Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
El panel compuesto por Juan Cristóbal Nagel, analista internacional y profesor de ingeniería comercial U. de Los Andes Gilberto Aranda, académico Instituto de Estudios Internacionales U. de Chile y Cristóbal Rovira, director del doctorado en Ciencia Política de la U. Diego Portales, conversaron acerca de la crisis política y social en Venezuela.
La Facultad de Ciencias Sociales e Historia junto con Editorial Catalonia realizarán el lanzamiento del libro “¿Cuándo se jodió Chile?”, de Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
La actividad se realizará el miércoles 14 de diciembre a las 12:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, ubicado en Ejército 333, Santiago. Al final del evento se llevará a cabo un vino de honor.
En el lanzamiento comentarán Pilar Molina, Consuelo Saavedra y Beatriz Sánchez. Modera Iván Valenzuela.
¿Cuándo se jodió Chile? En este incisivo relato, el autor va dando vida a una insospechada búsqueda del momento preciso, del hito exacto que marcaría la decadencia de la democracia chilena. A partir de documentos verídicos, crónicas, correspondencias y otros antecedentes, va relatando proceso político y social chileno al que no estamos acostumbrados.
Un padrón adulterado, un sociólogo que escribió la declaración de principios de un partido, el reportaje de una revista que condenó a la nuera de una Presidenta, un correo electrónico lamentando no haber participado de una cena, la carta de unos camaradas denunciando una elección fraudulenta, los testimonios de unos antropólogos, la cruda descripción de la oligarquía chilena de una poetisa al escribirle una carta a un honorable, la llegada de un estudiante de provincia a la Universidad de Chile, la cruda descripción de un polaco describiendo una elección nacional, militares ordenando masacrar a obreros, terratenientes defraudando a indígenas, una inglesa describiendo la herencia colonial de nuestra sociedad.
Esta búsqueda ágil del momento exacto en que se jodió Chile nos abrirá a una memoria de prácticas políticas insospechadas. Claudio Fuentes encontrará una respuesta, aunque seguramente no será del agrado de quienes han glorificado nuestro pasado republicano.
Claudio Fuentes es Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). Sus intereses académicos se han orientado al estudio de los procesos políticos en Chile y América Latina. Es autor y editor de 11 libros y de más de una treintena de artículos en libros y revistas académicas. Entre otros reconocimientos, obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA). Fue electo Presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política (2004-2006), y electo miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) de Estados Unidos (2014-2015). Integró el Consejo Asesor Presidencial anti-corrupción (2015).
Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales
En esta edición de Mesa Central, Gonzalo Cordero, abogado de la Universidad Católica y experto en asuntos públicos y Alfredo Joignant, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Diego Portales e investigador del COES conversaron acerca de la crisis política e institucional en Chile.
El Observatorio de Desigualdades UDP realizará el Seminario “Conflicto en Chiloé: Análisis y proyecciones”, en la ocasión presentará Rodrigo Gallardo, vocero de la Asamblea Coordinadora de Chilotes en Santiago, Evelyn Arriagada, Académica de la Escuela de Sociología UDP, comentará la exposición.
Chiloé enfrenta actualmente uno de los conflictos más importantes de su historia reciente, producto de la crisis social, ambiental, política y económica provocada por la industria salmonera. Esto, sumado al abandono histórico del territorio por parte del estado chileno, ha movilizado a chilotes y chilotas tanto en su archipiélago como fuera de él. En el marco de los Diálogos del Observatorio de Desigualdades, se busca potenciar la discusión entre académicos/as, estudiantes, activistas, y la comunidad en general sobre los alcances del conflicto y sus proyecciones.
La actividad se realizará el miércoles 18 de mayo a las 11:30 horas, en la sala B-41 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.
Por favor rellenar el siguiente formulario para confirmar su asistencia:
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Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Decir que en Chile hay una crisis de representación terminal o que el modelo económico está cerca de derrumbarse es, derechamente, una mentira. No faltan los cientistas políticos y sociólogos que han augurado una crisis total de nuestra democracia. En esto los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, pues dan cobertura a ideas sin sustento empírico, lo que genera una realidad absolutamente torcida. Es fácil encontrar informes de centros de estudio o fundaciones- algunas pagadas por SQM- que alimentan el presunto estado de crisis. Si bien este diagnóstico ayuda a recolectar recursos o armar comisiones que definen qué es bueno y qué es malo, está muy lejos de aproximarse seriamente a los hechos.
La reciente encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP) constata algo evidente. Es cierto que en Chile existe una baja identificación con partidos y coaliciones. Sin embargo, a la hora de votar, más de la mitad lo haría por un candidato de la Nueva Mayoría o de la Alianza para distintos cargos de elección popular. ¿De qué “crisis” estamos hablando? Lo más llamativo es que estos resultados se dan en medio de una desaceleración económica, siendo el gobierno el principal culpable según los ciudadanos. Si se miran las cifras objetivas se constata que el 97% de los diputados fue electo en las dos listas tradicionales, porcentajes que varían al 90% en concejales, 94% en CORES y 85% en alcaldes. Los agoreros de la crisis sólo han mirado las percepciones, sin profundizar seriamente en otro tipo de evidencia.
Respecto al modelo económico, más del 43% se siente “ganador”, cifra que nuevamente sorprende en un escenario de desaceleración. Esta tendencia varía según nivel socioeconómico, pero las diferencias no son tan abultadas. El segmento medio-alto se siente ganador en un 45.7%, los del sector medio en un 45.5% y los bajos en un 38.9%. Resultaría esperable que en un contexto económico favorable estas cifras aumenten muy sustantivamente. Por cierto, estos datos no dan para celebrar. Es obvio que el modelo necesita correcciones, pero en ningún caso un derrumbe para partir de cero.
Al mismo tiempo, en cuanto a los apoyos a la democracia, la preferencia por este régimen político sobrepasa el 50%, aunque desde 2010 se ha producido cierto retroceso. Sin embargo, esto no ha ido de la mano con un incremento en los apoyos hacia un régimen autoritario. Si en 2013 la cifra era de 22.7%, en 2015 bajó a 16%. El cambio más relevante es el de los indiferentes frente al régimen político, que pasó de 14.7% en 2013 a 26.3% en 2015. Lo que sí se ha deteriorado muy significativamente es la satisfacción con la democracia, que es una dimensión distinta a los apoyos. Si en 2013 los satisfechos totalizaban un 48.2%, en 2015 esa cifra se desplomó a 14.3%. Tales resultados correlacionan con los niveles de aprobación presidencial y con la percepción económica. Por tanto, no necesariamente indican un déficit estructural de la democracia. Más bien, señalan problemas con su desempeño. Esto cobra sentido al observar las notas rojas que obtiene Bachelet en las trece áreas de gestión gubernamental. A esto se suma una percepción mayoritaria respecto a que los principales beneficiarios del gobierno de Bachelet es la clase alta (43.8%) y no la clase baja (20%).
Finalmente, respecto a la Constitución un 45.1% se inclina por redactar un nuevo texto, mientras que el 41.6% no quiere una nueva Constitución o prefiere reformar la actual. Por tanto, es un error asumir que todos los chilenos quieren una nueva Constitución. Esta idea estaba instalada debido a la incorrecta formulación de las preguntas en algunas encuestas. En general, se consultaba respecto al mecanismo que debiese utilizarse para diseñar la nueva Constitución, sin preguntar previamente si la persona era o no partidaria de ese camino. Otros sondeos, en tanto, sólo ofrecen como alternativa si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución, inflando artificialmente las opciones “sí”. En cambio, la encuesta de la UDP ofrece las alternativas de manera desagregada (reforma, nueva Constitución, mantener la actual).
En consecuencia, los datos de la encuesta UDP no apoyan la tesis de una crisis terminal o de una decadencia del modelo económico. Las dos principales coaliciones siguen siendo mal evaluadas, pero- al parecer- son las únicas alternativas creíbles. Esto no quiere decir que en Chile se estén bloqueando los cambios. Gracias a la reforma electoral impulsada por el gobierno, es posible que el próximo congreso sea más variopinto y más representativo. Esto depende de los electores, y no de los autodenominados expertos.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Los partidos políticos no advierten, no comprenden o simplemente no quieren ver la envergadura de la crisis que enfrentan. Desde hace por lo menos 10 años se viene produciendo una progresiva pérdida de confianza social en el sistema político en general. No debiese sorprender que las cuatro instituciones en que menos confía la ciudadanía son los partidos, el Congreso, el poder judicial y las grandes empresas. Cuatro instituciones que hoy están en el centro de la noticia.
Pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado a tal punto que el poco respeto que las autoridades políticas generaban ahora se ha transformado en agresividad. Observamos a diario lamentables episodios de agresión física y verbal hacia los congresistas. El respeto cívico que honraba la política chilena se pierde en un contexto de una aguda crisis de credibilidad.
Teóricamente, una crisis política debiese provocar una reacción por parte de los actores políticos. Solemos decir que las crisis son en realidad oportunidades para el cambio de los comportamientos políticos. Así sucedió —se argumenta— en el año 2003 con el caso Mop-Gate, o en el año 2007 cuando emergieron nuevos casos de corrupción. A menudo se dice que la gran virtud del proceso político chileno es que sus instituciones tienen una fuerte capacidad de reacción.
Y los hechos parecieran confirmar aquella tendencia. Los escándalos de corrupción motivaron la creación de la Comisión Engel, la generación de más de una veintena de proyectos de ley, y una serie de iniciativas de probidad y transparencia en ambas Cámaras del Congreso. Pareciera ser que las crisis y escándalos estimulan transformaciones de normas y prácticas.
Sin embargo, me temo que este optimista relato esconde una preocupante realidad: los partidos no manifiestan un interés genuino de modificar prácticas y normas que regulan su actuar. Y esto es lo que en forma sintética explicaré a continuación.
La superación de la presente crisis requiere de tres cambios en la estructura de los partidos que a la luz de los escándalos de corrupción parecen razonables: 1) establecer mecanismos de inscripción de militantes transparentes; 2) promover un principio básico de un militante un voto al interior de las colectividades políticas para propiciar la democracia interna; y 3) establecer una nueva estructura de financiamiento público de los partidos condicionado a la existencia de ciertos procedimientos de transparencia.
El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y los congresistas han comenzado a discutir la reformulación de la ley de partidos políticos vigente desde 1987. Sin embargo, ninguno de los tres principios enunciados hasta el momento han sido considerados en las propuestas por ellos discutidas. Así, ni la propuesta del Ejecutivo ni los cambios propiciados por los diputados han considerado la idea de establecer un procedimiento transparente y que dé garantías de ecuanimidad para el registro de militantes. Tampoco se procederá a una reinscripción íntegra de militantes.
La democratización interna de los partidos tampoco es considerada en la propuesta del Ejecutivo. Se entrega a los partidos la decisión de adaptar a sus propias prácticas el significado de lo que será una “democracia interna” descartándose el principio de un militante-un voto. Finalmente, las iniciativas discutidas en el Congreso no condicionan la entrega de recursos a los partidos al cumplimiento de determinado estándar de transparencia o incluso de democracia interna.
Paradójicamente, los legisladores activamente proponen políticas de condicionamiento en la entrega de recursos a una serie de instituciones del ámbito público y privado, pero ese mismo principio no se lo aplican asimismo. Quieren recibir dinero del Estado pero no establecen, por ejemplo, la imposibilidad de competir en elecciones si ellos no cumplen con requisitos básicos de transparencia.
Si no se modifica el tenor de los proyectos sobre partidos políticos y financiamiento de la política que actualmente se debaten en el Congreso, tendremos en el corto plazo partidos financiados públicamente pero que no están obligados a cumplir con un alto estándar de responsabilidad y transparencia.
La ley de partidos políticos y de financiamiento de la actividad política es crucial para la democracia. Por lo mismo, es esencial un mejoramiento sustantivo de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso. La superación de la crisis de credibilidad de los partidos depende en gran parte del destino de estas reformas, y en este tema hasta el momento no se observa una actitud decidida de las tiendas políticas por transformar la forma en que han venido actuando. La única respuesta posible ante esta crisis que viven los partidos es transparencia sin renuncias. Y aquello no está pasando.
La tajante afirmación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet para responder a los rumores sobre su posible renuncia subraya el complejo momento por el que atraviesa su gobierno. Cuando un Presidente está en control del timón político del país, avanza su agenda legislativa, implementa mejoras en políticas públicas e institucionalidad y goza de altos niveles de aprobación, a nadie se le ocurre preguntarle si está pensando en renunciar.
El rumor comenzó a circular en la élite política a comienzos de marzo, después del retorno de Bachelet de sus vacaciones y producto del escándalo Caval. Aunque ahora reconozca que fue un error no haber hablado del tema, la decisión inicial de Bachelet de no referirse al asunto evidenció su incomodidad con el problema político en el que la había metido su único hijo varón. Cuando aludió a que no quería interceder en la investigación en curso, la Presidenta olvidó que la denuncia ante fiscalía fue presentada varios días después de que estalló el escándalo. Peor aún, Bachelet todavía no ha enmendado el error en tanto todavía no da su opinión sobre “la pasada” inmobiliaria de Caval. Dada la independencia que ha demostrado la fiscalía, la Presidenta debiera saber que sus dichos no van a influir en la investigación sobre posibles delitos que pueden haber cometido aquellos involucrados con la empresa de su nuera.
Los rumores sobre la renuncia se esparcieron tan rápidamente por la errática respuesta del gobierno ante el escándalo SQM. Las discrepancias sobre cuál era la mejor estrategia a seguir terminaron por inmovilizar al gobierno. Mientras algunos pedían un acuerdo con la clase política para mejorar la legislación sobre el financiamiento de campañas, otros defendían la tesis de que la investigación de la fiscalía debiera seguir, caiga quien caiga. Al final la investigación ha seguido, pero las señales sobre la postura del gobierno siguen siendo confusas. Recientemente, el SII ha denunciado a SQM por otras boletas y facturas presumiblemente falsas, pero no hizo extensiva la denuncia a los emisores de esos documentos. El SII tampoco se ha querellado contra SQM por esas boletas y facturas que involucran a varios políticos, limitando así el accionar de la fiscalía. Bachelet misma ha sido ambigua sobre cuál debiera ser el camino a seguir. La Presidenta ha sugerido que los involucrados pudieron haber realizado servicios efectivos a SQM y por lo tanto no habría nada irregular. Sin querer entender que el problema está en la sospecha de que SQM requería esos servicios de demasiadas empresas y personas con vínculos políticos evidentes, Bachelet se escuda en la letra de la ley y no se hace cargo de la percepción de abuso y tráfico de influencias que rodea a este escándalo. Después de que líderes de la NM justificadamente fustigaron a la UDI por mantener en posiciones de liderazgo a legisladores involucrados en el escándalo Penta, Bachelet ratificó en sus cargos a sus funcionarios de confianza involucrados en el escándalo SQM (y también al ministro Alberto Undurraga, involucrado en el escándalo Penta). La falta de liderazgo de Bachelet ante los escándalos Penta y SQM ha sido terreno fértil para que se expandan los rumores sobre su posible renuncia.
Finalmente, la incapacidad del gobierno para controlar la agenda política, impulsar sus propias prioridades legislativas de reformas y mostrarse con actitud proactiva contribuyó a darle credibilidad a un rumor que por semanas se repitió en los círculos de poder. La propia Presidenta ha contribuido a alimentar la percepción de que el gobierno está estancado. Al desmentir a aquellos que hablan de una parálisis en el gobierno, Bachelet tácitamente reconoce el problema. Cuando el gobierno está trabajando a mil por hora, las críticas que acusan parálisis no tienen eco y no necesitan ser desmentidas.
Esta no es la primera vez que se expanden rumores sobre una posible renuncia presidencial. En la crisis MOP-Gate, el columnista Ascanio Cavallo sugirió que el Presidente Ricardo Lagos podría no terminar su periodo. Lagos lo desmintió con hechos concretos y liderazgo. Al final, aunque pasó momentos duros, Lagos convirtió esa crisis en oportunidad.
Bachelet tiene una oportunidad similar hoy para convertir la triple crisis Penta-SQM-Caval en una oportunidad para mejorar las instituciones y profundizar la democracia. Para hacerlo, deberá demostrar su disponibilidad a jugarse su capital político. Ya que reconoció que no hablar sobre el escándalo Caval fue un error, ahora debiera separar aguas con los negocios especulativos de su hijo y, después de una condena pública, asumir el liderazgo para sacar a la clase política del pantano. Después de todo, la base de legitimidad de Bachelet se construyó a partir de su voluntad de hacer cosas difíciles. El norte que la llevó a convertirse en Presidenta, por segunda vez, fue su oposición a los que lucraban con la educación. Extender ese rechazo a los que han lucrado con la democracia debiera resultar un paso natural y fácil de dar para la Presidenta Bachelet.
La saludable desconfianza que reina en la población respecto al desempeño de sus autoridades no es un problema. El problema en Chile hoy es la falta de conducción política. Es común que las democracias modernas tropiecen cuando las condiciones económicas empeoran y cuando los escándalos ponen a la clase política contra la pared. La incapacidad para volver a ponerse en pie, en cambio, es propia solo de los gobiernos que se ven superados por las circunstancias. Chile no está pasando por una crisis institucional o democrática. Nuestro país solo atraviesa por una crisis política causada por un gobierno que carece de conducción.
En las democracias saludables, la gente confía más en las instituciones que en las personas. Porque todas las personas son susceptibles a cometer errores involuntarios, incurrir en malas prácticas o, incluso, violar la ley, las democracias deben tener mecanismos adecuados para sancionar. Ya que no todos los seres humanos son virtuosos, la oportunidad a menudo termina haciendo al ladrón. De ahí que deban existir instituciones que disuadan las malas prácticas y castiguen ejemplarmente a los que violan la ley.
El hecho que el cóctel de escándalos (Penta, SQM y Caval) sea mayor que ningún otro en la historia de nuestra democracia se puede deber a que nunca antes tuvimos estas malas prácticas de forma tan extendida o bien a que ahora hay más instituciones que fiscalizan mejor y persiguen delitos que se hayan cometido. Parece evidente que la segunda opción es la correcta. No hay razón para creer que los políticos del pasado eran más virtuosos que los de hoy. Pero sí hay mucha evidencia de que nuestras instituciones funcionan mejor hoy que en el pasado.
Esta no es la primera vez que la política chilena se encuentra en un pantano. Es cierto que las mismas prácticas de financiamiento de la política que antes eran comunes hoy resultan inaceptables para una población que tiene acceso a más información y que se encuentra más vigilante. Después de todo, una de las consecuencias de que la clase media haya crecido es que ya no se pueden hacer acuerdos entre cuatro paredes sin tomar en cuenta a una sociedad civil cada vez más vociferante y activa. Cuando la sociedad se desarrolla y los beneficios del crecimiento y del progreso alcanzan a más personas, los clubes exclusivos de los mismos de siempre ya no sirven como el mecanismo para solucionar conflictos y salir de las crisis.
Hoy, el país no está paralizado por los escándalos Penta, SQM y Caval. La clase política está paralizada. Esa parálisis es resultado de un diseño institucional excesivamente presidencialista. En Chile, el Presidente tiene tanto poder que cuando el Presidente se paraliza, toda la clase política —y eventualmente hasta la economía del país— también se terminan paralizando. Por eso, la discusión actual sobre la conveniencia de un acuerdo político que permita superar la crisis carece de un elemento clave. Ningún acuerdo, independientemente de sus méritos, tiene posibilidad de materializarse si no es piloteado desde La Moneda. Los méritos y debilidades del acuerdo del que tanto se habla en estos días poco importan si no hay evidencia de que la Presidenta de la República está dispuesta a poner su capital político y sus atribuciones institucionales para lograr su concreción.
El 9 de octubre de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet dijo que, respecto al mecanismo para una nueva Constitución, “tengo que zanjar cuál va a ir en el programa de gobierno. Yo voy a cortar el queque”. Entonces, Bachelet sabía que tenía el poder y pensaba ejercerlo. Hoy, existen fundadas dudas sobre el control efectivo que tiene la Presidenta sobre sus poderes y atribuciones institucionales y abundan los rumores —alimentados por la propia actitud de Bachelet— sobre la disposición de la Presidenta a usar sus poderes institucionales para salir de la turbulencia que aflige hoy a la clase política.
En dictadura, uno de los cantos favoritos de los opositores al gobierno de Pinochet partía con un “¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta?” El canto reflejaba más una intención de controlar el poder que la evidencia de que la hoja de ruta de la transición a la democracia se estaba dibujando con las protestas en las calles. Como ahora ya es incuestionable, la transición chilena se cocinó en acuerdos de elites. Hoy, a 30 años de las marchas que popularizan el canto que insultaba al dictador, corresponde hacerse la misma pregunta, pero de forma más reflexiva y sin afán de ofender a nadie. Después de todo, las dudas sobre quién manda hoy en Chile son las que alimentan esa percepción de preocupación —e incluso fin de ciclo— que hace que muchos confundan la innegable crisis política con una inexistente crisis de las instituciones o del sistema democrático. Afortunadamente, es cosa de que la Presidenta tome las riendas para que se comience a superar la crisis política. La solución podrá ser buena o mala, pero la inacción actual terminará solo cuando Bachelet se anime a cortar el queque.