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1. Nueva Constitución: el diablo está en los detalles

   Abril 5, 2017 11:10 am Leave a Comment

   Se trata, en el fondo, de un proyecto que le teme a la ciudadanía, que busca todo tipo de seguridades para que sean los congresistas quienes controlen el proceso; pese a todo, es muy probable que la derecha no se sume a esta iniciativa. Se trata de una propuesta que recibirá el rechazo de dicho sector –que quiere mantener el statu quo constitucional– y del progresismo –que busca un mecanismo que asegure la participación incidente de la ciudadanía–. Así como está redactado, este llavero no abrirá el candado, pues el control del proceso político sigue estando en unos pocos en relación con las mayorías.

   Como el diablo está en los detalles, requerimos analizar con detención las propuestas de cambio constitucional. Recordemos que en octubre de 2015 el Gobierno definió tres hitos políticos para el proceso constituyente: una etapa participativa, el envío al Congreso de un proyecto de reforma total a la Constitución, y de otro proyecto para cambiar el modo en que se reforma la Carta Magna (Capítulo XV). Esta última propuesta señalaba que por los 2/3 del Congreso (66,6%) se debían establecer 4 mecanismos para reemplazar la Constitución: Comisión Bicameral, convención constituyente mixta (parlamentaria-ciudadana), asamblea constituyente, o plebiscito para que la ciudadanía decidiera.

   Pero, además, proponía que al próximo Congreso le correspondería decidir el mecanismo por un cuórum de 3/5 (60%). Esta solución, que denominaremos 66,6/60, ya cuenta con el rechazo preliminar de algunos sectores de la derecha política, por cuanto reducía su capacidad de incidir en el resultado una vez que se eligiese el próximo Parlamento. Ninguna fuerza política querría aprobar una norma que la hiciera perder poder.

   El Gobierno acaba de enviar un proyecto al Congreso que difiere en algunos relevantes detalles de la idea original. ¿Qué dice? Primero, se pretende reformar el Capítulo XV sobre Reforma de la Constitución, para lo que deberá, ya de entrada, reunir las 2/3 partes del Parlamento (66,6%). De ser aprobada esa reforma, se facultaría al Congreso para que convoque a una Convención Constitucional con acuerdo de 2/3 del mismo (66,6%).

   La forma de integración de la Convención, el sistema de nombramiento y elección de sus integrantes requería de  3/5 de los votos del Congreso (60%). Además, sostiene la propuesta que las materias aprobadas por la Convención requerían el acuerdo de 3/5 o 2/3, dependiendo de los temas contenidos en los capítulos de la actual Constitución (60%/66,6%), lo que traslada toda la lógica binominal de la Carta Magna actual al órgano constituyente.

   Agrega la propuesta, que las materias no contempladas en la actual Constitución requerirán el voto de 2/3 partes (66,6%), estableciendo como cuórum de default justamente al más alto contemplado en la Carta Fundamental. Se trata entonces de una fórmula 66,6/66,6/60/60/66,6/66,6, que profundiza la desconfianza que la actual Carta Magna tiene hacia la soberanía popular.

   El texto finalmente aprobado sería sometido a plebiscito. La ciudadanía debería concurrir a votar el texto de modo obligatorio y se entendería como plebiscito ratificatorio (sí/no).

   Mientras el itinerario anunciado en 2015 considera dos momentos políticos (aprobación de la reforma por este Congreso y decisión de qué mecanismo utilizar por parte del próximo), la actual propuesta deja abierta la posibilidad de que sea el próximo el que defina el conjunto de las materias asociadas al Cambio Constitucional.

   La propuesta actual introduce elementos que buscan limitar o restringir a priori el trabajo de la Convención.

   No sería una Convención que definiría las reglas del juego interno sino que, muy por el contrario, se demarca desde ya el tipo de cuórum con el que deberá operar: 60% de votos de los integrantes para algunas materias de la Constitución, y 66,6% para un conjunto de materias críticas del ordenamiento institucional.

   Pero, además, la propuesta no resuelve una serie de temas que requerirían discusión. ¿Qué sucede si el Congreso Nacional archiva este proyecto y decide no discutirlo? No pasaría nada. Nuestra propuesta es habilitar al Ejecutivo para convocar a un Plebiscito si el Congreso no llega a un acuerdo o no discute la iniciativa en un plazo razonable.

   Asimismo, el proyecto se preocupa de definir la cancha de acción de los integrantes de esta Convención en términos del balance de poder (el cuórum de 3/5 o 2/3), pero no se pronuncia respecto a otros asuntos cruciales. Por ejemplo, se podrían indicar ciertos lineamientos básicos para dicha Convención, como paridad en la integración de ella, asientos reservados para representantes de pueblos indígenas, un adecuado balance de representación de la capital y las regiones, etc. Al proyecto le preocupa mucho el equilibrio de poder, pero olvida las cuestiones de la representación y, sobre todo, la de los grupos marginados.

   El proyecto presenta, entonces, un intrincado mecanismo para establecer esta “Convención”, acrecentando el férreo control que las minorías políticas han ejercido en el proceso político. Si bien alguna confianza inicial en el camino institucional anunciado podría haberse alojado en la posibilidad de recurrir a esta, a efectos de habilitar la agencia constituyente del pueblo (ejemplos sobre esto abundan), el actual proyecto elimina esa alternativa para, en cambio, conferirle pleno vigor al texto constitucional de 1980 –al punto de controlar todo lo que se avecina con su cuórum más elevado–.

   Se trata, en el fondo, de un proyecto que le teme a la ciudadanía, que busca todo tipo de seguridades para que sean los congresistas quienes controlen el proceso. Pese a todo, es muy probable que la derecha no se sume a esta iniciativa. Se trata de una propuesta que recibirá el rechazo de dicho sector —que quiere mantener el statu quo constitucional– y del progresismo –que busca un mecanismo que asegure la participación incidente de la ciudadanía–. Así como está redactado, este llavero no abrirá el candado, pues el control del proceso político sigue estando en unos pocos en relación con las mayorías.

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2. “Quienes están desde 1973 tienen una experiencia que no debe descartarse”

   Abril 4, 2017 5:09 pm Leave a Comment

   Cuando Zaldívar asume con 81 años la presidencia del Senado, la académica recuerda que Barros Luco gobernó hasta los 80 y Adenauer, hasta los 87.

   Hace un par de semanas, Andrés Zaldívar asumió por segunda vez la presidencia del Senado, esta vez a los 81 años, lo que lo convierte en el parlamentario más longevo en asumir el máximo cargo del Poder Legislativo desde la reinstalación del Congreso tras el régimen militar.

   Para la historiadora Ana María Stuven, directora del programa de historia de las ideas políticas de la UDP y del Instituto de Historia de la UC, la avanzada edad de nuestras autoridades políticas -hoy el ex Presidente Lagos con 79 años, hace campaña para volver a La Moneda -no es un factor gravitante para juzgar su desempeño.

    

   -¿Lo de Zaldívar es un patrón de nuestra historia política?

   -No me parece que sea un patrón que marque especialmente nuestra trayectoria republicana. El concepto de longevidad ha variado mucho a lo largo de la historia, por lo que una persona longeva hace cien años no es lo mismo que hoy, cuando la sobrevida promedio alcanza a los 81 años. Eso sería impensable incluso hace cincuenta años cuando esta no sobrepasaba los 50 años.

   -¿Hay jefes de Estado o líderes parlamentarios chilenos que hayan sido activos protagonistas de la vida pública hasta edades muy avanzadas?

   -Ha habido jefes de Estado que han gobernado siendo muy mayores, como es el caso de Joaquín Pérez, que fue presidente hasta los 70 años y luego presidente del senado a los 74. Si lo comparamos con la sobrevida de hoy, lo cual no me parece de ningún modo una medida, sería probablemente mayor que Andrés Zaldívar. Lo mismo Ramón Barros Luco, que gobernó hasta los 80 años. Eso sí que es muy anciano pensando en comienzos del siglo XXI.

   -¿ Y la familia Alessandri?

   -Es que a don Jorge le fue mal cuando quiso ser Presidente ya mayor. Y Arturo dejó de gobernar a los 70, aunque murió de 82. No creo.

   -En historia comparada, ¿qué elementos pueden destacarse en este aspecto, ya sea a nivel latinoamericano, Europa o EE.UU?

   – En el ámbito internacional hay muchos ejemplos. Konrad Adenauer dimitió a los 87 y ocupó un cargo que no sólo difícil sino también en momentos decisivos de la historia de Europa. Y también digno de hacerlo notar: el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, que marcó el tránsito más decisivo hacia una modernidad católica, nada menos que a los 78 años, y dirigió la iglesia hasta a los 82.

   -¿Qué factores inciden en esta suerte de gerontocracia política?

   -Me parece que la edad cronológica deja de ser una categoría relevante en el día de hoy. Menos aún para dirigir el Senado, especialmente si pensamos que desde su origen (senatus, en latín, viene de senex, que se traduce como anciano al castellano) reconoció la sabiduría y criterio que aporta la edad como necesarios para el gobierno de la República. Hay otros criterios más importantes para un dirigente político: el conocimiento, el liderazgo, la capacidad de articular redes y equipos, su consistencia ideológica, transparencia, honestidad, servicio público y muchas otras.

   -En tiempos recientes, ¿cuánto pudo haber influido el largo paréntesis de la dictadura en la ausencia de renovación de los liderazgos políticos?

   -Efectivamente creo que ese largo paréntesis en la posibilidad de la participación política dificultó el surgimiento de generaciones de recambio y petrificó un poco los nombres de quienes fueron figuras antes de 1973. Sin embargo, me parece que quienes se mantienen desde hace años en el servicio público tienen una experiencia que, si se mantienen vigentes y conscientes de los cambios que ha sufrido el país, no debe descartarse sólo por la edad.

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3. Democracia estudiantil: tomas, asambleas y ruptura

   Julio 5, 2016 4:59 pm Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Esta lógica que con más o menos matices se ha hecho presente en el movimiento estudiantil, se articula como una aparente solución a la crisis de representación que vive el sistema político. Como las instituciones ya no son representativas, entonces se debe retornar a la base.

   Las experiencias de las tomas en universidades públicas y privadas reflejan el rechazo de los estudiantes a procedimientos tradicionales para resolver conflictos. Este rechazo es radical. Se cuestiona no solo el sistema de representación formal del Congreso Nacional, sino que también los espacios de decisión universitaria, incluyendo muchas veces a los propios centros de estudiantes. Como se desconfía de que el “representante” efectivamente represente intereses propios, se retorna a las bases, bajo la ilusión de que estas bases representarán un sentido esencial del colectivo.

   Desde hace ya varios años hemos visto dos mecanismos procedimentales predominantes entre los estudiantes:

   El asambleísmo. La Asamblea de estudiantes se transforma en el espacio privilegiado y casi único para tomar decisiones. Se plantea que la verdadera forma de recoger el sentido del conjunto de la comunidad es en un espacio abierto. En la Asamblea se toman las decisiones relevantes. La discusión y deliberación iluminarán las mejores decisiones. Aquellas decisiones se realizan a mano alzada después de varias horas de debate y confrontación de planteamientos.

   Las vocerías. Una vez que la asamblea haya decidido, los y las voceras son canales de comunicación para resolver las demandas. No se trata de un representante que podría tomar decisiones autónomamente una vez que está negociando con las autoridades. Los voceros carecen del mandato para representar. Solo pueden transmitir lo que la Asamblea acordó. Cualquier tema que emerja de otros espacios, deberá volver a la Asamblea para ser discutido. Los voceros vuelven, las Asambleas debaten y deciden, y muchas veces nuevos voceros regresan a transmitir un mensaje a las autoridades.

   Esta lógica que con más o menos matices se ha hecho presente en el movimiento estudiantil, se articula como una aparente solución a la crisis de representación que vive el sistema político. Como las instituciones ya no son representativas, entonces se debe retornar a la base.

   Pero ¿resulta adecuado este camino como solución al viejo problema de la representación? Me temo que no y por varias razones.

   La primera, y más evidente, se refiere a las desigualdades que se provocan en una Asamblea. Por lo general, en ella adquieren una ventaja considerable los grupos organizados por sobre individuos que concurren con la mejor voluntad, pero que no tienen un apoyo de un colectivo. Digas lo que digas, las definiciones de los grupos organizados al interior de estos espacios tenderán a predominar.

   Además, como el desarrollo de habilidades de oratoria está mal distribuido en la sociedad, tenderán a dominar la conversación quienes poseen mayor información y adquirieron tempranamente esas habilidades. Sería iluso no pensar que las marcadas desigualdades presentes en nuestra sociedad no se reproducen en cada espacio de decisión social o política.

   Pero, asimismo, un proceso de estas características implica una fuerte inversión de tiempo y recursos –financieros, intelectuales, logísticos, etc.– que solo podrán enfrentar quienes cuentan con mayores recursos.

   El hecho de que las grandes decisiones sean sometidas a mano alzada plantea un segundo problema, que se asocia con el control social que se ejerce con ese procedimiento. La creación del voto secreto y en urna buscaba precisamente terminar con el control y hasta coerción que podría ejercerse cuando se conocía la preferencia de un individuo.

   El voto secreto en urna fue una revolución, por cuanto planteaba no un formalismo sino un ideal de igualdad ante la ley. El asambleísmo, al menospreciar el voto secreto en urna restablece mecanismos de control social respecto de las preferencias de los individuos, una regresión en términos de la igualdad frente a nuestros pares.

   Un tercer problema se asocia con el tema de la legitimidad. Las convocatorias a paros, que usualmente son votadas por mayorías significativas, se traducen posteriormente en tomas que son revalidadas con cuórum de participación cada semana más reducidos.

   Como la voz legítima es la asamblea y como concurren a ella el 10, 20 o 30% de los estudiantes, entonces una minoría termina decidiendo por sobre la mayoría. En casos extremos de falta de cuórum, las asambleas acomodan la interpretación a las normas que ellos mismos anteriormente definieron para regular sus procedimientos.

   Un cuarto problema involucra a los otros estamentos de la comunidad universitaria. Los estudiantes han levantado correctamente, a mi juicio, la preocupación por el acceso y calidad de la educación. La demanda incluye triestamentalidad y revisión del gobierno universitario, entre otros puntos. Sin embargo, dicha demanda en muchos casos no involucra un diálogo previo con los otros estamentos de la universidad.

   Más que involucrarse en un proactivo diálogo triestamental para avanzar en ello, se imponen condiciones ex-ante para la conversación. Como en muchas universidades las comunidades de profesores y funcionarios no están lo suficientemente organizadas, el resultado suele alienar más que estimular compromisos de cambio y transformación que beneficien al conjunto de la comunidad universitaria.

   Todavía más, las autoridades universitarias suelen establecer “normas” para regular los momentos de paro. No se toma asistencia, no se realizan evaluaciones, etc. ¿El resultado? Lo que es un mecanismo de fuerza se “naturaliza” al interior de las universidades, es decir, se despolitiza. Los estudiantes salen a protestar como un acto casi de “recreo académico”. Las instituciones se adaptan a las protestas, despolitizando estos actos que teóricamente son de disrupción.

   De esta forma, la democracia estudiantil, en su ilusión por democratizar y transformar la sociedad, termina ahuyentando a potenciales aliados, erosionando una ya fragmentada sociabilidad e incrementando las desigualdades. El ciclo de los paros y tomas suele fragmentar a los estudiantes, dividir a profesores y estudiantes, y afectar sensiblemente a quienes presentan mayores vulnerabilidades socioeconómicas. La toma o el paro dejan de cumplir su rol disruptivo al transformarse en un ritual, en una rutina institucionalizada.

   Pero ¿existen soluciones para este dilema de representación y acción política?

   Un camino es el agotamiento y la alienación al incrementarse los costos de las protestas y reducirse los beneficios de una esperada reforma que tardará en llegar. La apatía producto del cansancio podría ser un camino que muchos estudiantes podrían buscar.

   Otro camino es la modificación de las prácticas democráticas y la toma de conciencia de las desigualdades que genera.

   Una tercera se refiere a la búsqueda de una nueva forma de dialogar al interior de los recintos universitarios, donde profesores, estudiantes y funcionarios pensemos nuevas formas de vinculación.

   La pregunta no es solo sobre la violencia en las marchas o el renovado repertorio para las manifestaciones. Lo que debiésemos discutir también es la forma en que normas y prácticas de representación están evolucionando en nuestras propias instituciones universitarias. Y me temo que la evolución reciente contribuye a reproducir más que reducir las desigualdades.

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4. Constituyente: Chile Vamos en estado de confusión

   Mayo 24, 2016 4:43 pm Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   ¿Requiere el país una reforma profunda? ¿Debe ser el Congreso el único agente de este cambio? ¿Sobre la base de qué proyectos ideológicos debe plantearse este debate? De parte de la derecha, la respuesta a estas tres simples preguntas refleja un estado de confusión.

   Primera confusión. A mediados de 2014, los principales representantes de Chile Vamos sostenían que no se requería cambiar la Constitución. El senador Hernán Larraín, por ejemplo, indicaba que lo que Chile necesitaba eran cambios imperativos en el ámbito de la educación, salud y previsión, agregando que “podemos cambiar el marco constitucional pero vamos a seguir igual, si es que no hay cambios nuestros, de nuestro compromiso con el servicio público, con el bien común, por sobre nuestros intereses partidistas” (10/10/2014). Hace pocos días, el mismo senador insistía en que “en lugar de estar preocupados del grave problema económico, el desempleo, el aumento de la delincuencia, la poca atención de salud pública, el gobierno está preocupado de realizar un proceso constituyente” (22/05/2016).

   Sin embargo, hace muy pocas semanas la coalición de oposición realizó una propuesta sustantiva señalando que “creemos necesario hacer una propuesta de contenidos concreta para que ella sirva de punto de inicio al debate ciudadano y parlamentario sobre una profunda reforma constitucional”. Así, Chile Vamos se mueve entre una argumentación de rechazo hasta plantear propuestas de reformas “profundas”. Y, en efecto, algunas de las propuestas implican revisar aspectos muy sustantivos de las relaciones de poder en la sociedad, incluyendo nada más y nada menos que un cambio del régimen de gobierno, el reconocimiento de Chile como un Estado multicultural, o la noción de un Estado solidario (aunque subsidiario).

   Entonces, se organiza todo un discurso de los beneficios que ha tenido el actual marco jurídico constitucional, y a continuación se invita a cambios profundos del texto. ¿Para qué, entonces, realizar cambios tan significativos si el marco constitucional nos ha dado tanta estabilidad, crecimiento y prosperidad? Sin duda este argumento es a todas luces contradictorio.

   Segunda confusión. Chile Vamos ha defendido el marco constitucional actual para realizar transformaciones a la Constitución, esto es, que el Congreso discuta una propuesta de reformas a la Carta Magna. Señalan en la propuesta de reformas profundas a la Constitución que “la forma de modificar la Constitución es como se hace en las democracias representativas, esto es, a través de las instituciones vigentes y sobre la base de contenidos constitucionales”. Una vez que se apruebe en el Congreso, esta iniciativa debe ser sometida al conjunto de la ciudadanía en un plebiscito nacional.

   Sin embargo, el mismo texto sugiere que la propuesta de reforma a tramitarse en el Congreso Nacional debiese estar “precedida y acompañada de una participación ciudadana amplia, objetiva y plural a lo largo del país”.

   ¿Cómo compatibilizar entonces la legitimidad que se le otorga al Congreso Nacional para discutir una Constitución y esta propuesta de que la ciudadanía –antes de la discusión del Congreso– participe de su discusión? ¿Cómo se materializa dicha participación? ¿Quiénes participarían de ese mecanismo? ¿Sería una consulta no vinculante a la ciudadanía? ¿Cómo se garantizaría la objetividad ciudadana? ¿Qué borrador de texto se discutiría? ¿Quién o quienes escribirían ese borrador? ¿Cómo se materializaría la participación ciudadana durante la tramitación legislativa tal como se propone?

   La propuesta que se dispone a socializar Chile Vamos contiene una fuerte carga ideológica que se expresa en la definición de ciertos derechos, el énfasis en la iniciativa privada, la minimización del Estado, el reforzamiento de la propiedad privada, la atenuación del poder Ejecutivo, etc., etc. Lo que critica Chile Vamos de la Nueva Mayoría es lo que se dispone precisamente a realizar: socializar una ideología.

   Aunque Chile Vamos defiende el rol del Congreso como un mecanismo único y exclusivo para discutir la Constitución, inmediatamente se abren a una propuesta de involucrar a la ciudadanía a través de mecanismos no especificados y que siembran las mismas dudas que la coalición de oposición hoy plantea sobre el proceso constituyente iniciado por el gobierno.

   Al final del día, Chile Vamos sabe que en el contexto actual sería impensable “cocinar” una propuesta de espaldas de la ciudadanía y, como está internamente dividida respecto del valor de la participación, terminó sugiriendo una solución confusa y contradictoria con sus propios argumentos. Así, establecerán un mecanismo de discusión de las 80 propuestas con sus seguidores a fin de permitir espacios de participación en un tímido intento de darle legitimidad. Terminan usando un mecanismo no vinculante de diálogo social en el que ni siquiera ellos creen.

   Tercera confusión. Sostienen y acusan al gobierno de intentar imponer una determinada ideología en el proceso constituyente.

   Lo anterior resulta sin duda sorprendente por cuanto la propuesta metodológica del gobierno –nos guste o no– carece hasta el momento de un intento de ideologización. En la propuesta de Encuentros y Cabildos se sugiere que la ciudadanía pueda establecer o priorizar de una lista de principios, deberes, derechos e instituciones. Nada más. Aquellas listas fueron cuidadosamente definidas desde la Segpres para que no se prestaran a malinterpretaciones. Todavía más, pienso que las listas sugeridas son más “conservadoras” que “progresistas”. Así, el proceso constituyente en la fase de participación ciudadana no vinculante es un simple levantamiento de prioridades definidas por los participantes a partir de una lista de “supermercado” sugerida para contestar.

   En cambio, la propuesta que se dispone a socializar Chile Vamos contiene una fuerte carga ideológica que se expresa en la definición de ciertos derechos, el énfasis en la iniciativa privada, la minimización del Estado, el reforzamiento de la propiedad privada, la atenuación del poder Ejecutivo, etc., etc. Lo que critica Chile Vamos de la Nueva Mayoría es lo que se dispone precisamente a realizar: socializar una ideología.

   No resulta problemático este último asunto. De hecho, parece positivo y hasta saludable que la sociedad discuta y converse respecto de proyectos ideológicos. Lo problemático es que Chile Vamos acuse de ideologismo a un sector, cuando está embarcado en promover precisamente lo que dice que no hay que hacer.

   ¿Requiere el país una reforma profunda? ¿Debe ser el Congreso el único agente de este cambio? ¿Sobre la base de qué proyectos ideológicos debe plantearse este debate? De parte de la derecha, la respuesta a estas tres simples preguntas refleja un estado de confusión.

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5. Nuevos partidos: el acuerdo que todos firmaron pero que nadie quiere

   Julio 2, 2015 10:30 am Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Por una extraña circunstancia que casi pasó inadvertida, el Congreso aprobó una ley que permite la formación de partidos políticos con un muy bajo número de firmas. Puede llegarse a la paradójica situación de tener un partido constituido en algunas regiones del país con menos de 100 firmas. En los pasillos del Congreso Nacional se discute por estos días elevar los requisitos para formar partidos, lo que dado este escenario permitiría la proliferación de pequeñas tiendas políticas. ¿Cómo aconteció esto?

   La historia parte así. Con ocasión de la reforma al sistema electoral, el ex ministro Peñailillo encabezó una astuta pero riesgosa movida de conseguir votos de independientes de izquierda y de derecha, prometiendo que junto con cambiar el sistema electoral se facilitaría su acceso al poder. Puestos en la encrucijada de cambiar el sistema electoral vs. alterar algunos procedimientos sobre formación de partidos, la gran mayoría de los congresistas se inclinó de mala gana por la primera opción.

   Entonces, junto con sepultar el binominal, ahora los partidos enfrentan el temible fantasma de la fragmentación. Expliquemos brevemente el problema. Hasta el año 2014 se podía formar un partido político cuando lograba las firmas ante notario o de un oficial de registro civil equivalentes al 0,5% de la votación en cada una de 3 regiones contiguas o de 8 regiones no contiguas. A modo de ejemplo, si en el extremo sur del país querían formar uno, requerirían poco más de 2 mil firmas en las regiones de Puerto Montt, Aysén y Magallanes. En tanto, se procedería a disolver el partido si esta agrupación no alcanzaba un 5% de los votos en cada una de las regiones donde estaba inscrita en las elecciones de diputados, o bien si disminuyese en un 50% sus afiliados. Siguiendo con nuestro ejemplo, para sobrevivir, nuestro partido del extremo sur requeriría de poco más de 19 mil votos distribuidos en al menos un 5% en cada una de las regiones señaladas.

   Lo anterior establece un umbral exigente, aunque bastante común, de sobrevivencia. En términos comparados, los sistemas políticos generan este tipo de límites para evitar la proliferación excesiva de tiendas políticas. Un sistema con infinidad de partidos genera fragmentación, provoca clientelismo y conflictos de gobernabilidad. Si un Gobierno tiene muchos partidos dentro de su coalición, el costo de mantenerla suele asociarse con transacciones basadas en transferencia de recursos a las comunidades y entrega de cuotas de poder para estas pequeñas agrupaciones. Es esta la principal razón que justifica crear umbrales exigentes.

   Como el Gobierno necesitaba votos para terminar con el binominal, entonces aceptó reducir los umbrales para crear partidos. Lo que se acordó en el Congreso Nacional fue permitir la formación de nuevos partidos considerando un número de firmas equivalente al 0,25% de votación en una sola región. Para disolver las tiendas, se redujo también el umbral de votos obtenidos en diputados a 2,5% en la región donde está inscrito el partido, o perder la mitad de sus militantes. Continuando con nuestro ejemplo del extremo sur, ahora un partido necesitaría ya no las 2 mil firmas en tres regiones, sino que tan solo 94 firmas si es que, por ejemplo, decide crearse en la Región de Aysén, o poco menos de 200 firmas en Magallanes. La disolución procedería si obtuviese menos de 943 votos en Aysén o menos de 1.500 votos en Magallanes. Se hizo extremadamente poco exigente su formación y se hacía más sencilla su sobrevivencia.

   La mayoría de las fuerzas políticas hoy rasgan vestiduras sobre la norma aprobada. Incluso, el Gobierno prepara una modificación a estos umbrales, toda vez que se reconoce la ridiculez de los límites establecidos. El precio de la eliminación del binominal fue abrir la cancha para la proliferación de minúsculas agrupaciones que podrían surgir en cada región.

   Nos encontramos hoy (nuevamente) enfrentados a una situación del todo incómoda para el fortalecimiento de buenas prácticas democráticas. Por una parte, un buen número de bienintencionadas agrupaciones comenzó el proceso de inscripción de nuevos partidos, dado este cambio en la ley.  Por otra parte, los congresistas debaten la inconveniencia de esta excesiva rebaja de umbrales y se aprestan a elevarlo para evitar la fragmentación. Pero además, en los próximos meses, se discutirá en el Congreso entregar financiamiento público a los partidos políticos, lo que ocasionará un nuevo dilema político: ¿recibirán recursos los nuevos partidos sin representación parlamentaria? ¿Qué sucederá con las tiendas políticas recién creadas si se vuelve a elevar el umbral?

   Para salir de este entuerto se requiere equilibrar los principios de gobernabilidad y competencia equitativa. Debemos evitar un sistema excesivamente fragmentado, pues afectaría la gobernabilidad, pero al mismo tiempo debemos estimular la emergencia de nuevas fuerzas políticas que den aire fresco al sistema político. ¿Se puede lograr aquello?

   No cabe duda que los umbrales aprobados recientemente para la formación de partidos son excesivamente bajos. Se deben elevar dichos umbrales incrementando el porcentaje de firmas requerido para la formación de tiendas políticas (podría ser a un 0,5% en dos regiones contiguas), como también respecto de la disolución (volviendo al 5% de votación obtenida en diputados). Pero, al mismo tiempo, para evitar que el esfuerzo de recolectar firmas se pierda después de una sola elección, podría permitirse a estas nuevas fuerzas políticas poder competir en dos elecciones sucesivas y evaluar su disolución después de la segunda competencia. Esto les daría un mayor tiempo para consolidarse en los territorios que aspiran a representar.

   También el Estado podría crear incentivos para financiar, no en forma permanente a estas nuevas colectividades (que están en formación), pero sí tal vez a partir de subsidios a la realización de actividades orientadas a la comunidad. De esta forma, tanto los partidos ya establecidos como las fuerzas emergentes podrían contar con cierto apoyo para fortalecer su vínculo con los territorios.

   Ya en varias ocasiones nos hemos topado con reformas políticas aprobadas que inmediatamente generan desazón entre parlamentarios. Hace poco descubrimos que la ley de financiamiento electoral era pésima, que el voto voluntario fue una terrible idea y, ahora, que la rebaja de los umbrales para crear partidos estimulará la fragmentación. Es hora de armonizar las reglas políticas de modo de promover un sistema de razonables medidas que incentiven la competencia pero que, al mismo tiempo, nos brinden estabilidad.

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6. Bienvenidos al proceso constituyente

   Mayo 26, 2015 11:30 am Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Ya los actores están moviendo piezas, definiendo contenidos y elaborando estrategias. El proceso constituyente ya comenzó.

   No sabemos si fue por accidente o a propósito, pero los anuncios de la Presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente de hecho ya provocaron su partida. Los actores rápidamente han tomado posiciones y se alistan argumentos, estrategias y alternativas de cara a lo que será una de las luchas políticas más encomiables que recuerde la historia política republicana.

   La Presidenta ha realizado tres movimientos: dijo que se requiere una nueva constitución; dijo que en septiembre se iniciaría el proceso constituyente participativo; y dijo que se requería un acuerdo político amplio. Estos gestos parecen tímidos, notoriamente insuficientes para quienes hemos defendido la idea de una asamblea constituyente. Sin embargo, estos tres pasos son cruciales en un contexto donde no existe un acuerdo intra-coalición sobre el camino que debe recorrerse y donde las vías institucionales son limitadas. Bachelet no ha hecho otra cosa que generar condiciones para abrir y resolver el problema constitucional.

   Partamos por señalar que la élite está dividida en este asunto. Un primer grupo plantea que lisa y llanamente no se requiere una nueva Constitución (UDI). Un segundo segmento quiere resolver el tema siempre y cuando sea en el Congreso Nacional donde se escriba el nuevo texto (aquí ubicamos a parte de RN, parte de la DC y hasta parte del PS). Finalmente, el tercer segmento de los asambleistas plantea la idea de convocar a un plebiscito y que sea la ciudadanía la que dirima el camino que se tomará (algunos liberales, algunos DC, el PRSD, el PC, algunos PS, otros PPD, y otros movimientos de izquierda).

   La división recorre a Palacio. Tomemos a modo de ejemplo algunas declaraciones. Jorge Burgos (DC) sostuvo que “tendremos oportunidad de debatir para crear condiciones de participación y que después la propuesta sea conocida por el Congreso Nacional”. Esta noción es defendida por el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga (PS), quien lideró la redacción del programa en el tema constitucional, y que consideró que la opción estratégica más viable era una reforma total en el Congreso Nacional. En contraste, los ministros Díaz e Insunza han señalado que el debate está abierto y no han querido ni descartar ni confirmar una u otra vía. “La Presidenta resolverá”, dicen.

   En este contexto, si hoy Bachelet patrocinara el proyecto de ley permitiendo la convocatoria a plebiscito, probablemente no obtendría los votos y dividiría a la coalición. Ella seguramente lo sabe, por lo que optó por el camino largo: iniciar el proceso de debate constituyente de modo de forzar a los actores a tomar posiciones, a generar debates, a levantar propuestas.

   Ahora bien, la crisis de legitimidad ha contribuido a aglutinar a las fuerzas pro-constituyente. Si el año pasado no más de 30 legisladores se la jugaban por la asamblea constituyente, hoy alcanza a cerca de 70. Los escándalos de corrupción de hecho favorecen un cuestionamiento cada vez más profundo sobre el arreglo constitucional, y de ahí que no parece tan disparatada la opción de ganar tiempo y observar cómo se van delineando las alternativas. Porque el proceso constituyente no es otra cosa que generar las condiciones políticas y sociales necesarias para establecer un nuevo pacto constitucional.

   Advertíamos que el proceso se había iniciado. ¿Qué indicadores tenemos? Primero, desde la sociedad civil se han venido articulando desde hace varios años diversas iniciativas pro asamblea constituyente que han presionado al sistema político cada vez con más fuerza. Segundo, se estructuró una “bancada AC” en el Congreso que ha venido ganando más adeptos(as). Tercero, la intelectualidad constitucionalista se ha reunido a debatir el tema y ya no como un asunto teórico, sino que abordando temáticas muy específicas. El CEP organizó un grupo de discusión constitucional que se encuentra en un esfuerzo de acumulación de conocimiento y de recomendaciones de contenido. El ex presidente Lagos impulsó una iniciativa similar reuniendo a un variopinto grupo de abogados constitucionalistas. Renovación Nacional reactivó un grupo de estudios constitucionales encabezado por el senador Alberto Espina.

   Lo interesante, entonces, es que mientras la Presidenta envía señales al mundo político para generar una nueva Constitución, las reacciones de algunos partidos es pedirle a ella que tome una decisión —que los conduzca por una senda que nadie sabe muy bien cómo hay que recorrerla—. Salvo aquellos legisladores que ya optaron por el camino del plebiscito, el resto de las dirigencias no asumen el desafío de realizar propuestas, de demarcar sus posturas, de atreverse a señalar qué es lo que quieren.

   Y en realidad, no existe mucha incertidumbre dado que las rutas están más o menos delineadas: la primera implica un proceso de consulta ciudadana seguido de un acuerdo político de una reforma total a la Constitución en el Congreso Nacional y un eventual plebiscito ratificatorio. La segunda implica aprobar el mecanismo de plebiscito y consultarle a la ciudadanía qué opción desea escoger (AC, Comisión de expertos, comisión bicameral, o nada).

   Unos quieren ser ellos los que definen las reglas, mientras otros optan por un mecanismo vinculante con la ciudadanía. Cualquier fórmula requiere de un importante grupo de actores políticos y sociales dispuestos a jugársela por una u otra. El asunto es que ya los actores están moviendo piezas, definiendo contenidos y elaborando estrategias. El proceso constituyente ya comenzó y quien no lo entienda así, se quedará en el camino.