, así como una empresa puede realizar donaciones culturales, también podría realizar donaciones a la política.
Luis Larraín, por ejemplo, nos decía que “nadie ha objetado que donen para un concierto, aunque no pueden escucharlo o para una biblioteca, pese a que no pueden leer” (L&D, 23/10/2014). Pero la objeción principal a que las empresas donen no se refiere al hecho de que tales instituciones no sean personas naturales, sino más bien al impacto político que tienen estas donaciones en desnivelar la cancha, dado su sesgo al privilegiar a un grupo de actores y la magnitud de tales contribuciones.
Otro de los argumentos para favorecer las donaciones de empresas se refiere a que esta prohibición incentivaría la donación ahora ilegal a las candidaturas. El argumento parece contradictorio. Primero, el argumento reconoce que las empresas tendrían fuertes incentivos no filantrópicos para realizar donaciones. Segundo, se asume que los actores políticos estarían siempre dispuestos a recibir tales dineros ilegales. Tercero, se asume que el Estado sería incapaz de detectar este tipo de irregularidades. Bajo el actual esquema de controles (literalmente inexistentes), es probable que tal comportamiento ilegal ocurra. La legislación debiese contemplar un sistema de auditorías, controles y sanciones creíbles, que inhiba comportamientos ilegales.
Finalmente, se sostiene que la prohibición de aportes de empresas debilitaría las opciones para que los desafiantes obtengan recursos alternativos para conquistar el poder. Como el candidato incumbente tiene una ventaja inicial al ser más conocido y contar con recursos de su propia función parlamentaria para recorrer el distrito, se asume que la única opción del desafiante es gastar más en su campaña. Lo anterior es contradictorio porque, en definitiva, lo que estaríamos haciendo con esa política es privilegiar candidaturas que tienen acceso a financiamiento privado para competir. Y en el caso de Chile esa condición la cumple principalmente la derecha política. Establecer límites razonables a la reelección de autoridades es una medida muchísimo más efectiva para prevenir la eternización de congresistas, alcaldes, consejeros regionales o comunales en el poder.
La prohibición de aporte de empresas a campañas debe acompañarse con medidas adicionales que permitan una campaña más justa y que incluyen subsidio público, restricciones a la publicidad en espacios públicos y mecanismos de control del gasto que sean creíbles y eficientes.
Escucha la entrevista del Director de la Escuela de Ciencia Política UDP, Claudio Fuentes, en el programa Será Noticia de Radio Infinita analizando el primer año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría, destacando el rol de los partidos oficialistas, el eventual cambio de gabinete y la situación de los futuros candidatos a la presidencia.
El cientista político Claudio Fuentes habló con Cooperativa acerca de los dichos de la ex ministra de Salud con respecto al aborto y aseguró que hay estudios que avalan las declaraciones de Helia Molina.
El daño que ha tenido la UDI por el caso Penta ha beneficiado a sus socios de coalición. Hasta ahora, de las 3 figuras más potentes que se perfilan en la derecha como potenciales candidatos a la Presidencia, 2 son de Renovación Nacional (Andrés Allamand y Manuel José Ossandón), y el tercero (Sebastián Piñera) tiene su corazón en ese partido pero su militancia está suspendida en forma indefinida. Y en carrera hay un cuarto (Alberto Espina), que ha declarado su intención de competir en primarias, aun cuando su posicionamiento público está lejos de sus rivales.
Piñera partió aplicando una “estrategia del silencio”, se mantuvo al margen del debate público hasta que fue superado por Ossandón en la CEP. Recién en diciembre optó por salir de su refugio (la Fundación Avanza Chile) y activó una intensa agenda mediática para reponerse en escena.
En sus entrevistas, atacó al Gobierno sin contemplaciones, admitió sin tapujos que echa de menos La Moneda, pero sigue dejando en suspenso si será candidato en 2017. “Claramente quiere volver al poder”, asegura el académico de la UDP, Claudio Fuentes, al comentar la organización de su cónclave en Lago Ranco y sus intervenciones de crítica al Gobierno.
El plus del ex Mandatario –comenta- es haber ejercido la primera magistratura del país, el mayor grado de conocimiento en la sociedad, tiene más políticas de centro moderadas y es el único que logra unificar a la UDI con RN.
Según el académico de la Universidad del Pacífico, Patricio Gajardo, si “hoy se hiciera la primaria Piñera sería el candidato más viable” y recalca que en esa expectativa influye mucho cómo le vaya económicamente a la Presidenta. “Si no repunta el crecimiento, Piñera se va a ir fortaleciendo solamente por comparación”, asegura. Sin embargo, el ex dueño de LAN y Chilevisión debe entender en esta pasada que “no sólo se requiere crecimiento para tener el apoyo de la gente”.
La figura de Piñera se ha visto fortalecida en otras encuestas. El gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, muestra el último sondeo de Plaza Pública, donde el ex Presidente aparece en el primer lugar entre las cartas de su sector. “No cabe duda que es el principal líder de la centroderecha”, dice.
Sin embargo, el problema de Piñera es otro, asegura: “Con la centroderecha le alcanza para ser candidato, pero no para ser Presidente de la República, así que tiene que ir a recuperar el centro que fue lo que lo hizo ganar en 2009. Ahí es donde Ossandón y Allamand no sólo lo empatan sino lo superan. Y ese es su desafío para el 2015”.
LAS CARTAS SENATORIALES
Manuel José Ossandón y Andrés Allamand se han tratado con guante blanco, pero las diferencias entre ambos se notan.
Para Patricio Gajardo, el ex alcalde de Puente Alto “es el MEO de la derecha sin ninguna duda, es el líder que obstruye, que cuestiona el liderazgo de Piñera. De hecho, ha sido mucho más crítico de él que del liderazgo de Michelle Bachelet. Es un liderazgo outsider también, que tiende a romper esquemas y tiene llegada a sectores que muchas veces la derecha no tiene”.
Su mayor déficit es no ser conocido a nivel nacional, lo que puede ser aprovechado por su camarada, Andrés Allamand, que “puede tener el respaldo del partido porque ahí se mueve de mejor manera que Ossandón”.
Izikson tiene la visión de que para Allamand, el 2014 fue un “buen año” porque logró posicionarse en el tema educacional”. Sin embargo, tiene déficits que le pueden pasar la cuenta: “No ha sido buen candidato, creo que es más un intelectual de la política y le falta esa sintonía fina con el elector”, añade Gajardo.
Claudio Fuentes añade otro elemento: “El problema de Allamand es que todavía está muy aferrado a lo que es un discurso tradicional de la derecha criticando mucho a la Nueva Mayoría y ese tipo de discurso nunca logra ayudar a los candidatos eventuales de derecha. Por eso entre los dos, Ossandón es más probable”.
A su juicio, Ossandón “está haciendo un discurso inteligente de distanciarse de lo que ha sido una tradicional derecha y eso lo podría poner en una posición expectante respecto de la presidenciable. Lo que tiene que hacer es posicionarse como un actor de centro abierto a posiciones moderadas y en este momento lo está cumpliendo”.
La Escuela de Ciencia Política UDP, en conjunto con la Revista Política y Economía, la 
