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  1. Mauricio Morales, la crisis del refichaje y las dudas que siembra en las presidenciales: “Puede que Lagos termine saliendo de la primaria por secretaría”

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    El director del Observatorio Político Electoral de la UDP asegura que el proceso de reinscripción de militantes de las colectividades antiguas se da en “un contexto sumamente poco favorable para la imagen de los partidos políticos. Los diputados y senadores no tuvieron los suficientes pantalones para rechazar este ítem que sugirió la Comisión Engel, porque no querían aparecer en una postura antitransparencia”.

    En el marco de un clima desalentador para los partidos políticos tradicionales, cifras de desconfianza no vistas antes en nuestro país y con una inminente elección parlamentaria y presidencial que solo asegura pronósticos abiertos para los resultados, el proceso de refichaje de los partidos antiguos –exigencia de la nueva Ley Electoral– ha traído consigo más de alguna complicación, es por ello que los partidos han solicitado cambios a la legislación, la extensión de los plazos y hasta la “simplificación” del proceso, como lo pidió el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, el pasado fin de semana.

    El director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, analiza las implicancias de la nueva ley, que fue creada sobre la base de las recomendaciones de la Comisión Engel y de las implicancias que esta podría traer para las candidaturas presidenciales y las elecciones parlamentarias.

    Según el doctor en ciencia política, el proceso de “refichaje”, en el que las colectividades antiguas deben reinscribir a su militancia se da en “un contexto sumamente poco favorable para la imagen de los partidos políticos. Los diputados y senadores no tuvieron los suficientes pantalones para rechazar este ítem que sugirió la Comisión Engel, porque no querían aparecer en una postura antitransparencia”, para el analista la mejor opción habría sido que “el Servel hubiera tomado el listado de todos los militantes y, aquellas personas que no quisieran seguir militando o que hubieran aparecido por algún accidente como militantes de un partido político, se hubiesen desafiliado. Esto era mucho fácil, y sin necesidad de someter a los partidos a un estrés absolutamente innecesario”.

    Para Moreno este proceso podría traer consigo la concentración de militantes de una sola tendencia al interior de los partidos, “probablemente algunos padrones van a quedar muy marcados hacia las directivas actualmente en ejercicio, por lo tanto, se va a torcer un principio básico de la representación, que consiste en que la militancia no responda a una sola tendencia del partido, sino que represente a la diversidad de este”.

    -¿Cuáles son las principales complicaciones para las elecciones que trae consigo el refichaje?
    -El proceso de refichaje se da en un contexto en el que hay menos de dos dígitos de confianza hacia los partidos políticos y, por lo tanto, no será extraño que a varios les cueste conseguir las firmas. De hecho, el PPD está en serios problemas para conseguir el refichaje, pensando en que el límite es pronto, el 14 de abril. Los que no llegan con los 18 mil y fracción de militantes refichados, no van a poder competir en la elección parlamentaria con candidatos del partido propiamente tal, no van a poder levantar un candidato presidencial y lo que van a tener que hacer es plegarse a uno de los otros partidos. Por ejemplo, el que está esperando con ansias que el PPD no se reinscriba es el Partido Socialista, porque su expectativa es que cerca del 60% de la militancia del PPD se vaya al PS y con eso pasaría a ser, de carambola, el partido más grande de la coalición.

    -Muchas fuerzas políticas están pidiendo correr las fechas o cambiar la legislación, ¿esto es viable?
    -Claro que es viable, pero no solo está en cuestión el refichaje, sino que también las leyes de cuotas. Hay partidos que están interpretando las leyes de cuotas de una manera distinta a como lo dice la ley o como lo sugirió el Servel, y para algunos sería razonable derogar esta ley, pensando en que varios partidos no están en condiciones de cumplir con el 40% de mujeres.

    -Pero la legislación se creó con el objetivo de mejorar el sistema, hacerlo más democrático y cuidarlo de distintos vicios electorales.
    -En la última elección esta legislación aumentó la cantidad de alcaldes incumbente reelectos, por lo tanto, las medidas que en su momento se consideraron como las leyes fundacionales de la política chilena, enmarcadas en la Comisión Engel, hoy día están trayendo resultados sumamente nocivos para la democracia. Si es que algunos partidos no se logran refichar, podría significar una crisis de marca mayor, porque implicaría la disolución de algunos partidos tradicionales. Muchos dirán que si no fueron capaces de reficharse es mejor que desaparezcan, pero, en realidad, era mucho mejor colocar los padrones a disposición pública que trasladar el costo de desafiliarse a las personas y no a los partidos, que hoy se encuentran en un escenario de crisis o caos y, más aún, si es que recién comenzaron a recibir el financiamiento público.

    -De los partidos tradicionales, ¿cuáles son los que están más complicados con este proceso?
    -El más complicado –hasta el momento– sería el PPD y el que está en mejores condiciones es la Democracia Cristiana, porque en sus últimos comicios recibió una participación de más de 21 mil militantes, por lo tanto, ya estaría casi cumplida la cuota para la DC. Es por esto que el que se está sobando las manos, en caso de que el PPD no cumpla, es el PS y ahí se pone en un gran apremio a la candidatura del ex Presidente Ricardo Lagos, porque, si fue proclamado por el PPD y el PPD termina por no constituirse y disolverse, esta candidatura ya no aplica en términos formales.

    -A nivel de partidos, ¿de qué forma el proceso de refichaje afectará a las candidaturas presidenciales y parlamentarias?
    -Si no se logra constituir el PPD, la proclamación de Lagos dejaría de tener un carácter formal, tendría que ser proclamado por algún otro partido integrante de la Nueva Mayoría, o competir en calidad de independiente dentro del pacto. Imagina, el Presidente Lagos, histórico militante, tendría que competir como independiente.

    Lo propio pasaría con Alejandro Guillier. Si el Partido Radical no cumple con las firmas no podría proclamar a Guillier. ¿Cuál es la ventaja de Guillier?: que no es militante del Partido Radical, por lo tanto, también podría competir en calidad de independiente. Pero, como están las cosas en el Partido Socialista, perfectamente podría llevar de candidato a Guillier.

    Desde la DC, dado que el refichaje es prácticamente un hecho, las posibilidades de Carolina Goic aumentan significativamente. Ella iba a ser proclamada este sábado, pero la Junta de la DC se tuvo que posponer por razones de fuerza mayor. Si la DC logra su refichaje y proclama a su candidata, agarra un nuevo vuelo la elección presidencial y el más complicado sería, nuevamente, Lagos, quien puede que termine saliendo de la primaria por secretaría. Si es que la candidata de la DC no enfrenta a Lagos o a Insulza, y se ve cara a cara con Guillier en una primaria, tendría muchas más chances, desde el punto de vista que es un candidato institucional.

    En el caso de RN y la UDI, entiendo que también se encuentran en severos problemas, por lo tanto, si no se llegaran a constituir ninguno de los dos, y si llegara a hacerlo Evópoli, llegaríamos al absurdo de que diputados y senadores antiguos de la UDI y RN tendrían que ir como independientes en la lista de Chile Vamos, comandados por Evópoli.

    Más que un salvavidas, la piedra que hunde las primarias legales

    Uno de los elementos que más se ha destacado y se ha levantado como un signo de transparencia y democracia es la realización de primarias para definir los candidatos, a pesar de que estas se estrenaron en el año 2013, bajo la actual ley electoral los partidos y pactos deben cumplir una serie de reglas, que acompañadas del proceso de refichaje también han generado turbulencia en las cabezas de los encargados electorales de cada coalición, incluyendo a las fuerzas nuevas.

    -¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un pacto para constituirse como tal y para poder realizar primarias legales?
    -Un pacto se entiende como una coalición formal de dos o más partidos, pero también un pacto puede ser un partido con independientes. Por ejemplo, en la elección de concejales anterior, RN era un partido pero a la vez un pacto, porque llevaba sus candidatos en lista propia, pero también con los independientes. Si la colación decide ir en un “pacto múltiple”, requiere de dos o más partidos inscritos ante el Servel. Los candidatos a las primarias deben ser inscritos 60 días antes de la elección; el ganador de la primaria llega a la primera vuelta, y el perdedor queda bloqueado de participar o competir por idéntico cargo, es decir, si se incluye a MEO en la primaria de la Nueva Mayoría, este no puede participar de las elecciones presidenciales.

    -¿Cómo incide esto en la conformación de pactos electorales y el criticado equilibrio de fuerzas que se ha dado en nuestro país?
    -Las primarias estimulan la formación de coaliciones, porque tienen que competir unidas, ya que competir en solitario es un riesgo muy alto. De hecho, dentro de la DC han juzgado llevar un candidato presidencial a la primera vuelta, porque esto podría traer muchos costos, y además esto traería asociado que la DC compita en una lista parlamentaria, lo que haría hacer decrecer su número de representantes.

    Por otra parte, en las elecciones nacionales se produce un sesgo de clase: los ricos votan más que los pobres, pero en las primarias sucede al revés. De hecho, la mayor participación se da en comunas pequeñas, que muchas veces tienen mayores niveles de pobreza. Esto, dado que el acarreo es mucho más fácil de realizar en zonas pequeñas que en grandes centros urbanos. Finalmente, el hecho de que existan primarias obligatorias produce un conflicto, porque siempre hay que hacerlas lo más antes posible que la elección final, para que te dé tiempo de eliminar asperezas. Siempre en una primaria hay heridos, el perdedor no quiere apoyar al ganador, pasó en muchísimas alcaldías de la Nueva Mayoría, que las perdieron por ese motivo.

    -¿Por qué se determinó que solo un 40% de los candidatos puede ser electo vía primarias?
    -Porque esto debe dialogar con la Ley de Cuotas. Si voy a primarias y ganan solo hombres, no se cumpliría con la Ley de Cuotas, entonces para salvaguardar el 4% se reduce el porcentaje de distritos donde se supone que se deberían hacer primarias.

    La Ley de Cuotas aplica por partido, no por pacto, por lo tanto, cada partido debe llevar el 40%. En el caso de los independientes fuera de pacto, son un pacto en sí mismo, razón por la cual cada independiente no cumple ninguna de estas reglas. Generalmente los independientes dentro de un pacto van en un subpacto, por lo que también están dentro de la cuota.

    -¿La nueva Ley Electoral trae consigo complicaciones para las fuerzas emergentes y partidos nuevos?
    -Dado que se alivianaron las barreras de entrada para constituirse como partido –antes era sobre la base del 0,5% de las firmas, y ahora sobre la base del 0,25%–, ello hace pensar en que las barreras de entrada son más bajas, pero en un contexto de altísima desafección, las barreras de entrada siguen siendo altas. Si a los partidos tradicionales les está costando conseguir 18 mil firmas, imagínate lo difícil para los partidos nuevos y emergentes. Muchos se están dejando llevar por lo que pasó en Valparaíso y la elección de Jorge Sharp, pero hay que recordar que él fue electo por el 16% del padrón de Valparaíso, una cifra ínfima.

    Luego vienen las normas de sobrevivencia, que son un poco más altas. Por ejemplo, si un partido regional quiere sobrevivir, tiene que escoger tres representantes en dos regiones contiguas. No solamente son medidos en función de los votos, porque tienen que obtener el 5% de los votos emitidos, si no, quedan fuera. Imagínate lo difícil que va a ser para un partido regional sobrevivir. En la próxima elección se va a licuar mucho el sistema de partidos y van a quedar sobreviviendo los que tengan representación o más votos.

    A pesar de las distintas presiones para cambiar las fechas del proceso de refichaje y primarias, en los pasillos de La Moneda parecen estar reacios a la idea, principalmente porque la legislación fue aprobada hace poco por los parlamentarios. Para Morales es “bastante razonable” la opción de extender los plazos, “porque esta normativa fue mal pensada de inicio a fin, y la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Engel han terminado mal”.

    Finalmente, respecto a los resultados de las próximas elecciones, el cientista político adelanta que va a haber un mayor volumen de participación electoral, incluida la votación nula o blanca, “producto de que va a haber una alta proliferación de candidatos”. Agrega que “da la sensación de que, así y todo, los partidos tradicionales se las van a arreglar para tener supremacía en el Congreso, reteniendo una crisis de representación mayor, que implicaría la no entrada de muchos grupos y partidos que entren a desafiar a los tradicionales. Eso se ve lejos aún. Pero, si se siguen ejerciendo, estas medidas draconianas apuntan para allá”.

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  2. Claudio Fuentes en la antesala de la municipal: “Ir a votar no depende de la cantidad de papeles y palomas que pongas en la calle”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El director de la Escuela de Ciencia Política UDP descarta que la posible abstención electoral se deba a la ausencia de propaganda en las veredas: “En Chile no hay franja radial y esa fue una de las propuestas de la Comisión Engel, que no pasó al Congreso, porque hay muchos intereses en no dar una acceso igualitario a los medios de comunicación”. Agrega que en otros países, sin la papelería en los espacios públicos, la gente sí acude a las urnas: “Tiene que ver con una cultura cívica, con la valoración del voto, con el tipo de campaña que hacen los actores políticos”.

    A una semana de las elecciones municipales, algunos políticos –como el ex presidente socialista Osvaldo Andrade y el ex ministro de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet– acusan “falta de clima electoral”, en referencia a la poca presencia de propaganda política en las calles. Incluso la Presidenta transmitió su inquietud por una posible abstención masiva, señalando que “ojalá la gente sepa que hay elecciones”.

    Frente a este escenario, Claudio Fuentes descarta de plano el diagnóstico “simplista” de echarle la culpa a la falta de carteles y señala como factores relevantes los fracasos de las propuestas de la Comisión Engel, como también el hecho de que el 85% de los candidatos a alcaldes va a la reelección, “de modo que la oferta política no ha cambiado”.

    -¿Qué significa que cambiaran las reglas del juego?
    -Significa no solo un cambio paradigmático en la forma de hacer campaña, cuya demostración más obvia es la ausencia de publicidad en las calles –que nos invadía–, y también una percepción social que cree que hay poco clima electoral. Pero, a mi juicio, el ir a votar no depende de la cantidad de papelería que pongas en la calle. Tiene que ver con otros factores relevantes que muy pocas veces se analizan.

    -¿Cuáles son?
    -A ver, en primer lugar, en Chile no hay franja radial, la radio es muy importante, no contamina. Fue una de las propuestas que se hicieron en la Comisión Engel y no pasó al Congreso, porque hay muchos intereses en no dar un acceso más igualitario a los medios de comunicación. Otro ejemplo es el de la televisión: no es parte del debate realizar una franja televisiva. Hay una sensación de que la política molesta, pero, paradójicamente, cuando no hay una inundación de publicidad, sentimos que no hay clima electoral, lo cual es una contradicción del argumento muy fuerte.

    -¿Cómo evalúa los mecanismos de generación de interés?
    -Todos hablan de eso, de educación cívica en los colegios, pero nadie lo implementa, el problema es mucho más profundo. En otros países, sin esa papelería, la gente va a votar. La pregunta es por qué requerimos papeles para sentir que hay un clima electoral. Hay una contradicción muy fuerte, porque no tiene nada que ver con eso: tiene que ver con la cultura cívica, con la valoración del voto, con el tipo de campaña que hacen los actores políticos, en fin, dimensiones que no se analizan.

    -Hablemos de las responsabilidades
    -Yo creo que aquí hay responsabilidades de varios actores. Por un lado, los partidos políticos, ya que la oferta no ha cambiado y el 85% de los alcaldes va a la reelección; solo el 15% es nuevo. Con ese nivel de protagonismo de los alcaldes que quiere ser reelectos, la gente dice: “Bueno, es más de lo mismo”. Entonces, por defecto, los partidos tradicionales apuestan por el caballo ganador, el mismo de siempre, no apuestan por renovar la política. Y hay otros datos preocupantes: 19% de candidatas son mujeres y 28% son menores de 39 años, entonces hay una oferta muy masculina y adulta mayor: no son jóvenes, no son mujeres.

    -¿Y cómo ve la irrupción de los nuevos actores políticos?
    -Ellos también son parte del problema, porque van totalmente fragmentados: hoy tenemos 30 partidos, la cifra histórica más grande que hemos tenido desde el retorno a la democracia, y 12 de ellos son de izquierda extraparlamentaria, y van en 5 listas, es decir, una fragmentación total. Si quieres ser alternativa, debes coordinarte y decir “acá hay una lista de gente que quiere hacer las cosas bien”. Pero, como se están haciendo las cosas, es imposible. Lo que hacen los actores nuevos es dispararse en los pies, porque van a perder, ya que el voto es acumulativo y ganan las listas tradicionales, mientras los pequeños mueren.

    -Volvamos a la “falta de clima electoral”. ¿Qué define que la gente vaya o no a las urnas?
    -Los medios de comunicación dicen “la gente va a participar poco, no hay clima de campaña, ergo hay que reponer la falta de propaganda, eso explica la desafección”. Pero eso es simplista, porque en la vuelta pasada, en las municipales del 2012, hubo candidatos que no pusieron paloma y ganaron. Las palomas no son el factor que gatilla el ir a votar: es la red que tú tienes, es la capacidad de llegar a la gente, cómo llegas a esa gente, con qué ideas. Requerimos dar una vuelta al sistema político, sobre cómo se vincula con la sociedad, con los actores sociales, con los beneficios, con los territorios. Eso no está pasando.

    -Desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué se debería hacer?
    -Generar mayores incentivos a la renovación de la política. Es un problema que en Chile las autoridades públicas, en general, lleguen al ejercicio del poder, a Presidente, por ejemplo, a los 64 años como promedio; en Europa el promedio es 48 años, y ellos tienen una sociedad envejecida. Es decir, tenemos una brecha de 20 años y si tú a los 48 años eres Primer Ministro, en Europa, como promedio, quiere decir que eres alcalde a los 30. Acá estamos lejísimo de eso. Es imperativo renovar la política, porque estamos en una sociedad relativamente joven, pero los actores políticos son muy tradicionales.

    -¿Qué le parece que los políticos escondan su partido de procedencia?
    -Pésimo. De hecho, en la Comisión Engel se propuso establecer como política la obligación de poner en un lugar visible el logo de los partidos, para que la gente identifique quiénes son, y en Chile estamos escondiendo el partido, salvo algunas honrosas excepciones, como Evópoli y RD, los partidos más nuevos. Pero, salvo esas excepciones, la gente esconde la política y tiene un discurso muy antipolítico: “Que se vayan ellos, nosotros no somos ellos”… Eso es muy negativo.

    -¿Cómo explica ese fenómeno?
    -Es simple: los políticos ven que al salir a la calle y decir de qué partidos son, los abuchean, entonces vienen con un discurso de transparencia, donde la política se personaliza. Es la política de los Robin Hood, donde cada uno se transforma en un héroe que va a ir a salvar la política. Yo creo que eso no es así, no es efectivo. Uno sabe que, en la realidad, la toma de decisiones depende mucho de los partidos que están en el Gobierno.

    -El ministro Valdés hizo un guiño a la generación que no vivió la dictadura con el objetivo de explicar la desafección.
    -Si dijo eso, tiene razón: los socializados en el plebiscito del 88 son los que más votan, es decir, esa experiencia los marcó y ellos están continuamente afectados, versus los que llaman “desafectados”. Pero eso, como respuesta política, no se sustenta. Independientemente de lo que tú hayas vivido como experiencia vital, la democracia debiese generar condiciones para el ejercicio democrático: no necesitas una dictadura para valorar la democracia. Hay muchas generaciones en Europa que no vivieron ni las guerras ni el Holocausto y, sin embargo, se sienten parte del sistema democrático. Eso depende de la forma en que los partidos y las autoridades se vinculan con la sociedad, y en eso está fallando el sistema político chileno. Hay que echarle la culpa a la democracia.

    -¿Será alta la abstención?
    -Sí. La encuesta Adimark muestra que un 24% está muy interesado y otro 24% está algo interesado. El muy interesado es bastante consistente, contamos con ese grupo; el problema es que en el 2012 ese grupo era un 50%, hoy es la mitad. Además, los “algo interesados” generalmente no van a votar. Yo creo que alrededor de un 30% irá a las urnas y después todos echarán la culpa a la falta de publicidad y de seguro promoverán que cambie la legislación, pensando que eso va a resolver el problema, pero no será así.

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  3. Los privilegios a los partidos nuevos de Engel y Cía.

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Lo que se le exige a los partidos nuevos o emergentes es algo muy sencillo: seriedad y despliegue territorial. Si con las reglas más exigentes se pudieron constituir el PRO, Igualdad, Ecologista-Verde, Democracia Regional Patagónica, ¿por qué no puede suceder lo mismo con el resto de los partidos en formación? Los firmantes son insistentes con las exigencias para los partidos tradicionales, pero los emergentes gozan de un trato curiosamente privilegiado.

    En una carta firmada por miembros de la Comisión Engel, algunos diputados, académicos, fundaciones y partidos emergentes, se alega sobre los déficits de la ley de partidos en discusión. Uno de ellos corresponde a las barreras de entrada para la formación de partidos y su subsistencia. La reforma al binominal rebajó dichas barreras de manera exagerada, dando espacio para la emergencia de partidos regionales. Dado que esa reforma indicaba que un partido podía formarse en una sola región y con el 0,25% de las firmas de acuerdo a la participación electoral en los comicios de diputados anteriores, entonces formar partidos se tornaba una tarea peligrosamente fácil.

    Con la ley antigua, un partido podía formarse si registraba firmas del 0,5% en tres regiones contiguas o en 8 regiones. Hay 14 partidos constituidos. ¿Cuál es el argumento de los firmantes para bajar esas barreras de entrada?, ¿qué tiene que ver esa rebaja con una mayor competencia electoral?, ¿por qué se les debe facilitar la vida a los políticos que quieren formar partidos emergentes y fusilar a los partidos tradicionales?

    Varios de los firmantes han pronosticado la crisis terminal de nuestro de sistema de partidos. Otros, han llamado a hacer una especie de autopsia a nuestros partidos. Dándolos casi por muertos, los firmantes ignoran que más del 90% de los representantes (alcaldes, concejales, Cores, diputados, senadores) pertenece a los partidos tradicionales. Es cierto que la participación electoral ha descendido, pero en eso ha incidido de manera directa el régimen de voto voluntario. No es correcto afirmar que la caída de la participación sea parte de la tendencia observada desde la década pasada. Con el voto voluntario el descenso fue más significativo.

    La rebaja en las barreras de entrada tendrá un efecto pernicioso. Puede ser que varios de estos partidos emergentes no logren representantes, pero sí abultarán desmesuradamente las papeletas de votación, generando confusión y mayores costos de información para los votantes. En la circunscripción provincial de Arica hubo 70 candidatos a Core en 2013. ¿A cuánto aspiran los firmantes?, ¿habrán pensado que el aumento excesivo del número de candidatos afecta la votación válida especialmente en las zonas rurales y pobres?, ¿qué gana el sistema de partidos con más candidatos en las calles?

    Lo que se les exige a los partidos nuevos o emergentes es algo muy sencillo: seriedad y despliegue territorial. Si con las reglas más exigentes se pudieron constituir el PRO, Igualdad, Ecologista-Verde, Democracia Regional Patagónica, ¿por qué no puede suceder lo mismo con el resto de los partidos en formación?

    Los firmantes son insistentes con las exigencias para los partidos tradicionales, pero los emergentes gozan de un trato curiosamente privilegiado. Está bien que algunos de los firmantes quieran cumplir con su profecía respecto a la desestructuración y crisis total del sistema de partidos para luego decir que la fragmentación “explotó” y que Chile va camino al despeñadero, pero hacerlo mediante este tipo de argumentos suena un poco tramposo. Adicionalmente, los firmantes demuestran un conocimiento limitado de los partidos chilenos. De hecho, uno de ellos sostuvo públicamente que ¡para elegir alcaldes en Chile –antes de 2004– se utilizaba el sistema electoral binominal!

    La rebaja en las barreras de entrada tendrá un efecto pernicioso. Puede ser que varios de estos partidos emergentes no logren representantes, pero sí abultarán desmesuradamente las papeletas de votación, generando confusión y mayores costos de información para los votantes. En la circunscripción provincial de Arica hubo 70 candidatos a Core en 2013. ¿A cuánto aspiran los firmantes?, ¿habrán pensado que el aumento excesivo del número de candidatos afecta la votación válida especialmente en las zonas rurales y pobres?, ¿qué gana el sistema de partidos con más candidatos en las calles? Las puertas ya se abrieron con la reforma al sistema electoral. ¿Qué se busca con esta idea? Luego, si además se rebajan las barreras de subsistencia –porcentaje de votos o número de representantes–, ¿qué tipo de sistema tendremos?

    Algunos de los partidos nuevos ya constituidos no contaban con un solo liderazgo nacional o regional, pero igual cumplieron con la ley. Y si no alcanzan un porcentaje mínimo de votos (por ejemplo, el 5%) o un número razonable de representantes (3 o 4, por ejemplo), debieran reinscribirse. Punto. Incluso, esas reglas debiesen ser aún más estrictas para que los partidos accedan al financiamiento estatal. De lo contrario, tendremos un muy buen negocio. Un independiente podrá formar partido en una sola región y, además, tendrá acceso al financiamiento público. Ahí sí que tendremos un incremento sustantivo en el número de actores de veto. Esto es connatural a la política, pero estimularlo es, definitivamente, una muy mala práctica.

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  4. Claudio Fuentes analiza la coyuntura política

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Temas:

    -Las críticas del senador Walker por la comisión Engel.
    -Anuncios de Bachelet sobre una nueva constitución.
    -Habla del libro “La solución constitucional”.
    -El mecanismo que debiera elegir el Congreso.
    -La posición de los partidos respecto al cambio de la carta fundamental.
    -Las discusiones sobre la calidad de la educación y la privatización de los derechos de agua.
    -Importancia de la autonomía regional y el reconocimiento de los pueblos originarios.

     

    Ver entrevista completa en los siguientes enlaces

    Claudio Fuentes analiza críticas del senador Walker a Comisión Engel

    Claudio Fuentes comenta los mecanismos para cambiar la Constitución

    Claudio Fuentes: “Combatir la corrupción en municipios debe ser prioridad”

    ¿Por qué la ciudadanía no tiene más cabida en los cambios a la Constitución?

  5. Walker tiene razón

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Ignacio Walker ha sido duramente criticado por sus comentarios sobre el rol de los intelectuales en política. Ha sostenido que algunos “no tienen idea de política”, y que otros miran la situación del país desde un pedestal. Walker tiene buenas razones para pensar de esta manera. A pesar del bullying del que ha sido objeto en las redes sociales, en esta columna apoyo decididamente sus aseveraciones.

    En primer lugar, hay que distinguir entre académicos especialistas en una determinada área, y columnistas. Sobre estos últimos, los argumentos de Walker, incluso, se quedan cortos. Muchos de ellos provienen de fundaciones o institutos financiados por partidos o, en algunos casos, por empresas. Abunda el columnista panfletario que, en la mayoría de los casos, discute con algún libro de manual como base, o con un programa de gobierno en la mano, sin distinguirse en lo más mínimo de un fanático. El ejemplo más evidente de esto es el debate- a estas alturas saldado- sobre la supuesta crisis terminal del sistema político y del modelo económico de Chile, lo que justificaría el avance hacia apuestas refundacionales. La evidencia es más que contundente, e invalida cualquier hipótesis seria para catalogar a Chile en una situación terminal. Comparto la impotencia del senador Walker frente a esto. Demasiada opinión, poco análisis y desmesurada cobertura medial.  Contra eso ha debido batallar el sector más moderado y razonable de la Nueva Mayoría para detener el frenesí refundacional e irresponsable de parte importante de la elite intelectual que apoya (o apoyó) al gobierno. Afortunadamente, la Presidenta- poco a poco- ha entendido que ese no es el camino correcto. De hecho, la ruta hacia la Nueva Constitución estará demarcada por las decisiones del Congreso.

    En segundo lugar, Walker apunta hacia quienes hablan, opinan y dan consejos en el área política sin contar con la expertise suficiente. Esto también tiene sentido, tanto así que ningún miembro chileno de la Comisión Engel es experto en partidos o elecciones.  Por experto me refiero a aquellos académicos que sistemáticamente publican sobre este tipo de temas en revistas indexadas de nivel internacional. No clasifico como expertos a quienes “auto-publican” textos en las instituciones donde trabajan, o quienes lo hacen en revistas de prestigio pero con escasa periodicidad. Si consideráramos como experto a este segundo grupo, habría un número no menor de mis alumnos que entraría fácilmente en esta categoría dado que su producción académica es superior a la de varios miembros de la comisión. El propio Engel no ha tenido una producción prolífica en asuntos políticos, aunque sí- y de manera notable- en temas económicos. Cuando se analizaron los efectos del voto voluntario sobre la participación electoral,  Engel argumentó que el ingreso comunal no incidía sobre en las variaciones de la participación. Un análisis más detallado de la información concluyó justamente lo contrario.

    En tercer lugar, Walker también tiene razón respecto al pedestal desde el que hablan muchos académicos. No es fácil soportar al intelectual de escritorio que jamás ha visitado una sede partidaria, y que por el sólo hecho de investigar sobre el tema se siente con la facultad para determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Además, este tipo de personajes le hace mal a sus propios dirigidos. En la ciencia política es muy común encontrarse con egresados que presentan serios problemas de adaptación al mundo laboral. Las razones que esgrimen están, precisamente, en el proceso formativo.  Sus profesores enseñan a partir de libros, pero con nula experiencia en el mundo real. De hecho, las propuestas que estos docentes realizan para corregir problemas públicos son de tal desconexión con la realidad, que caen rápidamente en el archivador.

    Por todo esto, entonces, no es pueril la diferencia entre el experto y el “vendedor de humo”. El primero, contribuye. El segundo, obstaculiza, genera conflictos donde no los hay, promueve reformas inviables y, a la larga, se transforma en un agente patógeno del sistema político.

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  6. El arrebato del senador Walker

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Llama la atención el juicio tan categórico del senador Ignacio Walker al rechazar la postura de Eduardo Engel en relación con el proceso de reinscripción de militantes de partidos. “Quienes opinan desde el Olimpo y hacen ejercicios de pizarrón y nos dan pautas de cómo legislar –sostuvo el Senador–, es mejor que empiecen a conocer la realidad de las cosas y no pontificar sobre lo que no saben y no conocen”. En opinión del senador Walker, las decisiones políticas son demasiado importantes como para dejárselas a intelectuales que no saben de la historia de Chile.

    Las declaraciones del senador Walker resultan llamativas por varias razones. Primero, porque su propia trayectoria es la de un intelectual que se formó en el derecho y luego en la ciencia política en la Universidad de Princeton. Por lo tanto, el senador Walker entiende y conoce los aportes de las ciencias sociales al conocimiento y a la implementación de políticas. Segundo, porque no parece comprensible plantear una división tan categórica entre intelectuales y políticos. Ni los profesores viven encapsulados en un pizarrón, ni los políticos (esperemos) viven encapsulados en sus debates sobre la política y el poder.

    Tercero, porque las recomendaciones de la Comisión Engel no son fruto de un grupo de iluminados que desde el Olimpo propuso una serie de recomendaciones. Ellas son el resultado de largas horas de audiencias, recomendaciones de anteriores comisiones presidenciales, organismos de la sociedad civil, actores políticos, parlamentarios, agentes de diversos poderes del Estado y organizaciones internacionales. La gran mayoría de las propuestas expresa un saber acumulado nacional e internacional. Caricaturizar las propuestas como sacadas de un pizarrón es ofender no a un grupo de consejeros, sino que al conjunto de quienes voluntaria y propositivamente, quisieron aportar al fortalecimiento de los partidos.

    Aquí el debate es muchísimo más trivial y dice relación con exigir ciertos procedimientos mínimos a partidos que tienen tradiciones, caciques, lotes, cúpulas, príncipes y plebeyos. El debate sobre la reinscripción no es otra cosa que un debate sobre quién o quiénes en definitiva controlarán el poder.

    Pero ¿cuál es el alegato de fondo? ¿Por qué el enojo? Esta semana debiese resolverse en la Comisión de Probidad que preside el senador Walker un grupo de iniciativas asociadas a la reinscripción de militantes de partidos políticos. Tres cuestiones básicas y bastante mundanas son centrales: 1) asegurar la reinscripción del total de militantes en un plazo razonable y el Gobierno propuso para ello un plazo de 12 meses; 2) asegurar que el procedimiento mediante el cual la inscripción y/o reinscripción de militantes dé garantías de transparencia para todos los grupos al interior de las tiendas políticas y para la sociedad, y 3) asegurar que los aportes que el Estado les entregue a los partidos se haga a condición de un estándar mínimo de democracia interna y transparencia.

    La semana pasada, en la Comisión de Probidad se generaron resistencias, se dijo que 12 meses no era suficiente y se pensó en ampliar a 24 meses para partidos que enfrentaran elecciones internas; se dijo que permitir que los militantes conocieran el padrón interno afectaría el derecho de privacidad de las personas; y se señaló que los partidos requerían recursos para enfrentar las elecciones municipales, lo que implicaría entregarle recursos independientemente de las exigencias de democracia interna y transparencia.

    ¿Cuál es entonces el problema? El problema en realidad es algo muy simple: qué estándar se les exigirá a los partidos políticos para recibir recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Hay quienes pensamos que, primero que nada, es fundamental que el Estado financie apropiadamente a los partidos políticos. Pero dicho financiamiento debe condicionarse a ciertos mínimos procedimentales: que exista democracia interna efectiva en estas tiendas políticas –con una ficha única de inscripción, con elecciones periódicas, con derecho de las minorías a expresarse, con padrones conocidos, depurados y sancionados por las instancias internas pertinentes– y que exista transparencia efectiva de la forma en que se financian dichos partidos. Recursos a cambio de un nuevo estándar de funcionamiento.

    Como puede observarse, lo mencionado no dice relación con debates intelectuales muy sofisticados. Aquí no discutimos sobre presidencialismo vs. parlamentarismo, representación vs. gobernabilidad, o cuestiones como esa. No. Aquí el debate es muchísimo más trivial y dice relación con exigir ciertos procedimientos mínimos a partidos que tienen tradiciones, caciques, lotes, cúpulas, príncipes y plebeyos. El debate sobre la reinscripción no es otra cosa que un debate sobre quién o quiénes en definitiva controlarán el poder.

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  7. “Es el momento de que los partidos se pongan los pantalones”

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    [youtube]https://youtu.be/EU_XX5Y50Zo[/youtube]

    El ex integrante de la Comisión Engel, Claudio Fuentes, se refirió a los dichos del senador Ignacio Walker (DC), quien aseguró que Eduardo Engel “no tiene idea de política” por sus críticas hacia el manejo en el Senado de las indicaciones relacionadas con la depuración de los padrones de los partidos.

    “Las formas han sido lamentables, a mi juicio poco asertivos en términos de culpar al mensajero cuando acá el fondo es el tipo de partido que queremos”, indicó Fuentes.

    Sobre los dichos del senador Walker, el ex comisionado expresó: “que él venga a pontificar que esto es, y es una caricatura, supuestamente intelectuales que estamos haciendo desde una burbuja mirando el país desde lejos, son puras caricaturas que yo creo que no contribuyen al debate porque no es así”.

    Finalmente, apoyó las medidas que se contemplan en la agenda de Probidad y Transparencia, y señaló que “es el momento de que los partidos se pongan los pantalones largos y respondan como una institución que ha sido tan tradicional en Chile”.

  8. Arreglar las coaliciones más que los partidos

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La discusión sobre la necesidad de que los partidos reinscriban a sus militantes parte de la sospecha de que los padrones de los partidos tradicionales están inflados y que, para hacerse merecedores de financiamiento público, deberán comenzar su proceso de legalización desde cero. La propuesta, que emana de la Comisión Engel, desconoce un elemento básico de economía política de cualquier reforma. Es muy difícil quitarle a alguien lo que considera un derecho adquirido. Para lograr el objetivo, hay que introducir incentivos selectivos que hagan que los propios partidos vean más ventajas en sumarse al nuevo sistema que en mantener el viejo orden.

    En vez de amenazar a los partidos, hubiera bastado con establecer que los partidos que pasen por el proceso de reinscripción recibirán dos veces el dinero que los partidos que opten por mantenerse en el viejo sistema. Al iniciar una confrontación con todos los partidos, la Comisión Engel (y el gobierno, si apoya la postura de la comisión) logra que todos los partidos se unan, comportándose como cartel. Lo obvio hubiera sido introducir incentivos que los dividan. Si el comportamiento de los partidos es parecido al de un cartel, corresponde introducir incentivos para hacer que se quiebre el cartel.

    Lamentablemente, el foco que se ha puesto en la forma en que se estructuran los partidos parece ignorar que los actores clave en la evolución democrática reciente de Chile han sido las coaliciones. Desde el plebiscito de 1988, las dos grandes coaliciones —Concertación/Nueva Mayoría y Alianza (con todos los nombres que ha tenido)— han dotado al país de bancadas relativamente disciplinadas en el Congreso y bases de apoyo lo suficientemente amplias que han permitido que Presidentes que provienen de partidos minoritarios logren apoyos amplios para gobernar de forma eficiente y efectiva.

    Chile es hoy lo que es no solo por sus partidos, sino porque han existido coaliciones que han dado gobernabilidad. La reforma debiera buscar fortalecer las coaliciones y hacerlas más transparentes, introduciendo rendición de cuentas y asociando el financiamiento estatal a que las coaliciones se mantengan unidas. Lo último que necesitamos como país es que las coaliciones se quiebren y que caigamos en un sistema donde nadie pueda constituir mayorías permanentes en el Congreso. Cuando los sistemas políticos se fragmentan, los presidentes se ven obligados a salir a comprar votos para avanzar sus agendas legislativas en un Congreso compuesto por bancadas pequeñas y legisladores tránsfugas.

    Por otro lado, la idea de que la caída en la confianza se puede revertir fortaleciendo a los partidos y mejorando su rendición de cuentas no tiene sustento empírico. La caída en la confianza en las instituciones es un fenómeno internacional. En ningún país del mundo hay una tendencia a que los partidos se vayan fortaleciendo. A lo más, algunos logran evitar que la caída sea demasiado brusca. Luego, tal como ocurre con el envejecimiento, la clave no está en revertir la tendencia, sino que en hacerse cargo de la nueva realidad.

    Difícilmente volveremos a tener partidos que conciten al apoyo mayoritario de los chilenos. De hecho, hay poca evidencia de que los partidos tuvieran niveles de identificación más altos que los de hoy en el Chile pre 1965, antes de que empezara la alta polarización. Y si la identificación partidista aumenta solo cuando hay alta polarización política, entonces la baja identificación partidista de hoy es una buena señal, no algo para alarmarse.

    Los partidos son esenciales en la democracia. En la ausencia de partidos, emergen liderazgos personalistas y organizaciones políticas de corta vida. Si se les exige demasiado a los partidos, los caciques tendrán incentivos para hacerse independientes. Si, por el contrario, se facilita la consolidación de los partidos existentes —con barreras de entrada razonables para nuevas organizaciones— y se introducen incentivos positivos para que los partidos consoliden las coaliciones y eviten caminos propios, la institucionalidad política logrará adaptarse a la nueva realidad de partidos políticos con poca identificación popular que vean que su mejor interés está en mantenerse como parte de las grandes coaliciones.

    Chile no necesita intentar volver a un pasado mítico en que los partidos supuestamente tenían profundas raigambres sociales. Más bien, necesitamos hacernos cargo de la nueva realidad y diseñar instituciones que, sin ignorar las dinámicas de representación política que ya se dan en Chile, fortalezcan a las coaliciones que crecientemente cumplen un rol tanto o más importante que el de los partidos políticos.

    Ver columna en El Líbero

  9. Claudio Fuentes: “Hay recomendaciones que hicimos y que no se han incluido”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El director de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, hace una buena evaluación del envío y la tramitación de los proyectos sobre transparencia y probidad, aunque advierte que hay algunas recomendaciones que hizo la comisión Engel -de la cual fue integrante- que no se han visto reflejadas en las iniciativas.

    ¿Cómo evalúa el estado de avance de esta agenda?

    El gobierno ha enviado proyectos de ley en materias directamente relacionadas con el informe que entregamos. Son más de 20 iniciativas legislativas las que se han enviado, además de los aspectos administrativos. Desde ese punto de vista, hay un compromiso realizado que se puede medir respecto de la cantidad de proyectos enviados, y sobre las medidas administrativas impulsadas, que es en lo que más se ha avanzado. Dicho eso, creo que la discusión particular ha tenido matices en el Congreso.

    ¿A qué matices se refiere?

    Creo que se ha avanzado en ámbitos de probidad, y el Congreso está dispuesto a cambiar algunos ámbitos del propio Congreso. Hay buenos ejemplos, como las comisiones externas de Ética y el avance en algunos proyectos vinculados a probidad, la declaración de intereses y varios otros. Pero donde veo más complejidades es en el tema de la ley de financiamiento a los partidos políticos, donde hay recomendaciones que hicimos nosotros que ni el proyecto del gobierno ni en la discusión parlamentaria se han incluido.

    ¿Como cuáles?

    Por ejemplo, recomendamos que la entrega de recursos a los partidos políticos se tenía que condicionar a que cumplieran con un estándar de transparencia y de democracia interna. Eso hasta el momento no está reflejado ni en el proyecto de ley del gobierno ni en la discusión parlamentaria. Segundo, no se ha incluido la idea que propusimos de la reinscripción de militantes en los partidos. Esta reinscripción fue bastante “aguada” en la indicación del gobierno, por lo tanto, no hay un mecanismo que certifique la transparencia respecto a este proceso. Y tercero, sobre la democracia interna de los partidos: el principio de un militante un voto no está ratificado en el proyecto, por lo tanto los partidos podrían reinterpretar lo que significa la democracia interna de cualquier modo. Por lo tanto, eso también es, en mi opinión personal, problemático en el proyecto de ley.

    ¿Qué le parece la disposición de los parlamentarios para tramitar esta agenda?

    En general hay una disposición buena de los parlamentarios, primero, a acoger los temas y a discutirlos. Mis aprensiones tienen que ver con proyectos que los afecten a ellos directamente. Hay que ver hasta qué punto se van a ver iniciativas como los proyectos de los partidos políticos y del financiamiento de la política, que garanticen niveles de transparencia altos. Sin embargo, ellos ya crearon una comisión de probidad, están discutiendo los temas, está avanzando la legislación, y por lo tanto, en este sentido hay una disposición a aprobar los proyectos.

  10. Los partidos no asumen su propia crisis

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Los partidos políticos no advierten, no comprenden o simplemente no quieren ver la envergadura de la crisis que enfrentan. Desde hace por lo menos 10 años se viene produciendo una progresiva pérdida de confianza social en el sistema político en general. No debiese sorprender que las cuatro instituciones en que menos confía la ciudadanía son los partidos, el Congreso, el poder judicial y las grandes empresas. Cuatro instituciones que hoy están en el centro de la noticia.

    Pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado a tal punto que el poco respeto que las autoridades políticas generaban ahora se ha transformado en agresividad. Observamos a diario lamentables episodios de agresión física y verbal hacia los congresistas. El respeto cívico que honraba la política chilena se pierde en un contexto de una aguda crisis de credibilidad.

    Teóricamente, una crisis política debiese provocar una reacción por parte de los actores políticos. Solemos decir que las crisis son en realidad oportunidades para el cambio de los comportamientos políticos. Así sucedió —se argumenta— en el año 2003 con el caso Mop-Gate, o en el año 2007 cuando emergieron nuevos casos de corrupción. A menudo se dice que la gran virtud del proceso político chileno es que sus instituciones tienen una fuerte capacidad de reacción.

    Y los hechos parecieran confirmar aquella tendencia. Los escándalos de corrupción motivaron la creación de la Comisión Engel, la generación de más de una veintena de proyectos de ley, y una serie de iniciativas de probidad y transparencia en ambas Cámaras del Congreso. Pareciera ser que las crisis y escándalos estimulan transformaciones de normas y prácticas.

    Sin embargo, me temo que este optimista relato esconde una preocupante realidad: los partidos no manifiestan un interés genuino de modificar prácticas y normas que regulan su actuar. Y esto es lo que en forma sintética explicaré a continuación.

    La superación de la presente crisis requiere de tres cambios en la estructura de los partidos que a la luz de los escándalos de corrupción parecen razonables: 1) establecer mecanismos de inscripción de militantes transparentes; 2) promover un principio básico de un militante un voto al interior de las colectividades políticas para propiciar la democracia interna; y 3) establecer una nueva estructura de financiamiento público de los partidos condicionado a la existencia de ciertos procedimientos de transparencia.

    El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y los congresistas han comenzado a discutir la reformulación de la ley de partidos políticos vigente desde 1987. Sin embargo, ninguno de los tres principios enunciados hasta el momento han sido considerados en las propuestas por ellos discutidas. Así, ni la propuesta del Ejecutivo ni los cambios propiciados por los diputados han considerado la idea de establecer un procedimiento transparente y que dé garantías de ecuanimidad para el registro de militantes. Tampoco se procederá a una reinscripción íntegra de militantes.

    La democratización interna de los partidos tampoco es considerada en la propuesta del Ejecutivo. Se entrega a los partidos la decisión de adaptar a sus propias prácticas el significado de lo que será una “democracia interna” descartándose el principio de un militante-un voto. Finalmente, las iniciativas discutidas en el Congreso no condicionan la entrega de recursos a los partidos al cumplimiento de determinado estándar de transparencia o incluso de democracia interna.

    Paradójicamente, los legisladores activamente proponen políticas de condicionamiento en la entrega de recursos a una serie de instituciones del ámbito público y privado, pero ese mismo principio no se lo aplican asimismo. Quieren recibir dinero del Estado pero no establecen, por ejemplo, la imposibilidad de competir en elecciones si ellos no cumplen con requisitos básicos de transparencia.

    Si no se modifica el tenor de los proyectos sobre partidos políticos y financiamiento de la política que actualmente se debaten en el Congreso, tendremos en el corto plazo partidos financiados públicamente pero que no están obligados a cumplir con un alto estándar de responsabilidad y transparencia.

    La ley de partidos políticos y de financiamiento de la actividad política es crucial para la democracia. Por lo mismo, es esencial un mejoramiento sustantivo de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso. La superación de la crisis de credibilidad de los partidos depende en gran parte del destino de estas reformas, y en este tema hasta el momento no se observa una actitud decidida de las tiendas políticas por transformar la forma en que han venido actuando. La única respuesta posible ante esta crisis que viven los partidos es transparencia sin renuncias. Y aquello no está pasando.

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  11. Mala noticia: partidos no reinscribirán sus militantes

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción propuso entre sus medidas la reinscripción de todos los afiliados a partidos políticos. Se proponía, además, que en este proceso podría colaborar el nuevo Servel y que tal procedimiento debía considerarse como una condición básica para acceder al financiamiento estatal. Cambiar prácticas internas parecía una medida básica para construir un nuevo tipo de democracia.

    ¿Por qué esta medida es tan crucial? Partimos de la premisa que los partidos son centrales en una democracia: son instancias que intermedian entre las demandas sociales y el Estado; ellos proveen cargos de representación popular; contribuyen con equipos para el funcionamiento del Gobierno; y teóricamente apoyan el debate de ideas y elaboración de programas.

    Si son tan vitales para el funcionamiento de la democracia, resulta imprescindible que su funcionamiento interno esté regido por altos estándares. El diagnóstico compartido es que los partidos carecen de procedimientos democráticos internos transparentes organizándose en torno a máquinas que controlan cuotas de poder. Se requiere establecer nuevos padrones de militantes porque se advierten padrones inflados, problemas con las direcciones entregadas por los afiliados y manipulación de las cúpulas de los partidos en época electoral.

    Para transformar esta negativa lógica y permitir que todas las expresiones internas compitan en igualdad de condiciones, se requieren dos medidas básicas: garantizar que el proceso de afiliación de nuevos militantes sea legítimo y realizar un proceso de reinscripción de militantes. Lamentablemente, estas dos condiciones peligran en lo discutido en el Congreso.

    Hoy la inscripción de militantes depende de la voluntad de una persona (usualmente el Secretario General) que visa el ingreso de estos nuevos inscritos. Conocidas son las historias de inscripciones masivas antes de una elección interna para asegurar un cupo determinado. El proyecto enviado por el Ejecutivo simplifica el proceso de inscripción de militantes pero no altera el actual mecanismo. Se requiere establecer un comité de ingreso en cada partido que dé garantías a las diferentes corrientes internas y que garantice la no discriminación (salvo lo concerniente a afinidades políticas). Así se evitarán manipulaciones del padrón a favor de una sola corriente.

    Respecto de la reinscripción, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se estableció un procedimiento que está lejos de parecerse a una “reinscripción”. ¿Cómo funcionará el sistema? Una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 90 días para depurar sus padrones de militantes excluyendo a personas fallecidas, inhabilitadas, y quienes hayan renunciado, entre otros. El Servel deberá proveer esta información para cumplir con el procedimiento. De partida, parece curioso que el proyecto les asigne esta responsabilidad a los propios partidos, cuando sería muchísimo más eficiente que el órgano electoral armonice las diferentes bases de datos existentes. Hoy los partidos no cuentan con las capacidades ni con información suficiente para depurar sus listas de militantes.

    Paralelamente, el proyecto establece que los partidos deberán actualizar el registro sólo de un porcentaje de militantes equivalente al 0,25% de electores que votaron en las últimas elecciones de diputados en las regiones en que está inscrito. Esto implica que los partidos de cobertura nacional deberán cumplir con un piso mínimo de actualización de fichas de antiguos militantes o incluso podrían fichar nuevos. A modo de ejemplo, los partidos requerirán presentar fichas de aproximadamente 40 militantes en la Región de Arica y Parinacota, 200 en la Región de Tarapacá, 400 en Antofagasta, 234 en Atacama, 600 en Coquimbo, 850 en O’Higgins, 1000 en el Maule, 900 en La Araucanía, 375 en Los Ríos, 700 en Los Lagos, 90 en Aysén, y 147 en Magallanes. Las regiones más demandantes serán Valparaíso, donde se requerirán 1700 militantes, Bío-Bío con 2 mil, y la Región Metropolitana que necesitará poco más de 6 mil.

    Así, esta actualización (¡no reinscripción!) será relativamente sencilla en regiones con pocos electores, mientras algo más demandante en tres grandes centros poblados (Valparaíso, Concepción y Santiago). El proyecto señala que una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 18 meses para realizar esta actualización. Se les entregará el piso basal de un 20% de financiamiento a todos los partidos legalmente constituidos. Para aquellos que no cumplan con el requisito de actualización de afiliados se les excluirá del 80% restante del aporte permanente, pero solo en las regiones donde no hayan cumplido.

    ¿Qué pasa con un partido que no logra cumplir con estas metas en ninguna región? Salvo la restricción en los fondos permanentes para partidos, expresamente el proyecto establece que estará en juego su disolución.

    El resultado de la legislación en discusión es poco promisorio. Se organizará un sistema de depuración de padrones difuso y a cargo de los propios partidos; no se alterará el sistema de fichaje de nuevos militantes; el condicionamiento en la entrega de recursos a los partidos será parcial; y los padrones actualizados tampoco darán cuenta en forma acabada de la realidad de las tiendas políticas.Tendremos padrones de partidos con militantes históricos y actualizados. Nada más.

    La exigencia de mayor transparencia y democracia en los partidos políticos se diluye en la medida que avanzan los proyectos que precisamente abordan el corazón de nuestra democracia: los partidos políticos.  El “fortalecimiento de la democracia” que anuncia el proyecto de ley será una simple quimera si no se hace cargo de elevar significativamente los estándares de la democracia interna de los partidos. Y aquello evidentemente no está sucediendo.

    Ver columna en El Mostrador

  12. Las “malas prácticas” en el desempeño de la política y cargos públicos

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    claudio fuentes en via publicaEl Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, conversó con 24 Horas, respecto a la salida del ministro Insunza y cómo repercutió en  el escenario político del gobierno de la Nueva Mayoría.

    Fuentes señala que ”hoy en día los medios controlan y fiscalizan a  las autoridades”,  y que también ” la ciudadanía esta más intolerable a los abusos de poder”.  El académico indica que los conflictos entre lo público y lo privado, ha repercutido en nuestra sociedad, trayendo  cómo consecuencia  la exigencia   a las autoridades de estar más presentes en sus roles públicos.

    Ver entrevista en TVN.cl

  13. Límites a la reelección: pésima idea

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Limitar la reelección de alcaldes y parlamentarios es un ejemplo perfecto de una medida populista. A la gente le gusta en principio, pero no hay ninguna evidencia de que solucione los problemas que busca remediar.

    No hay peor política pública que aquella que, aspirando a solucionar un problema que no existe, crea un problema mayor.

    La sugerencia de la Comisión Engel de establecer límites a la reelección de alcaldes intenta solucionar un problema que no existe —la eternización de alcaldes en sus puestos— con una reforma que creará un nuevo problema (los incentivos para que los alcaldes gobiernen en su último periodo buscando una nueva pega en vez de velar por el bienestar de los habitantes de sus comunas).

    La idea de limitar la reelección de las autoridades electas es popular. En su interés por ver una mayor renovación de rostros, la gente apoya en abstracto limitar la reelección. Pero ya que la tasa de re-elección de los legisladores es alta, es evidente que la gente no es consecuente entre lo que dice querer y lo que hace. Aunque los chilenos apoyan limitar la reelección, votan mayoritariamente a favor de los legisladores en ejercicio. Este es un típico caso de que lo que queremos para el país no es lo mismo que queremos para nosotros.

    En un libro escrito en 2006, titulado “Que gane el más mejor. Mérito y competencia en el Chile de hoy” (coescrito con Eduardo Engel, el Presidente del Consejo Asesor contra la Corrupción) argumentamos contra limitar la reelección de los legisladores. En su último periodo, los legisladores van a estar más preocupados de buscar sus próximas pegas que de los intereses de sus electores. Si queremos inducir más competencia, debemos regular mejor el financiamiento de campañas (los titulares en un cargo siempre parten con ventaja), tener un sistema electoral más competitivo y subsidiar marginalmente más a los desafiantes que a los titulares. Las primarias son un buen mecanismo para inducir más competencia. Tener un sistema más proporcional no ayuda mucho, en tanto los titulares tienen más posibilidades de mantener sus puestos ya que la competencia siempre se da por los últimos cupos en cada distrito (y las primeras votaciones se aseguran rápidamente los escaños).

    La sugerencia de limitar la reelección solo al mismo distrito al que actualmente representa el legislador es una solución aun peor. El legislador en ejercicio tiene acceso a recursos públicos que le permiten financiar equipos de trabajo que se convierten en equipos de campaña. Además, no tiene incentivos para preocuparse de los electores que votaron por él, sino solo de los votantes del distrito al que aspira representar.

    Por todo esto, resulta sorpresiva la sugerencia del Consejo Asesor contra la Corrupción de limitar la re-elección de los alcaldes. El mismo argumento que utilizamos con Eduardo Engel en 2006 aplica para los alcaldes que no van a poder buscar la reelección en sus comunas. En vez de velar por los intereses de sus ciudadanos —que los pueden castigar negándoles la reelección—, los alcaldes en sus últimos periodos se dedicarán a buscar sus siguientes pegas, gobernando para avanzar los intereses de sus futuros empleadores en vez de lo que conviene a los residentes de sus comunas.

    Lo más lamentable de la sugerencia del Consejo Asesor es que aspira a solucionar un problema que no existe. En un trabajo con Kenneth Bunker  (“Tasas de re-elección y longevidad de alcaldes en Chile, 1992-2012” en Mauricio Morales y Patricio Navia (editores) Democracia Municipal en Chile, 1992-2012, Ediciones Universidad Diego Portales, 2012), mostramos que entre 1992 y 2012, en promedio, una de cada tres comunas elige nuevos alcaldes cada cuatro años. Desde 1996, entre un 80% y un 90% de los alcaldes ha buscado la reelección. Pero un buen número pierde. Por eso, una de cada tres comunas tiene alcaldes en su primer periodo, y más de la mitad tienen alcaldes que llevan dos periodos o menos en sus cargos.  En promedio, los alcaldes permanecen poco más de ocho años en sus puestos. En 2012, 182 de las 345 comunas del país (52,7%) escogieron alcaldes nuevos.

    Limitar el número de periodos a dos no alteraría lo que ahora ocurre, pero sí privaría a algunas comunas de mantener en sus cargos a alcaldes que hacen bien su trabajo. Como el sistema electoral para la elección de alcaldes es muy competitivo —porque es de mayoría simple, el que saca más votos se queda con el cargo—, no hay necesidad de introducir una solución (que no es solución, sino que crea problemas) para un problema que no existe.

    Los preocupantes niveles de corrupción en algunas alcaldías no se solucionan limitando la reelección.  Eso equivale a echar a todos los trabajadores porque hay evidencia de robo en una empresa. Hay que establecer mejores mecanismos de control y mayores castigos para los casos de corrupción.

    Limitar la reelección de alcaldes y parlamentarios es un ejemplo perfecto de una medida populista. A la gente le gusta en principio —pero no vota por la renovación cuando tiene la oportunidad—, pero no hay ninguna evidencia de que solucione los problemas que busca solucionar. Incluso, en algunos casos —como la supuesta falta de renovación en las alcaldías— ni siquiera hay evidencia de que exista efectivamente un problema.

    Ver columna ellibero.cl

  14. Miembros del consejo anticorrupción piden explicación a ministro Insunza por asesorías

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    La instancia propuso la pérdida del cargo para los parlamentarios que voten en asuntos vinculados a sus intereses directos o familiares. Algunos consejeros se refirieron a un eventual conflicto de interés.

    Durante 45 días trabajó el Consejo Asesor Presidencial contra el Conflicto de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, para elaborar una propuesta que sirviera de base a la agenda de probidad que impulsa la Mandataria Michelle Bachelet.

    En el informe que emitió la comisión presidida por el ingeniero Eduardo Engel, el acápite de “Reforzamiento del sistema de incompatibilidades dentro de la función pública” contempla, en sus propuestas, que “la función parlamentaria será de dedicación exclusiva”. Sus integrantes volvieron ayer a enfatizar la importancia de que el Gobierno impulse la iniciativa, luego de conocerse que el actual ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, prestó asesorías a Antofagasta Minerals -del grupo Luksic- mientras era presidente de la comisión de Minería de la Cámara Baja, en 2014.

    El viernes, “El Mercurio” dio cuenta de que Virtus Consultores, sociedad en la que participa Insunza junto a su esposa, realizó informes a la minera hasta octubre de ese año.

    “Propusimos que exista dedicación exclusiva al cargo de parlamentario, o sea, incompatibilidad con el ejercicio de cualquier otra actividad. El parlamentario puede no tener ninguna actividad, pero sí poseer bienes que le signifiquen que en su actuación puede tener conflicto de interés”, explica la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú. Además, remarca que “el sentido de la comisión Engel fue que se propongan medidas para que no se produzcan situaciones de esta naturaleza. Se hace más evidente aún la necesidad de legislar sobre la materia”.

    Para la economista Andrea Repetto se trata de “una de las medidas más relevantes que propusimos”. “Es habitual que parlamentarios sean socios de estudios de abogados o estén en fundaciones. Debiesen congelar su participación en todas estas otras funciones mientras sean parlamentarios”, dice.

    El cientista político Claudio Fuentes plantea que entre “todos los parlamentarios debería existir ese compromiso de exclusividad de no hacer actividades en el ámbito privado”.

    Conflictos de interés

    En 2014, Insunza rechazó una indicación que mantuvo a las mineras el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores.

    “Si fuese así, y al mismo tiempo asesoraba a una minera, hay evidente conflicto de interés. La legislación hoy no sanciona eso, y eso tenemos que transformarlo”, afirmó Fuentes. Por su parte, Feliú precisó que en estos casos “tratándose de asesorías a empresas mineras, y si el parlamentario pertenece a una comisión de Minería, naturalmente que habría conflicto de interés, y eso significa que debería abstenerse”.

    A raíz de estos antecedentes es que los consejeros enfatizan la importancia de que Insunza explique las asesorías que prestó.

    “En el tema del ministro los datos tienen que aclararse. Hoy existen dos patrones sobre la mesa: lo que es legal y lo que a la gente le parece que es razonable o no. Esa es una discusión que requiere explicaciones bien convincentes y bien claras”, manifiesta Rosanna Costa, integrante de la comisión y subdirectora de Libertad y Desarrollo.

    “Todas las situaciones que se presten a una interrogante de la opinión pública de que pueda haber conflicto de interés, todas estas cosas deben aclararse”, señala Feliú.

    Al respecto, Fuentes afirma que “el Gobierno requiere resolver todo lo que tenga que ver con su actividad como parlamentario y gestor de intereses. Eso está generando ruido, requiere una explicación rápida para avanzar en la reforma de probidad. Si se comprueba que las empresas se beneficiaron de su actuación, no sería conveniente que siguiera”.

    Repetto precisó que Bachelet “dijo que conducirá este proceso. Por cierto, eso incluye a los ministros del área política y espero que se aproveche bien la oportunidad que esta crisis de confianza ha abierto”.

    Vínculos familiares

    Otro de los antecedentes que se hicieron públicos fue que el ex diputado votó a favor de un aumento extraordinario de capital a Codelco mientras su hermana asesoraba a esa empresa.

    En términos generales, Repetto dice que “debiese haber mucho mayor rigor a la hora de inhabilitarse de votar en temas en los que tienen o han tenido conflicto de interés”.

    “Es habitual que sean socios de estudios de abogados o que participen en fundaciones. Debiesen congelar su participación en todas estas otras funciones mientras sean parlamentarios. Ello es importante para evitar conflictos de interés”. 

    ANDREA REPETTO
    ECONOMISTA

    “Tratándose de asesorías a empresas mineras, y si el parlamentario pertenece a una comisión de minería, naturalmente que habría conflicto de interés, y eso significa que debería abstenerse”.

    OLGA FELIÚ
    PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS

    “Requiere una explicación rápida para avanzar en la reforma de probidad. Si se comprueba que las empresas se beneficiaron a partir de su actuación, no sería conveniente que siguiera”. 

    CLAUDIO FUENTES
    CIENTISTA POLÍTICO

    “Hoy hay dos patrones que están sobre la mesa: lo que es legal y lo que a la gente le parece que es razonable o no y esa discusión requiere explicaciones bien convincentes y claras”.

    ROSANNA COSTA
    SUBDIRECTORA DE LIBERTAD Y DESARROLLO

    Ver nota en El Mercurio

  15. Ex miembro de comisión Engel: “El caso de Insunza plantea el dilema de eventuales conflictos de interés”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes afirma que la entidad asesora de la Presidenta propuso que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva a su labor. El documento se entregó al país antes del cambio de gabinete. Al propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia le corresponde tramitar la agenda de probidad inspirada en la comisión Engel.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y ex integrante de la “comisión Engel” sobre probidad y financiamiento político, analiza para “El Líbero”  la situación que afecta al ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Jorge Insunza, quien realizó millonarias asesorías a empresas mineras el año pasado mientras era diputado y miembro de la comisión de Minería.

    La autoridad subió a su sitio web siete de las decenas de informes semanales de tres páginas, que su empresa realizó y que compró por $2.000.000 Antofagasta Minerals. Además, entre 1997 y el año pasado tuvo contratos con 10 ministerios y empresas públicas y varias compañías privadas. Sólo a Codelco le facturó US$300 mil.

    -¿Cuál es su opinión sobre las asesorías que realizó el ministro Insunza?

    -Un principio general que creo es necesario debatir, es que como resultado del consejo asesor presidencial propusimos la necesidad de que los parlamentarios tuviesen dedicación exclusiva, que hoy no existe. Hoy sólo tienen inhabilidad de realizar contratos con el estado, pero pueden tener sociedades y contratos con el sector privado, participar en bufete, asesorar a empresas. Lo que sugerimos es que sea regulado para evitar conflictos de interés. Creo que el caso de Insunza y de otros parlamentarios plantea el dilema de eventuales conflictos de interés asociado a participación en estas empresas. Es fundamental regularlo y, a mi juicio, parece ser que no está todavía considerado en la agenda de probidad del Gobierno.

    -¿Qué significaría la exclusividad de los parlamentarios que propone la comisión Engel?

    -Que al momento de asumir deben desvincularse de todo tipo de sociedades, porque el sueldo que tienen es suficiente y se plantea el tema del conflicto de interés. Por lo tanto, lo del ministro Insunza parece estar dentro del marco legal. Ahora, dicho eso, es necesario regularlo. El segundo tema tiene que ver con eventuales conflictos de interés que hubiesen surgido entre el ser legislador, miembro de una comisión de Minería y estar dándole asesoría a una empresa minera. Ahí creo que se produce un conflicto de interés, que hoy en la legislación chilena no está regulado, todas las inhabilidades son voluntarias, y se plantea la necesidad de establecer una regulación para los conflictos de interés.

    -Entonces, ¿el hecho de que él fuera miembro de la comisión de Minería y asesor de una empresa minera, sería conflicto de interés?

    -Eventualmente sí. Hay que ver qué tipo de votaciones tuvo, analizar si hubo algún tipo de tema que afectaba a alguna minera en particular y donde él hubiera tenido una votación, pero eso habría que analizarlo, qué temas se debatieron, si se inhabilitó. No tengo esa información.

    -¿La restricción debería incluir a la familia directa?

    -Lo que propuso la comisión fue que la declaración de intereses y patrimonio se extendiese a familiares directos, cónyuges e hijos, para que fuese transparente saber si la señora de un parlamentario tiene algún vínculo con una empresa.

    -¿Cómo le afecta este caso al ministro que debe impulsar la agenda de probidad?

    -Creo que más que el rol que pueda cumplir en la agenda, que no dependerá toda de él, es importante en esta coyuntura que aclare lo más pronto posible qué tipo de comportamiento tuvo, si hubo conflicto de interés asociado a eventuales decisiones en la minería y que pudieron haber tenido relación con lo que se discutió en el Congreso. Más allá de transparencia total, parece que todo está dentro del marco legal. Lo que pasa es que una cosa es el marco legal y otra lo que hoy día la sociedad está esperando con un estándar muy superior.

    -En este caso, ¿el ministro cumpliría con ese estándar ético superior, más allá de que sea legal?

    -Si él muestra con transparencia que no hubo ningún conflicto de interés, que él puso en sus votaciones respecto de las empresas que asesoraba, creo que no habría problema. Sin embargo, es fundamental para este gobierno regular en forma estricta este tipo de conflicto.

    -¿Qué ruido político le puede generar al gobierno?

    -Evidentemente le está generando un ruido político porque se suponía que las nuevas autoridades iban a estar sin ningún tipo de problemas, y aparece esta situación que es inconveniente para un nuevo gabinete que se está instalando.

    -¿Falló el chequeo de información previa?

    -Creo que hay que ser cuidadoso. A lo mejor se chequearon los datos y se llegó a la conclusión de que no había conflicto de interés. A mi juicio creo que ese análisis de datos debió haber ocurrido, y tenemos que esperar la respuesta del gobierno para ver si efectivamente no hubo ningún tipo de vulneración al conflicto de interés.

    -¿Cómo sale el gobierno de esta crisis política?

    -Con mucha transparencia,  con una declaración muy firme respecto de su actuación como parlamentario, las votaciones que hizo  y de que no hubo un beneficio de una empresa particular, en este caso Antofagasta Minerals, respecto de su actuación como parlamentario. Eso tiene que quedar totalmente transparentado.

    – ¿Qué opina sobre las asesorías que hizo a Codelco?

    -Hay que ser muy cuidadoso, porque si no era parlamentario e hizo informes no debería ser cuestionado. Lo importante es que toda esa actividades que se hicieron sean transparentes.

    Ver entrevista en El Líbero

  16. Claudio Fuentes y el discurso presidencial: ”Lo que hace la presidenta es abrir el debate”

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Tras el discurso presidencial del 21 de mayo, algunos parlamentarios recalcan que la mandataria apunta a plebiscito. En una entrevista con         La Segunda, el académico de la UDP y miembro de la comisión Engel, Claudio Fuentes, pensó que con el discurso ayer de Bachelet ” habría una        re fundación, un nuevo momento, un segundo tiempo del gobierno, pero no fue eso. La arquitectura del discurso se centró más bien en mostrar que el gobierno está haciendo su pega y tiene que proyectarse en el futuro”. Respecto del tema constitucional, opina que ”Bachelet sabe que necesita un acuerdo político para cualquier salida en el tema de nueva constitución, porque requiere a la oposición y a toda la Nueva Mayoría ., así que lo único que esta haciendo es abrir el debate a partir de los diálogos ciudadanos y dejar que sean los actores políticos los que establezcan un acuerdo.             Ese es el mensaje: yo abro el tema, pero ustedes lleguen a un acuerdo político”

    ”Creo que hasta el momento, el gobierno no está por hacer una convocatoria a plebiscito para llamar a una asamblea constituyente., creo que el camino por el cual ella está optando , por lo menos por las señales enviadas, es un mecanismo de participación ciudadana, ratificación en el Congreso y después un plebiscito ratificatorio ciudadano.

    Ver entrevista en lasegunda.cl

  17. Limite a la reelección: un paso en la dirección correcta

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    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    La semana pasada, la comisión Engel presentó un total de 260 medidas para hacer frente a los casos de corrupción que se han conocido durante los últimos meses. Entre esas medidas llamó especialmente la atención la propuesta de poner fin a la reelección indefinida de autoridades colegiadas nacionales, autoridades ejecutivas regionales y locales, y autoridades colegiadas regionales y locales. La comisión específicamente propuso limitar la reelección de senadores a una vez (para completar un máximo de 16 años en el poder),la reelección de diputados a dos veces (12 años), la reelección de alcaldes a una vez (8 años), y la reelección de consejeros regionales y concejales a dos veces (12 años).

    La lógica parece ser que limitar la reelección limita la corrupción. Los miembros de la comisión parecen sugerir que a medida que aumenta la tasa de recambio de autoridades elegidas, disminuirá la corrupción. En términos teóricos tiene más sentido que una autoridad establecida sea corrupta a que una autoridad nueva sea corrupta.  Los veteranos conocen las reglas del juego y saben cómo operar al borde de la ley. Los debutantes suelen pasar por una luna de miel en que carecen de tales conocimientos.

    En términos concretos, es mucho más probable que un legisladorque lleva 24 años en el poder tenga nexos con la corrupción que un legislador que lleva cuatro años en el poder.

    El problema es que el sistema político naturalmente favorece a quienes se quieren perpetuar en el poder.  Para la comisión Engel este es el problema, pues un sistema que no se renueva inevitablemente optimiza las condiciones estructurales para que se pueda desarrollar una cultura de corrupción. La evidencia parece confirmar esa intuición. Resultados electorales entre 1989 y 2013 no sólo muestran que en promedio 82,3% de los diputados que buscan la reelección lo consigue, sino que la probabilidad de un titular de ser elegido es 3,2 veces mayor a la probabilidad de un desafiante de ser electo.

    Tal vez -por lo anterior- la propuesta parece ser atractiva para la gran mayoría de la gente, pues saben que los que tienen el poder no lo van a perder por defecto. Una idea que a su vez ha servido para incrementar la tensión. Muchos, afectados por la imagen negativa que proyecta la clase política, exigen que todos los involucrados renuncien voluntariamente. Otros, más molestos todavía, no discriminan entre inocentes y culpables, y piden elecciones anticipadas. En este clima, limitar la reelección surge como una salida óptima, tanto para la clase gobernada que busca limitar la corrupción de los políticos, como para la clase gobernante que busca recuperar la confianza de la gente.

    No tomar este paso sólo se entendería en un escenario en que las elites se renuevan de manera automática y de forma periódica. En un sistema donde hay un recambio natural, no sería necesario limitar la reelección, pues los votantes estarían optimizando el proceso desde las urnas premiando o castigando a los candidatos, sin importar el número de años que llevan en el poder. Pero cuando las elecciones no son competitivas y los titulares tienen enormes ventajas frente a los titulares, es mejor limitar la reelección. Es la única forma de eliminar los vicios que se arrastran del pasado. Es necesario, incluso, en situaciones como la de Chile, donde un nuevo sistema electoral está por entrar en vigencia.

    La propuesta de la comisión Engel no es original. Entre 1989 y 2015 ingresaron 36 proyectos con el mismo objetivo al Congreso. De ellos, cuatro apuntaron a limitar la reelección de presidentes, 21 apuntaron a limitar la reelección de senadores y diputados, 13 apuntaron a limitar la reelección de alcaldes y concejales, y tres apuntaron a limitar la reelección de consejeros regionales. Sobra decir, que ninguno de ellos llegó a buen puerto. De ese total, 24 siguen en trámite, 11 se han archivado, y uno fue rechazado. La razón es sencilla; no es un tema urgente para los legisladores. Legislar a favor de limitar la reelección es dispararse en los pies.

    A esta altura, los beneficios de limitar la reelección superan con creces los costos de mantener el sistema actual. Parece inevitable que limitar la reelección traerá consigo aires nuevos a un sistema político desprestigiado que ha perdido la confianza de la gente. El gobierno debe impulsar esta medida, enviando un mensaje al Congreso y trabajando activamente para reunir los votos para su promulgación. Por su parte, el Congreso deberá determinar si los límites sugeridos por la comisión Engel son los óptimos, o si hay que usar algún método alternativo para fijarlos. Esta medida por sí sola no borrará la corrupción de la política, pero sí es un paso en la dirección correcta.

    Ver Columna en La Tercera