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  1. Resultados de la Encuesta “Radiografía al Congreso: ¿Hay agua en la piscina para reformas políticas?”

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    El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara a integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Presentamos aquí el capítulo sobre reformas político-institucionales.  La encuesta se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018 y tuvo una tasa de respuesta del 92,4% del total de congresistas. Proyecto FONDECYT coordinado por el profesor Claudio Fuentes S. de la Escuela de Ciencia Política. El trabajo de campo lo realizó la empresa Subjetiva.

    En esta oportunidad presentamos aquellos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.

    El estudio consideró la opinión de los congresistas sobre los siguientes ámbitos institucionales:

    • Modificación del período presidencial
    • Límite a reelección de congresistas
    • Voto voluntario/Obligatorio
    • Tribunal Constitucional—su naturaleza y atribuciones
    • Congreso Uni/bicameral
    • Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario
    • Reforma vs. Nueva Constitución

    Alto consenso en cambiar período presidencial y limitar reelección de congresistas

    Se verifica un alto consenso político transversal para modificar el período presidencial (91,3% de acuerdo) y limitar la reelección de los y las congresistas (75,4% de acuerdo). No obstante, la fórmula específica de cambio es la que suscita divisiones que no se asocian necesariamente a posiciones ideológicas.

    En el caso del cambio del período presidencial, el 48,6% se muestra inclinado por una fórmula de 4 años con 1 reelección inmediata, y un 34,4% lo hace por los 6 años sin reelección. Los diputados se inclinan con mayor intensidad que los senadores por la primera opción. A nivel de partidos, vemos que la opción de “4 años + 1 reelección inmediata” suscita el apoyo mayoritario de la UDI y RN en la derecha, y del PS, PC y RD en la izquierda.

    En cuanto a la limitación de la reelección de congresistas, el 75,4% favorece aquella opción. Para la reelección de diputados, un 44,8% de los legisladores prefiere 2 reelecciones (12 años en el cargo), mientras que un 42,6% se inclina por 1 reelección para senadores (16 años en el cargo).   Los diputados tienen a favorecer la opción de las 2 reelecciones de los propios integrantes de la cámara baja un poco más intensamente que el promedio (46,6%), mientras los senadores tienden a favorecer el límite de 1 reelección en su propio cargo un poco menos que el promedio (40,5%).

    Mayoría favorece el voto obligatorio.        

    Uno de los resultados más llamativos es la opinión mayoritaria (66,7%) favorable a que la asistencia a votar sea obligatoria. En la Cámara Baja esta opinión es más intensa que en la Cámara Alta (67,8% vs. 62,2% respectivamente).  En los partidos de la ex Nueva Mayoría esta opinión es muy mayoritaria (80%), mientras que en el Frente Amplio alcanza al 65% y en Chile Vamos al 50%.

    A nivel de partidos, quienes más favorecen el voto obligatorio son el PRSD, RD, DC, PS y PC. Quienes se muestran más inclinados por el voto voluntario son la UDI, representantes del Frente Amplio que no son de RD, y Evópoli.

    Además de la variable ideológica, encontramos que son las mujeres congresistas quienes tienen una inclinación más favorable al voto obligatorio que los hombres. Otra variable relevante es el tipo de colegio donde estudiaron: quienes estudiaron en colegios particulares subvencionados tienden a ser menos favorables al voto voluntario en relación a los congresistas provenientes de colegios municipales y particulares pagados. La macrozona de procedencia y la edad no son variables que discriminen a favor o en contra del voto obligatorio.

    Mayoría apoya mantener el Tribunal Constitucional, aunque existe fuerte división respecto de su reforma.

    Solo un 20,2% de los legisladores apoya la idea de eliminar el Tribunal Constitucional. Por su parte, el 38,8% apoya la idea de mantener el TC tal como está o bien ampliando sus facultades. Por su parte, el 39,9% apoya la idea de mantenerlo pero reduciendo sus facultades. Esta última opción que es la mayoritaria, genera una fuerte división entre diputados y senadores, dado que los primeros apoyan su reducción de atribuciones en un 43,2%, mientras en el Senado esta opción es de solo un 27%.

    Lo interesante aquí es que la oposición se divide respecto del destino del TC. La mayoría en el PS y PPD es partidario de eliminarlo, mientras en la DC, PRSD y Frente Amplio prefieren reducir sus atribuciones. La mayoría de los legisladores de derecha apoya la idea de mantenerlo. Curiosamente un 30% de los legisladores de la UDI sería partidario de reducir sus atribuciones, no así los legisladores de RN que solo en un 12,8% favorecen dicha opción.

    ¿Presidencialismo vs. semi-presidencialismo?: No existe consenso sobre régimen de gobierno.

    El régimen de gobierno es otro de los temas que divide a los y las congresistas. El 25,7% apoya la idea de mantener el sistema presidencial actual, mientras el 30% apoya la idea de un sistema presidencial atenuado. Un 35% favorece un sistema de carácter semi-presidencial. Solo un 6,6% apoya avanzar hacia un sistema parlamentario.

    El factor ideológico aquí es crucial. Los partidos de derecha apoyan mayoritariamente un sistema presidencial como el actual o atenuado, siendo la UDI el más presidencialista (91%). Por su parte, los partidos de la ex nueva mayoría son los más partidarios de un sistema semi-presidencial, siendo el PRSD (83,3%) y el PPD (76,9%) los más partidarios de este modelo. El PC, RD y otros miembros de Frente Amplio se muestran divididos respecto de un esquema específico de régimen de gobierno.

    Constitución: Legisladores divididos sobre reforma o nueva Constitución

    Muy pocos legisladores se muestran favorables a mantener la Constitución tal cual está (3,3%). Un 47% de los y las congresistas considera que se deben realizar algunas reformas parciales a ella; mientras un 49,7% considera que se debe establecer una nueva Constitución. Sobre esta última alternativa, mientras los Diputados la apoyan en un 51,4%, en el Senado la idea de establecer una Nueva Constitución alcanza un 43,2%.

    De nuevo aquí observamos una división ideológica clara. Los partidos de Chile-Vamos mayoritariamente (sobre 71%) son partidarios de realizar reformas parciales, mientras en la oposición, sobre el 90% de los legisladores de izquierda favorecen la idea de una nueva Constitución. Los partidos del PDC y PRSD están más divididos internamente sobre la materia.

    Un 48,1% apoya la idea de realizar cambios a la Constitución dentro del Congreso, ya sea a través de los mecanismos establecidos en ella (37,7%) o por la vía de una Comisión Bicameral (10,4%). Por su parte, un 47,5%

    Ficha técnica

    Encuesta cara a cara a diputados(as) y senadores(as) del Congreso Nacional. Aplicación entre mayo y agosto de 2018. Tasa de respuesta del 92,4% (183 congresistas).  Encuesta realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1170025. Investigador responsable: Claudio Fuentes S. Trabajo de campo realizado por la consultora Subjetiva.

    Descargar resultados aquí

  2. Apróntese: cerca de dos mil candidatos a diputados habrá en 2017. Analista culpa al Servel y partido nuevo niega complicaciones

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    El analista Ricardo Israel criticó labor de la “comisión Engel”, la que a su juicio entregó un “código de buenas prácticas sin entender la mecánica ordinaria de los partidos”. Alí Hamed, coordinador nacional del nuevo colectivo Todos: “Alta ideologización y las declaraciones de principios de 80 páginas generan una brecha muy grande entre los representantes y los representados”.

    Ojo con el siguiente dato: durante el año pasado pasamos de tener 14 partidos políticos constituidos a 33.

    Los cambios a la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la nueva Ley de Fortalecimiento a la Democracia, que obliga a la reinscripción de los militantes de las colectividades tradicionales, generaron este nuevo cuadro.

    Pensando en la próxima elección parlamentaria, es evidente que el número de candidatos se incrementará de manera explosiva en los 28 distritos y 15 circunscripciones que contempla el diseño del debutante sistema proporcional que reemplazará al binominal el próximo mes de noviembre.

    De hecho, Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, anticipó que el Servel no podrá “monitorear” a las 33 agrupaciones en campaña, dado que “no tiene los recursos ni las capacidades para fiscalizar el gasto electoral, así como tampoco las labores que son propias de los partidos”.

    “En la última elección parlamentaria de 2013 se presentaron alrededor de 470 candidatos a diputado y 69 al Senado. Lo más probable es que esa cifra se triplique o cuadruplique y llegue a los 2.000 candidatos”, indicó a La Tercera.

    “Salvavidas de plomo”

    Más allá de los problemas operativos que conlleva esta gran cantidad de partidos, algunos de los cuales ni siquiera tienen sede, números telefónicos y sitio web, el analista Ricardo Israel añade tres elementos que a su juicio son graves.

    “Primero, la forma cómo se legisla en Chile, que es a la rápida, sin estudios y siguiendo los gritos cambiantes de la galería. Segundo, quienes elaboraron estas leyes, que son los integrantes de la ‘comisión Engel’, eran académicos y gente sin experiencia política, los que entregaron un código de buenas prácticas pero no entienden la mecánica ordinaria de los partidos. Y tercero, al Servel no se le dotó de recursos para poder transformarse en una especie de superintendencia de partidos y también se equivocó a la hora de lanzarle a los partidos un salvavidas de plomo”, comentó a Cambio21.

    “Además, tampoco se consideró la Ley de Cuotas (que obliga a los partidos a llevar el 40% de mujeres como candidatas), que se aprobó de una sola vez y no gradual, lo que incluso fue discutido en el Tribunal Constitucional respecto al principio democrático que podría vulnerar el derecho a ser candidato tras ganar una primaria”, añadió.

    “Cien personas firman por día”

    Uno de los nuevos partidos en cuestión es Todos, entidad que en opinión de su coordinador nacional, Alí Hamed, “es una plataforma distinta a las demás, porque no plantea ideologías de izquierda o derecha y fomenta la participación en política de ciudadanos comunes y corrientes”, siendo uno de ellos el precandidato presidencial independiente Nicolás Larraín.

    “Así como puede ser él, puede ser cualquiera con las ideas para ser candidato, dado que las barreras para entrar a esta actividad son muy altas. Si los partidos tradicionales tienen problemas para reficharse, qué queda para alguien que no tiene pitutos o influencias. La alta ideologización y las declaraciones de principios de 80 páginas generan una brecha muy grande entre los representantes y los representados”, indicó a este medio.

    “No sé si habrá tantos candidatos a diputados, dado que son muchos los impedimentos”, recalca el directivo.

    Como sea, Hamed detalló que Todos busca constituirse en cuatro regiones para poder proclamar oficialmente al locutor de radio: Tarapacá, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, como también lograr las 35 firmas en estas cuatro zonas que exige la ley.

    “Estamos avanzando muy bien. Incluso con más de cien personas firman por día cuando nos instalamos en estas ciudades”, destacó.

    Leer en Cambio 21

  5. El aborto y la democracia de los acuerdos

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.

    La forma en que se ha producido el debate sobre la despenalización del aborto bajo tres causales hace añorar la desprestigiada democracia de los acuerdos. Porque existen muchos puntos de encuentro entre los que se oponen a despenalización del aborto y los que la apoyan, la polarización del debate y la caricaturización de las posturas poco ayuda para avanzar hacia el objetivo razonable de reducir el número de embarazos no deseados y evitar así que haya mujeres que se vean obligadas a tener que decidir si quieren abortar o llevar un embarazo a término.

    De más está decir que el debate sobre la legalización del aborto llegó con varios años de atraso. La negativa de sectores conservadores a discutir el tema reflejaba un cierto aire autoritario de los que apoyaban el statu quo. Cuando uno cree tan profundamente en ciertos principios, nunca debiera negarse a debatirlos. Es más, cada debate debiese ser visto como una oportunidad para lograr que otros conozcan tus puntos de vista y potencialmente cambiar sus propias posiciones gracias a argumentos presentados de forma razonable, articulada y empática.

    Si bien la reacción eufórica de muchos que creen en el derecho de la mujer a decidir el fin de un embarazo es también innecesaria y no se condice con la realidad de que cada aborto es una decisión difícil a la que ninguna mujer quisiera verse enfrentada, las celebraciones que vimos ayer responden a la acumulación de años de frustraciones de personas que pedían tener un debate y cuyos argumentos razonables fueron sistemáticamente ignorados por gobiernos de derecha, centro e izquierda.

    El proyecto que pasó de la Cámara de Diputados al Senado dista de ser una legalización del aborto o de establecer acceso universal y de libre disponibilidad al aborto en Chile. Solo despenaliza el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, embarazo por violación y peligro en la vida de la mujer. Los detractores de este proyecto de ley comprensiblemente argumentan que esas tres causales abrirán la puerta para que se justifique cualquier aborto, usando alguna de esas causales. Si bien es claro que hecha la ley, hecha la trampa, es injusto atribuir al gobierno y a los defensores de la despenalización la intencionalidad de querer legalizar todos los abortos usando un resquicio legal.

    Al caricaturizar la postura del gobierno, los detractores del proyecto de ley han adoptado un discurso extremista que resulta a su vez fácilmente caricaturizable por aquellos que quieren despenalizar el aborto. La polarización de las posturas, construidas a partir de caricaturas —abortistas versus opresores de la mujer— hace difícil que se escuchen muchas voces razonables que han participado del debate y que han construido las bases para consensos razonables que son ampliamente compartidos por la población.

    Cuando los que defienden la despenalización son catalogados como pro-abortistas, su reacción inmediata es acusar a los que se oponen a la despenalización como trogloditas que no reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. A su vez, cuando los que subrayan los derechos de los que están por nacer son caricaturizados como fanáticos religiosos que quieren imponer sus propias definiciones de cuándo empieza la vida, estas personas reaccionan acusando a los que están en la otra trinchera como asesinos de bebés. En ese debate, a menudo nos terminamos olvidando de las víctimas de cada embarazo no deseado o inviable que se produce en el país —las mujeres y, para algunos, los bebés que están por nacer—.

    Ahora que el proyecto de ley pasa al Senado, las voces razonables tienen la oportunidad para ampliar el debate sobre la despenalización del aborto para que incluya políticas públicas que ayuden a reducir el número de embarazos no deseados. Chile será una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de los derechos de las mujeres —y de los que están por nacer— si logramos reducir al máximo el número de casos en que mujeres tengan que enfrentar la difícil decisión de poner fin o llevar a término un embarazo.

    Si somos lo suficientemente valientes para aceptar que los que piensan distinto no son monstruos ni fanáticos retrógrados, nos daremos cuenta de que hay mucho espacio para avanzar en políticas públicas que promuevan la educación sexual, la protección de los derechos de la mujer y programas de salud que conviertan a cada embarazo en una buena nueva y no en una mala noticia que los ponga en uno de los predicamentos más difíciles que debe enfrentar una mujer.

    Porque podemos aspirar a ser un país donde los abortos en estas tres causales sean legales, seguros y muy pocos, aprovechemos la oportunidad que da el paso de este proyecto de la Cámara al Senado para dejar atrás las caricaturas y, volviendo a la democracia de los acuerdos, forjar un consenso que ayude a reducir el número de embarazos no deseados que se producen cada año en el país. Debemos aspirar a que cada vez que un test de embarazo sea positivo, los involucrados se llenen de alegría y gozo, no de angustia o dolor.

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  6. Encuesta UDP en “Qué Pasa”: Ciudadanos&Diputados frente a frente

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     ¿Representan nuestros diputados las ideas y valores de la población?¿Es nuestra elite política más conservadora que la sociedad en general?¿Cuánto confían los ciudadanos en los partidos políticos y las Fuerzas Armadas? Éstas son sólo algunas de las preguntas que responde la encuesta elaborada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la UDP. Aquí se contrastan las percepciones de la ciudadanía y de los 120 diputados, quienes por primera vez fueron encuestados en su totalidad. 
                                                                             
    (Por:MauricioMorales, director del Observatorio Político-Electoral, ICSO / Manuel Vicuña, decano de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP     )    De un tiempo a esta parte, existe en Chile la sensación ambiente de una significativa desafección entre la ciudadanía y los dirigentes políticos. Se ha culpado al sistema electoral, a los conflictos al interior de los partidos, e incluso se ha apuntado que el problema recae en la incapacidad de los parlamentarios de escuchar a sus electores.

     

    Si bien Chile y Uruguay son, dentro de América Latina, los países que presentan los mayores niveles de congruencia entre la elite congresista y la población en variados temas, el estudio realizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales (UDP) revela la existencia de importantes brechas entre lo que piensan y sienten los chilenos en contraste con sus 120 diputados. Para la comparación, se tomó como referencia la Encuesta Nacional que la misma UDP hizo en septiembre pasado.
      
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