Abogados, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, discutieron respecto a las malas prácticas políticas acontecidas en Chile.
En medio de los escándalos de corrupción que han golpeado fuertemente a la clase política en Chile, la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales -a través de su Magíster en Política y Gobierno- organizó la mesa de discusión “Corrupción en Chile ¿Hacia dónde vamos?”, la cual contó con la participación de reconocidos expertos quienes desde sus respectivas áreas disciplinarias, entregaron sus puntos de vista en torno a las cuestionadas prácticas políticas que se han dado a conocer en los últimos años en el país.
Desde diversos ángulos disciplinares abogados, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales se refirieron a casos tan emblemáticos como: La Polar, Penta, Caval, SQM, Milico Gate, Panamá Papers, Corpesca y los llamados carteles de colusión del pollo, las farmacias y el papel higiénico.
Durante el espacio de discusión, el director del Magíster en Política y Gobierno UDP, el académico Fernando García Naddaf, planteó la idea de que Chile es un país relativamente trasparente, honesto y prácticamente sano en términos de corrupción política, ya que si hacemos un análisis comparativo con el resto de los países de la región quedamos más o menos bien posicionados respecto a las realidades que viven países como México, Argentina, Venezuela, Brasil o Nicaragua.
Sin embargo, con el surgimiento de todos los escándalos mediáticos que han sacudido la credibilidad de la clase política en Chile, se ha puesto en duda esta supuesta imagen incorruptible que se creyó recuperar tras el retorno de la democracia a fines de los años 80’.
En este contexto, la periodista y directora de Ciper Chile, Mónica González, precisó que ante este nuevo escenario “necesitamos mirarnos al espejo, porque creo que todos los actores de la sociedad –incluyendo a los medios de comunicación y sobre todo las universidades– deben asumir qué grado de responsabilidad tienen en no haber mirado las vías, las formas y los métodos con que se organizó e instaló la corrupción política en Chile”.
Refiriéndose a las medidas de mitigación que otros países de la región están adoptando en torno a los casos de corrupción política, la directora de Espacio Público, María Jaraquemada, explicó que la “respuesta de estos países tiende a ir más que nada por la judicialización de estos casos”.
A modo de ejemplo, Jaraquemada especificó que “en Brasil se está investigando el caso Petrobras, mientras que en Guatemala enviaron a prisión al ex presidente Otto Pérez, donde la sociedad civil asumió un rol muy participativo en este caso”.
Sin embargo, para el caso chileno “creo que tendremos pocos resultados de estas características, porque las reglas que tenemos hasta el momento son muy débiles, porque en el caso de la colusión por ejemplo, sabemos que no tiene sanción penal y sólo se aplica una multa a las empresas comprometidas”.
Finalmente, el director del Programa de Derecho Constitucional de la UDP, el académico Javier Couso,se refirió al proyecto de ley que pretende regular el lobby en Chile, preguntándose si efectivamente “es el lobby una patología de la política chilena o, por el contrario, es un instrumento para mejorar la democracia en el país”.
El abogado explicó que si este futuro proyecto de ley no está bien regulado “puede ser una enfermedad para la democracia que altera la transmisión de preferencias políticas desde los ciudadanos a los tomadores de decisiones”.
¿En qué situación quedarán las universidades privadas que hoy reciben enormes flujos de recursos públicos a través del Crédito con Aval del Estado (CAE)? ¿Dejaran de recibirlos por ser privadas o existe alguna vía para que cumplan funciones públicas, sin cambiar su propiedad? Preguntas como éstas estremecen hoy al mercado de la Educación Superior de cara a las reformas anunciadas y nos empujan, afirma el columnista, a redefinir numerosos conceptos, entre ellos, qué son exactamente las universidades tradicionales y qué es hoy “lo publico”.
Y resulta que ahora necesitamos de una nueva palabra. Cuando una empresa estatal pasa a manos privadas, decimos “que ha sido privatizada”. Cuando una empresa privada pasa a ser propiedad estatal, hablamos de “nacionalización”. ¿Pero qué palabra podemos usar cuando una empresa privada se hace pública? Es exactamente un concepto para este proceso lo que está haciendo falta en la discusión actual sobre las universidades en Chile.
Una posible hipótesis, quizás la preferida por los rectores de algunas universidades estatales, podría ser que el término no existe pues es lógicamente imposible. Empresa pública equivale a empresa estatal, mientras que empresa privada equivaldría a empresa no-pública. Por lo tanto, sería una contradicción que una empresa sea a la vez privada y pública. Sin embargo, este enfoque esencialista es extemporáneo, ya que no se hace cargo de las radicales consecuencias de las reformas de fines de los setenta y principios de los ochenta en Chile.
Como es bien sabido, las reformas neoliberales asumieron que la competencia, la elección y la iniciativa privada funcionarían siempre de modo más eficiente que la burocracia estatal, hasta ese momento la forma tradicional de proveer servicios sociales. En este contexto, se definió que incluso en aquellos sectores donde no había mercados disponibles, el Estado podría intervenir, por ejemplo, mediante subsidios a la demanda, de modo de generar las condiciones para atraer la iniciativa privada. Esto es lo que se entendió como “principio de subsidiariedad”, y que, en los términos de nuestra discusión, implicó que empresas privadas pasaran a administrar cada vez más recursos públicos. Al mismo tiempo, el carácter público de las instituciones estatales se hizo cada vez menos claro. Así como nos preguntamos a partir de TVN, si es posible entender como pública una empresa estatal que se orienta y financia según su acceso a recursos por publicidad, ya no es claro si corresponde tratar como pública a instituciones de Educación Superior estatales cuya supervivencia depende de atraer recursos privados (aportados en este caso por familias vías matriculas). De hecho, esta es una de las importantes aristas de la discusión sobre gratuidad, pero ese es otro tema.
El punto acá es que, desde las reformas neoliberales, el acceso a los recursos público se separó de lo estatal y se constituyó en algo que tanto empresas privadas como estatales tienen que competir por alcanzar. Lo que puede resumirse, parafraseando esa frase favorita de la teoría del género, en el contexto neoliberal las organizaciones ya no nacen sino que se hacen públicas, lo que sucede cada vez que reciben recursos de fondos públicos. Para el caso particular de la Educación Superior, uno podría distinguir tres momentos o modos en que se ha dado este proceso.
Primero, una universidad puede ser privada y recibir recursos públicos vía Aporte Fiscal Directo si es considerada como “tradicional”. Por supuesto, esta es una categoría extraña, pues como sucede generalmente con la “tradición” resulta difícil de traducir en indicadores claros. Aunque en la práctica “Universidad Tradicional” se ha definido a partir de la participación en el Consejo de Rectores y por la edad de las instituciones (fundadas antes de 1981).
Un segundo modo fue iniciado por el AFI, o Aporte Fiscal Indirecto, que estableció que los recursos públicos viajarían junto a la elección de los estudiantes con los (hoy 27.500) mejores puntajes en la entonces denominada Prueba de Aptitud Académica. Es decir, desde este momento, una universidad que sea capaz de atraer a alguno de estos estudiantes se hace acreedora de recursos públicos.
Finalmente, el CAE. En vez de reformar las universidades estatales existentes o simplemente crear nuevas, los gobiernos de la Concertación terminaron generando un mecanismo que podríamos denominar como tardo-neoliberal. Mantiene el principio básico del AFI, los recursos públicos circulan junto con la elección de los estudiantes, pero ahora la calidad ya no es definida por los puntajes más altos de la prueba de selección, sino que por una típica institución de gobiernos tipo tercera vía, las agencias de acreditación, y en vez de ir de modo directo, los recursos públicos circulan por un complicado sistema de crédito garantizado y administrado por instituciones financieras.
Así, en los últimos treinta años, se ha ido haciendo cada vez más fácil para las universidades privadas acceder a recursos públicos, generando en la práctica una especie de sub-prime educacional compuesto por instituciones privadas que dependen del acceso a fondos públicos vía créditos con aval del Estado. Ahora, lo que cambió tras las movilizaciones estudiantiles, es que ya no basta con recibir recursos públicos, sino que también hay merecerlos. En términos sociológicos podríamos decir que lo que hoy está en juego es la legitimidad del gasto público en las universidades privadas. Lo público deviene una “prueba”, en el sentido dado a este término por Luc Boltanski. Como en ese antiguo comercial en que los detergentes tenían que pasar por el test de blancura, hoy las universidades privadas ya no pueden solo recibir recursos públicos sino que deben pasar por el “test de lo público”. Esto último no es un asunto menor. Pues así como la Constitución hace casi imposible nacionalizar una empresa privada, no parece particularmente difícil re-definir la prueba de lo público. Por ejemplo, generando nuevas condiciones para acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) o la categoría de universidad tradicional. Hecho que, como muestra la reducción de personal de la Universidad de las Américas luego que se les revocó la acreditación, puede tener grandes consecuencias en la viabilidad económica de las universidades privadas financiadas por recursos públicos.
Todo esto, por supuesto, lo saben los rectores en disputa. De hecho, por eso no solo han salido a defender su institución, sino también a intentar definir lo público. Pero, a los rectores esta vez no les toca estar del lado de los que diseñan el examen, sino que del de los evaluados. Esto tampoco es meramente un asunto de economistas discutiendo sobre los costos alternativos de la inversión en educación. El acceso a los recursos públicos para las instituciones de Educación Superior depende de cómo en cuanto ciudadanos en diálogo o en conflicto definamos la prueba de lo público. Quizás, una forma de comenzar este ejercicio sea mediante la inspección crítica de los tests ya existentes- y preguntarnos, por ejemplo, si consideramos suficiente que una universidad sea “tradicional”, “atraiga buenos puntajes”, o simplemente “tenga estudiantes y esté acreditada” para recibir recursos públicos. O, de modo más general, si debería redefinirse la noción de “tradicional” o de si corresponde que la llave de lo público siga siendo la competencia por atraer estudiantes (a su vez, en función del gasto en “publicidad”) o la acreditación (otorgada por empresas privadas en competencia por hacer más atractivos sus servicios para las instituciones que evalúan). [Posibles sesgos: actualmente trabajo en una universidad estatal en Dinamarca, soy investigador asociado de una privada no tradicional y hago clases en una tradicional privada en Chile].
Abogados, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, discutieron respecto a las malas prácticas políticas acontecidas en Chile.
