Desde hace algún tiempo, diversos académicos, políticos y activistas se han referido a los retos que Chile enfrenta en el ámbito de la representación democrática. Los chilenos y chilenas votan cada vez menos, confían poco en las instituciones representativas y crecientemente apelan a la protesta social para manifestar su descontento.
Muchos señalan que el desencanto es generalizado y que excede al caso chileno. Así, el paradigma de democracia representativa que conocemos se estaría agotando en varios países de América Latina.
Sin embargo, la evidencia no es tan contundente. Nunca antes en la historia de la región tantos países fueron democráticos. De hecho, en 1980 solamente tres países eran democráticos, pero hoy la democracia es más la regla que la excepción. Más allá de los retroceso en algunos países, las libertades civiles y los derechos políticos han experimentado notorios avances.
Por otro lado, si analizamos la evolución de la participación electoral en América Latina, el panorama es mayormente positivo. En los últimos 20 años, la participación se ha mantenido más o menos estable e incluso ha aumentado en algunos países, con algunas subas notorias, como la de guatemala.
Hay solamente dos países que se escapan a este patrón. Costa Rica y Chile. En el primero, la participación electoral cayó un 8% y, en nuestro país, la caída en los últimos 20 años ha sido de un 35%. Sí, leyó bien, un 35%. No se necesita ser un experto para concluir que en este ámbito Chile se escapa con creces de la norma.
¿Podemos afirmar , entonces, que nuestro país enfrenta una crisis de representación democrática? Aún no. Por muy desalentador que sea el panorama, de acuerdo a la última Encuesta Nacional UDP, tan solo el 13% de las y los chilenos rechazan de manera sistemática la opción de dar su voto a candidatos de los principales conglomerados políticos. Este grupo, al que podría seducirle la idea de votar por outsiders con un discurso anti establishment, es demasiado pequeño como para producir quiebres en el sistema político.
Chile enfrenta desafíos crecientes en el ámbito de la representación, pero no está en crisis, al menos por por ahora. Sortear este escenario dependerá de la capacidad de la clase política de adaptarse a una sociedad cambiante y de adoptar medidas que alienten y faciliten la participación.
Manuel Vicuña, Decano y académico de la facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales
“…no hay que ser un genio para advertir el contrasentido de abogar por la tolerancia, el respeto a la diferencia y la eliminación de las bacterias del lenguaje, al mismo tiempo que se practica el sectarismo, sin nunca admitir un hecho básico avalado por la historia: la falibilidad humana…”.
Llevamos años en esto, y tenemos para rato. A diario se impone la moral del rebaño en nombre del progresismo, cuya manera más efectiva de silenciar a los incrédulos es el matonaje en las redes sociales. Con frecuencia, y a veces sin mediar más que un descuido, estalla la reacción en cadena que sacrifica al canalla de turno.
Llevado a este extremo, no corresponde hablar de moral, sino de moralina. Quienes la encarnan suelen considerarse los emisarios de un futuro mejor en misión de servicio en un presente aún poblado por costumbres retrógradas. No faltan los que creen en el progreso de las sociedades, en la arrolladora evolución ética de la humanidad, con una candidez similar a la de quienes combaten el insomnio con grabaciones del oleaje del mar. Pero la verdad es que esos modelos de virtud recuerdan a los beatos vociferantes de siglos anteriores, que el sentido común remite a otra galaxia mental, como si hoy viviésemos a años luz de ellos.
Nadie dice que los principios que defienden los nuevos redentores sean una barbaridad. O que los valores del pasado hayan protagonizado, invariablemente, un cuento de hadas que debiésemos enseñarles a los niños. Hay mucho que tirar a la basura. Es encomiable que el racismo esté declinando y la homofobia y la postergación de las mujeres vayan en retirada. Es saludable que entendamos el maltrato no solo como agresiones o coerciones físicas, sino también como agresiones psicológicas y morales.
El tema es otro. Una cosa es el avance en el respeto a los demás y en el reconocimiento de la igualdad como una condición que no se agota en el plano legal. Otra cosa es imponer esto de modo expeditivo, implantando la tiranía de los puros. Asoma, en esta costumbre, una forma de autoritarismo que se expresa en ataques de intolerancia.
No hay que ser un genio para advertir el contrasentido de abogar por la tolerancia, el respeto a la diferencia y la eliminación de las bacterias del lenguaje (que va camino a tener gusto a cloro), al mismo tiempo que se practica el sectarismo, sin nunca admitir un hecho básico avalado por la historia: la falibilidad humana y, por lo mismo, la conveniencia de cultivar el escepticismo.
Los puritanos del progresismo rechazan los valores que no son de su gusto, con una mala leche que busca acallar a quienes se salen de la línea. No les interesa persuadir con razones o trabar diálogos sin censura, desperdiciando así la oportunidad de acercarse, por medio de esas interacciones, a posiciones más depuradas. Prefieren forzar el acatamiento y sacar de circulación las opiniones disidentes. Intentan pastorear a chicotazos a los indómitos, pretendiéndose dueños de la verdad. En el fondo, actualizan el lema “la letra con sangre entra”.
Solemos olvidarlo, pero tal vez sea hora de recordar el lado odioso del ideal democrático en versión foro digital: darle la palabra a todo el mundo no conduce necesariamente a la expresión de una voz de tono liberal. En estas circunstancias, habría que reivindicar el valor del pluralismo y la resistencia del excéntrico al espíritu gregario y a las opiniones dominantes. Acordémonos de que la historia de la emancipación de la herencia asfixiante del pasado siempre ha supuesto el rechazo a los condicionamientos morales que nos obligan a prejuzgar y a asentir por anticipado.
Nietzsche, que debiese ser lectura obligatoria en los colegios, llamó a volverse inactual o intempestivo como antídoto a ese mal. ¿Contra qué debe luchar el sujeto libre? Eso se preguntó, esto respondió: “Contra aquello que lo convierte precisamente en hijo de su tiempo”.
Fernando García Naddaf, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
YA ES tiempo de hacernos cargo de una realidad incómoda pero con importantes efectos en nuestro sistema: las encuestas de opinión operan como agentes políticos que pueden influir interesadamente en la libre determinación de nuestras preferencias colectivas.
Si esto es cierto, debemos asumirlo como problema urgente.
Sabemos que las encuestas son cuestionables. Intuimos errores metodológicos, sospechamos intereses políticos y económicos, pero ¿qué hacemos para enfrentar estos problemas?
El debate sobre encuestas es viejo en las democracias representativas. Es común escuchar críticas por sus tamaños muestrales o sobre cómo se extraen las mismas muestras. Se las cuestiona por sesgos de entrevistas telefónicas versus entrevistas cara a cara. Pero en realidad, los “hoyos” son más. Van desde quién encarga el estudio (no son “neutros” como se nos presentan), el diseño del cuestionario, el trabajo de campo, tabulaciones de resultados y las interpretaciones de los dueños de las empresas.
Con esta fauna de opciones es lógico pensar que los resultados recojan cosas distintas. Sin embargo, cada una de ellas se presenta como “la” auténtica fotografía de la realidad nacional.
Y hay más. Una de las críticas más duras viene del nivel de conocimiento de los encuestados, lo que no es menor si se considera que todo el imaginario del sistema se construye en base a la racionalidad de las decisiones de los ciudadanos.
Por ejemplo, se puede preguntar por la estrategia chilena en La Haya o por el Acuerdo de París, pero ¿cuánto saben los entrevistados de estos temas? Hoy sabemos que hay reconocidos políticos nacionales, que aspiran a los más altos cargos, que apenas saben de ellos. Sin embargo, al consultar a gente desinteresada y sin conocimiento, las encuestas son recogidas sin discriminación y terminan siendo usadas para defender posiciones políticas particulares escudándose en la “opinión” de la gente que ha sido medida por la “neutralidad de la técnica”.
La publicación también tiene efectos en el electorado, especialmente cuando se refiere a las carreras presidenciales.
Las encuestas afectan el voto por varios mecanismos, por ejemplo, el del “carro ganador”, que no es otra cosa que la irracionalidad de votar para “no perder el voto”. En base a esto, los partidos hacen cálculos que están lejos de principios axiológicos de la democracia.
Por ejemplo, las usan para presionar y “bajar” candidatos o “subir” otros como vemos hoy. Mientras, nosotros, impávidos, nos sumergimos cada vez más en la política del aplausómetro, que no es otra cosa que la política de la demagogia en una era de la fragmentación posmoderna, donde la política verdadera, la de las ideas, parece solo un juego ingenuo de idealistas. ¿Cómo enfrentar esta deriva?
En otros países la misma industria se somete a estándares éticos, metodológicos y de difusión que promueven organismos reconocidos (WAPOR, AAPOR o ESOMAR) que sirven de referencia para periodistas y ciudadanos a la hora de evaluar los resultados. En otros lugares se han creado comisiones de sondeos, bajo iniciativa de ley, que previenen que el proceso y la publicación perturben la libre determinación de las preferencias electorales. En un mundo donde una y otra vez nos quejamos de baja participación política, de crisis de representación y desconfianza hacia los políticos, las encuestas -especialmente las más cuestionables metodológicamente- se vuelven en perverso aliado de lo que no queremos como práctica.
Si esto es así, se vuelve urgente actuar para dar más sentido y coherencia al trabajo en el que todos, como ciudadanos, estamos involucrados.
La oficina regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll con sede en Santiago de Chile busca a un/a coordinador/a de programas para el área de democracia y derechos humanos. Somos una fundación política sin ánimo de lucro cercana al partido alemán de Alianza 90/ Los Verdes.
Nuestro trabajo en cinco países del Cono Sur se concentra en incentivar la promoción de ideas democráticas, la participación ciudadana, en fomentar los valores políticos de la ecología y el desarrollo sustentable, los derechos de las mujeres y la democracia de género.
Buscamos un/a profesional con formación universitaria, experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, especialmente en temas de derechos humanos (incluyendo sociales y culturales) y equidad de género. Como una cantidad considerable de nuestras contrapartes son argentinas, buscamos a una persona con flexibilidad para viajar y preferentemente alguna experiencia laboral en Argentina. La coordinadora/el coordinador de programa planifica, organiza y realiza los proyectos y eventos de la fundación en estrecha cooperación con las contrapartes. Además apoya a la directora de la oficina en el seguimiento y el análisis de los procesos políticos en el Cono Sur especialmente en las áreas temáticas del programa a su cargo y la actualización de la concepción del eje programático.
Las tareas implican tanto la ejecución del programa a su cargo en sus aspectos tanto temáticos como financieros, incluyendo el monitoreo y el control de resultados.
El puesto requiere tanto experiencia en la administración de proyectos y presupuestos como una alta competencia social y comunicacional y la capacidad de trabajar en equipo. Cartas de motivación y CV en forma electrónica hasta el 12 de mayo directamente a Ingrid Wehr: [email protected]
El profesor honorario UDP, Michel Wieviorka, por segundo año consecutivo dictará curso organizado por la Escuela de Sociología y la Cátedra Globalización y Democracia UDP, “Las ciencias sociales frente a los nuevos desafíos: crisis democrática, migraciones, terrorismo” y Conferencia: “Tiempos de post verdad y desafío populista”.
Michel Wieviorka es director de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) de París, Francia, donde también se desempeña como director del Collège d’études mondiales. Desde el año 2016 Michel Wieviorka es profesor emérito UDP.
El curso “Las ciencias sociales frente a los nuevos desafíos: crisis democrática, migraciones, terrorismo”, coordinado por Maite de Cea (directora del ICSO y académica de la Escuela de Sociología) y Ernesto Ottone (director de la Cátedra Globalización y Democracia), está dirigido a los estudiantes de la Escuela de Sociología UDP,se realizará los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril, de 11:30 a 13:00 hrs, en la sala B-51 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.
Al finalizar el taller los estudiantes que hayan participado de los tres cursos recibirán un diploma de participación.
La Cátedra Globalización y Democracia, se llevará a cabo el jueves 06 de abril, a las 11.30 hrs, en el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra. La actividad es una conferencia abierta a todo público.
Para más información, visitar: globalizacionydemocracia.udp.cl
Gabriel Cid, académico de la Escuela de Historia e investigador del Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile de la UDP, se adjudicó el proyecto Fondecyt Iniciación 11160298, titulado “El espectro del pueblo: la conceptual iniciación de la democracia en Chile, 1841-1887”.
¿De qué se trata el proyecto?
En términos generales, es un intento de hacer una genealogía intelectual del concepto de democracia en Chile en el siglo XIX. Es establecer desde cuándo el concepto de democracia pasa a ser concebido y conceptualizado por los agentes de la época, como un régimen político deseable al cual hay que transitar. Uno viene con la idea preconcebida de que la democracia siempre ha sido el mejor régimen de Gobierno, o el menos malo, no obstante, esa misma idea oculta una larga trayectoria de rechazos que porta la democracia como régimen político. Esa larga historia de rechazos, viene recién a matizarse a mediados del siglo XIX. Y justamente en ese proceso, donde la democracia deja de ser concebida como el peor de los regímenes posibles, equivalente a la anarquía, y pasa a ser percibida por los actores de la época, como el régimen al que hay que transitar.
¿Cuáles son los objetivos?
En cierto sentido, ser consciente de que para algunos la democracia está vinculada a la igualdad, pero para otros, meramente a la existencia del régimen constitucional, con elección de los magistrados, por ejemplo, con la garantía de libertades y muchas veces esas formas de defender la democracia colisionan entre sí. Es decir, no es lo mismo si yo concibo la democracia como igualdad y participación, o si entiendo la democracia más bien como la existencia de un régimen constitucional.
¿Cómo se llevará a cabo la metodología de trabajo?
Es un proyecto que, aún cuando surge desde la disciplina histórica, tiene muchas vinculaciones sobre todo con la politología, es un cruce entre historia y teoría política. En términos metodológicos propiamente tal, es un esfuerzo de aterrizar las discusiones de la historia conceptual. Tiene que ver con lo siguiente, con una concertación metodológica básica de la historia conceptual como disciplina. Esto quiere decir, que todos los conceptos políticos son polisémicos, en un mismo momento pueden significar muchas cosas para distintos agentes y que la mejor forma de adentrarse en ese mundo, es examinar qué entendían los mismos agentes de la época por democracia, en lugar de concederles, como tiende a hacerlo la ciencia política más canónica. Es ver qué va significando en cada momento la palabra democracia, cuáles son los conceptos que se asocian a ella, de ahí que aún cuando el concepto ancla de este proyecto es la democracia, hay otros que igualmente van a salir a relucir, sobre todo dos: igualdad y pueblo. El concepto de pueblo es fundamental, porque es el sujeto de imputación de soberanía de la democracia como régimen político.
¿Cuál es el aporte del proyecto a la investigación?
Tiene varias aristas desde todo punto novedosas. Por una parte, hay una suerte de lugar común respecto a la democracia en el siglo XIX, que se constata en la literatura existente. Por otro lado, habría una suerte de normativismo implícito en las ciencias sociales, al momento de decir, “democracia es esto”, y ahí retrospectivamente, con esa definición, ir leyendo los períodos históricos.
Y también porque se desconoce la misma práctica política en el siglo XIX Hispanoamericano, donde uno se llevaría la sorpresa de que probablemente en términos electorales, participa más gente de la que uno supone, incluso en términos comparativos. Si uno compara estos datos, cuántas son las personas que efectivamente participan en 1840 en una elección, Chile, es más democrático que por ejemplo Holanda, Italia, Suiza. Es decir, que para esas dos lecturas, una que idealiza un modelo foráneo y la otra que es excesivamente presentista, no habría democracia en el siglo XIX, por lo tanto, no vale la pena investigarlo. Justamente por la existencia de esos dos tipos de lecturas sobre este proceso, la democracia en el siglo XIX en Latinoamérica, en Chile en particular, es dejada de lado. Al parecer la lectura es la siguiente: solo existe democracia en el siglo XX. La idea de este proyecto es decir que la democracia sí tiene una historia, pero es una historia que se va a reconstituir en los procesos históricos, ver qué entendían los agentes de la época por democracia. El siglo XIX Hispanoamericano es una suerte de huérfano de estudios, no hay estudios sistemáticos salvo contadas excepciones. Para el caso chileno no contamos con investigaciones sobre qué significa la democracia, que no es un concepto irrelevante en la discusión pública, probablemente sea el concepto más relevante de nuestras vidas y desconocemos su desarrollo inicial.
La Facultad de Ciencias Sociales e Historia junto con Editorial Catalonia realizarán el lanzamiento del libro “¿Cuándo se jodió Chile?”, de Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
La actividad se realizará el miércoles 14 de diciembre a las 12:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, ubicado en Ejército 333, Santiago. Al final del evento se llevará a cabo un vino de honor.
En el lanzamiento comentarán Pilar Molina, Consuelo Saavedra y Beatriz Sánchez. Modera Iván Valenzuela.
¿Cuándo se jodió Chile? En este incisivo relato, el autor va dando vida a una insospechada búsqueda del momento preciso, del hito exacto que marcaría la decadencia de la democracia chilena. A partir de documentos verídicos, crónicas, correspondencias y otros antecedentes, va relatando proceso político y social chileno al que no estamos acostumbrados.
Un padrón adulterado, un sociólogo que escribió la declaración de principios de un partido, el reportaje de una revista que condenó a la nuera de una Presidenta, un correo electrónico lamentando no haber participado de una cena, la carta de unos camaradas denunciando una elección fraudulenta, los testimonios de unos antropólogos, la cruda descripción de la oligarquía chilena de una poetisa al escribirle una carta a un honorable, la llegada de un estudiante de provincia a la Universidad de Chile, la cruda descripción de un polaco describiendo una elección nacional, militares ordenando masacrar a obreros, terratenientes defraudando a indígenas, una inglesa describiendo la herencia colonial de nuestra sociedad.
Esta búsqueda ágil del momento exacto en que se jodió Chile nos abrirá a una memoria de prácticas políticas insospechadas. Claudio Fuentes encontrará una respuesta, aunque seguramente no será del agrado de quienes han glorificado nuestro pasado republicano.
Claudio Fuentes es Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill). Sus intereses académicos se han orientado al estudio de los procesos políticos en Chile y América Latina. Es autor y editor de 11 libros y de más de una treintena de artículos en libros y revistas académicas. Entre otros reconocimientos, obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA). Fue electo Presidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política (2004-2006), y electo miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) de Estados Unidos (2014-2015). Integró el Consejo Asesor Presidencial anti-corrupción (2015).
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.
Aunque en el año 2005 se eliminaron muchos de los enclaves autoritarios, subsiste en la Constitución actual una concepción de las Fuerzas Armadas como poder de seguridad, aspecto que requiere una revisión sustantiva a la hora de modificar la Carta Magna.
¿Qué dice la Constitución actual? El texto las define adecuadamente como esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Las dificultades comienzan cuando se examina la inserción institucional de ellas en un marco democrático. Por ejemplo, el vínculo entre el Presidente y las FF.AA. en tiempos de paz pasa por el ministro de Defensa. El Presidente de la República asume la jefatura suprema de las FF.AA. solo en caso de guerra, lo que de por sí constituye una anomalía en un sistema democrático. Debiese existir una supremacía civil en todo momento, cuestión que hoy no ocurre.
Tal como la propuesta del Proyecto Puentes lo señala, una de las principales anomalías dice relación con el concepto e institucionalización de la “seguridad nacional”, que coloca a las FF.AA. en un sitial de autonomía y supervigilancia del proceso político nacional. Por ejemplo, la Constitución actual considera un Consejo de Seguridad Nacional integrado por cinco autoridades civiles, los tres comandantes en Jefe de las ramas castrenses y el general director de Carabineros. Aunque es una entidad asesora, “cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional” (art. 107).
Es decir, cualquier autoridad uniformada podría plantear allí opiniones que, a su juicio, estarían atentando contra las bases de la institucionalidad. ¿En qué posición podría quedar la autoridad civil si en alguna circunstancia histórica las FF.AA. explicitan, por ejemplo, que el propio Presidente está afectando las bases de la institucionalidad? ¿Sería este hecho considerado un acto de insubordinación o de legítima preocupación por las bases institucionales?
El artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc.
Pero además, el artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc.
¿Quién o quiénes, entonces, evalúan si la explotación de un yacimiento es esencial para la seguridad nacional? ¿Quién o quiénes determinan el límite a la libertad de enseñanza cuando se vea afectada la seguridad nacional? Además de no definirse dicho concepto en la misma Constitución, ella deja un amplio marco de incertidumbre y discrecionalidad, dado que perfectamente podría entenderse, del texto actual, que les corresponde a las FF.AA. intervenir en esas decisiones precisamente porque son esenciales a la seguridad nacional. Una nueva Constitución deberá modificar dicho concepto que se asocia a una dinámica propia de la Guerra Fría, donde las FF.AA. intervenían en asuntos internos.
Otro aspecto que requiere una importante revisión dice relación con los ascensos y retiros de oficiales, por cuanto, de acuerdo a la Constitución, el o la Presidenta de la República solo podrán determinar nombramientos, ascensos y retiros a propuesta de los comandantes en Jefe respectivos, lo que limita la autoridad presidencial sobre las instituciones armadas. Como, además, son los comandantes en Jefe quienes proponen la lista de ascensos y retiros, dependerá de ellos –y no de la autoridad civil– definir la línea de mando que va conformándose en las instituciones castrenses.
A ello debemos agregar la participación de las FF.AA. en funciones no militares, como es su rol en custodiar el proceso electoral o asumir la jefatura de plaza en estado de excepción, dos aspectos que les correspondería asumir a autoridades civiles. Finalmente, se requiere asignar un rol relevante al Congreso en materia de control de algunas definiciones de la Defensa, cuestión que tampoco ocurre hoy.
En síntesis, la nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.
Por razones de fuerza mayor se suspende el Seminario “Democracia, mundo popular y representación: Perspectivas y debates en el siglo XIX chileno”. Pronto informaremos su recalendarización.
¿Qué sentido tiene interrogarse sobre la democracia y el mundo popular en el siglo XIX chileno? Una parte de la historiografía ha visto con desdén esta relación, fruto de una visión estereotipada, en la cual las prácticas electorales del siglo XIX eran esencialmente corruptas, al estar viciadas por el clientelismo, el fraude y el cohecho. Además, el cuerpo de electores era bastante reducido, por lo que la democracia solo podía quedar relegada a aspectos meramente discursivos e institucionales, de ficciones políticas de un sistema esencialmente oligárquico que reproduciría ciertos rasgos atávicos atribuidos a la cultura política latinoamericana, tipificada como centralista, autoritaria y personalista. En ese registro, ni existiría la democracia, ni menos esta tendría relación con el mundo popular.
Recientes aportes desde la historia intelectual, política y social han cuestionado esta visión. Por una parte, la historia intelectual ha tomado distancia crítica de las visiones esencialistas y excesivamente normativistas que tradicionalmente han estudiado el problema de la democracia, y que tienden a imponerle al pasado las cargas prescriptivas del presente. Por el contrario, una aproximación de este tipo, sensible a la historicidad de la democracia, nos permite entender las variaciones en sus usos y contenidos políticos atribuidos, cómo entendían los contemporáneos el concepto, y cómo fueron modificándose sus valoraciones a largo del siglo XIX. Del mismo modo, la historia sociopolítica ha mostrado que el diálogo y negociación con el mundo popular fue más extenso y permanente de lo que se había sostenido tradicionalmente. En ese sentido, las mismas dinámicas de la democracia representativa impusieron la obligación de incorporar al mundo popular en el debate público, ya como actor colectivo, ya como interlocutor, en una relación que, aunque limitada, asimétrica y con diferentes grados de profundidad en términos de participación, terminó construyendo en el siglo XIX un nuevo ethos, donde la democracia devendría en horizonte normativo ineludible para la república.
Este Seminario organizado por el Programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, busca propiciar un espacio de diálogo en el que un conjunto de académicos nacionales e internacionales, especialistas en el campo de la historia social, política e intelectual, se proponen actualizar el debate historiográfico, así como visibilizar un campo de investigaciones de creciente interés y desarrollo.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 8 de junio a partir de las 11:00 hrs., en la sala B-31 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.
Mesa 1: Democracia y pueblo: aproximaciones desde la historia intelectual
Gabriel Cid (Universidad Diego Portales)
El fantasma de la plebe : itinerarios del concepto de democracia en el siglo XIX
Vasco Castillo (Universidad Diego Portales)
Republicanismo, democracia y subjetividad popular: el caso de Santiago Ramos el Quebradino (1844-1846)
Álvaro García San Martín (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación)
Francisco Bilbao y el ‘pueblo’ de Lamennais (1842-1844)
Mesa 2: Ciudadanía, mundo popular y esfera pública
Julio Pinto (Universidad de Santiago)
La construcción social del Estado en América del Sur en la post-independencia: los casos de Argentina, Perú y Chile
James A. Wood (North Carolina A&T State University)
Entre los de arriba y los de abajo: los tipógrafos en las luchas políticas de mediados del siglo XIX
Patricio Ibarra (Universidad Bernardo O’Higgins)
La reforma electoral de 1874: principios e implementación
Juan Cáceres (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
¿Y…el pueblo donde está?. Reflexiones sobre la participación popular en las elecciones del siglo XIX
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central se realizó un análisis político y de actualidad con Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. El análisis estuvo marcado por la muerte del presidente Patricio Aylwin, tomando distintas aristas del tema como:
– Reacción que tuvo la Presidenta Bachelet.
– Derechos humanos.
– La frase “En lo medida de los posible”.
– En el momento que asume Patricio Aylwin habían muchos factores que eran de riesgo para su propia gestión.
– La clave de la transición.
– Trauma que se vivió en los 60 y 70.
– Proyectos excluyentes.
– Hay ciertos ámbitos donde sí se pudo haber hecho más de lo que hizo.
– Reconocimiento simbólico.
– Se pudo haber mucho más en el ámbito de los derechos humanos.
– Se temía más a los militares de lo que a lo mejor efectivamente podrían hacer.
– Riesgo de un Golpe de Estado.
– Anécdota de Lagos.
– Modelo neoliberal.
– Opción del modelo económico.
– Episodios menos conocidos.
– Polémica determinación de Patricio Aylwin como el candidato del partido el año 88 para las presidenciales del 89 y lo que fue conocido como el Carmengate.
Mención:
– Cámara de Diputados.
– Frei.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Fue una de las figuras más relevantes del pasado político reciente del país. Un niño que creció en San Bernardo con un papá masón. Estudioso y enérgico. Que en 1945 entró a la Falange Nacional y en 1990 se convirtió en el primer Presidente después de la dictadura de Pinochet. Una voz reconocida en el mundo de la democracia, pero que previo al golpe de Estado de 1973 se alzó fuertemente para criticar a la Unidad Popular en el poder y justificar su derrocamiento.
Sus últimos años, Patricio Aylwin Azócar los pasó escribiendo. En una salita de su casa en la calle Arturo Medina, en Providencia, se sentaba cada día a apurar el texto que quería ver impreso: era sobre la relación entre la Democracia Cristiana y el Gobierno de Salvador Allende.
Sobre un gran escritorio –que por mucho tiempo fue su centro de operaciones–, apoyaba un block fiscal con hojas de roneo y escribía con un lápiz pasta. A mano. Nunca le gustó usar computador. Su casa –una puerta que siempre estuvo abierta para recibir a jóvenes camaradas, políticos que buscaban un consejo, su familia: 5 hijos, 18 nietos, 11 bisnietos– fue su mejor refugio. También fue testigo del traspié que lo botó al suelo en diciembre pasado. Y que a los 97 años su cuerpo ya no pudo resistir de buena forma.
Desde ese golpe en la cabeza, nunca más fue el mismo. Ya no volvió a recitar de memoria a Rubén Darío y Amado Nervo, como solía hacerlo. En los últimos meses, además de escuchar el Preludio de Chopin que lo embriagaba, tenía que leer a sus poetas en torpedos. Pero seguía recitando. Tarareando canciones que antes podía recordar claramente –fue uno de los miembros fundadores del coro Lex de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile–. Desde diciembre casi no se levantaba de su cama. Lo único que decía una y otra vez, sin la mente nublada, era cuánto amor le tenía a su esposa, Leonor Oyarzún. “Se tomaban de la mano y se hacían cariño”, cuenta su hija Isabel.
Tras su muerte, el libro quedó sobre su escritorio. La familia siempre esperó que fuera un recuerdo póstumo para evitar tensiones. Porque lo que sí pesó tras el hombre equilibrado y de voz pausada, estuvo alejado del icónico regreso a la democracia. Su apoyo al Golpe de Estado y sus reflexiones sobre Allende, siempre fueron una piedra en el zapato para sus detractores.
El Golpe
En mayo de 2012 las palabras de Patricio Aylwin volvieron a remecer los recuerdos. En una entrevista con el diario El País, el primer Presidente de la Concertación confesaba algo que para nadie era un misterio, pero que siempre abría y reabría una herida.
“Allende terminó demostrando que no fue buen político, porque si hubiera sido buen político no habría pasado lo que le pasó”, le contestó en ese momento a la periodista Rocío Montes, levantando una polvareda. En la misma entrevista se recuerdan viejas conjeturas de Aylwin: que “el talón de Aquiles de Allende fue haberse convertido en rehén de los partidos de izquierda”. Algo que repitió ante El País: “Hizo un mal gobierno y el Gobierno cayó por debilidades de él y de su gente”.
Patricio Aylwin siempre apoyó el golpe de Estado. Días antes de que las balas llegaran a La Moneda, el 26 de agosto de 1973 –y cuando era presidente de la Democracia Cristiana–, fue claro frente a la grabadora de The Washington Post, donde dijo que si le dieran a elegir entre “una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”.
Después del Golpe, en una entrevista televisada, estas fueron sus palabras:
“La crisis económica, el intento de la UP de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral, y la destrucción institucional al que había llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en los chilenos que precipitaron este pronunciamiento. Nosotros tenemos el convencimiento que la llamada vía chilena de construcción del socialismo que enarboló la UP, estaba rotundamente fracasada y eso lo sabían los militantes de la UP y Allende. Y por eso ellos se aprestaban –a través de la organización de milicias armadas muy fuertemente equipadas que constituían un verdadero ejército paralelo– para dar un autogolpe, y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las FF.AA. simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista”.
La tensión con quienes defendieron la UP y estuvieron con Allende, no se acabaría jamás. El año 2010, en el libro Conversaciones con Altamirano, de Gabriel Salazar, el emblemático ex secretario general del Partido Socialista volvió a criticar duramente el rol de la DC y de Aylwin en la caída de Allende.
Alberto Mayol asegura que el de Aylwin “será recordado como el Gobierno que vivió los mayores riesgos de regresión autoritaria. Es relativamente cierto, aun cuando esa posibilidad era irreal. Pero sí tuvo las mayores presiones de toda la transición, por parte de un empresariado hostil y de un mundo militar aún no asumido en su nueva posición. El gobierno de Aylwin tuvo el mérito de ser el que más resistencia tuvo frente al empresariado, pero finalmente estos triunfaron y lideraron el pacto elitista transicional”.
“Usualmente se olvida y no será recordado como tal, pero es importante señalar que el primer Presidente de la postdictadura fue un político que apoyó el golpe –dice el cientista político Alberto Mayol–. Y para colmo, fue el más enérgico contra el poder empresarial, no así con el militar, respecto al cual fue complaciente. La debilidad de Aylwin respecto al mundo militar se expresa en una frase por la que también será recordado: justicia en la medida de lo posible. Es frase se hizo emblemática, no solo por su significado para los derechos humanos sino además por la claridad con la que la frase expresa el pacto de la transición y las renuncias de los sectores de izquierda, quienes, cuando mucho, pasaron a ser los flagelantes”.
Correa, Boeninger y la Comisión Rettig
Años más tarde de haber pronunciado la frase “justicia en la medida de lo posible”, Aylwin defendió la expresión que irritó a tantos que aún buscaban a sus familiares sin ninguna esperanza. “Asumimos en una situación en la que había muchos motivos de dudas, porque el general había declarado que ‘si me tocan a un solo hombre se acaba el Estado de derecho’. A pesar de eso, formé la Comisión de Verdad y Reconciliación e inicié el estudio de las violaciones a los derechos humanos”, dijo una mañana de 2003 en una radio de Santiago.
Muchos de quienes trabajaron en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –llamada “Comisión Rettig” porque era presidida por el abogado Raúl Rettig– concuerdan en que en ese tiempo la dictadura aún recorría a Chile como un hielo por la espalda. “Ni Edgardo Boeninger ni Enrique Correa, mis principales asesores políticos, pensaron que fuera una buena decisión (crear la comisión), pero yo estaba convencido de que era la manera de abrir puertas”, agregó Aylwin en otra oportunidad frente a los micrófonos de Radio Cooperativa.
El abogado Jorge Correa Sutil fue el secretario de esa instancia. Y para él fue un paso clave y valiente. “Muchas personas de izquierda le recomendaron a Aylwin no mover este problema, que eso sería despertar al león. Para ellos la estrategia debía ser probar que los civiles podían gobernar. La transición argentina había estado a punto de terminarse porque el presidente había intentado llevar a los militares a la justicia. Había una opinión mayoritaria de no mover este problema… que podría arriesgar la consolidación de la democracia. No era gente torpe o miedosa, sino gente que hacía cálculos políticos razonables. Reflotar el tema de los derechos humanos era permitir que los militares se revelaran, pero Aylwin, con mucho coraje, entendió que no habría consolidación de la democracia si no se caminaba hacia la verdad. En eso fue un hombre muy sabio”, cuenta Correa Sutil.
El ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos, destaca también la idea de sentar en la mesa a los militares y sus víctimas de violencia política. “Aunque técnicamente no lo fueran –dice Correa Sutil–, permitió que participaran”, aunque los militares jamás colaboraron con pistas que ayudaran a dar con paraderos de las víctimas o sus victimarios.
A 26 años de esa instancia, Correa Sutil cuenta por primera vez que cuando la comisión terminaba de sesionar, algunos miembros de esta fueron a hablar con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para darles a conocer parte del trabajo. Les dijeron que se publicaría un extenso listado de detenidos desaparecidos. “Les rogamos que nos ayudaran a encontrar los restos y la respuesta fue ninguna. Ellos tomaron la lista, la filtraron y la publicaron como una especie de adelanto del informe Rettig. A esa lista le faltaban nombres y datos, y abrieron una gran polémica antes de que el trabajo fuera oficial. Eran tiempos complejos”, recuerda.
Pinochet
La relación entre Aylwin y Pinochet siempre fue tensa, porque el general creía que tenía atribuciones especiales. En la primera reunión que sostuvieron en La Moneda, el general le dijo a Aylwin que se iba a reportar directamente con él y no con el Ministerio de Defensa. Aylwin –según contó hace años en una revista– le mostró la Constitución y le dijo: “Mire, general, la Constitución que usted creó dice que está a cargo del ministro de Defensa, así que lo siento, pero va a tener que aceptarlo”.
Sin embargo, Aylwin mantuvo respeto por la figura del dictador, incluso más allá del tiempo que duró su mandato. En la misma polémica entrevista con el diario El País, Aylwin dijo que Pinochet representaba, “por una parte, orden, seguridad, respeto, autoridad. Y, por otra, una economía de mercado que iba a permitir la prosperidad del país. Esos fueron los dos factores definitorios, y por eso Pinochet fue popular. Era un dictador, pero popular”. El ex presidente DC también señaló que “Pinochet no fue un hombre que obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé”.
En marzo de 1998, un grupo de diputados presentó una acusación constitucional en contra de Pinochet. El clima ya no era el mismo que 8 años antes; aunque el fantasma del poder de los militares se desvanecería recién varios meses después, con Pinochet preso en Londres.
Los argumentos de la acusación eran obvios: la responsabilidad de Pinochet en la violación de derechos humanos. La Democracia Cristiana –igual que en tiempos de la UP– tomó dos marcados bandos y uno de esos fue claramente influenciado por Patricio Aylwin.
Entonces, Tomás Jocelyn-Holt era diputado y perseguía que la acusación se aprobara. Recuerda que las palabras de Aylwin cambiaron el curso de la historia:
“A comienzos de abril, justo cuando se estaba despachando el informe de la comisión para la acusación constitucional, Aylwin dijo que él habría votado a favor de la acusación. Después de eso lo llamó Boeninger (Edgardo, ministro de Aylwin y figura clave de la transición) para decirle que esa declaración podría causar que todos en la DC votaran a favor. Al día siguiente, Aylwin dio vuelta su postura y dijo totalmente lo contrario. ¿El resultado? 13 diputados DC votaron en contra de la acusación constitucional y no prosperó. Eso demuestra un poco la personalidad que siempre tuvo Aylwin: fue una voltereta. Él solía hacer eso, decir un día una cosa y al otro día otra. Pero en este caso fue un error político tremendo. Boeninger era su especie de alter ego. Él y el grupo de gente que rodeaban a Aylwin, lo capturaron y no fueron capaces de leer el cambio político que vino después, como los autocomplacientes y autoflagelantes de la DC. No lo supieron leer, pero es injusto juzgar a Aylwin por esto o por su apoyo al golpe de Estado. La historia será benevolente con él”.
Para el historiador Gabriel Salazar, sin duda Aylwin fue un político que tuvo una actuación protagónica (incluso, en cierto modo, decisiva) en la fase de inicio de “la tiranía militar de Pinochet y en la fase de ‘salida’”. Primero, “en un momento de gran presión de EE.UU. sobre la Democracia Cristiana y sobre la Unidad Popular, Aylwin, al influir en el no acuerdo entre ambos bloques políticos, facilitó esa intervención y el golpe militar de 1973. Y luego, cuando Pinochet debió transar ante la situación de ingobernabilidad en que se encontró el país con las jornadas nacionales de protesta (1983-1987) para luego retirarse, Aylwin jugó de nuevo un rol relevante al jugarse por conservar la Constitución neoliberal de 1980 y así facilitar el ingreso masivo del gran capital internacional a Chile, salvando por esta otra vía el mismo modelo neoliberal”, señala Salazar.
A pesar de que el argumento de Aylwin y su gobierno siempre fue que había que llevar el proceso con cautela, para los familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados, no significó lo mismo. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, lo resume así: “En los primeros años, la Concertación cumplió lo que pactó. Al principio lo único que se aplicaba era la Ley de Amnistía. En esos primeros años se tergiversó la historia, porque se trató a algunos civiles como héroes y cuando se justifica el terrorismo de Estado, es inaceptable. Eso es algo que la figura de Aylwin y ese primer gobierno tendrán que asumir, porque en ese gobierno se pactó y se firmó la impunidad. La justicia en la medida de lo posible fue una bofetada”.
El legado
Más de mil personas se pusieron de pie ese 11 de marzo de 1990 en el Congreso. En medio de gritos y ovaciones, Pinochet ponía fin a un cruel saldo de 17 años en el poder:
–Señor Presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación, y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes –escuchó Aylwin.
–Sí, juro –dijo con firmeza el nuevo Presidente y recibió la banda presidencial en una jornada que se convirtió en la más corta de la historia. Menos de media hora.
La tensión se vivía en cada detalle. No comprimían el ambiente solo integrantes de la Concertación levantando carteles de Detenidos Desaparecidos o la diferencia en la vestimenta entre los partidarios de la Concertación (con ternos) y los simpatizantes del Mandatario saliente (con esmoquin). Patricio Aylwin recordaría años más tarde, en una entrevista, que Pinochet retrasó tanto la entrega de la piocha de Bernardo O’Higgins, que agregó más tensión al momento.
La emoción y el miedo de quienes aún no creían que los militares respetarían la decisión, hacían temblar tras los televisores a millones de chilenos que habían elegido a Aylwin con el 55,2% de los votos. El chofer de Aylwin también temblaba en las calles aledañas al Congreso. La comitiva que había trasladado a Pinochet en el Ford Galaxie 500 para el cambio de mando –un auto que también ocuparía Aylwin– lo había dejado tirado varias cuadras más allá y sin bencina.
A pesar de todo eso, fue uno de los hitos más importantes en la vida republicana de Chile. Y también en la de Patricio Aylwin, que tenía 71 años cuando asumió la Presidencia.
Los años en La Moneda fueron los únicos en que Aylwin no cumplió el ritual que le dio una larga vida: dormir mucho y levantarse temprano, como le explicó a la historiadora Patricia Arancibia Clavel en Cita con la historia.
Fue criado en la rectitud del estudio y la consecuencia. Siempre le gustaba recordar una escena particular con su padre. Un día, Miguel Aylwin –destacado abogado y juez, agnóstico y masón, que llegaría a ser presidente de la Corte Suprema– le dijo: “Por qué no estás en misa… el católico acá eres tú”. El ex Mandatario contaba que esa pregunta, que nacía en lo cotidiano, demostraba la consecuencia que su papá le inculcaba en cada acto.
El niño Patricio nació en Viña y tuvo un largo periplo escolar los años siguientes: sus estudios primarios los cursó en el Colegio de los Padres Salesianos de Valdivia y los secundarios en el Liceo de Humanidades de San Bernardo, en el Liceo Valentín Letelier de Santiago y el Internado Nacional Barros Arana (INBA). Se tituló de abogado de la Universidad de Chile en 1944.
El mayor de 5 hermanos (cuatro hombres y una mujer), comenzó en la política tan joven, que llegar a la Presidencia podría haber parecido un obvio punto final. Sin embargo, su nombre en una papeleta no fue simple. Aylwin debió imponerse dentro del propio Partido Demócrata Cristiano ante otros dos postulantes: Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Valdés. La interna tuvo una polémica inolvidable, conocida como “Carmengate” (porque la sede de la DC estaba en Carmen #8). Algunos democratacristianos denunciaron serias irregularidades electorales en las primarias; un hecho que, eventualmente, habría llevado a Valdés a La Moneda y no a Aylwin. Ese hito cruzó para siempre su relación. A pesar de eso, el balance al interior de la Democracia Cristiana es que Aylwin llevó adelante un proceso exitoso; una visión que es discutida por analistas y expertos.
Alberto Mayol asegura que Aylwin “será recordado como el gobierno que vivió los mayores riesgos de regresión autoritaria. Es relativamente cierto, aun cuando esa posibilidad era irreal. Pero sí tuvo las mayores presiones de toda la transición, por parte de un empresariado hostil y de un mundo militar aún no asumido en su nueva posición. El Gobierno de Aylwin tuvo el mérito de ser el que más resistencia tuvo frente al empresariado, pero finalmente estos triunfaron y lideraron el pacto elitista transicional. Esta situación se da en el marco de una gran ironía: el Presidente de la Concertación que estuvo en más conflicto con el empresariado fue precisamente el que, como primera persona, apoyó el golpe”.
Para el cientista político y director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales de la UDP, Mauricio Morales, al mirar con distancia la inmediata postdictadura, la figura de Aylwin se agranda: “Fue el hombre de la transición democrática y la conciliación ciudadana. Su frase ‘en la medida de lo posible’ quedará en los registros históricos. La principal lección que deja esa frase es que los países avanzan de manera pausada pero segura, sin elevar innecesariamente las expectativas ciudadanas y con metas realistas. En la práctica, Aylwin nos entrega la receta para el equilibrio democrático ideal: gobiernos responsables alejados del populismo, y coaliciones ordenadas bajo un objetivo común. Eso es gobernabilidad democrática”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Panel con Claudio Fuentes, director de la escuela de la Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la Universidad Adolfo Ibañez
Los temas tratados en el programa fueron:
-El senador Hernán Larraín fue criticado en las redes sociales por felicitar a los ganadores de la Historia de un Oso
-La derecha sigue sin poder realizar una introspección crítica
-El eje dictadura- democracia en el caso de la derecha sigue operando sobre todo cuando aparecen ciertos temas.
-La corrupción hizo que la opinión pública bajara del sitial a los partidos.
-Siguen los ataques y la violencia en la Araucanía. Este conflicto tiene muchos actores que no sabe quienes son.
-Hay muchas visiones distintas en el mundo mapuche.
-Los camioneros están trayendo este conflicto a Santiago
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El cientista político Claudio Fuentes, ex miembro de “Comisión Anticorrupción” presidida por Eduardo Engel, planteó en Cooperativa una serie de reparos frente a la tramitación de la Ley de Fortalecimiento de la Democracia por parte del Congreso.
La Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales se encuentra organizando el seminario, 25 años de democracia en Chile. El objetivo de esta actividad es convocar a un grupo amplio y plural de personalidades a debatir sobre el ciclo político 1990-2015 enfocándose en tres áreas: el proceso político, los derechos humanos, y los derechos de los pueblos indígenas. Actividad patrocinada por la Fundación Ford.
Queremos ofrecer un formato informal de conversación que será facilitado por importantes comunicadoras sociales que dinamizarán el debate. La primera conversación será dinamizada por Patricia Politzer, e incluye a la alcaldesa de Santiago Carolina Tohá, el Director del CEP, Harald Bayer, y los académicos Agustin Squella y Manuel Antonio Garretón. El eje de la discusión será en este caso el tema de la legitimidad de las instituciones políticas y sus transformaciones en los últimos 25 años.
En el segundo panel, Beatriz Sánchez sostendrá una conversación sobre el tema de los derechos de los pueblos originarios con Nancy Yañez (observatorio Ciudadano), Sebastián Donoso (Consejero del INDH), Salvador Millaleo (académico de la Universidad de Chile), y Emilia Nuyado (Concejala de San Pablo).
Finalmente, en el último conversatorio moderado por Mónica González, participarán José Zalaquett (Universidad de Chile/UDP), José Miguel Vivanco (Human Rights Watch), y Lorena Fríes (Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos).
El seminario, además, considera una muestra fotográfica de los últimos 25 años de democracia organizada por Álvaro y Alejandro Hoppe. Las actividades se realizarán en el Centro Cultural La Moneda y es gratuita y abierta a todo el público. Será una oportunidad única para debatir con una perspectiva de mediano plazo, el ciclo político chileno desde el retorno a la democracia.
La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre desde las 09:00 horas, en el Centro Cultural La Moneda.
La Escuela de Ciencia Política UDP y Núcleo Milenio, lo invitan al Seminario ¿Crisis de representación democrática en Chile?.
La actividad constará de dos partes: la primera, un debate académico moderado por Rossana Castiglioni (UDP) que tendrá la participación y exposición de Carlos Meléndez (UDP) , Jana Morgan (University of Tennessee), Peter Siavelis (Wake Forest University), Cristóbal Rovira (UDP).
Posteriormente, se realizará un debate político moderado por Mónica Rincón de CNN Chile. En la ocasión expondrán los diputados de la República, Gabriel Boric, Maya Fernández y José Antonio Kast, además Andrés Velasco de Fuerza Pública e Ignacio Walker, senador de la República.
El Seminario se realizará el lunes 16 de noviembre desde las 11:00 hrs. en el Auditorio de la Facultad de Educación UDP, ubicado en Vergara 249, Santiago.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Luego de la ola de golpes de estado en América Latina, no fueron pocos los que sindicaron al presidencialismo como una de las causas de los quiebres democráticos. Dado que en esos análisis sólo se incluía casos de sistemas presidenciales, entonces se infería que las instituciones del presidencialismo dañaban estructuralmente la democracia.
Sin embargo la ciencia política ha avanzado en un debate distinto, sugiriendo que en realidad las caídas de la democracia no dicen relación necesariamente con el tipo de sistema político, sino que con las tradiciones autoritaritas y militares de los países. Dicho en otras palabras, las democracias caen por otros factores, menos por el tipo de sistema político, ya sea este presidencial, semipresidencial o parlamentario. Existen “cargas históricas” que determinan la sobrevivencia de la democracia. Por tanto es razonable pensar que fueron los países inestables y propensos a las dictaduras los que optaron por el presidencialismo, y no que el presidencialismo haya sido factor explicativo de los quiebres democráticos. La causalidad, por tanto, debiese ser re-examinada.
Es cierto que -en promedio- los países que implementan sistemas parlamentarios o semipresidenciales logran un mejor resultado en el índice de calidad de gobierno. La base de datos publicada por el departamento de gobernabilidad de la University of Gothenburg indica que el tipo de sistema político es un buen predictor del desempeño de los gobiernos. Sin embargo, y luego de descontar el efecto del producto interno bruto per cápita y de otras variables socioeconómicas, la diferencia se estrecha sustantivamente. En consecuencia, e incluso en términos de capacidades gubernamentales, los presidencialismos no corren con una desventaja tan evidente en comparación con otros sistemas políticos.
Muchas veces se asocia un sistema parlamentario con una alta calidad de gobierno debido a que gran parte de los países europeos -en especial las democracias industrializadas avanzadas- funciona bajo ese formato institucional. No obstante el sistema parlamentario –según la base de datos citada- también es utilizado por países como Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, Albania, entre otros, donde el índice de calidad de gobierno es sustantivamente menor.
Hoy se discute sobre un posible cambio al sistema político chileno. Se asume que presidentes impopulares podrían generar una crisis de gobernabilidad. No obstante, y siguiendo con el argumento anterior, la inestabilidad responde a otros factores. Entre ellos destaca la capacidad del presidente para ordenar su coalición y promover acuerdos amplios y mayoritarios. En un estudio de 1993, el cientista político estadounidense Scott Mainwaring sostenía que la combinación entre presidencialismo y multipartidismo era “difícil” (como si el resto de las combinaciones fuese “fácil”). Por tanto, una solución era avanzar hacia un sistema parlamentario, o simplemente establecer un sistema electoral de mayoría, facilitando así que el Presidente obtuviese un contingente legislativo que le permitiera llevar a cabo su agenda de gobierno.
Sin embargo, Chile ha funcionado con un sistema presidencial y con un sistema proporcional para elegir a los congresistas. Es cierto que el binominal era el menos proporcional de los sistemas, pero igual promovió la presencia de siete partidos relevantes en el Congreso. La combinación entre presidencialismo y multipartidismo, por tanto, ha sido perfectamente viable en Chile, lo que se ha hecho mediante la construcción de coaliciones duraderas. Es falso sostener que las instituciones chilenas no han sido capaces de enfrentar o procesar situaciones de estrés. Los que defienden esta tesis ignoran la resistencia de nuestra democracia frente a las amenazas de Pinochet (con acuartelamientos y boinazos de por medio), de los ciclos económicos desfavorables, de intensas jornadas de protesta y de presidentes impopulares.
Es una buena noticia que nuestros representantes estén evaluando un cambio al sistema político, pero parece razonable que antes de pensar en aquello, se estudie en detalle si los problemas de desempeño gubernamental son responsabilidad del tipo de sistema político, o simplemente responden a la incapacidad de presidentes y partidos para alcanzar acuerdos que hagan más eficiente la gestión de los gobiernos.
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
El 28 de abril pasado, por cadena nacional, la Presidenta anunció que el proceso constituyente se iniciará en septiembre, es decir, a la fecha, en poco menos de dos semanas. Sostuvo que se haría un proceso abierto a la ciudadanía, a través de debates, consultas y cabildos, todo lo cual “deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
La formulación de una nueva Constitución como un proceso que desata el diálogo de la ciudadanía parece apropiado en un momento político donde las élites están profundamente divididas respecto de los contenidos y mecanismos que debiesen orientar el reemplazo de la actual Constitución. También se explicó que la primera etapa será una de educación cívica, que abarcará seis a ocho meses y en la que se explicará a la ciudadanía la importancia de la Constitución y por qué resulta relevante cambiarla. Sin el apoyo claro y rotundo de los partidos para iniciar un cambio constitucional, se recurre a la ciudadanía para dinamizar un proceso de diálogo sobre las reglas del juego que debiesen organizarnos.
No cabe duda que se trata de un debate relevante y crucial para el futuro democrático. El éxito de esta fórmula dependerá muchísimo de metodología para organizar estos cabildos y debates ciudadanos. Y aquí nos enfrentamos también con otra pregunta relevante: ¿cómo el Gobierno piensa involucrar a los pueblos indígenas en esta discusión constitucional? ¿Piensa del todo involucrarlos?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
Recordemos que el Estado de Chile suscribió el Convenio 169 de la OIT en el año 2009. Dicho convenio establece el deber de los estados de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Adicionalmente, el Convenio indica que los gobiernos deberán “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan.”
Como el proceso constituyente implicaría un cambio legislativo mayor y como una nueva Constitución tendría un impacto directo en las vidas de los pueblos indígenas, entonces, resulta razonable preguntarse si el Gobierno está pensando establecer algún tipo de mecanismo específico para consultar a los pueblos originarios sobre el tema.
De acuerdo a la formulación del Convenio 169, no sería suficiente incluir a representantes de algún pueblo indígena en las instancias que convoque el Gobierno a partir de septiembre. Tampoco sería suficiente involucrar a individuos que se autoidentifican con alguna etnia en las actividades previstas para iniciarse en septiembre.
Lo que debería suceder es un proceso muy distinto. Primero, debiese implementarse un proceso de buena fe en que el gobierno invitase a las comunidades a manifestarse sobre lo que ellas estimen que debiese ser una nueva Constitución. Los pueblos indígenas debiesen deliberar en forma autónoma sobre el tema. A ellos les correspondería sistematizar sus deliberaciones y entregar su parecer sobre el asunto.
Más de alguien podría señalar que no corresponde en esta etapa tan preliminar consultar a los pueblos indígenas. El Gobierno no está aún estableciendo una nueva Constitución. Simplemente lo que hace es generar una política (administrativa) que busca indagar, consultar y debatir sobre las características que debiese tener una nueva Carta Magna. Pero ¿no debiese este proceso –por muy preliminar que se trate– involucrar un proceso de consulta de buena fe con las comunidades indígenas y tribales del país? ¿No resulta acaso recomendable incorporar a los pueblos indígenas en este proceso de diálogo, respetando a sus autoridades, procedimientos y pareceres?
Simbólica y políticamente, sería del todo pertinente dar inicio al proceso constituyente reconociéndonos como una sociedad diversa, donde conviven diferentes culturas y cosmovisiones. Un diálogo de esta naturaleza ayudaría a sentar las bases de un verdadero nuevo trato. Un proceso constituyente que no considere esta dimensión se verá trunco e incrementará la ya profunda desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado de Chile.
Claudio Fuentes, Director Escuela de Ciencia Política UDP, remarca que la iniciativa del gobierno para financiar a los partidos constituye un cambio paradigmático. Sin embargo, destaca que esta entrega de recursos no está condicionada a estándares, ni de transparencia, ni de democracia interna.
El International Development Research Centre (IDRC) y la UDP invitan a la “Mesa de Debate sobre la Reforma Constitucional en Chile”. Luego de más de tres décadas de su aprobación en 1980, nuestro país planea ahora una nueva carta fundamental, la primera desde el regreso de la democracia. Este proceso, aun en estado de definición, nos ofrece la oportunidad de contextualizar dicha evolución en los debates actuales sobre diseño y reforma institucional.
Para la reunión se contará con la presencia de destacados analistas chilenos e internacionales que abordarán las aristas institucionales de la reforma constitucional en Chile, como así sus causas y probables consecuencias. Entre las/los panelistas estarán: Javier Couso (Universidad Diego Portales), Claudio Couto (Fundação Getulio Vargas, Sao Paulo), Marcelo Ferrante (Universidad Torcuato di Tella y Procuración General de la Nación, Argentina), Claudio Fuentes (Universidad Diego Portales) y Lydia Tiede (University of Houston).
La actividad se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre, a las 15:30 hrs. en la sala B-41 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago. La entrada es liberada.
Rellenar el siguiente formulario para confirmar asistencia:
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Las recomendaciones del Consejo Asesor pueden ser vistas como una extensa lista de sugerencias (236 en total) o como orientaciones fundamentales para la democracia que queremos construir. La primera interpretación llevaría al lector a concluir que existen importantes contradicciones, insuficiencias y vacíos legales que es necesario resolver.
La segunda interpretación exige analizar la orientación o propósito de las recomendaciones que quedaron estampadas en dicho informe. En este caso, no se trata sólo de revisar ciertas regulaciones (o falta de ellas), sino de estudiar el tipo de arreglo democrático que sería más aconsejable. Y es precisamente esto último lo que requiere una más profunda discusión, pues parece ser que existe una fuerte división social y política sobre el arreglo democrático ideal.
Demos algunos ejemplos. Se destaca en el informe que los partidos políticos son esenciales para la democracia y, coherente con aquella afirmación, se propone un financiamiento permanente y público para ellos. Pero inmediatamente se indica que debe condicionarse tal entrega a su reforma sustantiva. La democracia necesita partidos, pero ellos deben ser programáticos, transparentes, con adecuados mecanismos de democracia interna, y vinculados a la comunidad en sus actividades. La mayoría de los consejeros(as) propuso mecanismos de acción afirmativa en su interior. Se insistió en establecer un proceso progresivo de reinscripción de sus militantes. El riesgo de convertir a los partidos en “máquinas” internas es alto por lo que se requiere rediseñar los mecanismos de ingreso de nuevos militantes.
Entonces, una medida fundamental a considerar y que se constituye en un eje fundamental para un sistema democrático es la sanidad y fortaleza de sus partidos políticos. Queremos una democracia con partidos, pero con partidos distintos a los que conocemos; partidos que se organizan en torno a ideas, que son responsables en sus acciones, y que en su interior mantienen procedimientos transparentes y democráticos.
Coincidimos por unanimidad en que se necesita evitar la captura de la política por parte de intereses económicos. Por ello se propuso aumentar significativamente el aporte estatal a las campañas, reducir los límites permitidos, restringir el aporte de privados, y la gran mayoría de los consejeros(as) se pronunció por suprimir los aportes de empresas. Se instó a desarrollar campañas más austeras, restringiendo la publicidad en calles, prohibiendo las gigantografías, y generando mecanismos de fiscalización efectivos sobre el gasto de campañas. Se propuso transporte público gratuito para el día de la elección para evitar el “acarreo”. Algunos consejeros(as) defendieron la idea de aportes reservados para resguardar la identidad de pequeños aportantes y evitar represalias. Otros nos inclinamos por total transparencia. Pero todos coincidimos en evitar la captura como objetivo para la democracia.
Otro objetivo es promover condiciones de competencia con un pie de igualdad. Propuestas como el establecimiento de una franja radial, incentivos para los desafiantes, y mecanismos de acción afirmativa son algunas de las propuestas que apuntan en esa dirección.
Finalmente, el informe advierte que no podemos limitarnos a la relación partidos-campañas-dinero. Necesitamos observar el mundo privado, estatal, y la interacción de ambos. Robustecer la Alta Dirección Pública, el sistema de compras, los municipios, y tantos otros sectores de riesgo resulta crucial para profundizar la democracia y evitar la corrupción.
Si es esa la democracia que queremos, y se existe consenso sobre aquello, la pregunta siguiente es si los partidos políticos vigentes aceptarán estas condiciones básicas para el juego democrático. Por ejemplo, la reforma a la ley de partidos debiese contemplar una cláusula que establezca que no podrán participar de elecciones locales o nacionales partidos que no cumplan con un estándar mínimo de democracia interna y transparencia. También podría limitarse el aporte vía subsidio estatal a los partidos que incumplen las normas de probidad y transparencia.
Lo relevante acá es remodelar en forma sustantiva el modo en que han venido funcionando los partidos. Y la gran incógnita es si quienes están al mando de las tiendas políticas querrán hacerlo. Porque lo que muestra la historia es que nadie renuncia voluntariamente a sus cuotas de poder.
El Magíster en Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP, realizará la Tercera Mesa de Política y Gobierno “Financiamiento de la política en Chile: Representación y calidad de la democracia”.
Participantes:
– Lucas Sierra, subdirector del CEP
– Mauricio Morales, director del Observatorio de Desigualdades UDP.
– Camilo Lagos, director Fundación Progresa
La actividad se realizará el viernes 26 de noviembre de 2014, de 13:00 a 14:30 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, ubicada en Ejército 333, Santiago.
El politólogo suizo Wolf Linder dictará la Charla “Democracia Directa en Suiza: Ideas para Chile?”, hoy lunes 12 de mayo a las 17.00 horas en la sala B51 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, metro Los Héroes, Santiago.
El evento organizado por la Escuela de Ciencia Política UDP, en conjunto con la Embajada de Suiza, busca ser una instancia en la que mediante la exposición del profesor Linder, en la que explicará cómo la representación directa influye en la toma de decisiones de su país, puede ser un motor de ideas para el debate constitucional que hoy vive Chile.
Consultado por los medios de comunicación acerca de cómo Suiza logra realizar una gran cantidad de consultas ciudadanas, Wolf Linder es un defensor de la participación de los habitantes de su país en un contexto en el que predominan las decisiones hechas por autoridades de la eurozona.
A principios de 2014 el país celebró un referéndum que limita el ingreso de inmigrantes a la nación helvética. Tras la celebración de la consulta, el gobierno deberá realizar un proyecto de ley que regule el ingreso de personas al país estableciendo barreras de entrada para quienes busquen trabajo o trasladarse con sus familias al país.
Una de las críticas que recibe Suiza gracias al modelo de democracia directa, es la cantidad de ciudadanos que participan de los referéndums, los que desde 2001 a 2012 no superan el 45% del total de votantes.
Para algunos expertos, el lado positivo de la democracia directa es que debido a que los referéndums son la última instancia para ponerse de acuerdo, el gobierno y el parlamento tienen un incentivo para llegar a un consenso antes de hacer las preguntas a la ciudadanía.
La Charla será dictada en inglés con una ronda de preguntas para el profesor una vez finalizada su exposición.
El proyecto “La Arquitectura de la Diversidad: Diseño y Capacidades Institucionales para Resolución de Conflictos en las Américas” -patrocinado por UDP- fue escogido para recibir financiamiento por CONICYT y IDRC (International Development Research Centre) de Canadá, tras participar en el proceso de expresiones de interés “Investigación para el desarrollo de las Américas – Chile”. Dicho proyecto, escogido entre 14 postulaciones de diversas instituciones académicas de Chile, será coordinado por el investigador ICSO y académico de la Escuela de Ciencia Política Jorge Gordín, Ph.D. Universidad de Pittsburgh, y contará con la participación de los investigadores asociados Fernando Rosenblatt, académico Escuela de Ciencia Política UDP y Ph.D. (c) PUC; Sergio Toro, académico de la Universidad Católica de Temuco y Ph.D. PUC y Lucio Renno, académico de la Universidad de Brasilia y Ph.D. Universidad de Pittsburgh.
La expresión de interés de la UDP – que recibirá aproximadamente $200.000 dólares canadienses ($95.000.000) por parte de IDRC- tiene como principal objetivo estudiar el impacto del diseño institucional en la reducción de conflictos y la incorporación de la diversidad como variable explicativa de la construcción de legitimidad democrática a partir de un estudio comparativo entre Chile y los países de América Latina.
Según Jorge Gordín, dicho financiamiento tiene especial relevancia para la Escuela de Ciencia Política UDP, ya que la posiciona “no solo como una unidad con remarcable éxito en obtener financiamiento externo para sus proyectos, sino como un centro de referencia académica en temas de América Latina”. Desde el punto de vista de la divulgación científica, el investigador ICSO destaca: “este proyecto aborda un tema que, además de haber estado en centro de atención teórico y analítico, tiene manifiestas repercusiones en la agenda de desarrollo y el reforzamiento de la legitimidad política, a través de la mediación de conflictos de diversidad en América Latina”.
A modo personal, Gordin señala que dicho logro le permitirá “conciliar mi interés académico y científico en la investigación sobre el impacto de las instituciones, con mi inquietud y sensibilidad personal respecto del imperativo de generar mecanismos institucionales para incrementar sustantiva y concretamente la inclusividad de los sistemas políticos y de representación y de este modo mejorar la calidad de vida en los países de nuestra región”. Agrega que su rol de director del proyecto puntualiza su motivación de “aportar significativamente al desarrollo y prestigio de la Escuela de Ciencia Política de la UDP”.
El pasado miércoles 18 de mayo, a las 09:00 horas, se realizó el taller “La política exterior en Chile, 1990-2010. Balance preliminar y perspectivas en un mundo de transición”, organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO). El encuentro, patrocinado por la Fundación Ford, contó con la participación del ex Presidente Ricardo Lagos; el ex Ministro de Relaciones Exteriores y recientemente designado Alto Representante del Secretario General de la ONU para Haití, Mariano Fernández; y el historiador Joaquín Fermandois.
El Taller – primero de una serie de cinco considerados en el proyecto “La política exterior latinoamericana como una herramienta de transformación democrática regional y global. El caso de Chile 1990-2010”-, se inició con la presentación del ensayo “La política exterior de Chile 1990-2010 y la construcción social de la política internacional. Análisis preliminar y perspectivas”, de Marcos Robledo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, investigador de ICSO y coordinador del proyecto. En la ponencia, el profesor Robledo señaló que luego del término del ciclo político 1990-2010 en Chile, de la crisis del proceso regional de integración iniciado tras los procesos de democratización, y de la crisis global evidenciada el 2008 hacen necesario debatir cuáles fueron los avances y los déficits del periodo señalado, y cuáles son los desafíos ante la modificación de los contextos doméstico, regional y global.
Posterior a su exposición, se dio curso a la presentación del ex Presidente Ricardo Lagos, quien abordó los desafios políticos latinoamericanos y las dificultades del nuevo escenario político global. Mariano Fernández, analizó el periodo 1990-2010 y reflexionó sobre el problema de la integración regional; tras lo cual intervino Joaquín Fermandois, profesor de historia contemporánea del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La segunda etapa de este seminario-taller, comprendió el debate con los asistentes, integrado por cientistas políticos y académicos especialistas en relaciones internacionales de universidades chilenas, representantes de centros de estudio, de instituciones de gobierno y de las fuerzas armadas.
El proyecto considera la realización de cuatro talleres adicionales sobre Chile y la Región; Política Multilateral chilena; Modelo de Desarrolloy Política Exterior; y Política Vecinal; así como un seminario internacional.
El pasado miércoles 11 de mayo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, se realizó la Primera Cátedra Norbert Lechner 2011, que contó con la presencia del destacado cientista político argentino Guillermo O’Donnell y del Decano de la FCSH, Manuel Vicuña. En la ocasión, el académico realizó una conferencia titulada “Subjetividad, agencia y la obra de Norbert Lechner”, a la que asistieron más de 150 personas que lo aplaudieron de pie cuando ingresó al auditorio.
En la conferencia, el cientista político se refirió al origen del interés de Norbert Lechner sobre la subjetividad y la vida privada como elementos constitutivos, aunque muchas veces poco visibles, de la vida política. Según sus propias palabras, “este origen es una experiencia que compartimos y conversamos largamente con Norbert en los años de las dictaduras: haber decidido permanecer en nuestros países durante ellas. De allí parto para desarrollar una idea convergente con lo de Norbert, la de agencia”.
Además de su presencia en la Cátedra, el cientista político participó de un taller cerrado con académicos de la UDP, Universidad Católica y Universidad de Chile, dónde se discutió su texto “Nuevas reflexiones acerca de la Democracia Delegativa”. Luego, los académicos Mauricio Morales y Rossana Castiglioni, Directora de la Escuela de Ciencia Política, le hicieron una entrevista que fue registrada en video ( ver entrevista aquí )
Abogado y Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Yale (1984), Guillermo O’Donnell es uno de los intelectuales argentinos más prestigiosos y conocidos a nivel mundial, especialmente por sus estudios sobre los procesos de transición, democratización y accountability en América Latina. Además, es creador de conceptos claves en las ciencias sociales latinoamericanas como Estado burocrático-autoritario y democracia delegativa.
Guillermo O’Donnell recibió el premio de la Asociación Internacional de Ciencia Política, de la que es ex presidente, el Premio Konex en Ciencia Política, y el Kalman Silvert Award de la Asociación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).Además, es miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias, ha sido profesor e investigador de las universidades de California, Stanford, Oxford,Cambridge y Notre Dame, y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (1995).
El profesor de la Escuela de Ciencia Política UDP e investigador asociado al ICSO, Miguel Vatter, presenta la edición de una recopilación de ensayos titulada “Crediting God: Sovereignt and religion in the age of global capitalism”, que ofrece una variedad de conclusiones sobre las relaciones que existen entre la soberanía, teocracia, secularización y la religión y sus formas a lo largo de la historia de la humanidad. En el libro, editado por Fordham University Press en 2010, se muestra una compleja gama de puntos de vista que, indudablemente, provocan una manera de repensar los presupuestos históricos de la laicidad y el capitalismo, de la soberanía y las perspectivas para pensar en una relación entre la religión y la democracia actual; además, entrega una visión particular acerca de cómo el capitalismo se aprovecha de la religión.
Desde hace algún tiempo, diversos académicos, políticos y activistas se han referido a los retos que Chile enfrenta en el ámbito de la representación democrática. Los chilenos y chilenas votan cada vez menos, confían poco en las instituciones representativas y crecientemente apelan a la protesta social para manifestar su descontento.
El profesor de la Escuela de Ciencia Política UDP e investigador asociado al ICSO, Miguel Vatter, presenta la edición de una recopilación de ensayos titulada “Crediting God: Sovereignt and religion in the age of global capitalism”, que ofrece una variedad de conclusiones sobre las relaciones que existen entre la soberanía, teocracia, secularización y la religión y sus formas a lo largo de la historia de la humanidad. En el libro, editado por Fordham University Press en 2010, se muestra una compleja gama de puntos de vista que, indudablemente, provocan una manera de repensar los presupuestos históricos de la laicidad y el capitalismo, de la soberanía y las perspectivas para pensar en una relación entre la religión y la democracia actual; además, entrega una visión particular acerca de cómo el capitalismo se aprovecha de la religión.