Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Panel con Claudio Fuentes, director de la escuela de la Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la Universidad Adolfo Ibañez
Los temas tratados en el programa fueron:
-El senador Hernán Larraín fue criticado en las redes sociales por felicitar a los ganadores de la Historia de un Oso
-La derecha sigue sin poder realizar una introspección crítica
-El eje dictadura- democracia en el caso de la derecha sigue operando sobre todo cuando aparecen ciertos temas.
-La corrupción hizo que la opinión pública bajara del sitial a los partidos.
-Siguen los ataques y la violencia en la Araucanía. Este conflicto tiene muchos actores que no sabe quienes son.
-Hay muchas visiones distintas en el mundo mapuche.
-Los camioneros están trayendo este conflicto a Santiago
En el marco de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, la Escuela de Historia y el Magíster en Historia de América Latina de la UDP han organizado una mesa redonda con destacadas académicas quienes están desarrollando novedosas investigaciones de Historia Reciente y Memoria en Chile.
Indagando en fuentes y metodologías que no han sido utilizadas hasta ahora, las expositoras abordarán temas tales como los sitios de la memoria y monumentos; el uso de la ciencia forense en el proceso de desenterrar el pasado; las memorias e historias regionales; los fallos de la justicia nacional e internacional y la memoria de las mujeres. Cada una de ellas presentará parte de sus estudios para luego dar paso al diálogo con el público presente.
Invitadas:
Hillary Hiner (UDP)
Katherine Hite (Vassar University, EEUU)
Edén Medina (Indiana University, EEUU)
Marian Schlotterbeck (University of California-Davis, EEUU)
Cath Collins, (University of Ulster, Northern Ireland)
La actividad se realizará el martes 8 de septiembre, a las 13:00 hrs. en la sala B-42 de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.
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Institucionalmente, el tema se delimitó en dictadura a partir de la dictación o modificación de un conjunto de normas y procedimientos que establecieron rígidas directrices sobre el particular. En 1983, se promulgó el Decreto Supremo 1086, indicando que “los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al intendente o gobernador respectivo”. Una vez recuperada la democracia, las autoridades democráticas continuaron utilizando este decreto, lo que ha sido cuestionado por instancias internacionales toda vez que contraviene el artículo 19 (13) de la propia Constitución que garantiza “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.
No obstante, en la misma Constitución se indica que “las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de la policía”. En otros términos, el propio texto le entrega a la policía la facultad regulatoria de un fundamental derecho como es el de manifestarse.
A lo anterior se suma la norma sobre el procesamiento en tribunales militares (y no civiles) de policías acusados de cometer un acto de violencia en contra de un civil. Esta situación transforma a Chile en una excepción en el mundo por las amplias atribuciones de los juzgados militares para ver casos que, en un marco democrático, no cabría que fuesen observados por la competencia militar. Las estadísticas muestran un incremento muy significativo en los últimos 22 años de denuncias por violencia policial (poco más de 20 mil casos en tribunales militares), acompañado de un nivel de condenas decreciente de uniformados por estas conductas (menos del 2,5%). Observamos la paradójica situación de que el incremento de las denuncias por abusos policiales en los últimos años ha sido acompañado por niveles más bajos de condena en tribunales militares de aquellos policías acusados de ejercer una excesiva violencia.
Ahora bien, resulta curiosa la casi completa inercia del sistema político para modificar estas normas en los últimos 25 años. El Código de Justicia Militar fue modificado parcialmente el año 2010 y el Decreto Supremo 1086 sigue vigente. Esto llevó a que, en el año 2013, la Cámara de Diputados estableciera una Comisión Investigadora precisamente para abordar el tema del derecho de reunión. Entre sus conclusiones principales destacan: 1) solicitar al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley para regular el derecho de reunión consagrado en la Constitución y actualizar la legislación y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos; 2) agilizar la aprobación de proyectos que modifican las competencias de los tribunales militares; 3) solicitar al Director General de Carabineros el perfeccionamiento de los procedimientos policiales, de modo de emplear adecuadamente los medios preventivos y represivos; 4) sugerir que, en caso de manifestaciones masivas, la Fiscalía Nacional pueda desplegar fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores; 5) establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar un diálogo sobre las formas de cautelar el derecho de reunión; y 6) revisar los protocolos operativos del Ministerio del Interior y de Carabineros. Todas estas recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad.
Entonces, requerimos revisar el modo en que se inserta la policía en un sistema democrático, dado que mantenemos un esquema que fue pensado para una dictadura. Lo anterior pasa por redefinir el carácter militar de Carabineros de Chile, derogar el Decreto Supremo 1086, reformar la Constitución en lo concerniente a la libertad de reunión, y establecer códigos de convivencia ciudadana que permitan en forma democrática hacer convivir el derecho a reunión, la libertad de expresión, la libertad de circulación y la seguridad pública. La adecuación de estas normas a un estándar democrático parece hoy de sentido común y es aquello lo que debiese prevenir en el futuro el alarmante aumento en las denuncias por abuso policial.
Durante el 2, 3 y 4 de septiembre, se llevará a cabo el Seminario “A 40 años del golpe de Estado en Chile. Usos y abusos en la historia” en el Centro Cultural GAM, organizado en conjunto por escuelas e institutos de Historia de la UDP, UCH, UC, UFT, UAI, UAH, USACH, UAHC, UCSH, UMCE, ARCIS y UDP.
El encuentro, que se enmarca en las actividades de conmemoración de los 40 años del golpe de estado, reunirá a más de un centenar de académicos, especialistas y profesionales chilenos, de Brasil, México, Argentina, Colombia y Estados Unidos, en torno al debate y reflexión de las distintas visiones que aún coexisten en lecturas e interpretaciones respecto de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.
Entre los expositores se encuentran los investigadores ICSO y académicos de la Escuela de Historia UDP Claudio Barrientos, coordinador Mesa sobre Memoria; Consuelo Figueroa, a cargo de la Mesa Historiográfica sobre Golpe Militar y Hillary Hiner, coordinadora Mesa sobre género e historia reciente.
Además, el seminario contará con la participación de Peter Winn, historiador y profesor de historia latinoamericana de la Universidad de Tufts de Estados Unidos; Peter Kornbluh, analista e investigador del National Security Archive (George Washington University, EE.UU.) y Steve Stern, académico de historia latinoamericana de la Universidad de Winconsin Madison, quien presentará su libro Luchando por mentes y corazones: Las batallas de la memoria en el Chile de Pinochet (Ediciones UDP),traducción al español del segundo tomo de su celebrada trilogía The Memory Box of Pinochet’s Chile. Además, Stern dará inicio al ciclo de Cátedras Norbert Lechner 2013 el próximo 28 de agosto.
El evento es gratuito y abierto a todo público. Más información y Programa aquí
