Tag Archive: el mostrador

  1. La Concertación ha muerto, ¡viva la Concertación!

    Leave a Comment

    Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El lento ocaso del conglomerado oficialista no debiese implicar el fin de aquella forma de hacer política –morirá la Concertación, pero no morirán los pactos–. Al no existir ninguna fuerza política que supere con suerte el 25% de los votos en el Congreso, no hay otra posibilidad que buscar pactos para gobernar. La tesis del camino propio queda descartada, toda vez que no existe ninguna fuerza política que, en un horizonte futuro próximo, pueda convertirse en partido mayoritario, ni en la derecha, el centro o la izquierda. Quizás muera la Concertación, pero lo que no morirán son los pactos políticos para administrar el poder.

    Para entender la importancia del anuncio democratacristiano, debemos retrotraernos unas décadas. A mediados de los 80, se dio un significativo y todavía vigente debate sobre el objetivo de lo que después conocimos como la Concertación. Angel Flisfisch (1985) definió el dilema que enfrentaban las fuerzas opositoras a Pinochet como uno entre formar un pacto o avanzar hacia un proyecto –el dilema pacto/proyecto–.

    En ese entonces, algunos sectores políticos sostenían que la única posibilidad de terminar con la dictadura era mediante un pacto que autorregulara las demandas de los partidos y que generara un acuerdo entre fuerzas que se reconocían como diferentes. Se trataría de un pacto táctico, instrumental, basado en objetivos compartidos, aunque no idénticos.  Otros sectores, en cambio, favorecían la idea de un “proyecto político”, esto es, la generación de una voluntad general que buscaba producir transformaciones graduales aunque sustantivas del sistema político, social y económico del país.

    Así, desde su origen, los concertacionistas enfrentaron repetidamente una tensión entre estas dos formas de concebir al conglomerado –como pacto o como proyecto–. Esta cuestión no es menor, por cuanto plantea un asunto todavía más sustantivo respecto de la gobernabilidad política del país: ¿es posible garantizar un marco de gobernabilidad democrática sin el concurso del centro y de la izquierda? ¿Qué mecanismos garantizan la resolución de conflictos dentro de cualquier coalición?

    Ante todo, debemos tener en cuenta que en el germen de la Concertación existían tres imperativos.

    Primero, se requería reconocer que los proyectos excluyentes de izquierdas y del centro político habían fracasado estrepitosamente. El “Camino Propio” de la DC y la “Vía Chilena al Socialismo” de la Unidad Popular respondían a una forma de concebir la política desde una lógica de enemigos frente a los cuales no era posible realizar concesiones. Recordemos que en ese entonces no se transaría un programa “ni por un millón de votos”. Recordemos que otros querían “avanzar sin transar”. Y, desde la vereda de enfrente, se señalaba: “No hay mejor comunista que un comunista muerto” o “junten rabia, chilenos”. La Concertación se transformaría en la antítesis de aquella forma de concebir la política, por cuanto la falta de acuerdos podría gatillar tal nivel de polarización que terminaría en un golpe de Estado.

    El segundo imperativo es que la Concertación se estableció como el acuerdo político más viable para terminar con la dictadura. El camino de la desobediencia civil y de la vía armada quedó definitivamente descartado después del atentado fallido en contra del general Pinochet en septiembre de 1986. El único camino fue vencer a la dictadura jugando en la cancha y bajo las reglas que el propio Pinochet impuso. El pacto de centroizquierda nació para terminar con la dictadura y lo consiguió.

    El tercer imperativo fue que la Concertación se planteó como la única opción de gobernabilidad democrática. La derecha política conservadora y liberal estaba tan íntimamente ligada a la dictadura, que apoyó a Pinochet en su intento por mantenerse en el poder por 8 años. Luego, justificaría las violaciones a los derechos humanos, defendería el legado del régimen y se abanderaría con el propio dictador. En ese contexto, para el centro y la izquierda resultaba inviable la opción de considerar a las fuerzas políticas de derecha como “democráticas”. Se estructuró, de este modo, la línea de división o clivaje dictadura-democracia que porfiadamente nos acompaña hasta nuestros días (baste observar la relevancia del debate sobre “Punta Peuco”).

    Así, el peso histórico que recaía en la Concertación era triple: no repetir los errores de un pasado, conseguir una conquista electoral en contra del dictador y garantizar la gobernabilidad democrática futura.

    Tan potente era el alcance de dicha coalición, que algunos intelectuales llegaron incluso a concebirla como un proyecto de gran alcance y que se materializaba en lo que se denominó el partido transversal –ese grupo de actores que adquirieron una complicidad colectiva para defenderla–. Sin embargo, la coalición siempre reunió a un conjunto de actores que provenían de culturas políticas muy diferenciadas. A la hora de definir los programas, se excluían temas espinudos (aborto, por ejemplo) y se negociaban cupos o espacios de poder cuidadosamente. El partido transversal gobernaba las diferencias, pero ello nunca permeó las lógicas internas partidistas y de ahí que siempre terminaba subsumida en negociaciones entre el centro y la izquierda.

    Ahora bien, si el objetivo concertacionista de gobernar las diferencias sigue siendo pertinente, ¿por qué vemos que esta alianza crítica entre el centro y la izquierda se diluye?

    Varias cuestiones han cambiado y que podrían explicar este resultado: 1) el deterioro electoral de la Democracia Cristiana que, de ser el partido dominante de la coalición, se transformó, en poco más de dos décadas, en una fuerza equivalente o menor a la suma de los partidos de izquierda; 2) el reemplazo del sistema binominal que eliminó el incentivo de competir en una misma lista parlamentaria para asegurar cupos en el Congreso; 3) la inclusión del PC en el conglomerado, que acentuaría el carácter instrumental del pacto; y 4) el progresivo retiro político de los históricos concertacionistas y la ausencia de un reemplazo generacional que sustente los mismos imperativos que la organizaron.

    Pero el lento ocaso del conglomerado no debiese implicar el fin de aquella forma de hacer política –morirá la Concertación, pero no morirán los pactos–. Al no existir ninguna fuerza política que supere con suerte el 25% de los votos en el Congreso, no hay otra posibilidad que buscar pactos para gobernar. La tesis del camino propio queda descartada, toda vez que no existe ninguna fuerza política que, en un horizonte futuro próximo, pueda convertirse en partido mayoritario, ni en la derecha, el centro o la izquierda.  Los partidos políticos en Chile están condenados a pactar, a negociar, a sentarse a la mesa y estructurar gobiernos de coalición. Quizás muera la Concertación, pero lo que no morirán son los pactos políticos para administrar el poder.

    Si pactar es condición necesaria para alcanzar el poder, la pregunta relevante se relaciona con el tipo de configuración que adquirirán las coaliciones en el futuro, y las opciones no son muchas. El centro político podría llegar a pactar con la derecha, siempre y cuando aquella derecha se desligue del legado de Pinochet. Programáticamente RN, Evópoli, Amplitud y la DC no están tan lejos, por lo que no sería extraño observar un acercamiento que, de hecho, en años pasados ya se ha producido. Pero el centro político podría seguir pactando con la izquierda moderada, toda vez que se mantengan ciertas orientaciones programáticas básicas y exista una historia común. El eje histórico DC-PS podría recurrir a los componentes progresistas de la Democracia Cristiana y al pragmatismo socialdemócrata del socialismo.

    Un tercer arreglo, menos probable hasta hoy, es la conjunción política futura de la izquierda concertacionista (PPD, PS, PC) con cualquier actor de izquierda, incluyendo al Frente Amplio.

    Esta última coalición todavía es una promesa, por cuanto su caudal electoral es mínimo, pero, si llegase a constituirse en una fuerza más relevante en los próximos 10 a 20 años, podría hipotéticamente darse este escenario. Lo anterior, obviamente, colocaría al Frente Amplio en la difícil posición de pactar con fuerzas políticas moderadas, lo que hasta el día de hoy constituye una suerte de sacrilegio para muchos de ellos. Principistas y pragmáticos debatirán arduamente sobre la oportunidad para negociar con las fuerzas políticas moderadas. Esperemos acumular fuerzas, dirán algunos, abramos espacios de diálogo y compromiso programático, dirán otros.

    El asunto central y clave de esta historia dice relación con la forma de concebir la política en Chile: como fuente de compromiso y acuerdo o como campo de confrontación y exclusión. La estructura multipartidista y la ausencia de partidos mayoritarios, fuerza una lógica de compromisos dentro de la Nueva Mayoría, al interior de Chile Vamos e incluso dentro del protofenómeno del Frente Amplio. Sin compromisos, no se generan mayorías políticas; sin mayorías electorales, no se conquista el poder; y sin llegar al poder, no se avanza en las ideas de cambio social que cada coalición aspira a representar.

    Esta es la paradójica situación del momento actual: a la muerte de la Concertación, le seguirá una larga vida hacia otros modos de concertarse. La representación en sistemas multipartidistas no admite muchas más opciones: o buscas el compromiso y el acuerdo para asegurar aquellas mayorías para gobernar o, simplemente, tensionas el sistema y pereces. Y el sistema político ha experimentado, no uno, sino varios momentos críticos de confrontación radical de proyectos políticos excluyentes. De ahí que una cuestión fundamental a debatir se refiere a la forma en que los partidos y actores del proceso político resuelven o evitan resolver sus conflictos.

    Ver en El Mostrador

  2. 2022, la opción del reemplazo

    Leave a Comment
    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El sistema político chileno observa evidentes síntomas de agotamiento. La desconfianza política se convirtió en una constante, crece el desinterés por ir a votar, y se incrementan los grupos que no se identifican ni con partidos ni con tendencias políticas.

    No obstante, es muy probable que la oferta política presidencial sea más o menos la misma que hemos conocido en los últimos años. Del amplio listado de precandidatos presidenciales (Lagos, Allende, Muñoz, Insulza, Piñera, Guillier, Tarud, Walker, Espina, Velasco, Lagos W., Ossandón, Kast F., Chahuán, Goic, Enriquez-Ominami, y Kast J.A.), el único que no tiene un domicilio político conocido es Alejandro Guillier. El resto o milita o nació al amparo de un partido tradicional. Nada nuevo bajo el sol.

    Pero, además, se trata de la generación de la transición política que continúa interesada en administrar el poder. 9 de los 17 nombrados tendrían más de 60 años de edad al momento de asumir la Presidencia. Los tres personajes más nombrados para tomar la banda presidencial (Lagos, Allende y Piñera), tendrían más 74 años de edad en promedio si asumen el mando. Los más jóvenes del grupo (Felipe Kast, Marco Enríquez-Ominami y Carolina Goic) no aparecen como cartas descollantes a la luz de la opinión pública.

    La posibilidad de un reemplazo generacional no se dará en el año 2018. Aquella oportunidad llegará en las siguientes elecciones, en el año 2022, y por una razón muy sencilla: la Constitución establece que quien asuma la Presidencia de la República debe tener 35 años de edad cumplidos.

    Y veamos: Gabriel Boric cumplirá 35 años el año 2021, Giorgio Jackson lo hará en febrero de 2022 y Camila Vallejo en abril de 2023. Es decir, a partir de la siguiente elección dos líderes significativos de la generación del recambio podría materialmente optar a la Presidencia de la República.

    Dadas estas circunstancias, a esta nueva generación le queda muy poco tiempo para prepararse para ser gobierno. Su primer desafío será obtener un mayor número de escaños parlamentarios el próximo año (¿10 o 15%?). Luego, deberán convertirse en una alternativa de gobierno creíble y prepararse para gobernar. Independientemente de quién gane la próxima elección (La Nueva Mayoría o Chile Vamos), deberán madurar sus propuestas, ampliar sus esferas de influencia política y plantearse efectivamente como una alternativa de poder.

    Aquello requerirá ideas en una variedad importante de temas, capturar el interés ciudadano y la capacidad de conquistar mayores espacios de poder en el Congreso y municipios. Le queda muy poco tiempo a esta generación de reemplazo. El cambio no llegará el próximo año. La opción se abrirá en el año 2022, pero sabemos que en política las oportunidades escasean y se marchan demasiado pronto.

    Ver columna en El Mostrador

  3. Cátedra Norbert Lechner: “¿A dónde va la Antropología del valor financiero?” con Fabián Muniesa en Biblioteca Nicanor Parra UDP

    Leave a Comment

    Fabian Muniesa_webLa Facultad de Ciencias Sociales e Historia invita a la Primera Cátedra Norbert Lechner 2016 “¿A dónde va la Antropología del valor financiero?”, presentada por Fabián Muniesa, académico del Centro de Sociología de la Innovación de la Escuela de Minas de París.

    Cabe destacar que el profesor Muniesa Fabian Muniesa es investigador principal en Ecole des Mines de París. Se ha desarrollado en campos como estudios de la ciencia y tecnología, sociología económica, antropología económica y estudios organizacionales. Sus áreas de interes y proyectos de investigación incluyen la sociología de las finanzas, la antropología del capitalismo, la historia de métodos experimentales en Ciencias Sociales, la pragmática del cálculo y las políticas de innovación. Además, está en la dirección del Observatorio de Innovación Responsable.

    La Cátedra se realizará el miércoles 20 de abril a las 11:30 horas, en el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago.

    Ver artículo en El Mostrador

  4. El Constitucionario, ¿es un buen diccionario?

    Leave a Comment
    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Sabemos que las palabras crean realidades y, por lo mismo, conviene observar el uso de palabras y conceptos en la nueva campaña del Gobierno, el Constitucionario. Si la intención es educar, entonces, convendría preguntarnos qué concepción de Constitución, de democracia, de sociedad, de ideas se busca proyectar allí.

    No nos detendremos en las imágenes que quizás merezcan un análisis propio. La opción de animales en la selva tratando de definir su convivencia en sí requeriría una reflexión. ¿Una apelación subliminal a la “ley de la selva” que nos rige?, ¿la aspiración a sacarle la corona al rey en este hiperpresidencialismo?, ¿la apelación a los “monos” (pobres monos) resignados al secundario rol de porteros de esta casa de “todos”?

    Al centrarnos en los contenidos de esta campaña, observaremos una postura tradicional, bastante liberal y conservadora de lo que significa nuestra sociedad. A continuación revisaremos algunos conceptos del abecedario propuesto:

    Constitución. Se define, en esta campaña, como “la que establece las instituciones principales del país, cómo se van a relacionar los poderes con las personas y qué derechos y deberes tenemos. Es madre de todas las leyes. Y ya sabemos que las madres son muy importantes”. Se interpreta a la Constitución en sus funciones protectoras y ordenadoras, evitando indicar que esta Carta Magna no hace otra cosa que distribuir poder social, económico y político. La Constitución, además de los derechos y deberes que señala, no hace otra cosa que decirles a los animalitos qué podrán decidir, cuándo y bajo qué circunstancias.

    Democracia. Se entiende en el texto como el gobierno de la mayoría respetando a las minorías. Predomina una concepción procedimental y delegativa al señalar que, a través del voto, “se entrega un mandato a larga distancia” para quienes nos gobiernan. Se indica que “como somos millones, es imposible tomar decisiones todos al mismo tiempo, por lo que elegimos a algunas personas que creemos que lo podrían hacer en nuestro nombre”. Así, la democracia, entonces, es entendida en su sentido más tradicional como una forma de “representación”, obviando contemporáneas innovaciones como la democracia directa y deliberativa, que buscan subsanar el problema de la poca incidencia de la ciudadanía en una sociedad de masas. No se define la “participación” y, cuando se le habla de ella en la introducción, se la relaciona con la idea light de conversar y ser escuchados más que con un proceso que implica deliberación y participación incidente.

    Libertad. Se asume el valor de la libertad negativa –propia del liberalismo– al definirla como la posibilidad de los individuos de pensar y actuar según su propia voluntad, aunque sin hacer daño o afectar a los demás. Esta visión se contrapone con la libertad positiva, que enfatiza la autonomía o capacidad de individuos y/o colectivos de hacer algo. En la primera visión las personas se asumen como iguales, sin entrar a debatir las condiciones en que se ejercita dicha libertad (todos somos libres si votamos sin estar sometidos a coacción). En la segunda visión se enfatizan precisamente las condiciones de origen que podrían afectar nuestra libertad (si algunos animales de la selva no saben leer y escribir, serán menos libres al momento de participar de la democracia).

    Igualdad. Se entiende por igualdad “que seamos tratados con la misma dignidad y que tengamos los mismos derechos”. Aunque este enfoque normativo es correcto, se obvia que el problema sustantivo no radica tanto en esta dimensión actitudinal de la igualdad (que seamos considerados con dignidad), sino que en lo que se refiere a la distribución de oportunidades: que nuestro desarrollo no dependa tanto de las ventajas adquiridas por el origen social. ¿Qué oportunidades tienen los monos de beber agua si los elefantes acaparan toda el agua de la selva? Aquí no solo importa tener derecho a beber agua, sino que más relevante es la distribución de oportunidades para acceder a este preciado bien común.

    Pueblos originarios. Se plantea que antes de la existencia de Chile “ya había personas y familias viviendo en este territorio… heredamos sus genes, sus costumbres y lenguas, y por eso son parte de nuestra historia y de nuestro presente”. Aunque el texto define los conceptos de “identidad” y “diversidad”, no se menciona ni una sola vez el concepto de “pueblos indígenas”. Pero, además, se les incluye como parte de “nuestra” historia y “nuestro” presente, desconociendo de un plumazo la adhesión del Estado de Chile a la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que establece que ellos (los pueblos en tanto colectivo) tienen derecho a la autodeterminación. No es que los pueblos indígenas formen parte de “nuestro pasado o presente”, sino que ellos tienen el legítimo derecho a determinar o reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Ellos son sujetos de derechos y de autodeterminación.

    La selva descrita en el texto alude a animales que buscan convivir en una sola nación. De hecho, señalan explícitamente que “una nación incluye a los que vivieron antes, los que viven ahora y los que vendrán en el futuro”. Pero ¿qué pasa con aquellos que durante mucho tiempo vivieron y viven en un territorio y se sienten herederos de otra identidad, de otra comunidad o nación? ¿Qué pasa con aquellos que sienten un doble apego a un Estado y una nación, simultáneamente? ¿Parecía tan difícil mostrar a un león formando parte de la selva y protegiendo su territorio?

    Las palabras crean realidades y las realidades sostienen políticas públicas y hasta Constituciones. La forma en que definamos aspectos tan básicos como Constitución, libertad, igualdad, identidad o diversidad afectará sin duda el resultado. Por lo mismo, convendría leer y releer estos textos. Sería ilusorio pensar que se producirán textos “neutros”, pero el gran peligro es que por un afán de querer dejar contentos a todos (o por actuar pensando en unos pocos que tienen la llave para la anhelada nueva Constitución), obviemos temas que parecen más que superados en la actual sociedad contemporánea. En este sentido, y a la luz del estado social de las cosas, el Constitucionario por el momento no parece un buen diccionario.

    Ver columna en El Mostrador

  5. Politólogo Larry Bartels presenta la tercera cátedra Norbert Lechner en la UDP

    Leave a Comment

    Hace algunos años, el cientista político estadounidense Larry Bartels sostenía en el diario Washington Post que constituye un error pensar que la desigualdad económica es exclusiva o únicamente un reflejo de las condiciones económicas de un país. El profesor de la Universidad de Vanderbilt, quien  visitará próximamente la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), sostiene que hay una importante dimensión política asociada a la desigualdad. “La desigualdad económica es en forma muy sustantiva, reflejo de un fenómeno político”, afirma el académico.

    Bartels se ha preocupado de estudiar el vínculo entre desigualdad económica y política en Estados Unidos, un tema muy sensible al proceso político chileno.  En su libro Unequal Democracy (2008),  estudia aquel vínculo a partir de un detallado estudio de las últimas seis décadas de desarrollo económico y las tendencias políticas de que allí se derivan. En su trabajo, concluye que la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado más fuertemente durante gobiernos republicanos y ha disminuido levemente bajo administraciones demócratas, lo que como resultado ha dejado los niveles de desigualdad socioeconómica prácticamente igual.

    Sostiene que esta tendencia no es sólo el resultado de las fuerzas de la economía, sino que más bien es el resultado de decisiones de política pública tomadas a partir de apuestas ideológicas de los partidos, combinado con la influencia de los grupos de interés de los sectores más acomodados.

    Bartels demuestra que los actores políticos son mucho más sensibles a las presiones de los sectores más acomodados de las sociedad que a los sectores pobres. Así los presidentes republicanos han favorecido el crecimiento de los salarios de los sectores más ricos de la sociedad en proporción a lo que lo han hecho respecto de los salarios de clase media y de sectores bajos. Políticas de impuestos claves han tenido un impacto muy significativo en el aumento de la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos.

    Contrariamente a lo que se sostiene que los sectores populares apoyarían a los republicanos por su afinidad valórica en temas como aborto y matrimonio homosexual, Bartels sostiene que los republicanos han sido extraordinariamente exitosos en “empaquetar” reformas poco favorables a los sectores más pobres, de modo que parezcan beneficiosas para ellos.

    El libro de Bartels ha sido premiado por la Asociación Americana de Ciencia Política y ha cobrado particular notoriedad por el debate político sobre la desigualdad en Estados Unidos y en otras democracias.

    La Cátedra se realizará el jueves 1 de octubre a las 11:30 hrs. en el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago. La asistencia puede ser confirmada en este link.

    Ver nota en El Mostrador

  6. Columna Audiovisual: Los partidos piden dinero a cambio de nada

    Leave a Comment

    Claudio Fuentes, Director Escuela de Ciencia Política UDP, remarca que la iniciativa del gobierno para financiar a los partidos constituye un cambio paradigmático. Sin embargo, destaca que esta entrega de recursos no está condicionada a estándares, ni de transparencia, ni de democracia interna.

    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a92fvZboHvI[/youtube]

     

    Ver video aquí

  7. Contreras y la honra del Ejército

    Leave a Comment
    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    ¿Deben las instituciones militares honrar a quienes violaron los derechos humanos? El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, piensa que sí. El pasado 11 de agosto, sostuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que la historia no se puede borrar y, por lo tanto, el ex oficial Contreras debe mantenerse como parte de un registro histórico, ya sea en el regimiento Arauco donde fue comandante, o bien en la Academia de Guerra, donde fue su Director. No se trata de una apología, indicó.

    En el frontis de la institución formadora del alto mando figura su lista de directores incluyendo a César Benavides (1971-1972), Herman Brady (1972-73), Enrique Morel (1973), Sergio Arredondo (1973), Manuel Contreras (1974), Alejandro Medina Lois (1974-1977) y Roberto Guillard (1977-1980), entre varios otros. En su interior se encuentra además una galería histórica conmemorativa de directores que, de acuerdo a la propia Academia, es un “simbólico homenaje a los 64 directores que, desde el año 1886, han dirigido los destinos de esta más de centenaria Academia, y gracias a su esfuerzo, capacidad y visión, entregaron lo mejor de sí, para situarla en el lugar de honor y privilegio que la comunidad nacional e internacional hoy le reconoce” (www.acague.cl).

    El general Oviedo tiene razón. No podemos borrar la historia. Sin embargo, tal como el propio Ejército lo ha hecho, constituye un imperativo moral revisar aquella historia para reparar daños cometidos y honrar a quienes efectivamente han cumplido con los valores que la propia institución se ha comprometido a defender. Y cuando cuatro de los recién mencionados directores ya fueron condenados por la justicia, sin duda no se honran dichos principios.

    La Academia de Guerra del Ejército en el año 1973 estaba ubicada en la calle San Ignacio 242. Allí se realizaron numerosas reuniones para organizar el golpe entre oficiales que constituían la élite de la institución castrense. Allí se organizó secretamente la DINA, y allí también se mantuvo en prisión a opositores.

    Revisemos algunas biografías. Benavides participó del golpe y posteriormente fue jefe del Comando Conjunto Austral. Estuvo involucrado con la brigada Lautaro de la DINA y fue condenado por violación de derechos humanos. Brady participó directamente del golpe al estar a cargo de la guarnición de Santiago en septiembre de 1973 y tuvo a su cargo trasladar prisioneros desde La Moneda.

    Morel fue director de la Academia el año del golpe, fue ayudante de Pinochet y, posteriormente, estuvo a cargo de la guarnición que recibió la orden de trasladar cuerpos desde el regimiento Peldehue y lanzarlos al mar.

    Arredondo junto a Contreras organizó el primer cuartel secreto de la DINA precisamente en esa Academia. Formó parte de la Caravana de la Muerte y participó de la red internacional de la DINA en Brasil como agregado militar en dicho país. También fue condenado.

    Medina Lois dirigía la escuela de Paracaidistas y posteriormente pasó a la Academia. Fue condenado por crímenes contra conscriptos y soldados contrarios al régimen.

    Guillard estuvo a cargo de la “operación silencio” de las radios el día del golpe.

    Ya es conocido el historial de Contreras, quien en forma paralela a asumir como director de la Academia, organizó la DINA. De acuerdo al Informe Valech, este organismo estaba controlado por personal del Ejército, dependía directamente del general Pinochet, y buscó eliminar sistemáticamente a opositores al régimen rastreando, capturando, torturando y asesinando a quienes juzgada como sus enemigos dentro y fuera de Chile. Contreras enfrentaba a la fecha de su muerte 59 sentencias definitivas del Poder Judicial, sumando un total de 529 años de cárcel.

    Para el Gobierno debiese resultar inaceptable que las instituciones armadas honren la memoria de personajes asociados a violaciones de los derechos humanos. Si Contreras es “uno de los personajes más oscuros de nuestra historia”, no resulta coherente guardar silencio frente a los símbolos de la historia. Y no solo nos referimos aquí a Contreras, sino que a un grupo de militares ya condenados y que siguen formando parte de la lista de honor de la principal Academia que tiene por misión formar a quienes encabezarán la institución.

    La Ordenanza General del Ejército indica, entre los valores centrales que deben regir la conducta militar, la lealtad, disciplina, valor y el honor. Este último se define como “la virtud sintetizadora de todos los valores cívicos militares que mueven a una persona a actuar siempre con la verdad, dignidad, sinceridad, rectitud, honestidad y en coherencia con los principios que dan sustento a sus actos. En definitiva, el honor se sintetiza en ser una persona digna de confianza” (OGE, Art 67).

    Sacar del lugar de honor que ocupan estos personajes constituye un gesto de reparación con el propio Ejército, con las víctimas, sus familiares y la sociedad como un todo. Aquellos ex directores no solo violaron los derechos humanos sino que además traicionaron los valores militares que el Ejército defiende y promueve entre sus oficiales. Ellos simbolizan precisamente lo contrario de lo que debiese inspirar al alto mando.

    Pero ¿no es mejor dejar las cosas tal como están en aquel silencioso muro? Las instituciones —particularmente las estatales— tienen la obligación de revisar sus actos y enmendar su rumbo. Por eso el Ejército rindió honor al general Carlos Prats en el año 2009 inaugurando un campo militar en su nombre; por eso se cambió el nombre a la biblioteca “General Pinochet” y por eso se rindió un homenaje al general René Schneider en aquella misma Academia.

    Así, el gobierno debiese organizar un acto público del más alto rango presidencial para retirar del cuadro de honor de directores a quienes han sido condenados por violación a los derechos humanos. En su lugar, un espacio vacío debiese quedar en la lista de directores y en la galería de honor como un testimonio de las tragedias pasadas. Se trata de un acto reparador con las víctimas, la sociedad y las propias instituciones armadas.

    Ver columna en El Mostrador

  8. Mala noticia: partidos no reinscribirán sus militantes

    Leave a Comment
    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción propuso entre sus medidas la reinscripción de todos los afiliados a partidos políticos. Se proponía, además, que en este proceso podría colaborar el nuevo Servel y que tal procedimiento debía considerarse como una condición básica para acceder al financiamiento estatal. Cambiar prácticas internas parecía una medida básica para construir un nuevo tipo de democracia.

    ¿Por qué esta medida es tan crucial? Partimos de la premisa que los partidos son centrales en una democracia: son instancias que intermedian entre las demandas sociales y el Estado; ellos proveen cargos de representación popular; contribuyen con equipos para el funcionamiento del Gobierno; y teóricamente apoyan el debate de ideas y elaboración de programas.

    Si son tan vitales para el funcionamiento de la democracia, resulta imprescindible que su funcionamiento interno esté regido por altos estándares. El diagnóstico compartido es que los partidos carecen de procedimientos democráticos internos transparentes organizándose en torno a máquinas que controlan cuotas de poder. Se requiere establecer nuevos padrones de militantes porque se advierten padrones inflados, problemas con las direcciones entregadas por los afiliados y manipulación de las cúpulas de los partidos en época electoral.

    Para transformar esta negativa lógica y permitir que todas las expresiones internas compitan en igualdad de condiciones, se requieren dos medidas básicas: garantizar que el proceso de afiliación de nuevos militantes sea legítimo y realizar un proceso de reinscripción de militantes. Lamentablemente, estas dos condiciones peligran en lo discutido en el Congreso.

    Hoy la inscripción de militantes depende de la voluntad de una persona (usualmente el Secretario General) que visa el ingreso de estos nuevos inscritos. Conocidas son las historias de inscripciones masivas antes de una elección interna para asegurar un cupo determinado. El proyecto enviado por el Ejecutivo simplifica el proceso de inscripción de militantes pero no altera el actual mecanismo. Se requiere establecer un comité de ingreso en cada partido que dé garantías a las diferentes corrientes internas y que garantice la no discriminación (salvo lo concerniente a afinidades políticas). Así se evitarán manipulaciones del padrón a favor de una sola corriente.

    Respecto de la reinscripción, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se estableció un procedimiento que está lejos de parecerse a una “reinscripción”. ¿Cómo funcionará el sistema? Una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 90 días para depurar sus padrones de militantes excluyendo a personas fallecidas, inhabilitadas, y quienes hayan renunciado, entre otros. El Servel deberá proveer esta información para cumplir con el procedimiento. De partida, parece curioso que el proyecto les asigne esta responsabilidad a los propios partidos, cuando sería muchísimo más eficiente que el órgano electoral armonice las diferentes bases de datos existentes. Hoy los partidos no cuentan con las capacidades ni con información suficiente para depurar sus listas de militantes.

    Paralelamente, el proyecto establece que los partidos deberán actualizar el registro sólo de un porcentaje de militantes equivalente al 0,25% de electores que votaron en las últimas elecciones de diputados en las regiones en que está inscrito. Esto implica que los partidos de cobertura nacional deberán cumplir con un piso mínimo de actualización de fichas de antiguos militantes o incluso podrían fichar nuevos. A modo de ejemplo, los partidos requerirán presentar fichas de aproximadamente 40 militantes en la Región de Arica y Parinacota, 200 en la Región de Tarapacá, 400 en Antofagasta, 234 en Atacama, 600 en Coquimbo, 850 en O’Higgins, 1000 en el Maule, 900 en La Araucanía, 375 en Los Ríos, 700 en Los Lagos, 90 en Aysén, y 147 en Magallanes. Las regiones más demandantes serán Valparaíso, donde se requerirán 1700 militantes, Bío-Bío con 2 mil, y la Región Metropolitana que necesitará poco más de 6 mil.

    Así, esta actualización (¡no reinscripción!) será relativamente sencilla en regiones con pocos electores, mientras algo más demandante en tres grandes centros poblados (Valparaíso, Concepción y Santiago). El proyecto señala que una vez aprobada la ley, los partidos tendrán 18 meses para realizar esta actualización. Se les entregará el piso basal de un 20% de financiamiento a todos los partidos legalmente constituidos. Para aquellos que no cumplan con el requisito de actualización de afiliados se les excluirá del 80% restante del aporte permanente, pero solo en las regiones donde no hayan cumplido.

    ¿Qué pasa con un partido que no logra cumplir con estas metas en ninguna región? Salvo la restricción en los fondos permanentes para partidos, expresamente el proyecto establece que estará en juego su disolución.

    El resultado de la legislación en discusión es poco promisorio. Se organizará un sistema de depuración de padrones difuso y a cargo de los propios partidos; no se alterará el sistema de fichaje de nuevos militantes; el condicionamiento en la entrega de recursos a los partidos será parcial; y los padrones actualizados tampoco darán cuenta en forma acabada de la realidad de las tiendas políticas.Tendremos padrones de partidos con militantes históricos y actualizados. Nada más.

    La exigencia de mayor transparencia y democracia en los partidos políticos se diluye en la medida que avanzan los proyectos que precisamente abordan el corazón de nuestra democracia: los partidos políticos.  El “fortalecimiento de la democracia” que anuncia el proyecto de ley será una simple quimera si no se hace cargo de elevar significativamente los estándares de la democracia interna de los partidos. Y aquello evidentemente no está sucediendo.

    Ver columna en El Mostrador

  9. Reforma a los partidos: una propuesta insuficiente

    Leave a Comment
    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    El 30 de mayo de 2008 ingresó al Senado un proyecto de ley sobre partidos políticos. Se trató de una de las más osadas propuestas del primer gobierno de Bachelet de querer transformar la estructura de las tiendas políticas. Quizás aquella osadía explica que, dos años más tarde, el proyecto fuese retirado de tramitación.

    Esa iniciativa incluía tres cuestiones centrales: 1) establecía el principio de un afiliado-un voto. A partir de este principio, se establecía que todas las instancias directivas debían ser electas en votación directa por parte de sus militantes; 2) proponía un principio de transparencia activa mediante el cual los principales lineamientos, estructuras, recaudación, resoluciones y afiliados de un partido deberían estar disponibles para la población; 3) señalaba restricciones al ejercicio de las directivas al indicar la obligación de realizar elecciones dentro de un período de tres años y limitar explícitamente la reelección de autoridades de partidos a dos períodos.

    El gobierno de Piñera también buscó reformar los partidos políticos, enviando un nuevo proyecto en mayo de 2013. Se trató de un proyecto mucho más moderado, pero que avanzaba, por ejemplo, en la necesidad de robustecer los Tribunales Supremos de los partidos, dar garantías de debido proceso al afiliado al momento de ingresar a un partido, y fortalecer mecanismos de transparencia. En este caso, el proyecto no fue discutido ni siquiera en Comisión.

    El gobierno decidió hace pocas semanas enviar un nuevo proyecto de ley de reforma a los partidos políticos. El asunto es vital si asumimos que los partidos son centrales en la vida democrática, reconocemos la crisis de credibilidad que ellos enfrentan, y aceptamos que las normas que los rigen (una ley de partidos impuesta por la dictadura) presenta serios problemas.

    ¿Cumple este nuevo proyecto con la expectativa de propiciar partidos responsables, democráticos, y transparentes?  Me temo que no. Aunque la iniciativa contiene valiosos aportes (como el establecimiento de los partidos como organizaciones de derecho público, el principio de paridad, y mecanismos de transparencia activa, entre otros), considero que no resuelve una serie de aspectos cruciales a ser debatidos en este momento histórico. Citaré en esta oportunidad tres de ellos.

    El primero tiene que ver con los nuevos afiliados, cuestión central en la vida partidaria. El proyecto avanza en la simplificación del registro de nuevos militantes pero no dice nada respecto del procedimiento para que nuevos afiliados queden registrados, aspecto altamente cuestionado en la mayoría de las tiendas políticas. Se requiere establecer un comité de ingreso colegiado, la obligación de justificar el rechazo de una eventual afiliación, y un sistema de apelación ante un Tribunal Supremo del partido. El procedimiento de afiliaciones es central a la hora de pensar en tiendas políticas modernas.

    El segundo tiene que ver con el principio de una afiliado-un voto. En el proyecto se establece que los órganos directivos “deberán ser electos democráticamente por regla de mayoría, y de acuerdo a procedimientos que establezcan sus estatutos”.  Lo anterior deja un espacio muy grande para que estructuras de poder central dominen el ejercicio de aquellas mayorías. Si se desea garantizar la democracia interna de los partidos, entonces, debiese quedar garantizada la participación directa de los afiliados en la conformación de órganos claves de decisión al interior de dichos partidos.

    Tampoco el proyecto establece algunos mínimos asociados, por ejemplo, con la obligación de renovar directivas cada cierto tiempo o la obligación de convocar a los Consejos Generales al menos una vez al año. Nada dice el proyecto sobre la opción de activar los órganos directivos “desde abajo”, esto es, a partir de un porcentaje de afiliados que deseen tratar un asunto urgente en forma extraordinaria.

    No se hacen consideraciones a balances de poder central/regional, aspecto crítico en el tiempo actual. Por ejemplo, en el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera se sostenía que la estructura de los Consejos Generales debía considerar como mínimo un 40% de representación de autoridades de regiones, cuestión que parece razonable y recomendable.

    A ello se suma la ausencia de sanciones específicas por el no cumplimiento de los estándares de transparencia activa y de democracia interna. Si un partido no renueva sus directivas, si no convoca a sus consejos generales en forma ordinaria, o si no cumple con los estándares mínimos de transparencia activa debiese ser sancionado con el recorte de aportes fiscales que recibirá en forma permanente y de campañas o la todavía más efectiva medida de prohibir su competencia en elecciones.

    Extrañamente la ley ingresada en la Cámara de Diputados constituye un retroceso respecto de la primera iniciativa del Gobierno de Bachelet de mayo de 2008. La mayor demanda ciudadana de contar con partidos responsables, democráticos y transparentes no se correlaciona con un proyecto que presenta problemas en estos tres ámbitos. Esta situación es preocupante y deberá ser enmendada por los congresistas en los próximos meses.

    Ver columna en El Mostrador

  10. Policía y democracia: lo que no discutimos

    Leave a Comment

    Institucionalmente, el tema se delimitó en dictadura a partir de la dictación o modificación de un conjunto de normas y procedimientos que establecieron rígidas directrices sobre el particular. En 1983, se promulgó el Decreto Supremo 1086, indicando que “los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al intendente o gobernador respectivo”. Una vez recuperada la democracia, las autoridades democráticas continuaron utilizando este decreto, lo que ha sido cuestionado por instancias internacionales toda vez que contraviene el artículo 19 (13) de la propia Constitución que garantiza “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.

    No obstante, en la misma Constitución se indica que “las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de la policía”. En otros términos, el propio texto le entrega a la policía la facultad regulatoria de un fundamental derecho como es el de manifestarse.

    A lo anterior se suma la norma sobre el procesamiento en tribunales militares (y no civiles) de policías acusados de cometer un acto de violencia en contra de un civil. Esta situación transforma a Chile en una excepción en el mundo por las amplias atribuciones de los juzgados militares para ver casos que, en un marco democrático, no cabría que fuesen observados por la competencia militar. Las estadísticas muestran un incremento muy significativo en los últimos 22 años de denuncias por violencia policial (poco más de 20 mil casos en tribunales militares), acompañado de un nivel de condenas decreciente de uniformados por estas conductas (menos del 2,5%). Observamos la paradójica situación de que el incremento de las denuncias por abusos policiales en los últimos años ha sido acompañado por niveles más bajos de condena en tribunales militares de aquellos policías acusados de ejercer una excesiva violencia.

    Ahora bien, resulta curiosa la casi completa inercia del sistema político para modificar estas normas en los últimos 25 años. El Código de Justicia Militar fue modificado parcialmente el año 2010 y el Decreto Supremo 1086 sigue vigente. Esto llevó a que, en el año 2013, la Cámara de Diputados estableciera una Comisión Investigadora precisamente para abordar el tema del derecho de reunión. Entre sus conclusiones principales destacan: 1) solicitar al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley para regular el derecho de reunión consagrado en la Constitución y actualizar la legislación y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos; 2) agilizar la aprobación de proyectos que modifican las competencias de los tribunales militares; 3) solicitar al Director General de Carabineros el perfeccionamiento de los procedimientos policiales, de modo de emplear adecuadamente los medios preventivos y represivos; 4) sugerir que, en caso de manifestaciones masivas, la Fiscalía Nacional pueda desplegar fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores; 5) establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar un diálogo sobre las formas de cautelar el derecho de reunión; y 6) revisar los protocolos operativos del Ministerio del Interior y de Carabineros. Todas estas recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad.

    Entonces, requerimos revisar el modo en que se inserta la policía en un sistema democrático, dado que mantenemos un esquema que fue pensado para una dictadura. Lo anterior pasa por redefinir el carácter militar de Carabineros de Chile, derogar el Decreto Supremo 1086, reformar la Constitución en lo concerniente a la libertad de reunión, y establecer códigos de convivencia ciudadana que permitan en forma democrática hacer convivir el derecho a reunión, la libertad de expresión, la libertad de circulación y la seguridad pública. La adecuación de estas normas a un estándar democrático parece hoy de sentido común y es aquello lo que debiese prevenir en el futuro el alarmante aumento en las denuncias por abuso policial.

    Ver columna en El Mostrador

  11. Nueva Constitución: no todos los caminos conducen a la misma Roma

    Leave a Comment

    claudio fuentes

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    La inauguración del segundo Gobierno de Michelle Bachelet combinó altas expectativas y cuotas relevantes de incertidumbre. Dentro de los tres cambios estructurales, el Gobierno se comprometió a establecer una nueva Constitución, nacida de un proceso democrático, institucional y participativo.

    En este segundo período, la coalición de Gobierno asumía el desafío de redefinir ciertos aspectos esenciales de la carta de derechos y del sistema político propiamente tal.

    Pero ello se acompañó de cierto nivel de incertidumbre y, por lo tanto, no se han definido con claridad ni los pasos ni el itinerario que se seguirán para alcanzar la meta. Los anuncios han sido algo difusos. Se habló en un primer momento que se enviaría un proyecto de reforma total al Congreso en el segundo semestre de 2014. Luego se postergó la discusión para el año 2015, por la recargada agenda que ha enfrentado la actual administración en sus primeros meses. Pero las autoridades han reiterado que sí o sí el debate se iniciará el próximo año.

    El establecimiento de una nueva Constitución se transformó en uno de los tres ejes prioritarios del programa de Gobierno, ya que el actual texto está sustentado en la desconfianza a la soberanía popular, lo que requería un cambio significativo al establecer estándares democráticos donde el respeto a las mayorías fuese coherente con las reglas que se establecen en el sistema democrático.

    Algunos de los aspectos que llamaron la atención de la propuesta en el campo de los derechos fueron la promoción de una ley de acción positiva para alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres; establecer una norma que limite la concentración de propiedad de los medios de comunicación social; consagración de derecho al trabajo, a una remuneración equitativa y protección de las organizaciones sindicales; reconocimiento del derecho a la identidad sexual; la necesidad de delimitar de mejor modo la función social del derecho a la propiedad privada; el reconocimiento del dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico; la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público; el establecimiento de una ley para alcanzar la paridad en los cargos de representación popular entre hombres y mujeres; el reconocimiento de Chile como una nación pluricultural; la consagración del Estado social y democrático de derecho para asegurar mínimos de igualdad social para el disfrute colectivo de tales derechos.

    Desde el punto de vista de los deberes, se propone avanzar en una concepción que supere la visión individualista de la vida en sociedad y que establezca deberes relativos a la vida pacífica, el respeto de derechos, la contribución a una sociedad solidaria, y el cumplimiento de las cargas reales y personales que establezca la ley.

    Finalmente, en relación a la estructura del sistema político, se convoca al establecimiento de una república democrática que combine elementos de representación y participación en forma equilibrada, proponiéndose, entre otros aspectos, el establecimiento y el reconocimiento a una serie de derechos sociales, políticos, de género, la reforma a la Justicia Militar; el reordenamiento de atribuciones del Tribunal Constitucional y el cambio en el sistema de elección de sus integrantes; la creación de una Defensoría Ciudadana; y el establecimiento de referéndum para dirimir conflictos entre poderes al realizar reformas constitucionales o bien aprobar enmiendas a la Constitución.

    El programa delineado estableció tres condiciones para la elaboración de esta nueva Constitución como son un proceso democrático, institucional y participativo.

    Democrático en el sentido que se escucharían todos los puntos de vista y se respetarían los derechos de todos los sectores.

    Institucional, en la perspectiva que tanto la Presidencia de la República como el Congreso deberán concordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios.

    Y, finalmente, participativo, esto es, que la ciudadanía debía participar activamente en la discusión y aprobación de la nueva Constitución. El debate de forma y fondo (qué aspectos modificar y cómo avanzar) se explicitaban así en las definiciones programáticas de este nuevo Gobierno.

    Como dijimos, la idea que inspira la propuesta programática se sustenta en la visión compartida por las fuerzas de la Nueva Mayoría, de que los nuevos tiempos políticos requieren de ajustes significativos en la estructura del sistema político.

    En esta visión es la arquitectura constitucional la que limita la voluntad popular, lo que a su vez estaría generando una deslegitimación del sistema político, el freno al desarrollo económico y afectaría su gobernabilidad. Otro sector (de centro) considera el gradualismo no ya como estrategia sino como un fin en sí mismo de la política. Se sostiene que ya el país vivió momentos traumáticos que nos dividieron por intentos refundacionales.

    Para la Alianza y el mundo empresarial organizado, en cambio, la lógica argumentativa es la opuesta. En un contexto de reformas profundas como educación y estructura tributaria, la sola idea de debatir una nueva Constitución afectaría profundamente la gobernabilidad del país. En este caso, se sostiene que es la actual arquitectura constitucional la que ha dado garantías de estabilidad en los últimos 25 años, por lo que aventurarse en una transformación radical afectaría precisamente el desarrollo económico y la gobernabilidad del país. En este caso, la actual normativa es fuente de estabilidad.

    La forma en que se implementaría esta propuesta de nueva Constitución ha sido parte sustancial del debate. Qué cambiar es tan importante como quiénes serán los encargados de hacerlo y cómo se hará. Esto refleja una diferencia importante respecto del objetivo que se quiere alcanzar y de ahí que no todos los caminos conducirían a la misma Roma.

    Desde el punto de vista del mundo político, quienes se han mostrado favorables a realizar transformaciones constitucionales se han organizado en torno a tres posturas. En primer lugar, estarían quienes quieren reformas graduales donde destacan dos impedimentos, el primero de los cuales es la falta de una legislación que establezca esta opción y la imposibilidad de aprobar un proyecto en el Congreso que abra la opción de una Asamblea Constituyente por el quórum requerido para ello en el Congreso Nacional. Por lo tanto, la única posibilidad que existiría sería que el Ejecutivo definiese un texto que fuese sometido a una consulta no vinculante a la ciudadanía, seguido de la aprobación formal de una reforma total a la Constitución por parte del Congreso Nacional y la ratificación en un plebiscito vinculante de la propuesta definitiva.

    La segunda postura es establecer una Asamblea Constituyente como condición para el establecimiento de una Nueva Constitución. Su línea argumentativa incluye tres aspectos: primero, la necesidad de que en la definición de las reglas del juego se exprese la voluntad popular; segundo, que no parece apropiado que los mismos que definen las reglas del juego sean quienes después se van a regir por aquellas reglas del juego que establecen; y tercero, que el ejercicio de un proceso constituyente por la vía de una asamblea dotará de legitimidad al proceso en su conjunto.

    Además de los movimientos sociales que desde hace ya varios años han propiciado una Asamblea Constituyente, se sumó una bancada parlamentaria por una Asamblea Constituyente que en junio de este año emitió un manifiesto indicando su compromiso de promoverla.

    Bachelet ante el Congreso ratificó que la Nueva Constitución era parte de su compromiso de Gobierno para el período y que era un proyecto en que se avanzaría en el año 2015.

    Algunos actores han planteado críticas al timing de las reformas, al sostener que primero debió plantearse el cambio estructural de la Constitución y luego otras reformas, porque al hacer las reformas primero se deja al descubierto una clara intención de que el debate sobre la Constitución quede amarrado de pies y manos y no pueda alterar lo que ya estará definido desde antes.

    Aunque gran parte de los actores políticos de la Nueva Mayoría han indicado participar del compromiso programático de tener una Nueva Constitución, existen significativas diferencias respecto del mecanismo y sentido de lo que se espera para una nueva Carta Fundamental.

    Un primer camino se inicia con un acuerdo con la oposición, correspondiéndoles a los congresistas abrirle las puertas a la ciudadanía y el producto de esta negociación tendría que ser plebiscitado, por lo que se requeriría de una reforma constitucional para tales efectos.

    Un segundo camino se inicia en el Poder Ejecutivo, que tendría que elaborar un borrador de texto constitucional, donde eventualmente se incorporaría algún tipo de mecanismo de participación ciudadana para ampliar la legitimidad del mismo. El texto acordado, pasaría a la ratificación del Congreso Nacional y a la ratificación final por parte de la ciudadanía en un plebiscito. Esta es la vía menos clara hasta la fecha, toda vez que desde el Gobierno no han definido la instancia ni el itinerario que se establecerá.

    Un tercer camino, defendido por otros actores, es la opción de una Asamblea Constituyente. Hasta el momento, la propuesta más concreta es la idea de propiciar una reforma constitucional habilitando la convocatoria a plebiscito por parte de la Presidenta de la República, lo que requeriría 3/5 de ambas cámaras para su aprobación. Este camino apuesta por la desvinculación entre el proceso constituyente (vía Asamblea) de quienes hoy detentan el poder.

    Insistimos, las tres vías señaladas no conducen a la misma Roma. La primera opción claramente sería la más conservadora, dado que cualquier acuerdo implicaría una negociación con las fuerzas políticas representadas hoy en el Congreso. La segunda opción podría implicar mayores márgenes de avance, pero dependerá mucho de la forma en que se despliegue el proceso de participación no vinculante para legitimar los acuerdos alcanzados.

    La tercera opción es la que garantiza mayores niveles de legitimidad social pero, evidentemente, plantea más incertidumbre para la elite en el poder respecto del resultado, pues habría que esperar ver la composición de lo que sería una Asamblea Constituyente.

    El panorama político de fines de 2014 encontrará a Chile con un nuevo marco tributario, un nuevo sistema electoral que comenzará a operar en el año 2018, y ciertos avances en materia de reforma de educación. La definición del camino que se tomará para llegar a Roma dependerá de la decisión política del Gobierno. Y será en el año 2015 cuando comenzaremos a vislumbrar a cuál Roma habremos de llegar.

    Ver columna en El Mostrador

  12. La sociedad y la confianza en los medios: no te creo mucho

    Leave a Comment

    claudio fuentes

     

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    Como la televisión es el principal medio para informarse, llama la atención su desplome en los últimos cinco años. La confianza social muy probablemente se asocie con la capacidad de la TV de informar más que de entretener y ahí parece estar el problema. ¿Cómo explicar esta baja? Una hipótesis a explorar se asocia con los cambios tecnológicos experimentados en años recientes y que permiten a la ciudadanía informarse a través de canales alternativos (redes sociales, prensa online, etc.). Ello podría estar desencadenando una nueva forma de aproximarse a la televisión. La ciudadanía desconfía más porque hoy recibe diversos insumos y puede contrastar versiones de un mismo hecho. Miras pero no crees.

    La confianza social en las instituciones (públicas y privadas) ha venido en franco retroceso desde por lo menos el año 2009. Esta tendencia es anterior a las movilizaciones estudiantiles y es independiente del gobierno de turno. La Encuesta UDP 2014 muestra que las instituciones en que los encuestados más confían son Carabineros (43%), las radios (40,7%) y las Fuerzas Armadas (37,5%). Las instituciones en que menos se confía son los tribunales de justicia (8%), el Congreso Nacional (6,4%) y los partidos políticos (4,4%)

    Pero si tomamos como punto de partida el año 2009, observamos que las caídas en confianza social más pronunciadas se dan respecto de la televisión (-27 puntos), los diarios (-22 puntos), la Iglesia católica (-21 puntos) y las radios (-20 puntos). El resultado es esperable para la Iglesia católica, que se ha visto expuesta a una serie de escándalos. Pero parece ser más sorprendente respecto de los medios de comunicación.

    ¿Qué podría explicar que, por ejemplo, mientras en el año 2009 un 41,7% decía confiar mucho o bastante en la televisión, en esta versión de la encuesta se posicione solo en un 14,1%?

    Al considerar variables sociodemográficas, observamos comportamientos que no son homogéneos. Por ejemplo, quienes más confían en la radio son personas menores de 45 años, identificadas con el centro político, y que viven fuera de la Región Metropolitana.

    En cambio, quienes más confían en los diarios son el segmento socioeconómico medio/alto, jóvenes menores de 29 años y personas autoidentificadas con el centro político. Quienes confían más en la televisión tienden a ser de estratos sociales bajos y jóvenes.

    Como la televisión es el principal medio para informarse, llama la atención su desplome en los últimos cinco años. La confianza social muy probablemente se asocie con la capacidad de la TV de informar más que de entretener y ahí parece estar el problema. ¿Cómo explicar esta baja? Una hipótesis a explorar se asocia con los cambios tecnológicos experimentados en años recientes y que permiten a la ciudadanía informarse a través de canales alternativos (redes sociales, prensa online, etc.).

    Ello podría estar desencadenando una nueva forma de aproximarse a la televisión. La ciudadanía desconfía más porque hoy recibe diversos insumos y puede contrastar versiones de un mismo hecho. Miras pero no crees.

    Una hipótesis complementaria apunta a las estrategias de la propia televisión. Como se asumió que los televidentes querían “entretención”, entonces los canales abiertos optaron por desarrollar noticiarios “entretenidos” más que informativos. Como a la opinión pública le preocupa la delincuencia, entonces se llenó la parrilla noticiosa de crímenes y violencia. Ello ahuyentó al público que busca más información (sectores medios/altos).

    Los datos de confianza, al menos en este aspecto, son consistentes con aquello.

    ¿Quiénes presentan menores niveles de confianza en la TV? El grupo social medio/alto, de entre 30-45 años, y que no se identifica políticamente. En un modelo de libre mercado televisivo como el chileno, lo anterior es totalmente contradictorio, por cuanto dichos canales están ahuyentando precisamente a quienes tienen más poder adquisitivo. Sigues a la audiencia, y espantas televidentes.

    El dato objetivo es el progresivo desplome en la confianza social en los medios de comunicación. Cada vez menos personas creen en lo que les muestra la pantalla, en lo que leen en los diarios y lo que escuchan en la radio. Usualmente se piensa esto como un problema de “audiencias” y las soluciones dicen relación con su “recuperación”.

    No obstante, parece que esto tiene que ver con un proceso de cambio más profundo, vinculado a un nuevo tipo de sociedad, más crítica, informada e incisiva. Chile cambió y los medios de comunicación parece que no.

    Revisa la columna original en El Mostrador

  13. La primavera árabe y la entronización de Felipe VI

    Leave a Comment

    ModestoGayo

     

     

     

     

     

     

    Publicada el 01 de julio de 2014 por El Mostrador

    El acelerado traspaso de la jefatura del Estado al nuevo rey en España, nos muestra cómo las transformaciones que prometía la primavera árabe dos o tres años atrás han fracasado en su mayoría. Obviamente, cada país tiene sus razones, pero también se hacía evidente que la política en el Mediterráneo, tanto al sur como al norte, requería una profunda revisión.

    En el caso de España, la crisis económica sirvió como un catalizador, por un lado, de malestar ciudadano, pero, y de forma más significativa, de una necesidad de pensar nuevamente la institucionalidad democrática postfranquista, o lo que fue conocido como el resultado de una pacífica transición a la democracia, en torno a la cual se desarrolló una extensa laudatoria, a la que se unieron insignes políticos chilenos, entre los que es un caso destacado Ricardo Lagos Escobar.
    Ese debate sobre la necesidad de un cambio se ha venido dando y no ha quedado sin efectos políticos. Para entenderlo bien, vaya por delante que la derecha se ha mantenido ajena a esta reflexión, salvo en los casos de los nacionalismos conservadores en el País Vasco y Cataluña, para los cuales el cambio equivale a la independencia.

    Los promotores de una reflexión sobre posibles salidas a la crisis, que es tanto económica como institucional, han estado situados, históricamente y ahora, desde el centro hacia la izquierda. El efecto político ha sido casi inmediato a lo largo de los últimos años y ya es posible observar un nuevo escenario de fragmentación de la izquierda, lo que ha jibarizado al poderoso Partido Socialista, hasta hace poco tiempo en el gobierno, y ha permitido emerger a partidos como Unión Progreso y Democracia (UPyD), Podemos o Citadans.

    Asimismo, este escenario ha dado lugar al planteamiento de importantes temáticas políticas, como es el caso de la conveniencia del intervencionismo estatal en la economía, la relación entre España y el resto de Europa, y las amenazas al sistema de bienestar, en particular en las áreas de la educación y la salud. Otro de estos temas es el que se refiere a la posibilidad de que España sea una república, tal y como lo son la totalidad de los países latinoamericanos, y por supuesto casos como Italia, Alemania o Francia.

    No obstante, en España dicen que la república no es ni constitucionalmente posible ni política y económicamente conveniente. En torno a esta tesis se ha atrincherado la élite política de la democracia postfranquista. Si Franco y los monárquicos de la dictadura impusieron a Juan Carlos I a través de una de sus Leyes Fundamentales, la Ley de Sucesión, imposición después convalidada mediante el título II de la actual Constitución, ahora, en un proceso rápido, nuevamente sin discusión alguna y ausente toda posibilidad de una consulta popular, se obliga a los españoles a aceptar a un nuevo monarca, Felipe VI, “el impuesto”, echándole tierra al sueño republicano de tantos españoles, y a los vientos de cambio que la primavera árabe y las movilizaciones en las calles alentaron.