Los últimos acontecimientos de la política nacional recuerdan la reflexión de una brillante columna de Ariel Dorfman, publicada por el Diario El País (2013). En ella, el escritor señalaba lo delirante que le parecía la competencia electoral entre Matthei y Bachelet, las hijas de los generales que se vuelven enemigos en la guerra interna y; Marco Enríquez, el hijo del mártir revolucionario derrotado en esa misma guerra. El destino parecía estar cobrando una suerte de justicia divina en la escena teatral de la conquista del poder.
Ahora, que sabemos de los escándalos de Caval, Penta y SQM; de los financiamientos irregulares de las campañas políticas de candidatos de todo el espectro político; de la corrupción de las FF.AA en democracia y; de las inversiones del Partido Socialista con los dineros que le retribuyó el Estado chileno en compensación por los bienes confiscados en dictadura, es imposible no recordar la escena trágica de Allende, cuyo sacrificio fue definido por él mismo como el ejemplo moral ante la traición de las Fuerzas Armadas. Con la misma lucidez que Dorfman, Moulian (2008) señala el martirio de Allende como un límite ético de la política. Cuando los golpistas civiles y militares pensaron que Allende negociaría un exilio conveniente y que sería muy fácil sacarlo a empujones de La Moneda, éste decide pagar con su vida la lealtad del pueblo. En ese acto y tal como lo mostró la película de Littín (2014); muere el hombre, pero sobrevive el Presidente para para dar testimonio de lo que se puede y no se puede negociar en política.
Es esta misma relación entre guerra y política lo que permite reflexionar a Chile como un país todavía más delirante; un país que peleó una guerra larga que nunca tuvo dos ejércitos en igualdad de condiciones; un país en el que amigos y enemigos quieren repartirse el botín de la guerra, sin importar que los muertos no estén enterrados y, aunque el dinero salga de las arcas de los vencedores, quienes se enriquecieron gracias a ella. Chile es la imagen delirante de los vencidos defendiendo la victoria económica de sus opresores; de sus hijos, haciendo negocios con quienes traicionaron y delataron a sus padres y abuelos o; financiado sus campañas con el mismo dinero mal habido de la guerra sucia; el país de los nietos levantando un pre candidato de izquierda que es hijo de un cómplice civil de los crímenes guerra.
El problema no es que los vencidos no hayan podido y después no hayan querido terminar con el capitalismo. El problema es que un país que no entierra ni honra a sus muertos, los olvida. Y no sólo eso; forja el olvido en el poder del dinero del botín. Un país que pierde los límites éticos de la guerra y la política profana el panteón de sus mártires y lo que es todavía más triste: convierte el sacrificio de la vida de sus héroes públicos y anónimos en un sacrificio inútil y vacío de significado.
El Magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales realizará su primera mesa titulada “Corrupción en Chile: ¿Hacia dónde vamos?”.
En un contexto político donde las acusaciones sobre actos corruptos atraviesan muchas de nuestras instituciones, corresponde preguntarse hoy desde la academia, así como también se hace desde otros ámbitos, sobre una imagen social y política que se construyó en Chile por muchos años y que identificaba a la sociedad chilena como una comunidad relativamente transparente, honesta y prácticamente libre de corrupción. Con todos los escándalos mediáticos que han puesto en duda esta imagen, cuestionando a las elites políticas, empresarias y últimamente militares, es legítimo preguntarse si Chile cambió o si es simplemente una sociedad con más acceso a la información la que deja en evidencia malas prácticas que siempre existieron. De una u otra forma, ¿es la sociedad chilena una sociedad corrupta? ¿Lo es hoy y antes no lo fue? ¿Estamos dentro de un proceso? ¿Hacia donde vamos en este tema?
Panelistas:
Mónica González, Directora de Ciper Chile
María Jaraquemada, Directora de Espacio público
Javier Couso, Director del Programa de Derecho Constitucional de la UDP
Modera:Fernando García Naddaf, Director del Magíster en Política y Gobierno UDP.
La actividad se realizará el martes 24 de mayo a las 12:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, ubicado en Ejército 333, Santiago.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, fue entrevistado por el periódico New York Times para un artículo sobre los casos de corrupción en Chile y la nueva “Ley Mordaza” que enfada a los periodistas.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Temas:
-Las críticas del senador Walker por la comisión Engel.
-Anuncios de Bachelet sobre una nueva constitución.
-Habla del libro “La solución constitucional”.
-El mecanismo que debiera elegir el Congreso.
-La posición de los partidos respecto al cambio de la carta fundamental.
-Las discusiones sobre la calidad de la educación y la privatización de los derechos de agua.
-Importancia de la autonomía regional y el reconocimiento de los pueblos originarios.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción propuso entre sus medidas la reinscripción de todos los afiliados a partidos políticos. Se proponía, además, que en este proceso podría colaborar el nuevo Servel y que tal procedimiento debía considerarse como una condición básica para acceder al financiamiento estatal. Cambiar prácticas internas parecía una medida básica para construir un nuevo tipo de democracia.
¿Por qué esta medida es tan crucial? Partimos de la premisa que los partidos son centrales en una democracia: son instancias que intermedian entre las demandas sociales y el Estado; ellos proveen cargos de representación popular; contribuyen con equipos para el funcionamiento del Gobierno; y teóricamente apoyan el debate de ideas y elaboración de programas.
Si son tan vitales para el funcionamiento de la democracia, resulta imprescindible que su funcionamiento interno esté regido por altos estándares. El diagnóstico compartido es que los partidos carecen de procedimientos democráticos internos transparentes organizándose en torno a máquinas que controlan cuotas de poder. Se requiere establecer nuevos padrones de militantes porque se advierten padrones inflados, problemas con las direcciones entregadas por los afiliados y manipulación de las cúpulas de los partidos en época electoral.
Para transformar esta negativa lógica y permitir que todas las expresiones internas compitan en igualdad de condiciones, se requieren dos medidas básicas: garantizar que el proceso de afiliación de nuevos militantes sea legítimo y realizar un proceso de reinscripción de militantes. Lamentablemente, estas dos condiciones peligran en lo discutido en el Congreso.
Hoy la inscripción de militantes depende de la voluntad de una persona (usualmente el Secretario General) que visa el ingreso de estos nuevos inscritos. Conocidas son las historias de inscripciones masivas antes de una elección interna para asegurar un cupo determinado. El proyecto enviado por el Ejecutivo simplifica el proceso de inscripción de militantes pero no altera el actual mecanismo. Se requiere establecer un comité de ingreso en cada partido que dé garantías a las diferentes corrientes internas y que garantice la no discriminación (salvo lo concerniente a afinidades políticas). Así se evitarán manipulaciones del padrón a favor de una sola corriente.
Respecto de la reinscripción, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se estableció un procedimiento que está lejos de parecerse a una “reinscripción”. ¿Cómo funcionará el sistema? Una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 90 días para depurar sus padrones de militantes excluyendo a personas fallecidas, inhabilitadas, y quienes hayan renunciado, entre otros. El Servel deberá proveer esta información para cumplir con el procedimiento. De partida, parece curioso que el proyecto les asigne esta responsabilidad a los propios partidos, cuando sería muchísimo más eficiente que el órgano electoral armonice las diferentes bases de datos existentes. Hoy los partidos no cuentan con las capacidades ni con información suficiente para depurar sus listas de militantes.
Paralelamente, el proyecto establece que los partidos deberán actualizar el registro sólo de un porcentaje de militantes equivalente al 0,25% de electores que votaron en las últimas elecciones de diputados en las regiones en que está inscrito. Esto implica que los partidos de cobertura nacional deberán cumplir con un piso mínimo de actualización de fichas de antiguos militantes o incluso podrían fichar nuevos. A modo de ejemplo, los partidos requerirán presentar fichas de aproximadamente 40 militantes en la Región de Arica y Parinacota, 200 en la Región de Tarapacá, 400 en Antofagasta, 234 en Atacama, 600 en Coquimbo, 850 en O’Higgins, 1000 en el Maule, 900 en La Araucanía, 375 en Los Ríos, 700 en Los Lagos, 90 en Aysén, y 147 en Magallanes. Las regiones más demandantes serán Valparaíso, donde se requerirán 1700 militantes, Bío-Bío con 2 mil, y la Región Metropolitana que necesitará poco más de 6 mil.
Así, esta actualización (¡no reinscripción!) será relativamente sencilla en regiones con pocos electores, mientras algo más demandante en tres grandes centros poblados (Valparaíso, Concepción y Santiago). El proyecto señala que una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 18 meses para realizar esta actualización. Se les entregará el piso basal de un 20% de financiamiento a todos los partidos legalmente constituidos. Para aquellos que no cumplan con el requisito de actualización de afiliados se les excluirá del 80% restante del aporte permanente, pero solo en las regiones donde no hayan cumplido.
¿Qué pasa con un partido que no logra cumplir con estas metas en ninguna región? Salvo la restricción en los fondos permanentes para partidos, expresamente el proyecto establece que estará en juego su disolución.
El resultado de la legislación en discusión es poco promisorio. Se organizará un sistema de depuración de padrones difuso y a cargo de los propios partidos; no se alterará el sistema de fichaje de nuevos militantes; el condicionamiento en la entrega de recursos a los partidos será parcial; y los padrones actualizados tampoco darán cuenta en forma acabada de la realidad de las tiendas políticas.Tendremos padrones de partidos con militantes históricos y actualizados. Nada más.
La exigencia de mayor transparencia y democracia en los partidos políticos se diluye en la medida que avanzan los proyectos que precisamente abordan el corazón de nuestra democracia: los partidos políticos. El “fortalecimiento de la democracia” que anuncia el proyecto de ley será una simple quimera si no se hace cargo de elevar significativamente los estándares de la democracia interna de los partidos. Y aquello evidentemente no está sucediendo.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Enfrentar los nexos entre el gobierno y los escándalos de corrupción, evitar con medidas concretas (delincuencia, empleo,salud,seguridad social)una mayor pérdida en los sectores medios, y ”afianzar al gabinete”-especialmente en las reformas de educación superior y laboral,pendientes para este año-son las tres grandes vetas que el académico de la Universidad Diego Portales identifica como probables vías de escape para la crisis bacheletista. En lo primero ”tiene que salir con propuestas fuertes y declaraciones asociadas”,ya que la estrategia de evitar hablar de un tema tan obvio es equívoca”,dice. Y como advierte que ”debe estar perdiendo votación en sectores medios”,”debe tener politicas asociadas a essos sectores”.
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.
La semana pasada, la comisión Engel presentó un total de 260 medidas para hacer frente a los casos de corrupción que se han conocido durante los últimos meses. Entre esas medidas llamó especialmente la atención la propuesta de poner fin a la reelección indefinida de autoridades colegiadas nacionales, autoridades ejecutivas regionales y locales, y autoridades colegiadas regionales y locales. La comisión específicamente propuso limitar la reelección de senadores a una vez (para completar un máximo de 16 años en el poder),la reelección de diputados a dos veces (12 años), la reelección de alcaldes a una vez (8 años), y la reelección de consejeros regionales y concejales a dos veces (12 años).
La lógica parece ser que limitar la reelección limita la corrupción. Los miembros de la comisión parecen sugerir que a medida que aumenta la tasa de recambio de autoridades elegidas, disminuirá la corrupción. En términos teóricos tiene más sentido que una autoridad establecida sea corrupta a que una autoridad nueva sea corrupta. Los veteranos conocen las reglas del juego y saben cómo operar al borde de la ley. Los debutantes suelen pasar por una luna de miel en que carecen de tales conocimientos.
En términos concretos, es mucho más probable que un legisladorque lleva 24 años en el poder tenga nexos con la corrupción que un legislador que lleva cuatro años en el poder.
El problema es que el sistema político naturalmente favorece a quienes se quieren perpetuar en el poder. Para la comisión Engel este es el problema, pues un sistema que no se renueva inevitablemente optimiza las condiciones estructurales para que se pueda desarrollar una cultura de corrupción. La evidencia parece confirmar esa intuición. Resultados electorales entre 1989 y 2013 no sólo muestran que en promedio 82,3% de los diputados que buscan la reelección lo consigue, sino que la probabilidad de un titular de ser elegido es 3,2 veces mayor a la probabilidad de un desafiante de ser electo.
Tal vez -por lo anterior- la propuesta parece ser atractiva para la gran mayoría de la gente, pues saben que los que tienen el poder no lo van a perder por defecto. Una idea que a su vez ha servido para incrementar la tensión. Muchos, afectados por la imagen negativa que proyecta la clase política, exigen que todos los involucrados renuncien voluntariamente. Otros, más molestos todavía, no discriminan entre inocentes y culpables, y piden elecciones anticipadas. En este clima, limitar la reelección surge como una salida óptima, tanto para la clase gobernada que busca limitar la corrupción de los políticos, como para la clase gobernante que busca recuperar la confianza de la gente.
No tomar este paso sólo se entendería en un escenario en que las elites se renuevan de manera automática y de forma periódica. En un sistema donde hay un recambio natural, no sería necesario limitar la reelección, pues los votantes estarían optimizando el proceso desde las urnas premiando o castigando a los candidatos, sin importar el número de años que llevan en el poder. Pero cuando las elecciones no son competitivas y los titulares tienen enormes ventajas frente a los titulares, es mejor limitar la reelección. Es la única forma de eliminar los vicios que se arrastran del pasado. Es necesario, incluso, en situaciones como la de Chile, donde un nuevo sistema electoral está por entrar en vigencia.
La propuesta de la comisión Engel no es original. Entre 1989 y 2015 ingresaron 36 proyectos con el mismo objetivo al Congreso. De ellos, cuatro apuntaron a limitar la reelección de presidentes, 21 apuntaron a limitar la reelección de senadores y diputados, 13 apuntaron a limitar la reelección de alcaldes y concejales, y tres apuntaron a limitar la reelección de consejeros regionales. Sobra decir, que ninguno de ellos llegó a buen puerto. De ese total, 24 siguen en trámite, 11 se han archivado, y uno fue rechazado. La razón es sencilla; no es un tema urgente para los legisladores. Legislar a favor de limitar la reelección es dispararse en los pies.
A esta altura, los beneficios de limitar la reelección superan con creces los costos de mantener el sistema actual. Parece inevitable que limitar la reelección traerá consigo aires nuevos a un sistema político desprestigiado que ha perdido la confianza de la gente. El gobierno debe impulsar esta medida, enviando un mensaje al Congreso y trabajando activamente para reunir los votos para su promulgación. Por su parte, el Congreso deberá determinar si los límites sugeridos por la comisión Engel son los óptimos, o si hay que usar algún método alternativo para fijarlos. Esta medida por sí sola no borrará la corrupción de la política, pero sí es un paso en la dirección correcta.
La tajante afirmación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet para responder a los rumores sobre su posible renuncia subraya el complejo momento por el que atraviesa su gobierno. Cuando un Presidente está en control del timón político del país, avanza su agenda legislativa, implementa mejoras en políticas públicas e institucionalidad y goza de altos niveles de aprobación, a nadie se le ocurre preguntarle si está pensando en renunciar.
El rumor comenzó a circular en la élite política a comienzos de marzo, después del retorno de Bachelet de sus vacaciones y producto del escándalo Caval. Aunque ahora reconozca que fue un error no haber hablado del tema, la decisión inicial de Bachelet de no referirse al asunto evidenció su incomodidad con el problema político en el que la había metido su único hijo varón. Cuando aludió a que no quería interceder en la investigación en curso, la Presidenta olvidó que la denuncia ante fiscalía fue presentada varios días después de que estalló el escándalo. Peor aún, Bachelet todavía no ha enmendado el error en tanto todavía no da su opinión sobre “la pasada” inmobiliaria de Caval. Dada la independencia que ha demostrado la fiscalía, la Presidenta debiera saber que sus dichos no van a influir en la investigación sobre posibles delitos que pueden haber cometido aquellos involucrados con la empresa de su nuera.
Los rumores sobre la renuncia se esparcieron tan rápidamente por la errática respuesta del gobierno ante el escándalo SQM. Las discrepancias sobre cuál era la mejor estrategia a seguir terminaron por inmovilizar al gobierno. Mientras algunos pedían un acuerdo con la clase política para mejorar la legislación sobre el financiamiento de campañas, otros defendían la tesis de que la investigación de la fiscalía debiera seguir, caiga quien caiga. Al final la investigación ha seguido, pero las señales sobre la postura del gobierno siguen siendo confusas. Recientemente, el SII ha denunciado a SQM por otras boletas y facturas presumiblemente falsas, pero no hizo extensiva la denuncia a los emisores de esos documentos. El SII tampoco se ha querellado contra SQM por esas boletas y facturas que involucran a varios políticos, limitando así el accionar de la fiscalía. Bachelet misma ha sido ambigua sobre cuál debiera ser el camino a seguir. La Presidenta ha sugerido que los involucrados pudieron haber realizado servicios efectivos a SQM y por lo tanto no habría nada irregular. Sin querer entender que el problema está en la sospecha de que SQM requería esos servicios de demasiadas empresas y personas con vínculos políticos evidentes, Bachelet se escuda en la letra de la ley y no se hace cargo de la percepción de abuso y tráfico de influencias que rodea a este escándalo. Después de que líderes de la NM justificadamente fustigaron a la UDI por mantener en posiciones de liderazgo a legisladores involucrados en el escándalo Penta, Bachelet ratificó en sus cargos a sus funcionarios de confianza involucrados en el escándalo SQM (y también al ministro Alberto Undurraga, involucrado en el escándalo Penta). La falta de liderazgo de Bachelet ante los escándalos Penta y SQM ha sido terreno fértil para que se expandan los rumores sobre su posible renuncia.
Finalmente, la incapacidad del gobierno para controlar la agenda política, impulsar sus propias prioridades legislativas de reformas y mostrarse con actitud proactiva contribuyó a darle credibilidad a un rumor que por semanas se repitió en los círculos de poder. La propia Presidenta ha contribuido a alimentar la percepción de que el gobierno está estancado. Al desmentir a aquellos que hablan de una parálisis en el gobierno, Bachelet tácitamente reconoce el problema. Cuando el gobierno está trabajando a mil por hora, las críticas que acusan parálisis no tienen eco y no necesitan ser desmentidas.
Esta no es la primera vez que se expanden rumores sobre una posible renuncia presidencial. En la crisis MOP-Gate, el columnista Ascanio Cavallo sugirió que el Presidente Ricardo Lagos podría no terminar su periodo. Lagos lo desmintió con hechos concretos y liderazgo. Al final, aunque pasó momentos duros, Lagos convirtió esa crisis en oportunidad.
Bachelet tiene una oportunidad similar hoy para convertir la triple crisis Penta-SQM-Caval en una oportunidad para mejorar las instituciones y profundizar la democracia. Para hacerlo, deberá demostrar su disponibilidad a jugarse su capital político. Ya que reconoció que no hablar sobre el escándalo Caval fue un error, ahora debiera separar aguas con los negocios especulativos de su hijo y, después de una condena pública, asumir el liderazgo para sacar a la clase política del pantano. Después de todo, la base de legitimidad de Bachelet se construyó a partir de su voluntad de hacer cosas difíciles. El norte que la llevó a convertirse en Presidenta, por segunda vez, fue su oposición a los que lucraban con la educación. Extender ese rechazo a los que han lucrado con la democracia debiera resultar un paso natural y fácil de dar para la Presidenta Bachelet.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP.
Para el director de Cadem, Roberto Izikson y el director del Observatorio UDP, Mauricio Morales, el modo en que la Presidenta gestione la tragedia en el norte tendrá efectos en su aprobación, aunque nada asegura que estos sean permanentes.
Mauricio Morales – Director del Observatorio UDP
Sobre las consecuencias que la tragedia podrían generar para la Presidenta Bachelet, el cientista político Mauricio Morales remarca que los Gobiernos son calificados según su eficiencia.
Así, en el actual escenario y con los casos Penta, Caval y SQM, Morales plantea que “ninguna tragedia sirve como excusa para tapar los casos de corrupción. Pero las tragedias sirven para poner a prueba la capacidad de reacción del Gobierno. Dado que los gobiernos son evaluados según su eficiencia, las crisis de este tipo pueden impactar en los niveles de aprobación”.
El director del Observatorio Electoral de la UDP recuerda además lo sucedido con catástrofes anteriores. “Ya tenemos la experiencia de lo que sucedió con el terremoto en Tocopilla y en el norte en general, donde los partidos tradicionales se han deprimido de manera muy acelerada. Contabilizando las regiones XV, I, II y III, el 80% de su población está gobernada por alcaldes que no pertenecen a las listas o pactos más tradicionales”, dice.
Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.
Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.
El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.
Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.
Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina. Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.
Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.
Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.
Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.
Los últimos acontecimientos de la política nacional recuerdan la reflexión de una brillante columna de Ariel Dorfman, publicada por el Diario El País (2013). En ella, el escritor señalaba lo delirante que le parecía la competencia electoral entre Matthei y Bachelet, las hijas de los generales que se vuelven enemigos en la guerra interna y; Marco Enríquez, el hijo del mártir revolucionario derrotado en esa misma guerra. El destino parecía estar cobrando una suerte de justicia divina en la escena teatral de la conquista del poder.
