Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, participó en el programa 1era edición de Radio Universidad de Chile sobre el primer debate que se realizará este jueves 15 de junio entre los tres precandidatos presidenciales de Chile Vamos de cara a las elecciones primarias que se realizarán durante el próximo 2 de julio.
En relación a Felipe Kast, Fuentes señaló que “tenía una apuesta mas liberal, mas de centro. Ha derechizado su discurso, lo ha llevado a posiciones de derecha, y eso yo creo que le juega en contra. Al final en algunos temas Piñera queda más liberal. En el caso de Ossandón ha sido errático por este tema del no conocimiento de ciertas materias para enfrentar la presidencia de la república”.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Es lamentable que la derecha valore más la defensa del matrimonio heterosexual que la eficiencia en el gasto público, la institucionalidad presupuestaria y la defensa del modelo económico de libre mercado.
Después de defender la postura que es mejor acompañar al gobierno para fiscalizar el proceso que amenaza con llevar al país al precipicio, la derecha chilena parece haberse acordado, de una mala forma, que en política es importante defender los principios. Cuando los vientos de la economía y política latinoamericana soplan a su favor y el gobierno se hunde en la tozudez de reformas mal diseñadas y peor implementadas, parte de la derecha ha decidido convertir al matrimonio heterosexual en su caballo de batalla. Luego de haber apoyado la reforma tributaria, la reforma educacional, la gratuidad en educación superior a través de una glosa presupuestaria y legitimar el proceso constituyente, la derecha conservadora rasgó vestiduras ante el matrimonio homosexual, una de las iniciativas del gobierno de Bachelet menos cuestionable y menos dañina para la economía chilena.
Chile hoy pasa por el momento económico más complicado desde el retorno de la democracia. Si bien las crisis de 1999 y 2009 golpearon fuertemente, las circunstancias políticas entonces eran más favorables. En 1999, el gobierno saliente del Presidente Frei no estaba obsesionado con refundar el país. Como Frei era un forjador de consensos (tal vez en demasía), las retroexcavadoras en su gobierno se dedicaron al desarrollo de infraestructura, no a refundar el edificio institucional. En 2009, el primer gobierno de Bachelet también fue más consensual y gradualista. Además, en esa crisis, el ciclo de los commodities se recuperó rápidamente, lo que le permitió al país aprovechar pronto los vientos de recuperación.
Ahora las circunstancias internacionales son menos auspiciosas. El mal ciclo será más largo. Los más optimistas, como el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, aseguran que ya se tocó fondo. Pero nadie se aventura a anticipar cuándo despegaremos. Peor aún, las circunstancias políticas son todavía menos auspiciosas. Aunque el gobierno asegura que ya se acabó la obra gruesa, Bachelet maneja la retroexcavadora para impulsar un proceso constituyente. La tozudez presidencial se suma a la improvisación que reina en las consultas ciudadanas (que han devenido en tertulias organizadas principalmente en barrios acomodados de la capital). Si bien el proceso actual no es vinculante y depende de que haya una voluntad de 2/3 de ambas cámaras, la derecha ha enviado señales confusas respecto a la posición que tomará frente al impulso por promulgar una nueva constitución.
Si la derecha defendiera con firmeza sus convicciones, no habría mucho de lo que preocuparse. Después de todo, queda menos de un año para que las primarias presidenciales de 2017 desplacen al gobierno hacia la irrelevancia. Pero el problema radica en que la derecha ha dado señales erráticas sobre su voluntad para defender los principios del libre mercado y el modelo económico—o incluso el sentido común.
La derecha votó a favor de una mala reforma tributaria solo porque quería hacerla menos mala. Eso equivale a colaborar con un portonazo ofreciendo acompañar a los delincuentes a la casa del mejor amigo. Después, cuando hubo que reformar la reforma, la derecha igual quedó como cómplice de una reforma pésimamente diseñada. La derecha también votó a favor de la reforma educacional. La oposición derechista inicial a la gratuidad en la educación a través de una glosa presupuestaria se desdibujó cuando el gobierno maliciosamente aceptó ampliar la cobertura de la gratuidad en el futuro. Además de renunciar a un principio, la derecha entregó su apoyo a cambio de una promesa que tal vez nunca se cumpla. Más recientemente, la derecha ha aceptado participar del proceso que busca una nueva constitución, en circunstancias que la derecha dice creer que la constitución actual es legítima y solo necesita reformas.
Ahora, la derecha ha dicho “ya basta” frente a la iniciativa a favor del matrimonio igualitario. Independientemente de las posturas que existen sobre una reforma que ampliaría las libertades y las opciones individuales, la decisión de la derecha de rayar la línea en una cuestión valórica pone en tela de juicio las prioridades de la elite del sector. Para la derecha conservadora, es más importante oponerse al matrimonio igualitario que defender el sentido común de que la educación debe ser gratis solo para los de menos ingresos o que defender la simplificación del sistema tributario. Para la derecha es más importante defender la institución del matrimonio heterosexual que la institucionalidad legal que requiere que iniciativas de gasto permanente vayan introducidas como ley y no solo como glosa presupuestaria.
Es loable que finalmente la derecha hay decidido rayar la cancha y defender principios ante los impulsos fundacionales del gobierno. Pero es lamentable que la derecha valore más la defensa del matrimonio heterosexual que la eficiencia en el gasto público, la institucionalidad presupuestaria y la defensa del modelo económico de libre mercado.
Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales
En este programa de Mesa Central, los panelistas Gonzalo Cordero, abogado de la Universidad Católica, experto en asuntos públicos y uno de los socios fundadores de Azerta y Alfredo Joignant, doctor en Ciencia Política y profesor Escuela Ciencia Política de la U. Diego Portales e investigador del COES comentaron acerca del proceso constituyente. Dentro de este tema se debatió sobre:
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Sin binominal, con nueva ley de financiamiento y con líderes gremialistas abiertamente cuestionados (e incluso, condenados), RN tiene la oportunidad histórica para transformarse en el partido más importante de la derecha.
En 2008, la UDI obtuvo 58 alcaldes y 398 concejales. Sus alcaldes gobernaron aproximadamente el 24% del país. En 2012, el gremialismo sufrió un fuerte retroceso. Alcanzó 47 alcaldías que, en términos poblaciones, representaron al 17.3%. En la elección de concejales, en tanto, cosechó 423 cupos. Si bien es un incremento en el valor absoluto (pasó de 398 a 423), hay que subrayar que en 2008 se eligieron 2.146 concejales y en 2012 la cifra aumentó a 2.226. Llevado a porcentaje, en 2008 la UDI tenía el 18.5% de los concejales y en 2012 avanzó al 19%.
Hace rato que pasó la época de oro para la UDI, que en 1999 tuvo su punto más alto cuando casi logra ganar la presidencial con Joaquín Lavín. A nivel municipal, la UDI tuvo un notable desempeño en 2000, para luego transformarse en el partido con más congresistas en parte importante de la década. A nivel municipal, la UDI obtuvo alrededor de un millón 300 mil votos en la elección de concejales 2004, para bajar a poco menos de un millón 100 mil en 2008. En 2012, con voto voluntario y con un fuerte retroceso de la participación, la UDI recolectó más de 915 mil votos.
Hoy la situación es distinta. Varios alcaldes UDI en ejercicio renunciaron al partido. Sin perjuicio de que vayan como independientes dentro de la lista de la oposición, esos alcaldes no serán contabilizados como UDI. Ejemplo de esto es lo que sucederá con La Florida y Rancagua. Mientras La Florida representa alrededor del 2% de la población, Rancagua lo hace con aproximadamente el 1.3%. Por tanto, antes de la elección la UDI ya arranca con dos importantes bajas.
Para compensar la pérdida anterior, la UDI aspirará a gobernar dos comunas de alto peso poblacional como Providencia y Maipú. En este último caso, la candidata más probable es Cathy Barriga. El problema para la UDI es que, al menos de acuerdo a los datos reportados por el Servel para las elecciones de CORE en 2013, Barriga no figuraba como militante del partido, sino que como independiente dentro del subpacto de la UDI. Si esta situación se mantiene, entonces a pesar de que Barriga gane Maipú, tampoco podrá ser contabilizada como una comuna para el partido. Así, en un año particularmente desfavorable para el gremialismo -donde tampoco fue capaz de ganar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica- las próximas municipales podrían hacer recordar más a la UDI de inicio de los 90’ que a la UDI post-Joaquín Lavín.
Esta compleja situación política de la UDI fue -en parte- consecuencia de toda la evidencia acumulada sobre el financiamiento irregular de la política. Los casos de Novoa y Orpis son los más representativos, pero seguramente algo más sabremos respecto a lo que sucedió con Longueira y su eventual rol de “facilitador” de boletas falsas. Desde todo punto de vista, entonces, la situación de la UDI es crítica. Probablemente, sus apoyos electorales no decrecerán de manera tan significativa en los segmentos más acomodados de la población, para quienes es más relevante el compromiso ideológico con el partido que la participación de sus dirigentes en actos corruptos o ilegales. Ahí la UDI tiene un nicho que difícilmente podrá ser capturado por otro partido. El problema es distinto en los segmentos medios y bajos. En las presidenciales y legislativas de 2013, por ejemplo, existió una correlación negativa entre la votación de la UDI y la participación electoral. Dicho de otra forma, Matthei y la UDI retrocedieron más -comparativamente con Piñera y la misma UDI en 2009- en las comunas urbanas donde la participación decreció más significativamente. Y esto ocurrió en comunas con predominio de población de ingresos medios y pobres. Si a esto le sumamos que en La Florida -caso representativo de la clase media chilena- el alcalde incumbente competirá como independiente dentro de la lista, el panorama es aún más oscuro.
Por todo lo anterior, no es descartable que la hegemonía de la derecha quede en manos de RN. Si bien Amplitud restará votación al partido, lo propio podría hacer Evópoli con la UDI. En consecuencia, sin binominal, con nueva ley de financiamiento y con líderes gremialistas abiertamente cuestionados (e incluso, condenados), RN tiene la oportunidad histórica para transformarse en el partido más importante de la derecha.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La derecha enfrenta la disyuntiva de defender la constitución actual (abriéndose a reformas específicas) o apoyar un proceso constituyente intentando limitar sus efectos. Para la derecha, esa segunda alternativa sería la alternativa menos mala.
Si el comportamiento pasado del gobierno de la Nueva Mayoría y de la oposición derechista sirven para predecir el comportamiento futuro, debemos comenzar a prepararnos para que se inicie un proceso constituyente que, a través de una asamblea constituyente, produzca una nueva constitución. Como la derecha ha optado por ayudar a que las malas reformas del gobierno sean menos malas, la determinación de la Presidenta Bachelet por impulsar el proceso constituyente llevará a que la oposición derechista, mirando cuidadosamente las encuestas, termine condicionando su apoyo a que el gobierno limite las facultades y regule la conformación de la instancia (asamblea constituyente) que produzca la nueva constitución.
La lógica en el comportamiento de la oposición derechista ha sido tan consistente como inefectiva. Ya que no tiene suficientes votos en el Congreso para bloquear las iniciativas de reforma que ha impulsado el gobierno, la oposición ha optado por condicionar su apoyo o aceptación de las reformas a concesiones que ayuden a que las reformas sean menos negativas de lo que serían si la Nueva Mayoría hace uso de su poder de retroexcavadora en el Congreso. Como, además, la derecha está dividida entre RN, Amplitud y la UDI, la coalición derechista no tiene una sola voz. De hecho, Chile Vamos tiene hoy menos legisladores que los que fueron electos en la lista de la Alianza en 2013.
La estrategia colaboracionista de la Alianza quedó en evidencia durante la reforma tributaria. Como entonces había una amplia mayoría del país a favor de la reforma, la Alianza no se atrevió a defender sus principios y oponerse a una mala reforma. Era cierto que la reforma iba a pasar igual. Cualquier edificio mal hecho se cae al primer temblor fuerte. Pero la Alianza optó por entrar a la cocina política, negociar algunos cambios que hicieran que la reforma fuera menos mala y, a cambio, otorgó legitimidad a la reforma con el voto de la mayoría de los legisladores derechistas. Ahora que la reforma ha mostrado sus debilidades —que hacen imposible su implementación— y además se ha vuelto impopular, el gobierno de Bachelet no es el único responsable de esa mala política pública. Si en 2014 la Alianza hubiera defendido sus principios y hubiera votado en contra de una mala reforma, hoy la oposición tendría una incuestionable legitimidad para dirigir el destino de la reforma a la reforma.
Algo similar ocurrió con la promulgación de la gratuidad en la educación superior. Buscando evitar que se implemente una mala reforma, la derecha concurrió con sus votos y sus abstenciones a la promulgación de una ley que legitima la gratuidad. Si bien la derecha argumentará que la gratuidad (no becas ni préstamos) es aceptable para las familias de menos ingresos, no hay razón para justificar que la gratuidad se limite solo al 50% de menos ingresos. Después de todo, una familia con dos hijos en edad de estudiar que gana 1,5 millones de pesos (y que está en el 20% de más ingresos) también enfrenta serios problemas para financiar la educación de sus hijos. Ahora que la derecha votó por la gratuidad, de poco servirá defender la bandera de excluir al 5% más rico.
El debate constitucional actual va encaminado en la misma dirección. Si bien las encuestas muestran que, al compararla con otras prioridades, la nueva constitución no es una prioridad para la gente, las mismas encuestas muestran que la mayoría de los chilenos está a favor de una nueva constitución. Es más, la gente cree que la nueva constitución ayudará a expandir sus derechos y mejorará sus condiciones de vida. Como si fuera una pócima mágica, la nueva constitución es vista como un remedio para los problemas que enfrenta Chile hoy. Dada la popularidad actual de la nueva constitución, la derecha enfrenta la disyuntiva de defender la constitución actual (abriéndose a reformas específicas) o apoyar un proceso constituyente intentando limitar sus efectos. Para la derecha, esa segunda alternativa sería la alternativa menos mala.
Pero aceptar la necesidad de una nueva constitución oponiéndose a una asamblea constituyente resultará ser una postura insostenible. Si Chile efectivamente necesita una nueva constitución (y no solo reformas a la actual), no hay razón para oponerse a que esa nueva constitución emane desde la ciudadanía. Aceptar la nueva constitución creyendo que se puede frenar la asamblea constituyente es una quimera. Si va a haber nueva constitución, no se podrá evitar una constituyente. La defensa de los principios de la derecha debiera pasar por defender la postura de que basta con reformas a la carta actual, rechazando una nueva constitución. Pero la derecha fija sus posturas mirando las encuestas más que recordando sus declaraciones de principios. Ahora que la popularidad de una nueva constitución sube en los sondeos, la derecha terminará subiéndose a esa micro con la ya conocida excusa de que lo hace solo para evitar que una mala reforma sea menos mala.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si el principal logro de la derecha es hacer que las reformas que impulsa La Moneda sean menos malas, el electorado difícilmente absolverá a Chile Vamos por los tropiezos y fallas que implique la puesta en marcha de la promesa de gratuidad hecha por Michelle Bachelet.
Al convertirse en cómplices de una política pública de gratuidad en la educación superior improvisada, mal diseñada y que pone los incentivos en los lugares equivocados, Chile Vamos ha renunciado a sus principios por el dudoso premio de consuelo de hacer que esta reforma sea menos mala. A un año de haber cometido el mismo error al dar su apoyo a una reforma tributaria deficiente, la coalición de derecha demuestra, en su desempeño como oposición, una decepcionante carencia de valores y estrategia. Si el principal logro de la derecha es hacer que las reformas que impulsa La Moneda sean menos malas, el electorado difícilmente absolverá a Chile Vamos por los tropiezos y fallas que implique la puesta en marcha de la promesa de gratuidad hecha por Michelle Bachelet.
Después de liderar un gobierno que recibió el repudio de la ciudadanía en la última elección, la derecha ha intentado desesperadamente encontrar un camino para reinventarse. El cambio de nombre de la coalición (recurso del que la derecha ha abusado tanto en el pasado que ya nadie se molesta en aprenderse el nuevo nombre) fue un intento de solución de marketing y superficial. Como la débil representación de los partidos de derecha en el Congreso hace que la Nueva Mayoría pueda ejercer con discrecionalidad la retroexcavadora, la derecha tiene pocas herramientas para bloquear reformas que impulsa La Moneda. Consecuentemente, algunos en la derecha creen que el mejor camino es transar su aquiescencia a las reformas impulsadas por Bachelet a cambio de concesiones que las hagan menos radicales. Pero la lógica de que entre algo muy malo y algo malo es mejor lo segundo constituye una poderosa señal de oportunismo, cortoplacismo y falta de principios. Cuando se trata de defender principios, es mejor perder luchando que negociar una rendición que implique renunciar a los valores que dices defender.
La nueva ley corta de gratuidad que acaba de ser promulgada con votos y abstenciones de la derecha amenaza con convertirse en un nuevo Transantiago de proporciones mucho mayores. A diferencia del Transantiago, que fue una política pública adoptada sin la venia del Congreso, la Ley de Gratuidad ha sido validada por el poder legislativo, con muy pocos votos en contra.
Entre los múltiples problemas que generará esta ley está la necesidad de verificar adecuadamente los ingresos de las familias de los estudiantes. Aunque la política de bonos focalizada en el 40% de menos ingresos ya ha producido el problema de que mucha gente busca adulterar sus ingresos para ser beneficiados con los bonos —no han faltado seremis y familiares de autoridades con fichas de protección social que los hacen beneficiarios de subsidios estatales—, la gratuidad generará incentivos mayores para que las personas adulteren su información de ingresos. Después de todo, para una familia con dos hijos en edad de estudiar que se ubica en el sexto quintil de ingresos, modificar sus datos resultará en un beneficio de entre 6 y 10 millones de pesos adicionales por año. Huelga decir que eso hará que una familia del 40% de menos ingresos que se beneficie de la gratuidad tendrá ingresos superiores (incluyendo el beneficio) que otra familia del 60% de menos ingresos que no tenga acceso al beneficio.
Además, la nueva ley establece la necesidad de que el Estado regule los aranceles de las universidades y los cupos en las carreras de cada institución educacional. Como el que paga manda, ya que el Estado va a pagar la cuenta, el Estado va a poder regular la cantidad de cupos y los aranceles de las universidades estatales y privadas. Como además no hay claridad respecto a la cantidad de años de gratuidad a la que tendrán acceso los estudiantes, incluso se abrirá un debate sobre la necesidad de que el Estado regule la extensión de las carreras. No hay justificación a priori para que el Estado subsidie con más dinero a un estudiante de medicina que a uno de antropología.
Pero más allá de todos los problemas de diseño e implementación que tendrá esta nueva política, el solo hecho que la gratuidad haya sido ahora legitimada por una ley —y no solo introducida maliciosamente como una glosa en el presupuesto— otorga a la gratuidad en la educación superior una validez y legitimidad legal que hará muy difícil que alguien pueda en el futuro oponerse al concepto que los estudiantes tienen el derecho inalienable a estudiar gratis.
No sorprende que abunden las sonrisas en el oficialismo. Aunque debió hacer concesiones a la oposición, la Nueva Mayoría logró clavar una de sus más preciadas banderas en el centro del debate. Ni en sus sueños más ambiciosos los ideólogos de la Nueva Mayoría alguna vez pensaron que la misma coalición que alguna vez defendió la idea de que “no hay nada gratis en la vida” concurriera con sus votos a aprobar una ley que establece el derecho de los estudiantes a gratuidad en la educación superior.
En la medida en que la derecha se sume al objetivo de terminar con la desigualdad de oportunidades —diferenciándose de una izquierda que aspira a terminar con la desigualdad de resultados— su posición será más fácil de entender, más fácil de defender éticamente y probablemente incluso más popular entre los chilenos.
La lucha contra la desigualdad ha sido bandera de lucha de la izquierda, que gusta repetir que Chile es el país más desigual del mundo. Pero la derecha se puede apropiar de la bandera de la igualdad —y derribar el mito de que Chile es el campeón mundial de la desigualdad—, buscando corregir la desigualdad de oportunidades y diferenciándose de una izquierda que promueve igualdad de resultados.
La principal diferencia entre la izquierda y la derecha no es la diferencia de énfasis entre libertad e igualdad. Ni la izquierda tiene el monopolio de la defensa de la igualdad ni la derecha asume la libertad sin letra chica. Muchos en la derecha rechazan la libertad de los gays para casarse, la libertad de los enfermos para decidir cuándo poner fin a sus vidas, o la libertad de las mujeres para decidir cuándo llevar a feliz término un embarazo. A su vez, aunque la izquierda se cree dueña de la bandera de la igualdad, la derecha a menudo defiende la igualdad de oportunidades con más entusiasmo que la izquierda.
La diferencia entre izquierda y derecha está en cómo ambos sectores aterrizan igualdad y libertad a realidades concretas. La derecha valora más el derecho del feto a vivir que el de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo. La izquierda está dispuesta a sacrificar libertad a cambio de menos desigualdad en los resultados. En cambio, la derecha no ve la desigualdad de resultados como un problema cuando todos tienen iguales oportunidades. Si en el país más desigualdad del mundo, todos hubieran tenido iguales oportunidades, la derecha no vería un problema, pero la izquierda igual pondría el grito en el cielo.
Huelga decir que hacer reformas para asegurar la provisión de iguales oportunidades debiera unir a la izquierda y derecha chilenas (aunque es evidente que la unión de intereses no basta para que ese anhelo se convierta en realidad). Pero ahí se terminan los intereses comunes, porque mientras la derecha busca igualdad de oportunidades, la izquierda aspira a igualdad de resultados. Por eso, para enfrentar el discurso de la izquierda sobre el fin de la desigualdad, la derecha debiera explicitar su defensa de la igualdad de oportunidades y aceptable desigualdad de resultados.
Difícilmente hay un mejor ejemplo para explicar la diferencia entre igualdad de oportunidades y de resultados que la selección estudiantil en base al mérito. En sociedades donde el desempeño en exámenes de admisión a colegios está determinado por los ingresos de los padres, no hay igualdad de oportunidades y, por lo tanto, no hay verdadera selección por mérito. Pero en sociedades donde hay oportunidades para todos y aquellos que nacen “sin patines” (usando el ejemplo del Ministro Eyzaguirre) reciben entrenamiento y herramientas adecuadas para competir, la selección por mérito no es moralmente objetable. Cuando todos tienen igualdad de condiciones, la derecha puede defender sin miedo el principio de “que gane el más mejor”.
El debate actual sobre la desigualdad en Chile no refleja apropiadamente las diferencias entre la izquierda y la derecha. Además del mito de que Chile es el país más desigual del mundo, el dogma de que toda desigualdad es mala se ha instalado como verdad incontrarrestable. Lamentablemente, la derecha liberal no ha sabido defender con convicción que hay ciertos tipos de desigualdad que le hacen bien al país. Cuando, en igualdad de condiciones iniciales, hay mayores premios y retornos a los que se esfuerzan más y a los que les va mejor, la sociedad entera se beneficia. Además, aquellos a quienes no les fue bien aceptan la desigualdad resultante porque o se esforzaron menos o simplemente tuvieron peor suerte.
En la medida en que la derecha se sume al objetivo de terminar con la desigualdad de oportunidades —diferenciándose de una izquierda que aspira a terminar con la desigualdad de resultados— su posición será más fácil de entender, más fácil de defender éticamente y probablemente incluso más popular entre los chilenos. Después de todo, la gente sabe que no hay nada gratis en la vida. Los chilenos están dispuestos a trabajar para alcanzar sus objetivos, pero aspiran a competir en una cancha pareja.
Porque los discursos crean realidades, aquellos que creen que Chile tiene más fortalezas que debilidades debieran luchar contra el mito de que somos el país más desigual del mundo. A su vez, porque cree en la igualdad de oportunidades, la derecha debiera abrazar iniciativas que buscan emparejar la cancha para que el éxito esté asociado al mérito y no al origen familiar o a los ingresos de los padres. Más aun, en la medida en que la derecha promueva igualdad de oportunidades, diferenciándose de una izquierda que promueve igualdad de resultados, los chilenos confiarán a la derecha más que a la izquierda la tarea de poner fin a la desigualdad en Chile.
