Desde el año 2005 la Universidad Diego Portales ha realizado de manera continuada su Encuesta Nacional, incluyendo en sus cuestionarios preguntas en distintas áreas de la discusión pública nacional.
En esta oportunidad se presentó información correspondiente al módulo “Los Jóvenes y la Educación” donde se pueden observar antecedentes sobre las opiniones y la actitud que poseen los jóvenes frente al problema de la educación en Chile.
En particular se analizaron tres temas. En primer lugar, la educación como problema prioritario y la diferencia en la importancia atribuida a ella entre los jóvenes. Luego, el problema de la educación como movilizador para la participación política. En este punto la metodología fue comparar niveles de participación política entre los jóvenes (18-29 años) y aquellos de más edad. Por último se realizó una evaluación de actores, cómo son evaluados por los chilenos el movimiento estudiantil y el gobierno en el área de la educación.
Dentro de los datos expuestos, entre los años 2009 y 2015 para los chilenos los problemas más relevantes a nivel país son delincuencia, educación y salud. Mientras en 2011 la educación alcanza un 32% de las menciones, este cae a un 9% en 2015. Sin embargo, para los jóvenes entre 18 y 29 años la educación es el problema más importante y que solo en 2015 se ubica en segundo lugar.
En las afirmaciones “los colegios particular subvencionados deberían pasar a ser del Estado” y “las universidades privadas deberían pasar a ser del Estado”, las respuestas entre los jóvenes y las personas mayores de 30 años tienen proporciones similares, que superan el 50% en estar de acuerdo.
Finalmente, en cuanto a la evaluación de los actores, el gobierno ha visto una caída en la calificación que le entregan en su tarea de mejorar la educación. Hasta el año 2010 transversalmente la evaluación al gobierno tenía notas promedios sobre 4,0. En contraste a ello, desde el año 2011 y hasta 2015, las notas promedio están bajo a 4,0 indicando una evaluación peor en esta área.
Por su parte, los niveles de confianza en el movimiento estudiantil han subido entre 2014 y 2015 (los dos años en que esta pregunta fue incluida). A pesar de esto, los niveles de confianza no son altos: 24% y 30% en 2014 y 2015 respectivamente. Este aumento es mayor entre aquellos que tienen entre 18 y 29 años de edad: casi 10 puntos porcentuales.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.
A horas de que el gobierno haga público su proyecto de ley para regular la gratuidad de la educación, el nerviosismo se apodera de las distintas partes interesadas. Porque el gobierno buscó dejarlos contentos a todos, es fácil anticipar que el proyecto dejará descontento a la mayoría de los involucrados. Pero es improbable que el proyecto que el gobierno anuncie se convierta en ley y es todavía más improbable que la ley que resulte de la negociación en el Congreso vaya a ser implementada sin cambios posteriores. De ahí que el debate que ahora se comenzará a dar—en medio de marchas, slogans y dogmas—es más bien solo una oportunidad para que se transparenten las distintas visiones que existen respecto a cómo debe funcionar el sistema de educación superior.
Una forma de entender la problemática de la educación superior es pensar en el sector como un mercado en que se ofrece un bien de consumo, la educación. Es verdad que la sola mención del concepto bien de consumo tiende a polarizar el debate. Pero como el debate ya está polarizado hasta los extremos, sugiero seguir la lógica del qué le hace el agua al pescado y tratar de entender la problemática a la que se enfrenta el gobierno como un problema de asimetrías de información en un mercado imperfecto, plagado de carteles, problemas de agente principal y costos de transacción.
Todos quieren que el bien se distribuya a los que lo desean obtener. Pero los estudiantes y sus familias quieren que los precios sean lo más bajo posibles y la calidad lo más alto posible. Porque la experiencia les ha enseñado que la propiedad de la universidad tiene directa relación el precio, y porque creen que las instituciones sin fines de lucro pueden ofrecer mejor calidad al mismo precio, muchos estudiantes quisieran que toda la oferta estuviera en manos del Estado.
Observadores independientes temen que si toda la oferta está en manos del Estado—o demasiado regulada por el Estado—se formarán oligopolios de oferentes que eventualmente podrán capturar a los entes reguladores. Esos carteles, reproducirán el poder excesivo e injustificado que hoy tiene el CRUCH y, al evitar el ingreso de nuevos competidores, terminarán dañando la calidad de la educación.
Los oferentes actuales quieren defender sus propios intereses. Las instituciones que lucran quieren poner el foco en la calidad del producto o, en el caso de las instituciones que ofrecen mala calidad, en la libertad para escoger que tienen las personas a quienes más les cuesta identificar una educación de mala calidad
El gobierno debe optar por regular un mercado con múltiples oferentes o hacer que el único oferente de educación superior gratuita sean instituciones del fisco. Pero ahí el gobierno enfrenta el problema que hay universidades de interés públicos—como la Federico Santa María, UdeC, UAustral o PUC—que son privadas. Luego, si se amplía la gratuidad a esas universidades, otras privadas más nuevas que también son de interés público, como la UDP, Alberto Hurtado o Silva Henríquez, exigirán entrar.
El gobierno también podría querer optar por subsidiar la demanda—dar becas para que los alumnos elijan la universidad donde educarse—y regular de forma indirecta la oferta—a través aranceles escalonados a las que las universidades accederán si cumplen ciertos requisitos de investigación o vinculación con el medio.
Distintas personas razonables tienen posiciones diferentes sobre qué es más conveniente. Pero lamentablemente resulta imposible iniciar un diálogo y negociación mientras el gobierno y muchos de los involucrados insisten en querer entender el problema sin usar el concepto de mercado y bien de consumo. Porque la discusión se da en términos dogmáticos y en frases panfletarias, resulta difícil entender las distintas posiciones de los actores involucrados.
Tal vez sería razonable honrar el pragmatismo del ex Presidente Piñera y, aunque duela la guata hablar en esos términos, comenzar a abordar el problema del acceso a la educación superior de calidad a costo cero para los estudiantes y al menor costo posible para el Estado—y los contribuyentes—de la misma forma como se discute el acceso a bienes de consumo como el alcohol, la leche o el pan. Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.
Concordemos en que la educación no es un bien de consumo, pero para encontrar una forma de garantizar el acceso universal gratuito a todos, intentemos entender el problema como si lo fuera para así buscar una solución que combine la fortaleza de los mercados y la necesaria capacidad regulatoria (e incluso proveedora) del Estado.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como pasajeros a la espera de un bus del Transantiago que nunca se sabe cuándo llegará, los estudiantes no saben si podrán acceder a la gratuidad porque no ha sido definido cuál será la línea de corte y porque no está claro qué instituciones podrán acceder al beneficio.
La forma en que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha intentado materializar su promesa de gratuidad en la educación superior se parece al juego de la ruleta rusa. Con cada traspié en el diseño del nuevo sistema varía el universo de los estudiantes que podrán estudiar sin tener que endeudarse ni depender de becas indexadas a un arancel de referencia. La improvisación con que el gobierno está diseñando la política pública más simbólica de su cuatrienio permite anticipar que cuando comience la implementación de la gratuidad a partir de marzo de 2016, los obstáculos que siempre son mayores que en la etapa de diseño, harán que la promesa de gratuidad se convierta en un Transantiago de proporciones nacionales y mucho mayores que la desastrosa puesta en marcha del sistema de transportes en la Región Metropolitana en 2007. Después de todo, a diferencia del Transantiago, la promesa de gratuidad involucra al sueño más preciado en la sociedad chilena, la movilidad social.
Nadie pone en duda que ha reinado la improvisación en el diseño del plan para materializar la promesa de gratuidad en la educación superior. Después de un cambio de ministro en educación, el gobierno apostó por introducir la gratuidad en forma de glosa presupuestaria antes que enviar una ley que creara reglas claras para decidir quiénes se beneficiarían y cuáles serían los requisitos. Pero ya que el Tribunal Constitucional objetó el mecanismo que el gobierno introdujo en la ley de presupuesto, La Moneda ahora debe improvisar nuevas reglas para hacer que la gratuidad se convierta en realidad parcial a partir de enero de 2016 (en dos semanas más), cuando se inicie el proceso de postulaciones una vez que se conozcan los resultados de la PSU.
Tan mal se han hecho las cosas, que el senador oficialista Ignacio Walker reconoce que en el gobierno “sigue habiendo mucha improvisación y desprolijidad”. Las discrepancias al interior del oficialismo son cantinflescas. Mientras el gobierno considera la idea de asociar el acceso a la gratuidad a los años de acreditación de las universidades, varios parlamentarios prefieren empezar por las universidades estatales o las del CRUCH (clasificaciones que no agrupan a la misma cantidad de instituciones). La prensa ha reportado, por filtraciones de funcionarios de gobierno, que la propia Presidenta Bachelet se molestó cuando supo que en el más reciente plan de Hacienda quedaban fuera algunas universidades estatales. La molestia de Bachelet evidencia tanto lo desconectada que está la Presidenta con las decisiones clave que toman sus ministros como la poca claridad que tienen sus ministros para saber las prioridades de su jefa. Basta con haber seguido por la prensa la discusión sobre la gratuidad para adivinar que la Presidenta Bachelet prefiere otorgar prioridad a las universidades estatales que a los alumnos de los sectores más vulnerables.
En buena medida, los conflictos al interior de la coalición oficialista responden a que la gratuidad significa cosas radicalmente distintas para distintas posturas ideológicas. Para algunos, la gratuidad se debe centrar en los alumnos más vulnerables. Para otros, la gratuidad debe primero evitar beneficiar a universidades que lucren. Los dos principios no son perfectamente compatibles. Muchos alumnos vulnerables estudian en instituciones de educación superior que lucran. Por eso, mientras el gobierno no especifique cuál es el objetivo primordial de la gratuidad, la confusión seguirá reinando. Es cierto que se puede inferir cuál es la prioridad de Bachelet, pero también es evidente que sus prioridades no son las mismas que las de su ministro del Interior o del titular de Hacienda.
Desafortunadamente, mientras reina la confusión en el gobierno sobre cuál es el objetivo de la gratuidad (alumnos vulnerables o instituciones), hay decenas de miles de alumnos afectados por la incertidumbre. Como pasajeros a la espera de un bus del Transantiago que nunca se sabe cuándo llegará, los estudiantes no saben si podrán acceder a la gratuidad porque no ha sido definido cuál será la línea de corte y porque no está claro qué instituciones podrán acceder al beneficio.
Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, la forma en que se implementará la paridad afectará directamente a los presupuestos de las instituciones educacionales beneficiadas y excluidas. La capacidad de esas instituciones de ofrecer educación de similar calidad (buena o mala) a la que actualmente ofrecen depende de los recursos con los que cuenten en 2016. Como para demostrar que cuando la regulación es inadecuada, el Estado hace más daño que el causado por las asimetrías de mercados imperfectos, el gobierno decidió convertir la promesa de gratuidad en una ruleta rusa en la que hoy están participando decenas de miles de estudiantes que no saben cuál será su destino cuando les toque apretar el gatillo del financiamiento de su educación superior.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El notable libro de Jocelyn-Holt es mucho más que una narrativa de la toma de su facultad en 2009. Es un texto que utiliza la toma para adentrarse en el debate sobre las herramientas y tácticas que se están utilizando en la disputa por definir el marco institucional que tendrá en el país en las próximas décadas.
En La escuela tomada (Taurus, 2015), el historiador Alfredo Jocelyn-Holt analiza la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 2009 y sus secuelas, hasta la reciente elección de un nuevo decano en 2015. Además, Jocelyn-Holt utiliza esa toma como una oportunidad, si no un presagio, para analizar la estrategia de lucha ideológica que se popularizaría en el movimiento estudiantil de 2011 y que, Jocelyn-Holt, resume en que “el complot y el pugilismo —el poder y la fuerza como último ratio— son la manera como las distintas facciones en pugna han querido hacer de la Escuela lo que es y sigue siendo, una Escuela Tomada, no una Universidad”. Presumo que la reflexión de Jocelyn-Holt aplica también, especialmente ahora que se discute la materialización de la ambiciosa promesa de gratuidad en medio de movilizaciones estudiantiles, al sistema universitario chileno en su conjunto.
La trama de La escuela tomada funciona en dos niveles. Primero está la disputa de poder en la Facultad de Derecho de la Chile. Esa disputa se parece a un reality show. Hay cosas en juego, pero la virulencia de ambos bandos, el uso de resquicios legales para avanzar agendas personales y las repetidas violaciones alfair play demuestran que la gente a veces abandona todos los valores éticos para lograr objetivos de cuestionable valor, como en los reality shows.
Usando una idea atribuida a muchos autores, el politólogo Wallace Sayre acuñó la idea de que en cualquier disputa, la intensidad de los sentimientos involucrados es inversamente proporcional a la importancia de lo que está en juego.
La historia de esta toma es como un reality show. Los realities de televisión son tan exitosos precisamente por la simpleza de la trama. Es cosa de juntar a un grupo de personas a vivir en un mismo lugar para que surjan la intriga, los rumores, los juegos de poder y las traiciones. Mientras más simple la problemática, más sangrientas serán las peleas. Si en pueblo chico, infierno grande, en pueblo chico con pocos problemas reales, el infierno se intensifica en varios niveles en la escala de Dante.
Los detalles de la toma de la Facultad de Derecho de la Chile no se merecen la atención de una extraordinaria pluma como la de Jocelyn-Holt. Es verdad que Borges podría resumir a la perfección la trama de un reality, o García Márquez regalarnos descripciones memorables de lo que pasa en un encierro televisivo. Pero la nula profundidad y poca complejidad de los personajes haría a muchos pensar que se están perdiendo plumas notables en una narrativa cuyos personajes no dan el ancho. Lo mismo ocurre con la gran pluma y erudición de Jocelyn-Holt. Al leer el texto, uno queda con la impresión de que la toma aquella no da para tanta cuidadosa investigación.
Pero el libro de Jocelyn-Holt presenta también un nivel distinto de análisis. Ahí radica su genialidad y su gran contribución, porque, reitero, con el debido respeto, me parece más interesante un reality de la televisión que uno sobre la Facultad de Derecho de la Chile, por más bien narrado que esté. Para Jocelyn-Holt, lo que pasó en su facultad es una metáfora de lo que está pasando en el país. Aquellos que critican la institucionalizada vigente por su origen ilegítimo están impulsando cambios con métodos igualmente ilegítimos y viciados. Es verdad que los que impulsan cambios refundacionales no tienen tanques frente a La Moneda ni aviones bombardeando el palacio de gobierno (apenas tienen una retroexcavadora que se empantana cada semana). Pero el uso de estrategias por fuera de las reglas del juego para avanzar los ideales constituye, desde la visión de Jocelyn-Holt, una práctica igualmente inválida.
Esta reflexión nos lleva al debate constitucional. La constitución de 1980 es ilegítima en su origen. Pero la forma en que se produjo la transición a la democracia la legitimó en su ejercicio. Sucesivos gobiernos de la Concertación aceptaron las reglas e intentaron cambiarlas —logrando notables avances— dentro de los marcos que permitía la propia constitución de Pinochet. Reclamar ahora por el origen es como adoptar a un niño nacido de una violación y, 35 años después, cuestionar su legitimidad de origen. Es cierto que las generaciones actuales no participaron de la transición, pero, en todas las democracias, las nuevas generaciones heredan acuerdos zanjados por generaciones anteriores. Para producir cambios, o aceptas las reglas del juego o produces un quiebre. Pero cuando produces un quiebre, gana el que tiene más fuerza (ahí los tanques valen más que las retroexcavadoras).
El notable libro de Jocelyn-Holt es mucho más que una narrativa de la toma de su facultad en 2009. Es un texto que utiliza la toma para adentrarse en el debate sobre las herramientas y tácticas que se están utilizando en la disputa por definir el marco institucional que tendrá en el país en las próximas décadas.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Existían altas expectativas respecto la cuenta publica. Los empresarios esperaban anuncios asociados a la re activación de la economía y la reforma laboral. Los partidarios del gobierno insinuaban la necesidad de especificar la hoja de ruta constitucional. La oposición insistía en temas de interés ciudadano, como la delincuencia y el empleo.
El libreto por cada actor estaba pre- definido por lo que la rutina del 21 y siguió el esquema tradicional: la presidenta apegada a un libreto donde rindió cuentas y entregas algunos anuncios relevantes en materias sociales. En tanto la oposición le criticó la falta de anuncios en materia de seguridad pública, empleo y recativación de la economía., mientras la izquierda le criticó la falta de concreción,en lo referido al ya mencionado proceso constituyente. Y como telón de fondo, se repitieron las protestas fueras del Congreso, haciéndonos preguntar porque las autoridades encargadas de la seguridad publica, no anticipan aquellos eventos y desarrollan un plan algo mas pro activo para evitar este tipo de vandalismo.
Otro 21 de mayo con un libreto pre-establecido. Analicemos brevemente lo dicho, de acuerdo a un informe de la ONG Ciudadano Inteligente, los principales discursos abordados en el discurso de la Presidenta Michele Bcahelet fueron educación (10%), democracia(8%), reconstrucción(6%), salud(6%), vivienda(4%), economía(4%). En comparación con el gobierno de Piñera en su segundo año, la Presidenta Bachelet habló más de economía, de fortalecimiento de instituciones democráticas y de educación. Esperables prioridades dado el contexto.
Entre los anuncios más emblemáticos se descantan, el fin de los contratos a honorarios de la administración central, la gratuidad completa para el 60% de los sectores más vulnerables que accedan a formación técnica y a Universidades del Consejo de Rectores , la eliminación del pago del 5% de cotización de salud para pensionados mayores de 65 años, la creación de un canal de televisión cultural y gratuito y una reforma para igualar las diferencias territoriales para el pago de electricidad en todos los hogares del país. Claramente el énfasis estuvo en dar a conocer propuestas concretas en materias social y que afectaran a las grandes mayorías. La presidenta no quiso insistir en el mea culpa institucional (ya lo había realizado en otras ocasiones en las ultimas semanas). Tampoco dio luces de la ruta constitucional, seguramente esperanzada en el paso del tiempo vaya fraguando un acuerdo político en este importante tema. Lo que hizo este 21 de mayo fue esquivar la discusión de boletas y facturas , abriendo una ventana para recordarnos que las políticas publicas han seguido funcionando. Por suerte este discurso, no tuvo la intención de inaugurar un nuevo momento, tampoco tuvo al intención de ser un punto de quiebre de la gestión gubernamental. Nada de eso. Se trató de un discurso plagado de datos y hechos, con una frase final donde se nos invita a creer en un contexto donde la credibilidad practicante se ha perdido.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Después de la cuenta pública del 21 de Mayo, el director de la Escuela de Ciencia Política, Claudio Fuentes, converso con El mercurio de Valparaíso, destacando el discurso de la presidenta sus anomalías y que fue lo que más se repitió. Fuentes destaca que” ella no podía decir mucho el tema constitucional, pues hay una división en la Nueva Mayoría”. El analista UDP, sostiene que la rpesidneta pudo haber destacado el tema de crecimeinto, para hacerle un guiño a los empresarios. Destaca que fue repetitivo el discurso respecto a educación, democracia, economía y salud.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En una entrevista con Radio ADN Chile, el analista político de la Universidad Diego Portales y ex integrante de la comisión Engel, Claudio Fuentes, hizo un análisis del discurso de Michele Bachelet del 21 de Mayo. Fuentes recalcó que ” le faltó énfasis en el tema de la crisis política”, respecto a los temas a discusión como la nueva constitución y la posibilidad de no usar el método de la asamblea constituyente, a diferencia de los destacados del discurso como: educación, desarrollo, constitución, crecimiento, economía, entre otros. Además el analista destaca la ausencia en los temas de salud, pensiones y la crisis de los pueblos originarios en el país en el discurso de la presidenta.
El Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Escuela de Sociología UDP, en conjunto con la Facultad de Educación, convocaron al Segundo Coloquio en Métodos del 2015, donde expuso James Spinalle, profesor de la Escuela de Educación y Políticas Sociales de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. Spinalle, se refirió sobre las nuevas metodologías y técnicas de la educación a nivel global, ademas de temas respecto a las nuevas políticas educativas y la implementación de estas en las escuelas. El profesor norteamericano, toco temas respecto a la educación a nivel latinoamericano, y como ve a Chile en unos años respecto a su nuevo liderazgo organizacional y la nueva conceptualización que quieren implementar en su la educación.
“Si hay una crítica que los centros de estudio (de derecha) deben hacer es, ni más ni menos, por qué siendo tantos y con cientos de investigadores, las ideas que profesan han retrocedido tan fuertemente en la sociedad”. Con estas palabras el senador Andrés Allamand cerraba una nota periodística acerca del severo problema en el que se encuentra la oposición, no sin antes recordar que hace cuatro años “el concepto de soluciones privadas a los problemas públicos se encontraba muy vigente”.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que los movimientos sociales lograron desplazar los límites de lo pensable, a lo que se sumó una actitud distinta de los partidos de la centroizquierda frente a exigencias de la sociedad que antes, simplemente, no eran vistas: la derrota electoral de 2010 produjo un efecto de liberación en los partidos, lo que permitió ver y discernir desde otro lugar. Puede entonces entenderse el apego del nuevo gobierno al programa, que no se explica por cultos ni por dogmas: simplemente por la función de brújula que este desempeña en un mundo en ebullición, en un año (o dos) que serán los más ideológicos desde 1990.
Para aquilatar la magnitud de los cambios, casi se podría decir que en educación (especialmente en educación superior) los términos de las respuestas que dominaron por 35 años se invirtieron —soluciones públicas a problemas públicos—, lo que plantea la pregunta del lugar que social y culturalmente las soluciones privadas pueden ocupar. El ministro Eyzaguirre estableció una línea divisoria entre universidades públicas y privadas, sin explicar ni justificar enteramente los términos del problema. Es cierto que existe una diferencia entre universidades públicas y privadas, pero ¿en qué consiste? Para responder, es importante distinguir entre universidades públicas estatales, universidades privadas con vocación pública y universidades privadas que se proponen satisfacer intereses particulares.
Las universidades estatales son aquellas en donde el Estado es propietario, y en donde se presume que su misión y rol es público, es decir, que se orienta por consideraciones que no se limitan a los intereses de unos pocos grupos o individuos, sino de todos. Si el ministro Eyzaguirre pudo hablar, con razón, de un trato preferente a estas universidades, no es porque, por razones de agencia y en virtud de la propiedad estatal, ellas se alineen mecánicamente con el interés general (es concederle demasiado significado y poder a la propiedad estatal). La razón es otra: es porque hay algo específico e irrepetible en las universidades estatales, una función de espejo de la sociedad chilena, y un afán por encarnar a Chile en toda su diversidad. Si es así, entonces es verdad que actúan en desventaja frente al resto de las universidades que no se encuentran sujetas a las restricciones paralizantes de la Contraloría, ni a las deudas deliberadas que fueron generadas por un proyecto neoliberal enemigo de lo público.
En cuanto a las universidades privadas, es esencial distinguir entre las con vocación pública sin fines de lucro y las que satisfacen intereses particulares y, además, lucran. Esta distinción es crucial, puesto que alguna razón habrá para que la U. de Concepción sea entendida por moros y cristianos como pública, en circunstancias en que es privada. Pues bien, estas universidades cumplen un rol público, algunas de ellas reproduciendo la heterogeneidad de Chile y otras promoviendo una visión del país a partir de cultos religiosos, en ambos casos de modo legítimo. Lo ilegítimo es satisfacer intereses particulares en la más completa indiferencia por lo público con fondos… públicos. En tal sentido, cabe discernir entre proyectos universitarios privados que se benefician con fondos públicos (basales o no) porque su misión es pública (de la UDEC a la UDP, pasando por la U. Alberto Hurtado), de otros (como los que son encarnados por las casas de estudio del grupo Laureate, muy especialmente la U. de Las Américas) en donde la probabilidad de que estén lucrando es altísima.
El próximo jueves 2 de junio, en el marco de la Segunda Cátedra Norbert Lechner 2011, el sociólogo estadounidense Steve Fuller – Profesor Auguste Comte de Epistemología Social en la Universidad de Warwick, Inglaterra- dictará su conferencia “The Genealogy of Neo-Liberalism: From Pareto to Pinochet”. Dicha cátedra, presentada con traducción simultánea, se realizará a las 12:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia.
Steve Fuller es un reconocido sociólogo y filósofo norteamericano, especializado en el campo de los estudios de ciencia y tecnología. Fundador de la Social epistemology (Epistemología social)– programa interdisciplinario que estudia todo lo relacionado con la producción, desempeño y validación de conocimiento en el mundo contemporáneo- en 1987 creó una revista internacional dedicada a dicho tópico, Social epistemology, mismo título de su primer libro, publicado por Indiana University Press en 1988.
A lo largo de su carrera, sus temas de trabajo han sido muy variados, aunque siempre vinculados a la Epistemología social: por ejemplo, la universidad como productora de conocimiento, la libertad académica, el rol del académico como intelectual público, la importancia de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, los desafíos interdisciplinarios en las ciencias naturales y sociales, las consecuencias políticas de la nueva biología, la relación entre ciencia y religión y el transhumanismo. Además, propone un constante cuestionamiento de los paradigmas, y el principio de nunca entender algo cómo absoluto.
En la última década, y como consecuencia práctica de su programa Social epistemology, Fuller ha hecho énfasis en la responsabilidad de los académicos de compartir sus conocimientos, utilizando los medios de comunicación. El currículo de Fuller es en sí mismo un ejemplo de este postulado, con una amplia gama de publicaciones, entrevistas y conferencias en varias partes del mundo.
En uno de sus principales postulados, señala que la universidad no es el único productor de conocimiento, por lo que corre el riesgo de perder su poder en manos de intelectuales, think-tanks y periodistas. En uno de sus últimos libros, The Sociology of Intellectual Life (Sage, 2009), Fuller desarrolla una teoría social del conocimiento para el siglo XXI y ahonda en los desafíos de la producción de conocimiento para académicos en el tiempo de hoy.
Estudioso y crítico de la Teoría de Darwin, entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro Dissent Over Descent: Intelligent Design’s Challenge to Darwinism (2009), que ahonda en la polémica en torno a la teoría del “Diseño Inteligente” y sus implicancias científicas, sociales y religiosas.
Este año se publicará su último libro Humanity 2.0: The Past, Present and Future of What It Means to Be Human (Palgrave, 2011).
