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1. Ayudaría entender la educación como un bien de consumo

   Julio 4, 2016 11:14 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.

   A horas de que el gobierno haga público su proyecto de ley para regular la gratuidad de la educación, el nerviosismo se apodera de las distintas partes interesadas. Porque el gobierno buscó dejarlos contentos a todos, es fácil anticipar que el proyecto dejará descontento a la mayoría de los involucrados.  Pero  es improbable que el proyecto que el gobierno anuncie se convierta en ley y es todavía más improbable que la ley que resulte de la negociación en el Congreso vaya a ser implementada sin cambios posteriores. De ahí que el debate que ahora se comenzará a dar—en medio de marchas, slogans y dogmas—es más bien solo una oportunidad para que se transparenten las distintas visiones que existen respecto a cómo debe funcionar el sistema de educación superior.

   Una forma de entender la problemática de la educación superior es pensar en el sector como un mercado en que se ofrece un bien de consumo, la educación.  Es verdad que la sola mención del concepto bien de consumo tiende a polarizar el debate.  Pero como el debate ya está polarizado hasta los extremos, sugiero seguir la lógica del qué le hace el agua al pescado y tratar de entender la problemática a la que se enfrenta el gobierno como un problema de asimetrías de información en un mercado imperfecto, plagado de carteles, problemas de agente principal y costos de transacción.

   Todos quieren que el bien se distribuya a los que lo desean obtener.  Pero los estudiantes y sus familias quieren que los precios sean lo más bajo posibles y la calidad lo más alto posible.  Porque la experiencia les ha enseñado que la propiedad de la universidad tiene directa relación el precio, y porque creen que las instituciones sin fines de lucro pueden ofrecer mejor calidad al mismo precio, muchos estudiantes quisieran que toda la oferta estuviera en manos del Estado.

   Observadores independientes temen que si toda la oferta está en manos del Estado—o demasiado regulada por el Estado—se formarán oligopolios de oferentes que eventualmente podrán capturar a los entes reguladores.  Esos carteles, reproducirán el poder excesivo e injustificado que hoy tiene el CRUCH y, al evitar el ingreso de nuevos competidores, terminarán dañando la calidad de la educación.

   Los oferentes actuales quieren defender sus propios intereses. Las instituciones que lucran quieren poner el foco en la calidad del producto o, en el caso de las instituciones que ofrecen mala calidad, en la libertad para escoger que tienen las personas a quienes más les cuesta identificar una educación de mala calidad

   El gobierno debe optar por regular un mercado con múltiples oferentes o hacer que el único oferente de educación superior gratuita sean instituciones del fisco.  Pero ahí el gobierno enfrenta el problema que hay universidades de interés públicos—como la Federico Santa María, UdeC, UAustral o PUC—que son privadas. Luego, si se amplía la gratuidad a esas universidades, otras privadas más nuevas que también son de interés público, como la UDP, Alberto Hurtado o Silva Henríquez, exigirán entrar.

   El gobierno también podría querer optar por subsidiar la demanda—dar becas para que los alumnos elijan la universidad donde educarse—y regular de forma indirecta la oferta—a través aranceles escalonados a las que las universidades accederán si cumplen ciertos requisitos de investigación o vinculación con el medio.

   Distintas personas razonables tienen posiciones diferentes sobre qué es más conveniente.  Pero lamentablemente resulta imposible iniciar un diálogo y negociación mientras el gobierno y muchos de los involucrados insisten en querer entender el problema sin usar el concepto de mercado y bien de consumo.   Porque la discusión se da en términos dogmáticos y en frases panfletarias, resulta difícil entender las distintas posiciones de los actores involucrados.

   Tal vez sería razonable honrar el pragmatismo del ex Presidente Piñera y, aunque duela la guata hablar en esos términos, comenzar a abordar el problema del acceso a la educación superior de calidad a costo cero para los estudiantes y al menor costo posible para el Estado—y los contribuyentes—de la misma forma como se discute el acceso a bienes de consumo como el alcohol, la leche o el pan. Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.  

   Concordemos en que la educación no es un bien de consumo, pero para encontrar una forma de garantizar el acceso universal gratuito a todos, intentemos entender el problema como si lo fuera para así buscar una solución que combine la fortaleza de los mercados y la necesaria capacidad regulatoria (e incluso proveedora) del Estado.

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2. Ni realismo ni renuncia sino todo lo contrario

   Agosto 11, 2015 2:27 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Como para sumar a la ya enorme confusión sobre cuál es la hoja de ruta del gobierno, la Presidenta Bachelet ha optado por enviar señales contradictorias que solo confirman que el problema del gobierno no es que haya disputa entre gradualistas y refundacionales. El problema es que Bachelet pasa de la gradualidad a la refundación intempestivamente con tanta facilidad que el país se está mareando debido a esta chofer que se empecina en conducir en círculos.

   En su entrevista en La Tercera el domingo 9 de agosto, Bachelet confirmó todas las sospechas que se habían acumulado después de que ella fuera especialmente ambigua en el cónclave oficialista sobre qué significaba el realismo sin renuncia. En su entrevista, Bachelet reafirmó su compromiso con el programa y advirtió que su determinación para impulsar las reformas profundas sigue incólume. Aunque reconoció que la adversa situación económica obliga a retrasar el cumplimiento de algunas promesas, Bachelet insistió en que su hoja de ruta no ha variado. Después de que su declaración de que el gobierno ahora adoptaría un realismo sin renuncia llevara a muchos a concluir que el gobierno modificaría su hoja de ruta, la Presidenta salió a aclarar que solo se trataba de un retroceso táctico.

   Estas confusas señales de avanzar hacia la izquierda y la derecha generan varias externalidades adversas. La peor de ellas es que todos los temas siguen abiertos y nada se resuelve precisamente porque el gobierno puede cambiar de opinión. Cuando la Presidenta anunció en su discurso del 21 de mayo que la gratuidad aplicaría solo a las universidades del CRUCH, la presión de varias universidades privadas no se hizo esperar. Sabiendo que el gobierno ya había cambiado de postura respecto a cómo y cuándo se implementaría la gratuidad, esas universidades apostaron a que, con argumentos razonables y presión de diversa índole, el gobierno volvería a cambiar de opinión. Efectivamente, eventualmente el gobierno anunció que la gratuidad se extendería a ciertas universidades privadas siempre y cuando éstas cumplieran ciertas condiciones. Pero ese cambio de política alimentó las esperanzas de otras universidades de que nada estaba escrito en piedra. Por eso, todavía reina la incertidumbre sobre quiénes se beneficiarán con la gratuidad en 2016. Como el gobierno ya ha cambiado de posturas varias veces, nadie se atreve a tomar el más reciente anuncio como la última palabra.

   Pero las señales confusas tienen también otras externalidades negativas. Los cambios de opinión sobre la hoja de ruta alimentan sospechas de que el gobierno habla antes de pensar cuidadosamente todas las alternativas. Lamentablemente, un gobierno que actúa intempestivamente solo termina alimentado las dudas sobre su liderazgo y su capacidad de gobernar.

   Como candidata, Michelle Bachelet se esmeró en dejar en claro que era ella quien tomaría las últimas decisiones. Como Presidenta, ha demostrado repetidas veces que, cuando se trata de tomar decisiones, le tiemblan las piernas. Cuando, finalmente, anuncia sus decisiones, Bachelet varias veces ha cambiado de opinión después. Eso daña su credibilidad. Peor aún, sus anuncios gatillan a los grupos que se ven perjudicados a redoblar sus esfuerzos por revertir una decisión que, ya se sabe, nunca es definitiva.

   Desde que anunciara su cambio de gabinete en mayo, Bachelet se ha dedicado a destruir con sus declaraciones las percepciones que ella misma construyó con declaraciones y actos anteriores. Correctamente, la Presidenta insiste en que ella no muestra indecisión. Bachelet insiste en que ella toma decisiones. Es verdad, solo que sus decisiones de hoy van en la dirección contraria a las que tomó ayer. Eso hace que el país gire a la izquierda un día y a la derecha al día siguiente. Al final, la tripulación termina mareada, pero el país sigue exactamente en el mismo lugar estancado.

   Las declaraciones del domingo sorprendieron a un mercado que esperaba que la Presidenta confirmara la existencia de una nueva hoja de ruta para el gobierno. Pero como los mercados rápidamente internalizan la nueva información, nadie cree en realidad que ahora la Presidenta impulsará con fuerza su programa original de gobierno. Más bien, todos anticipan que, producto de la presión de los partidos más moderados y del efecto de la dupla de la gradualidad de Valdés y Burgos, en los próximos días Bachelet dará una nueva señal de realismo sin renuncia. Pero luego vendrá otra señal que haga que el barco gire nuevamente en 180 grados.

   Para mejorar la situación, la Presidenta Bachelet debiera intentar declaraciones que sean efectivamente más ambiguas y que, manteniendo la determinación a no avanzar en ninguna dirección, al menos eviten que la tripulación se maree con tanto giro en 360 grados. Una forma de hacerlo sería aclarando que en su gobierno no habrá ni realismo ni renuncia, sino que todo lo contrario.

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3. Los estudiantes dan al gobierno una sopa de su propio chocolate

   Junio 26, 2015 5:34 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Al acusar al gobierno de soberbia, por no aceptar que el único poseedor de toda la verdad es el movimiento estudiantil, los líderes de las federaciones universitarias lo han hecho beber una sopa de su propio chocolate. Porque el gobierno ha repetidamente dejado en claro que entiende el diálogo como un proceso a través del cual sólo el interlocutor cambia de opinión, la postura estudiantil sirve de inmejorable ejemplo para el gobierno de lo poco productivo que resulta llamar al diálogo cuando el convocante no está dispuesto a aceptar que no es dueño de la verdad.

   Aunque hubiera tenido sentido que el gran anuncio en el discurso presidencial del 21 de mayo hayan sido los detalles sobre el proceso constituyente o la agenda de probidad, la declaración de la Presidenta sobre la gratuidad de la educación superior se convirtió en el tema más polémico del discurso presidencial. Al anunciar que la gratuidad se iniciaría en 2016, pero sólo para el 60% de menos ingresos y solo en las universidades del CRUCH, Bachelet dio el puntapié inicial para una batalla que mezcla intereses particulares con defensa de principios. Como las universidades del CRUCH incluyen planteles públicos y privados, varias universidades no tradicionales rápidamente reaccionaron, alegando discriminación. Si la PUC accede a gratuidad, ¿por qué no la Alberto Hurtado? Si la U de Concepción o la Federico Santa Maria entran a la gratuidad, ¿por qué otras privadas como la UDP quedan fueran? Y en última instancia, ¿la gratuidad es para los estudiantes más necesitados o solo para aquellos que tienen suficiente puntaje como para entrar a las universidades más competitivas?

   Adicionalmente, como los aranceles varían de universidad en universidad, la gratuidad necesariamente requerirá fijación de precios por parte del Estado. Pero así como el precio de una empanada varía dependiendo de su contenido, reputación del vendedor y barrio donde se ubica el negocio, el valor de una carrera dependerá de muchas variables. No parece razonable que el Estado fije precios, porque no sabe cómo hacerlo y porque no hay razón para pensar que todas las universidades deban cobrar lo mismo.

   Peor aún, ya que la promesa de gratuidad busca reducir los altos niveles de desigualdad, la exclusión de los institutos profesionales y centros de formación técnica es incomprensible. Por más que se parta por el 60% de menos ingresos, no incluir en la gratuidad a las instituciones educacionales donde estudia la mayoría de los alumnos vulnerables hará que la desigualdad aumente, incumpliendo la principal promesa de campaña de Bachelet.

   Comprensiblemente, el gobierno ha tratado de cuadrar el círculo, buscando una fórmula que otorgue gratuidad a la mayor cantidad posible evitando que los recursos vayan a parar a instituciones que lucran o que ofrecen educación de insuficiente calidad. Ya que cualquier fórmula es sub-óptima, en tanto dejará sin cobertura a gente que la necesita, La Moneda ha mostrado disposición a flexibilizar su postura.

   Pero en su intento por generar instancias de diálogo, el gobierno se ha encontrado con interlocutores que se creen dueños de la verdad. Los líderes estudiantiles han dado muestra de una convicción profunda sobre sus principios que raya en la locura. Sin entender que solo los necios y los dictadores se creen dueños de la verdad en cuestiones que son debatibles, en tanto responden a preferencias subjetivas y se construyen sobre información incompleta, los estudiantes acusan al gobierno de soberbia y de falta de diálogo democrático cada vez que La Moneda se niega a ceder ante las demandas estudiantiles.

   La intransigencia de los estudiantes resulta incomprensible. Es poco razonable e impropia en un Estado de derecho democrático. Pero en el Chile de hoy, esa intransigencia es más el patrón que la excepción. El gobierno ha usado hasta el cansancio el argumento de que el diálogo es solo una oportunidad para explicar mejor y para que los otros cambien de opinión. Repetidas veces, los llamados que ha hecho el gobierno a dialogar han sido acompañados de afirmaciones temerarias sobre la inalterabilidad de la hoja de ruta. Pero el diálogo honesto supone aceptar que nadie tiene el monopolio de la verdad. Sentarse a negociar implica el reconocimiento implícito de que ambas partes están dispuestas a ceder. Uno puede estar tan convencido de sus creencias al punto de no querer dialogar. Pero uno no puede llamar al diálogo a la vez que se arroga el monopolio de la verdad.

   La postura intransigente de los estudiantes da fe de su pasión y convicción, pero también desnuda sus débiles valores democráticos. Pero tanto esa postura ahora tiene al gobierno contra la pared, esa práctica de creerse dueño de la verdad constituye una poderosa lección para un gobierno que se acostumbró a creer que el diálogo consiste en que los otros acepten tus creencias y valores como propias.

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