ICSOH UDP

Tag Archive: El Líbero

1. No le gusta que la pauteen

   Octubre 20, 2015 11:16 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Una explicación recurrente que dan los legisladores chilenos para explicar las controversiales decisiones presidenciales es que la Presidenta Michelle Bachelet reacciona visceralmente cuando sus aliados o adversarios intentan influir en sus decisiones. Aduciendo que a Bachelet “no le gusta ser pauteada”, varios legisladores han tratado de justificar decisiones irreflexivas de la Mandataria. Pero esas justificaciones al actuar de la Presidenta solo confirman que los problemas de este gobierno radican en desconocer que el arte de la política consiste en construir consensos que dejen a los interlocutores satisfechos a la vez que el gobierno logra avanzar su agenda. El incidente más reciente ha sido la nominación de Jorge Abbott como fiscal nacional. Justo cuando el Senado parecía haber llegado a consenso en torno a José Morales, Bachelet optó por nombrar a un candidato simplemente porque no quería ser pauteada por el Senado.

   La política consiste en avanzar sumando apoyos para construir consensos amplios. Un buen político en el poder es aquel que, conociendo las prioridades y objetivos de sus adversarios y aliados, logra alinearlas de tal forma que, en su esfuerzo por defender sus intereses, esos aliados y adversarios terminen empujando la agenda del gobierno. Si bien muchas decisiones sobre gasto fiscal o reformas legislativas suponen transacciones de suma cero en el corto plazo (lo que ganas tú lo pierdo yo), siempre hay espacio para acuerdos que resulten en el beneficio mutuo de ambos bandos en el mediano y largo plazo. De hecho, cuando se construyen amplias mayorías a favor de determinadas reformas, aunque la reforma no sea el ideal de cada interesado, el promulgar mejoras significa que todos pueden llevar agua a sus molinos ideológicos y programáticos.

   Después de haber ganado con la mayoría más amplia conseguida desde el retorno de la democracia, la Nueva Mayoría creyó que podía gobernar con la aplanadora. Al poco andar, aparecieron conflictos al interior del propio oficialismo que dejaron en claro que ya no había mayoría legislativa para una agenda refundacional. El amplio apoyo electoral que tuvo Bachelet a fines de 2013 se diluyó ante la sospecha de que el gobierno no tenía una hoja de ruta para avanzar hacia sus objetivos sin poner en riesgo el crecimiento económico. Los vientos internacionales se tornaron desfavorables y la seguidilla de errores no forzados del gobierno —junto a los escándalos Caval y SQM— terminaron por hacer de la Nueva Mayoría el gobierno con mayor rechazo en los 25 años de democracia post Pinochet.

   La difícil situación obligó a Bachelet a un cambio de gabinete y a adoptar el realismo sin renuncia. Pero ya que ese ajuste fue producto de las circunstancias y no de su convicción, el realismo sin renuncia pronto fue relativizado. Apenas pudo, la Presidenta repuso algunos de los elementos más radicales de su agenda.    Ahora bien, como sabe que no tiene suficiente apoyo para impulsar las reformas más radicales, Bachelet ha optado por quedar bien con Dios y con el diablo. En su anuncio de proceso constituyente, Bachelet no descartó la Asamblea Constituyente, pero también reconoció explícitamente que cualquier proceso requerirá del voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras. Por eso mismo, el camino hacia la nueva constitución todavía puede tomar cualquier rumbo. El anuncio de Bachelet simplemente amplió el plazo de la incertidumbre sobre cuál será la salida definitiva al debate constitucional hasta después de 2017.

   En su decisión de nombrar a Jorge Abbott como fiscal nacional, Bachelet nuevamente demostró no tener un norte claro ni una hoja de ruta para llegar a su objetivo. Si lo hubiera nombrado porque compartía la visión de Abbott sobre cómo fortalecer y desarrollar el Ministerio Público, la decisión presidencial podría ser polémica, pero tendría una justificación política. En cambio, Bachelet decidió nombrar a Abbott porque se enojó cuando el Senado presionó para que el nominado fuera José Morales. Desconociendo que la constitución requiere la mayoría de los 2/3 para asegurarse que el fiscal sea nominado por un amplio consenso, Bachelet se taimó y no quiso dialogar con el Senado para consensuar un nombre y cumplir así el mandato constitucional.

   Aunque esté capacitado para ser fiscal nacional, el principal mérito de Abbott ahora es no ser Morales. Si el Senado confirma el nombramiento, el nuevo fiscal deberá agradecerle su puesto a una lógica infantil y carente de visión política. Si a la Presidenta le dicen que vaya por la izquierda, como no le gusta que la pauteen, Bachelet enfila por la derecha.

   Cuando el país necesita que las decisiones del gobierno se tomen a partir de una visión política clara y con una hoja de ruta bien pensada, La Moneda responde con decisiones que se explican solo por el capricho de una Presidenta que toma decisiones intempestivas porque no le gusta ser pauteada.

   Ver columna en El Líbero

2. Arreglar las coaliciones más que los partidos

   Octubre 13, 2015 5:08 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   La discusión sobre la necesidad de que los partidos reinscriban a sus militantes parte de la sospecha de que los padrones de los partidos tradicionales están inflados y que, para hacerse merecedores de financiamiento público, deberán comenzar su proceso de legalización desde cero. La propuesta, que emana de la Comisión Engel, desconoce un elemento básico de economía política de cualquier reforma. Es muy difícil quitarle a alguien lo que considera un derecho adquirido. Para lograr el objetivo, hay que introducir incentivos selectivos que hagan que los propios partidos vean más ventajas en sumarse al nuevo sistema que en mantener el viejo orden.

   En vez de amenazar a los partidos, hubiera bastado con establecer que los partidos que pasen por el proceso de reinscripción recibirán dos veces el dinero que los partidos que opten por mantenerse en el viejo sistema. Al iniciar una confrontación con todos los partidos, la Comisión Engel (y el gobierno, si apoya la postura de la comisión) logra que todos los partidos se unan, comportándose como cartel. Lo obvio hubiera sido introducir incentivos que los dividan. Si el comportamiento de los partidos es parecido al de un cartel, corresponde introducir incentivos para hacer que se quiebre el cartel.

   Lamentablemente, el foco que se ha puesto en la forma en que se estructuran los partidos parece ignorar que los actores clave en la evolución democrática reciente de Chile han sido las coaliciones. Desde el plebiscito de 1988, las dos grandes coaliciones —Concertación/Nueva Mayoría y Alianza (con todos los nombres que ha tenido)— han dotado al país de bancadas relativamente disciplinadas en el Congreso y bases de apoyo lo suficientemente amplias que han permitido que Presidentes que provienen de partidos minoritarios logren apoyos amplios para gobernar de forma eficiente y efectiva.

   Chile es hoy lo que es no solo por sus partidos, sino porque han existido coaliciones que han dado gobernabilidad. La reforma debiera buscar fortalecer las coaliciones y hacerlas más transparentes, introduciendo rendición de cuentas y asociando el financiamiento estatal a que las coaliciones se mantengan unidas. Lo último que necesitamos como país es que las coaliciones se quiebren y que caigamos en un sistema donde nadie pueda constituir mayorías permanentes en el Congreso. Cuando los sistemas políticos se fragmentan, los presidentes se ven obligados a salir a comprar votos para avanzar sus agendas legislativas en un Congreso compuesto por bancadas pequeñas y legisladores tránsfugas.

   Por otro lado, la idea de que la caída en la confianza se puede revertir fortaleciendo a los partidos y mejorando su rendición de cuentas no tiene sustento empírico. La caída en la confianza en las instituciones es un fenómeno internacional. En ningún país del mundo hay una tendencia a que los partidos se vayan fortaleciendo. A lo más, algunos logran evitar que la caída sea demasiado brusca. Luego, tal como ocurre con el envejecimiento, la clave no está en revertir la tendencia, sino que en hacerse cargo de la nueva realidad.

   Difícilmente volveremos a tener partidos que conciten al apoyo mayoritario de los chilenos. De hecho, hay poca evidencia de que los partidos tuvieran niveles de identificación más altos que los de hoy en el Chile pre 1965, antes de que empezara la alta polarización. Y si la identificación partidista aumenta solo cuando hay alta polarización política, entonces la baja identificación partidista de hoy es una buena señal, no algo para alarmarse.

   Los partidos son esenciales en la democracia. En la ausencia de partidos, emergen liderazgos personalistas y organizaciones políticas de corta vida. Si se les exige demasiado a los partidos, los caciques tendrán incentivos para hacerse independientes. Si, por el contrario, se facilita la consolidación de los partidos existentes —con barreras de entrada razonables para nuevas organizaciones— y se introducen incentivos positivos para que los partidos consoliden las coaliciones y eviten caminos propios, la institucionalidad política logrará adaptarse a la nueva realidad de partidos políticos con poca identificación popular que vean que su mejor interés está en mantenerse como parte de las grandes coaliciones.

   Chile no necesita intentar volver a un pasado mítico en que los partidos supuestamente tenían profundas raigambres sociales. Más bien, necesitamos hacernos cargo de la nueva realidad y diseñar instituciones que, sin ignorar las dinámicas de representación política que ya se dan en Chile, fortalezcan a las coaliciones que crecientemente cumplen un rol tanto o más importante que el de los partidos políticos.

   Ver columna en El Líbero

3. Lo hemos hecho mal, lo seguiremos haciendo mal

   Septiembre 10, 2015 12:28 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Cuando Nicolás Eyzaguirre, un ministro de Estado que lideró una de las reformas más importantes impulsadas por el gobierno de Bachelet, dice que “la gestión del gobierno no ha sido buena, los problemas que tenemos en salud y seguridad ciudadana son inaceptables”, bastaría replicar que a confesión de partes, relevo de pruebas. Pero, a diferencia de un caso legal, cuando la admisión de culpabilidad basta para terminar la discusión, cuando se trata del gobierno que dirige el destino del país, la admisión de culpa no basta. A menos que el gobierno complemente el reconocimiento de su ineptitud con un plan convincente que muestre que comenzará a hacer bien su trabajo, el mea culpa es insuficiente. Sin una hoja de ruta que muestre cómo el gobierno pretende sacar al país del hoyo en el que lo metió, las palabras del titular de la Secretaria General de la Presidencia serán solo una frase anecdótica más en boca del locuaz e irreflexivo ministro.

   En una entrevista a El Mercurio, el ministro Eyzaguirre cándidamente reconoció que el gobierno no ha hecho bien la pega. Refiriéndose a la gratuidad universitaria —promesa que Bachelet comprometió para iniciarse en 2016—, Eyzaguirre (que hasta hace poco era el ministro de Educación) reconoció que “lo obvio e ideal habría sido definir el marco regulatorio de las instituciones de educación superior y después avanzar en la gratuidad”. Ante el revuelo que causó que uno de los ministros más importantes del gobierno haya reconocido que la gestión del gobierno del que forma parte no ha sido buena, esta declaración sobre el camino errado que ha tomado La Moneda en su intento por avanzar hacia la gratuidad en educación pasó desapercibida. Otras declaraciones igualmente cándidas en la entrevista también fueron eclipsadas por el franco reconocimiento de que este gobierno ha hecho las cosas mal.

   Ya que el vocero del gobierno salió a defender al ministro, legitimando la autocrítica, podemos suponer que la voz de Eyzaguirre es la voz del gobierno. Si bien la Presidenta Bachelet ha sido menos severa con su gobierno —argumentando que corresponde asumir un realismo sin renuncia ante el ambicioso programa de reformas que la llevó al poder—, el hecho de que Bachelet no le haya pedido inmediatamente la renuncia a su ministro debiera despejar cualquier duda sobre la mala evaluación que hace el gobierno de su propia gestión.

   Por cierto, todos cometemos errores. Por distintas razones, podemos tomar senderos equivocados en la vida. Si bien las malas decisiones implican costos, uno no tiene por qué resignarse a pagar permanentemente los costos de las malas decisiones si existen oportunidades de enmendar los errores. Un gobierno que ha hecho las cosas mal puede cambiar de rumbo y comenzar a hacer las cosas bien. Cuando el gobierno reconoce que ha ido por mal camino, lo obvio es demostrar consecuencia con ese reconocimiento y hacer lo posible para tomar un buen camino.

   Al referirse a la reforma que establece la gratuidad en la educación, Eyzaguirre reconoce que antes de iniciar la gratuidad, hay que definir el marco regulatorio de las instituciones de educación superior. Pues bien, lo razonable sería, entonces, que el gobierno ponga freno al inicio de la gratuidad y se aboque a negociar un nuevo marco regulatorio en la educación superior.

   Cuando uno se da cuenta de que ha tomado un mal camino, insistir en avanzar por ese mal camino es lisa y llanamente necio. Lo que hace la gente razonable cuando se da cuenta que ha tomado una ruta equivocada es cambiar de dirección para tomar la ruta correcta. Pero si alguien reconoce que tomó la ruta equivocada, no tiene sentido que insista en avanzar por esa ruta que no lleva al destino deseado.

   La entrevista de Eyzaguirre ha golpeado tan fuerte porque constituye un reconocimiento explícito de que el gobierno ha hecho las cosas mal. Como La Moneda salió a respaldarlo, el mea culpa de Eyzaguirre puede ser extendido al gobierno en pleno, incluida la Presidenta de la República. Pero esta entrevista hará historia no por el reconocimiento de que La Moneda ha hecho mal su trabajo. Lo impresionante de esta entrevista es que, reconociendo que avanza en la dirección equivocada, el gobierno obstinadamente decide seguir no cambiar de dirección.

   El cándido ministro nos ha regalado antes metáforas memorables. Al explicar la lógica detrás de la reforma educacional que impulsó en 2014, Eyzaguirre comparó a alumnos de escuelas municipales y colegios particulares subvencionados con niños que compiten sin y con patines, respectivamente. La intención del gobierno, dijo Eyzaguirre, es quitarle los patines a unos para que todos puedan competir en igualdad de condiciones. En vez de dar patines a todos, el ministro quería nivelar para abajo. En su entrevista de este fin de semana, las reflexiones de Eyzaguirre se pueden resumir en la siguiente frase: Hemos hecho las cosas mal, pero como no vamos a cambiar de rumbo, las seguiremos haciendo mal.

   Ver columna en El Líbero

4. Una visión ciudadana

   Septiembre 1, 2015 11:22 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   La loable preocupación del gobierno por diseñar políticas públicas cercanas a la gente esconde una equivocada concepción de lo que significa gobernar. En una estructura compleja, cada quien debe hacer un trabajo distinto. Por eso, la obsesión por introducir componentes “ciudadanos” en labores que son esencialmente tecnocráticas y administrativas lleva a que el engranaje deje de funcionar toda vez que en lugar de que todos hagan trabajos distintos para conseguir un objetivo común, las distintas áreas del gobierno terminen haciendo todas lo mismo y el país se estanca.

   Después del Consejo de Gabinete de ayer, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés declaró que la Presidenta Bachelet los había instado a “tener un enfoque más ciudadano” y había anunciado que en el presupuesto de 2016 tendrían prioridad aquellos temas “más cercanos a la gente”. La declaración de Valdés pasó sin pena ni gloria, reflejando la poca influencia que tiene el ministro de Hacienda. A diferencia de su predecesor, que tenía una cercanía incuestionable con Bachelet, Valdés ha confirmado que su principal logro ha sido, con la salida de Arenas, evitar que desde Hacienda sigan saliendo iniciativas mal diseñadas y peor implementadas. Pero Valdés difícilmente logrará que el país retome el sendero del desarrollo y el crecimiento.

   En las palabras de Valdés se esconde el error conceptual que tiene la Presidenta Bachelet respecto a las tareas que deben tener los distintos miembros de su equipo. Preocupada de acercar el gobierno a la gente, Bachelet quiere que todos los ministros se dediquen a la misma tarea. Como es imposible distinguir una gestión en Hacienda con componente ciudadano de una gestión sin componente ciudadano, la petición de la Presidenta bien pudiera ser entendida como letra muerta. Pero la directiva de Bachelet desnuda un problema más de fondo. Bachelet parece no entender que los gobiernos funcionan como equipos en los que distintos actores tienen tareas distintas.

   Resultará fácil concordar en que la gestión de un ministro de Hacienda será bien evaluada cuando, dado las circunstancias externas, el país crezca por sobre lo que espera el mercado. Eso permitirá que haya más creación de empleos, más oportunidades y más recursos públicos para programas sociales e inversión en el futuro de Chile. Nada más ciudadano que tener un ministro de Hacienda cuyo desempeño siempre lleve a corregir las estimaciones de crecimiento y empleo al alza. Si en cambio el ministro es ampliamente conocido por su esfuerzo en reducir la desigualdad y en estar cerca de los que sufren por la pobreza, las inundaciones o la marginalidad, pero la economía se comporta por debajo de lo esperado, su desempeño no tiene nada de “ciudadano”, aunque el ministro sea cercano a la gente.

   Un buen gobierno no es aquel en que todos los ministros tienen un alto nivel de conocimiento y una buena valoración de su gestión. Un equipo de ministros exitoso es como un equipo de fútbol, algunos meten goles y otros hacen un trabajo que no siempre resulta en cercanía con la galería o en conocimiento popular. Pedir a todos los ministros que incorporen componentes ciudadanos en su desempeño es tan errado como exigir a todos los jugadores que metan goles. Para que el equipo pueda jugar bien ofensivamente, hay que tener bien cubierta la defensa y el mediocampo. Ocurre lo mismo con la preocupación por los componentes ciudadanos, para que el gobierno esté cerca de la gente, hay que cuidar las tareas defensivas de generación de condiciones para el crecimiento, buena gestión y evitar errores no forzados. Un país es mejor —y un gobierno es más cercano a la ciudadanía— cuando no hay listas de espera para atención médica en el sistema público, aunque nadie conozca el nombre del ministro de Salud, que cuando la gente se muere esperando ver a un especialista y todos conocen el nombre de una ministra que declaró que en las clínicas del barrio alto se hacen abortos clandestinos.

   La Presidenta Bachelet correctamente quiere poner el foco de la gestión en el bienestar de los chilenos y en combatir la desigualdad. Después de todo, por eso ganó abrumadoramente en 2013. Pero poner el foco en la ciudadanía no quiere decir que todos los ministros deben salir a la calle. Cuando el gobierno genera las condiciones para que el país crezca por sobre las estimaciones de los expertos, logra eficiencia en la gestión y diseña políticas públicas innovadoras y efectivas, la cercanía permite dotar de un relato a una administración.

   Cuando solo hay cercanía, sin buenos resultados, por más que el país le tenga aprecio, la aprobación del gobierno estará por el piso. El gobierno ha cumplido 44 semanas con más reprobadores que aprobadores. Tres de cada cuatro chilenos rechazan a Bachelet. Tal vez sea el momento de que Bachelet entienda que la cercanía es el resultado y no la causa de un gobierno exitoso, capaz de generar las condiciones para que el país crezca y para que los que menos tienen crezcan más rápido.

   Ver columna en El Líbero

5. Levantemos a la derecha

   Agosto 25, 2015 2:15 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Si bien la sensación mayoritaria en Chile es que el país avanza por la dirección equivocada, el posible nuevo slogan de la coalición derechista —Levantemos— equivoca el diagnóstico y la solución. La credibilidad de los partidos está en el suelo —y la derecha sufrió un tsunami en 2013—, pero los chilenos no creen que Chile esté en el piso. Es verdad que si el gobierno insiste en sus vacilaciones, pudiéramos pasar del estancamiento al retroceso, pero por el momento, los únicos que necesitan salir de un foso son los partidos políticos. Porque el desafío de la derecha no es persuadir a los chilenos que pueden producir más crecimiento sino convencerlos de que ese crecimiento no irá solo a los más ricos, la coalición derechista debiera enfocarse más en el mensaje que en el titular. Después de todo, cuando la gente vea que son los mismos que gobernaron entre 2010 y 2014, las fotos de los rostros que lideren a la derecha en 2017 dirán mucho más que la frase pegadora que puedan sugerir los expertos en marketing del sector.

   El gobierno de Sebastián Piñera tuvo una tasa de crecimiento mayor que sus predecesores inmediatos. Hubo más empleo y se redujo la pobreza. Pero la gente no acompañó con su aprobación. Junto a la actual administración de Bachelet, la gestión de Piñera fue la peor evaluada desde el retorno de la democracia.  Pero si la mala evaluación de Bachelet se asocia en parte —como bien entiende la derecha— al paupérrimo desempeño de la economía, la mala evaluación de Piñera se dio pese a los espectaculares indicadores económicos. Por eso, prometer crecimiento no va a bastar para recuperar el poder así como cumplir la promesa de un millón de empleos no bastó para evitar caer a niveles de aprobación por debajo del 30%.

   Es verdad que las circunstancias cambian. Los chilenos se habían acostumbrado a crecer. La gente creyó que la gallina de los huevos de oro era inmune a lo que ocurriera en el mundo y a la capacidad del gobierno de dar conducción política al país. Ahora que la gallina ya no pone huevos, los chilenos probablemente valorarán más la creación de empleos y la estabilidad macro económica. Pero la percepción popular dominante respecto a la derecha es que ese sector está más preocupado de cuidar a los empresarios que de distribuir la riqueza. De poco sirve insistir en que no habrá redistribución sin que primero haya crecimiento. La gente puede incluso creer que la derecha es mejor para generar riqueza, pero una mayoría sigue convencida —y así lo evidenció en la elección de 2013— de que la izquierda es mejor para distribuir.

   La apuesta por convertir el crecimiento —levantemos— en el mensaje de campaña de la derecha se encontrará con una respuesta obvia por parte de la izquierda. O bien ese sector potenciará una candidatura como la de Ricardo Lagos, que podrá disputarle fácilmente a la derecha el mensaje de los consensos y las políticas pro-inversión, o bien bastará que su candidato más izquierdista se corra hacia el centro de la misma forma como lo hizo Lagos en la campaña de 1999-2000. Siempre será más fácil para un izquierdista que reconozca la necesidad de primero crecer para poder luego distribuir a que un derechista convenza a una mayoría de los chilenos que efectivamente distribuirá después si primero todos nos centramos en el crecimiento.

   Adoptar el nombre Levantemos tampoco parece una estrategia apropiada para los que creen que las reformas deben ser graduales y consensuadas. Si el país efectivamente está en el piso, los llamados a usar una retroexcavadora para remover los escombros tienen mucho más sentido. Los llamados a terminar con las AFP, Isapres, educación particular subvencionada e incluso los que piden un nuevo proceso constituyente usarán la idea de levantar a un país que está en el piso como incontrarrestable evidencia para sus aspiraciones refundacionales. La decisión de adoptar un nombre apocalíptico, más apropiado para el día después de un terremoto que para sacar a Chile del estancamiento actual, parece responder o bien a que la derecha no puede sobreponerse aún del tsunami electoral de 2013 o a un entusiasmo irreflexivo por creer que basta con cambiar de nombre para producir una refundación del sector.

   Emulando a la coalición izquierdista Española Podemos, que adoptó un nombre que apela a la acción, la coalición de derecha chilena está considerando cambiarse una vez más de nombre. Como, usando un nombre distinto cada vez, esa coalición ya ha perdido cinco de las seis elecciones presidenciales realizadas desde el retorno de la democracia, parece lógico suponer que el cambio de nombre tendrá poco efecto en el resultado de la séptima contienda presidencial, en 2017. Tal vez por eso mismo, la coalición de derecha debiera enfocarse en encontrar un camino para la victoria en vez de obsesionarse por un nombre que en el mejor de los casos no le dice nada a nadie y en el peor de los casos envía un mensaje equivocado.

   Ver columna en El Líbero

6. Sin Michelle no hay equipo

   Agosto 24, 2015 9:01 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Son inconducentes las preocupaciones sobre la capacidad para guiar adecuadamente al país de la dupla compuesta por el ministro del Interior Jorge Burgos y el titular de Hacienda Rodrigo Valdés. Mientras el barco del gobierno no esté firmemente guiado por la Presidenta Bachelet, ningún intento de uno o más ministros por tomar la dirección correcta será productivo. Dado que nuestro sistema institucional es fuertemente presidencial, resulta inútil poner la esperanza en que uno o más ministros podrán tomar el control. Si la Presidenta no marca rumbo, el país seguirá a la deriva, por más que dos o todos los ministros hagan fuerza juntos para retomar una hoja de ruta razonable que nos permita salir de la crisis.

   Desde que, a partir de la aparición del escándalo Caval, la Presidenta comenzó a mostrar un comportamiento defensivo, e incluso errático, la arena política ha centrado su atención en la capacidad de los ministros que lideran su gabinete para tomar el liderazgo que la Presidenta no ha querido, o no ha podido, asumir. Después de varios meses de presión para lograr la salida del titular de Hacienda Alberto Arenas, los actores económicos celebraron la llegada del nuevo ministro Rodrigo Valdés. Su reconocida experticia tecnocrática y su cercanía con el mundo empresarial permitían anticipar que las relaciones rápidamente se recompondrían. Pero lamentable, los resultados de la gestión Valdés, a 100 días de haber asumido el cargo, son solo mixtos y apenas dan unas pocas razones para estar optimistas. El ministro ha logrado instalar la idea de que se debe hacer una reforma a la reforma tributaria. Pero el margen que tiene Valdés hoy para operar es tan reducido —por el complejo ambiente macroeconómico internacional y por las constantes aserruchadas de piso que sufre en el gabinete y en su coalición— que difícilmente va a ser capaz de generar las confianzas necesarias para que la inversión vuelva al país y Chile pueda retomar el sendero del crecimiento.

   De igual forma, la llegada de Jorge Burgos a Interior hizo que muchos respiraran aliviados, pensando que eso bastaba para que la dinámica de reformas profundas que había caracterizado el primer año de gobierno fuera remplazada por una lógica más gradualista y consensuada, propia de los gobiernos de la Concertación. Pero a cien días de haber asumido el poder, la gestión de Burgos ha estado marcada más por la frustración. La visita del ex Presidente Lagos a La Moneda, para hablar fuerte y claro, asociando su figura a la idea del orden, solo confirmó que Burgos tiene más llegada con la vieja guardia concertacionista que con la Presidenta Bachelet y su cerrado círculo del segundo piso. Si hay algo claro hoy en el gobierno es que Burgos no ejerce la autoridad que muchos creyeron que el nuevo titular de Interior llegaría a desplegar.

   Por todo esto, no resulta sorprendente que la dupla Burgos-Valdés haya sido incapaz de dar ese golpe de timón que esperaban todos aquellos nostálgicos de la era concertacionista. La dupla tampoco ha sido capaz de tranquilizar a aquellos que, sabiendo que los años dorados del concertacionismo ya no volverán más, aspiran a que haya un gobierno que sepa dirigir al país por la senda de los cambios profundos, pero graduales y consensuados. Tanto los nostálgicos del pasado como los que aspiran a un futuro de más desarrollo consensuado se sienten decepcionados porque la dupla Burgos-Valdés simplemente no dio el ancho. Por la otra vereda, los que aspiran a sacar a la retroexcavadora del fango en que se atascó por el apresuramiento y la irreflexión oficialista de 2014, también están insatisfechos, sabiendo que Burgos y Valdés tienen suficiente fuerza para evitar los esfuerzos por echar a andar la retroexcavadora.

   Esta suerte de empate, entre una dupla que no logró su objetivo pero que logró frenar el avance hacia la refundación nacional que se impuso en 2014, tiene al país inmovilizado —y a muchos creyendo que estamos a la deriva cuando en realidad solo estamos dando círculos sin avanzar en ninguna dirección—. Por eso, da lo mismo si la dupla Burgos-Valdés se quiebra definitivamente o se logra re-articular. Esa dupla ya no sirvió para sacar al país del estancamiento. No fue por la incapacidad o falta de voluntad de los ministros. El problema está en nuestro sistema altamente presidencial.

   En Chile, si el Presidente no empuja en una dirección, el país no se mueve. Cuando los presidentes tienen la visión y determinación para avanzar, el país puede moverse en la dirección correcta (o retroceder). Pero cuando los presidentes no se deciden por alguna de las opciones que tienen a su disposición, el país se estanca o da vuelta en círculos. A menos que la Presidenta tome ahora una decisión que se ha negado a tomar en los últimos meses y opte por una de las opciones —la búsqueda de consensos o la refundación—, ninguna dupla o equipo de ministros podrá sacar al país del estancamiento en el que actualmente se encuentra.

   Ver columna en El Líbero

7. El gustito de Lagos

   Agosto 19, 2015 10:23 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   La presencia de Lagos en La Moneda y su posterior entrevista en la revista El Sábado constituyen una combinación de golpes especialmente dañina para el gobierno de Bachelet.

   La decisión del ex Presidente Lagos de visitar La Moneda durante una ausencia de Bachelet, dar una conferencia de prensa desde el palacio de gobierno y lanzar una candidatura presidencial a dos años del fin del periodo de Bachelet refleja tanto la incuestionable debilidad de la actual mandataria como la incipiente carrera por sucederla. Si bien el “gustito” de Lagos en nada contribuye a fortalecer a una presidenta cuya debilidad repercute negativamente sobre la estabilidad del país, lo que hizo el ex Presidente tampoco constituye un intento por aserrucharle el piso a la Mandataria. Lagos erró al probarse la banda presidencial demasiado temprano, pero para muchos, su paso por La Moneda constituyó una bocanada de orden y habilidad política en un palacio de gobierno donde hace rato domina la confusión.

   En la política siempre hay algo de teatro y actuación. No es accidente que el ex Presidente Lagos se haya apersonado en La Moneda para un encuentro con el titular de Interior Jorge Burgos precisamente cuando la Presidenta Bachelet andaba de gira fuera del país. Además, la decisión de Lagos de hablar fuerte y golpeado desde el interior del palacio, presumiblemente con la anuencia del propio Burgos, empeoró la afrenta a Bachelet.

   Dada la complicada situación de la Presidenta, los partidos de la Nueva Mayoría han hecho un esfuerzo por demostrar coordinación y disciplina. Es verdad que la propia Bachelet ha torpedeado esos esfuerzos y sus declaraciones irreflexivas han destruido varias veces los frágiles equilibrios que construyen los partidos. Nadie puede negar que es la única responsable de la compleja situación en la que se encuentra su gobierno y del moribundo estado de la coalición que ella misma fundó. Pero una cosa es ponerse al borde del precipicio y otra muy distinta es que llegue un ex Presidente a dar un empujoncito.

   La presencia de Lagos en La Moneda y su posterior entrevista en la revista El Sábado constituyen una combinación de golpes especialmente dañina para el gobierno de Bachelet. Al anunciar su disponibilidad para ser candidato presidencial —y además confidenciar que hay gente que en la calle le pide que vuelva a poner orden—, Lagos confirmó el anticipado inicio de la carrera presidencial. Es cierto que el ex Presidente Sebastián Piñera, el ex candidato presidencial por partida doble Marco Enríquez-Ominami y el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco ya venían corriendo hace meses. Es más, hay buenas razones para creer que la Nueva Mayoría necesita potenciar sus propios presidenciables si quiere evitar encontrarse en la incómoda necesidad de elegir entre Marco Enríquez-Ominami y Andrés Velasco en 2017.

   El solo hecho de que Bachelet no haya nombrado presidenciables en el gabinete —mismo error que cometió en su primer gobierno— inevitablemente imposibilita el control de la carrera presidencial desde La Moneda. Aunque es incómodo tener presidenciables en el gabinete, hay externalidades positivas —como tener personas trabajando día y noche por el éxito del gobierno para construir su propia plataforma de proyección y premiar la lealtad y castigar las indisciplinas de los presidenciables—. Pero Bachelet se autoimpuso la condena de que, más temprano que tarde, se iniciaría la carrera presidencial sin que ella pudiera controlarla. Pero ni en su peor pesadilla Bachelet pensó que eso implicaría que el ex Presidente Lagos, el hombre que muchos ven como una reserva de moral institucional, fuera a actuar con la premura e incontinencia propia de los candidatos que por primera vez aspiran a ocupar el sillón presidencial.

   Exactamente dos años antes de que se deban inscribir las candidaturas presidenciales para 2017, las declaraciones de Lagos confirmaron que la incipiente carrera por la sucesión presidencial ya se inició al interior del conglomerado de centro-izquierda. La decisión de Lagos revuelve el naipe presidencial en la centroizquierda. Los rumores sobre una posible candidatura de la senadora socialista Isabel Allende, del senador PDC Ignacio Walker y del ex Secretario de la OEA José Miguel Insulza pierden fuerza. Los intentos de Marco Enríquez-Ominami por participar en primarias abiertas de la Nueva Mayoría se desvanecen. A su vez, Sebastián Piñera parece menos preocupado por quedar encasillado como el candidato del pasado —aunque también siente que muchos derechistas pudieran ver en Lagos una mejor opción que él—. Por su parte, Andrés Velasco, Manuel José Ossandón y Marco Enríquez-Ominami pudieran ver con buenos ojos la posibilidad de transformar esta elección en una contienda entre el pasado y el futuro.

   Pero cualquiera sea el nuevo escenario, es evidente que este gustito de Lagos debilita todavía más al gobierno de Bachelet. Pudiera ser que las encuestas terminen por no acompañar las aspiraciones presidenciales de Lagos Escobar, pero es evidente que la plaza ya estima que aunque le queden dos años para seguir ocupando el sillón presidencial, Bachelet ya no está ejerciendo el poder.

    Leer columna aquí

8. La RDA, el modelo de Bachelet

   Agosto 17, 2015 8:54 am Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Las declaraciones de la Presidenta Bachelet, realizadas en su visita a San Salvador, alabando la red de protección social que existía en la República Democrática Alemana cuando ella estuvo en el exilio desnudan tanto las afinidades ideológicas de la Mandataria como su débil compromiso con la defensa de la democracia como única forma legítima de gobierno. Al alabar el sistema de salud de una dictadura, Bachelet se pone al mismo nivel de aquellos que, alabando los éxitos de la dictadura chilena, tácitamente relativizan los inaceptables costos en violaciones a los derechos humanos asociados a cualquier dictadura. Es excesivo exigir que cada vez que alguien se anime a destacar logros de una dictadura deba mencionar también que las dictaduras no son ejemplos a seguir. Pero el hecho de que Bachelet históricamente haya sido poco clara en denunciar las atrocidades cometidas por esa dictadura comunista hace que sus alabanzas al sistema de protección social de la RDA resulten especialmente preocupantes para aquellos que creemos que ninguna dictadura, independientemente de su color político, es un modelo a seguir.

   Al participar en un foro sobre políticas de primera infancia en la capital de El Salvador, Bachelet improvisó una reflexión sobre su propia experiencia maternal. Recordando que su primer hijo, Sebastián Dávalos, nació mientras ella estaba en el exilio, Bachelet declara que “mi primer hijo nació estando yo en el exilio, en la República Democrática Alemana, y por tanto tuve ahí todas las condiciones tanto de salud, de nutrición, de apoyo, que me permitieron estudiar y tener un hijo en sala cuna”.

   La declaración de Bachelet, referida a la necesidad de que los gobiernos tengan red de salas cunas que faciliten la incorporación de las mujeres al mercado laboral, generó cuestionamientos sobre la conveniencia de hacer declaraciones que saquen a la palestra al primogénito de Bachelet y, peor aun, que pongan en tela de juicio el compromiso de Bachelet con la defensa sin relativización de los derechos humanos.

   El hecho de que la aprobación de Bachelet haya empezado a derrumbarse cuando la Presidenta reaccionó débil y tardíamente al escándalo por la participación de su hijo en un negocio de especulación inmobiliaria debiera llevarla a no volver a mencionar a su primogénito en sus declaraciones públicas.

   Pero como si mencionar a su “hijo pastel” para hablar de otro tema no fuera ya un error comunicacional, usar la red de protección social de la RDA como un ejemplo del que se debe aprender es un desacierto político todavía mayor. La Presidenta Bachelet ha construido buena parte de su legitimidad política a partir de su irrestricto compromiso con la defensa de los derechos humanos. Como Presidenta, Bachelet ha sido enfática en demostrar que la protección a los derechos humanos en Chile no acepta relativizaciones. Los logros y avances de una dictadura en ámbitos económicos y sociales no pueden ocultar los altos e inaceptables costos de las violaciones a los derechos humanos. Son vanos y contraproducentes los intentos por destacar logros de una dictadura sin reconocer las negras oscuridades (usando la descripción que el fallecido historiador Gonzalo Vial hiciera del legado de violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet).

   En semanas recientes, producto de avances en la causa judicial contra los responsables del asesinato de Rodrigo Rojas Denegri y de las brutales violaciones a los derechos humanos sufridas por Carmen Gloria Quintana en 1986, el gobierno logró consolidarse en una posición de superioridad moral por haber defendido los derechos humanos en tiempos que una gran parte de la derecha política en Chile hacía la vista gorda a los abusos que cometía la dictadura. La muerte del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, uno de los símbolos de las violaciones a derechos humanos cometidas por la dictadura, nuevamente sensibilizó al país sobre la importancia de defender la dignidad de las personas por sobre cualquier consideración política.

   Por eso resulta tan doloroso que Bachelet haya tenido el desatino de destacar un logro de una dictadura que también sistemáticamente violó los derechos de millones de personas por un periodo especialmente prolongado de tiempo. Precisamente porque Bachelet fue exiliada en esa dictadura y debió haber visto los sufrimientos a los que el régimen comunista tenía sometido al pueblo —así como muchos en la derecha chilena debieron haber visto apremios cometidos en Chile—, resulta desafortunada su alabanza a una política social de esa brutal dictadura. Peor aún, porque Bachelet ha sido especialmente ambigua y poco clara en condenar las sistemáticas violaciones cometidas por esa dictadura comunista, su declaración a favor de las políticas de infancia de la RDA alimenta justificadas sospechas sobre el real compromiso de Bachelet en la defensa de los derechos humanos, independientemente de la ideología del régimen en el poder.

   Ver columna en El Líbero

9. Los partidos no asumen su propia crisis

   Agosto 14, 2015 8:36 am Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   Los partidos políticos no advierten, no comprenden o simplemente no quieren ver la envergadura de la crisis que enfrentan. Desde hace por lo menos 10 años se viene produciendo una progresiva pérdida de confianza social en el sistema político en general. No debiese sorprender que las cuatro instituciones en que menos confía la ciudadanía son los partidos, el Congreso, el poder judicial y las grandes empresas. Cuatro instituciones que hoy están en el centro de la noticia.

   Pero en los últimos meses esta crisis se ha agravado a tal punto que el poco respeto que las autoridades políticas generaban ahora se ha transformado en agresividad. Observamos a diario lamentables episodios de agresión física y verbal hacia los congresistas. El respeto cívico que honraba la política chilena se pierde en un contexto de una aguda crisis de credibilidad.

   Teóricamente, una crisis política debiese provocar una reacción por parte de los actores políticos. Solemos decir que las crisis son en realidad oportunidades para el cambio de los comportamientos políticos. Así sucedió —se argumenta— en el año 2003 con el caso Mop-Gate, o en el año 2007 cuando emergieron nuevos casos de corrupción. A menudo se dice que la gran virtud del proceso político chileno es que sus instituciones tienen una fuerte capacidad de reacción.

   Y los hechos parecieran confirmar aquella tendencia. Los escándalos de corrupción motivaron la creación de la Comisión Engel, la generación de más de una veintena de proyectos de ley, y una serie de iniciativas de probidad y transparencia en ambas Cámaras del Congreso. Pareciera ser que las crisis y escándalos estimulan transformaciones de normas y prácticas.

   Sin embargo, me temo que este optimista relato esconde una preocupante realidad: los partidos no manifiestan un interés genuino de modificar prácticas y normas que regulan su actuar. Y esto es lo que en forma sintética explicaré a continuación.

   La superación de la presente crisis requiere de tres cambios en la estructura de los partidos que a la luz de los escándalos de corrupción parecen razonables: 1) establecer mecanismos de inscripción de militantes transparentes; 2) promover un principio básico de un militante un voto al interior de las colectividades políticas para propiciar la democracia interna; y 3) establecer una nueva estructura de financiamiento público de los partidos condicionado a la existencia de ciertos procedimientos de transparencia.

   El gobierno envió un proyecto de ley al Congreso y los congresistas han comenzado a discutir la reformulación de la ley de partidos políticos vigente desde 1987. Sin embargo, ninguno de los tres principios enunciados hasta el momento han sido considerados en las propuestas por ellos discutidas. Así, ni la propuesta del Ejecutivo ni los cambios propiciados por los diputados han considerado la idea de establecer un procedimiento transparente y que dé garantías de ecuanimidad para el registro de militantes. Tampoco se procederá a una reinscripción íntegra de militantes.

   La democratización interna de los partidos tampoco es considerada en la propuesta del Ejecutivo. Se entrega a los partidos la decisión de adaptar a sus propias prácticas el significado de lo que será una “democracia interna” descartándose el principio de un militante-un voto. Finalmente, las iniciativas discutidas en el Congreso no condicionan la entrega de recursos a los partidos al cumplimiento de determinado estándar de transparencia o incluso de democracia interna.

   Paradójicamente, los legisladores activamente proponen políticas de condicionamiento en la entrega de recursos a una serie de instituciones del ámbito público y privado, pero ese mismo principio no se lo aplican asimismo. Quieren recibir dinero del Estado pero no establecen, por ejemplo, la imposibilidad de competir en elecciones si ellos no cumplen con requisitos básicos de transparencia.

   Si no se modifica el tenor de los proyectos sobre partidos políticos y financiamiento de la política que actualmente se debaten en el Congreso, tendremos en el corto plazo partidos financiados públicamente pero que no están obligados a cumplir con un alto estándar de responsabilidad y transparencia.

   La ley de partidos políticos y de financiamiento de la actividad política es crucial para la democracia. Por lo mismo, es esencial un mejoramiento sustantivo de los proyectos que hoy se discuten en el Congreso. La superación de la crisis de credibilidad de los partidos depende en gran parte del destino de estas reformas, y en este tema hasta el momento no se observa una actitud decidida de las tiendas políticas por transformar la forma en que han venido actuando. La única respuesta posible ante esta crisis que viven los partidos es transparencia sin renuncias. Y aquello no está pasando.

   Ver columna en El Líbero

10. Ni realismo ni renuncia sino todo lo contrario

    Agosto 11, 2015 2:27 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Como para sumar a la ya enorme confusión sobre cuál es la hoja de ruta del gobierno, la Presidenta Bachelet ha optado por enviar señales contradictorias que solo confirman que el problema del gobierno no es que haya disputa entre gradualistas y refundacionales. El problema es que Bachelet pasa de la gradualidad a la refundación intempestivamente con tanta facilidad que el país se está mareando debido a esta chofer que se empecina en conducir en círculos.

    En su entrevista en La Tercera el domingo 9 de agosto, Bachelet confirmó todas las sospechas que se habían acumulado después de que ella fuera especialmente ambigua en el cónclave oficialista sobre qué significaba el realismo sin renuncia. En su entrevista, Bachelet reafirmó su compromiso con el programa y advirtió que su determinación para impulsar las reformas profundas sigue incólume. Aunque reconoció que la adversa situación económica obliga a retrasar el cumplimiento de algunas promesas, Bachelet insistió en que su hoja de ruta no ha variado. Después de que su declaración de que el gobierno ahora adoptaría un realismo sin renuncia llevara a muchos a concluir que el gobierno modificaría su hoja de ruta, la Presidenta salió a aclarar que solo se trataba de un retroceso táctico.

    Estas confusas señales de avanzar hacia la izquierda y la derecha generan varias externalidades adversas. La peor de ellas es que todos los temas siguen abiertos y nada se resuelve precisamente porque el gobierno puede cambiar de opinión. Cuando la Presidenta anunció en su discurso del 21 de mayo que la gratuidad aplicaría solo a las universidades del CRUCH, la presión de varias universidades privadas no se hizo esperar. Sabiendo que el gobierno ya había cambiado de postura respecto a cómo y cuándo se implementaría la gratuidad, esas universidades apostaron a que, con argumentos razonables y presión de diversa índole, el gobierno volvería a cambiar de opinión. Efectivamente, eventualmente el gobierno anunció que la gratuidad se extendería a ciertas universidades privadas siempre y cuando éstas cumplieran ciertas condiciones. Pero ese cambio de política alimentó las esperanzas de otras universidades de que nada estaba escrito en piedra. Por eso, todavía reina la incertidumbre sobre quiénes se beneficiarán con la gratuidad en 2016. Como el gobierno ya ha cambiado de posturas varias veces, nadie se atreve a tomar el más reciente anuncio como la última palabra.

    Pero las señales confusas tienen también otras externalidades negativas. Los cambios de opinión sobre la hoja de ruta alimentan sospechas de que el gobierno habla antes de pensar cuidadosamente todas las alternativas. Lamentablemente, un gobierno que actúa intempestivamente solo termina alimentado las dudas sobre su liderazgo y su capacidad de gobernar.

    Como candidata, Michelle Bachelet se esmeró en dejar en claro que era ella quien tomaría las últimas decisiones. Como Presidenta, ha demostrado repetidas veces que, cuando se trata de tomar decisiones, le tiemblan las piernas. Cuando, finalmente, anuncia sus decisiones, Bachelet varias veces ha cambiado de opinión después. Eso daña su credibilidad. Peor aún, sus anuncios gatillan a los grupos que se ven perjudicados a redoblar sus esfuerzos por revertir una decisión que, ya se sabe, nunca es definitiva.

    Desde que anunciara su cambio de gabinete en mayo, Bachelet se ha dedicado a destruir con sus declaraciones las percepciones que ella misma construyó con declaraciones y actos anteriores. Correctamente, la Presidenta insiste en que ella no muestra indecisión. Bachelet insiste en que ella toma decisiones. Es verdad, solo que sus decisiones de hoy van en la dirección contraria a las que tomó ayer. Eso hace que el país gire a la izquierda un día y a la derecha al día siguiente. Al final, la tripulación termina mareada, pero el país sigue exactamente en el mismo lugar estancado.

    Las declaraciones del domingo sorprendieron a un mercado que esperaba que la Presidenta confirmara la existencia de una nueva hoja de ruta para el gobierno. Pero como los mercados rápidamente internalizan la nueva información, nadie cree en realidad que ahora la Presidenta impulsará con fuerza su programa original de gobierno. Más bien, todos anticipan que, producto de la presión de los partidos más moderados y del efecto de la dupla de la gradualidad de Valdés y Burgos, en los próximos días Bachelet dará una nueva señal de realismo sin renuncia. Pero luego vendrá otra señal que haga que el barco gire nuevamente en 180 grados.

    Para mejorar la situación, la Presidenta Bachelet debiera intentar declaraciones que sean efectivamente más ambiguas y que, manteniendo la determinación a no avanzar en ninguna dirección, al menos eviten que la tripulación se maree con tanto giro en 360 grados. Una forma de hacerlo sería aclarando que en su gobierno no habrá ni realismo ni renuncia, sino que todo lo contrario.

    Ver columna en El Líbero

11. La frustración de Burgos

    Agosto 10, 2015 9:09 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En una sorpresiva e inoportuna declaración, el ministro del Interior, Jorge Burgos, decidió pelearse con “articulistas de izquierda, muy de izquierda… y de derecha también que querrán que nos vaya mal a mí y a Rodrigo Valdés”. Ante la incapacidad del gobierno para decidir si quiere seguir empujando su ambicioso programa de reformas o si en cambio se decidirá a cambiar su hoja de ruta hacia rumbos de moderación, haciéndose cargo del nuevo contexto internacional adverso, Burgos decidió descargar sus frustraciones en los mensajeros que constatan que el gobierno lleva seis meses paralizado y que la Presidenta,  desperdiciando oportunidades para relanzar su gobierno, sigue indecisa respecto a cómo sacar a su gobierno del foso de desaprobación popular en el que se encuentra.

    Desde que estalló el escándalo Caval en febrero, la Presidenta Bachelet ha estado errática. Parafraseando un concepto popular en el palacio presidencial, Bachelet no está empoderada. Los cuestionamientos sobre qué tanto ella sabía acerca de los negocios inmobiliarios de su hijo y de su nuera, y la forma en que Bachelet lidió con el escándalo, le propinaron un golpe que la ha tenido por meses contra las cuerdas. A la vez, la premura con que su administración impulsó reformas en 2014 le pasó la cuenta a la economía del país y a la credibilidad del gobierno en 2015. Habiendo dilapidado su capital político en reformas mal diseñadas e imposibles de implementar —como la reforma tributaria, que ya debe ser sometida a modificación antes de entrar en vigencia, o la reforma educacional, que probablemente también será modificada por el próximo gobierno en 2018 (cuando esté empezando a ser implementada)—, el gobierno de Bachelet ha batido el récord de rechazo de aprobación presidencial.

    La cadena nacional en que Bachelet informó los resultados del Consejo Asesor contra la Corrupción fue la primera oportunidad desperdiciada de retomar el control de la agenda. En vez de centrarse en la agenda de probidad, Bachelet desvió la atención anunciando que el proceso constituyente se iniciaría en septiembre.

    Semanas después, el retardado cambio de gabinete fue equivocadamente interpretado por muchos como el inicio de un segundo tiempo en que se impondrían la gradualidad y la moderación. Pero el cambio de gabinete fue noticia más por la imprudente forma de anunciarlo en un programa de televisión y el incumplimiento del plazo de 72 horas autoimpuesto por Bachelet que por el nuevo elenco de ministros.  El traspié del nuevo gabinete resultó en un nuevo ajuste menos de un mes después. Los motivos que muchos tuvieron para celebrar el ajuste se diluyeron en la medida que la llegada de Jorge Burgos a Interior y de Rodrigo Valdés a Hacienda no constituyó el certero golpe de timón por el que clamaban algunos de los propios partidos que forman parte de la Nueva Mayoría.

    El gobierno de Bachelet ha intentado varias veces dar señal de un cambio de giro y un nuevo comienzo.  Por lo menos tres veces, los equipos creativos del gobierno han usado el concepto del segundo tiempo para señalar que ahora las cosas comenzarán a ser diferentes.

    El más reciente de los falsos relanzamientos fue el cónclave del 3 de agosto. Los equipos comunicacionales se encargaron de alimentar expectativas sobre los resultados que produciría el cónclave. Por eso, cuando el evento finalmente se realizó, cundió la decepción. Tanto los que esperaban una renovación del compromiso de Bachelet con su programa de gobierno así como los que creían que ahora la Mandataria finalmente iba a dejar en claro que se corregía el rumbo hacia posiciones más moderadas, los asistentes al cónclave salieron tan confundidos como decepcionados. Bachelet no dio señales claras ni para los radicales ni para los moderados. Su discurso fue tan ambiguo que todos salieron con las interpretaciones que quisieron. Pero todos también confirmaron que el problema del gobierno es que mientras más claras están las opciones, más indecisa aparece la Presidenta sobre cuál será la hoja de ruta a seguir.

    En este contexto de incertidumbre, ambigüedad y mensajes contradictorios, el ministro del Interior, Jorge Burgos, decidió emprenderlas contra los articulistas. No es la primera vez que el sereno Burgos se sale de sus casillas. Su destemplada crítica al primer cacerolazo contra la delincuencia a comienzos de julio —cuando cuestionó a los manifestantes por supuestamente no haber sido igualmente enfáticos en manifestarse contra la dictadura— alimenta los rumores de que el hombre fuerte del PDC en el gabinete ya está frustrado con las indecisiones de la Presidenta. Pero en vez de ofuscarse, Burgos debiera simplemente, haciéndose cargo del hecho que la Presidenta no corta el queque, tomar las riendas del timón de este barco y señalar una dirección. Es mucho mejor canalizar la frustración en acciones concretas que salir a dispararle a los mensajeros que traen las malas nuevas de que el gobierno sigue paralizado.

    Ver columna en El Líbero

12. Cónclave sin líderes de renovación

    Agosto 4, 2015 2:12 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Entre todos los problemas que tuvo el cónclave de ayer de la Nueva Mayoría, el menos comprensible fue la ausencia de los principales liderazgos presidenciales de la centro-izquierda. Porque la unidad de las coaliciones se construye a partir de su proyección a futuro, la ausencia de presidenciables refleja un preocupante cortoplacismo y profundiza la crisis de liderazgo que existe en la coalición.

    La acepción más conocida del concepto cónclave se refiere a la reunión de cardenales cuando deben escoger a un nuevo papa. En tanto la Nueva Mayoría tiene una líder formal que seguirá en ese cargo hasta marzo de 2018, esa acepción difícilmente aplica al encuentro que sostuvieron ayer los líderes de los partidos que forman la Nueva Mayoría. La segunda acepción del concepto se refiere solo a una reunión de un grupo de personas para discutir un asunto importante. Pero si bien se discutieron temas importantes, el cónclave omitió la espada de Damocles que cuelga sobre la Nueva Mayoría. Como el cónclave no despejó las dudas sobre el compromiso de Bachelet con el proceso constituyente, las precisiones que intentó hacer la Presidenta sobre la forma en que se comenzará a implementar la educación gratuita o la elección directa de intendentes se terminan tiñendo de la misma ambigüedad que ha caracterizado el discurso oficial sobre el proceso constituyente.

    Mientras la Presidenta no cuente la firme sobre en quién recaerá el poder resolutivo para decidir cuál será el contenido de la nueva constitución, todas las declaraciones que reafirmen el cáracter institucional y participativo del proceso que Bachelet quiere impulsar a partir de septiembre son letra muerta. El cónclave de la Nueva Mayoría no despejó dudas porque la líder de la coalición oficialista se ha dedicado en las últimas semanas a alimentar dudas sobre la hoja de ruta a seguir. Si Bachelet no tiene claro el camino, difícilmente un cónclave que reúna a la diversidad de visiones y posturas que existen en la Nueva Mayoría podrá terminar con la incertidumbre. Es más, porque resulta improbable que en los próximos meses la Presidenta muestre una determinación que no ha tenido hasta ahora, la falta de dirección seguirá reinando en el oficialismo en lo que queda de 2015.

    Afortunadamente, no hay mal que dure 100 años, ni coalición que lo aguante. El calendario electoral apurará las decisiones en el oficialismo. Aunque la próxima elección presidencial recién se realizará en 2017, estamos a menos de un año del inicio del ciclo electoral para las elecciones municipales de 2016. Como las elecciones siempre se reducen a contiendas entre rostros emblemáticos y líderes que personifican el mensaje de sus coaliciones, la campaña municipal de 2016 obligará a las coaliciones a potenciar a sus rostros más populares.

    Igual que en 2004, cuando la popularidad de Bachelet la cimentó como la abanderada de la Concertación, o en 2008, cuando Sebastián Piñera acompañó a los candidatos de su coalición —y contrario a 2012, cuando la ausencia de un jefe de campaña de facto llevó a la Alianza a sufrir un duro revés—, la elección municipal de 2016 destapará a los presidenciables de ambas coaliciones. Será entonces cuando la Nueva Mayoría deberá definir su relación con Marco Enríquez-Ominami y Andrés Velasco, los dos nombres que más potencial presidenciable tienen en el mundo de la centro-izquierda. Porque los candidatos a alcalde de la Nueva Mayoría buscarán fotografiarse con líderes populares, la campaña de 2016 despejará dudas sobre quién será el abanderado de esa coalición en 2017. El ciclo electoral hará que el liderazgo de Bachelet sea remplazado por el emergente liderazgo de los abanderados presidenciales de la centro-izquierda.

    Por eso mismo, resulta incomprensible que este largamente planificado cónclave, cuyas ambiguas conclusiones eran fáciles de anticipar, no haya tenido la presencia activa de los líderes que hoy suenan más fuertemente como presidenciables en la centro-izquierda. La ausencia de Marco Enríquez-Ominami, Andrés Velasco y el propio ex Presidente Ricardo Lagos, y la timidez con que Isabel Allende o Ignacio Walker asumieron su condición de presidenciables hace pensar que la Nueva Mayoría todavía no empieza a pensar en lo que se viene después de Bachelet —ya sea como una misma coalición o como partidos que tomen caminos separados—.

    Como las conclusiones de este cónclave confirman que La Moneda carece de hoja de ruta y no se decide por las alternativas opuestas que ofrecen los partidos de la coalición, el paso lógico que empezará a tomar la Nueva Mayoría será mirar hacia los líderes que pueden encabezar la oferta electoral de las municipales de 2016 y las presidenciales de 2017. Porque el mercado político ya pronto considerará al gobierno como un pato cojo, parece razonable que los partidos comiencen a potenciar los rostros de recambio en su intento por hacer lo que toda coalición oficialista siempre hace, buscar perpetuarse en el poder.

     Ver columna en El Líbero

13. Nueva Mayoría: de familia disfuncional, a familia de trincheras

    Agosto 3, 2015 8:52 am Leave a Comment

    

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    La lucha entre autocomplacientes y autoflagelantes de la Concertación es un juego de niños al lado de la pelea entre moderados o gradualistas, y exaltados o refundacionales en la Nueva Mayoría. Lo curioso es que esta confrontación no se explica necesariamente por el PC, que poco a poco ha cultivado cierta relación de respeto con el PDC luego de las desubicadas declaraciones del embajador Contreras. La tensión más fuerte está entre el PDC y parte importante de un partido inorgánico como el PPD, y el ala más recalcitrante del PS que busca, a toda costa, imprimir más presión sobre un gobierno saturado de reformas y con evidentes problemas para mejorar el desempeño económico del país. Insistir con una Asamblea Constituyente a estas alturas, es echar bencina a un bosque en llamas. Lo más razonable -claramente- es que esa Nueva Constitución sea elaborada por el próximo congreso electo con un sistema electoral distinto. Chile es reconocido por respetar sus instituciones que, buenas o malas, funcionan.

    La exaltación de la izquierda no encuentra límites aún. Cuando Bachelet ganó la presidencial, no fueron pocos los que afirmaron -sin ninguna evidencia empírica por cierto- que Chile avanzaba hacia un “nuevo ciclo”. En un artículo que publiqué en Qué Pasa en marzo de 2014 sostuve que no había antecedentes serios para afirmar algo así. Era errado el diagnóstico de la politización, polarización y refundación. Es más, la reciente encuesta de la consultora Subjetiva arroja resultados más lapidarios. Una de sus preguntas dice: “Si imagináramos que Chile fuese una casa. Según su opinión, ¿qué deberíamos hacer con ella?” Los datos son irrefutables, pues sólo el 25% apoya la opción “derribarla y construirla de nuevo” (es decir, la retoexcavadora), mientras el resto de los encuestados (casi el 75%) se inclina por “repararla sólo donde se necesite” o “ampliarla y hacerla crecer”.

    Por tanto, el error de origen del gobierno fue confundir un fuerte dolor de estómago con un cáncer gástrico. Al hacer un tratamiento para el cáncer gástrico y no para el dolor de estómago, en lugar de morigerar el malestar, lo profundizó. Las promesas desmedidas -en las que todo los partidos de la NM son responsables- y la falta de visión para sopesar los efectos de la desaceleración, dejaron casi en ridículo a los intelectuales que defendieron la tesis del cáncer gástrico y a los técnicos que avalaron promesas imposibles de cumplir en un ambiente económico adverso del que no tuvieron noticias hasta que se gatilló la crisis. Es decir, nula capacidad para anticiparse.

    Los errores imperdonables de intelectuales y técnicos nos tienen -como país- en una situación extraordinariamente compleja. Probablemente, los líderes de izquierda de la NM pensaron que el 62% de Bachelet en la segunda vuelta era sinónimo de un apoyo avasallador al programa. Sin embargo, los votos que obtuvo Bachelet en esa segunda vuelta equivalieron al 25% de toda la población en edad de votar. Frente a esa idea maximalista del poder total, lo único que funcionó como oposición interna a la fiebre reformista fueron los “matices” de Ignacio Walker y la cocina de Zaldívar, quienes se ganaron el encono de sus socios de pacto.

    Hoy es muy difícil que un Presidente con el 25% de aprobación logre disciplinar a sus congresistas. Comprensiblemente, cada diputado o senador diseñará una estrategia propia que le garantice la reelección en un par de años. No es buen negocio aparecer junto a un gobierno aún aturdido por la desaceleración, los escándalos y la fractura interna entre moderados y refundacionales. Por tanto, es muy probable que sigamos asistiendo a eventos de indisciplina, los que serán más evidentes al finalizar el gobierno y tener a la vista las próximas elecciones. La NM ha pasado de ser la antigua familia disfuncional, a una familia de trincheras. Sin embargo, por ahora se ve muy difícil que se produzca una fractura formal. Ni el PDC ni el PC se van a salir de la coalición al menos hasta después de la municipal. Ahí deben coordinarse para nominar un candidato a alcalde. Además, los costos por salirse son altísimos. Abandonar un gobierno implica que todos los militantes deban dejar sus cargos.

    Ver columna en El Líbero

14. La trombosis de la Nueva Constitución

    Julio 24, 2015 9:46 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La lentitud del gobierno para decidir cuál va a ser el proceso constituyente por el que quiere producir una nueva carta fundamental que remplace a la Constitución de 1980 amenaza con convertirse en un coágulo que produzca una trombosis letal en la credibilidad del gobierno ante sus bases fundacionales de izquierda y los sectores moderados y de oposición —incluidos los actores económicos— que todavía miran con desconfianza el cambio de giro anunciado por el gobierno a través del slogan de realismo sin renuncia.

    Las promesas de campaña a menudo terminan persiguiendo a los presidentes con la misma intensidad con que ellos las repitieron cuando buscaban votos. Pese a tener asegurada su victoria, Michelle Bachelet realizó muchos compromisos como candidata. En tanto la razón para su popularidad radicaba en la enorme credibilidad que ella había cultivado en su primer periodo en el poder, sus compromisos de campaña implicaban un riesgo alto para el éxito de su gobierno. Si bien el programa de gobierno tenía un número excesivo de promesas, dos de los compromisos más importantes que realizó la candidata Bachelet fueron la gratuidad universal de la educación superior y la nueva constitución.

    A partir del realismo sin renuncia, el gobierno ha diluido su promesa de gratuidad universal para después de 2017. Esto equivale a que Sebastián Piñera hubiera relativizado su promesa de 1 millón de empleos para después de terminado su mandato o que el mejor censo de la historia se viniera a materializar recién después de 2020. A diferencia de aquellas políticas en las que se produce acuerdo transversal para su implementación —como la reforma procesal penal—, la promesa de gratuidad en la educación es absolutamente contingente al color del gobierno de turno. Si Bachelet no cumple esa promesa en su cuatrienio, nada garantiza que el próximo gobierno vaya a continuar con esa polémica y controversial política pública. Con todo, la aceptación de que la gratuidad universal no será una realidad bajo el gobierno de Bachelet ha puesto el foco en la promesa de una nueva constitución como prueba definitiva de la capacidad de la Presidenta para cumplir sus compromisos.

    Así como había discrepancias en la Nueva Mayoría respecto a la conveniencia de garantizar educación gratuita universal, hubo mucho debate sobre la utilidad y factibilidad de impulsar una nueva constitución. Producto de esas discrepancias, el programa de gobierno de Bachelet fue especialmente ambiguo sobre el proceso a través del cual lograría promulgar una nueva constitución. Las repetidas referencias de Bachelet al proceso constituyente —especialmente desde que lo ratificara la noche que anunció las medidas anticorrupción, opacándolas con las dudas sobre cómo se impulsaría la nueva constitución—, han profundizado la vaguedad respecto a cómo avanzará Bachelet en lograr remplazar a la Constitución de 1980. Como la Presidenta no ha especificado el proceso —más allá de las pintorescas referencias a cabildos y proceso participativos (pero no resolutivos)—, todos se han sentido con derecho a expresar sus preferencias sobre cómo avanzar. Esta vaguedad ha llevado a que algunos en la Nueva Mayoría insistan en una Asamblea Constituyente, otros hablen de plebiscitos y no pocos simplemente —abrazando la estrategia de realismo sin renuncia— se animen a sugerir un paquete de reformas constitucionales (como el promulgado por el Presidente Lagos en 2005).

    Esta indefinición ha provocado una especie de coágulo conceptual que no ha permitido que el debate constitucional fluya libremente al interior de la Nueva Mayoría. Como nadie sabe qué empezará a pasar en septiembre —si llega a ocurrir algo—, todos proponen sus propios caminos para ayudar a que Bachelet logre salir de la camisa de fuerza en la que ella misma, voluntariamente, se metió en la campaña de 2013 y a la que se amarró con más fuerza hace solo unos meses. Como todo coágulo que crece demasiado, el riesgo es que esta indefinición termine produciendo un infarto que ponga en riesgo la estabilidad de la propia Nueva Mayoría.

    Como la coalición de gobierno ha sido incapaz de sincerar sus diferencias internas sobre cómo avanzar para cumplir esa emblemática promesa de Bachelet (el tema ha sido explícitamente excluido del próximo cónclave de la coalición), la reiteración de la promesa de que en cinco semanas se iniciará el proceso constituyente resulta incomprensible. Si ni siquiera están de acuerdo al interior del gobierno en cuál va a ser la hoja de ruta, cuál es el destino al que se aspira llegar y cuál es la carta Gantt, difícilmente los partidos de la Nueva Mayoría podrán ejercer el liderazgo que se necesita para llevar un proceso constituyente a feliz término.

    Lamentablemente, al igual que muchos pacientes que tienen embolias, el gobierno ha optado por ignorar los síntomas y, por lo tanto, arriesga ser víctima de una trombosis cuando lo alcance la fecha límite para el inicio de un proceso constituyente para el que claramente no está preparado.

    Ver columna en El Líbero

15. Cuando los lobos huelen debilidad

    Julio 22, 2015 11:29 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando los lobos huelen sangre, se les abre el apetito. El reconocimiento hecho por la Presidenta Bachelet sobre su incapacidad para cumplir las ambiciosas metas de su programa de gobierno ha llevado a todos los actores sociales y políticos a querer aprovechar la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Por eso, más que sincerar y cerrar el debate sobre qué reformas seguirá impulsando y cuáles dejará de lado, el realismo sin renuncia de Bachelet ha abierto una competencia por tratar de definir y delimitar lo que será los próximos 12 meses de gobierno.

    Cuando los gobiernos sinceran sus debilidades y reconocen que sus promesas de campaña fueron demasiado ambiciosas, el esfuerzo por bajar expectativas inmediatamente deviene en una oportunidad para aliados y adversarios. Los aliados se apuran en intentar que sus prioridades sean salvaguardadas por sobre los intereses de los otros partidos de la coalición. A su vez, los adversarios vislumbran una oportunidad para lograr en el proceso político aquello que el electorado les negó en las urnas. Como los actos de repliegue inevitablemente requieren que el gobierno abandone algunos de los objetivos que deseaba quitarle a la oposición, el realismo sin renuncia abre a la oposición la opción de salvar algunos de esos bastiones de poder.

    Desde que Bachelet hiciera su reconocimiento, todos los actores políticos han salido a conquistar esos espacios de poder e influencia que habían estado en manos de Bachelet y que la Presidenta comenzó a perder con el escándalo Caval y terminó de perder cuando la realidad del enfriamiento de la economía dejó al gobierno con la billetera vacía y las promesas de gasto acumulándose impagas. Los que vieron en el programa de gobierno la realización de sus sueños de izquierdización frustrados por 24 años de gobiernos concertacionistas y aliancistas luchan ahora por salvar algunos de los aspectos más emblemáticos del programa. Aunque es evidente que llevan las de perder, porque las promesas del programa serán ineludiblemente diluidas, la lucha del flanco de izquierda ahora es por salvar lo más posible en su intento por desarticular el modelo de mercado heredado de la dictadura. Aquellos moderados, en cambio, que ocultaron sus discrepancias con el programa cuando la candidata Bachelet gozaba de una popularidad a prueba de cualquier cálculo matemático serio, ventilan sin miramientos sus discrepancias con el programa y con la lógica fundacional de la Nueva Mayoría. Cuando Bachelet ya no tiene el aura de incuestionada popularidad, los que antes escondían y minimizaban sus diferencias con la estrategia de sepultar a la Concertación, para remplazarla con una Nueva Mayoría decidida a hacer reformas y no reformitas, ahora alzan sin miedo sus voces de moderación y pragmatismo. Puede ser que esos moderados que parecieron mudos antes ahora queden como oportunistas que se mimetizaron para ganar a la sombra de Bachelet, pero su estrategia es la misma que ahora la propia Bachelet está ocupando para dejar atrás algunas de sus más sentidas promesas de campaña.

    En la oposición, el vendaval de la derrota de 2013, la aplanadora de 2014 y las repercusiones de los casos de financiamiento ilícito de campañas de los casos Penta y SQM comienzan a ser desplazados por noticias algo más optimistas. Después de todo, por más mal que se vea, la oposición siempre se beneficia cuando el gobierno pasa por periodos de baja aprobación. El realismo sin renuncia ha dado a la Alianza un piso político que la gente le negó en 2013 -y que le sigue negando en encuestas-.Como la Alianza se dedicó a advertir todo el 2014 que el gobierno iba por el camino equivocado, ahora que la Presidenta anunció que pondría freno a las reformas, la Alianza aparece como esa minoría visionaria que advirtió sobre las malas decisiones que estaba tomando el gobierno.

    Pero en la Alianza también hay discrepancias entre los que ven en la debilidad de Bachelet una oportunidad para pavimentar el retorno de Piñera y los que creen que es un error repetir la misma estrategia que llevó a ese sector a su peor derrota electoral desde el retorno de la democracia. De igual forma, en la Alianza es evidente el quiebre entre los que quieren una restauración conservadora y los que creen que el camino para la victoria está en apropiarse del discurso de reformas graduales que tanto éxito le dio en su momento a la Concertación.

    Pero lo que es innegable es que los actores políticos se han apurado en entrar a competir por el vacío político que ha dejado el retroceso táctico que ha tomado el gobierno de Bachelet. Como la arena política requiere que alguien ejerza el poder, ahora que el gobierno ha abdicado de ejercerlo, se ha desatado con fuerza la disputa entre los otros actores políticos para llenar el vacío de poder que hoy existe en la política chilena.

    Ver columna en El Líbero

16. Manotazos de ahogado

    Julio 20, 2015 3:55 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Desde que reconociera que no podría cumplir con sus principales promesas de campaña, el gobierno de Michelle Bachelet se ha esmerado fútilmente en cuadrar el círculo. Porque resulta vergonzoso reconocer que la Nueva Mayoría se constituyó sobre la promesa de un programa irrealizable y porque la excusa de que las circunstancias adversas imposibilitan cumplir el programa es inverosímil, La Moneda se ha quedado sin forma de salir del hoyo en el que voluntariamente se metió. A menos que Bachelet reconozca que se excedió en sus promesas como candidata o que haga un mea culpa por alimentar expectativas después de asumir el poder en 2014, se seguirá profundizando el problema de credibilidad que Bachelet se autogeneró cuando comenzó el escándalo Caval.

    Todos los candidatos prometen mucho más de lo que podrán cumplir en caso de ser electos. Desde el retorno de la democracia, los chilenos se han acostumbrado a escuchar promesas excesivas realizadas por candidatos que se esfuerzan por convencer a los votantes. Mientras más competitiva la campaña, más destempladas las promesas. Pero en la campaña de 2013, nunca estuvo en duda quién ganaría. Bachelet corrió con ventaja desde el día que aterrizó en Chile y anunció su candidatura. De ahí que resultara especialmente incomprensible que Bachelet realizara promesas más ambiciosas que las que ella misma hizo en la campaña de 2005 —cuando el resultado de la elección era incierto— y que las que hicieron otros candidatos presidenciales en contiendas anteriores. Bachelet no necesitaba prometer educación superior universal gratuita para ganar. Bachelet prometió educación gratuita —una nueva Constitución, reforma laboral, reforma electoral, elección directa de intendentes, reforma de pensiones, AFP estatal y tantas otras cosas— porque estaba convencida de que podía cumplir sus promesas.

    Las advertencias que hicieron los diversos candidatos que ella enfrentó —desde su ex ministro de Hacienda Andrés Velasco en la campaña de primarias— hasta sus rivales en la campaña presidencial, advirtiendo que los números no cuadraban y que Bachelet debía dar más detalles sobre cómo impulsaría la nueva Constitución, entre otras advertencias, debieron haber llevado a Bachelet a morigerar sus promesas. Pero Bachelet en cambió optó por apretar el acelerador. Bachelet insistió en que ella realizaría reformas, y no reformitas (como sus predecesores). La ex Presidenta declaró que ella iba a cortar el queque ante las divisiones en su coalición. Sabiendo que ganaría independientemente de las promesas que hiciera, Bachelet alimentó expectativas más allá de lo razonable durante la campaña de 2013.

    Ver columna en El Líbero

    Muchos técnicos de su coalición —y no pocos de los aliados políticos que ahora advierten que no se podrán cumplir las promesas— guardaron un silencio cómplice cuando Bachelet repetía, teniendo la victoria en el bolsillo, que en su gobierno se haría una reforma tributaria que permitiera la gratuidad universal. Esos mismos políticos de la NM que hoy hablan de sincerar la realidad y reconocer que muchas promesas son incumplibles, convirtieron al Programa de Gobierno de Bachelet en una especie de tablas de la ley que representaban el pacto fundacional de la Nueva Mayoría. Ellos hicieron del programa algo mucho más importante que una hoja de ruta que será modificada a medida que se enfrenten las inevitables vicisitudes del camino.

    Después de haber ganado, contraviniendo toda lógica política —y toda responsabilidad de gobierno— Bachelet siguió alimentando expectativas respecto a los compromisos que había adquirido como candidata. Precisamente cuando correspondía poner paños fríos y comenzar a bajar las expectativas, Bachelet optó por doblar la apuesta y empujar las reformas fundacionales con más fuerza.

    Los primeros meses de gobierno fueron una borrachera de promesas de reformas fundacionales y profundas que no se condecían con la realidad de un país que ha hecho las cosas bien y que solo necesita ajustes —importantes pero sin refundación— para alcanzar el desarrollo más inclusive y sostenible.

    Ahora que el “realismo sin renuncia” ha sincerado la realidad, la decepción en las filas fundacionales es evidente. Pero aquellos que celebran que el gobierno finalmente haya vuelto a sus cabales, no debiesen respirar demasiado tranquilos. En sus primeros 16 meses, el gobierno vivió en una profunda disonancia entre lo que quería hacer, lo que realmente podía hacer y lo que el país necesitaba. Hasta ahora, el único reconocimiento que ha hecho La Moneda es sobre lo que puede hacer. Peromientras la Presidenta no reconcilie su discurso de lo que ella cree que Chile necesita con lo que la evidencia muestra sobre lo que Chile realmente necesita, las decisiones que tome el gobierno y las señales que de La Moneda para seguir avanzando serán, si no manotazos de ahogado, al menos señales claras de confusión de un gobierno que, en su realismo sin renuncia, sigue con un diagnóstico equivocado sobre lo que no funciona bien en Chile hoy.

17. Un remember con Andrés Velasco

    Julio 13, 2015 9:02 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Aunque la visita de Andrés Velasco a La Moneda ha llevado a muchos a sugerir que el gobierno está dando señales de querer volver al sendero de la gradualidad y de una política de desarrollo basada en la promoción de los mercados competitivos, el comportamiento de La Moneda parece indicar que se trata más bien de un affaire casual de poca duración que no constituye un abandono de la vocación fundacional que sustenta al primer gobierno de la Nueva Mayoría. Aunque Bachelet recuerde que su popularidad era mucho más alta cuando Velasco dirigía las finanzas públicas, la Presidenta eligió una opción de gobierno distinta en 2013 y parece improbable, pese a la crisis por la que ahora atraviesa, que quiera volver al estilo y la hoja de ruta que marcaron su primer gobierno.

    En la jerga juvenil chilena, un remember es un affaire de corta duración y sin proyección a futuro con una ex pareja. A diferencia de una aventura pasajera con alguien desconocido —un one night stand—, los remember tienen la garantía de saber en lo que se está metiendo uno, aunque también involucran el riesgo de recaer en lo que alguna vez fue mucho más intenso. Como donde hubo fuego, cenizas quedan, los remembers a veces llevan a los involucrados —o a sus amigos interesados en restaurar el viejo orden— a ilusionarse con que las cosas podrán volver a ser como antes. Pero cuando ha pasado mucha agua bajo el puente, losremembers solo confirman que ya es demasiado tarde para retomar lo que alguna vez produjo alegría, satisfacción y expectativas de futuro.

    El gobierno de Bachelet fue demasiado lejos en su intento por cumplir sus irreales promesas electorales. Demostrando una urgencia que rayó en la irreflexión, La Moneda impulsó en 2014 una ambiciosa pero mal diseñada reforma tributaria que se justificó con el argumento de que era necesaria para financiar la gratuidad universitaria. Un año después, las debilidades en el diseño de la reforma se han hecho evidentes. El propio gobierno se ha abierto a corregir la reforma con una nueva ley. Eso inevitablemente abrirá nuevamente el debate tributario. Por un lado, algunos alegarán que se necesita más dinero para financiar la gratuidad, cuestión que ahora aparece como innegable. Por otro, razonablemente también, otros pedirán eliminar una serie de nuevos tributos que golpean fundamentalmente a la clase media. Como el gobierno anunció que la reforma la pagarían los poderosos de siempre, parece justificado exigirle a Bachelet que elimine aquellos aspectos de la reforma que pegan directamente a la clase media.

    Abundan los ejemplos de promesas incumplidas (e incumplibles) y políticas mal diseñadas por este gobierno. A menos de tres meses de tener que presentar la ley de presupuesto, el gobierno no sabe cómo cuadrar el círculo para cumplir su promesa de empezar la educación gratuita en 2016 para el 60% de menos ingresos en las universidades del CRUCH. Además, no hay justificación moral para excluir a alumnos de bajos ingresos que, por no tener puntaje suficiente en la PSU, asisten a universidades privadas no adscritas al CRUCH. No hay razón para dar gratuidad a un alumno matriculado en la PUC y excluir a uno de la Universidad Silva Henríquez. Ambas universidades son católicas, sin fines de lucro. Pero una es del CRUCH mientras que la otra tiene muchos más alumnos que provienen de familias de menos ingresos.

    El gobierno enfrenta similares problemas para cumplir con sus promesas de mejorar el acceso a salud pública de calidad, mejorar la calidad de la educación, mejorar las pensiones y —como si todo eso fuera poco— promulgar una nueva constitución.

    La realidad del gobierno hoy es muy distinta a cuando Velasco era ministro. Entre esos años y ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. El divorcio entre Bachelet y Velasco fue doloroso. Pero fue de mutuo acuerdo. Aunque ambos fueron respetuosos de lo que construyeron juntos, en los círculos cercanos corrió sangre y se dinamitaron puentes. Es verdad que el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es cercano a Velasco y ha dado señales de querer reproducir el modelo que ayudó al éxito de Bachelet en el primer gobierno. Pero aquellos que entonces fueron desplazados por Velasco tienen hoy más poder e influencia.

    La Presidenta Bachelet invirtió demasiado capital político en construir la Nueva Mayoría —más roja y fundacional que la Concertación— como para dejarla botada ahora y volver al modelo de su primer gobierno. Ya hay demasiados compromisos, obligaciones, promesas —hijos de por medio—, como para transformar el rememberen una relación permanente y con proyección de futuro. Por lo tanto, por más que la presencia de Velasco en La Moneda entusiasme a los que añoran la hoja de ruta amigable con el mercado que privilegió Bachelet en su primer gobierno, es improbable que este gobierno vaya a realizar un golpe de timón que lleve a Bachelet a abandonar a la Nueva Mayoría para volver con la Concertación.

    Ver columna en El Líbero

18. Los dividendos políticos de la Copa América

    Julio 9, 2015 2:56 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando los países logran importantes resultados deportivos, los gobiernos cosechan los dividendos políticos del buen ambiente que se gesta en la sociedad. Cuando esos triunfos ponen fin a décadas de frustraciones y expectativas incumplidas en el deporte más popular, es inevitable que el gobierno vea aumentar su popularidad. Cuando llueve después de tantos años de sequía, todos se benefician. El triunfo de Chile en la Copa América constituye un bienvenido bálsamo para un gobierno que, por la difícil situación económica internacional y por demasiados errores propios, ha vivido un pésimo año. Ya que se arriesgó a asistir al estadio para todos los partidos de la selección nacional, la Presidenta Bachelet también se ha apropiado de la victoria. Aunque las encuestas más recientes no lo reflejen, la Copa América ya ha traído dividendos de aprobación y popularidad para el gobierno.

    Pero la Copa América no será un punto de inflexión para el complejo momento que vive la administración Bachelet. Igual que un agricultor que no construyó embalses ni diques, el gobierno no podrá almacenar la lluvia de optimismo de la Copa América para enfrentar los problemas que se vienen. Peor aún, como el gobierno se ha especializado en desperdiciar balas de plata —el informe del Consejo Anticorrupción, el 21 de mayo y el cambio de gabinete—, no hay razón para pensar que esta vez será diferente.

    Dividido entre aquellos que quieren frenar el impulso fundacional, para diseñar una estrategia que se haga cargo de la mala situación externa que ha acelerado el freno de la economía, y aquellos que temen un aumento del descontento social si se abandonan las promesas más simbólicas de campaña, La Moneda parece incapaz de decidirse por un camino. La indecisión de la Presidenta ha llevado a la Nueva Mayoría a convocar a una cumbre el sábado 11 de julio para dirimir diferencias. Pero como las lecturas sobre lo que está pasando en Chile son tan disímiles entre los gradualistas y los refundadores, es imposible que el cónclave lleve a un consenso sobre qué hacer.

    Por cierto, las diferencias sobre el diagnóstico y el tratamiento para los problemas que afligen a Chile no son nuevas en la coalición de centro-izquierda. Las diferencias entre autoflagelantes y autocomplacientes (formalizadas por primera vez a fines de los 90) sobrevivieron al cambio de nombre de la coalición. En el pasado, todos los presidentes concertacionistas zanjaron esas diferencias a favor de los que querían cambios graduales para seguir construyendo sobre las bases del modelo de libre mercado heredado de la dictadura. Aunque hicieron guiños a los sectores más izquierdistas, especialmente en periodos electorales, los presidentes de la Concertación mantuvieron la hoja de ruta moderada.

    Enfrentada al mismo conflicto que sus predecesores —y que ella misma, en su primer periodo—, la Presidenta ha evitado tomar partido. En cambio, ha optado por dar señales que tranquilicen tanto a los que quieren refundar el país como a los que sólo quieren mejorar el modelo. Por un lado, promete un proceso constituyente que se iniciará en 60 días y, por otro, confiesa a empresarios que el gobierno está abierto a abrir el debate tributario para corregir las imperfecciones de la reforma apresuradamente promulgada en 2014. Bachelet parece determinada a demostrar que ella será capaz de cuadrar el círculo.

    Al parecer, Bachelet no entiende que una de las obligaciones de un Presidente es dirimir entre posiciones contrapuestas en su coalición de gobierno. En palabras de la propia Bachelet, los presidentes deben cortar el queque. Cuando un mandatario busca quedar bien con todos, genera las confusiones y desencantos que hemos visto de forma reiterada en estos 16 meses de gobierno.

    En el fútbol, los entrenadores de la selección nacional enfrentan un problema similar. Como todos los aficionados tienen su propia receta para alcanzar el éxito, las decisiones de los entrenadores siempre generan críticas. Pero a los entrenadores se les juzga por los resultados. Hoy en Chile, todos los que —con argumentos razonables— fueron críticos de Jorge Sampaoli deben tragarse sus palabras y reconocer los méritos del entrenador que nos llevó a ser campeones de América. Sampaoli tomó riesgos y se la jugó por una estrategia que resultó ser victoriosa.

    La razón por la que parece improbable que el gobierno de Bachelet convierta los dividendos de la Copa América en un punto de inflexión tiene que ver con que, a diferencia de Sampaoli, Bachelet no se atreve a decidir un estilo de juego y, ante la lluvia de críticas razonables, defenderlo y mantenerlo. Es cierto que si opta por una alternativa, la Presidenta podría errar el camino y fracasar. Pero si se mantiene en la indecisión entre los que quieren apurar el tranco y los que quieren corregir rumbo, no hay posibilidad de que la Presidenta logre alcanzar el éxito.

    Ver columna en El Líbero

19. Si todo falla, aprieta el botón dictadura

    Julio 6, 2015 11:35 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La declaración del ministro del Interior Jorge Burgos condicionando el derecho a participar de un cacerolazo contra la delincuencia a que los descontentos se la hayan también jugado por la democracia hace 30 años refleja tanto la desesperación de un ministro que no ha podido consolidarse como jefe del gabinete como la nula capacidad de respuesta del gobierno a los cuestionamientos por el aumento de la delincuencia. Haciendo gala del arma más antigua —y también históricamente más exitosa— de la coalición de centro-izquierda cuando el ministro Burgos se vio acorralado, presionó el botón de pánico concertacionista, sacando a la palestra a la dictadura.

    Entre todas las malas noticias que han golpeado a Chile en los últimos meses, el aumento en la delincuencia es una de las que más transversalmente golpean a los chilenos. Mientras el desempleo pega con más fuerza a los sectores de menos ingresos y el enfriamiento de la economía restringe las oportunidades de inversión para los ahorristas, la delincuencia golpea tanto a los chilenos de menos ingresos que temen ser asaltados en el camino a sus casas como a aquellos de mejor situación económica que temen que los asaltantes entren a robar a sus propiedades.

    Ante el aumento en delincuencia, un movimiento social llamó a un cacerolazo contra la delincuencia la noche del miércoles 1 de julio. Como quedó en evidencia, la protesta fue mucho más popular en los barrios pudientes de la capital. Como esos sectores tradicionalmente votan por la derecha —y en el pasado fueron la base de mayor apoyo para la dictadura—, la respuesta del ministro del Interior Jorge Burgos fue dispararle al mensajero más que hacerse cargo del mensaje. Aludiendo a la supuesta condición derechista de los manifestantes, Burgos cuestionó su derecho a protestar a partir del hecho que la mayoría de ellos presumiblemente no participó en cacerolazos contra la dictadura en los ´80.

    La respuesta de Burgos es impropia en forma y fondo. Primero, Burgos no tiene por qué relacionar las posturas políticas de las personas respecto a la dictadura con su derecho a expresarse libremente en democracia. La democracia llegó para todos, no solo para aquellos que lucharon para conseguirla. Más aun, dado que los delincuentes normalmente no indagan sobre la orientación política de sus víctimas antes de asaltarlos, forzar al gobierno a ponerle más atención a combatir el delito favorece a simpatizantes, opositores y víctimas de la dictadura. Como la dictadura terminó hace más de 25 años, poner el foco en la delincuencia ayuda también a ese 30% de chilenos que nació en democracia.

    Lo hermoso de vivir en democracia es que todos tenemos los mismos derechos. Como este gobierno ha convertido a los movimientos sociales en un fetiche y ha elevado las demandas de algunos movimientos a incuestionables mandatos de moralidad, resulta incomprensible la respuesta agresiva del ministro Burgos cuando se levanta un movimiento social que llama al gobierno —respetuosa y pacíficamente— a hacerse cargo de la seguridad de las personas. El mismo día que circuló un video en que la propia Presidente Bachelet reconocía que su hija había sido asaltada en la locomoción colectiva, el encargado de la seguridad pública del país descalificó una protesta pacífica pidiendo más seguridad a partir de suposiciones sobre las orientaciones políticas de los participantes. Es comprensible que el gobierno prefiera a los movimientos sociales que defienden posturas ideológicamente afines, pero cuando uno confiere legitimidad a la calle no puede después cuestionar a los que se la toman a partir de la agenda política que presumiblemente promueven esos movimientos.

    El comentario de Burgos también es impropio en el fondo. El titular del ministerio del Interior y de Seguridad Pública debe hacerse cargo de los legítimos cuestionamientos ciudadanos ante el aumento de la delincuencia. Dada su larga trayectoria política, Burgos tiene todo el derecho de preferir dedicarse a manejar las hebras políticas del gobierno. Pero la descripción de su trabajo incluye hacerse cargo de la seguridad pública del país. Éstas vienen con el cargo. Así como el titular de Hacienda no puede descalificar a los que reclaman por el lento andar de la economía invitándolos a callar debido a que presumiblemente apoyaron la dictadura, Burgos se debe a todos los ciudadanos. No solo a aquellos que lucharon contra la dictadura. Para honrar su cargo, Burgos debiera pedir disculpas públicas por su destemplada e impropia respuesta.

    La mayoría de los victimarios y una buena parte de las víctimas nacieron en democracia. El gobierno se ha llenado la boca diciendo que quiere promover la participación ciudadana. Por lo tanto, la respuesta del responsable de la seguridad ciudadana ante la legítima demanda de ciudadanos descontentos por el aumento de la delincuencia fue mediáticamente deplorable, pero también impropia de un demócrata.

    Ver nota en El Líbero

20. Cambio de gabinete, desvestir un santo para vestir otro

    Julio 1, 2015 9:37 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La decisión de reubicar a Nicolás Eyzaguirre desde el Ministerio de Educación al Ministerio Secretaría General de la Presidencia puede ser vista como una buena noticia para Segpres, que llevaba acéfala tres semanas. Pero es una mala noticia para Educación, que debe enfrentar el trauma de un cambio de líder cuando la educación pública está en crisis, empeorada por un prolongado paro de profesores, y en medio de un complejo proceso de reformas. Ahora que la Presidenta Bachelet decidió desvestir a un santo para vestir a otro, corresponde preguntarse si el gobierno todavía se mueve por una visión transformativa de largo plazo, o si solo está tratando de sobrevivir ante las crisis gatilladas, precisamente, por la ausencia de una hoja de ruta que le permita llegar al destino que prometió en la campaña de 2013.

    Desde que fue nombrado en educación, Eyzaguirre ha estado en el centro de polémicas generadas por las diferencias respecto a las ambiguas promesas que hizo Bachelet en campaña, y a las expectativas que tenían los distintos actores involucrados en el proceso de reforma educativa —estudiantes, apoderados, profesores, sostenedores y la opinión pública en general—.

    Sus lamentables declaraciones llamando a quitarles los patines a los niños de colegios particulares subvencionados para que los estudiantes sin patines de escuelas municipales pudieran competir en igualdad de condiciones, desnudó la principal falencia de la reforma impulsada por el gobierno en 2014. En vez de mejorar la calidad del sistema público, el gobierno buscaba nivelar para abajo, interviniendo el sistema privado. El estancamiento del proceso de reforma de la educación pública —que incluye un prolongado paro que afecta a los chilenos más pobres, y que por lo tanto no se convierte en primera prioridad ni para el gobierno ni para la prensa— explica por qué Eyzaguirre decidió empezar primero por reformar la educación particular subvencionada, y dejó para después la indispensable mejora del sistema de educación público.

    Eyzaguirre no solo es culpable de haber errado el camino —empezando la reforma educacional básica y secundaria por lo menos importante—, sino que, además, jamás advirtió que los montos recaudados por la reforma tributaria serían insuficientes para cumplir la promesa de educación superior gratuita. A cinco meses de que deba ser aprobada la ley de presupuesto —que debe incorporar recursos para empezar con la gratuidad universal en educación superior—, el gobierno no ha especificado quiénes se beneficiarán, que instituciones serán cubiertas por la medida y cómo planea nivelar los aranceles de las instituciones que ofrecerán educación gratuita.

    Con todo, Bachelet estimó que Eyzaguirre tenía las habilidades necesarias para negociar con el Congreso toda la agenda de reformas de su gobierno, incluida la reforma laboral, las potenciales correcciones a la reforma tributaria y, presumiblemente, el proceso constituyente que se inicia en septiembre. El hecho de que Eyzaguirre sea militante del PPD coadyuvó la decisión de Bachelet. Después de todo, pese a que la Nueva Mayoría está en el poder gracias a la popularidad de Bachelet, la Presidenta ha estado secuestrada por las cuotas partidistas desde el día que nombró su primer gabinete presidencial. La cercanía personal de Eyzaguirre con Bachelet también parece haber jugado un rol. Aunque constituya una negación de lo que es hacer un buen gobierno, Bachelet insiste en que los mejores ministros no son aquellos mejor calificados sino que aquellos con los que ella tiene una mejor relación personal.

    Para llenar la vacante en educación, Bachelet nombró a una asesora de la subsecretaria. Aunque el gobierno se ha esmerado en destacar sus habilidades y capacidades, es imposible explicar por qué una mujer tan capaz no fue nombrada subsecretaria desde el primer día —o, en su defecto, por qué la subsecretaria, si era más capaz que la actual ministra, no fue promovida al cargo de ministra—. La trayectoria de la también PPD Adriana Delpiano ha sido extensa, pero no destacada. Su desempeño como ministra de Bienes Nacionales, ministra del SERNAM, intendenta de Santiago, directora del Área Socio-Cultural de la Presidencia, directora Ejecutiva del Parque Bicentenario de Cerrillos y, más recientemente, miembro del directorio de ZOFRI en Iquique no registra grandes logros. Pese a que el gobierno necesita con urgencia meter goles en su reforma educativa, Bachelet nombró de ministra a una jugadora experimentada que nunca anotó un gol.

    Es buena noticia que el gobierno haya finalmente terminado con la lesera —para parafrasear a la propia Bachelet— de no tener Ministro de Segpres. Pero la decisión de desvestir a un santo para vestir a otro solo confirma la condición terminal de un gobierno, cuya urgencia por impulsar reformas fundacionales lo llevaron a la situación de parálisis y estancamiento de la que es víctima desde el mes de febrero.

    Ver columna en El Líbero

21. Los estudiantes dan al gobierno una sopa de su propio chocolate

    Junio 26, 2015 5:34 pm Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Al acusar al gobierno de soberbia, por no aceptar que el único poseedor de toda la verdad es el movimiento estudiantil, los líderes de las federaciones universitarias lo han hecho beber una sopa de su propio chocolate. Porque el gobierno ha repetidamente dejado en claro que entiende el diálogo como un proceso a través del cual sólo el interlocutor cambia de opinión, la postura estudiantil sirve de inmejorable ejemplo para el gobierno de lo poco productivo que resulta llamar al diálogo cuando el convocante no está dispuesto a aceptar que no es dueño de la verdad.

    Aunque hubiera tenido sentido que el gran anuncio en el discurso presidencial del 21 de mayo hayan sido los detalles sobre el proceso constituyente o la agenda de probidad, la declaración de la Presidenta sobre la gratuidad de la educación superior se convirtió en el tema más polémico del discurso presidencial. Al anunciar que la gratuidad se iniciaría en 2016, pero sólo para el 60% de menos ingresos y solo en las universidades del CRUCH, Bachelet dio el puntapié inicial para una batalla que mezcla intereses particulares con defensa de principios. Como las universidades del CRUCH incluyen planteles públicos y privados, varias universidades no tradicionales rápidamente reaccionaron, alegando discriminación. Si la PUC accede a gratuidad, ¿por qué no la Alberto Hurtado? Si la U de Concepción o la Federico Santa Maria entran a la gratuidad, ¿por qué otras privadas como la UDP quedan fueran? Y en última instancia, ¿la gratuidad es para los estudiantes más necesitados o solo para aquellos que tienen suficiente puntaje como para entrar a las universidades más competitivas?

    Adicionalmente, como los aranceles varían de universidad en universidad, la gratuidad necesariamente requerirá fijación de precios por parte del Estado. Pero así como el precio de una empanada varía dependiendo de su contenido, reputación del vendedor y barrio donde se ubica el negocio, el valor de una carrera dependerá de muchas variables. No parece razonable que el Estado fije precios, porque no sabe cómo hacerlo y porque no hay razón para pensar que todas las universidades deban cobrar lo mismo.

    Peor aún, ya que la promesa de gratuidad busca reducir los altos niveles de desigualdad, la exclusión de los institutos profesionales y centros de formación técnica es incomprensible. Por más que se parta por el 60% de menos ingresos, no incluir en la gratuidad a las instituciones educacionales donde estudia la mayoría de los alumnos vulnerables hará que la desigualdad aumente, incumpliendo la principal promesa de campaña de Bachelet.

    Comprensiblemente, el gobierno ha tratado de cuadrar el círculo, buscando una fórmula que otorgue gratuidad a la mayor cantidad posible evitando que los recursos vayan a parar a instituciones que lucran o que ofrecen educación de insuficiente calidad. Ya que cualquier fórmula es sub-óptima, en tanto dejará sin cobertura a gente que la necesita, La Moneda ha mostrado disposición a flexibilizar su postura.

    Pero en su intento por generar instancias de diálogo, el gobierno se ha encontrado con interlocutores que se creen dueños de la verdad. Los líderes estudiantiles han dado muestra de una convicción profunda sobre sus principios que raya en la locura. Sin entender que solo los necios y los dictadores se creen dueños de la verdad en cuestiones que son debatibles, en tanto responden a preferencias subjetivas y se construyen sobre información incompleta, los estudiantes acusan al gobierno de soberbia y de falta de diálogo democrático cada vez que La Moneda se niega a ceder ante las demandas estudiantiles.

    La intransigencia de los estudiantes resulta incomprensible. Es poco razonable e impropia en un Estado de derecho democrático. Pero en el Chile de hoy, esa intransigencia es más el patrón que la excepción. El gobierno ha usado hasta el cansancio el argumento de que el diálogo es solo una oportunidad para explicar mejor y para que los otros cambien de opinión. Repetidas veces, los llamados que ha hecho el gobierno a dialogar han sido acompañados de afirmaciones temerarias sobre la inalterabilidad de la hoja de ruta. Pero el diálogo honesto supone aceptar que nadie tiene el monopolio de la verdad. Sentarse a negociar implica el reconocimiento implícito de que ambas partes están dispuestas a ceder. Uno puede estar tan convencido de sus creencias al punto de no querer dialogar. Pero uno no puede llamar al diálogo a la vez que se arroga el monopolio de la verdad.

    La postura intransigente de los estudiantes da fe de su pasión y convicción, pero también desnuda sus débiles valores democráticos. Pero tanto esa postura ahora tiene al gobierno contra la pared, esa práctica de creerse dueño de la verdad constituye una poderosa lección para un gobierno que se acostumbró a creer que el diálogo consiste en que los otros acepten tus creencias y valores como propias.

    Ver columna en El Líbero

22. Ex miembro de comisión Engel: “El caso de Insunza plantea el dilema de eventuales conflictos de interés”

    Junio 8, 2015 8:42 am Leave a Comment

    

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes afirma que la entidad asesora de la Presidenta propuso que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva a su labor. El documento se entregó al país antes del cambio de gabinete. Al propio ministro de la Secretaría General de la Presidencia le corresponde tramitar la agenda de probidad inspirada en la comisión Engel.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y ex integrante de la “comisión Engel” sobre probidad y financiamiento político, analiza para “El Líbero”  la situación que afecta al ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Jorge Insunza, quien realizó millonarias asesorías a empresas mineras el año pasado mientras era diputado y miembro de la comisión de Minería.

    La autoridad subió a su sitio web siete de las decenas de informes semanales de tres páginas, que su empresa realizó y que compró por $2.000.000 Antofagasta Minerals. Además, entre 1997 y el año pasado tuvo contratos con 10 ministerios y empresas públicas y varias compañías privadas. Sólo a Codelco le facturó US$300 mil.

    -¿Cuál es su opinión sobre las asesorías que realizó el ministro Insunza?

    -Un principio general que creo es necesario debatir, es que como resultado del consejo asesor presidencial propusimos la necesidad de que los parlamentarios tuviesen dedicación exclusiva, que hoy no existe. Hoy sólo tienen inhabilidad de realizar contratos con el estado, pero pueden tener sociedades y contratos con el sector privado, participar en bufete, asesorar a empresas. Lo que sugerimos es que sea regulado para evitar conflictos de interés. Creo que el caso de Insunza y de otros parlamentarios plantea el dilema de eventuales conflictos de interés asociado a participación en estas empresas. Es fundamental regularlo y, a mi juicio, parece ser que no está todavía considerado en la agenda de probidad del Gobierno.

    -¿Qué significaría la exclusividad de los parlamentarios que propone la comisión Engel?

    -Que al momento de asumir deben desvincularse de todo tipo de sociedades, porque el sueldo que tienen es suficiente y se plantea el tema del conflicto de interés. Por lo tanto, lo del ministro Insunza parece estar dentro del marco legal. Ahora, dicho eso, es necesario regularlo. El segundo tema tiene que ver con eventuales conflictos de interés que hubiesen surgido entre el ser legislador, miembro de una comisión de Minería y estar dándole asesoría a una empresa minera. Ahí creo que se produce un conflicto de interés, que hoy en la legislación chilena no está regulado, todas las inhabilidades son voluntarias, y se plantea la necesidad de establecer una regulación para los conflictos de interés.

    -Entonces, ¿el hecho de que él fuera miembro de la comisión de Minería y asesor de una empresa minera, sería conflicto de interés?

    -Eventualmente sí. Hay que ver qué tipo de votaciones tuvo, analizar si hubo algún tipo de tema que afectaba a alguna minera en particular y donde él hubiera tenido una votación, pero eso habría que analizarlo, qué temas se debatieron, si se inhabilitó. No tengo esa información.

    -¿La restricción debería incluir a la familia directa?

    -Lo que propuso la comisión fue que la declaración de intereses y patrimonio se extendiese a familiares directos, cónyuges e hijos, para que fuese transparente saber si la señora de un parlamentario tiene algún vínculo con una empresa.

    -¿Cómo le afecta este caso al ministro que debe impulsar la agenda de probidad?

    -Creo que más que el rol que pueda cumplir en la agenda, que no dependerá toda de él, es importante en esta coyuntura que aclare lo más pronto posible qué tipo de comportamiento tuvo, si hubo conflicto de interés asociado a eventuales decisiones en la minería y que pudieron haber tenido relación con lo que se discutió en el Congreso. Más allá de transparencia total, parece que todo está dentro del marco legal. Lo que pasa es que una cosa es el marco legal y otra lo que hoy día la sociedad está esperando con un estándar muy superior.

    -En este caso, ¿el ministro cumpliría con ese estándar ético superior, más allá de que sea legal?

    -Si él muestra con transparencia que no hubo ningún conflicto de interés, que él puso en sus votaciones respecto de las empresas que asesoraba, creo que no habría problema. Sin embargo, es fundamental para este gobierno regular en forma estricta este tipo de conflicto.

    -¿Qué ruido político le puede generar al gobierno?

    -Evidentemente le está generando un ruido político porque se suponía que las nuevas autoridades iban a estar sin ningún tipo de problemas, y aparece esta situación que es inconveniente para un nuevo gabinete que se está instalando.

    -¿Falló el chequeo de información previa?

    -Creo que hay que ser cuidadoso. A lo mejor se chequearon los datos y se llegó a la conclusión de que no había conflicto de interés. A mi juicio creo que ese análisis de datos debió haber ocurrido, y tenemos que esperar la respuesta del gobierno para ver si efectivamente no hubo ningún tipo de vulneración al conflicto de interés.

    -¿Cómo sale el gobierno de esta crisis política?

    -Con mucha transparencia,  con una declaración muy firme respecto de su actuación como parlamentario, las votaciones que hizo  y de que no hubo un beneficio de una empresa particular, en este caso Antofagasta Minerals, respecto de su actuación como parlamentario. Eso tiene que quedar totalmente transparentado.

    – ¿Qué opina sobre las asesorías que hizo a Codelco?

    -Hay que ser muy cuidadoso, porque si no era parlamentario e hizo informes no debería ser cuestionado. Lo importante es que toda esa actividades que se hicieron sean transparentes.

    Ver entrevista en El Líbero

23. Mi querido pueblo

    Junio 1, 2015 9:36 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La declaración de la Presidenta Bachelet a El País de España, señalando que le gustaría ser recordada como una presidenta que quiere a su pueblo, deja en evidencia tanto las fortalezas de su liderazgo que la hicieron la Presidenta más popular en el Chile democrático como las debilidades de un estilo de conducción que ahora tiene su aprobación por el piso. Porque Bachelet quiere ser juzgada a partir de sus intenciones —y no solo por sus resultados—, la sospecha que está instalada sobre qué tan honesta ha sido respecto al escándalo Caval y la precampaña de 2012 resulta tan dañina para su relación con su querido pueblo. Si la Presidenta hubiera aspirado solo a ser evaluada a partir de su desempeño, la práctica de no decir toda la verdad, tan común en la política, no le hubiera significado un golpe tan duro.

    El principio de otorgar la confianza a otra persona para que desempeñe una tarea cuyos resultados cuesta evaluar es muy parecido a lo que ocurre cuando el electorado deposita mayoritariamente su confianza en un líder para que conduzca los destinos del país. Ya que las promesas de campaña se realizan bajo supuestos distintos de los que existen cuando corresponde gobernar, la gente anticipa que los candidatos no serán capaces de cumplir todas sus promesas. Por más bien intencionado que sea, un candidato presidencial no posee toda la información sobre cuál será la realidad cuando corresponda cumplir la palabra empeñada. Por eso, la gente anticipa que las circunstancias cambian, que aparecen otras necesidades o que los cálculos sobre los ingresos y egresos no estaban bien hechos. Por eso, la gente no necesariamente castiga a los políticos que no cumplen todas sus promesas, porque saben que aun los políticos más responsables se encontrarán con obstáculos sorpresivos en su camino.

    Pero precisamente porque no hay forma de evaluar si los políticos incumplen sus problemas por haber enfrentado obstáculos sorpresivos o porque simplemente prometieron cosas que siempre supieron no iban a poder cumplir, la gente castiga severamente a aquellos políticos que son sorprendidos mintiendo, disfrazando la verdad u omitiendo información relevante.   Porque la confianza es esencial para poder desempeñar el cargo de representante, cuando un político es sorprendido faltando a la verdad, se reduce automáticamente su posibilidad de seguir ejerciendo adecuadamente sus tareas. Igual que una pareja que se siente traicionada, la gente sabe que cuando se pierde la confianza, es muy difícil volver a recuperarla.

    En ciertas relaciones contractuales, la gente anticipa que no puede confiar del todo en sus socios. Por eso, los oferentes de servicios trabajan arduamente para construir una buena reputación y mantenerla. Pero cuando las relaciones contractuales se cimientan en relaciones de cariño y afecto más que de reputación, los engaños, por más pequeños que sean, resultan mucho más costosos. Eso es lo que ha pasado entre el pueblo chileno y la Presidenta Bachelet. Porque la gente confió en Bachelet —y por eso votó por la Nueva Mayoría, una coalición que se mostraba como algo nuevo y distinto a la Concertación—, la pérdida de confianza en la persona de la Presidenta afecta también a toda su coalición de gobierno.

    En 2010, una mayoría de los chilenos le confió su voto a Sebastián Piñera, el líder de la Alianza. Como líder, Piñera tenía una reputación de promesas con letra chica, de exageraciones y de polémicas y conflictos que hacían que la gente dudara de su honestidad, más no de su capacidad. Con Bachelet, la gente podía dudar de la capacidad de la Presidenta y de su poder de liderazgo para imponerse frente a los partidos de su coalición. Pero pocos dudaban de la honestidad de la primera mujer en llegar a La Moneda.

    Por eso, Bachelet podía moverse en la dimensión del cariño —de ella hacia su pueblo y de los chilenos hacia ella— de forma mucho más cómoda que Piñera. El primer presidente de derecha en el Chile post dictadura también quería a su pueblo y soñaba con ser querido, pero Piñera entendió tempranamente que su evaluación se haría respecto a su desempeño. Por eso, aunque no le tengan cariño, los chilenos igual considerarán a Piñera como un candidato presidencial posible a partir del desempeño que tuvo su gobierno. Bachelet, en cambio, ha optado por el camino del cariño para definir su relación con los chilenos. En esa dimensión de cariño, las sospechas de deshonestidad calan más hondo. La presidencia de Bachelet no buscó ser la más eficiente ni la de mejor desempeño. La Presidenta aspiró a hacer suyos nuestros problemas. Por eso, ahora que su gobierno se esfuerza por lograr que la gente crea que Bachelet no sabía nada de la precampaña (así como tampoco supo nada de Caval hasta que lo vio por la prensa), ese querido pueblo de Bachelet la mira con desconfianza y le advierte que, una vez que se instala la sospecha de la mentira, es muy difícil volver a foja cero.

    Ver columna en El Líbero

24. Mi querido pueblo

    9:36 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La declaración de la Presidenta Bachelet a El País de España, señalando que le gustaría ser recordada como una presidenta que quiere a su pueblo, deja en evidencia tanto las fortalezas de su liderazgo que la hicieron la Presidenta más popular en el Chile democrático como las debilidades de un estilo de conducción que ahora tiene su aprobación por el piso. Porque Bachelet quiere ser juzgada a partir de sus intenciones —y no solo por sus resultados—, la sospecha que está instalada sobre qué tan honesta ha sido respecto al escándalo Caval y la precampaña de 2012 resulta tan dañina para su relación con su querido pueblo. Si la Presidenta hubiera aspirado solo a ser evaluada a partir de su desempeño, la práctica de no decir toda la verdad, tan común en la política, no le hubiera significado un golpe tan duro.

    El principio de otorgar la confianza a otra persona para que desempeñe una tarea cuyos resultados cuesta evaluar es muy parecido a lo que ocurre cuando el electorado deposita mayoritariamente su confianza en un líder para que conduzca los destinos del país. Ya que las promesas de campaña se realizan bajo supuestos distintos de los que existen cuando corresponde gobernar, la gente anticipa que los candidatos no serán capaces de cumplir todas sus promesas. Por más bien intencionado que sea, un candidato presidencial no posee toda la información sobre cuál será la realidad cuando corresponda cumplir la palabra empeñada. Por eso, la gente anticipa que las circunstancias cambian, que aparecen otras necesidades o que los cálculos sobre los ingresos y egresos no estaban bien hechos. Por eso, la gente no necesariamente castiga a los políticos que no cumplen todas sus promesas, porque saben que aun los políticos más responsables se encontrarán con obstáculos sorpresivos en su camino.

    Pero precisamente porque no hay forma de evaluar si los políticos incumplen sus problemas por haber enfrentado obstáculos sorpresivos o porque simplemente prometieron cosas que siempre supieron no iban a poder cumplir, la gente castiga severamente a aquellos políticos que son sorprendidos mintiendo, disfrazando la verdad u omitiendo información relevante.   Porque la confianza es esencial para poder desempeñar el cargo de representante, cuando un político es sorprendido faltando a la verdad, se reduce automáticamente su posibilidad de seguir ejerciendo adecuadamente sus tareas. Igual que una pareja que se siente traicionada, la gente sabe que cuando se pierde la confianza, es muy difícil volver a recuperarla.

    En ciertas relaciones contractuales, la gente anticipa que no puede confiar del todo en sus socios. Por eso, los oferentes de servicios trabajan arduamente para construir una buena reputación y mantenerla. Pero cuando las relaciones contractuales se cimientan en relaciones de cariño y afecto más que de reputación, los engaños, por más pequeños que sean, resultan mucho más costosos. Eso es lo que ha pasado entre el pueblo chileno y la Presidenta Bachelet. Porque la gente confió en Bachelet —y por eso votó por la Nueva Mayoría, una coalición que se mostraba como algo nuevo y distinto a la Concertación—, la pérdida de confianza en la persona de la Presidenta afecta también a toda su coalición de gobierno.

    En 2010, una mayoría de los chilenos le confió su voto a Sebastián Piñera, el líder de la Alianza. Como líder, Piñera tenía una reputación de promesas con letra chica, de exageraciones y de polémicas y conflictos que hacían que la gente dudara de su honestidad, más no de su capacidad. Con Bachelet, la gente podía dudar de la capacidad de la Presidenta y de su poder de liderazgo para imponerse frente a los partidos de su coalición. Pero pocos dudaban de la honestidad de la primera mujer en llegar a La Moneda.

    Por eso, Bachelet podía moverse en la dimensión del cariño —de ella hacia su pueblo y de los chilenos hacia ella— de forma mucho más cómoda que Piñera. El primer presidente de derecha en el Chile post dictadura también quería a su pueblo y soñaba con ser querido, pero Piñera entendió tempranamente que su evaluación se haría respecto a su desempeño. Por eso, aunque no le tengan cariño, los chilenos igual considerarán a Piñera como un candidato presidencial posible a partir del desempeño que tuvo su gobierno. Bachelet, en cambio, ha optado por el camino del cariño para definir su relación con los chilenos. En esa dimensión de cariño, las sospechas de deshonestidad calan más hondo. La presidencia de Bachelet no buscó ser la más eficiente ni la de mejor desempeño. La Presidenta aspiró a hacer suyos nuestros problemas. Por eso, ahora que su gobierno se esfuerza por lograr que la gente crea que Bachelet no sabía nada de la precampaña (así como tampoco supo nada de Caval hasta que lo vio por la prensa), ese querido pueblo de Bachelet la mira con desconfianza y le advierte que, una vez que se instala la sospecha de la mentira, es muy difícil volver a foja cero.

    Ver columna en El Líbero

25. El gobierno de la crisis permanente

    Mayo 19, 2015 10:06 am Leave a Comment

    

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Para los optimistas, la petición de renuncia al director del SII, Michel Jorratt, evidencia la consolidación del cambio de timón que dio la Presidenta Bachelet con el cambio de gabinete del 11 de mayo. Para los pesimistas, la forma en que Jorratt finalmente dejó su cargo sólo confirma la desprolijidad en la conducción política que ha caracterizado a la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Lamentablemente, si los problemas se originan en la forma en que la Presidenta toma sus decisiones y soluciona las inevitables tensiones que aparecen al interior del gabinete, entonces, por más que se hayan sumado al gabinete personas con reconocida capacidad de gestión y manejo político, los errores no forzados de La Moneda harán que el gobierno siga tropezando con las mismas piedras.

    Aunque el primer gabinete de Bachelet ya estaba agotado a fines de 2014, con la infantil excusa de que ella no hacía cambios de gabinete porque le molestaba que la pautearan desde los medios, Bachelet insistió con mantener a ministros que no habían dado el ancho. La inmovilidad que produjo en su gobierno el escándalo Caval y la incapacidad que tuvo su equipo para anticipar que el escándalo Penta que se extendería también a SQM, terminaron por llevar al gobierno desde la euforia por haber aprobado la reforma electoral y la reforma que eventualmente terminará con el copago, el lucro y la selección en la educación secundaria; a una sensación de depresión por la caída de Bachelet en las encuestas y por el daño que los negocios especulativos inmobiliarios de Caval provocaron a la credibilidad del gobierno y de la Nueva Mayoría.

    Finalmente, la Presidenta terminó cediendo y aceptó remover de su cargo al ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, su brazo derecho y el ministro que —además de ser el responsable de la mala reacción del gobierno ante los escándalos Caval y SQM— estaba más directamente involucrado en este escándalo que desnudó el financiamiento irregular de la política en periodos de pre-campaña. Pero la forma en que Bachelet anunció el cambio de gabinete —en entrevista en televisión y autoimponiéndose un plazo de 72 horas que no cumplió— generó expectativas infundadas sobre la magnitud del ajuste (Bachelet, después de todo, anunció que le había pedido la renuncia a todos los ministros).

    Aunque el cambio de gabinete fue opacado por la desprolija manera en que Bachelet finalmente dio el golpe de timón, ya que la plaza vio con tan buenos ojos la salida de los ministros de Hacienda e Interior, en los primeros días reinó la algarabía en la elite que creía que la Nueva Mayoría sería remplazada por el retorno del orden restaurador de la Concertación. Pero con los días, han surgido evidencias de que el cambio de gabinete no ha sepultado las confusiones sobre cuál es la hoja de ruta que motiva al gobierno. Las discrepancias que comenzaron a surgir entre los nuevos ministros, especialmente respecto a la continuidad de Jorratt en el SII, apuntaron a que la llegada de los nuevos rostros no había solucionado el problema estructural del gobierno, la forma en que la Presidenta Bachelet toma y comunica sus decisiones. Mientras unos ministros parecían anticipar la salida de Jorratt, otros se apuraban en confirmar al director del SII. Finalmente, ocho días después del cambio de gabinete, el gobierno le pidió la salida a Jorratt.

    Los optimistas pueden apuntar a que la desprolijidad en la forma en que se separó a Jorratt de su cargo es un último estertor del viejo orden que fue remplazado el 11 de mayo. Pero hay buenas razones para creer que la desprolijidad es condición inherente en la forma de gobernar de Bachelet. La revelación hecha por La Tercera sobre la asesoría a la empresa Caval que en 2012 realizó a Ana Lya Uriarte, la jefa de gabinete de Bachelet, y que el gobierno había considerado innecesario transparentar, alimentan sospechas de que el gobierno está ocultando información sobre la relación entre Caval, el trabajo de precampaña de Bachelet y los equipos que ahora trabajan con la Presidenta. En la misma línea, la demora en nombrar a un nuevo contralor de la República, el inevitable ajuste en subsecretarios e intendentes que normalmente se da después de un cambio de gabinete, y la especificación sobre cuáles serán las nuevas prioridades legislativas del gobierno apuntan a que la desprolijidad sobrevivió al cambio de gabinete.

    En las semanas que vienen, a medida que el nuevo equipo vaya tomando el control del manejo político cotidiano, veremos hasta qué grado el cambio de gabinete logrará también mejorar la coordinación en el gobierno. Si la dupla Burgos-Valdés se empodera y toma el control de las decisiones, se disiparán las dudas. Pero si se mantiene el estilo secretista de la Presidenta y continúa su renuencia a dirimir rápidamente los conflictos que surgen al interior del gabinete, se mantendrá la percepción de que el gobierno vive en una crisis permanente.

    Ver columna en El Líbero

26. El rumor de la renuncia

    Abril 13, 2015 12:22 pm Leave a Comment

    

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    La tajante afirmación hecha por la Presidenta Michelle Bachelet para responder a los rumores sobre su posible renuncia subraya el complejo momento por el que atraviesa su gobierno. Cuando un Presidente está en control del timón político del país, avanza su agenda legislativa, implementa mejoras en políticas públicas e institucionalidad y goza de altos niveles de aprobación, a nadie se le ocurre preguntarle si está pensando en renunciar.

    El rumor comenzó a circular en la élite política a comienzos de marzo, después del retorno de Bachelet de sus vacaciones y producto del escándalo Caval. Aunque ahora reconozca que fue un error no haber hablado del tema, la decisión inicial de Bachelet de no referirse al asunto evidenció su incomodidad con el problema político en el que la había metido su único hijo varón. Cuando aludió a que no quería interceder en la investigación en curso, la Presidenta olvidó que la denuncia ante fiscalía fue presentada varios días después de que estalló el escándalo. Peor aún, Bachelet todavía no ha enmendado el error en tanto todavía no da su opinión sobre “la pasada” inmobiliaria de Caval. Dada la independencia que ha demostrado la fiscalía, la Presidenta debiera saber que sus dichos no van a influir en la investigación sobre posibles delitos que pueden haber cometido aquellos involucrados con la empresa de su nuera.

    Los rumores sobre la renuncia se esparcieron tan rápidamente por la errática respuesta del gobierno ante el escándalo SQM. Las discrepancias sobre cuál era la mejor estrategia a seguir terminaron por inmovilizar al gobierno. Mientras algunos pedían un acuerdo con la clase política para mejorar la legislación sobre el financiamiento de campañas, otros defendían la tesis de que la investigación de la fiscalía debiera seguir, caiga quien caiga. Al final la investigación ha seguido, pero las señales sobre la postura del gobierno siguen siendo confusas. Recientemente, el SII ha denunciado a SQM por otras boletas y facturas presumiblemente falsas, pero no hizo extensiva la denuncia a los emisores de esos documentos. El SII tampoco se ha querellado contra SQM por esas boletas y facturas que involucran a varios políticos, limitando así el accionar de la fiscalía. Bachelet misma ha sido ambigua sobre cuál debiera ser el camino a seguir. La Presidenta ha sugerido que los involucrados pudieron haber realizado servicios efectivos a SQM y por lo tanto no habría nada irregular. Sin querer entender que el problema está en la sospecha de que SQM requería esos servicios de demasiadas empresas y personas con vínculos políticos evidentes, Bachelet se escuda en la letra de la ley y no se hace cargo de la percepción de abuso y tráfico de influencias que rodea a este escándalo. Después de que líderes de la NM justificadamente fustigaron a la UDI por mantener en posiciones de liderazgo a legisladores involucrados en el escándalo Penta, Bachelet ratificó en sus cargos a sus funcionarios de confianza involucrados en el escándalo SQM (y también al ministro Alberto Undurraga, involucrado en el escándalo Penta). La falta de liderazgo de Bachelet ante los escándalos Penta y SQM ha sido terreno fértil para que se expandan los rumores sobre su posible renuncia.

    Finalmente, la incapacidad del gobierno para controlar la agenda política, impulsar sus propias prioridades legislativas de reformas y mostrarse con actitud proactiva contribuyó a darle credibilidad a un rumor que por semanas se repitió en los círculos de poder. La propia Presidenta ha contribuido a alimentar la percepción de que el gobierno está estancado. Al desmentir a aquellos que hablan de una parálisis en el gobierno, Bachelet tácitamente reconoce el problema. Cuando el gobierno está trabajando a mil por hora, las críticas que acusan parálisis no tienen eco y no necesitan ser desmentidas.

    Esta no es la primera vez que se expanden rumores sobre una posible renuncia presidencial. En la crisis MOP-Gate, el columnista Ascanio Cavallo sugirió que el Presidente Ricardo Lagos podría no terminar su periodo. Lagos lo desmintió con hechos concretos y liderazgo. Al final, aunque pasó momentos duros, Lagos convirtió esa crisis en oportunidad.

    Bachelet tiene una oportunidad similar hoy para convertir la triple crisis Penta-SQM-Caval en una oportunidad para mejorar las instituciones y profundizar la democracia. Para hacerlo, deberá demostrar su disponibilidad a jugarse su capital político. Ya que reconoció que no hablar sobre el escándalo Caval fue un error, ahora debiera separar aguas con los negocios especulativos de su hijo y, después de una condena pública, asumir el liderazgo para sacar a la clase política del pantano. Después de todo, la base de legitimidad de Bachelet se construyó a partir de su voluntad de hacer cosas difíciles. El norte que la llevó a convertirse en Presidenta, por segunda vez, fue su oposición a los que lucraban con la educación. Extender ese rechazo a los que han lucrado con la democracia debiera resultar un paso natural y fácil de dar para la Presidenta Bachelet.

    Ver columna en El Líbero

27. El candidato Lagos

    Marzo 27, 2015 12:50 pm Leave a Comment

    

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    Después de haber llegado al poder anunciando el fin de la Concertación, la Nueva Mayoría de Bachelet está en la UTI. Con un gobierno complicado por promesas demasiado ambiciosas y errores no forzados, la NM es cada vez menos atractiva. Esto ha impulsado a algunos a pensar en el retorno de la Concertación, personificada en una candidatura presidencial de Ricardo Lagos Escobar. Pero el retorno del hombre que abrió espacios de libertad y profundizó la democracia en su primer gobierno representaría un intento de restauración conservadora. Aunque la NM termine desvaneciéndose con la misma rapidez que se constituyó, los chilenos difícilmente serán seducidos por una opción que parece querer volver al pasado más que hacerse cargo de las demandas y banderas populares en Chile hoy.

    La reciente irrupción de Lagos Escobar como candidato presidencial subraya la incuestionable popularidad y la loable reputación de estadista que este intelectual se supo granjear en los 80 como líder de la renovación socialista, en los 90 como ministro y durante su sexenio presidencial. Después de asumir el poder en un momento complicado, por el retorno de Pinochet tras su detención en Londres, y cuando la economía pasaba por un difícil momento, Lagos supo dirigir al país hacia aguas más tranquilas y prósperas. No por nada, al finalizar su gobierno, Lagos gozaba de altos niveles de aprobación, era celebrado por el empresariado y se podía jactar de haber profundizado la democracia y ampliado las libertades. La victoria de Michelle Bachelet en 2006 se debió, en no poca medida, al éxito de Lagos en su sexenio. De hecho, por sus logros y su reputación, Lagos rápidamente se perfiló como el favorito para ser el candidato de la Concertación en 2009. Pero un error de cálculo —Lagos exigió a la Concertación más de lo que esta estaba dispuesta a entregar— hizo que la coalición de centro-izquierda se quedará sin su mejor carta en 2009.

    Hoy, con 8 años más en el cuerpo —Lagos acaba de cumplir 77 años—, el ex Presidente aparece con la misma energía, determinación y confianza que cuando ocupó La Moneda. Su preferencia por los acuerdos desde la elite —un saludable despotismo ilustrado, en la medida de lo posible— entusiasma a los nostálgicos de la gloriosa era concertacionista. Lagos también entusiasma a parte de la derecha tradicional, que prefiere estadistas del estilo de Lagos que gerentes híper activos e impetuosos, como Sebastián Piñera. Después de todo, como Presidente, Lagos sorprendió gratamente a una derecha que temía el retorno de Allende y que terminó satisfecha de haber coadyuvado al éxito de un gobierno moderado de centro-izquierda. Incluso cuando se le compara con Piñera, Lagos sale bien parado. El líder PPD hizo más por legitimar y avanzar el modelo social de mercado que el primer presidente de derecha en Chile después de la transición.

    Lamentablemente para Lagos, sus principales promotores hoy son aquellos que menos poder detentan en la centro-izquierda y muchos derechistas que les encantaría volver a ser la oposición a Lagos (aunque algunos incluso se animen a votar por él). Pero Lagos despierta menos interés en aquellos que hoy dominan la política en la centro-izquierda y en el discurso de la calle. Es más, para muchos de ellos, Lagos representa todo lo malo de la transición chilena.

    Pero el mayor obstáculo para Lagos no está en que su candidatura gusta más entre los poderes fácticos que entre los movimientos sociales. El ex Presidente sabe que el Chile de hoy es muy distinto (y mejor, en partes gracias a él) que aquel Chile que lo ungió Presidente en enero de 2000. Para ser candidato, Lagos deberá marcar bien en las encuestas —y no solo en el aplausómetro de los encuentros empresariales—. Más aún, Lagos deberá someterse al escrutinio de una prensa mucho más liberada y punzante que cuando la sombra de Pinochet todavía inducía a los medios a cuidar la naciente democracia. Si, aun así, el ex Presidente se anima a entrar al ruedo, Lagos deberá participar de unas primarias mucho más complejas —y de resultado más incierto— que las que no quiso aceptar en 2009.

    En el mundo ideal, Lagos gustaría de enfrentar en una elección a Sebastián Piñera. La victoria sería muy alcanzable, con una izquierda obligada a evitar el retorno de Piñera y una derecha que quisiera ver en su candidato varios de los atributos de Lagos. Pero la mayor barrera para el ex Presidente estará en convertirse primero en el candidato único de la centro-izquierda. Como no hay forma de asegurar esa nominación sin abrirse a primarias —y como nada garantiza que Lagos se imponga en dichas primarias—, el septuagenario presidente pudiera no querer correr el riesgo. Más aun, siendo testigo de lo difícil que le ha resultado a Bachelet su segundo periodo —después de haber logrado la victoria más cómoda de las últimas elecciones presidenciales—, el hombre que se arrepintió de lanzarse al ruedo en 2009 difícilmente optará por ser más osado en el ocaso de lo que ha sido una loable vida política.

    Ver columna en El Líbero

28. Autoridad moral de Bachelet

    Marzo 23, 2015 5:00 pm Leave a Comment

    

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    Sin entender que sus acciones y omisiones han erosionado su autoridad moral como paladín de la probidad, la Presidenta Michelle Bachelet impulsa una acelerada, pero insuficiente, agenda para combatir la corrupción. Pero en tanto no despeje dudas sobre el escándalo que involucra a su hijo y ni envíe señales claras de la necesidad de colaborar con la Fiscalía al SII, esos esfuerzos se perderán en un mar de sospechas sobre de qué lado está Bachelet en la lucha contra la corrupción y la captura del Estado. Porque de poco sirve tomar medidas hacia el futuro cuando la opinión pública demanda justicia hoy, la Presidenta Bachelet arriesga ser considerada como parte del problema más que de la solución a la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones democráticas del país.

    Aunque el escándalo Penta gatilló la crisis actual, las sospechas sobre el involucramiento del gobierno solo se iniciaron cuando se conoció la arista SQM. Si bien el caso Penta tempranamente involucró al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga —y el gobierno dio una errónea señal al salir a apoyarlo—, La Moneda correctamente anticipó que Penta sería una bomba que concentraría su poder destructivo en la UDI y que, a lo más, habría un par de víctimas accidentales en la coalición oficialista.

    El caso Caval, en cambio, explotó en los cimientos de la Nueva Mayoría. Aunque el entorno cercano a Bachelet apostó inicialmente a la invulnerabilidad de la Presidenta, con el correr de los días, el gobierno fue descubriendo el profundo daño que había causado el primogénito de Bachelet. Como la Mandataria nunca cortó el cordón umbilical con su descriteriado hijo, esa herida siguió sangrando hasta que la opinión pública atribuyó al caso Caval las mismas implicaciones delictuales del escándalo Penta. Bachelet insistió en ser primero madre que Presidenta de la República y por ello su mensaje de fin al abuso se terminó de hundir con la cuestionada reputación de su primogénito. Con todo, el caso Caval no le pegaba directamente a la NM. Al golpear a Bachelet, golpeaba los cimientos de la coalición, pero no involucraba directamente a ninguno de sus partidos.

    Por eso, cuando la arista SQM volvió al primer plano y comenzaron a circular rumores —y filtraciones— sobre los pagos a políticos, la sensación de pánico se extendió por la NM. Si el caso Caval había golpeado la línea de flotación de la nave que aloja a la NM —la credibilidad de Bachelet—, el caso SQM amenazaba con convertir la preocupación política de la NM en nerviosismo por evitar las formalizaciones de la fiscalía.

    Demostrando pésimo manejo, el equipo político de La Moneda intentó apagar el incendio con gasolina. Dejando en evidencia sus cuestionables intenciones —pero también desnudando su poca capacidad para realizar operaciones políticas—, el gobierno intentó por distintos medios obstruir la investigación de la Fiscalía. Mientras el gobierno convertía al SII en dique de contención para frenar los impulsos investigativos del Ministerio Público, un amigo y aliado del ministro del Interior, el abogado (y ex secretario general del PPD) evitaba entregar los libros contables de SQM al fiscal. Aunque no se sabe qué información comprometedora tienen esos libros, el gobierno y los socios controladores de SQM se han comportado como si hubiera mucho que ocultar. Nadie puede ser acusado de delito sin pruebas, pero la actitud del gobierno y de SQM por evitar que la fiscalía acceda a sus datos alimenta sospechas.

    Aunque ha evitado referirse a SQM, Bachelet parece determinada a encontrar una salida a la crisis. Al convocar a un Consejo Asesor para que le entregue propuestas a favor de la probidad, la Presidenta intentó una primera salida. Como su movida fue sobrepasada por los hechos —e incluso sus partidos aliados de la NM crearon su propia comisión alternativa—, Bachelet ha vuelto a la carga con un instructivo para ampliar la cantidad de personas que deben completar la declaración de intereses y la información que dicha declaración debe incluir.

    Sin entender que parte del problema nació precisamente en que ella no exigió a su hijo que entregara declaración de intereses cuando lo nombró Director Socio Cultural de la Presidencia, Bachelet torpemente intenta hablar desde una posición de superioridad moral. La Presidenta no tiene autoridad moral para exigir a funcionarios públicos —y a ex funcionarios públicos— algo que ella ha sido incapaz de exigir a su hijo.

    Mientras Bachelet intenta recuperar el control de la agenda, su gobierno aparece más preocupado de evitar que la Fiscalía acceda a la contabilidad de SQM. A menos que instruya a su gobierno a no hacer nada para aparecer obstruyendo la investigación de la fiscalía, cualquier intento por demostrar su compromiso con la probidad aparecerá como un acto insustancial que no evitará que su credibilidad siga cayendo y que su imagen aparezca asociada más con los que no quieren que se investigue que con los que defienden la independencia de los poderes.

    Ver columna en El Líbero

29. Los estándares de exigencia a los políticos

    Enero 13, 2015 10:57 am Leave a Comment

    

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    Una de las repercusiones positivas del caso Penta es que ha puesto en el debate las diferencias respecto a los estándares que deben regir el comportamiento de los que ocupan puestos de representación popular —o aspiran a hacerlo— y el resto de los ciudadanos. Si bien en campaña acostumbran a criticarse mutuamente por no respetar códigos de ética más exigentes que el que se aplica al resto de los ciudadanos, cuando son sorprendidos en malas prácticas —o abiertas irregularidades—, los políticos tienden a escudarse en que sus actuaciones se ajustan a lo exigido por la ley. El caso de Andrés Velasco, que construyó un relato a partir de sus denuncias a las malas prácticas en la política —y que ahora ha sido sorprendido en prácticas cuestionables— hace todavía más importante que se aplique universalmente la vara alta de las buenas prácticas —y no sólo la vara menos exigente de la legalidad— como exigencia a todos aquellos que ocupan cargos de liderazgo en la democracia chilena.

    Cuando Velasco lanzó su campaña presidencial en 2012, el ex ministro de Hacienda y reconocido líder en el sector concertacionista más liberal y libremercadista construyó una plataforma atractiva pero potencialmente peligrosa para diferenciarse. Velasco buscó exitosamente obtener espacio en los medios de comunicación fustigando a políticos que, de acuerdo a su criterio, hacían políticas con malas prácticas.  Personificando las malas prácticas en el senador Guido Girardi, Velasco denunció cómo algunos políticos ejercían presión para conseguir empleos en puestos de confianza para sus aliados y cabildeaban para beneficiar intereses particulares. La estrategia de Velasco dio buenos resultados —aunque no sobresalientes—. En las primarias de la Nueva Mayoría en 2013, Velasco obtuvo el segundo lugar, con un 13%. No fue una votación estelar —Bachelet arrasó con un 73%—, pero le permitió a Velasco superar la votación del presidenciable PDC Claudio Orrego.

    Después de hacer campaña por Bachelet en 2013, Velasco devino en uno de los más férreos y certeros críticos de algunas de las políticas voluntaristas y potencialmente contraproducentes que ha impulsado Bachelet en su afán de cumplir su promesa de disminuir la desigualdad sin dañar las bases sólidas que promueven el crecimiento del país. Incluso antes de que estallara el caso Penta, el distanciamiento de Velasco con la NM llevó a muchos a creer que él ya no era parte de la coalición con la que formalmente se identificó en 2013, aunque prevalecían dudas sobre su disposición a unirse a la Alianza, la otra coalición que, junto a la NM, han dominado la arena política chilena desde el retorno de la democracia.

    El escándalo Penta, que ha salpicado fundamentalmente a políticos de la UDI —aunque la gran mayoría de los políticos UDI no tenga nada que ver con Penta—, también alcanzó a Velasco. Si bien no ha sido formalizado, aparece como sospechoso de haber recibido financiamiento por debajo de la mesa para su campaña presidencial. En su defensa, Velasco ha insistido en que su relación con Penta fue estrictamente profesional. Los pagos recibidos son producto de charlas y asesorías en su condición de reconocido y reputado economista y académico.

    Aunque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, la defensa de Velasco confunde los criterios de legalidad con el de las buenas prácticas. Aquello que es legal bien pudiera ser también una mala práctica. Como Velasco era también candidato presidencial, era perfectamente posible que un cliente se confundiera respecto a cuál rol estaba asumiendo Velasco al ser contactado para una invitación a un almuerzo. Incluso hoy, aunque no lo quiera reconocer (lo que en sí mismo constituye una mala práctica política), Velasco es aspirante presidencial. Cualquier empresa que lo contrate para una charla bien pudiera creer que mata dos pájaros de un tiro: recibe la opinión de un experto y compra cercanía con un candidato presidencial. Por cierto, muchas fundaciones y think-tank asociados a partidos han usado informes y charlas como mecanismos de financiamiento. Pero nadie diría que esa práctica estrictamente legal es sinónimo de buenas prácticas. El error de Velasco estuvo en enarbolar las banderas de las buenas prácticas y ser descubierto en prácticas reñidas con las buenas prácticas.

    Independientemente de lo que ocurra con Velasco, no debiéramos echar por la borda su mensaje original de 2012. Los políticos —y aquellos que aspiran a dirigir el país— debieran estar sometidos a estándares más altos que los que aplican para el resto de los ciudadanos. Precisamente porque muchas cosas que son legales constituyen, no obstante, malas prácticas en la política, la sociedad juzgar a sus líderes con una vara que incluya no sólo lo legal, sino que también exija que los políticos eviten malas prácticas en la forma en que se comportan en la vida pública y privada.

    Ver columna en El Líbero

30. Presidenta reaccionaria

    Diciembre 17, 2014 3:13 pm Leave a Comment

    

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    Si bien pudiera ser comprensible—aunque políticamente inhábil—que la Presidenta se resista a hacer un cambio de gabinete porque le molesta que “la pauteen”, el retraso para realizar el inevitable ajuste convierte a La Moneda de Michelle Bachelet en la administración más reaccionaria desde el retorno de la democracia. La lentitud con que la Presidenta ha reaccionado ante los obstáculos y problemas que ha encontrado en el camino no sólo amenaza el éxito de su programa de reformas, sino que alienta a poner más obstáculos en el camino a todos aquellos que aspiran a frenar el impulso transformador de Bachelet.

    Desde su primer cuatrienio, Bachelet ha tenido dificultades para controlar la forma y el momento en que realiza sus cambios de gabinete. En 2006, se vio obligada a realizar un temprano ajuste cuando fue sorprendida por la revolución pingüina. Al remplazar a su ministro del Interior a sólo cuatro meses de iniciado su gobierno, Bachelet alimentó cuestionamientos sobre su mala relación con los partidos. Después, cuando renunció su segundo ministro del Interior, Belisario Velasco, a comienzos de 2008, la Presidenta confirmó su incomodidad al enfrentar una de las tareas más difíciles e importantes de un presidente: realizar ajustes en su equipo. Cuando Bachelet nombró a Edmundo Pérez Yoma cinco días después de que Velasco formalmente dejara su cargo —aunque se sabía su intención de irse desde hacía varias semanas— quedó meridianamente claro que Bachelet no sabía escoger el momento ni la forma de realizar un cambio de gabinete.

    Hoy, la Presidenta vuelve a demostrar la misma incomodidad. Antes las muchas voces de su sector —y por cierto desde la oposición y los medios— que han insistido en un ajuste de gabinete, Bachelet ha respondido con la infantil argumentación de que no le gusta que la pauteen. Desconociendo que es inevitable que los actores políticos traten de influir en las decisiones que ella toma, Bachelet opta por actuar como un adolescente malcriado que hace precisamente lo opuesto a lo que todo el mundo le dice que haga. Equivocadamente creyendo que así reafirma su autonomía, Bachelet sólo ha demostrado que gobierna demasiado preocupada de lo que dicen los demás.

    Para empeorar las cosas, los malos resultados de la encuesta CEP apuraron más el cambio de gabinete, obvio de anticipar toda vez que se acerca el primer aniversario de su gobierno y el Congreso se prepara para su receso de febrero.

    Pero, obstinadamente, la Presidenta se resiste a hacer lo que todo el mundo sabe que ocurrirá de todos modos antes de que ella cumpla su primer año en el poder. Como la presión desde su propia coalición no ceja, Bachelet no ha podido salir de una incómoda posición defensiva en varias semanas. Esa incomodidad ya le ha jugado malas pasadas. Torpemente, la Presidenta comparó de manera tácita la reforma educacional con el Transantiago —la peor politica pública de su primer cuatrienio— al repetir una reflexión que ya usó para desligarse de la responsabilidad de implementar el Transantiago. Cuando dijo que su intuición le decía que había que hacer otra cosa, Bachelet además reconoció que en realidad ella no es la que corta el queque. Peor aún, al reconocer que era mejor comenzar por fortalecer la educación pública, Bachelet entregó poderosos argumentos a los opositores de la reforma a los colegios particulares subvencionados.

    Como el debate sobre el cambio de gabinete está instalado, el gobierno de Bachelet ha caído preso de la inacción. Los equipos de trabajo en los ministerios están paralizados por las especulaciones sobre quién se va. Los actores políticos prefieren esperar hasta después del ajuste para cerrar acuerdos y negociaciones. Nadie quiere llegar a un acuerdo con un ministro que puede no estar en 2015. La energía de los partidos de la Nueva Mayoría se ha centrado en presionar para mejorar su cuota de poder. En Interior, el temor a que la llegada de nombres fuertes al equipo político sea vista como una reducción en el poder de Rodrigo Peñailillo ha hecho de ese ministerio el principal sustento del gabinete actual. El resto de los ministros aparecen más interesados en salvar sus cargos que en avanzar la agenda.

    Aunque se define de izquierda—y su segundo gobierno parece diseñado para demostrarle al mundo esas credenciales—Michelle Bachelet ha demostrado ser una presidenta reaccionaria (en la acepción de “opuesto a las innovaciones”). Resistiéndose a aceptar que su gabinete está desgastado y que su gobierno precisa de un ajuste para retomar la agenda y recuperar el impulso transformador, Bachelet aparece presa de una injustificada obstinación por retrasar el inevitable cambio de gabinete.

    Lamentablemente para ella, cuando eventualmente realice el ajuste, la lectura no será que Bachelet tomó la iniciativa, sino que —en la lógica del más vale tarde que nunca— la Presidenta finalmente hizo lo que todos sabían debió haber hecho hace semanas.

    Revisa la columna en El Líbero