La trombosis de la Nueva Constitución
Leave a Comment
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La lentitud del gobierno para decidir cuál va a ser el proceso constituyente por el que quiere producir una nueva carta fundamental que remplace a la Constitución de 1980 amenaza con convertirse en un coágulo que produzca una trombosis letal en la credibilidad del gobierno ante sus bases fundacionales de izquierda y los sectores moderados y de oposición —incluidos los actores económicos— que todavía miran con desconfianza el cambio de giro anunciado por el gobierno a través del slogan de realismo sin renuncia.
Las promesas de campaña a menudo terminan persiguiendo a los presidentes con la misma intensidad con que ellos las repitieron cuando buscaban votos. Pese a tener asegurada su victoria, Michelle Bachelet realizó muchos compromisos como candidata. En tanto la razón para su popularidad radicaba en la enorme credibilidad que ella había cultivado en su primer periodo en el poder, sus compromisos de campaña implicaban un riesgo alto para el éxito de su gobierno. Si bien el programa de gobierno tenía un número excesivo de promesas, dos de los compromisos más importantes que realizó la candidata Bachelet fueron la gratuidad universal de la educación superior y la nueva constitución.
A partir del realismo sin renuncia, el gobierno ha diluido su promesa de gratuidad universal para después de 2017. Esto equivale a que Sebastián Piñera hubiera relativizado su promesa de 1 millón de empleos para después de terminado su mandato o que el mejor censo de la historia se viniera a materializar recién después de 2020. A diferencia de aquellas políticas en las que se produce acuerdo transversal para su implementación —como la reforma procesal penal—, la promesa de gratuidad en la educación es absolutamente contingente al color del gobierno de turno. Si Bachelet no cumple esa promesa en su cuatrienio, nada garantiza que el próximo gobierno vaya a continuar con esa polémica y controversial política pública. Con todo, la aceptación de que la gratuidad universal no será una realidad bajo el gobierno de Bachelet ha puesto el foco en la promesa de una nueva constitución como prueba definitiva de la capacidad de la Presidenta para cumplir sus compromisos.
Así como había discrepancias en la Nueva Mayoría respecto a la conveniencia de garantizar educación gratuita universal, hubo mucho debate sobre la utilidad y factibilidad de impulsar una nueva constitución. Producto de esas discrepancias, el programa de gobierno de Bachelet fue especialmente ambiguo sobre el proceso a través del cual lograría promulgar una nueva constitución. Las repetidas referencias de Bachelet al proceso constituyente —especialmente desde que lo ratificara la noche que anunció las medidas anticorrupción, opacándolas con las dudas sobre cómo se impulsaría la nueva constitución—, han profundizado la vaguedad respecto a cómo avanzará Bachelet en lograr remplazar a la Constitución de 1980. Como la Presidenta no ha especificado el proceso —más allá de las pintorescas referencias a cabildos y proceso participativos (pero no resolutivos)—, todos se han sentido con derecho a expresar sus preferencias sobre cómo avanzar. Esta vaguedad ha llevado a que algunos en la Nueva Mayoría insistan en una Asamblea Constituyente, otros hablen de plebiscitos y no pocos simplemente —abrazando la estrategia de realismo sin renuncia— se animen a sugerir un paquete de reformas constitucionales (como el promulgado por el Presidente Lagos en 2005).
Esta indefinición ha provocado una especie de coágulo conceptual que no ha permitido que el debate constitucional fluya libremente al interior de la Nueva Mayoría. Como nadie sabe qué empezará a pasar en septiembre —si llega a ocurrir algo—, todos proponen sus propios caminos para ayudar a que Bachelet logre salir de la camisa de fuerza en la que ella misma, voluntariamente, se metió en la campaña de 2013 y a la que se amarró con más fuerza hace solo unos meses. Como todo coágulo que crece demasiado, el riesgo es que esta indefinición termine produciendo un infarto que ponga en riesgo la estabilidad de la propia Nueva Mayoría.
Como la coalición de gobierno ha sido incapaz de sincerar sus diferencias internas sobre cómo avanzar para cumplir esa emblemática promesa de Bachelet (el tema ha sido explícitamente excluido del próximo cónclave de la coalición), la reiteración de la promesa de que en cinco semanas se iniciará el proceso constituyente resulta incomprensible. Si ni siquiera están de acuerdo al interior del gobierno en cuál va a ser la hoja de ruta, cuál es el destino al que se aspira llegar y cuál es la carta Gantt, difícilmente los partidos de la Nueva Mayoría podrán ejercer el liderazgo que se necesita para llevar un proceso constituyente a feliz término.
Lamentablemente, al igual que muchos pacientes que tienen embolias, el gobierno ha optado por ignorar los síntomas y, por lo tanto, arriesga ser víctima de una trombosis cuando lo alcance la fecha límite para el inicio de un proceso constituyente para el que claramente no está preparado.
