¿La Constitución de quién?
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Estudio UDP: Cómo los distintos estratos discuten la Constitución
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¿Cuán extensa debe ser la Constitución?
Leave a CommentEl Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, dirigido por Claudio Fuentes, realizó este mes un informe titulado “Las constituciones en palabras”, para comparar la carta chilena con otras constituciones en el mundo.
En plena discusión sobre cómo debe ser la Constitución, ya se ha abierto un nuevo debate en torno a ella: cuán extensa debe ser la Carta Fundamental de Chile.
El Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, dirigido por Claudio Fuentes, realizó este mes un informe titulado “Las constituciones en palabras”, para comparar la carta chilena con otras constituciones en el mundo. Dentro de las conclusiones se establece que la nuestra se encuentra en el promedio mundial con 25.900 palabras en su texto, muy por encima de las europeas, que tienden a ser las más breves.
América Latina, por su parte, es la segunda región con constituciones más largas, aunque las dos constituciones que tienen más palabras son la de India (146 mil) y Nigeria (66 mil).
El análisis del plantel académico muestra un ciclo de incremento en la extensión de las constituciones hasta los años 80, para luego reducirse en los 90-2000. Esto se debe a la creación de nuevos países en Asia, que establecieron constituciones más bien cortas.
Chile, históricamente, muestra un progresivo incremento en el tamaño de sus constituciones, desde poco más de 9 mil palabras, en 1833, hasta más de 25 mil en la actualidad. ¿Los criterios? Cuánto detalle deben contener finalmente las constituciones. La clave, para muchos, es que esta sólo debe contemplar grandes lineamientos. En ese sentido, sería bueno que Chile volviera a mirar las leyes del pasado.
Larroulet y la distorsión de la realidad
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Por qué el ex ministro Larroulet realizó un juicio tan liviano cuando la somera revisión de los mismos datos advierte de una secuencia causal contraria a lo que él sostiene: no es que la existencia de muchos derechos en una Constitución produzca ciertos resultados, sino que es la ausencia de tales derechos lo que lleva a las sociedades a intentar consignarlos en las constituciones. La única explicación que se me ocurre es que el ex ministro busca ajustar la realidad a determinado objetivo político y para eso presenta espurias correlaciones y juicios que no se sustentan en la realidad.
La semana pasada, el ex ministro Cristián Larroulet expuso en un seminario en el que planteó una serie juicios fundados en tablas de doble entrada. Dijo que existiría una relación entre la cantidad de derechos establecidos en una Constitución y una serie de resultados económicos, indicando que: 1) a mayor cantidad de derechos constitucionales, menor es el ingreso per cápita de las naciones; 2) a mayor cantidad de derechos constitucionales, mayor es el déficit fiscal y, por lo tanto, mayor es la inflación; y 3) mientras mayores derechos educacionales, peor es la educación.
La recomendación que se deriva de aquella impresionante correlación es la siguiente: no agregues derechos en la Constitución pues el ingreso per cápita será menor, aumentará la inflación y caerá la calidad de la educación.
Pero ¿ponemos confiar en esta conclusión? Evidentemente, no.
Lo primero que salta a la vista de esta curiosa aseveración es de qué derechos está hablando Larroulet. Una Constitución podría indicar derechos de protección a la iniciativa individual, a la empresa, o derechos sociales o culturales. Aquello es imposible saberlo con la información que hoy contamos.
Pero asumamos por un momento que todas las constituciones del planeta solo promueven derechos económicos, sociales y culturales, de esos que le incomodan al ex ministro Larroulet. La segunda observación es que, cuando vemos los países individualmente, son efectivamente los países más pobres del planeta los que tienen una mayor cantidad de derechos en sus constituciones. Parece ser que existe una relación entre número de derechos en una Constitución y el ingreso per cápita de una sociedad. Pero perfectamente podríamos suponer lo opuesto, esto es, que: a menor ingreso per cápita de un país, mayores son los incentivos para colocar una gran cantidad de derechos en la Carta Magna.
Si le creyéramos a Larroulet, tendríamos que observar una secuencia temporal de, primero, establecimiento de constituciones con muchos derechos, seguido de la reducción en el ingreso per cápita. Pero cuando observamos los casos, vemos que se trata de constituciones de reciente data.
Las dos constituciones que contienen más derechos del mundo son Ecuador (99 derechos) y Bolivia (88 derechos), y precisamente son de reciente promulgación (2008 y 2009, respectivamente).
Las 20 constituciones que presentan el mayor número de derechos fueron promulgadas la mayoría de ellas en la década de los 90, y no antes. Lo anterior muestra precisamente lo inverso a lo planteado por Larroulet, esto es, que es razonable suponer que sean los bajos ingresos los que estimulan a la ciudadanía a demandar mayores provisiones constitucionales y no a la inversa. No es casualidad, entonces, que un mayor nivel de pobreza se asocie con un mayor número de derechos en las constituciones.
Si le creyéramos a Larroulet, tendríamos que observar una secuencia temporal de, primero, establecimiento de constituciones con muchos derechos, seguido de la reducción en el ingreso per cápita. Pero cuando observamos los casos, vemos que se trata de constituciones de reciente data. Las dos constituciones que contienen más derechos del mundo son Ecuador (99 derechos) y Bolivia (88 derechos), y precisamente son de reciente promulgación (2008 y 2009, respectivamente).
Otra explicación que Larroulet ni siquiera insinúa dice relación con la evolución del concepto de derechos a nivel internacional. En la década de los cuarenta del siglo pasado o antes, la comunidad internacional observaba un muy pobre desarrollo de derechos. Después de la II Guerra Mundial se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de allí se ha observado una progresiva puesta en la agenda nacional y local de derechos (refugiados, migrantes, trabajadores, mujeres, indígenas, niños y niñas, personas con discapacidad, desaparición forzada, etc.).
Entonces, resulta esperable que países que establecieron constituciones al inicio del siglo XX observen un número significativamente menor de derechos expresados en sus textos. De hecho, en las constituciones que tienen una menor cantidad de derechos figuran países como Dinamarca, Australia, Austria, Francia, Israel y Tailandia. En los 20 países con menor número de derechos, la promulgación de las constituciones data de 1948 en promedio.
Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la temporalidad es una variable muy crucial. Las constituciones reformadas en los últimos 10 años incluyen el doble de más derechos que las aprobadas antes de 1948. La mayor conciencia de derechos a nivel global es un fuerte determinante de la cantidad de derechos que hoy seguramente debatimos.
Así, la siguiente pregunta es por qué el ex ministro Larroulet realizó un juicio tan liviano cuando la somera revisión de los mismos datos advierte de una secuencia causal contraria a lo que él sostiene: no es que la existencia de muchos derechos en una Constitución produzca ciertos resultados, sino que es la ausencia de tales derechos lo que lleva a las sociedades a intentar consignarlos en las constituciones. La única explicación que se me ocurre es que el ex ministro busca ajustar la realidad a determinado objetivo político y para eso presenta espurias correlaciones y juicios que no se sustentan en la realidad. Simplemente lamentable.
Informe UDP concluye que cambios a la Constitución no impactan el crecimiento y la inversión
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Expansión del PIB y de la tasa de inversión fue mayor antes y después de las modificaciones en los países de la muestra, exceptuando Venezuela.
El proceso para cambiar la Constitución es una realidad y ya está en marcha. El gobierno ha convocado a los ciudadanos a participar en cabildos y encuentros autoconvocados para discutir eventuales cambios a la Carga Magna, con miras al envío de un proyecto de ley que deberá discutir el próximo Congreso.
Y uno de los principales debates en la materia ha girado en torno al impacto de la discusión constitucional en la economía, específicamente en las decisiones de inversión de los privados, en el contexto de una actividad que se ha desacelerado en los últimos dos años y cuyas perspectivas no parecieran mejorar para el mediano plazo.
La oposición y parte del sector privado advierten que el debate sobre las reglas del juego podría continuar afectando el crecimiento del PIB y la inversión, apuntando a la posibilidad de que se abra la discusión sobre el derecho de propiedad.
Sin embargo, la evidencia de otros países de la región que realizaron modificaciones a su Carta Magna pareciera invalidar dicha tesis. Así, por lo menos, lo establece un informe del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto del debate en la inversión y el Producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.
El informe evaluó los cambios a la Carta Magna realizados mediante una asamblea constituyente en Colombia (1991), Argentina (´94), Ecuador (´98), Venezuela (´99), Ecuador (´08) y Bolivia (´09), además de las modificaciones realizadas vía el Congreso u otros mecanismos por Brasil (1988), Paraguay (´92), Perú (´93), Bolivia (´94) y República Dominicana (´10).
La UDP analizó la tasa de crecimiento del Producto y la participación de la inversión en el PIB de dichos países en dos períodos: los tres años previos al cambio a la Carta Magna, y cinco años después de materializados los ajustes.
En materia de PIB, se concluyó que los países que cambian su Constitución observan mayores tasas de crecimiento los tres años pre modificación, al igual que en cinco años posteriores al reemplazo.
“Los 11 países que reemplazaron sus constituciones observaron una tasa de crecimiento de 4% en los tres años antes de verificarse el cambio, mientras América Latina en idénticos años creció un 3% como promedio”, recalca el informe.
¿Qué pasó después de las modificaciones? Las 11 naciones crecieron en promedio 3,6% los cinco años posteriores, mientras América Latina lo hizo a apenas el 2,8%, exceptuando Venezuela, que mostró un comportamiento “inusual” antes y después de su proceso constituyente.
Mientras que en términos de inversión, la situación es similar: la tasa de inversión se situó en 19,8% del PIB pre reforma a 21% del Producto a posteriori, mientras que el promedio de Latam fue 20,1% y 20%, respectivamente.
Según el estudio, los resultados no distan mucho si el cambio es vía asamblea constituyente o mediante otros mecanismos (ver infografía).
¿Qué factores inciden?
El informe recalca que “muy probablemente” tanto el crecimiento como la inversión responden a un “complejo set de variables”.
“Pero, al menos, no se puede afirmar que países que realizaron cambios constitucionales vieron seria y negativamente afectado tanto su crecimiento como sus inversiones ni antes ni después de realizado el cambio”, concluye el reporte.
Llevado a la realidad local, el Laboratorio Constitucional de la UDP recalca el debate que se ha generado sobre la “incertidumbre” que provoca el proceso constituyente en el sector privado, éste último anticipando una caída en el crecimiento y la inversión.
“Al menos, en otros países aquel pronóstico no se cumplió. Crecimiento económico e inversiones parecen depender de otras variables no relacionadas necesariamente con el cambio en las reglas del juego”, es una de las principales conclusiones del texto.
CLAUDIO FUENTES: “ES MUCHO MÁS RELEVANTE EL ESTADO DE LA ECONOMÍA GLOBAL”
– ¿Se ha exacerbado la idea de que la discusión constitucional está impactando la inversión?
– Lo que demuestra la evidencia de América Latina es que tanto la expectativa de cambiar la Constitución como el hecho de reemplazarla no han tenido en promedio un efecto negativo ni en el crecimiento económico ni en las inversiones. Seguramente son otros factores los que inciden en mayor o menor crecimiento, o mayor o menor inversiones. Probablemente, es muchísimo más relevante el estado de la economía global y la expansión o restricción de la economía en China.
Respondiendo a su pregunta, sí, creo que los actores chilenos ponen demasiada atención a la disputa política, cuando la experiencia muestra que el dinamismo de la economía depende significativamente de otros factores.
– ¿Es probable que una vez finalizada la discusión, pase en Chile lo que en otros países de la región en el pasado?
– No podemos decirlo. Lo que muestran las cifras es que podrían existir otros factores (diferentes al cambio de reglas) explicando el crecimiento económico y las inversiones. Observemos algunos ejemplos concretos.
En Colombia entre 1992 y 1996 crecieron las inversiones cuatro puntos más que el promedio latinoamericano. En Bolivia, en cambio, el rendimiento de inversiones fue un punto menor al del promedio una vez que establecieron su constituyente. En Ecuador, que hizo cambios radicales a las reglas del juego, su rendimiento post asamblea constituyente fue siete puntos sobre el promedio en los cinco años que siguieron.
– ¿Qué reflejan estas cifras?
– Que debemos ser cautos a la hora de hacer juicios de valor. Lo único que podemos decir es que no necesariamente un cambio de reglas del juego frena la economía o detiene las inversiones. Como promedio de América Latina aquello no ha sido el caso. Hay casos que tuvieron asambleas constituyentes y que les fue bien económicamente (Colombia, Bolivia, Ecuador). Hay otros que no les fue bien (Venezuela, Argentina).
Informe UDP concluye que cambios a la Constitución no impactan el crecimiento y la inversión
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FOTO: RAUL LORCA
El proceso para cambiar la Constitución es una realidad y ya está en marcha. El gobierno ha convocado a los ciudadanos a participar en cabildos y encuentros autoconvocados para discutir eventuales cambios a la Carga Magna, con miras al envío de un proyecto de ley que deberá discutir el próximo Congreso.
Y uno de los principales debates en la materia ha girado en torno al impacto de la discusión constitucional en la economía, específicamente en las decisiones de inversión de los privados, en el contexto de una actividad que se ha desacelerado en los últimos dos años y cuyas perspectivas no parecieran mejorar para el mediano plazo.
La oposición y parte del sector privado advierten que el debate sobre las reglas del juego podría continuar afectando el crecimiento del PIB y la inversión, apuntando a la posibilidad de que se abra la discusión sobre el derecho de propiedad.
Sin embargo, la evidencia de otros países de la región que realizaron modificaciones a su Carta Magna pareciera invalidar dicha tesis. Así, por lo menos, lo establece un informe del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto del debate en la inversión y el Producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.
El informe evaluó los cambios a la Carta Magna realizados mediante una asamblea constituyente en Colombia (1991), Argentina (´94), Ecuador (´98), Venezuela (´99), Ecuador (´08) y Bolivia (´09), además de las modificaciones realizadas vía el Congreso u otros mecanismos por Brasil (1988), Paraguay (´92), Perú (´93), Bolivia (´94) y República Dominicana (´10).
La UDP analizó la tasa de crecimiento del Producto y la participación de la inversión en el PIB de dichos países en dos períodos: los tres años previos al cambio a la Carta Magna, y cinco años después de materializados los ajustes.
En materia de PIB, se concluyó que los países que cambian su Constitución observan mayores tasas de crecimiento los tres años pre modificación, al igual que en cinco años posteriores al reemplazo.
“Los 11 países que reemplazaron sus constituciones observaron una tasa de crecimiento de 4% en los tres años antes de verificarse el cambio, mientras América Latina en idénticos años creció un 3% como promedio”, recalca el informe.
¿Qué pasó después de las modificaciones? Las 11 naciones crecieron en promedio 3,6% los cinco años posteriores, mientras América Latina lo hizo a apenas el 2,8%, exceptuando Venezuela, que mostró un comportamiento “inusual” antes y después de su proceso constituyente.
Mientras que en términos de inversión, la situación es similar: la tasa de inversión se situó en 19,8% del PIB pre reforma a 21% del Producto a posteriori, mientras que el promedio de Latam fue 20,1% y 20%, respectivamente.
Según el estudio, los resultados no distan mucho si el cambio es vía asamblea constituyente o mediante otros mecanismos (ver infografía).
¿Qué factores inciden?
El informe recalca que “muy probablemente” tanto el crecimiento como la inversión responden a un “complejo set de variables”.
“Pero, al menos, no se puede afirmar que países que realizaron cambios constitucionales vieron seria y negativamente afectado tanto su crecimiento como sus inversiones ni antes ni después de realizado el cambio”, concluye el reporte.
Llevado a la realidad local, el Laboratorio Constitucional de la UDP recalca el debate que se ha generado sobre la “incertidumbre” que provoca el proceso constituyente en el sector privado, éste último anticipando una caída en el crecimiento y la inversión.
“Al menos, en otros países aquel pronóstico no se cumplió. Crecimiento económico e inversiones parecen depender de otras variables no relacionadas necesariamente con el cambio en las reglas del juego”, es una de las principales conclusiones del texto.
CLAUDIO FUENTES: “ES MUCHO MÁS RELEVANTE EL ESTADO DE LA ECONOMÍA GLOBAL”
– ¿Se ha exacerbado la idea de que la discusión constitucional está impactando la inversión?
– Lo que demuestra la evidencia de América Latina es que tanto la expectativa de cambiar la Constitución como el hecho de reemplazarla no han tenido en promedio un efecto negativo ni en el crecimiento económico ni en las inversiones. Seguramente son otros factores los que inciden en mayor o menor crecimiento, o mayor o menor inversiones. Probablemente, es muchísimo más relevante el estado de la economía global y la expansión o restricción de la economía en China.
Respondiendo a su pregunta, sí, creo que los actores chilenos ponen demasiada atención a la disputa política, cuando la experiencia muestra que el dinamismo de la economía depende significativamente de otros factores.
– ¿Es probable que una vez finalizada la discusión, pase en Chile lo que en otros países de la región en el pasado?
– No podemos decirlo. Lo que muestran las cifras es que podrían existir otros factores (diferentes al cambio de reglas) explicando el crecimiento económico y las inversiones. Observemos algunos ejemplos concretos.
En Colombia entre 1992 y 1996 crecieron las inversiones cuatro puntos más que el promedio latinoamericano. En Bolivia, en cambio, el rendimiento de inversiones fue un punto menor al del promedio una vez que establecieron su constituyente. En Ecuador, que hizo cambios radicales a las reglas del juego, su rendimiento post asamblea constituyente fue siete puntos sobre el promedio en los cinco años que siguieron.
– ¿Qué reflejan estas cifras?
– Que debemos ser cautos a la hora de hacer juicios de valor. Lo único que podemos decir es que no necesariamente un cambio de reglas del juego frena la economía o detiene las inversiones. Como promedio de América Latina aquello no ha sido el caso. Hay casos que tuvieron asambleas constituyentes y que les fue bien económicamente (Colombia, Bolivia, Ecuador). Hay otros que no les fue bien (Venezuela, Argentina).
Cambios a la Constitución se toman la agenda de ICARE y la UC
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Los chilenos y la Constitución
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Claudio Fuentes: “Hay un pánico a que la ciudadanía se organice y manifieste”
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Conversación sobre clasismo, legitimidad y Constitución con el director de la escuela de Ciencias Políticas de la UDP, Claudio Fuentes.
Claudio Fuentes analiza la coyuntura política
Leave a CommentClaudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Temas:
-Las críticas del senador Walker por la comisión Engel.
-Anuncios de Bachelet sobre una nueva constitución.
-Habla del libro “La solución constitucional”.
-El mecanismo que debiera elegir el Congreso.
-La posición de los partidos respecto al cambio de la carta fundamental.
-Las discusiones sobre la calidad de la educación y la privatización de los derechos de agua.
-Importancia de la autonomía regional y el reconocimiento de los pueblos originarios.
Ver entrevista completa en los siguientes enlaces
Claudio Fuentes analiza críticas del senador Walker a Comisión Engel
Claudio Fuentes comenta los mecanismos para cambiar la Constitución
Claudio Fuentes: “Combatir la corrupción en municipios debe ser prioridad”
¿Por qué la ciudadanía no tiene más cabida en los cambios a la Constitución?
Claudio Fuentes: “El problema constitucional no es legal, es de poder político y de poder económico”
Leave a CommentClaudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El académico de la UDP dice que en el texto también plantean que al margen del mecanismo elegido se requiere de “un acuerdo político-social previo”.
El anuncio de la presidenta Michelle Bachelet -vía cadena nacional- del inicio del proceso para crear una nueva constitución con fechas y plazos, daba la impresión de que se podría haber cerrado un capítulo, sin embargo “la opción del gobierno es básicamente decir que es el Congreso el encargado de tomar la decisión sobre qué mecanismo escoger por lo tanto lo que ella está haciendo es chutear la pelota hacia el Congreso, al sistema político y no matricularse con ninguna de las opciones específicas por lo tanto esto lo que hace es extender el debate hasta fines de 2016”, acota el director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes.
A horas de presentar el libro que coeditó junto a Alfredo Joignant: “La Solución Constitucional” y que lanzarán mañana jueves el también cientista reconoce que el planteamiento del gobierno es “una propuesta bastante compleja que no es de fácil procesamiento, que tiene varias etapas y que combina elementos participativos y representativos. En ese sentido y en el marco de nuestro libro es una solución híbrida que combina la necesidad de participación con la necesidad de incorporar al Congreso”.
“La Solución Constitucional” convoca a 18 expertos y no expertos a quienes les preguntaron cuál sería el método para una nueva Constitución, analizando las ventajas y desventajas, los editores plantean también que cualquiera sea el mecanismo primero hay que avanzar en un acuerdo político-social.
– ¿Qué propósito se impusieron al hacer este libro?
– El objetivo es cuestionar un argumento que ha estado muy fuerte en el debate nacional: que el gran problema al escoger un mecanismo es que no hay propuestas específicas para avanzar en una nueva Constitución. Como nadie hablaba de itinerario, de un programa específico, de cómo sería el mecanismo para discutir la Constitución, dijimos: ‘Hagamos un experimento e invitemos a distintos académicos que han estado metidos en el tema, abogados y no abogados, a proponernos soluciones, mecanismos concretos y veamos qué resulta’.
– ¿Y qué resultó?
– Están todos de acuerdo que hay que avanzar hacia una nueva Constitución. Básicamente, hay tres soluciones relevantes que son las que precisamente la elite política está teniendo: La primera es la vía desde arriba, que sea el Congreso, este u otro el que defina las reglas del juego; al otro extremo están quienes dicen que tiene que ser una Asamblea Constituyente, es decir un grupo electo por la ciudadanía que represente los diversos intereses y que se autodisuelve después. Todas las soluciones llevan un plebiscito al final. Y una tercera fórmula son soluciones híbridas, donde por ejemplo está el sorteo de ciudadanos que se constituyen en una asamblea y que ellos definan la constitución; sería la expresión más aleatoria y de igualdad extrema en el sistema político. Entre medio hay quienes dicen que hagamos una combinación de estos: o sea habría una cuarta solución que sería una combinación de un poco de legisladores, algunos sorteados, algunos elegidos y expertos también.
– ¿Este último mecanismo garantiza más participación?
– Hay que ver las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. El sistema del Congreso, tiene el problema de la crisis de legitimidad que vivimos hoy. Sea este o el otro Congreso el que haga las nueva reglas del juego, el gran problema es que la ciudadanía no confía en el Congreso. Las soluciones híbridas, por ejemplo un sorteo, permiten por un lado bajarle esta ansiedad que tienen los parlamentarios respecto de estas asambleas, de ellos sentirse participes. Entonces, se dice al Congreso que participa en un 30 %. Otro porcentaje puede ser electo por la ciudadanía, es decir que haya listas y donde la ciudadanía elije a su representante.
– ¿Cómo es eso en la práctica?
– Siempre pasa por la política. Si la ciudadanía va a elegir asambleístas, tiene que ordenarse en listas, los partidos presentarán listas. Es decir, 33% electo por el Congreso, 33% electo por listas de la ciudadanía en un día de elección y 33% por sorteo. La idea es que la gente se sienta representada, que alguien, por ejemplo, diga que quiere participar y se registra en el Servel. La idea es que sea el ciudadano común, enfrentado a ciertos antecedentes, el que decida. La ventaja, es que hay un porcentaje de gente que no representa un interés particular, es aleatorio, por lo que podría ser un balance respecto de los otros que sí van a tener intereses particulares. En general, la opinión ciudadana común es muy moderada y sabe de cosas que otros no saben, un experto no sabe cómo funciona el sistema de salud en la calle o el sistema de transporte o la vulneración de derechos y eso ayuda a incorporar experiencia respecto de ciertos temas.
El freno
– Dada la experiencia internacional, ¿por qué no se le ha dado una salida más rápida a este debate?
– El problema constitucional no es un problema legal, es un problema de poder político y de poder económico, eso es lo principal de este debate. Es un debate sobre poder, porque lo que está en juego y los empresarios han planteado el tema, que es lo primero que se les viene a la cabeza, es el derecho de propiedad.
Segundo, derechos de agua que son la segunda preocupación de los empresarios y, tercero, lo que tiene que ver con el Estado. Entonces, claramente, lo que ha frenado esta discusión es el debate económico porque implica revisar y reestructurar las relaciones de poder. El segundo ámbito es el del poder político y cómo se distribuye, le vas a dar más poder al Congreso versus al Presidente, por ejemplo. En los capítulos hay algunos que plantean que hay que mantener el presidencialismo y otros que hay que avanzar hacia un semipresidencialismo. Lo que muestra la experiencia comparada es que, en general, todos los procesos constituyentes, primero tienden a redistribuir poder y segundo a desconcentrar poder desde el Ejecutivo, esa es la tendencia de todos los países de América Latina.
– ¿El mecanismo también determina si se formula una nueva carta fundamental o serán sólo reformas importantes?
– Por eso es muy importante. Si es el Congreso el que parte debatiendo, usualmente los incumbentes dicen partamos desde lo que tenemos, es decir, revisemos artículo por artículo; para otros como los que plantean la AC dicen hoja en blanco, es decir, partamos de cero. Hay otros en el libro que también plantean que tenemos que partir no desde la Constitución del 80, sino que desde la Constitución de 1925 y sus reformas que es la reforma del año 71, es decir miremos al Chile democrático y a partir de ahí establezcamos. Cualquiera sea el mecanismo, siempre parten de un antecedente, no se parte de cero. Creo que el 60% o 70% vamos a estar de acuerdo que la Constitución garantice la igualdad entre hombres y mujeres, etc. El problema es cuando entramos a algunos temas en particular como la propiedad, rol del Estado, autonomía de las regiones, los quórums para aprobar reformas.
– ¿Desde dónde partir puede sancionarse previamente?
– En Chile hay mucha ansiedad. Como hay tanto en juego, se quiere tener certeza que los que van a estar ahí representan mis intereses. Y ese es el objetivo del libro que dice, cualquier mecanismo que se elija implica un acuerdo político social previo, si no hay ese acuerdo no se puede avanzar y eso es fundamental. No hay caso en el mundo en donde un proceso constituyente no se haya establecido sin que los actores políticos se pongan de acuerdo en cuales van a ser las reglas del juego.
– ¿Usted se ha mostrado partidario de una AC, cree entonces que hay que partir de una hoja en blanco y revisar derechos de propiedad, de agua, etc?
– Sí. Creo que está mal distribuido el poder en Chile. El proceso de debatir va a permitir llegar a una conclusión que en algunos temas es bastante cercano a lo que la actual Constitución dice, por ejemplo, derecho de propiedad. De hecho tuvimos un debate semanas atrás y sectores de izquierda señalaban que los derechos de propiedad en la Constitución son bastante bien conservados, o sea lo que dice la Constitución sobre derechos de propiedad no es muy distinto a lo que diría una nueva constitución. Sí derecho de agua, ahí habría un cambio significativo a hacer de un bien público los derechos de agua y no un bien privado. En la Constitución, por ejemplo, se establece un rol social de la propiedad, entonces no es tan alejado a lo que terminaría saliendo, por lo que ahí hay un fantasma que habría que diluir. Creo que los grandes cambios van a ser el orden político, el sistema de gobierno. Yo avanzaría a un sistema semipresidencial; segundo el debate de la autonomía regional que es el gran problema que tenemos porque hay una presión pro regionalización pero no sabemos cuánta autonomía darle a las regiones y cuántos recursos hay que redistribuir.
Proceso constituyente sin pueblos indígenas
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Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
El 28 de abril pasado, por cadena nacional, la Presidenta anunció que el proceso constituyente se iniciará en septiembre, es decir, a la fecha, en poco menos de dos semanas. Sostuvo que se haría un proceso abierto a la ciudadanía, a través de debates, consultas y cabildos, todo lo cual “deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
La formulación de una nueva Constitución como un proceso que desata el diálogo de la ciudadanía parece apropiado en un momento político donde las élites están profundamente divididas respecto de los contenidos y mecanismos que debiesen orientar el reemplazo de la actual Constitución. También se explicó que la primera etapa será una de educación cívica, que abarcará seis a ocho meses y en la que se explicará a la ciudadanía la importancia de la Constitución y por qué resulta relevante cambiarla. Sin el apoyo claro y rotundo de los partidos para iniciar un cambio constitucional, se recurre a la ciudadanía para dinamizar un proceso de diálogo sobre las reglas del juego que debiesen organizarnos.
No cabe duda que se trata de un debate relevante y crucial para el futuro democrático. El éxito de esta fórmula dependerá muchísimo de metodología para organizar estos cabildos y debates ciudadanos. Y aquí nos enfrentamos también con otra pregunta relevante: ¿cómo el Gobierno piensa involucrar a los pueblos indígenas en esta discusión constitucional? ¿Piensa del todo involucrarlos?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
Recordemos que el Estado de Chile suscribió el Convenio 169 de la OIT en el año 2009. Dicho convenio establece el deber de los estados de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Adicionalmente, el Convenio indica que los gobiernos deberán “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.”
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
De acuerdo a la formulación del Convenio 169, no sería suficiente incluir a representantes de algún pueblo indígena en las instancias que convoque el Gobierno a partir de septiembre. Tampoco sería suficiente involucrar a individuos que se autoidentifican con alguna etnia en las actividades previstas para iniciarse en septiembre.
Lo que debería suceder es un proceso muy distinto. Primero, debiese implementarse un proceso de buena fe en que el gobierno invitase a las comunidades a manifestarse sobre lo que ellas estimen que debiese ser una nueva Constitución. Los pueblos indígenas debiesen deliberar en forma autónoma sobre el tema. A ellos les correspondería sistematizar sus deliberaciones y entregar su parecer sobre el asunto.
Más de alguien podría señalar que no corresponde en esta etapa tan preliminar consultar a los pueblos indígenas. El Gobierno no está aún estableciendo una nueva Constitución. Simplemente lo que hace es generar una política (administrativa) que busca indagar, consultar y debatir sobre las características que debiese tener una nueva Carta Magna. Pero ¿no debiese este proceso –por muy preliminar que se trate– involucrar un proceso de consulta de buena fe con las comunidades indígenas y tribales del país? ¿No resulta acaso recomendable incorporar a los pueblos indígenas en este proceso de diálogo, respetando a sus autoridades, procedimientos y pareceres?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
Paralización de profesores : 12 gremios han optado por la huelga los últimos 12 meses
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Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Expertos dicen que responde a latas expectativas sembradas por el gobierno, a un nuevo escenario político y a que ”los actores sienten que no sacan nada en las negociaciones formales”.
Efecto ”baja aprobación”
Mauricio Morales, doctor en Ciencias Política y director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales , señalan que ”esto se explica porque este es un Gobierno que sólo tiene un 30%de aprobación , por lo tanto hay mayor probabilidad de que los grupos sociales se levanten y protesten”.
En segundo lugar, dice, ” hay un ambiente que hace que la política no sea un cauce legítimo para resolver las demandas: hoy la ciudadanía más preocupada de las reformas políticas y del cambio de la Constitución , que de problemas más contingentes”.
Al final, concluye ,”eso hizo que el Gobierno se despreocupara de lo más importante:gestionar y gobernar”.
El doctor en Sociología y académico de la Universidad Adolfo Ibañez, Aldo Mascareño ,dice que ”es obvio que hay un malestar extendido en distintos campos. Las instituciones no están dando realmente cuenta de las expectativas de la gente, y eso es muy claro en el caso de la educación desde 2011”.
Agrega que ”cuando las expectativas se incrementan, es más probable que se termine defraudando. Un problema de la crisis es tener demasiadas expectativas”.
Ver entrevista en lasegunda.cl
Facultad de Ciencias Sociales e Historia invita al Seminario “Modelos de Asamblea Constituyente: Ejemplos para Chile”
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La cita será el miércoles 14 de mayo a las 09:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, ubicado en Ejército 333 (Metro Los Héroes).
El seminario organizado por la Escuela de Ciencia Política UDP en conjunto con la Fundación Progresa y la Fundación Friedrich Ebert-Chile, busca ser una instancia de debate sobre aquellas experiencias latinoamericanas, en particular, la experiencia colombiana en la reforma de su carta constitucional. Para ello el Senador y ex Presidente de Asamblea Constituyente de Colombia, Antonio José Navarro Woff, expondrá su visión sobre aquellas ideas que se utilizaron en su país y que pueden ser útiles para Chile en el diseño de una nueva Constitución.
Para profundizar la mirada chilena con respecto al cambio constitucional, el Presidente de la Fundación Progresa, Marco Enríquez-Ominami, estará presente en el seminario, acompañado de Reiner Radermacher, Representante de la Fundación Friedrich Ebert-Chile.
A partir de las 10:20 horas de la mañana, se iniciará una Mesa Redonda en la que expondrá el Abogado Constitucionalista Fernando Atria, sobre: “Legitimidad de una Nueva Constitución: El proceso constituyente en Chile”. Luego será el turno del ex candidato presidencial Jorge Arrate para exponer sobre el tema: “Asamblea Constituyente: Ciudadanía Empoderada”. Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP, presentará: “Nueva Constitución y regionalismo”, y para finalizar Marco Enríquez-Ominami presentará: “Legitimidad del proceso constituyente”.
La Mesa Redonda será moderada por Patricia Morales, Directora Ejecutiva de la Fundación Progresa.