Expertos analizaron los alcances de la corrupción política en Chile en Mesa de Política y Gobierno
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Abogados, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, discutieron respecto a las malas prácticas políticas acontecidas en Chile.
En medio de los escándalos de corrupción que han golpeado fuertemente a la clase política en Chile, la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales -a través de su Magíster en Política y Gobierno- organizó la mesa de discusión “Corrupción en Chile ¿Hacia dónde vamos?”, la cual contó con la participación de reconocidos expertos quienes desde sus respectivas áreas disciplinarias, entregaron sus puntos de vista en torno a las cuestionadas prácticas políticas que se han dado a conocer en los últimos años en el país.
Desde diversos ángulos disciplinares abogados, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales se refirieron a casos tan emblemáticos como: La Polar, Penta, Caval, SQM, Milico Gate, Panamá Papers, Corpesca y los llamados carteles de colusión del pollo, las farmacias y el papel higiénico.
Durante el espacio de discusión, el director del Magíster en Política y Gobierno UDP, el académico Fernando García Naddaf, planteó la idea de que Chile es un país relativamente trasparente, honesto y prácticamente sano en términos de corrupción política, ya que si hacemos un análisis comparativo con el resto de los países de la región quedamos más o menos bien posicionados respecto a las realidades que viven países como México, Argentina, Venezuela, Brasil o Nicaragua.
Sin embargo, con el surgimiento de todos los escándalos mediáticos que han sacudido la credibilidad de la clase política en Chile, se ha puesto en duda esta supuesta imagen incorruptible que se creyó recuperar tras el retorno de la democracia a fines de los años 80’.
En este contexto, la periodista y directora de Ciper Chile, Mónica González, precisó que ante este nuevo escenario “necesitamos mirarnos al espejo, porque creo que todos los actores de la sociedad –incluyendo a los medios de comunicación y sobre todo las universidades– deben asumir qué grado de responsabilidad tienen en no haber mirado las vías, las formas y los métodos con que se organizó e instaló la corrupción política en Chile”.
Refiriéndose a las medidas de mitigación que otros países de la región están adoptando en torno a los casos de corrupción política, la directora de Espacio Público, María Jaraquemada, explicó que la “respuesta de estos países tiende a ir más que nada por la judicialización de estos casos”.
A modo de ejemplo, Jaraquemada especificó que “en Brasil se está investigando el caso Petrobras, mientras que en Guatemala enviaron a prisión al ex presidente Otto Pérez, donde la sociedad civil asumió un rol muy participativo en este caso”.
Sin embargo, para el caso chileno “creo que tendremos pocos resultados de estas características, porque las reglas que tenemos hasta el momento son muy débiles, porque en el caso de la colusión por ejemplo, sabemos que no tiene sanción penal y sólo se aplica una multa a las empresas comprometidas”.
Finalmente, el director del Programa de Derecho Constitucional de la UDP, el académico Javier Couso,se refirió al proyecto de ley que pretende regular el lobby en Chile, preguntándose si efectivamente “es el lobby una patología de la política chilena o, por el contrario, es un instrumento para mejorar la democracia en el país”.
El abogado explicó que si este futuro proyecto de ley no está bien regulado “puede ser una enfermedad para la democracia que altera la transmisión de preferencias políticas desde los ciudadanos a los tomadores de decisiones”.
