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  1. La tierra de las denuncias

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    claudio-fuentes-2En la última década, en las regiones de Arica y Tarapacá han sido cuatro los parlamentarios, cuatro los alcaldes, más de una decena de concejales y una veintena de funcionarios públicos, de todos los partidos, los que han sido indagados -con distinto resultado- por delitos como fraude al Fisco, cohecho, negociación incompatible, estafa, desvío de asignaciones parlamentarias y falsificación de documentos, entre otras faltas que han sido revisadas por la Contraloría y el Ministerio Público.

    En los apenas cuatro días en que Jaime Orpis retomó sus labores en el Congreso en las últimas dos semanas, tras el fin de una licencia médica por un infarto al miocardio y una fuerte depresión, el parlamentario ya advertía a sus compañeros en el Senado que lo saludaron a su regreso que sus pasos por la Cámara Alta podrían ser los últimos en mucho tiempo.

    El jueves 14, el temor del renunciado senador, ex UDI, se hizo realidad cuando la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó la solicitud de desafuero tras las acusaciones de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco, que lo convirtieron en el segundo parlamentario desaforado de la zona norte en los últimos 10 años y el primero en Chile por causas que tienen que ver con financiamiento irregular de campañas.

    El nombre de Orpis se sumó a una extensa lista de autoridades de la circunscripción que representa -Arica y Parinacota y Tarapacá- que se han visto envueltas en diversos casos de escándalos, irregularidades y corrupción en los últimos años.

    En la última década, en esta zona han sido cuatro parlamentarios, cuatro alcaldes, más de una decena de concejales y una veintena de funcionarios públicos, de todos los partidos, los que han sido indagados -con distinto resultado- por delitos como fraude al Fisco, cohecho, negociación incompatible, estafa, desvío de asignaciones parlamentarias y falsificación de documentos, entre otras faltas que han sido revisadas por la Contraloría y el Ministerio Público.

    Antes de que Orpis, en 2010 el entonces diputado Iván Paredes (PS) fue el primer desaforado de la zona por la Corte Suprema, aunque a raíz de una querella por injurias y calumnias interpuesta por su ex compañero de lista Orlando Vargas (PPD), a quien había vinculado por un presunto tráfico de drogas en 1993, del cual fue absuelto por falta de méritos.

    Paredes fue destituido hasta el término de su período parlamentario y Vargas lo reemplazó en la Cámara en 2010, tras aventajarlo en las elecciones.

    Otro caso emblemático de controversias en el norte es el de la ex diputada independiente Marta Isasi, quien esta semana fue liberada de los cargos por uso irregular de asignaciones parlamentarias denunciadas el 2011, aunque sigue siendo investigada por presunto cohecho y fraude al Fisco por sus vínculos con la empresa Corpesca durante los últimos años en que ejerció funciones en el Congreso.

    Isasi perdió su reelección en los comicios de 2013.

    Sin la representación en el Senado de Orpis, el otro representante de la circunscripción, Fulvio Rossi -quien suspendió su militancia en el PS-, también vive días complicados.

    El parlamentario estuvo el año pasado cuatro meses ausente de sus labores legislativas por una licencia médica debido a un cáncer de tiroides. Rossi regresó a mediados de diciembre de 2015 al Congreso en medio de la polémica por haber solicitado aportes presuntamente irregulares de campaña a SQM, razón por la que declaró en calidad de imputado el miércoles 6, cuando usó su derecho a guardar silencio.

    La puerta que abrió Soria

    “La combinación -por un lado- de la distancia de la capital con una estructura social caracterizada por pequeños enclaves, fuerte dispersión, altos niveles de pobreza y desigualdad, además de la derrota de los partidos tradicionales, generaron un cuadro de nuevos caudillos locales que marcan la escena política”, sostiene el cientista político Claudio Fuentes, al intentar explicar el fenómeno que existe en el norte.

    Uno de los casos emblemáticos y que ha establecido una suerte de patrón en la zona -donde los líderes locales cambian permanentemente de partido y repostulan a cargos distintos tras enfrentar escándalos- es el del actual alcalde de Iquique, Jorge Soria, quien renunció recientemente a su militancia en el MAS y ha pasado por más de seis colectividades desde los inicios de su carrera política.

    “El Choro” fue destituido como edil de Iquique en 2006, debido a una condena en su contra por fraude al Fisco que ascendía a $ 137 millones de pesos. Seis años después, Soria fue absuelto por la Corte Suprema al no comprobarse los hechos, lo que le permitió volver a postularse en las municipales de 2012, las que ganó con un 51% de los votos, completando su quinto mandato en la comuna.

    En Arica, en tanto, los ciudadanos han sido testigos de cómo dos de sus últimos tres líderes comunales han debido abandonar sus cargos por estar involucrados en casos de corrupción.

    Carlos Valcarce (RN), ex diputado y alcalde de la ciudad entre el año 2000 y 2008, fue destituido casi al término de su período, al ser declarado culpable por el delito de fraude al Fisco. Sin embargo, fue absuelto tras varios juicios y hoy es parte del Consejo Regional de Arica y Parinacota.

    El sucesor de Valcarce fue el ex PPD Waldo Sankán, quien debió dejar su cargo de alcalde en 2012 tras ser sentenciado, junto a cinco concejales, por la defraudación de más de $ 3.000 millones a la municipalidad del norte. El caso dejó a esa comuna virtualmente sin autoridades locales, en un hecho inédito. Hoy, Sankán cumple condena de cuatro años de libertad vigilada.

    Los nombramientos de gobierno a nivel regional en la zona más extrema al norte del país tampoco han estado exentos de polémicas denuncias.

    La ex intendenta de la Región de Tarapacá y ex diputada DC Antonella Sciaraffia fue involucrada en el llamado “caso muebles”, que investigó irregularidades detectadas en la adquisición de mobiliario en colegios municipales de Iquique y Arica en el año 2008 por más $ 1.300 millones, aunque fue absuelta de los cargos que se le acusaron el año 2013.

    Dentro de los últimos escándalos, el cambio en el nombramiento de Mitchel Cartes (PS) como intendente de Tarapacá, en medio de una investigación por presuntas irregularidades mientras se desempeñó en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y luego que se revelaran una serie de polémicos mensajes con otras autoridades locales, dio paso a que el gobierno de Michelle Bachelet nombrara a Claudia Rojas para ocupar el cargo de intendenta en julio del año pasado.

    Incertidumbre electoral

    Las reiteradas denuncias sobre sus autoridades y representantes han tenido efecto en la participación electoral de la zona.

    Entre los años 2009 y 2013, en Arica y Parinacota hubo una caída del 74% a un 41% en las votaciones parlamentarias y, en el mismo período, en Tarapacá, las cifras fluctuaron entre un 80% y un 39% .

    Aunque en un escenario de voto voluntario -como fue en 2013-, lo que implicó una baja de participación generalizada en el país, la zona norte registró los niveles más altos de abstención.

    En el caso de la última elección municipal, mientras en 2008 en Arica se registró un 74% de participación, el 2012 la cifra disminuyó a un 34% en los comicios que dieron el triunfo al actual alcalde y ex diputado Salvador Urrutia (PRO). “Todo indica que va a haber una gran abstención en octubre, porque algo que está por los suelos, en cuanto a prestigio, es la actividad política”, dice Urrutia respecto de los riesgos de una nueva baja en la cantidad de votantes.

    El caso de Iquique, en tanto, no es diferente, luego que la votación en la última elección municipal descendiera de 70% en 2008 a un 49% en 2012, comicios que marcaron el regreso de Jorge Soria a la alcaldía.

    “Hay mucho clientelismo y creo que los liderazgos de fuera no han roto con esas redes, como que van administrando las redes de caudillos locales y liderazgos verticales con esto de buscar financiamiento para los candidatos de más abajo, por ejemplo”, afirmó el diputado Vlado Mirosevic (PL), quien logró imponerse, pese al sistema binominal, en 2013.

    “Hay un cierto acostumbramiento a liderazgos acabronados, jerárquicos y verticales”, remata.

    Esta situación podría explicar la ascendencia -por ejemplo- de Soria, quien ya selló un acuerdo con el diputado comunista Hugo Gutiérrez para presentarse como candidato a senador en 2017. “El ha tenido la suficiente generosidad política de apoyarme en mi candidatura a diputado. Me parece de la mínima ética política que si el quiere ser senador yo lo apoye”, explicó Gutiérrez.

    Tras el desafuero de Orpis y aun cuando Rossi ya señaló que buscará su reelección senatorial, el interés de diversas figuras por conquistar el respaldo del norte ha aumentado: entre ellas, los diputados Gabriel Silber (DC), Patricio Melero (UDI), Cristián Monckeberg (RN) y Marcela Sabat (RN), entre otros, han manifestado intenciones de explorar una candidatura.

    En las municipales, en tanto, los liderazgos históricos de la zona preparan su ascenso o regreso a la primera línea política, tal es el caso del ex intendente Mitchel Cartes, quien prepara su candidatura a la alcaldía de Iquique, y de Iván Paredes, quien buscará su regreso como edil de Arica.

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  2. Desafueros y financiamiento de la política

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En Chile debiéramos aceptar que el comportamiento por el que Orpis ha sido desaforado -y por el que otros han sido imputados y serán formalizados- es mucho más la norma que una excepción en la forma como se financian las campañas electorales.

    El desafuero del senador Jaime Orpis por acusaciones de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al fisco; lamentablemente sólo será un evento de menor relevancia pública en un país donde los escándalos sobre el financiamiento irregular de la política y de las campañas están a la orden del día. Pese a que muchos líderes han rotos vestiduras, el sistema de financiamiento vigente para las municipales de 2016 es el mismo que permitió las irregularidades que se destaparon en los escándalos Penta, Corpesca y SQM.

    Aunque el caso Corpesca es menos conocido que los de Penta y SQM, la decisión de la Corte de Apelaciones de desaforar al senador, que hace unos días renunció a su militancia en la UDI, ha sido, hasta ahora, la decisión judicial más severa contra alguno de los varios políticos que se han visto involucrados en estas artimañas de financiamiento irregular de campañas y de actividades políticas en períodos en que no había campañas.

    Pero además de las severas condenas públicas contra Orpis y de los llamados a tomar las medidas para que este tipo de irregularidades nunca se vuelvan a repetir, hay poco aprendizaje de la clase política sobre lo dañino que resulta no tener una legislación adecuada que regule el financiamiento de las campañas y de la actividad política en períodos de precampaña y después de las campañas. Ahora mismo, a sólo nueve meses de que se celebren las próximas elecciones municipales -y a menos de cinco meses de que se realicen las primarias para alcaldes, el 5 de junio- la legislación vigente induce a todos los aspirantes a candidatos a alcaldes a usar los mismos mecanismos que se usaron en Penta, SQM y Corpesca para poder financiar sus actividades de precampaña.

    Cualquier ciudadano que esté considerando desafiar a un alcalde en ejercicio como candidato de un partido o como independiente debiera ya estar realizando algunas actividades para darse a conocer en la comuna o para que la opinión pública sepa de sus intenciones de ser candidato. Pero como la ley sólo permite que se realicen campañas en los 90 días anteriores a una elección, los aspirantes que quieren hacerse conocidos deben incurrir en gastos utilizando artimañas, con boletas y facturas ideológicamente falsas y con triangulación de recursos que, a menudo, implican algún tipo de contabilidad creativa que potencialmente pudiera constituir delito tributario.

    Salvo aquellos candidatos que tienen solvencia económica suficiente para financiar sus propios gastos -o aquellos que tienen acceso a personas o empresas que pueden donar dinero por debajo de la mesa sin pedir boletas o facturas a cambio- la mayoría de los candidatos que hoy desarrollan actividades de campaña e incurren en gasto para posicionar sus nombres, movilizando votantes y organizando actos y eventos (ya hay carteles en muchas comunas del país, que alguien tiene que haber pagado). Muchos de esos candidatos logran que una empresa amiga se ponga con los recursos y pague la factura de los servicios prestados por las empresas de transporte, publicidad o productoras de eventos. Si la empresa que paga la factura ha estado atenta a las noticias recientes, probablemente lo pensará más antes de usar esa factura para descontarla de sus gastos operacionales y así rebajar su base impositiva. Pero aún si no hay delito tributario involucrado, el solo hecho que los candidatos estén gastando recursos en sus campañas y que esas actividades constituyen violaciones flagrantes de la ley de gasto electoral vigente (en tanto se realizan fuera de plazo) constituye una demostración de que el marco legal vigente no da el ancho.

    Por cierto, sólo aquellos candidatos que logran posicionarse tempranamente y se hacen conocidos tienen chance de desbancar a alcaldes en ejercicio. Por eso, limitar los períodos de campaña a sólo 90 días es la mejor forma de mejorar las ya altas tasas de re-elección de los alcaldes en ejercicio. Como todos aquellos que ostentan el control del mercado sienten la tentación de tomar medidas para reducir la competencia, los alcaldes en ejercicio son los más interesados en que se retrase el inicio de las campañas.

    Ninguna democracia es perfecta. Todas enfrentan ocasionalmente escándalos de corrupción e irregularidades en el financiamiento de la política y de las campañas. Pero las democracias más sólidas y las que mejor funcionan son aquellas que han demostrado ser capaces de aprender de sus tropiezos y mejorar su institucionalidad después de las crisis. En Chile, lamentablemente, ahora que los muros de las ciudades se empiezan a llenar de rallados de campaña y se multiplican las actividades de campaña de candidatos a alcalde, por más que nos agraviados que nos sintamos por la indebida influencia del dinero en la política,debiéramos aceptar que el comportamiento por el que Orpis ha sido desaforado -y por el que otros han sido imputados y serán formalizados- es mucho más la norma que una excepción en la forma como se financian las campañas electorales.

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