El Núcleo Milenio “Desafíos de la Representación” NS130008 llama a concurso para financiar trabajos de investigación conducentes a la elaboración del proyecto de tesis doctoral de los y las estudiantes del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. El objetivo de este concurso es ofrecer apoyo a aquellos/as estudiantes que deseen desarrollar un pre-diseño de tesis doctoral. Se dará preferencia a estudiantes que se encuentren finalizando el tercer semestre del programa. La fecha límite para postular es el 30 de noviembre de 2015.
Los resultados de la postulación se anunciarán a más tardar el 8 de diciembre de 2015. La investigación deberá desarrollarse desde la fecha de adjudicación hasta el 8 de marzo de 2016. No se aceptarán postulaciones incompletas o que lleguen fuera de plazo.
BENEFICIOS DE LA BECA
Las becas financian hasta 600.000 pesos por estudiante/proyecto. Dependiendo de las necesidades de los beneficiarios y de la calidad de las propuestas recibidas, las becas podrían adjudicarse a uno/a o más estudiantes.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Ser estudiante regular activo/a del doctorado en ciencia política de la Universidad Diego Portales.
Presentar una carta de postulación de no más de 600 palabras que presente los principales objetivos de la investigación, fundamente la relevancia de la beca para desarrollar el proyecto de tesis y que detalle las principales actividades que espera desarrollar durante diciembre del 2015 y los meses de enero y febrero del 2016.
Los/as estudiantes interesados/as deberán remitir sus postulaciones al siguiente correo electrónico: [email protected]
COMPROMISOS
En caso de adjudicase la beca, el/la estudiante se compromete a entregar a más tardar el día 15 de marzo del 2016 un documento de aproximadamente 2.000 palabras que dé cuenta del pre-diseño de tesis doctoral avanzado, particularmente de la pregunta de investigación, objetivos, enfoques teóricos y métodos que se podrían aplicar.
La Escuela de Ciencia Política UDP, en conjunto con el Núcleo Milenio Desafíos a la Representación y el FONDECYT 1140101 organizan el Seminario ¿Crisis de representación democrática en Chile?
En la ocasión se realizará un Debate Académico (10:00 – 12:00 hrs.) moderado por Rossana Castiglioni, académica de la Escuela de Ciencia Política UDP, donde participarán Carlos Meléndez (UDP), Jana Morgan (University of Tennessee), Peter Siavelis (Wake Forest University) y Cristóbal Rovira (Director del Doctorado en Ciencia Política UDP).
Posteriormente se efectuará un Debate Político (12:00 – 14:00) moderado por Mónica Rincón (CNN Chile), donde expondrán Gabriel Boric (Diputado Izquierda Autónoma), Maya Fernández (Diputada PS), José Antonio Kast (Diputado UDI), Andrés Velasco (Ex candidato presidencial, Ciudadanos) e Ignacio Walker (Senador DC).
La actividad se realizará el lunes 16 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas, en el Auditorio de la Facultad de Educación, ubicado en Vergara 249, Santiago.
Para confirmar asistencia rellenar el siguiente formulario:
Uno de los aspectos que suscitará más debate del proyecto sobre financiamiento político que presentó el Gobierno, será la prohibición de los aportes de las empresas a campañas políticas. Recordemos que el sistema actual permite que las personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas políticas. Se establece además una reducción de impuestos cuando se trata de donaciones a partidos, que no superen el 1% de la renta líquida imponible de una empresa. Se prohíbe asimismo que las personas jurídicas sin fines de lucro (sindicatos, fundaciones, corporaciones) puedan realizar estas donaciones.
Así, el modelo actual coloca a las personas jurídicas con fines de lucro como los actores más relevantes, toda vez que les otorga ventajas tributarias, permite donaciones reservadas para garantizar el secreto de ellas, y excluye que otras personas jurídicas puedan donar. Los datos de las últimas tres campañas presidenciales son elocuentes. El modelo actual se sustenta en donaciones del sector privado (principalmente empresarial) para financiar las campañas políticas (60%). Pero, como parte de esas contribuciones se realizan por la vía de la reducción de impuestos, lo que en realidad refleja este modelo es el uso de dineros públicos (impuestos) por parte de privados (empresas con fines de lucro) para beneficiar a algunas candidaturas.
La prohibición del aporte de empresas a campañas políticas es razonable por varios motivos. Como el objetivo de las empresas es maximizar utilidad, resulta esperable que se produzca una fuerte desigualdad en el acceso a tales recursos, pues ellas siempre privilegiarán a quienes defienden sus intereses y que, a su vez, tienen mayores opciones de llegar al poder. Pero, además, esta desigualdad se magnifica en la medida que las empresas pueden realizar contribuciones considerablemente superiores a las de cualquier individuo. Entonces, permitir la total “libertad de expresión” de las empresas (que donen lo que deseen y a quienes quieran) impone condiciones de fuerte desigualdad en la competencia política.
Los defensores del actual modelo sostienen que prohibir donaciones de empresas limita la libertad de expresión. Sin embargo, la propia Constitución en su artículo 1° establece el deber del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para participar del sistema político. Las donaciones de empresas afectan esta igualdad teórica, dado que los aportes de empresas son considerables (60% de lo declarado), se realizan en condiciones de total opacidad (90% de esos aportes son reservados) y tales aportes se concentran en algunas candidaturas (19% de ellas en el último ciclo electoral).
Desde el punto de vista normativo, se ha indicado que, así como una empresa puede realizar donaciones culturales, también podría realizar donaciones a la política.
Luis Larraín, por ejemplo, nos decía que “nadie ha objetado que donen para un concierto, aunque no pueden escucharlo o para una biblioteca, pese a que no pueden leer” (L&D, 23/10/2014). Pero la objeción principal a que las empresas donen no se refiere al hecho de que tales instituciones no sean personas naturales, sino más bien al impacto político que tienen estas donaciones en desnivelar la cancha, dado su sesgo al privilegiar a un grupo de actores y la magnitud de tales contribuciones.
Otro de los argumentos para favorecer las donaciones de empresas se refiere a que esta prohibición incentivaría la donación ahora ilegal a las candidaturas. El argumento parece contradictorio. Primero, el argumento reconoce que las empresas tendrían fuertes incentivos no filantrópicos para realizar donaciones. Segundo, se asume que los actores políticos estarían siempre dispuestos a recibir tales dineros ilegales. Tercero, se asume que el Estado sería incapaz de detectar este tipo de irregularidades. Bajo el actual esquema de controles (literalmente inexistentes), es probable que tal comportamiento ilegal ocurra. La legislación debiese contemplar un sistema de auditorías, controles y sanciones creíbles, que inhiba comportamientos ilegales.
Finalmente, se sostiene que la prohibición de aportes de empresas debilitaría las opciones para que los desafiantes obtengan recursos alternativos para conquistar el poder. Como el candidato incumbente tiene una ventaja inicial al ser más conocido y contar con recursos de su propia función parlamentaria para recorrer el distrito, se asume que la única opción del desafiante es gastar más en su campaña. Lo anterior es contradictorio porque, en definitiva, lo que estaríamos haciendo con esa política es privilegiar candidaturas que tienen acceso a financiamiento privado para competir. Y en el caso de Chile esa condición la cumple principalmente la derecha política. Establecer límites razonables a la reelección de autoridades es una medida muchísimo más efectiva para prevenir la eternización de congresistas, alcaldes, consejeros regionales o comunales en el poder.
La prohibición de aporte de empresas a campañas debe acompañarse con medidas adicionales que permitan una campaña más justa y que incluyen subsidio público, restricciones a la publicidad en espacios públicos y mecanismos de control del gasto que sean creíbles y eficientes.
Se trata de un postgrado que ofrece la posibilidad de postular al programa de Doctorado Conjunto con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden
La Escuela de Ciencia Política UDP inaugura las postulaciones para su Doctorado, que comienza sus clases en agosto de 2015. Dicho programa, busca formar académicos que analicen, de forma rigurosa, objetiva y plural, los sistemas políticos e instituciones comparadas, la política chilena y la economía política.
De corte netamente académico, tiene un carácter presencial y de jornada completa. Se trata de un doctorado de 8 semestres de duración, que contempla 3 semestres de asignaturas, 5 semestres dedicados a la tesis, 2 exámenes de calificación y docencia de pregrado, lo que totaliza 256 créditos. El doctorado ofrece tres áreas de especialización: Política Comparada, Política Chilena y Economía Política.
Este programa contempla la posibilidad de que sus estudiantes puedan cursar tanto estadías de investigación como un semestre de optativos en otras instituciones extranjeras en convenio. Además, ofrece la opción de postular al Doctorado Conjunto con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden. La Universidad de Leiden se ubica entre las 100 universidades top del mundo según el QS World University Ranking 2014 y el Times Higher Education Ranking 2014. Su Facultad de Humanidades está en el lugar 25 del mundo en el ranking del Times Higher Education en el área de humanidades y artes. Quienes opten por el Doctorado Conjunto deberán cursar un semestre en la Universidad de Leiden y defender allí su tesis doctoral, obteniendo un título por cada universidad.
El doctorado ofrece becas completas de matrícula y manutención y cuenta con fondos para premiar la producción de publicaciones indexadas ISI y Scielo. Además, ofrece becas complementarias para su programa conjunto con la Universidad de Leiden.
Rossana Castiglioni, Directora del Programa, destaca que “el Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales posee una planta de 15 profesores y cuenta con tres profesores colaboradores de universidades extranjeras, por lo que es capaz de cubrir una gran variedad de enfoques, métodos y tópicos”. La académica agrega que “por tratarse de un doctorado de dedicación completa, cada año la Universidad ofrece tres becas que cubren la manutención y el arancel de los y las estudiantes. Las becas complementarias hacen posible, además, que los y las estudiantes que sean admitidos al programa conjunto con la Universidad de Leiden puedan contar con el apoyo necesario para costear los pasajes y la estadía”.
Desde el año 2005 el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, ICSO-UDP, desarrolla un programa de encuestas de opinión pública buscando dar a conocer los cambios que han ocurrido en Chile.
Durante la actividad – a realizarse el 5 de noviembre a las 10:30 horas, en el salón Diego Portales de la Casa Central UDP (Gorbea 1770) – Carolina Segovia, Directora del ICSO-UDP, presentará los resultados de la décimo primera medición.
Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la comprensión en el cambio de percepción de los chilenos, en diversas áreas donde el país evidencia transformaciones cruciales.
Es comprensible que el Partido Demócrata Cristiano demuestre preocupación por no tener un candidato perfilado para las presidenciales de 2017. Pero el partido líder del centro político en Chile no debiera estar preocupado respecto al lugar que ocupará a partir de 2018. Independientemente de quién gane la elección, el PDC será parte de la coalición de gobierno. Es más, la clave para ganar la próxima elección está precisamente en qué posición tome el PDC. Si éste se mantiene en la Nueva Mayoría, será muy difícil que esa coalición sea derrotada en 2017. Si en cambio rompe esa coalición, será imposible para la izquierda mantenerse en el poder.
Después de haber sido el partido líder en la recuperación de la democracia y la construcción de nuestro sistema político actual —que, con sus bemoles, sigue siendo el más exitoso en América Latina (aunque no en el fútbol, en desarrollo sí somos campeones)—, el PDC ya no es el partido más importante de Chile. Desde el año 2000 que el PDC no tiene a uno de los suyos en la presidencia. Un candidato PDC lideró a la Concertación a su primera derrota electoral en 2009. La fundación de la Nueva Mayoría estuvo asociada, en buena parte, al intento de mostrar que el centro gravitacional de esa coalición se había corrido hacia la izquierda.
En la campaña presidencial, Bachelet implícitamente criticó la doctrina de la gradualidad y pragmatismo que impuso el PDC en los años dorados concertacionistas. Al prometer reformas —y no “reformitas”—, Bachelet subrayó la percepción de muchos en la izquierda que la moderación DC la hace culpable de no ser “ni chicha ni limoná”.
Electoralmente, las elecciones de 2013 no fueron las mejores para el PDC. Aunque sigue siendo el partido más grande de la NM (con 21 diputados y 6 senadores), su peso relativo al interior de esa coalición disminuyó respecto al periodo 2009-2013, especialmente en el Senado, donde pasó de 9 a 6 senadores.
Pero los porfiados números muestran que, aunque su contingente legislativo es menos numeroso, el PDC sigue siendo el partido más importante en el Congreso Nacional. Sin el PDC, la NM no tiene votos para aprobar iniciativas que requieren mayoría simple. La forma en la que se negoció la reforma tributaria demostró que los cuatro moderados del PDC (Andrés Zaldívar, Ignacio Walker, Patricio Walker y Manuel Matta) son los votos clave en el Senado. Sin ellos, no hay reforma que pueda pasar. Más aún, cualquier reforma que pase será negociada en la forma que ellos decidan. Aunque en la Cámara de Diputados el contingente DC sea más izquierdista y esté más fuertemente alineado con las posturas más radicales del Gobierno, en el Senado la DC representa la voz de la razón, el diálogo y la negociación.
En un país donde la clase media es hoy más amplia y poderosa que nunca en su historia, tanto las elites como los sectores populares han perdido peso relativo. Como ya señaló Eugenio Tironi hace casi dos décadas, las elites se sienten amenazadas por la irrupción de una clase media que quiere distribuir mejor el poder. A su vez, los gobiernos ya saben que no basta con satisfacer las demandas de los sectores populares. Como dolorosamente descubrió el ex Presidente Piñera en 2011, si La Moneda aliena a la creciente clase media, los costos políticos son muy superiores que si ignora a los sectores populares.
El crecimiento de la clase media ha reducido los niveles de polarización, obligando a los partidos a tomar posiciones más moderadas. Por eso, el centro —que históricamente ocupaba la DC— está más densamente poblado. Tanto la izquierda como la derecha prefieren autodefinirse como centro-izquierda y centro-derecha. Eso ha reducido el espacio electoral que puede cultivar el PDC. De ahí su declive electoral en años recientes. Pero igual que en el negocio de las propiedades, las tres palabras claves son “ubicación, ubicación y ubicación”, el PDC sigue ocupando un espacio clave en el espectro político chileno.
De cara a 2017, el PDC enfrenta un escenario de agraz y dulce. Aunque quisiera tener un candidato presidencial propio, el partido que ha ganado tres elecciones presidenciales (dos de ellas con un Eduardo Frei como candidato) no tiene nombres que aparezcan bien prospectados en las encuestas. Ya que las candidaturas presidenciales no se construyen de la noche a la mañana, parece improbable que el PDC logre posicionar a uno de sus camaradas como aspirante competitivo para 2017. Pero la buena noticia para el partido de la flecha roja es que aunque no tenga un buen candidato para sentarse en el sillón de La Moneda, tiene las llaves del palacio presidencial. Sin candidato presidencial, el PDC no podrá llegar solo a La Moneda. Pero sin el PDC, ninguna otra coalición podrá aspirar a remplazar a Bachelet. Por eso, especialmente en la coalición de la que actualmente forma parte el PDC, los partidos políticos debieran aceptar, aunque sea a regañadientes, que el PDC es el partido a cortejar y que será el invitado más importante a la fiesta democrática de 2017.
Parece existir consenso político en cuanto a la necesidad de realizar cambios al modo en que se financia la política. La mayoría de los actores sostienen que es necesario terminar con el financiamiento reservado de campañas y que se debe avanzar en mayores niveles de probidad. Sostengo que lo que se requiere no es una reforma sino un cambio de paradigma. Lo anterior es necesario porque, como argumentaré, el actual sistema se estructura sobre la base de principios contrarios a la transparencia, la justicia y el control democrático.
El modelo actual es contrario a la transparencia porque ni antes ni después del ejercicio eleccionario la ciudadanía puede informarse verazmente sobre la forma en que las diferentes candidaturas financiaron sus campañas. Además de los ingresos anónimos y reservados –que por lo demás constituyen en muchos casos la principal fuente de financiamiento–, el sistema no permite identificar quién financió a quién o a quiénes. La ciudadanía, en ese sentido, no emite un voto informado.
El modelo es injusto porque evidentemente favorece a quienes tienen más recursos para gastar en campañas. Se estimula que las empresas aporten a campañas por la vía de reducción de impuestos; estas empresas favorecen un porcentaje ínfimo de candidaturas. Pero, además, en las calles, radios y prensa escrita se produce una ley de la selva sin control que permite que sólo aquellos que tienen más recursos puedan realizar más publicidad. Así, las condiciones institucionales favorecen una contienda desigual.
Finalmente, el modelo creado en 2003 no establece ningún sistema de control. Se establecieron sanciones en dinero para quienes sobrepasaran los límites, pero como aquellos límites son altísimos, ninguna candidatura se preocupa mucho de respetarlos porque ni siquiera alcanza a gastar el 50% de los límites establecidos. No existen auditorías, no existen sanciones penales, no existe la amenaza de quitar el subsidio estatal si se vulnera una norma. Un representante que resulta electo y que violó la ley, mantiene su cargo. Así de simple.
Lo que se necesita es cambiar el paradigma que sustenta a la actual legislación y eso implica transformaciones radicales en la forma en que se financian los partidos y se estructuran las campañas. El primer cambio es que se necesita un modelo que dependa principalmente del aporte público (estatal) y subsidiariamente privado, y no a la inversa. El Estado debe financiar a los partidos en forma permanente y debe ampliar el subsidio estatal que actualmente otorga. Esto ayudará a independizar la actividad política del poder económico.
El segundo cambio se refiere a la transparencia. Se requiere establecer un período de recolección de aportes, de modo que la ciudadanía sepa quién financia a qué candidatura y por cuánto monto. Se debe prohibir el aporte de empresas y se debe favorecer el aporte de pequeñas donaciones de personas naturales. Se deben establecer límites a aquellas donaciones.
Tercero, y para establecer una competencia más justa, se requiere prohibir con sanciones efectivas (por ejemplo, la pérdida del subsidio estatal) la propaganda en calles y lugares públicos, salvo en los espacios definidos previamente por los concejos municipales. Hoy las prohibiciones son un soberano chiste. Pero debemos avanzar mucho más allá, necesitamos establecer una franja radial obligatoria, tal cual existe en la televisión, y prohibir el avisaje en prensa escrita. Lo anterior permitiría un acceso más ecuánime a los medios de comunicación por parte de partidos, listas y movimientos en competencia. Debemos agregar un mecanismo de financiamiento permanente para los partidos para financiar sus gastos de administración básica, formación y educación cívica.
Finalmente, se necesita establecer un control democrático efectivo del gasto electoral. Esto se logrará fortaleciendo al Servicio Electoral para que pueda fiscalizar a los partidos y auditorías in situ en campañas electorales. Este control democrático también se ejercerá a partir de la centralización de información y la organización de ella en forma amigable y entendible para que la ciudadanía se informe adecuadamente antes de votar. Control implica también pensar en sanciones efectivas para aquellos que violen la ley. La pérdida del escaño debiese considerarse como parte del abanico de opciones del legislador.
Hoy predomina una ley de la selva en materia de financiamiento político (y particularmente de campañas electorales, sin transparencia, sin control, dando privilegios a las grandes empresas y desnivelando la cancha). Debemos establecer un nuevo paradigma que vele por la transparencia, la equidad y el control democrático. El financiamiento de la política no es solo un problema de probidad o transparencia, es ante todo un problema de justicia democrática.
El Congreso Anual organizado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) se realizó durante los días 21 y 24 de mayo, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.
Al evento asistieron más de dos mil invitados, entre ellos el Secretario General de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el ganador del premio LASA Media Award, el periodista boliviano Raúl Peñaranda y el ex presidente Ricardo Lagos Escobar.
En esta oportunidad la Universidad Diego Portales aportó con una delegación de seis investigadores y académicos, como Rossana Castiglioni, Directora del Doctorado en Ciencia Política, Consuelo Figueroa, Directora de la Escuela de Historia y Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política.
Rossana Castiglioni organizó y participó en panel titulado “Democracia, Instituciones y Agencia: El legado de Guillermo O’Donnell”, que contó ponencia de José Miguel Insulza, siendo seleccionado como panel destacado por la organización, bajo el auspicio del Kellogg Institute for International Studies.
Además, junto a colegas de Berkeley, Texas at Austin, Scripps College y Harvard, expuso en el panel llamado “Popular-Sector Interest Representation in Latin America.
Por su parte, Consuelo Figueroa fue parte junto al académico de la UDP, Cristián Castro, la profesora Viviana Gallardo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), y Davis Walker, Historiador de la Universidad de California, del panel titulado “Des/conocimientos: Los saberes disciplinares y las exclusiones del saber”. En él se discutió sobre las influencias que han ejercido las formas de conocimiento en occidente para excluir a los mundos no occidentales. Las ponencias a cargo de los representantes de la UDP fueron, “Des/encubrimientos de la nación. Ruinas y exhibiciones en Chile. 1880 ‘s-1930’s”. a cargo de Consuelo Figueroa y “Un monumento para la madre negra de la nación: de-construyendo raza, clase y género en Chicago y Sao Paulo durante la primera mitad del siglo XX, por Cristián Castro.
El día viernes 23 fue el turno para Diego Valdivieso y Camila Peralta, los dos investigadores de ICSO más Claudio Fuentes en el panel:”Política y Conflictos locales en comunas Mapuches”. Junto a Felipe Agüero de la Fundación Ford y Claudio Espinoza de la UAHC, se analizaron los casos en que la política y los conflictos etno-ambientales chocan con el desarrollo de una región que cuenta con una población indígena importante y de cómo las autoridades han resuelto estos conflictos con aquellas comunidades.
En el marco del Doctorado en Ciencia Política otorgado por la Universidad Diego Portales se celebró la primera Cátedra Norbert Lechner 2014 con la participación del politólogo George Tsebelis, académico de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.
El autor de la obra, Veto Players: How Institutions Work (2002) expresó su agrado por ser el primer invitado a la Cátedra durante el año 2014, además de transmitir su gratitud de estar por primera vez en Chile.
La exposición realizada en la Biblioteca Nicanor Parra, contó con la presentación de Tsebelis quien expuso un discurso titulado “A long Constitution is a (Positively) Bad Constitution: Evidence from OECD Countries”, en el que explicó cómo puede afectar la longevidad de una constitución a la modificación de ésta, en un análisis centrado en países de la OCDE con especial énfasis en Estados Unidos.
Revisa el video completo con la ponencia de George Tsebelis:
La Escuela de Ciencia Política UDP inaugura las postulaciones para el nuevo Doctorado en Ciencia Política, que comienza sus clases en agosto de 2014. Dicho programa, busca formar académicos que analicen, de forma rigurosa, objetiva y plural, los sistemas políticos e instituciones comparadas, la política chilena y la economía política.
De corte netamente académico, tiene un carácter presencial y de jornada completa. Se trata de un doctorado de 8 semestres de duración, que contempla 3 semestres de asignaturas y 5 semestres dedicados a la tesis, los 2 exámenes de calificación y la docencia de pregrado, lo que totaliza 256 créditos.
Este programa contempla la posibilidad de que sus estudiantes puedan cursar tanto estadías de investigación como un semestre de optativos en otras instituciones extranjeras en convenio. Además, ofrece becas completas, y destina fondos para premiar la producción de publicaciones indexadas ISI y Scielo.
Rossana Castiglioni, Directora del Programa, destaca que “el Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales posee un claustro de 16 profesores de planta y tres profesores colaboradores de universidades extranjeras capaces de cubrir una gran variedad de enfoques, métodos y tópicos”. La académica agrega que “por tratarse de un doctorado de dedicación completa, cada año la Universidad ofrece tres becas que cubren la manutención y el arancel de los estudiantes, así como dos becas adicionales de arancel”.
Entre los principales objetivos del programa, se encuentran formar académicos con capacidad para desarrollar la investigación politológica de manera autónoma y actualizada, habilitar a los estudiantes para desempeñarse como docentes universitarios y contribuir a la generación y difusión de conocimientos originales desde una pluralidad de perspectivas teóricas y metodológicas.
El Núcleo Milenio “Desafíos de la Representación” NS130008 llama a concurso para financiar trabajos de investigación conducentes a la elaboración del proyecto de tesis doctoral de los y las estudiantes del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. El objetivo de este concurso es ofrecer apoyo a aquellos/as estudiantes que deseen desarrollar un pre-diseño de tesis doctoral. Se dará preferencia a estudiantes que se encuentren finalizando el tercer semestre del programa. La fecha límite para postular es el 30 de noviembre de 2015. 
