Conferencia Anual COES 2017
Vínculos sociales y Ciudadanía: Interacciones y cohesión social
9 y 10 noviembre
Viña del Mar, Chile
En Chile y Latinoamérica existen brechas espaciales y socioeconómicas que operan como fronteras de segregación, limitando las experiencias de interacción entre diferentes grupos de la sociedad. Esto genera tensiones sociales y procesos de reproducción de desigualdades, de capitales, oportunidades y expectativas de vida. La conferencia COES 2017 invita a presentar y discutir investigación disciplinaria e interdisciplinaria, que dé cuenta del importante rol que juegan la socialización política, la participación, la interacción interpersonal, la formación de redes sociales, los vínculos con otros y las percepciones y juicios sobre la sociedad en el fortalecimiento y reinvención de la cohesión social.
Cuatro ejes articulan la conferencia:
Ciudadanía y Participación
Redes e Interacciones Sociales
Sujeto e identidad
Justicia Social y Desigualdades
Tipos de convocatorias
La conferencia COES 2017 recibe tres tipos de postulaciones: presentaciones orales individuales, paneles y pósters académicos (todas deben hacerse a través del formulario de postulación en línea).
Plazos y envío de publicaciones
El plazo para el envío de postulaciones es el 30 de junio de 2017 y llevarse a cabo en línea a través de los formularios disponibles en el sitio web.
Los resultados serán comunicados el 31 de julio de 2017 a los postulantes.
Se trata, en el fondo, de un proyecto que le teme a la ciudadanía, que busca todo tipo de seguridades para que sean los congresistas quienes controlen el proceso; pese a todo, es muy probable que la derecha no se sume a esta iniciativa. Se trata de una propuesta que recibirá el rechazo de dicho sector –que quiere mantener el statu quo constitucional– y del progresismo –que busca un mecanismo que asegure la participación incidente de la ciudadanía–. Así como está redactado, este llavero no abrirá el candado, pues el control del proceso político sigue estando en unos pocos en relación con las mayorías.
Como el diablo está en los detalles, requerimos analizar con detención las propuestas de cambio constitucional. Recordemos que en octubre de 2015 el Gobierno definió tres hitos políticos para el proceso constituyente: una etapa participativa, el envío al Congreso de un proyecto de reforma total a la Constitución, y de otro proyecto para cambiar el modo en que se reforma la Carta Magna (Capítulo XV). Esta última propuesta señalaba que por los 2/3 del Congreso (66,6%) se debían establecer 4 mecanismos para reemplazar la Constitución: Comisión Bicameral, convención constituyente mixta (parlamentaria-ciudadana), asamblea constituyente, o plebiscito para que la ciudadanía decidiera.
Pero, además, proponía que al próximo Congreso le correspondería decidir el mecanismo por un cuórum de 3/5 (60%). Esta solución, que denominaremos 66,6/60, ya cuenta con el rechazo preliminar de algunos sectores de la derecha política, por cuanto reducía su capacidad de incidir en el resultado una vez que se eligiese el próximo Parlamento. Ninguna fuerza política querría aprobar una norma que la hiciera perder poder.
El Gobierno acaba de enviar un proyecto al Congreso que difiere en algunos relevantes detalles de la idea original. ¿Qué dice? Primero, se pretende reformar el Capítulo XV sobre Reforma de la Constitución, para lo que deberá, ya de entrada, reunir las 2/3 partes del Parlamento (66,6%). De ser aprobada esa reforma, se facultaría al Congreso para que convoque a una Convención Constitucional con acuerdo de 2/3 del mismo (66,6%).
La forma de integración de la Convención, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes requería de 3/5 de los votos del Congreso (60%). Además, sostiene la propuesta que las materias aprobadas por la Convención requerían el acuerdo de 3/5 o 2/3, dependiendo de los temas contenidos en los capítulos de la actual Constitución (60%/66,6%), lo que traslada toda la lógica binominal de la Carta Magna actual al órgano constituyente.
Agrega la propuesta, que las materias no contempladas en la actual Constitución requerirán el voto de 2/3 partes (66,6%), estableciendo como cuórum de default justamente al más alto contemplado en la Carta Fundamental. Se trata entonces de una fórmula 66,6/66,6/60/60/66,6/66,6, que profundiza la desconfianza que la actual Carta Magna tiene hacia la soberanía popular.
El texto finalmente aprobado sería sometido a plebiscito. La ciudadanía debería concurrir a votar el texto de modo obligatorio y se entendería como plebiscito ratificatorio (sí/no).
Mientras el itinerario anunciado en 2015 considera dos momentos políticos (aprobación de la reforma por este Congreso y decisión de qué mecanismo utilizar por parte del próximo), la actual propuesta deja abierta la posibilidad de que sea el próximo el que defina el conjunto de las materias asociadas al Cambio Constitucional.
La propuesta actual introduce elementos que buscan limitar o restringir a priori el trabajo de la Convención.
No sería una Convención que definiría las reglas del juego interno sino que, muy por el contrario, se demarca desde ya el tipo de cuórum con el que deberá operar: 60% de votos de los integrantes para algunas materias de la Constitución, y 66,6% para un conjunto de materias críticas del ordenamiento institucional.
Pero, además, la propuesta no resuelve una serie de temas que requerirían discusión. ¿Qué sucede si el Congreso Nacional archiva este proyecto y decide no discutirlo? No pasaría nada. Nuestra propuesta es habilitar al Ejecutivo para convocar a un Plebiscito si el Congreso no llega a un acuerdo o no discute la iniciativa en un plazo razonable.
Asimismo, el proyecto se preocupa de definir la cancha de acción de los integrantes de esta Convención en términos del balance de poder (el cuórum de 3/5 o 2/3), pero no se pronuncia respecto a otros asuntos cruciales. Por ejemplo, se podrían indicar ciertos lineamientos básicos para dicha Convención, como paridad en la integración de ella, asientos reservados para representantes de pueblos indígenas, un adecuado balance de representación de la capital y las regiones, etc. Al proyecto le preocupa mucho el equilibrio de poder, pero olvida las cuestiones de la representación y, sobre todo, la de los grupos marginados.
El proyecto presenta, entonces, un intrincado mecanismo para establecer esta “Convención”, acrecentando el férreo control que las minorías políticas han ejercido en el proceso político. Si bien alguna confianza inicial en el camino institucional anunciado podría haberse alojado en la posibilidad de recurrir a esta, a efectos de habilitar la agencia constituyente del pueblo (ejemplos sobre esto abundan), el actual proyecto elimina esa alternativa para, en cambio, conferirle pleno vigor al texto constitucional de 1980 –al punto de controlar todo lo que se avecina con su cuórum más elevado–.
Se trata, en el fondo, de un proyecto que le teme a la ciudadanía, que busca todo tipo de seguridades para que sean los congresistas quienes controlen el proceso. Pese a todo, es muy probable que la derecha no se sume a esta iniciativa. Se trata de una propuesta que recibirá el rechazo de dicho sector —que quiere mantener el statu quo constitucional– y del progresismo –que busca un mecanismo que asegure la participación incidente de la ciudadanía–. Así como está redactado, este llavero no abrirá el candado, pues el control del proceso político sigue estando en unos pocos en relación con las mayorías.
Marina Becerra, Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expuso en el Seminario ICSO “Ciudadanía, género e intersubjetividad: autobiografías y relatos de sí en la Argentina en los inicios de los siglos XX y XXI”. La profesora Becerra es Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO) y Licenciada en Sociología (UBA). Actualmente se desempeña como Investigadora Adjunta de CONICET con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, FFyL, UBA; es profesora de “Sociología de la Educación” en la Universidad Virtual de Quilmes y es profesora titular del Seminario “Identidades, Géneros y Educación” e Investigadora de la UNTREF.
La investigadora realizó un análisis comparativo de las representaciones sobre ciudadanía y género en dos períodos históricos de los siglos XX y XXI.
¿Dónde nació el interés por investigar esto?
Bueno, la verdad es que yo hice mi tesis de doctorado sobre un socialista a principios del siglo XX que se llama Enrique del Valle Iberlucea, que defendía los derechos de las mujeres. A partir de ahí empecé a ver qué pasaba con esto de las mujeres y los derechos en esa época, a principios del siglo XX, las primeras décadas. El cómo podía ser que no tuvieran derechos, qué pasaba con esta idea generalizada de que estaban excluidas de la esfera pública. En conclusión, él (del Valle Iberlucea), había presentado un proyecto de divorcio, que habían armado las socialistas que trabajaban con él. Se pregunta, ¿qué quieren las mujeres?, a partir de eso, empecé a leer los relatos que ellas construían sobre sus propias vidas. Comencé a trabajar más que nada con las maestras, que tenían más herramientas culturales para armar un relato y publicarlo. Igual pude trabajar con algunas cartas que no están publicadas, porque accedí a los archivos personales de algunas maestras, escritoras.
¿Cómo fue el manejo de las fuentes?
Por un lado, están los textos que están publicados. Las autobiografías, por ejemplo, de Gabriela Mistral y otras escritoras. Hay cartas, algunas publicadas, pero hay otras que no, como cartas íntimas. Accedí a ellas porque por suerte, me contacté con la familia. Las leí y me sirvieron muchísimo, por ejemplo, la estrategia de una maestra para ingresar en el mundo de las publicaciones reconocidas era escribir a Unamuno y mandar una foto porque era linda. En las cartas privadas, ella cuenta cosas que resuelven y te ayudan a entender esa estrategia, muy interesante.
¿Qué aspectos relevantes encontraste en la investigación?
Una de las cosas más interesantes, son las estrategias de apropiación y de resignificación que utilizaron las mujeres para resistir al orden tradicional de los géneros, que asigna determinados derechos, según el sexo. Uno en general, quizás porque estamos ideologizados por esta ideología patriarcal, tendemos a pensar las estrategias de resistencia como si fueran algo aislado, ajeno o extremo, muy distinto a las estrategias de reproducción. Y no es así, es justamente al revés, es a partir de pensar cómo reproduzco mi vida de la manera que yo quiero, voy a buscar los caminos para lograr eso. Los caminos siempre son intersubjetivos, siempre son en relación con los otros, con las otras. Esta búsqueda de armados y de relaciones sociales y de ver por dónde ir para pasar con su propia voz y cómo la voz es constituyente también de ese discurso.
¿Cuál es el aporte que genera al mundo académico?
A mi me parece como un granito de arena, para pensar las formas presentes que tenemos de reproducción del orden tradicional y de posibilidades de cambio, de transformación. Es decir, pensar por un lado, cómo fue que llegamos a la naturalización de determinadas prácticas que tenemos incorporadas en nuestros cuerpos como si fueran naturales. Tenemos que mirar un poco la historia, porque no se armó de un día para otro, se fue armando en una masa de aceptación, de asimilación, de incorporación de los discursos potencialmente disruptores en los procesos hegemónicos. Por otro lado, implicarnos en nuestro propio discurso, ver cómo nuestras propias investigaciones, contribuyen a poner sobre la mesa preguntas y cuestiones que no estaban visibles.
En un nuevo capítulo de Cable a Tierra, Cristóbal Rovira, director del Diplomado en Ciencia Política y Beatriz Hernández, directora del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, conversaron sobre las complicaciones del PSOE y otras colectividades para formar alianza y propiciar un acuerdo para formar un gobierno definitivo en España. Los ciudadanos llevan más de 300 días sin un nuevo Gobierno ante el fuerte descontento ciudadano con las coaliciones.
Fernando García Naddaf, Director del Magíster en Política y Gobierno UDP.
Ítem mostró una considerable alza de 12 puntos con respecto a la encuesta de noviembre de 2015 y se ubicó tercera en el listado.
La encuesta del Centro de Estudios Públicos de agosto 2016 dada a conocer este viernes dio un nuevo remezón a la clase política chilena y demostró que la corrupción no es un tema menor dentro de las preocupaciones de la ciudadanía.
Dentro del Estudio Nacional de Opinión Pública julio-agosto 2016, la preocupación por la corrupción fue el ítem que mostró mayor alza desde 2015 y desplazó a educación del tercer puesto del listado.
Este punto, en comparación con las dos últimas encuestas realizadas por la institución, mostró una considerable alza de 12 puntos con respecto a su antecesora de noviembre de 2015, fecha en que llegó al 24 por ciento y se ubicaba quinta entre las preocupaciones, y 11 por ciento enfocada en la evaluación de agosto del año pasado.
Según Fernando García Naddaf, director del Magister de Política y Gobernabilidad de la Universidad Diego Portales, el aumento de la preocupación por la corrupción se debe a que “hay una mayor visibilidad de los escándalos políticos asociados a esto”, y explica que “no es un caso que se de solo en Chile, pasa en todo el mundo, se están mostrando estas situaciones debido al aumento de información”.
Sin embargo, el experto asegura que la situación nacional se argumenta en “toda una debacle, un espiral de casos que venimos viendo en Chile desde hace un par de años, como es Corpesca, SQM y Caval”.
Otro ítem relacionado en la CEP, indica que un 80 por ciento de los encuestados creen que bastantes o casi todos los políticos están involucrados en hechos de esta índole.
En opinión de García Está “es la parte más delicada” dentro del panorama de crisis en la clase política civil del país.
“La gente está haciendo un contagio de todos los actores políticos más relevantes. El contagio es peligroso porque deja un espacio muy importante para aquellos personajes que no son políticos profesionales, sino que vienen desde otros ámbitos. Es decir, se abren espacios para discursos populistas que pueden ser más riesgosos de lo que tenemos hoy”, sostuvo.
Además, el académico responsabilizó a la propia ciudadanía de no hacerse cargo de esta situación “Estamos pidiendo que la clases política asuma el tema pero estamos haciendo poco por cambiarlo”, aseveró.
“Estas cosas sólo se cambian porque la gente llegue y las cambie, no por que la elite política venga y lo haga. Porque no tienen interés en hacerlo. Ellos van a tratar que las cosas se mantengan como están. Pero si la gente no va a votar no hay forma de cambiarlo”, afirmó.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
El anuncio presidencial sobre el proceso constituyente es un singular e inútil giro de 360 grados por parte del gobierno. Precisamente porque el gran obstáculo para modificar la constitución ha sido el requisito de una mayoría de 2/3 en ambas cámaras —lo que obliga a la construcción de grandes consensos—, el anuncio de la Presidenta, condicionando la viabilidad del plan a construir un apoyo mayoritario de 2/3 en el Congreso deja al gobierno en el mismo punto de partida que obstaculiza las reformas a la constitución.
La Presidenta insistió en la necesidad de tener una nueva constitución sin molestarse en explicar cuáles son los elementos de la constitución actual que hacen que todo el documento deba ser remplazado. Como no sabemos cuáles son las objeciones, no podemos evaluar si se necesita derribar todo el edificio o si basta con arreglar cuestiones puntuales. En otras ocasiones, Bachelet ha hablado de la necesidad de reconocer a los pueblos originarios, de su disconformidad con las mayorías calificadas y del ahora extinto sistema electoral. Pero la suma de esas objeciones no parece justificar construir un texto desde cero. Bastaría con promulgar reformas específicas que solucionen esos problemas puntuales.
El gobierno alega que la necesidad de tener mayorías de 2/3 para las reformas importantes dificulta la materialización de esos cambios. Pero ese mismo argumento hace pensar que conseguir la mayoría calificada para iniciar un proceso constituyente será todavía más difícil.
Por cierto, los requisitos de mayoría calificada son perfectamente democráticos. La importancia de la constitución radica, en parte, precisamente en que sea un texto difícil de cambiar. Pretender eliminar ese requisito pudiera no ser una buena idea. En Chile, hoy, el requisito de las mayorías calificadas resulta favorable para aquellos que quieren mantener el statu quo y los valores que la dictadura impuso en la constitución. Si yo establezco las reglas del juego y estas incluyen barreras para que en el futuro se puedan cambiar esas mismas reglas, difícilmente voy a lograr que otros acepten mi marco institucional. Pero en Chile, la forma en que se dio la transición a la democracia llevó a la Concertación a aceptar las reglas impuestas por la dictadura. A partir de 1990, sucesivos gobiernos lograron modificar esas reglas gradualmente, siempre construyendo grandes consensos que incluían a la derecha.
Una vez escogido el camino de aceptar las reglas del juego impuestas por la dictadura, la única forma de eludir el cerrojo de los dos tercios es a través de un quiebre institucional. Lo que propone Bachelet, que la derecha concurra con su apoyo a un proceso que partirá de cero para un nuevo proceso constituyente no pasa de ser, como diría la propia Presidenta, wishful thinking. Pedirle eso a la derecha es como pedirle al PC que reconozca que Cuba es una dictadura, pedirle a la UDI que reconozca que Pinochet fue un dictador o pedirle al PS que reconozca que defendió a Pinochet en Londres.
Al hacer su anuncio, Bachelet reconoció que la principal objeción que tiene la Nueva Mayoría contra la constitución es su origen autoritario y por lo tanto ilegítimo. Si el proceso constituyente produjera una constitución idéntica a la actual, ésta sería aceptable por su origen democrático. Hay una metáfora (violenta) que ayuda a entender las objeciones a la constitución. La constitución de 1980 es hijo de una violación. Treintaicinco años después, este hijo resultó ser un buen ciudadano (imperfecto, pero con muchas más fortalezas que debilidades). Lamentablemente, el hijo se parece físicamente al violador. Eso le duele a la Concertación, que ha sido un loable padre adoptivo y que es responsable de que ese hijo haya crecido para convertirse en un buen ciudadano. Por eso, en medio de una crisis de identidad, la Concertación ahora niega su responsabilidad en ayudar a convertir esta constitución de origen ilegítimo en una carta fundamental que se ha legitimado en democracia. Pero no basta con cambiar de nombre para eludir la responsabilidad en legitimar en democracia una constitución de origen ilegítimo.
Con todo, en su anuncio, Bachelet combinó un intento por introducir mayor participación ciudadana sin poder resolutivo con una salida institucional (que acepta el cerrojo de los 2/3). Pero no se puede ser rupturista e institucional a la vez. Pedir una nueva constitución es un acto rupturista. Alegar que se va a respetar la vía institucional significa reconocer que los votos no están para avanzar. Mencionar a la AC como una opción en una bifurcación improbable del camino busca dejar contentos a los sectores más izquierdistas de la NM. Pero al intentar dejar contentos a todos, Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Una serie de lecturas generó ayer el anuncio del inicio del proceso constituyente por parte de la presidenta Bachelet, pero el mundo político se tendió a quedar esencialmente con una: las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017 estarán cruzadas por el debate sobre una reforma a la Constitución en el país.
Es que al delegar en el próximo Congreso la definición del mecanismo para una nueva Carta Magna, la jefa de Estado sugirió parte del contenido de lo que serán las plataformas programáticas de los próximos candidatos a La Moneda y al Parlamento. Lo que no está exento de algunos riesgos.
Así lo interpretaron los mismos parlamentarios. De hecho, para el senador PPD, Felipe Harboe, “no cabe ninguna duda, la próxima campaña presidencial va a estar determinada por las posiciones que los candidatos o candidatas adopten en torno a la nueva Constitución y el contenido de la misma”, dijo, subrayando que en la oferta de propuestas electorales podremos ver temas como “el derecho de propiedad, el tema de agua, el semipresidencialismo, en definitiva, el rol del Estado”.
Mientras el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro coincide con su par del PPD, al señalar que el tema constitucional “va a tener influencia en las elecciones”, el timonel de la UDI, el también senador Hernán Larraín desestima que este debate vaya a tomarse las próximas campañas electorales pues considera que “las convicciones ciudadanas no apuntan en la línea de centrarse en el tema constitucional”.
Es más, el líder del único partido político que a la fecha se resiste a una nueva Constitución, advierte que en el país “hay un malestar ciudadano, mucha pobreza, desigualdades, centralismo, hay inquietudes en temas más sectoriales, como los de la seguridad y la salud, y lo que se requiere es una propuesta que logre resolver el conjunto de estos temas y en eso la incidencia constitucional no es la relevante”.
De ahí que a juicio de Larraín el debate por una nueva constitución además de ser “un tema artificial”, agrega “ciertos factores de inestabilidad institucional que no son positivos”.
Analistas ven ciertos riesgos
Desde la vereda de las ciencias políticas, los expertos coinciden en que las próximas elecciones estarán marcadas por el debate constitucional. Pero algunos ven más riesgos, como que algún caudillo asuma el desafío como sucedió en Venezuela en la década de los 90 o que quien llegue al gobierno clausure el tema y todo sin terminar con la incertidumbre.
Así lo destacó la analista política María de los Ángeles Fernández, para quien “la Presidenta abrió un itinerario, sin tomar una decisión y pensando que con esto va dejando contento a todo el mundo, pero sin amortiguar la incertidumbre, porque será el eje de las próximas campañas como pasó en Venezuela en 1998 que lo tomó Chávez hasta ser presidente”.
Más optimista la cientista política de Chile21, Gloria de la Fuente destaca que “existe la esperanza de que el tema constitucional se transforme en un elemento de movilización electoral en las próximas elecciones. Hay una necesidad imperiosa de movilizar al electorado y una discusión así de importante podría provocar ese giro”.
Un vuelco que a juicio del director de Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, no será tan así pues es “difícil que se revierta la tendencia de abstencionismo que es estructural”.
Mientras que para el analista Antonio Horvath el tema está por verse y dependerá del avance del contenido. “Si no nos quedamos pegados en el mecanismo y se discute contenido, este será un tema muy importante en las próximas elecciones”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Temas:
-Las críticas del senador Walker por la comisión Engel.
-Anuncios de Bachelet sobre una nueva constitución.
-Habla del libro “La solución constitucional”.
-El mecanismo que debiera elegir el Congreso.
-La posición de los partidos respecto al cambio de la carta fundamental.
-Las discusiones sobre la calidad de la educación y la privatización de los derechos de agua.
-Importancia de la autonomía regional y el reconocimiento de los pueblos originarios.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Patricio López analiza con el cientista político Maurico Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP, la compleja situación del Gobierno respecto de la negativa evaluación ciudadana, en base a los resultados de la última Encuesta Adimark, que marcó un 72% de desaprobación.
¿Representan nuestros diputados las ideas y valores de la población?¿Es nuestra elite política más conservadora que la sociedad en general?¿Cuánto confían los ciudadanos en los partidos políticos y las Fuerzas Armadas? Éstas son sólo algunas de las preguntas que responde la encuesta elaborada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la UDP. Aquí se contrastan las percepciones de la ciudadanía y de los 120 diputados, quienes por primera vez fueron encuestados en su totalidad.
(Por:MauricioMorales, director del Observatorio Político-Electoral, ICSO / Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP )De un tiempo a esta parte, existe en Chile la sensación ambiente de una significativa desafección entre la ciudadanía y los dirigentes políticos. Se ha culpado al sistema electoral, a los conflictos al interior de los partidos, e incluso se ha apuntado que el problema recae en la incapacidad de los parlamentarios de escuchar a sus electores.
Si bien Chile y Uruguay son, dentro de América Latina, los países que presentan los mayores niveles de congruencia entre la elite congresista y la población en variados temas, el estudio realizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales (UDP) revela la existencia de importantes brechas entre lo que piensan y sienten los chilenos en contraste con sus 120 diputados. Para la comparación, se tomó como referencia la Encuesta Nacional que la misma UDP hizo en septiembre pasado.
