Partidos, caudillos y clientelas: ¿vivimos una crisis de representación en Chile?
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Se trata de partidos que funcionan sobre la base de pequeñas máquinas de poder definidas por controladores, usualmente hombres, de Santiago y que poseen recursos económicos suficientes para pagar las cuentas de luz y agua y la gestión administrativa de las tiendas políticas. Sociodemográficamente, la militancia tiene una composición mayoritariamente masculina y de mayores de 50 años. Como se trata de estructuras que administran poder, ellas han tendido a cerrarse y no a abrirse para capturar nuevos segmentos de la sociedad.
Durante mucho tiempo, los estudios respecto del sistema de partidos en Chile destacaron la estabilidad e institucionalización de estos. A mediados de los 90, Scott Mainwaring y Timothy Scully definían un índice de institucionalización que mostraba a Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Venezuela como los países con mayores niveles de institucionalización de la región. La institucionalización de los partidos –longevidad de los partidos, la volatilidad electoral, etc.– se asoció con estabilidad del sistema: a mayor institucionalización, mayor estabilidad.
Pero la caída del sistema de partidos en Venezuela, cuatro años después de ese prominente estudio, llevó a los autores a cuestionarse tal diagnóstico. Se criticó la forma en que se medía “institucionalización”, pero también se problematizó la asociación causal entre institucionalización y estabilidad, dado que sistemas de partidos fuertemente institucionalizados podrían colapsar.
Nuevos estudios comenzaron a explorar otras dimensiones del sistema de partidos. Además de observar si los partidos estaban institucionalizados –es decir, si perduraban–, se analizaron tres dimensiones adicionales: la raigambre social o el vínculo partidos-sociedad; los vínculos programáticos/no programáticos de las tiendas políticas con sus electores; y la estructura de financiamiento de los partidos.
Para el caso de Chile, se concluyó ya a mediados de la década del 2000 que teníamos un sistema de partidos con fuerte institucionalización, pero con baja raigambre social, donde los partidos establecían vínculos no programáticos con sus electores y con una estructura de financiamiento que dependía totalmente de los grandes grupos empresariales.
Si antes de 1973 los partidos efectivamente canalizaban demandas sociales hacia el Estado, hoy observan una desconexión con las organizaciones territoriales. Se produjo un proceso de progresiva “oligarquización”.
Por diversas razones, se generó una adaptación de los partidos no vinculada con las circunstancias sociales sino más bien con la administración del aparato público y de los intereses empresariales.
Tres dinámicas se observan en los partidos: a) pérdida del vínculo con organizaciones territoriales sociales (puesto de modo simple, los partidos dejaron de interesarse por tener presencia en organizaciones sociales –salvo contadísimas excepciones, como la CUT, el Colegio de Profesiones y algunas otras organizaciones gremiales–); b) organización de la estructura partidaria a partir no de pugnas programáticas sino que de caudillos que manejan la máquina interna o que tienen incidencia en las decisiones en forma personal (surgen el “gutismo”, “escalonismo”, “piñerismo”, “girardismo”, “allendismo”, “los coroneles” –no es la disputa de las ideas lo que ordena las lógicas poder, sino que individuos con nombre y apellido que tienen o quieren acceder al poder–), personalización que se reproduce a niveles regional y local; c) los partidos pierden capacidad de producir ideas (las fuentes de las definiciones programáticas progresivamente se dan fuera de los partidos y no al interior de ellos).
La consecuencia se hace evidente: se trata de partidos que funcionan sobre la base de pequeñas máquinas de poder definidas por controladores, usualmente hombres, de Santiago y que poseen recursos económicos suficientes para pagar las cuentas de luz y agua y la gestión administrativa de las tiendas políticas. Sociodemográficamente, la militancia tiene una composición mayoritariamente masculina y de mayores de 50 años. Como se trata de estructuras que administran poder, ellas han tendido a cerrarse y no a abrirse para capturar nuevos segmentos de la sociedad.
Esta lógica es lo que explica las resistencias de estas estructuras a adaptarse a las nuevas condiciones sociales. Pese a que la sociedad demanda mayor transparencia, participación democrática e inclusión de sectores históricamente discriminados, los partidos se resisten en su mayoría a incluir minorías indígenas, incorporar mujeres en posiciones de poder y realizar ejercicios de democracia efectiva para renovar cuadros de representación popular. Las pasadas elecciones primarias, que abarcaron solo al 27% de los municipios del país, son un reflejo de ello.
No es que los partidos estén en una crisis terminal, pues las cifras muestran que las instituciones políticas aún movilizan a sus clientelas. Lo que demuestran las cifras es precisamente aquello: los partidos sobreviven basados en el sostenimiento de una lógica de funcionamiento heredada y que, parece ser, no es capaz de abrirse a un nuevo entorno social. Así, los partidos representan a segmentos específicos de la sociedad. Movilizan a sus audiencias más leales. No se abren a cautivar nuevos segmentos de la sociedad.
La crisis de representación del sistema de partidos se refiere entonces a que los partidos políticos en Chile dejaron de ser un espejo de la sociedad en su conjunto, pasando a convertirse en un espejo de un grupo significativamente menor. Cambios institucionales, como el establecimiento del voto voluntario, incentivaron a que los partidos sigan haciendo lo que solían hacer, pues basta que ellos movilicen a su grupo más leal para mantenerse en el poder.
¿Existe solución para este problema de representación? Una opción es la solución endógena, esto es, que desde los propios partidos surjan iniciativas para reconectarse con el conjunto de la sociedad. La aprobación de leyes recientes en parte podría ser interpretada de este modo. Sin embargo, varias de las iniciativas aprobadas reforzarán la lógica de partidos que responden a ciertos “nichos”.
Propuestas muy relevantes que cambiarían los incentivos de la política no fueron aprobadas. Por ejemplo, establecer el voto obligatorio; proveer transporte público gratuito el día de la elección (para reducir el acarreo); y permitir el voto por lista (para estimular el voto programático y no el nominal, como hoy ocurre).
Un segundo camino es el cambio exógeno, esto es, que surjan nuevos movimientos políticos que desafíen el statu quo y que con una visión programática de largo plazo renueven el sistema político.
La historia de Chile muestra que –en el largo plazo– los partidos en el poder han sido desafiados por fuerzas políticas que se organizan para disputar poder. Usualmente han sido los hijos de la élite quienes se han organizado para desbancar a sus padres. Muy probablemente tendremos que esperar que estos hijos e hijas se organicen para desafiar a sus padres.
Ahora bien, si aquellas fuerzas no emergen de alguna parte (desde o fuera de las élites), muy probablemente observaremos una progresiva y lenta erosión del sistema de partidos tal cual lo conocemos hoy.
