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1. Resultados de la Encuesta “Radiografía al Congreso: ¿Hay agua en la piscina para reformas políticas?”

   Enero 7, 2019 9:44 am Leave a Comment

   El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara a integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Presentamos aquí el capítulo sobre reformas político-institucionales.  La encuesta se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018 y tuvo una tasa de respuesta del 92,4% del total de congresistas. Proyecto FONDECYT coordinado por el profesor Claudio Fuentes S. de la Escuela de Ciencia Política. El trabajo de campo lo realizó la empresa Subjetiva.

   En esta oportunidad presentamos aquellos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.

   El estudio consideró la opinión de los congresistas sobre los siguientes ámbitos institucionales:

   • Modificación del período presidencial
   • Límite a reelección de congresistas
   • Voto voluntario/Obligatorio
   • Tribunal Constitucional—su naturaleza y atribuciones
   • Congreso Uni/bicameral
   • Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario
   • Reforma vs. Nueva Constitución

   Alto consenso en cambiar período presidencial y limitar reelección de congresistas

   Se verifica un alto consenso político transversal para modificar el período presidencial (91,3% de acuerdo) y limitar la reelección de los y las congresistas (75,4% de acuerdo). No obstante, la fórmula específica de cambio es la que suscita divisiones que no se asocian necesariamente a posiciones ideológicas.

   En el caso del cambio del período presidencial, el 48,6% se muestra inclinado por una fórmula de 4 años con 1 reelección inmediata, y un 34,4% lo hace por los 6 años sin reelección. Los diputados se inclinan con mayor intensidad que los senadores por la primera opción. A nivel de partidos, vemos que la opción de “4 años + 1 reelección inmediata” suscita el apoyo mayoritario de la UDI y RN en la derecha, y del PS, PC y RD en la izquierda.

   En cuanto a la limitación de la reelección de congresistas, el 75,4% favorece aquella opción. Para la reelección de diputados, un 44,8% de los legisladores prefiere 2 reelecciones (12 años en el cargo), mientras que un 42,6% se inclina por 1 reelección para senadores (16 años en el cargo).   Los diputados tienen a favorecer la opción de las 2 reelecciones de los propios integrantes de la cámara baja un poco más intensamente que el promedio (46,6%), mientras los senadores tienden a favorecer el límite de 1 reelección en su propio cargo un poco menos que el promedio (40,5%).

   Mayoría favorece el voto obligatorio.        

   Uno de los resultados más llamativos es la opinión mayoritaria (66,7%) favorable a que la asistencia a votar sea obligatoria. En la Cámara Baja esta opinión es más intensa que en la Cámara Alta (67,8% vs. 62,2% respectivamente).  En los partidos de la ex Nueva Mayoría esta opinión es muy mayoritaria (80%), mientras que en el Frente Amplio alcanza al 65% y en Chile Vamos al 50%.

   A nivel de partidos, quienes más favorecen el voto obligatorio son el PRSD, RD, DC, PS y PC. Quienes se muestran más inclinados por el voto voluntario son la UDI, representantes del Frente Amplio que no son de RD, y Evópoli.

   Además de la variable ideológica, encontramos que son las mujeres congresistas quienes tienen una inclinación más favorable al voto obligatorio que los hombres. Otra variable relevante es el tipo de colegio donde estudiaron: quienes estudiaron en colegios particulares subvencionados tienden a ser menos favorables al voto voluntario en relación a los congresistas provenientes de colegios municipales y particulares pagados. La macrozona de procedencia y la edad no son variables que discriminen a favor o en contra del voto obligatorio.

   Mayoría apoya mantener el Tribunal Constitucional, aunque existe fuerte división respecto de su reforma.

   Solo un 20,2% de los legisladores apoya la idea de eliminar el Tribunal Constitucional. Por su parte, el 38,8% apoya la idea de mantener el TC tal como está o bien ampliando sus facultades. Por su parte, el 39,9% apoya la idea de mantenerlo pero reduciendo sus facultades. Esta última opción que es la mayoritaria, genera una fuerte división entre diputados y senadores, dado que los primeros apoyan su reducción de atribuciones en un 43,2%, mientras en el Senado esta opción es de solo un 27%.

   Lo interesante aquí es que la oposición se divide respecto del destino del TC. La mayoría en el PS y PPD es partidario de eliminarlo, mientras en la DC, PRSD y Frente Amplio prefieren reducir sus atribuciones. La mayoría de los legisladores de derecha apoya la idea de mantenerlo. Curiosamente un 30% de los legisladores de la UDI sería partidario de reducir sus atribuciones, no así los legisladores de RN que solo en un 12,8% favorecen dicha opción.

   ¿Presidencialismo vs. semi-presidencialismo?: No existe consenso sobre régimen de gobierno.

   El régimen de gobierno es otro de los temas que divide a los y las congresistas. El 25,7% apoya la idea de mantener el sistema presidencial actual, mientras el 30% apoya la idea de un sistema presidencial atenuado. Un 35% favorece un sistema de carácter semi-presidencial. Solo un 6,6% apoya avanzar hacia un sistema parlamentario.

   El factor ideológico aquí es crucial. Los partidos de derecha apoyan mayoritariamente un sistema presidencial como el actual o atenuado, siendo la UDI el más presidencialista (91%). Por su parte, los partidos de la ex nueva mayoría son los más partidarios de un sistema semi-presidencial, siendo el PRSD (83,3%) y el PPD (76,9%) los más partidarios de este modelo. El PC, RD y otros miembros de Frente Amplio se muestran divididos respecto de un esquema específico de régimen de gobierno.

   Constitución: Legisladores divididos sobre reforma o nueva Constitución

   Muy pocos legisladores se muestran favorables a mantener la Constitución tal cual está (3,3%). Un 47% de los y las congresistas considera que se deben realizar algunas reformas parciales a ella; mientras un 49,7% considera que se debe establecer una nueva Constitución. Sobre esta última alternativa, mientras los Diputados la apoyan en un 51,4%, en el Senado la idea de establecer una Nueva Constitución alcanza un 43,2%.

   De nuevo aquí observamos una división ideológica clara. Los partidos de Chile-Vamos mayoritariamente (sobre 71%) son partidarios de realizar reformas parciales, mientras en la oposición, sobre el 90% de los legisladores de izquierda favorecen la idea de una nueva Constitución. Los partidos del PDC y PRSD están más divididos internamente sobre la materia.

   Un 48,1% apoya la idea de realizar cambios a la Constitución dentro del Congreso, ya sea a través de los mecanismos establecidos en ella (37,7%) o por la vía de una Comisión Bicameral (10,4%). Por su parte, un 47,5%

   Ficha técnica Encuesta cara a cara a diputados(as) y senadores(as) del Congreso Nacional. Aplicación entre mayo y agosto de 2018. Tasa de respuesta del 92,4% (183 congresistas).  Encuesta realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1170025. Investigador responsable: Claudio Fuentes S. Trabajo de campo realizado por la consultora Subjetiva.

   Descargar resultados aquí

2. Las claves para formar el gabinete de Piñera y para enfrentar un Congreso adverso

   Diciembre 26, 2017 11:33 am Leave a Comment

   

   Analistas debaten sobre el escenario que tendrá que afrontar el Presidente electo, Sebastián Piñera, desde el 11 de marzo.

   Sebastián Piñera terminó su intensa semana este domingo con un saludo navideño en el que promete un buen 2018, año en el que volverá por segunda vez a ocupar el sillón presidencial.

   Una de las principales incógnitas hoy es quiénes formarán su gabinte y cómo perfilarán a quien podría su sucesor, como destacó el académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes.

   “Es bastantes esperable todo un debate sobrequien será el presidenciable para el año 2021, por lo tanto, el posicionamiento de Ossandón, José Antonio Kast y Felipe Kast, será muy relevante en el próximo tiempo para la coalición”, planteó Fuentes.

   Otro tema en el que deberá poner ojo el Presidente electo será el Congreso donde no cuenta con mayoría.

   El profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, señaló que el futuro Mandatario deberá ejecutar su “experiencia”.

   “Yo creo que el Presidente Piñera tiene experiencia ya en su primer mandato en vincularse con un Congreso donde no tenía mayoría. Él tenía una alianza con el PRIen la Cámara Baja y en el Senado tenía una clara minoría”, señaló Müller.

   El académico enfatizó en que esa experiencia podría llevar a Piñera a no tener miedo“de abrir diálogo con el Frente Amplio, con lo que queda de Fuerza de Mayoría o la Democracia Cristiana. No creo que solo necesite a uno, muchos de sus proyectos de ley van a requerir la voluntad de mucha fuerza“.

   Recordar que el próximo 11 de marzo, Sebastián Piñera recibirá la banda presidencial y se convertirá en el octavo jefe de Estado en asumir un segundo mandato.

   Leer en Radio Cooperativa

3. El sueño imposible de Piñera: Conseguir mayoría en la Cámara

   Julio 24, 2017 3:48 pm Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   El ex Presidente pidió una lista única a Chile Vamos para enfrentar a la centroizquierda, que irá dividida en al menos cuatro listas al Congreso. Eso permite subir su apuesta para lograr el control de la Cámara. En el Senado no se puede, pues sólo se renueva la mitad de los escaños.
   Pepe Auth: “Ninguna posibilidad”

   Aunque advierte que dependerá de los elencos y cómo se arman las listas, el diputado y experto electoral opina que Chile Vamos “no tiene ninguna posibilidad de obtener mayoría en la Cámara ni en el Senado, porque el sistema proporcional no lo permitirá. A lo más que podría aspirar es a sacar 1 o 2 diputados más que la Nueva Mayoría, pero eso no le va a significar tener la mitad más uno ni el control del Parlamento. Tampoco en el Senado, porque sólo se elige la mitad”. Auth proyecta unos 65 diputados piñeristas, 75 de la Nueva Mayoría y otros 15 no alineados con ninguno de los dos bloques tradicionales.

   Jorge Ramírez: “No del todo improbable”

   “Si Chile Vamos va en una sola lista y la Nueva Mayoría fracciona su representación en dos, podría pensarse como posibilidad obtener el 50% + 1 de la Cámara, no es un escenario del todo improbable”, dice el analista de LyD. Señala que importa la configuración de fuerzas oficialistas. Agrega que “depende con quiénes se establezca la segunda lista” de la NM, que incluye hoy solo a la DC.

   Claudio Fuentes: “Va a depender de varios factores”

   “Mientras más listas lleve y menos coordinación exista, eso ayuda a Chile Vamos. Va a depender de varios factores: la cantidad de listas que lleve la centroizquierda”, dice el analista y académico de la U. Diego Portales. “También de las fortalezas de las candidaturas presidenciales”, agrega. “Como es probable que la Nueva Mayoría llegue a dos listas —contemplando que Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez marcan cerca de 20% y 12% respectivamente— es muy poco probable que Piñera en la parlamentaria logre más del 50%”. Fuentes cree que, al final, habrá coordinación en la centroizquierda.

   Tomas Duval: “Es posible en la Cámara”

   El analista electoral de RN, Tomás Duval, comenta que “es posible lograr la mayoría en la Cámara de Diputados”. “Más difícil es en el Senado por su composición, porque no se renueva totalmente. Pero es posible la mayoría. Eso se logra con una lista única parlamentaria”, dice. Duval agrega que “las divisiones en las otras listas (de izquierda) también podrían ayudar. Si la Nueva Mayoría va dividida en dos, las posibilidades de obtener la mayoría aumentan”.

   Ver en La Segunda

4. Altos patrimonios de parlamentarios: ¿Cómo mejorar la imagen del Congreso?

   Abril 5, 2017 5:38 pm Leave a Comment

   Reducción de la dieta o la exclusividad del cargo son algunas de las medidas que proponen los expertos. Hoy, el Poder Legislativo chileno cuenta con 9% de aprobación según encuestas.

   La declaración de patrimonio de los 158 parlamentarios que conforman el Congreso, en el marco de la Ley de Probidad vigente desde septiembre del año pasado, ha generado dudas y críticas en la ciudadanía debido a los altos montos que ostentan varios de los diputados y senadores.

   Los informes revelaron que entre todos ellos suman un monto cercano a los $60 mil millones y un total de 317 vehículos. Destacan ocho diputados y cuatro senadores que poseen un patrimonio superior al millón de dólares.

   Lo anterior se suma a otras críticas, como el alto sueldo que reciben los parlamentarios, o el financiamiento de sus campañas políticas. De hecho, según la última encuesta Adimark, el Poder Legislativo chileno obtuvo sólo un 9% de aprobación.

   ¿Se puede mejorar la imagen del Congreso?

   Para el académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, hay dos formas en la que el Congreso chileno puede revertir esta negativa opinión pública.

   “Debiese legislarse reduciendo la dieta parlamentaria (…) y regular la exclusividad del cargo de los parlamentarios” Claudio Fuentes “Por un lado debiese legislarse reduciendo la dieta parlamentaria, primero porque a nivel internacional tenemos uno de los Congresos que recibe más dieta en el mundo y en segundo lugar porque es desproporcionado con el promedio de sueldo nacional”, afirmó.

   Por otro lado, Fuentes aconsejó también “regular la exclusividad del cargo, desprendiéndose de sus negocios y dedicarse exclusivamente a la función parlamentaria”.

   Por su parte, el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló que para evitar las dudas, los legisladores deberían “demostrar que su patrimonio viene de fuentes de trayectoria familiar o producto de su propio trabajo o producto de inversiones o negocios (…) que no haya lugar a sospecha de que fueron obtenidos vía beneficios legislativos para determinados grupos empresariales”.

   ¿Ayuda la transparencia?

   Respecto a la posibilidad que la ciudadanía conozca el detalle del patrimonio de los parlamentarios, Fuentes señaló que “si hay polvo debajo de la alfombra, no es culpa de levantar la alfombra”

   “Si no hubiéramos tenido ley de transparencia hasta hoy no estaríamos enterados de los recursos que tienen los parlamentarios, por lo tanto no hay que culpar a la transparencia por esto”, agregó.

   Desde el mismo Congreso, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, señaló a Emol que “los altos patrimonios que se vieron también ayudan a entender por qué hay parlamentarios que están ajenos a la realidad de la mayoría de los chilenos”.

   De la misma forma, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, aseguró que “la transparencia está siendo exigida porque hay una falta de confianza, y esa falta de confianza no es algo infundado (…) Creo que existe una clara correlación negativa entre el patrimonio que acumulamos los parlamentarios con el patrimonio que acumula la ciudadanía. Hay una distancia que desde mi punto de vista es una de las razones por las cuales existe una crisis de representatividad como la que vivimos”.
   Mientras menos se compartan, se vivan los problemas que tiene la ciudadanía por parte de quienes toman las decisiones que afectan a todos, menos urgencia, menos celeridad, menos exactitud van a haber en esas soluciones”, aseveró.

   De hecho, ambos parlamentarios presentaron un proyecto de ley para reducir la dieta parlamentaria en 2014 y abogan por cambiar la reelección indefinida de senadores y diputados. En tanto, el senador UDI, Hernán Larraín, destacó que “al ser públicos esos antecedentes, cualquiera puede investigar y desde luego, con ellos, los organismos de control pueden prevenir o sancionar el uso indebido de las atribuciones de alguien para beneficiarse él o un tercero. En tal sentido, creo que el objetivo se logra”.

   Sin embargo, sostuvo que “no ayuda el que se busque utilizar esa información con el propósito de hacer del patrimonio de los parlamentarios un tema que se utiliza para explotar el morbo y de algún modo, contribuir a su descrédito”.

   Más tajante es el académico de la U. de Talca, quien afirmó que “el exceso de transparencia termina perjudicando la imagen de las personas que componen una institución como el Congreso. Probablemente no era necesario que los congresistas reportaran la totalidad de su patrimonio de manera pública”.

   Por el contrario, propuso que este mecanismo lo realice una institución fiscalizadora y no de forma pública. “No se gana mucho con que este tipo de información esté a nivel público (…) El único efecto que van a tener va a ser mayor desilusión, mayor desafección, mayor sensación de desigualdad y probablemente menor participación en las elecciones de noviembre”, puntualizó.

   Leer en emol.com

5. Atraso legislativo y dificultades en Servel ponen en riesgo elección de intendentes

   Marzo 30, 2017 2:45 pm Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Ejecutivo aún no envía al Congreso la ley orgánica constitucional que hará operativo el comicio, pese al compromiso de hacerlo en enero. Senador Felipe Harboe dice que Servel recomendaba no modificar el calendario electoral 2017, para no afectar la capacidad del organismo.

   Una nueva demora está sufriendo el proceso descentralizador impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo principal compromiso es lograr que los chilenos, por primera vez, puedan votar y elegir intendentes antes de que ella termine su mandato.

   Si bien se votó a fines de diciembre la reforma constitucional que crea esta nueva figura de intendentes electos, será letra muerta si no se aprueba la Ley Orgánica Constitucional (LOC) que hace operativa la elección. Si bien el Ejecutivo se comprometió a enviarla al Congreso antes del 15 de enero, al día de hoy aún está en La Moneda, atraso que pone en riesgo la factibilidad de cumplir con los plazos para tener elecciones en noviembre. “La LOC estaría lista, pero está trabada porque aún no hay acuerdo político, está en discusión cuáles serán las inhabilidades e incompatibilidades de las autoridades para ser candidatos, y qué requisitos se exigirán para serlo. Pero quedan menos de ocho meses y no hay tiempo para organizar una elección así, menos si hay que hacer primarias”, advierte Guillermo Pérez, investigador de la Fundación Piensa. “Si no se aprueba en abril, simplemente no habrá elección de intendentes”, añade.

   Al atraso en la LOC, requisito básico para la elección, se suma el atraso en la aprobación de la ley de traspaso de competencias, que define qué nuevas atribuciones tendrá el futuro intendente. Sin esa ley promulgada, tampoco podrá haber elección de intendentes.

   A estos escollos legislativos, se sumaría la complicación del Servel para agregar la elección de intendentes a la presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales programada para el próximo 19 de noviembre. El senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la Comisión de Constitución, instancia que tiene que revisar la ley de traspaso de competencia, antes de su paso a Comisión Mixta para por fin destrabarla, advierte que le consultó al presidente del Servel, Patricio Santamaría, sobre la viabilidad de la elección de intendentes este año y él fue muy tajante “al decir que no recomienda hacer ninguna modificación en año electoral, porque puede afectar las capacidades del servicio”, detalló.

   Según explica Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política U. Diego Portales, de aprobarse las dos cuerpos legales pendientes para darle curso a la elección de intendentes, ésta tendría los mismos plazos que las presidenciales para hacer primarias el 2 de julio e inscribir candidaturas en agosto, ya que son concurrentes. “Si está dentro del plazo no creo que sea tan dramático incluir una elección más, logísticamente el Servel debiese estar preparado para agregar una urna y viabilizar la organización de una elección. El problema mayor es la decisión política que hay que tomar, discusión que se ha hecho a espalda de la gente y por cuoteo político”.

   Rol político

   Heinrich von Baer, presidente de la fundación “Chile Descentralizado” cree que la demora apunta a cómo los partidos políticos quieren repartirse las candidaturas, en igualdad de condiciones. “Lo que no se entiende es por qué el Ejecutivo no envía el proyecto para que las diferencias se negocien y resuelvan en el trámite parlamentario, y para que las candidaturas y nombre de los candidatos se negocien una vez aprobada la ley y no se pongan como condición previa”, argumenta Von Baer.

   Esteban Valenzuela, ex presidente de la Comisión para la Descentralización, junto a Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde, entregarán hoy una carta en La Moneda para pedir urgencia al proyecto. A su juicio, la demora responde a corrupción programática por parte de los partidos políticos. “Aún hay tiempo (para las elecciones), pero es claro que los futuros candidatos a gobernadores ya no alcanzan a ir a primarias. Eso es lo que querían los partidos: tener ellos la posibilidad de seleccionarlos y asegurar cuotas a todos”.

   Sobre la demora, el presidente de la bancada de diputados regionalistas, Rodrigo González, culpa “a algunos senadores de la Nueva Mayoría, que con malas prácticas , están impidiendo que las regiones tengan mayor poder decisión, y varios ellos son de regiones, lo que resulta lamentable. Porque los votos están”.

   El presidente de la bancada de senadores regionalistas, Alejandro Guillier, dice que “el país no resiste más centralismo y va ser prioridad para el próximo gobierno si éste no logra cumplir”.

   Leer en La Tercera

6. Cálculos parlamentarios: cómo los partidos enfrentarán la carrera al Congreso

   Noviembre 30, 2016 10:53 am Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   Tanto en la Nueva Mayoría como en Chile Vamos coinciden en que el mejor escenario es que cada bloque lleve una lista única para la próxima elección parlamentaria. Sin embargo, el factor presidencial y un nuevo sistema proporcional marcan las dudas sobre cuál será el resultado final. Más que mal en esos números también se juega la proyección de ambas coaliciones.

   Después de las municipales el siguiente desafío de los partidos políticos es volver a sentarse con los compañeros de coalición para negociar las listas con miras al próximo Congreso.

   Para 2017, la discusión de la planilla parlamentaria se vislumbra más acontecida que el escenario 2013, no sólo porque a un año de los comicios la situación presidencial está más “líquida”, sino también por el incierto resultado que arrojará el debut del sistema proporcional.

   La primera elección sin binominal tiene como reto inicial, tanto para la Nueva Mayoría como para Chile Vamos, resolver si se presentarán en una lista o en más. Los fac tores para tomar la decisión incluyen el aumento de los cupos en ambas  Cámaras, el cambio en la distribución de distritos y la ley de cuotas de género que obliga a tener al menos un 40% de mujeres candidatas.

   A eso suma la proyección de una carrera hacia La Moneda que muchos dicen está abierta por el amplio número de indecisos y, más aún, por el fantasma de la abstención que rondó en las municipales.  Así, aunque el ex Presidente Sebastián Piñera y el senador (IND – PR) Alejandro Guillier encabecen hoy las encuestas, los partidos ya están con calculadora en mano, pues es en el Congreso donde se miden las fuerzas.

   Unidad y competividad

   Con el nuevo sistema se eligen 155 diputados, 35 más que los actuales. En el caso del Senado, los cupos suben de 38 a 50, pero el próximo año sólo se renovará el elenco en las regiones impares, por lo que la nueva Cámara Alta se completará en  2021.

   Desde Chile Vamos comentan que  la clave para repetir los buenos resultados de las municipales es tener una negociación que potencie una lista única. “Un acuerdo en la que cada partido defienda sus legítimos intereses, pero viendo por encima la unidad”, dice el secretario general de la UDI, Guillermo  Ramírez.

   En el oficialismo coinciden en que electoralmente “la única manera de mantener la representación de la Nueva Mayoría” en el parlamento es con una planilla común.

   “Lo adecuado es llevar una sola lista, pero a veces la condiciones políticas impiden lo razonable”, señala el miembro de la Directiva Nacional y experto electoral del PPD, René Jofré.

   La idea de ir separados en dos planillas cada vez pierde más fuerza, aunque algunos sectores de la Democracia Cristiana consideren que listas separadas y candidato propio a primera vuelta sería la “mejor fórmula” para recuperar su voto duro.

   “El escenario más favorable para la DC indudablemente es la lista única, dado que la DC es generalmente primera mayoría en el pacto y, por lo tanto, tiene mayor capacidad para cosechar más escaños con un porcentaje de votos que bordee el 13% o el 14%”, comenta el director del Observatorio Político Electoral de la UDP, Mauricio Morales.

   Además, para los partidos como el PC, el MAS y la IC ir en dos nominas significa el “fin” del pacto oficialista.

   “No hay ningún partido de la Nueva Mayoría  que esté en condiciones de tirar el mantel”, asegura el  integrante de la  comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos.

   Por eso, tras el resultado de las municipales varios personeros de la NM reconocen que la negoción parlamentaria será bajo una lupa “realista”, candidatos competitivos con posibilidades concretas de ser electos.  Por ejemplo, en la tienda comunista reconocen que el resultado de los comicios de octubre proyectado a la parlamentaria les dejó el escenario “cuesta arriba”.

   Hoy la bancada PC tiene 6 diputados y la apuesta es subir al menos a 8 u 9 escaños. Para ello, dentro su elenco evalúan las posibles candidaturas de la presidenta del Colegio de Periodista, Javiera Olivares, el ex líder estudiantil Camilo Ballestero y la presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

   Los radicales, pese a tener el apoyo del presidenciable más competitivo de la NM, sus números parlamentarios se parecen al PC. El exito para ellos sería elevar de 6 a 9 su presencia en la Cámara Baja y conseguir 2 puestos en el Senado.

   En el Partido Socialista quieren ampliar la bancanda de diputados de 16 a 22 representantes y no descartan sumar a figuras como el abogado Fernando Atria, dependiendo de los resultados de las primarias internas presidenciales, y el actual secretario general del PS, Pablo Velozo. Mientras en la DC, el número mágico sería sumar 9 nuevos diputados y llegar a 29 parlamentarios. Sin embargo, la apuesta más ambiciosa está en la UDI. Los gremialistas  quieren mejorar su performace electoral y pasar de 29 a más de 40 diputados. “Los distritos más importante son donde la UDI tiene dos parlamentarios, porque tenemos el desafío fundamental de mantenerlos”, comenta Ramírez.

   Carrera senatorial 

   Para el Senado, la idea del PC es al menos conseguir un cupo. En cuánto a nombres, sin embargo, una de sus principales propuestas no resultó. La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, se quedó en el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, pese a la petición de la colectividad. Con esto, el elenco se redujo al actual diputado Lautaro Carmona que evalúa competir en la Región de Atacama, donde podría enfrentar a Yasna Provoste (DC), Felipe Ward (UDI) y a Rafael Prohens (RN), ex intendente del Gobierno de Sebastián Piñera.

   En el caso del PPD, en la actualidad tienen 14 diputados, tras la renuncia Pepe Auth y de ellos, la mayoría va a la reeleción. Menos tres  que quieren competir por un cupo en el Senado. Uno de ellos, Marco Antonio Ñúñez se aventuraría en la Región de Valparaíso, donde los actuales senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Ignacio Walker (DC), Lily Pérez (Amplitud) y el pre candidato presidencial, Francisco Chahuán (RN) se repostularían. A eso se suma, la posibilidad que la timonel del PS, Isabel Allende se cambie de circunscripción de la III a la V Región y que el diputado (DC) Aldo Cornejo se sume a lista.

   Mientras que en la Región del Maule, los diputados PPD Guillermo Ceroni y el hasta ahora pre candidato a La Moneda, Jorge Tarud, han mostrado su interés para competir por uno de los  5 escaños de la Cámara Alta.

   La pelea en esta zona será de las más grandes, pues partidos como la DC se la jugarán por mantener dos senadores; el PS propondrá al ex vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde,  y en la UDI competirá nuevamente el senador Juan Antonio Coloma.

   Por su parte, elenco falangista en la Séptima Región estaría encabezado por Andrés Zaldívar y acompañado por algunos personeros de la DC como el ex ministro de Transporte, René Cortázar, la ex titular del Trabajo, Ximena Rincón, o por la ex parlamentaria Soledad Alvear.

   Otra de las batallas se vivirán en La Araucanía, donde figuras como el ex intendente Francisco Huenchumilla, el diputado Fuad Chahín y el ex ministro Jorge Burgos podrían medirse por la DC. A eso se sumaría una nueva postulación de los actuales parlamentarios del PPD, Eugenio Tuma y Jaime Quintana.  Por parte de Chile Vamos, José García Ruminot (RN) y los diputados  Germán Becker (RN), Gustavo  Hasbún (UDI) y David Sandoval (UDI).

   Más al sur, en  la Región de Aysén, Antonio Horvath irá a la relección, mientras el actual senador Patricio Walker tiene un difícil escenario tras la investigación por aportes económicos desde una empresa pesquera. Así, el cupo se volvió atractivo para los socialistas Camilo Escalona y el ex ministro Marcelo Díaz, el ex intendente radical Jorge Calderón y el ex diputado (PR) René Alinco .

   Leer artículo en Pulso

7. El poderío de los independientes no se replicaría en las elecciones al Congreso

   Noviembre 3, 2016 3:52 pm Leave a Comment

   Leer artículo en El Mercurio

8. ¿Quién le teme a la elección directa de intendentes?

   Agosto 25, 2016 10:44 am Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   La Presidenta Bachelet tiene una oportunidad inmejorable para cumplir una de sus promesas de campaña. La elección directa de los intendentes no sólo dará mayor vigor a las regiones, sino que también resolverá la particular dualidad del sistema político local: intendentes designados y consejeros regionales elegidos. ¿Por qué no se avanza más decididamente en esta reforma? ¿Quién le está colocando el freno de mano? ¿Cuál es el miedo? O, más bien dicho, ¿quién tiene miedo?

   Más allá de los beneficios para la gestión local y para la provisión de políticas públicas hacia las regiones, mis respuestas apuntan a la dimensión estratégica de la reforma. Mi argumento es que los opositores a la elección de los intendentes no lo hacen en función de las eventuales atribuciones y competencias de la nueva autoridad, sino que temen quedar debajo de la mesa en materia de representación regional. Adicionalmente, ese miedo también viene de parte de algunos diputados. Según ellos mismos sostienen en privado, los intendentes serán figuras que opacarán a los congresistas. Dado que ese intendente tendrá más votos que cualquier diputado e incluso que un senador, entonces los congresistas quedarán al final de la cadena de mando. Esta es una excusa poco atendible. Los legisladores debiesen pensar en cómo hacer más eficiente su gestión y en cómo mejorar sus niveles de aprobación ciudadana en lugar de bloquear una reforma que impone mayores niveles de competencia electoral. Son estos argumentos los que tienen al Congreso en los últimos lugares de confianza institucional.

   ¿Quién le teme a la reforma? Naturalmente, los partidos -antes de tomar esta importante decisión- evalúan costos y beneficios. Los partidos que tienen mayor fuerza territorial y que cuentan con estructuras organizativas institucionalizadas estarán mejor aspectados para enfrentar la elección de los intendentes. Los partidos más personalistas, en tanto, tenderán a restar sus apoyos a la reforma, pues se sienten en desventaja frente a los partidos con mayor tejido social. Sin embargo, desde estos partidos personalistas se critica justamente que la elección de los intendentes contribuirá a elevar los niveles de personalización de la política. Por tanto, hay una inconsistencia en el argumento. Quizás, sería razonable transparentar las opciones hacia la reforma, evaluando si en realidad lo que se critica es el personalismo o si se trata de un problema práctico de estos partidos. Es decir, que no cuentan con liderazgos locales para competir.

   Paralelo a esta discusión está el debate en torno al sistema electoral para elegir a los intendentes. He sugerido que ese sistema sea de mayoría calificada del 40%. Tanto los sistemas de mayoría absoluta como los sistemas de mayoría relativa entregan incentivos para una mayor fragmentación. En un sistema de mayoría absoluta, y ante la expectativa de que ningún candidato llegará al 50%, es plausible que explote el número de candidatos en la primera vuelta, facilitando el acceso de outsiders o candidatos populistas a la segunda vuelta. Igual cosa podría suceder con un sistema de mayoría relativa, especialmente en zonas geográficas con mayor volatilidad o inestabilidad en los patrones de votación. Un sistema de mayoría calificada del 40%, en mi opinión, genera los suficientes incentivos para construir coaliciones y, adicionalmente, evitar segundas vueltas innecesarias, frenando -en la medida de lo posible- la consolidación de candidatos exógenos a las coaliciones mayoritarias. Ningún sistema electoral es capaz de bloquear a candidatos populistas, pero algunos -por lo menos- establecen más obstáculos que otros.

   Llegó el momento de avanzar sin miedo en esta reforma. Los temerosos deberán dejar atrás sus dinámicas centralistas, y los entusiastas deberán pelear con más fuerza en este último tramo del debate.

   Leer columna aquí

9. Experto electoral: Hay renovación en los municipios, el problema está en el Congreso

   Julio 27, 2016 1:37 pm Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, afirmó a Cooperativa que en los procesos eleccionarios sí se produce una renovación efectiva en el ámbito municipal, pero no ocurre lo mismo a nivel parlamentario.

   En conversación con Lo que Queda del Día, Morales recalcó que “en los municipios se está renovando la mitad, por lo tanto lo que proponía la Comisión Engel sobre colocar límites a la reelección de los alcaldes en realidad estaba rascando donde no pica: el problema no está en los municipios, el problema está en el Congreso”.

   En relación con la disparidad entre los candidatos según sexo, Morales indicó que “cuando uno mide el efecto que tiene el gasto en campaña sobre el desempeño electoral de candidatas y candidatos en idénticas condiciones políticas, a las mujeres les rinde más el dinero en comparación con los hombres“.

   “Si una mujer por cada 100 pesos de campaña cosecha 10 votos, un hombre con los mismos 100 pesos está cosechando ocho, es decir,hay un rendimiento mucho mayor en candidatas mujeres en relación a candidatos hombres”, ejemplificó.

   La del 23 de octubre “va a ser una elección inédita desde el punto de vista de los candidatos que van a competir (…) vamos a tener alrededor de 12 pactos, (cuando) en la anterior tuvimos nueve, lo que está causando una importante explosión de candidatos”, destacó el experto.

   Finalmente, Morales se refirió a las palabras de Manuel José Ossandón sobre la facilidad de Chile Vamos para ganar en Las Condes, aseverando que “es una comuna que es segura para la Alianza, lo mismo como La Pintana para la Nueva Mayoría, donde cualquier candidato que presenten va a ganar”.

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10. Panel habla sobre el proyecto de reforma a la educación superior

    Julio 7, 2016 5:01 pm Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En esta edición de Mesa Central, los panelistas Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la U. Adolfo Ibáñez conversaron acerca del proyecto de reforma a la educación superior, su tramitación en el Congreso, la falta de respaldo del proyecto y la falta de regulación de las universidades.

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11. Ninguna reforma más, salvo por la nueva constitución

    Mayo 30, 2016 1:38 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional.

    En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que la obra gruesa de su gobierno estaba casi terminada. Pero en tanto su gobierno continúe haciendo fuerza para poner en marcha un proceso constituyente, seguirá reinando la incertidumbre respecto al futuro de la principal obra gruesa sobre la que se sustenta la institucionalidad de Chile.

    Ante las crecientes críticas en el país sobre la conveniencia de ponerle freno al espíritu fundacional de este gobierno, Bachelet declaró que “la mayor parte de la obra gruesa terminó y ahora viene la fase de implementación”. Buscando tranquilizar a los que acusan al gobierno de promover la incerteza jurídica y la incertidumbre respecto al marco institucional que regirá la actividad económica en los próximos años, Bachelet quiso aclarar que el periodo de reformas ya estaba llegando a su fin.

    Pero la tranquilizadora frase inmediatamente fue contradicha por la evidencia. La Presidenta anunció que en el mes de junio enviaría el proyecto de ley que regulará el sistema de gratuidad en la educación superior. En estos días también han sido notorias las discrepancias en el gobierno sobre cómo responder a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad sindical. El gobierno está considerando buscar una reforma constitucional que establezca la titularidad sindical o introducir un veto sustitutivo para eliminar aspectos a favor de la flexibilidad laboral que habían sido introducidos como monedas de cambio por la implementación de la titularidad sindical. La iniciativa de reforma política que busca la elección directa de los intendentes no puede sino ser catalogada como obra gruesa. De hecho, sería el paso más significativo en pro de la descentralización tomado desde el retorno de la democracia.

    Pero no hay evidencia más incuestionable sobre la persistencia del espíritu fundacional de la Nueva Mayoría que el esfuerzo al que se ha abocado el gobierno para dar marcha a un proceso constituyente. Es cierto que hasta ahora, el proceso no es sino un gran focus group que recogerá las visiones de los que quieren participar para lo que en definitiva será una propuesta de nueva constitución redactada por el gobierno. Los encuentros locales que se están realizando son solo instancias consultivas sin poder resolutivo. Si bien el gobierno ha declarado que las conclusiones de estos encuentros serán tomados en cuenta, la falta de especificidad sobre cómo serán tomados en cuenta en la propuesta que Bachelet haga al Congreso —y que deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 en ambas cámaras— levanta justificadas dudas. Es bueno sentarse a conversar con otros sobre el Chile que queremos, pero no tiene mucho sentido creer que esa conversación tiene poder resolutivo sobre el texto de propuesta constitucional que el gobierno presentará al Congreso.

    Con todo, aunque el proceso constituyente no sea tal, el solo hecho de que el gobierno haya decidido darle ese nombre refleja el compromiso con una nueva constitución para Chile. Como fue una promesa de campaña de Bachelet —tal vez la más importante—, nadie puede sentirse engañado de que la Presidenta esté intentando impulsar un proceso constituyente. Aquellos que en 2013 restaban valor a la promesa de Bachelet de que impulsaría una nueva constitución se equivocaron. Muchos en el PDC y en el empresariado que entusiastamente apoyaban la candidatura de Bachelet decían, en privado, que no habría nueva constitución, solo reformas a la actual. De hecho, incluso hoy, algunos aliados de la Presidenta prefieren hablar de reforma constitucional en vez de aceptar que el gobierno de la coalición de la que forman parte está profundamente comprometido con lograr remplazar la Constitución de 1980.

    Ya que Bachelet lo prometió en campaña y su gobierno ahora intenta cumplir esa promesa, el esfuerzo por impulsar un proceso constituyente que resulte en una nueva constitución será la principal iniciativa del gobierno en los próximos meses. Pero, por eso mismo, resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional. Desde la posibilidad de establecer la titularidad sindical en la constitución hasta la disputa sobre si la educación superior deberá ser declarada como un derecho al que todos tendrán acceso gratuitamente, la nueva constitución reabrirá el debate sobre todos los puntos que el gobierno considera como parte de su obra gruesa y sobre todos los otros valores e instituciones que son parte de una constitución.

    Uno puede o no estar de acuerdo con que Chile necesita un nuevo texto fundamental. Pero aquellos que creen que el país precisa de una nueva constitución —y que están activamente trabajando para impulsarla— no pueden decir también que la obra gruesa del gobierno está casi terminada.

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12. Encuestas y nueva Constitución

    Abril 25, 2016 10:29 am Leave a Comment

    

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    La elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora.

    En un proceso tan delicado como es la redacción de una nueva Constitución se debe actuar de manera responsable. Esto incluye desde los contenidos hasta el mecanismo. En esta columna no me referiré al gobierno ni a los partidos, sino que a los especialistas que han interpretado los resultados de distintas encuestas de opinión. Es razonable que muchos intenten convencernos de que la idea de una nueva Constitución es una preferencia casi unánime para los chilenos. Intentaré discutir que esto no es necesariamente así, y que muchas de las conclusiones responden más al voluntarismo que a la adecuada interpretación de la evidencia. Mi ánimo no es argumentar en contra ni a favor de la nueva Constitución, sino que sólo mostrar la distorsión que produce una inadecuada lectura de los datos.

    La última encuesta CADEM-Plaza Pública señala que el 72% está de acuerdo con generar una nueva Constitución. Como he discutido en otras columnas, esta pregunta mide cierta propensión al cambio, pero no pone en juego todas las opciones. Además, al pedir que los encuestados entreguen alguna razón para cambiar la Constitución, sólo un 14% se refiere a la falta de legitimidad del actual texto, y un 4% al equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Los encuestados no mencionan las ideas que públicamente han esgrimido los defensores de la nueva Constitución en torno a las “trampas” del actual texto, pero sí aparecen aspectos que difícilmente serán resueltos por una nueva carta fundamental como lo son delincuencia, empleo o corrupción. Adicionalmente, un 28% dice que se debe cambiar la Constitución porque la vigente está desactualizada o es antigua.

    La misma encuesta formula una pregunta que poco espacio tiene dentro de la discusión y, comprensiblemente, entre los defensores de la nueva Constitución. Me refiero a la siguiente: “Si se iniciara una revisión de la actual Constitución ¿usted cree que hay que modificarla en algunos aspectos o cree que hay que cambiarla por completo?” La mitad dice que se deben modificar “algunos aspectos”, mientras el que 40% cree que se debe cambiar “por completo”. La interpretación de estos datos contradice los resultados anteriores. Esto se explica porque en la pregunta se incluye la alternativa intermedia de reforma. Probablemente, estos resultados serían aún más abultados hacia el reformismo si se dieran dos condiciones: a) que el cuestionario no estuviese encabezado- al menos en este tema- por la postura a favor o en contra de la nueva Constitución. Es posible que los resultados de esta pregunta contaminen el resto del cuestionario, sobre-estimando las posturas de cambio radical. b) Que dentro de las alternativas que se sugieren, se incluya la opción “mantener la actual Constitución”. De esa forma tendríamos cubierta todas las opciones: los que no quieren cambios, los que quieren reformar la Constitución actual, los que quieren una nueva Constitución.

    Hasta acá, y de acuerdo a estos datos, no está muy claro que la opción radical sea la predominante. De hecho, si existiera la posibilidad de plebiscitar estas alternativas, seguramente el reformismo saldría ganador. No obstante, y habiéndose saltado los esfuerzos para modificar la actual Constitución y establecer la posibilidad de ese plebiscito, la elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora.

    Por último, la encuesta CADEM muestra que el 50% prefiere una Asamblea Constituyente y el 40% prefiere que sea el gobierno, Congreso y expertos quienes den forma al nuevo texto constitucional. Nuevamente, nos encontramos frente a un dilema en el fraseo de la pregunta. Dado que se da por hecho que tendremos una “nueva Constitución”, entonces es muy probable que estas cifras estén sobre-estimadas. Tales problemas metodológicos son de fácil solución. Sólo debemos incluir todas las alternativas disponibles. Por cierto, hay que respetar a quienes quieren mantener la actual Constitución. Estos insumos servirán de base para que los congresistas actuales decidan -por dos tercios- si aprueban o no el proyecto de reforma que enviará la Presidenta. Si este Congreso lo aprueba y habilita al próximo, entonces recién podremos discutir el mecanismo.

    Legítimamente, los defensores de la Asamblea Constituyente creen que este es el mecanismo mayoritario. Una mirada más profesional, responsable y seria de la evidencia nos lleva, al menos, a ser más prudentes antes de emitir juicios.

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13. Consultas ciudadanas disfrazadas de proceso constituyente

    Abril 19, 2016 3:27 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Si realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente, el gobierno debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución.

    A menos que la ciudadanía se exprese democráticamente en un plebiscito a favor de iniciar un proceso constituyente, cualquier intento por parte del gobierno o del Congreso para dar partida a un proceso constituyente estará viciado. Porque el poder constituyente reside en el pueblo, el pueblo debe primero dar su autorización antes de que el gobierno inicie esfuerzos para remplazar la constitución de 1980.

    En la campaña presidencial de 2013, la Presidenta Bachelet se comprometió a impulsar una nueva constitución. Pero Bachelet nunca aclaró en su campaña cuál sería el mecanismo que utilizaría para alcanzar ese objetivo. Es más, Bachelet fue especialmente ambigua precisamente porque no había consenso en su coalición respecto a cuál debía ser el camino a seguir. Mientras algunos abogaban por una asamblea constituyente, otros preferían modificar la constitución actual. De ahí que no es válido sugerir que, porque Bachelet tuvo una mayoría en segunda vuelta, el proceso de consultas ciudadanas que se ha iniciado haya sido legitimado por el electorado.

    Como Bachelet quería impulsar un proceso constituyente, el gobierno buscó una forma de hacerlo que no violara la institucionalidad. Ya que el orden constitucional actual otorga al Congreso el poder para cambiar la Constitución, el gobierno optó por un camino ambiguo que incorpora un elemento participativo y que resultará en un documento titulado “bases ciudadanas para la nueva constitución”. Ese documento será entregado al gobierno para que éste pueda producir un proyecto de nueva constitución que será sometido a consideración del Congreso.

    Aunque algunos creen que el componente participativo constituye una señal positiva en sí misma, la forma idealizada en que el gobierno entiende la participación ciudadana refleja un voluntarismo infantil o bien esconde una mala intención evidente.

    El que haya ciudadanos que se sienten a conversar no significa que habrá consensos sobre los valores y principios que debe incluir esa nueva constitución. Por ejemplo, bien pudiera ser que una mayoría de las personas quieran reducir el número de parlamentarios, pero eso no significa que todos vayan a pensar lo mismo. Como el mandato del proceso participativo es que se registren los acuerdos, los acuerdos parciales y los desacuerdos, el mecanismo no tiene capacidad resolutiva. Ya que el proceso no contempla un mecanismo para la resolución de diferencias, los cabildos no debieran ser sino una confirmación que no todos pensamos lo mismo sobre el tipo de país que queremos tener.

    Ahora bien, como el proceso constituyente del gobierno parte de la premisa que va a haber una nueva constitución, el sesgo de la iniciativa probablemente induzca a ausentarse a aquellos que quieren mantener la constitución actual. Aunque los cabildos sean abiertos a toda la ciudadanía, sus resultados no tienen por qué ser representativos de la ciudadanía. La opinión del cabildo solo será representativa de los que participen. Además, como bien pudiera ser que los cabildos discutan cosas distintas, la mayoría de las conclusiones a nivel nacional serán acuerdos parciales o desacuerdos. Con todo, el gobierno espera producir un documento final que resuma el contenido de esos cabildos. Ese documento servirá de base para una propuesta de constitución que elaborará el propio gobierno.

    No hay forma ni de asegurar que las conclusiones de los cabildos sean representativas de lo que quieren los chilenos. Tampoco hay forma de cerciorarse de que el informe final sea representativo de lo que se haya discutido en los cabildos. Como no hay mecanismos de resolución de conflictos —ni quedan estipuladas si los acuerdos deben ser por unanimidad, mayoría simple o mayorías calificadas—, no hay forma de asegurar que la voluntad de la mayoría de los participantes en los cabildos se vea reflejada en el texto final. Finalmente, no hay ninguna forma de asegurarse que la propuesta de constitución que emane del gobierno refleje la voluntad de los participantes en los cabildos (mucho menos que refleje la voluntad de la ciudadanía en general).

    Después del proceso participativo, el gobierno deberá presentar su proyecto de ley de nueva constitución que deberá superar las mismas barreras de mayorías calificadas que existen actualmente para que pueda ser promulgado.

    El proceso constituyente que ha iniciado el gobierno en realidad es un proceso consultivo a la ciudadanía que, no obstante, no tendrá poder resolutivo. El proceso no establece mecanismos para solucionar diferencias. Voluntaristamente, se basa en la esperanza de que habrá consensos. Además, la iniciativa supone que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una nueva constitución.

    Si realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente, el gobierno debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución.

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14. El momento preconstituyente

    Abril 13, 2016 2:50 pm Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.

    A mediados del año pasado, varias fuerzas políticas pro gobierno presionaban por postergar el debate constitucional. Querían que un nuevo Congreso discutiera una nueva Constitución. Sin embargo, desde la Presidencia de la República se insistió en establecer un cronograma que generaría condiciones sociales y políticas para resolver el tema constitucional. El itinerario escogido contempló un momento de educación cívica (que pasó inadvertido), un momento de participación ciudadana (que recién se anunció), la presentación ante el Congreso de un proyecto para establecer mecanismos de reemplazo constitucional (2017), y un momento de decisión –también del Congreso– respecto del mecanismo que se utilizará para hacer el cambio (2018).

    Así, nos encontramos inaugurando un momento preconstituyente. Aún no estamos debatiendo lo que serán los contornos de la nueva Constitución. Lo único que se hará es una consulta no vinculante para recoger la opinión ciudadana respecto de los temas que debiesen considerase al elaborar un nuevo texto.

    ¿Por qué realizar este ejercicio cívico no vinculante? La razón es simple: como en la coalición de gobierno existe una división profunda respecto del mecanismo para establecer una Nueva Constitución (cambio desde el Congreso versus Asamblea Constituyente), a la autoridad presidencial no le quedó otro camino que intentar abrir el debate hacia la ciudadanía. Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.

    La decisión ha provocado varios efectos. Primero, las fuerzas políticas e intelectuales comenzaron rápidamente a elaborar borradores de textos constitucionales para delimitar los márgenes de la discusión. Segundo, los empresarios marcaron rápidamente sus banderas de preocupaciones (propiedad privada, subsidiariedad, libertad de emprender). Tercero, el tenor de la discusión ha ido evolucionando desde la necesidad de establecer una nueva Constitución hacia un debate sobre las condiciones en que se dará tal transformación. La propuesta del Ejecutivo está provocando paulatinamente un momento constitucional.

    El Gobierno estableció un Consejo de Observadores y allí se representaron sensibilidades de izquierda, centro y derecha. Resultaba clave sumar a la derecha en este esfuerzo. Aunque pocos consejeros son militantes de partidos, ellos reflejan y proyectan afinidades ideológicas muy nítidas. Pero además, al transcurrir las semanas, en este Consejo comenzaron a discutirse y delimitarse los contornos del debate constitucional: ¿Debe intervenir el Gobierno? ¿Deben participar facilitadores que son militantes? ¿Debe discutirse sobre “valores” en los cabildos? ¿Debe discutirse sobre el mecanismo? ¿Quién escribirá la síntesis de las deliberaciones ciudadanas? Los Consejeros no solo quisieron “observar” sino además incidir en las definiciones centrales del proceso.

    Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas.

    Entonces, los encuentros autoconvocados locales no deben ser evaluados como espacios con “representatividad” o que deben ser considerados como vinculantes, porque ese no es su objetivo. Lo que se busca es animar un debate, abrir puertas para que se formulen preguntas sobre la Constitución que queremos. Dinamizar oportunidades para la acción colectiva. Este ciclo de participación ciudadana contiene la secreta esperanza de que la gente salga de sus casas y se anime a discutir. Se dará un modesto paso que busca provocar condiciones para un debate amplio y plural sobre la Constitución. Políticamente, la coalición gobernante no tuvo espacio para mucho más.

    Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas. En la metodología, por ejemplo, dependerá de los participantes levantar la mano y sugerir discutir el mecanismo mediante el cual se podría establecer una nueva Constitución. Las preguntas orientadoras no consideran una que diga explícitamente: “¿Qué mecanismo le gustaría o considera más relevante para establecer una nueva Constitución?”. Lo que seguramente pasará es que un grupo de actores levantará la mano y sugerirá discutir el tema del mecanismo en aquellos cabildos.

    El proceso, entonces, contiene una cuota de incertidumbre. Seguramente los cabildos reproducirán las disputadas ideológicas y políticas presentes en la sociedad en relación con el Estado, el mercado, el reconocimiento de pueblos originarios, los recursos naturales, la propiedad, la forma o mecanismo para definir la Constitución, etc. etc. En definitiva, independientemente de la representatividad que alcancen estos cabildos, ellos establecerán un hecho, una realidad política. La pregunta es quién o quiénes aprovecharán ese espacio para plasmar sus intereses. Porque cuando hablamos de Constitución, hablamos de intereses y poder.

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15. Veredicto Ciudadano: ¡Culpables!

    Abril 6, 2016 12:31 pm Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La opinión pública chilena ya está convencida de que los poderosos –políticos, empresarios, representantes del clero, y militares– han abusado persistentemente de su poder. De la confianza se pasó al escepticismo, del escepticismo a la impotencia, y de la impotencia a la rabia y el malestar.

    Mientras los tribunales de justicia realizan una paciente labor de investigación de casos por corrupción, colusión entre privados y abusos de poder en otras instituciones, la ciudadanía ya definió su veredicto: son todos culpables. Puede que aquello no sea totalmente cierto. Quizás, las sesudas investigaciones de fiscales y jueces determinarán que algunos de quienes pasan por el estrado no merecen un juicio. Sin embargo, como regla general, la ciudadanía hace bastante tiempo ya tomó una decisión: son culpables de abusar de su poder.

    Entonces, las reiteradas afirmaciones hechas por políticos y hombres de negocios respecto a dejar que las instituciones funcionen, esperar que la justicia haga su trabajo antes de emitir un juicio, o no condenar en la plaza pública a alguien sin darle una oportunidad para que pruebe su inocencia, son frases que no afectarán el juicio ciudadano.

    La opinión pública chilena ya está convencida que los poderosos –políticos, empresarios, representantes del clero, y militares– han abusado persistentemente de su poder. De la confianza se pasó al escepticismo, del escepticismo a la impotencia, y de la impotencia a la rabia y el malestar.

    El juicio ciudadano es claro: los empresarios aprovechan su privilegiado acceso al poder para sacar ventajas del sistema y obtener leyes favorables a sus intereses, los políticos se mantienen en el poder gracias a esta privilegiada relación con los hombres de negocios, los tomadores de decisión se reservan privilegios y modelan la legislación para mantener aquella privilegiada posición.

    Tampoco la ciudadanía cree en la justicia. La justicia –piensa la gente de la calle– opera muy bien para los pobres que terminan en la cárcel. Pero no funciona para los grupos privilegiados. No habrá cárcel para políticos, empresarios, curas o militares que abusaron de su posición de poder.

    Aunque los delitos denunciados en el último tiempo son muy diferentes, la sensación que queda en la ciudadanía es que el abuso es parte del sistema en que nos relacionamos. Aquí no hay espacio para matices. Por ejemplo, es muy diferente utilizar información privilegiada, coludirse o adulterar una boleta o entregar una factura por un servicio no prestado. Sin embargo, a la luz de la ciudadanía el denominador común de todas estas prácticas es el abuso de poder.

    Las respuestas políticas no alcanzan a comprender este malestar que se ha instalado en la sociedad. Las estrategias de empresarios o actores políticos es muy similar: primero se desmiente, luego se evita responderle a la prensa, luego buscan convertirse en víctimas de persecusiones de sus adversarios, a continuación se reconocen “errores”, y luego se apela a recursos judiciales para evitar el castigo.

    Tampoco la ciudadanía cree en la justicia. La justicia –piensa la gente de la calle– opera muy bien para los pobres que terminan en la cárcel. Pero no funciona para los grupos privilegiados. No habrá cárcel para políticos, empresarios, curas o militares que abusaron de su posición de poder.

     

    Los partidos políticos, en general, han optado por discursos cautos y extremadamente apegados al derecho, aludiendo a la necesidad de dejar que sean los tribunales los encargados de establecer la culpabilidad. No se comprende que la ciudadanía ya tomó su veredicto.

    Lo anterior genera una percepción de agobiante inmovilismo. Los partidos siguen haciendo lo que han acostumbrado hacer por décadas. Ningún partido tradicional se atreve a cambiar prácticas concretas en la forma de hacer política. Ningún partido tradicional organiza una efectiva campaña pro transparencia de sus procedimientos internos. Ningún partido tradicional apuesta por una renovación en serio de sus principales liderazgos. Ningún partido tradicional organiza nuevas estrategias para relacionarse con la ciudadanía. La oferta política sigue y probablemente seguirá siendo la misma.

    Pensar que la solución está en “esperar que los tribunales dicten una sentencia” es no comprender la profundidad del problema de representación que vivimos. Esta crisis de representación no se resolverá por la vía de la justicia porque el tema no es judicial sino que eminentemente político.

    Hace ya varios años que gran parte de la ciudadanía se desafectó de los partidos –no confía y no siente afinidad con ellos–. Por lo mismo, las instituciones políticas requieren de una nueva forma de relacionarse con esta ciudadanía desafectada.

    Lo preocupante de todo esto es que ninguna de estas discusiones se da en el marco de los Congresos de los partidos de muy reciente data. Allí se sigue discutiendo lo que saben discutir: pactos electorales, definición de candidaturas y –con suerte– la lealtad con el programa de gobierno.

    El sistema político chileno –por el momento– está condenado a convivir con una enorme masa de ciudadanía desafecta y una cada vez más pequeña masa de ciudadanía que seguirá concurriendo a votar en las elecciones. Si los partidos no cambian sus discursos y prácticas de relacionamiento con la ciudadanía, estarán condenados a gobernar para unos pocos y seguramente a sucumbir en el mediano plazo.

    En este escenario, existen tres opciones posibles: la regeneración de los partidos tradicionales, la emergencia de nuevos referentes o la emergencia de líderes carismáticos populistas que coparán el vacío de poder que se está generando. No hay mucha ciencia en esta repetida historia de auge y caída de los sistemas de partidos políticos, y no cabe duda que Chile experimenta los evidentes signos del declive de un sistema en fase de agotamiento.

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16. Nueva institucionalidad para la acción legislativa

    Abril 5, 2016 3:03 pm Leave a Comment

    La tramitación de la reforma tributaria dejó en evidencia las importantes discrepancias y deficiencias respecto del conocimiento técnico y los cálculos más básicos con el que se discuten muchas leyes en el país. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Hacienda señalaba que la ley recaudaría unos US$ 5.100 millones vía impuesto a la renta, la CPC proyectaba un ingreso fiscal de US$ 3.500 millones por el mismo concepto.

    Más allá de las diferencias de diagnóstico y proyección, la experiencia de la reforma tributaria puso de manifiesto la débil capacidad técnica del Poder Legislativo para corroborar y sopesar las cifras y argumentos presentados por los diversos actores durante el debate.

    Con el objetivo de emparejar las capacidades de análisis del Congreso, en particular ante el Ejecutivo y la Dirección de Presupuestos (Dipres), Espacio Público ha elaborado una propuesta para mejorar la acción legislativa. Se propone crear una Dirección Parlamentaria de Análisis Técnico que sea políticamente neutra, no partidista. Para asegurar que esta institucionalidad no sea influenciada por el ciclo político, el nombramiento de su director debería hacerse vía la Alta Dirección Pública.

    Esta institucionalidad debe suplir dos falencias que creemos dan origen a la dispar capacidad técnica entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Primero, el Congreso debe tener acceso a las metodologías y todos los datos con los que el Ejecutivo elabora los estudios que fundamentan los proyectos de ley. Esto resolvería el actual problema de no poder replicar los análisis técnicos que acompañan las iniciativas de gobierno, lo cual impide que el Congreso pueda rebatir o confirmar las cifras que se exhiben. Segundo, su personal técnico debe ser equivalente al de instituciones como el Ministerio de Hacienda o la Dipres, los cuales brindan apoyo técnico al Gobierno en la elaboración de leyes. Si bien actualmente el Congreso puede recurrir a la Biblioteca del Congreso, la Unidad de Asesoría Presupuestaria, o las asignaciones parlamentarias para solicitar información, estas instancias no tienen ni presupuesto ni capacidad para analizar datos o verificar supuestos presupuestarios equivalentes a las instituciones que apoyan al Gobierno.

    Específicamente, proponemos que la dirección preste al menos tres tipos de servicios al Congreso: asesoría técnica para los parlamentarios en el proceso presupuestario; asesoría en análisis costo-beneficio social en proyectos de ley importantes, pero que no impliquen necesariamente gasto público, y análisis y prevención de problemas de implementación legal y administrativa. A través de este apoyo, el Congreso podrá definir las mejores alternativas en base a evidencia transversalmente validada y evitar que leyes sean inviables de poner en práctica posterior a su aprobación. Esta nueva institucionalidad contribuirá también a sopesar los antecedentes entregados por otros actores como empresas y asociaciones gremiales. Esto no reemplazaría de ninguna forma la necesaria y legítima deliberación parlamentaria, parte clave de nuestro quehacer democrático, sino que solo informaría este debate en pos de asegurar que el diseño de las leyes facilite el logro de sus objetivos.

    En términos de costo, la investigación de Espacio Público indica que el presupuesto anual para remuneraciones de esta institución estaría en el rango de los US$ 2 a 3 millones, suponiendo que los gastos administrativos adicionales (por ejemplo, gestión de recursos humanos) son bajos dada una sinergia con la Biblioteca del Congreso y otras unidades en el Congreso.

    Pese a que en estos días muchos plantean la necesidad de recortar en el corto plazo recursos al Congreso, nos parece necesario enfatizar los beneficios sociales de largo plazo que reviste mejorar la calidad del proceso legislativo. Por último, creemos que elevar los estándares de este proceso a través de una institucionalidad como la propuesta también contribuye a contrarrestar la crisis de legitimidad por la cual atraviesa el país. Leyes mal diseñadas que terminan teniendo un costo social y económico no previsto o beneficiando a grupos de interés por sobre el bien común pueden afectar la confianza en el Congreso. El rápido deterioro de esta -el porcentaje de chilenos que declara tener “mucha” o “bastante” confianza en el Congreso bajó de 13,4% a 4,1% entre los años 2008 y 2015 (encuesta UDP)- indica la urgencia de hacer un esfuerzo adicional para mejorar la calidad de nuestro proceso legislativo.

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17. Una ley pro-filtraciones

    Marzo 29, 2016 10:51 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Aunque en teoría lo que busca esta ley mordaza pudiera ser justificado, los motivos que llevaron al gobierno a proponer y al Senado a votar a favor de esa reforma desnudan evidentes conflictos de interés y parecen consistentes con la crítica de que es una reforma con nombre y apellido cuyo objetivo es bloquear las investigaciones a financiamiento irregular de campañas.

    La polémica que ha generado el proyecto de ley anti-filtraciones aprobado en el Senado y que ahora será discutido en la Cámara pone en tela de juicio la independencia y autonomía de nuestro sistema penal. Mientras los defensores de la medida argumentan que castigar a los fiscales que filtren información protegerá el derecho a presunción de inocencia de los imputados, sus detractores califican a las filtraciones como herramienta útil para evitar las presiones políticas sobre fiscales que realizan investigaciones que involucran a políticos u otras personas influyentes. Ambos bandos reconocen tácitamente que en Chile la justicia no es ciega. Además, los que abogan por castigar a fiscales filtradores —y potencialmente a periodistas que publiquen el material reservado de una investigación— parecieran querer restringir la libertad de prensa y el acceso a la información, mientras que los que defienden el efecto positivo de las filtraciones parecen reconocer tácitamente que el Ministerio Público carece de la autonomía necesaria para llevar a cabo su trabajo.

    Es innegable que la preocupación por las filtraciones de investigaciones bajo reserva de la fiscalía llegó a la clase política solo cuando se comenzó a investigar casos de financiamiento irregular de la política. Hasta ese momento, ese tipo de filtraciones en prensa no parecían molestar tanto a la clase política, en tanto los afectados eran otros. Si bien cada filtración atenta contra el derecho a presunción de inocencia de un imputado —en tanto la información publicada es a menudo parcial y, como la gente no conoce bien cómo funciona nuestro sistema penal, se tiende a asociar la condición de imputado con una sentencia de culpabilidad—, es decidor que la clase política solo se preocupó de proteger la presunción de inocencia cuando algunos de sus miembros fueron tempranamente condenados por la opinión pública a partir de filtraciones de investigaciones que debían estar bajo reserva. Más que defender los derechos de todos los chilenos, el Congreso aparece preocupado de defender sus propios derechos.

    Por cierto, es innegable que los políticos tienen el mismo derecho a presunción de inocencia que el resto de las personas. Muchos de los que vehementemente se oponen a propuestas como la detención por sospecha —que constituye una violación a la presunción de inocencia al realizar un control preventivo de identidad a partir de estereotipos y criterios discriminatorios—, no parecen entender que las filtraciones violan los derechos de los imputados, aun cuando esos imputados son políticos poderosos. Por lo tanto, aunque en teoría lo que busca esta ley mordaza pudiera ser justificado, los motivos que llevaron al gobierno a proponer y al Senado a votar a favor de esa reforma desnudan evidentes conflictos de interés y parecen consistentes con la crítica de que es una reforma con nombre y apellido cuyo objetivo es bloquear las investigaciones a financiamiento irregular de campañas.

    A su vez, los detractores de esta reforma explícitamente han reconocido que las investigaciones que hoy tienen a importantes políticos en el banquillo de los acusados no hubieran sido exitosas sin las filtraciones que lograron atraer la atención de la opinión pública y han obstaculizado los soterrados esfuerzos del gobierno y la oposición para acotar el alcance de esas investigaciones. Al reconocer que sin filtraciones, no se hubiera avanzado hasta donde hemos llegado, los defensores de las filtraciones aceptan que el sistema penal chileno no es autónomo de las presiones del gobierno y de la clase política. La gravedad de esas acusaciones amerita ir más allá de la evidencia circunstancial. Pero hasta ahora, no ha habido ningún fiscal —o ex fiscal— que haya declarado haber recibido presiones políticas del gobierno, de sus jefes o de la oposición. Para sostener seriamente la acusación que los fiscales no son autónomos y que el avance de las investigaciones depende de las filtraciones, se precisa que haya fiscales o ex fiscales que denuncien haber sido víctimas de presión para no seguir avanzando en sus investigaciones.

    Finalmente, para evaluar adecuadamente qué tan útiles son las filtraciones de alta connotación pública, vale la pena pensar qué pasaría si existiera una ley pro-filtraciones que obligara a los fiscales a transparentar cada una de sus diligencias y toda la información que manejen en cada caso. Si creemos que el país estaría mejor que hoy, tal vez valga la pena hacer una reforma en esa dirección.

    En cambio, si creemos que tendremos un mejor sistema de justicia castigando a los fiscales que filtran a la prensa para lograr mejorar su posición de negociación, entonces tal vez corresponda legislar no una ley mordaza sino otra que proteja a los fiscales de presión política para que puedan hacer su trabajo con independencia y autonomía, sin necesidad de recurrir a filtraciones, protegiendo el derecho a presunción de inocencia de los imputados.

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18. Las “batallas perdidas” en la Ley de Fortalecimiento de la Democracia

    Enero 27, 2016 12:46 pm Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El cientista político Claudio Fuentes, ex miembro de “Comisión Anticorrupción” presidida por Eduardo Engel, planteó en Cooperativa una serie de reparos frente a la tramitación de la Ley de Fortalecimiento de la Democracia por parte del Congreso.

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19. Los 21 privilegios y malas prácticas más irritantes del Congreso

    Enero 11, 2016 5:38 pm Leave a Comment

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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20. Libertad de expresión intensifica debate por proyectos sobre Pinochet y Allende

    Enero 7, 2016 3:24 pm Leave a Comment

    

21. Manuel Vicuña explicó resultados Encuesta Nacional UDP 2015

    Noviembre 5, 2015 1:22 pm Leave a Comment

    Según el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, un 45% de los chilenos está a favor de una nueva constitución, mientras que un 35% de reformarla.

    Hoy se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional UDP 2015 y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios, Manuel Vicuña, conversó con “Siempre es Hoy” sobre los resultados más llamativos.

    Entre los aspectos destacados por Vicuña está el aumento en la confianza de los medios de comunicación, el que sería “un efecto positivo de la corrupción, con todos los escándalos del último tiempo y el rol de los medios para revelarlos, ha aumentado la apreciación de la ciudadanía hacia ellos”.

    “Es concordante con el hecho de que la corrupción se ha transformado en el quinto problema más importante del país, subiendo desde el noveno lugar”, amplió.

    Otro aspecto abordado por la encuesta fue el de la discusión constitucional. Manuel Vicuña indicó que un 45% quiere tene una nueva carta fundamental y un 35% va por el camino de reformarla.

    En este sentido, agregó que si se da el caso de que se redacte una nueva constitución, más del 50% prefiere que sea por una asamblea constituyente y la gran mayoría está por ratificarla vía plebiscito.

    “Tiene que ver con el descrédito del Congreso, en esa situación nadie le quiere confiar atribuciones relevantes a la hora de decidir qué pasa con el futuro constitucional del país”, concluyó.

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22. El cálculo constitucional

    Octubre 16, 2015 12:43 pm Leave a Comment

    

23. Claudio Fuentes: “El problema constitucional no es legal, es de poder político y de poder económico”

    Octubre 14, 2015 10:49 am Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El académico de la UDP dice que en el texto también plantean que al margen del mecanismo elegido se requiere de “un acuerdo político-social previo”.

    El anuncio de la presidenta Michelle Bachelet -vía cadena nacional- del inicio del proceso para crear una nueva constitución con fechas y plazos, daba la impresión de que se podría haber cerrado un capítulo, sin embargo “la opción del gobierno es básicamente decir que es el Congreso el encargado de tomar la decisión sobre qué mecanismo escoger por lo tanto lo que ella está haciendo es chutear la pelota hacia el Congreso, al sistema político y no matricularse con ninguna de las opciones específicas por lo tanto esto lo que hace es extender el debate hasta fines de 2016”, acota el director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes.

    A horas de presentar el libro que coeditó junto a Alfredo Joignant: “La Solución Constitucional” y que lanzarán mañana jueves el también cientista reconoce que el planteamiento del gobierno es “una propuesta bastante compleja que no es de fácil procesamiento, que tiene varias etapas y que combina elementos participativos y representativos. En ese sentido y en el marco de nuestro libro es una solución híbrida que combina la necesidad de participación con la necesidad de incorporar al Congreso”.

    “La Solución Constitucional” convoca a 18 expertos y no expertos a quienes les preguntaron cuál sería el método para una nueva Constitución, analizando las ventajas y desventajas, los editores plantean también que cualquiera sea el mecanismo primero hay que avanzar en un acuerdo político-social.

    – ¿Qué propósito se impusieron al hacer este libro?

    – El objetivo es cuestionar un argumento que ha estado muy fuerte en el debate nacional: que el gran problema al escoger un mecanismo es que no hay propuestas específicas para avanzar en una nueva Constitución. Como nadie hablaba de itinerario, de un programa específico, de cómo sería el mecanismo para discutir la Constitución, dijimos: ‘Hagamos un experimento e invitemos a distintos académicos que han estado metidos en el tema, abogados y no abogados, a proponernos soluciones, mecanismos concretos y veamos qué resulta’.

    – ¿Y qué resultó?

    – Están todos de acuerdo que hay que avanzar hacia una nueva Constitución. Básicamente, hay tres soluciones relevantes que son las que precisamente la elite política está teniendo: La primera es la vía desde arriba, que sea el Congreso, este u otro el que defina las reglas del juego; al otro extremo están quienes dicen que tiene que ser una Asamblea Constituyente, es decir un grupo electo por la ciudadanía que represente los diversos intereses y que se autodisuelve después. Todas las soluciones llevan un plebiscito al final. Y una tercera fórmula son soluciones híbridas, donde por ejemplo está el sorteo de ciudadanos que se constituyen en una asamblea y que ellos definan la constitución; sería la expresión más aleatoria y de igualdad extrema en el sistema político. Entre medio hay quienes dicen que hagamos una combinación de estos: o sea habría una cuarta solución que sería una combinación de un poco de legisladores, algunos sorteados, algunos elegidos y expertos también.

    – ¿Este último mecanismo garantiza más participación?

    – Hay que ver las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. El sistema del Congreso, tiene el problema de la crisis de legitimidad que vivimos hoy. Sea este o el otro Congreso el que haga las nueva reglas del juego, el gran problema es que la ciudadanía no confía en el Congreso. Las soluciones híbridas, por ejemplo un sorteo, permiten por un lado bajarle esta ansiedad que tienen los parlamentarios respecto de estas asambleas, de ellos sentirse participes. Entonces, se dice al Congreso que participa en un 30 %. Otro porcentaje puede ser electo por la ciudadanía, es decir que haya listas y donde la ciudadanía elije a su representante.

    – ¿Cómo es eso en la práctica?

    – Siempre pasa por la política. Si la ciudadanía va a elegir asambleístas, tiene que ordenarse en listas, los partidos presentarán listas. Es decir, 33% electo por el Congreso, 33% electo por listas de la ciudadanía en un día de elección y 33% por sorteo. La idea es que la gente se sienta representada, que alguien, por ejemplo, diga que quiere participar y se registra en el Servel. La idea es que sea el ciudadano común, enfrentado a ciertos antecedentes, el que decida. La ventaja, es que hay un porcentaje de gente que no representa un interés particular, es aleatorio, por lo que podría ser un balance respecto de los otros que sí van a tener intereses particulares. En general, la opinión ciudadana común es muy moderada y sabe de cosas que otros no saben, un experto no sabe cómo funciona el sistema de salud en la calle o el sistema de transporte o la vulneración de derechos y eso ayuda a incorporar experiencia respecto de ciertos temas.

    El freno

    – Dada la experiencia internacional, ¿por qué no se le ha dado una salida más rápida a este debate?

    – El problema constitucional no es un problema legal, es un problema de poder político y de poder económico, eso es lo principal de este debate. Es un debate sobre poder, porque lo que está en juego y los empresarios han planteado el tema, que es lo primero que se les viene a la cabeza, es el derecho de propiedad.

    Segundo, derechos de agua que son la segunda preocupación de los empresarios y, tercero, lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, claramente, lo que ha frenado esta discusión es el debate económico porque implica revisar y reestructurar las relaciones de poder. El segundo ámbito es el del poder político y cómo se distribuye, le vas a dar más poder al Congreso versus al Presidente, por ejemplo. En los capítulos hay algunos que plantean que hay que mantener el presidencialismo y otros que hay que avanzar hacia un semipresidencialismo. Lo que muestra la experiencia comparada es que, en general, todos los procesos constituyentes, primero tienden a redistribuir poder y segundo a desconcentrar poder desde el Ejecutivo, esa es la tendencia de todos los países de América Latina.

    – ¿El mecanismo también determina si se formula una nueva carta fundamental o serán sólo reformas importantes?

    – Por eso es muy importante. Si es el Congreso el que parte debatiendo, usualmente los incumbentes dicen partamos desde lo que tenemos, es decir, revisemos artículo por artículo; para otros como los que plantean la AC dicen hoja en blanco, es decir, partamos de cero. Hay otros en el libro que también plantean que tenemos que partir no desde la Constitución del 80, sino que desde la Constitución de 1925 y sus reformas que es la reforma del año 71, es decir miremos al Chile democrático y a partir de ahí establezcamos. Cualquiera sea el mecanismo, siempre parten de un antecedente, no se parte de cero. Creo que el 60% o 70% vamos a estar de acuerdo que la Constitución garantice la igualdad entre hombres y mujeres, etc. El problema es cuando entramos a algunos temas en particular como la propiedad, rol del Estado, autonomía de las regiones, los quórums para aprobar reformas.

    – ¿Desde dónde partir puede sancionarse previamente?

    – En Chile hay mucha ansiedad. Como hay tanto en juego, se quiere tener certeza que los que van a estar ahí representan mis intereses. Y ese es el objetivo del libro que dice, cualquier mecanismo que se elija implica un acuerdo político social previo, si no hay ese acuerdo no se puede avanzar y eso es fundamental. No hay caso en el mundo en donde un proceso constituyente no se haya establecido sin que los actores políticos se pongan de acuerdo en cuales van a ser las reglas del juego.

    – ¿Usted se ha mostrado partidario de una AC, cree entonces que hay que partir de una hoja en blanco y revisar derechos de propiedad, de agua, etc?

    – Sí. Creo que está mal distribuido el poder en Chile. El proceso de debatir va a permitir llegar a una conclusión que en algunos temas es bastante cercano a lo que la actual Constitución dice, por ejemplo, derecho de propiedad. De hecho tuvimos un debate semanas atrás y sectores de izquierda señalaban que los derechos de propiedad en la Constitución son bastante bien conservados, o sea lo que dice la Constitución sobre derechos de propiedad no es muy distinto a lo que diría una nueva constitución. Sí derecho de agua, ahí habría un cambio significativo a hacer de un bien público los derechos de agua y no un bien privado. En la Constitución, por ejemplo, se establece un rol social de la propiedad, entonces no es tan alejado a lo que terminaría saliendo, por lo que ahí hay un fantasma que habría que diluir. Creo que los grandes cambios van a ser el orden político, el sistema de gobierno. Yo avanzaría a un sistema semipresidencial; segundo el debate de la autonomía regional que es el gran problema que tenemos porque hay una presión pro regionalización pero no sabemos cuánta autonomía darle a las regiones y cuántos recursos hay que redistribuir.

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24. Latinobarómetro: Brasil y Chile lideran desafección ciudadana con partidos políticos

    Septiembre 28, 2015 4:14 pm Leave a Comment

    

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    El último informe del Latinobarómetro reveló una decepción de la gente con la política. Y se advierte que la crisis de representación se refleja en un proceso de atomización del sistema de partidos.

    Desafección por los partidos políticos

    Según el estudio de opinión, sólo un 24% de los chilenos declaró sentirse cercano a los partidos políticos. Esta cifra se ubicó un punto sobre el 23% de Brasil, país que quedó último en la tabla. Ambos porcentajes se encuentran por debajo del promedio regional que registró un 40%.

    “Esto no tiene que ver con izquierda o derecha o tal o cual partido, esto es una crisis de representación generalizada. La gente no se siente representada, por eso no va a votar, por eso no se siente respaldada por el Congreso”, señaló Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.

    Por su lado el analista político de la UDP Mauricio Morales señaló que “Chile y Brasil tienen en común algunas cosas, están los mismos partidos más o menos siempre en el gobierno o en la oposición. A esto se le llama sistema de partidos hidropónicos: son muy estables, pero no tienen raíces”.

    Los intereses de los representantes

    Otro punto que evidenció la lejanía entre el poder político y la ciudadanía, fue la percepción de la población respecto de los intereses de los representates. A la pregunta “¿diría usted que Chile está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o está gobernado para el bien de todo el pueblo?”, sólo un 20% indicó que sería en beneficio de la población en general.

    Esto ubica a Chile en el 15º puesto, sólo superado por Brasil, Paraguay y Costa Rica, y nueve puntos por debajo del promedio regional que registró un 29%.

    “Chile es un país con bastantes niveles de desconfianza con el poder, no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Cuando se miran datos de la década del 60, se encuentran unos muy semejantes que los que uno ve ahora. Es muy poca la gente que va a contestar que el Estado es importante en su vida, y dentro del porcentaje que declara que el Estado sí es significativo, un gran porcentaje va a decir que es para mal, y el mundo político no ha sido capaz de absorber esto, y no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana”, indicó Eugenio Guzmán, de la Escuela de Gobierno de la UDD.

    La imagen del Congreso

    Sumado a esto, el Latinobarómetro evidenció que los chilenos se sienten escasamente representados por el Congreso, registrando que sólo un 19% se sienten interpretados por el Poder Legislativo.

    Esta cifra sitúa a Chile en el 12º puesto, quedando otra vez debajo del promedio latinoamericano, que alcanzó 23 puntos porcentuales.

    “Esto tampoco es culpa de un tal caso Penta o un tal Peñailillo, esto es algo general. Esta es una crisis que va más allá de la contingencia. Y lo que sucede cuando existe estas crisis de representación,  es que la gente no le cree a nadie y empiezan a pensar en los candidatos que están por fuera. Y ahí surgen los populismos”, manifestó Lagos.

    Participación electoral

    “Es posible concluir que luego de 20 años, hoy en América Latina votan más ciudadanos, siendo Chile el país donde se ha registrado una mayor caída en la participación electoral del periodo”, dice el estudio.

    “En la última elección presidencial donde resultó electa Michelle Bachelet para un segundo mandato la participación fue un 34% menos que el promedio en los últimos 20 años”, se enfatiza.

    Y si bien se advierte que la participación “cae sin cesar desde 1993” y se acentúa tras el cambio de voto obligatorio por voluntario, Marta Lagos señala ese no debe entenderse como el único factor.

    “No hay que echarle la culpa al empedrado, no hay ningún país que tenga una caída tan grande como Chile. Aquí la crisis de representación es profunda y se viene arrastrando, y paso a paso, todos los días aumenta un poco más”, indicó.

    A su turno, Morales señaló que si bien el paso a un sistema voluntario aceleró la baja en la participación esto “ya se venía experimentando”.

    “Si en la elección municipal del año 2008 participaron alrededor del 58% de quienes tenían edad para votar, en 2012 esa cifra se reduce a 41%. Lo más graves no es la caída en los volúmenes de participación, sino la composición de esa participación. Esa participación es mucho más alta en las clases más altas”.

    Satisfacción con la democracia

    Pese a la baja valoración que evidenciaron los chilenos sobre los representantes y las instituciones políticas, la satisfacción con la democracia se mantuvo por sobre el promedio regional (37%), alcanzando un 43% de valorización.

    En tanto, respeto a la percepción sobre la probidad en el desarrollo de los comicios, un 67% de los chilenos señaló que las elecciones eran “limpias”, sólo siendo superados por Uruguay que alcanzó un 82%.

    “La gente valora que las elecciones sean limpias y transparentes, pero critica a los representantes. Parece que lo que quiere es cambiar caras, pero no las instituciones”, agregó Morales.

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25. Claudio Fuentes se suma a las críticas por el destino de la agenda de probidad en el Congreso: “Dijimos que Servel tenía que tener dientes y le están poniendo dientes de leche”

    Septiembre 3, 2015 3:08 pm Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El integrante de la Comisión Engel recordó que a partir de la discusión de los proyectos de ley, el Servel queda con menos atribuciones y especialmente recursos para fiscalizar de manera eficiente las próximas elecciones municipales.

    Claudio Fuentes –director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y que trabajó durante 45 días en la comisión presidencial para elaborar una agenda de probidad, cuyos proyectos están siendo discutidos en el Congreso– se sumó a las críticas que hizo el presidente de la instancia, el economista Eduardo Engel, particularmente sobre las atribuciones que tendrá en adelante el Servicio Electoral (Servel).

    En conversación con Radio Zero esta mañana, Fuentes comenzó reconociendo que es ante todo un avance que se estén discutiendo al menos seis iniciativas legales que el gobierno ha priorizado en torno a este asunto y que otro numero equivalente queden para el próximo año. Sin embargo, el académico afirmó que está de acuerdo con el planteamiento de Eduardo Engel, “en torno a que hay preocupaciones respecto de lo que tiene que ver con el cómo se están desenvolviendo el tipo de proyectos. Pongo el caso del Servel”, dijo.

    Y al respecto detalló: “Dijimos que Servel tenía que tener dientes y en el Congreso le están poniendo dientes de leche. Se le están quitando atribuciones al Consejo Directivo”, afirmó. “En recursos el Servel estaba pidiendo 410 funcionarios en cuatro años y el proyecto le está dando 38. Lo que significa es que la capacidad de control, de fiscalización efectiva en las próximas municipales va a ser mínima”, contó.

    El académico agregó que “la renovación de los consejeros era por dos años y se renovaba por un período. Eso se cortó. ¿Qué quiere decir eso? Mayor rotación. El presidente duraba cuatro años con una renovación y ahora va a durar dos años, con una renovación y lo último, la útima indicación que es de hace dos días y no ha salido en ninguna parte, es que se elimina la inhabilidad que tenían los ministros, subsecretarios e intendentes y gobernadores para formar parte del consejo. Antes, los ministros subsecretarios, intendentes y gobernadores no podían ser parte del Consejo Directivo porque hay un conflicto de interés. O sea, mañana un ministro renuncia y puede ser parte del Consejo Directivo del Servel, cosa que es complicada”, aseguró.

    A juicio de Fuentes, en estos cambios contenidos en la “letra chica” de las indicaciones que se han introducido al proyecto está la estrategia de los partidos para mantener su poder interno. “Básicamente si tenemos un peligro que nos controlen y financien la campaña, qué es lo que hago: quito  atribuciones, le pongo rotación, meto a ex ministros al Consejo y ese escenario me parece preocupante”, afirmó.

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26. Claudio Fuentes: “Hay recomendaciones que hicimos y que no se han incluido”

    Agosto 17, 2015 9:02 am Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El director de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, hace una buena evaluación del envío y la tramitación de los proyectos sobre transparencia y probidad, aunque advierte que hay algunas recomendaciones que hizo la comisión Engel -de la cual fue integrante- que no se han visto reflejadas en las iniciativas.

    ¿Cómo evalúa el estado de avance de esta agenda?

    El gobierno ha enviado proyectos de ley en materias directamente relacionadas con el informe que entregamos. Son más de 20 iniciativas legislativas las que se han enviado, además de los aspectos administrativos. Desde ese punto de vista, hay un compromiso realizado que se puede medir respecto de la cantidad de proyectos enviados, y sobre las medidas administrativas impulsadas, que es en lo que más se ha avanzado. Dicho eso, creo que la discusión particular ha tenido matices en el Congreso.

    ¿A qué matices se refiere?

    Creo que se ha avanzado en ámbitos de probidad, y el Congreso está dispuesto a cambiar algunos ámbitos del propio Congreso. Hay buenos ejemplos, como las comisiones externas de Ética y el avance en algunos proyectos vinculados a probidad, la declaración de intereses y varios otros. Pero donde veo más complejidades es en el tema de la ley de financiamiento a los partidos políticos, donde hay recomendaciones que hicimos nosotros que ni el proyecto del gobierno ni en la discusión parlamentaria se han incluido.

    ¿Como cuáles?

    Por ejemplo, recomendamos que la entrega de recursos a los partidos políticos se tenía que condicionar a que cumplieran con un estándar de transparencia y de democracia interna. Eso hasta el momento no está reflejado ni en el proyecto de ley del gobierno ni en la discusión parlamentaria. Segundo, no se ha incluido la idea que propusimos de la reinscripción de militantes en los partidos. Esta reinscripción fue bastante “aguada” en la indicación del gobierno, por lo tanto, no hay un mecanismo que certifique la transparencia respecto a este proceso. Y tercero, sobre la democracia interna de los partidos: el principio de un militante un voto no está ratificado en el proyecto, por lo tanto los partidos podrían reinterpretar lo que significa la democracia interna de cualquier modo. Por lo tanto, eso también es, en mi opinión personal, problemático en el proyecto de ley.

    ¿Qué le parece la disposición de los parlamentarios para tramitar esta agenda?

    En general hay una disposición buena de los parlamentarios, primero, a acoger los temas y a discutirlos. Mis aprensiones tienen que ver con proyectos que los afecten a ellos directamente. Hay que ver hasta qué punto se van a ver iniciativas como los proyectos de los partidos políticos y del financiamiento de la política, que garanticen niveles de transparencia altos. Sin embargo, ellos ya crearon una comisión de probidad, están discutiendo los temas, está avanzando la legislación, y por lo tanto, en este sentido hay una disposición a aprobar los proyectos.

27. Nueva Mayoría: fecha de caducidad

    Julio 31, 2015 12:22 pm Leave a Comment

    

    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el Congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.
    Hoy la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos -la Democracia Cristiana y el Partido Comunista- es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.

    Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.

    Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.

    Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No sólo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.

    Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundados, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.

    Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.

    Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.

    Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.

    El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al Congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.

    En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor escenario uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.

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28. Efectos de limitar la reelección

    Mayo 27, 2015 9:20 am Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Producto de los escándalos político-empresariales de reciente data, los actores políticos han propuesto limitar la reelección de senadores por una vez (16 años de ejercicio), y a diputados por dos veces (12 años de ejercicio). Se sostiene que esta simple medida permitirá renovar a las élites políticas y evitar la eternización en el poder. No obstante, el debate parece guiarse más por la premura de legislar en algo que es popular, más que por un ponderado estudio de las contradicciones que implica esta norma.

    El debate se ha hecho desde la premisa que existiría una suerte de apernamiento de todos los legisladores en ejercicio y que esta circunstancia se viene dando desde 1990 a la fecha. Aquello no se sustenta en los datos. En la Cámara de Diputados sólo seis de ellos (5%) se mantienen desde el retorno a la democracia. Ninguno de los senadores actuales mantiene su cargo en forma continua desde 1990. Cuando consideramos la carrera política (legisladores que han sido diputados, senadores o la secuencia de ambos en forma ininterrumpida) vemos que son 14 legisladores, es decir, un 9% del conjunto de legisladores. Otro dato decidor es que la Cámara de Diputados tiene una tasa de renovación de cerca de un 40%, esto es, entre 45 o 48 diputados son nuevos en cada legislatura.

    Entonces, el problema no es la renovación de caras (que de hecho se da en forma habitual). El problema es otro muy distinto y se asocia con la falta de renovación en el tipo de representación. Cambia el Congreso pero continúa representando a los mismos intereses políticos y sociales. De ahí que percibamos que en cada elección “es más de lo mismo”. Establecer un límite a la reelección no resolverá el problema de la renovación de la representación. Mucho más efectivo sería democratizar los partidos y los mecanismos de selección de candidaturas. Aquello tendría un impacto significativamente superior a limitar la reelección.

    Los efectos negativos de este límite tampoco han sido discutidos. Cuando un legislador está en su último período en su distrito, lo que hará será comenzar a buscar alternativas laborales o de continuación de su carrera política. Se produce así un problema de desvinculación con sus representados en el período final de su mandato, fenómeno que ha sido ampliamente estudiado para el caso de legislaturas estatales en Estados Unidos.

    Otro efecto también estudiado por la literatura es el debilitamiento de las capacidades técnicas de las legislaturas cuando existe una cláusula de este tipo. Y como los vacíos de poder son llenados, el Ejecutivo se verá robustecido vis a vis el Congreso.

    Así, manteniendo todas las condiciones iguales, como seguramente sucederá, considero que es un error limitar la reelección porque sólo provocará renovación de caras pero no del tipo de representación, debilitará las capacidades del Congreso y generará efectos negativos para el vínculo representantes-electores. No todo lo popular es bueno, ni todo lo bueno es necesariamente popular.

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29. Advierten riesgo de personalización de la política con reforma electoral

    Junio 11, 2014 4:01 pm Leave a Comment

    El director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, advirtió que la reforma al sistema electoral podría tener efectos negativos de aumentar la personalización de la política. Al exponer ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados sostuvo que un sistema electoral, además de convertir votos en escaños, tiene efectos relevantes en términos de inclusión, gobernabilidad, y promover el debate de ideas, entre otros.

    En su presentación sostuvo que una democracia requiere partidos fuertes, responsables y que convenzan a la ciudadanía en base a ideas y no al vínculo personalista que pueda darse entre un representante y el electorado.

    “El proyecto que se discute no rompe el paradigma personalista, por el contrario, lo refuerza. Creo que debiésemos pensar en medidas orientadas a fortalecer el debate programático de ideas”.

    Indicó que los electores deberán escoger un candidato entre más de una veintena de opciones, lo que provocará problemas de identificabilidad.

    Para resolver esos problemas propuso, entre otros, obligar a las candidaturas a que presenten programas; establecer la obligación que los candidatos muestren sus emblemas en la publicidad; y promover el financiamiento estatal de partidos políticos, entre otras materias.

    Asimismo, rechazó la idea que han sostenido algunos analistas y actores políticos respecto a que la reforma promovería el centralismo.

    “Si los electores de la Región Metropolitana representan al 39% del país, con esta propuesta los diputados pasarían de ser el 27% al 30% de la Cámara. A su vez, las cuatro regiones menos pobladas (1ra, 11ava, 12ava, 15ava) que contienen el 4,72% de los electores, pasarían de una representación de diputados de 6,6%  a 7,7%.”

    Agregó que el aumento de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 senadores ayudará a reducir la desigualdad del voto que hoy existe. Desde esta perspectiva, la propuesta presentada por el gobierno permitirá mejorar la relación electores/representantes que hoy existe. Si hoy la relación es de 1 representante por cada 103 mil electores, con la reforma se reduciría a 1 representante por cada 80 mil electores.

    En la presentación realizó propuestas para mejorar los incentivos de participación de mujeres en política y la inclusión de asientos reservados para indígenas mediante la creación de un distrito indígena.

    Ver documento presentado ante la comisión aquí.