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  1. “El Estado sigue haciendo como si estuviera combatiendo el narcotráfico, pero no”

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    auyeroEl destacado investigador de la Universidad de Texas (Austin), que mostró en Chile evidencia de corrupción entre narcos y policías en Argentina, dice que cuando el Estado tiene el monopolio de la violencia de manera legítima, la violencia decrece, a diferencia de lo que viene ocurriendo en barrios marginales como los de Buenos Aires y que el problema del “populismo punitivo” es que junto con la cobertura de violencia de los medios, estos también dan tribuna a quienes proponen soluciones como “Tolerancia Cero”. “Lo que viene después de la sensación de inseguridad es mano dura”, dice.

    El sociólogo argentino Javier Auyero estuvo a mediados de mes en la Cátedra Norbert Lechner 2017 de la Universidad Diego Portales mostrando con audios reales cómo “Los Monos”, una banda de narcotraficantes de Rosario, se coordinaba con funcionarios de policía bonaerense para mantener su posición.

    El investigador expuso ese ejemplo, fruto de una investigación judicial en su país de origen, para exhibir uno de los eslabones de la cadena que alimentan la denominada violencia estructural en barrios miseria y que demuestran cómo la intervención del Estado a través de la policía no garantiza que ella decrezca y de que efectivamente se combata al narcotráfico.

    El coautor de “La violencia en los márgenes. Una maestra y un sociólogo en el conurbano bonaerense” y otros papers dice que eligió ese tema para demostrar que “las relaciones ilícitas entre miembros de la policía y miembros de bandas narco sirven a estos para lograr el cuasi monopolio en el uso de la fuerza sobre un territorio que es central para el comercio ilegal”.

    ¿Por qué esa inquietud de violencia en los centros urbanos, con la policía y el narco?
    -Es lo que me quita el sueño. La pregunta más general o por qué comencé a trabajar estos temas fue ¿por qué en algunas zonas del conurbano bonaerense está aumentando la violencia? En la sociología y criminología hay montón de explicaciones. Más desigualdad, más pobreza, etcétera. Hice mucho trabajo etnográfico, más de 30 meses, tratando de entender distintos tipos de violencia. Pero no era solo la violencia callejera, de gente que se pega tiros en la calle. Sino que la violencia que aparecía, que estaba aumentando, de acuerdo a maestros, trabajadores sociales, médicos y la gente que vive ahí, son cosas como la violencia al interior de los hogares. Es una violencia que sigue aumentando como un caldo. Un guiso de violencia -según dice una autora- y todavía no creo entender por qué. Pero en aras de separar componentes, analizar, llegué al tráfico de drogas, como uno de los factores. Y atrás de ello, era la inacción del Estado.

    ¿Tratar de contestar qué está haciendo el Estado frente a esto?
    -Bueno, es que si todo el mundo lo sabe, ¿por qué el Estado no hace anda? Y ahí llegué a la colusión de policías y traficantes, que es un tema que muchos periodistas saben. Buena parte de lo que sé lo sé leyendo a periodistas, no a sociólogos o politólogos. Pero no es que me interese el tráfico de drogas por sí mismo, me interesa una parte de él que es ese acertijo de la violencia y el sufrimiento de los más marginados. ¿Por qué vidas que ya están precarizadas son aún más vulneradas y vulneralizadas? Ahí uno no sabe si sale a la esquina y le van a pegar un tiro. O un chico no sabe si la mamá le va a pegar, la mujer no sabe si el marido le va a pegar, etcétera. Hay mucha inseguridad existencial, si se quiere decir así.

    ¿Y esto es algo que se repite en otros países de América Latina?
    -Buena parte del trabajo de los sociólogos, así como ustedes deben chequear la información varias veces, es leer toda la literatura que hay al respecto, en todos lados. Leí de esto en Rusia, sobre Italia. En México hay bastante trabajo al respecto, en Brasil también. De hecho, el tema de corrupción policial viene de alguien que estudia mucho a Brasil. También hay algo de trabajo sobre el Caribe y América Central. Y hay variaciones del tema, no es exactamente lo mismo. A mi esta idea de que se está ‘mexicanizando’ o ‘colombianizando’ no me parece que sea relevante. Son parte del discurso público, está bien, pero para hacer un análisis un poco más serio y lo que hago yo es un poco informar de otra manera al debate. Ahí hay cierto parecido de familia. Hay participación de buena parte de las fuerzas policiales en actos ilícitos. Y eso no lo hago como juicio de valor. Como a los periodistas, a vos no te corresponde decir si esto está bien o está mal. Lo que querés hacer es reportarlo de la manera más adecuada, más seria y con más evidencia, para que la gente diga ‘esto está mal’. Yo puedo tener mi opinión personal sobre esto, pero no me corresponde a mi someter a juicio a la acción de la policía. Acá la novedad es que quizás uno presenta la evidencia en público, pero cualquier periodista te va a decir que sí, ya se sabe.

    Acá existe la imagen de que el carabinero o policía chileno era menos corrupto que en los países cercanos. Ahora estamos sumidos en un caso de corrupción en Carabineros, aunque es en altos mandos, no precisamente en los que intervienen en barrios bajos. 
    -Es interesante porque han habido colegas que me han preguntado por qué Chile es distinto. Primero, no sé si es distinto. Pero está esta idea en mucha gente de lo que es el carabinero comparado con la idea de lo que es la policía de la bonaerense, de que son figuras muy distintas. Probablemente sea cierto. No conozco nada y de que hay policías corruptos, sí. Pero las representaciones son importantes. Hasta ahora quizás la gente asuma acá que la policía va a actuar de una manera, por esta idea que existe. A pesar del escándalo, no se cae de un día para otros. En Buenos Aires nadie asume que el policía va a actuar de manera correcta. En las zonas donde yo trabajo, nadie asume que puede ir a la policía a decirle algo.

    ¿Eso es parte de la violencia en los márgenes de la que hablas?
    -Nosotros describimos la violencia en los márgenes como algo con muchos episodios de violencia, secuencias que llamamos cadenas. Muchas veces nos imaginamos qué pasaba si en medio aparecía un policía en el que las personas puedan confiar. El punto es que ahí se corta la violencia, y eso no está pasando.

    No pasa ni siquiera con la intervención del Estado, como contaste en el seminario.
    -Esta idea se ha dicho muchas veces en la literatura. Cuando el Estado monopoliza el ejercicio de la violencia de manera legítima o democrática, la violencia decrece. Ahora, cuando no la monopoliza o la ejerce en la ilegalidad, estalla por los aires. Eso es más o menos la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace el Estado frente a estos episodios de violencia? ¿Colabora con los narcos, negocia o trata de hacer algo?

    Sobre la intervención estatal en sectores más vulnerables, se creía que la violencia ocurría en esos lugares porque no había presencia policial. Tú muestras lo contrario.
    -Otra vez seguimos reaccionando a la idea de que el Estado está ausente, que estas zonas están abandonadas por el Estado. O, como se dice hoy en EE.UU, las comunidades pobres, al contrario, están ‘superpoliciadas’. Hay policías todos los días, meten presos y eso es parte del sentido común. Yo lo que creo es que es cierto que las escuelas públicas no son lo que eran antes, los hospitales, pero junto a ese abandono lo que hay es una intervención ilegal del Estado, de agentes del Estado. Hay una encuesta nacional (Argentina) muy bien hecha, representativa de los jóvenes más pobres y el 68% dice que la policía sabe o participa del mercado de drogas. Estás hablando de una intervención ilegal, que están ahí. No es que me lo contó alguien. Yo estaba en una reunión, en un cuarto como éste, con líderes de la comunidad que bajaban el tono de voz cuando hablaban de la droga porque no sabían si los íbamos a denunciar, si después les iban a reventar las casas.

    ¿Ahí buscaste la evidencia en los casos policiales?
    -Uno actúa en base a rumores, y si los rumores guían la conducta les tenés que prestar atención. Si yo creo que vos sos un informante, no te voy a contar la verdad y voy a tratar de protegerme. Pero lo que demuestran las escuchas telefónicas que estuve mirando es que efectivamente están en complicidad. O sea, se dicen ‘vamos a allanar este lugar’. La policía le dice al narco y el narco le dice a la policía: ‘allanálo a aquél’. Eso es lo que aprendí, que los narcos lidian con la competencia mediando con la policía. Entonces, como ya tienen una relación, quieren eliminar un competidor con la fuerza armada del Estado. Pero no sólo eso.

    ¿Qué más hay?
    -Hay un sinnúmero de conversaciones en los que narcos les compran armas. O sea, la banda compra armas del Estado. Entonces, no hace falta saber que si la banda compra armas del Estado y después se tiran entre sí, ahí tenés una conexión directa entre lo que hace el Estado y que la gente se muera. Porque si nadie tuviera acceso a armas se pelearían con cuchillos. Y cualquiera sabe. Ves en el caso de México el acceso a armas de alto poder que puede generar muchas cosas, pero seguro cobran más muertes. Y hay diálogos. ‘Conseguíme una baretta’, ‘una 45’. ¡Les dan las municiones!

    Y las autoridades lo saben.
    -Yo creo que buena parte de la clase política lo sabe, pero se preguntan quién le pone el cascabel al gato. Porque intentar transformar, como hizo varias veces sin éxito la policía de Buenos Aires. Es un problema porque te garantizás que pueda salir tu gobierno tirado por los aires. Entonces mejor mirar para el lado y mejor bajar la edad de imputabilidad. Mandar a los delincuentes presos. Otra vez, es una reacción mecánica que es predecible de la clase política, progresistas y de derecha. Fijáte en la esquizofrenia de eso. Saben quiénes son los delincuentes. Le están pidiendo a los delincuentes que metan a los delincuentes presos. Vos agarrás a un político cualquiera, en un espacio privado, sin grabador -en off como dicen ustedes- y te lo va a decir. O sea, lo sé yo y yo no tengo más información, no soy un espía.

    Sobre lo que tú llamas el ‘Populismo punitivo’, acá todas las encuestas muestran que la seguridad y la sensación de inseguridad es lo más relevante para la gente. Eso sigue siendo un tema muy importante, sobre todo en año electoral.
    -En EE.UU. las tasas de criminalidad violenta han venido declinando en los últimos 20 años de manera sostenida. Hay menos crimen violento, menos homicidios sostenidamente. A la par, las noticias sobre homicidios se han cuadruplicado en los grandes medios de comunicación. Por qué digo esto, porque parte de esta sensación e inseguridad que supuestamente recogen las encuestas son construcciones del discurso político, mediático, y que al mismo tiempo no solo describen el problema sino que también proponen la solución. Lo que viene después de la sensación de inseguridad es mano dura. Lo problemático es que cuando reclamas, como en Argentina o en México, como en ‘la guerra contra el narco’, que los encargados de la mano dura son los que están llevando a cabo… son los delincuentes. Entonces, otra vez, es un complejo entramado de qué es lo que crea esa sensación de inseguridad. Ahora, ojo, en el caso de Argentina las tasas de homicidios sí han aumentado.

    Entonces en algunas partes sí ha aumentado.
    -Es que a diferencia de alguna gente yo no creo que sea solo una sensación o una construcción mediática, un invento. Ahora, se aumenta, se amplifica y al mismo tiempo se propone una solución, tanto de los medios que permiten a estos voceros de la ‘Tolerancia cero’, de las ‘puertas giratorias’. Sería interesante ver cómo aparece el discurso punitivo en América Latina porque el criminal menor, la enorme cantidad de personas que está en la cárcel no está por crímenes violentos, no por atentados contra las personas. Sin embargo, el discurso se agarra del delincuente que te va a matar. Ojo, no estoy diciendo que no te va a matar. A una de las personas que citaba un sociólogo argentino que trabaja en la misma zona que nosotros, era a la mamá. A la mamá la secuestraron hace dos meses. O sea, no estoy diciendo que es un invento, pero la reacción es que vamos a solucionar estos temas con la cárcel en un contexto en que aumentan las tasas de encarcelamiento en toda América Latina de manera sideral. En Argentina es al nivel de Estados Unidos. Lo trágico es que han aumentado en democracia. La democracia ha traído lamentablemente más tasas de encarcelamiento. Otra vez por tráfico, por robo, pero no por matar gente. Eso es en todo el mundo. Entonces, lo que hay que comenzar es una conversación seria sobre si la cárcel es la solución.

    Acá en Chile tenemos el debate sobre si hay terrorismo en la Araucanía. Hay sectores que hablan de terrorismo y otros que reclaman sobre la intervención “militar” del Estado en la zona. Se debate si hay o no terrorismo.
    -¿Cuando se habla de terrorismo son incendios de camiones y esas cosas?

    Pero también hay episodios como el de una pareja que murió en el incendio de su casa.
    -Es curioso porque ese tipo de violencia política, es desde lo que se ha estudiado en sociología, más fácil de entender. Hay años de victimización de ciertas poblaciones. No estoy justificando quemar una pareja ni quemar camiones, pero entender y justificar son cosas distintas. Entender por qué hacen lo que hacen, en un contexto de colonialismo interno, de violencia estructural que han venido sufriendo desde vaya uno a saber cuándo, de despojo porque les han sacado tierras desde hace mucho, tiene sentido de explicar por qué hacen lo que hacen. Hay otros tipos de violencias más nuevas en América Latina entre la gente que no parece tener características tan políticas, que es la violencia callejera. Fijáte que hay un caso emblemático de un cura en Argentina, hijo de desaparecidos, que hacía trabajo social y un día los narcos vienen, él tenía un custodio, y éste tira y mata a un chico de 15 años. Y esa tragedia es muy distinta de la del cura hijo de desaparecidos. Yo creo que esa historia encapsula todo en lo que se ha transformado la violencia. Es la violencia del Estado en un hijo de desaparecido a la violencia interpersonal de un nadie sabe de dónde vienen las balas. La violencia de la que hablas, la violencia política en un sinnúmero de otros casos de alguna manera se entiende por qué está sucediendo esto. Y por qué el Estado reacciona de esa manera, los actores y por qué el periodista le pide a un político que lo defina como terrorismo. Y ahí, como dicen los gringos, all the way down (toda la calle abajo). Aquí yo digo que los chicos de los márgenes están aterrorizados, pero es otro tipo de terror que no saben bien de donde viene.

    Y esto viene alimentado por otro tipo de violencias que se interrelacionan entre ellas. Lo que dices de la violencia ambiental y otras por el estilo.
    -Mira. Estuve en el barrio Bajos de Mena, que está asentado sobre un basural. La presidenta Bachelet va a inaugurar una comisaría y una vecina que es líder de la comunidad, viene peleando porque han dejado de pagar porque están contaminados, enfermos, no vamos a seguir viviendo aquí. Creo que la presidenta dice que tenemos una deuda con el tema de la vivienda y ella dice algo, grita junto a un grupo y en seguida vienen los guardias y la sacan. La acusan de irrumpir violentamente el acto. La pregunta que uno se tiene que hacer es qué es más violento: que nadie haga nada sobre miles de personas enfermándose y viviendo sobre un basural, que es un barrio que construyó una empresa privada seguramente en un negociado fenomenal con el Estado, y que hoy esa gente además de todo deba sus casas para vivir en un barrio en el que aspiran aire con metano, probablemente contaminado con plomo; o que una líder interrumpa a los gritos a la presidenta. Yo me hago la pregunta. Otra vez, no quiero tomar partido con esto, pero uno se tiene que preguntar cuántas violencias vienen acumulando los sectores marginales en América Latina en materia ambiental, de falta de empleo, lo que llamamos los sociólogos ‘violencia estructural’. Que no es carecer de ingreso, sino que tomar agua contaminada, respirar aire sucio. O sea mis hijos no toman la misma agua, no respiran el mismo aire, y no juegan en el mismo terreno que los chicos de Bajos de Mena, de Ingeniero Budge, etcétera. Eso, alguna gente dice, es violencia. La pregunta que yo me hago, no por condonar, no es por qué hay violencia, es por que no hay más con estas situaciones de exclusión, de marginalidad.

    ¿Por qué no reaccionan?
    -¿Por qué esta gente de Bajos de Mena no agarra y rompe todo? No estoy diciendo que deberían hacer eso. Pero uno tiene que pensar que la gente que vive en Ingeniero Budge vive en una situación de emergencia ambiental tremenda, tiene escuelas que no las preparan para nada. Está la violencia criminal, tienen a la policía cómplice con el tráfico de drogas, calles de tierra, casas precarias. ¿Cómo es que no agarran y revientan todo? Y viviendo a 20 minutos de zonas muy ricas. Finalmente, vivimos en el continente más desigual del planeta.

    Acá existe una población llamada La Legua. Un lugar estigmatizado que está completamente cercado por carabineros y cada cierto tiempo aparece la historia de una ‘bala loca’ o redadas. Y este año se cumplieron 15 de intervención del Estado.
    -Jeje. El Estado crea su propio problema. El Estado sigue haciendo como si estuviera combatiendo el narcotráfico, pero no. En Ingeniero Budge cada tanto aparece un gran operativo contra las drogas y al día siguiente sigue todo igual. En México lo mismo. Cada tanto detengo al ‘Chapo Guzmán’ y ahora son ‘los chapitos’ que se están peleando entre sí. Qué decirte. Otra vez. Un sociólogo francés habla de que es como una película pornográfica porque es predecible todo lo que pasa.Las reacciones, el movimiento, el final, todo es exactamente igual. Es tal cual. El narcotráfico es como un globo: apretás acá y se infla allá. Apretamos en Miami para que no pase ‘Tony Montana’ y ‘Scarface’, entonces tenemos la película ‘Traffic’. Después aprietas ‘Traffic’ y tenemos Centroamérica, luego Colombia. Y seguimos.

    También está el problema del ‘gatillo fácil’.
    -El gatillo fácil está institucionalizado en la policía de Buenos Aires. Quienes más sufren de esto son jóvenes, pobres, varones. En Ingeniero Budge hay un caso clásico, la matanza del año 87, y desde entonces el Centro de Estudios Legales y Sociales ha venido documentando muchos casos. Las víctimas son generalmente los mismos y en eso no ha habido ningún cambio. Ahora, a diferencia de antes, la policía aparece reclutando a jóvenes para que cometan crimen. Pero la policía de gatillo fácil para mi es más fácil de entender. Es el Estado contra los pobres. Ahora, cuando el Estado comienza a reclutar para que roben para sí, eso es más perverso. Pero al margen del juicio de valores, es más difícil de entender. Esto tiene que ver con la impunidad de las fuerzas de seguridad en Argentina y con el legado de la dictadura militar, que básicamente se autogobierna. Hace lo que quiere. No hay rendición de cuentas y por ende, ¿cuántos están presos de esos asesinatos de jóvenes? Ínfima minoría.

    Ver en The Clinic

  2. Destacados expositores participaron en el Seminario “Exilio, Violencia, y Estado”

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    714_UDP_SEMINARIO EXILIO VIOLENCIA Y ESTADO_RRSS-FBEl pasado lunes 7 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el Seminario “Exilio, Violencia, y Estado”. La actividad fue organizada por la Universidad Diego Portales, junto al Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM), la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

    Participaron como expositores Enrique Coraza de los Santos, coordinador del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos (ECOSUR-CONACYT) y coordinador del Grupo de Trabajo (CLACSO) sobre Violencia y Migraciones Forzadas, Mariana Norandi, miembro del Grupo de Trabajo (CLACSO) sobre Violencia y Migraciones Forzadas, Mónica Gatica, miembro del Grupo de Trabajo (CLACSO) sobre Violencia y Migraciones Forzadas, Carolina Ramírez, investigadora postdoctoral en la línea espacio y migración del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM) y académica en la Universidad Alberto Hurtado y Cristián Doña, académico de la Escuela de Sociología UDP, Investigador ICSO y director del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales e Investigador del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social.

    El panel expuso sobre diversos temas. Por un lado, Enrique Coraza de los Santos, presentó “Conceptos y metodologías de las movilidades forzadas. Un debate necesario”. En él, habló acerca de las bases para el debate, compuestas por la tensión, comparación, conceptos, problematización y circunstancias.

    Mariana Norandi, por su parte, expuso acerca de los hijos del exilio uruguayo en España. Uno de los puntos presentados, tiene relación con la ausencia de estudios sobre segunda generación y no retorno.

    Siguiendo el panel, Mónica Gatica, habló sobre exilio, migración y el destierro de chilenos en la Patagonia. Carolina Ramírez, abordó la detención de Pinochet y finalmente, Cristián Doña, habló sobre el exilio en la memoria histórica chilena.

    Las presentaciones fueron comentadas por Mauro Basaure, quien realizó reflexiones sobre lo expuesto por cada participante. La jornada fue un espacio de diálogo y reflexión en torno a la migración forzada.

  3. Apetito de vacas gordas en años de vacas flacas

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    En el juego de alimentar expectativas más allá de la capacidad del Estado para cumplirlas, el gobierno ha profundizado la disonancia entre la realidad de vacas flacas por la que atraviesa y seguirá atravesando el país en los próximos años y las expectativas de vacas gordas que han predominado en la población en años recientes. Resulta difícil decirles a millones de personas que estaban en la fila que la fiesta se acabó.

    El abrumador rechazo en la Cámara de Diputados a la propuesta de aumento de sueldos al sector público propuesto por el gobierno de la Presidenta Bachelet, refleja la desalineación entre las altas expectativas que existen en el país sobre las posibilidades de desarrollo económico e inclusión social y la menos auspiciosa realidad que enfrentamos en el complejo ciclo negativo del mercado exportador.

    Porque estamos en pleno período de vacas flacas, pero hay mucha gente que todavía tiene apetito de vacas gordas—y equivocadamente cree que tenemos recursos suficientes para satisfacer nuestras necesidades de mayor gasto público—, el gobierno deberá mostrar una disciplina férrea para evitar que la situación fiscal se siga deteriorando y amenace con profundizar la crisis que ya se vislumbra en el horizonte.

    Aunque no debiera ser necesario repetirlo, al parecer muchos todavía no quieren aceptar que se acabaron los años de vacas gordas. La década dorada, cuando los ingresos del Fisco superaban ampliamente al gasto público, ya es parte del pasado (igual que el boom del salitre a comienzos del siglo XX). Los fondos soberanos que crecieron en esos años y que nos hicieron acreedores netos, ya pesan menos ante una deuda pública que va en aumento y un presupuesto que lleva al Fisco a gastar más de lo que recibe. Como parte de esos fondos soberanos ya están comprometidos para financiar la reforma de pensiones de 2008, la capacidad del gobierno para echar mano a ahorros que estimulen la economía se ha visto brutalmente reducida. Por su parte, los ingresos del cobre han caído a un punto tal que Codelco es como un árbol seco al que le tenemos mucho cariño, pero que ya no da fruto y, es más, amenaza con convertirse en un pasivo para el Estado.

    Pero esa gris realidad contrasta con las altas expectativas que existen en el país respecto a lo que debe hacer el Estado para mejorar la calidad de la educación (garantizando la gratuidad), expandir la calidad y cobertura de la salud, mejorar las pensiones y, ahora último, mejorar también los sueldos del sector público.

    Como el gobierno de Bachelet llegó al poder alimentando expectativas de un mayor gasto público y, ya en el poder, impulsó una reforma tributaria argumentando que con ella se podrían financiar las promesas de más gasto, mucha gente se niega a aceptar que ya no hay plata. Si tu médico de confianza te ha mentido respecto a los resultados de los exámenes, va ser complicado que le creas a otro médico que te dice la verdad, aun cuando la evidencia esté de su lado. Pero aunque muchos no lo quieran aceptar, no hay plata ni la habrá en varios años.

    Como las expectativas y la realidad están tan desalineadas, es inevitable que se generen tensiones entre el gobierno y algunas de sus bases de apoyo. Los estudiantes insisten en la necesidad de avanzar en gratuidad pese a la reforma que, desordenadamente y sin ley de por medio que la regule, ha emprendido el gobierno. Como ya se estableció el precedente de financiar la gratuidad a través de una glosa en la ley de presupuesto a fines de 2015, este año se volverá a usar el mismo mecanismo para financiar una aventura que ya tiene a varias universidades privadas al borde de la quiebra y que establece requisitos tales que varias estatales debieran quedar fuera del sistema de gratuidad.

    En pensiones, el gobierno también cedió a la tentación de hacer anuncios rimbombantes, pero no ha dado pasos concretos para hacerse cargo del descontento que existe con el sistema. Como el movimiento social ha convertido a las AFP en el chivo expiatorio de la mala calidad de las jubilaciones, el gobierno ha podido zafar temporalmente de la presión. Pero de todos modos, La Moneda se las ha ingeniado para alimentar expectativas irreales sobre lo que puede hacer el Estado para mejorar las pensiones de aquellos que están próximos a jubilar.

    En el juego de alimentar expectativas más allá de la capacidad del Estado para cumplirlas, el gobierno ha profundizado la disonancia entre la realidad de vacas flacas por la que atraviesa y seguirá atravesando el país en los próximos años y las expectativas de vacas gordas que han predominado en la población en años recientes. Como además, muchos chilenos apenas alcanzaron a ver la tierra prometida de vacas gordas sin llegar a gozar de los beneficios del crecimiento y la bonanza, resulta difícil decirles a millones de personas que estaban en la fila que la fiesta se acabó.

    Felizmente para el gobierno actual, la gente ya ha hecho la pérdida respecto a estos cuatro años. Para todos los efectos prácticos, ya nadie espera que Bachelet cumpla sus ambiciosas promesas. Pero desafortunadamente para el país, las personas cada vez más están depositando sus esperanzas y su apetito de vacas gordas en lo que prometerán los candidatos presidenciales en la campaña que ya se inicia para la elección de noviembre de 2017.

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  4. La crisis es la nueva normalidad

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Para los que siempre han sido beneficiarios de privilegios y regalías a las que el resto de los chilenos no tenía acceso, estas nuevas dificultades pueden parecer una crisis. Pero para los chilenos que siempre debieron competir en una cancha cargada en su contra, la nueva realidad es una oportunidad.

    Aunque muchos insistan en declarar que el país atraviesa por una crisis, la evidencia indica que la desconfianza en otros y el cuestionamiento de las élites llegaron para quedarse. Luego, en vez de abordar los nuevos desafíos como una etapa temporal y añorar reconstruir el equilibrio anterior, hay que hacerse cargo de la nueva realidad y construir un equilibrio que permita seguir avanzando. Por cierto, hay que acostumbrarse también a que las cosas seguirán cambiando (y aprender que los cambios son a la vez crisis y oportunidades y que, en todo caso, son inevitables).

    Desde hace varios años, parte de la élite intelectual chilena viene confundiendo la evolución inevitable de la sociedad. Ya sea porque las instituciones democráticas son cuestionadas, los líderes no son valorados de la misma forma que cuando se restauró la democracia o la gente se comporta de forma distinta que a comienzos de los 90, algunos intelectuales se apuran en identificar una crisis. Algunos de esos intelectuales también dan a entender, sin evidencia ninguna, que en el Chile prehistórico de 1973, las cosas funcionaban mejor.

    Pero así como la llegada del correo electrónico representó una crisis para el correo regular, los cambios en la sociedad abren nuevas oportunidades. Y aunque algunos añoren los tiempos cuando se enviaban cartas por correo regular, los cambios son inevitables.

    Una crisis es un estado temporal. Si la crisis no se soluciona, se produce un quiebre que genera una nueva realidad. Si en cambio se soluciona, volvemos al Estado anterior de las cosas (con cambios que, presumiblemente, evitarán que se repita la crisis). Por eso, es errado definir lo que está pasando en el país como crisis. Primero, porque esa categorización supone que es un estado que se podría haber evitado y, segundo, porque esa definición también supone que el estado actual es temporal.

    Pero el desarrollo tecnológico que permite más y mejor acceso a la información y el desarrollo de la economía que ha permitido el crecimiento de la clase media vinieron para quedarse. Luego, las condiciones que han generado esta supuesta crisis no van a cambiar. Así como pasar de la infancia a la adolescencia no es crisis, pasar del Chile opaco donde las decisiones las tomaban unos pocos y el resto las acataba sin objetar a un Chile más vociferante donde muchos más quieren participar tampoco es crisis.

    Las prácticas tradicionales de Chile que permitían que las campañas se financiaran en la opacidad y que aislaban a las altas autoridades del escrutinio ciudadano ya no se podrán volver a repetir. Los candidatos no se van a poder subir a aviones privados facilitados por empresarios sin explicar cómo se pagan esos viajes. Eso aplica no sólo para los candidatos díscolos, sino también para los abanderados de las coaliciones dominantes que fueron los que más usaron aviones privados en el pasado.

    La vieja costumbre de los candidatos de salir a buscar fondos a países amigos ya no se pueden realizar. Los think tanks y fundaciones que servían como excusas para armar equipos de campaña y conseguir financiamiento antes de que empezara el periodo oficial de campaña están siendo sometidos a un escrutinio mayor. Eso lo sufrirán en carne propia los ex presidentes que ahora que vuelven a ser candidatos, se encontrarán con una cancha mucho más difícil y un electorado más cuestionador y más difícil de convencer que cuando ellos ganaron las elecciones.

    Pero difícilmente esta nueva realidad puede ser definida como crisis. Es verdad que es una realidad más incómoda para la élite tradicional. Pero el desarrollo del capitalismo y la profundización del modelo suponen que las cosas van a ser más difíciles para la élite en la medida que se empareja la cancha. Para los que siempre han sido beneficiarios de privilegios y regalías a las que el resto de los chilenos no tenía acceso, estas nuevas dificultades pueden parecer una crisis. Pero para los chilenos que siempre debieron competir en una cancha cargada en su contra, la nueva realidad es una oportunidad. Para la élite que ahora no goza de la confianza automática de las masas, sí hay crisis. Pero para las masas que siempre han sido sospechosos a ojos de la elite, la realidad actual no es nada nuevo.

    Los nostálgicos del Chile de antes —los que ahora repiten que todo tiempo pasado fue mejor— debieran revisar los datos y cifras para entender que el país de ahora es más inclusivo, horizontal y menos desigual en acceso a oportunidades que nunca antes. Sin duda hay desafíos complejos —que este gobierno no ha sabido abordar y, en muchos casos, ha ayudado a profundizar—. Pero como la nueva realidad es una situación permanente, inevitable y que, además, ofrece valiosas oportunidades para construir un mejor país, difícilmente podríamos hablar de crisis. Y si aun así algunos la quieren definir como crisis, entonces hay que ir acostumbrándose a que la crisis es la nueva normalidad.

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  5. Salvadores de la patria

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Es erróneo pensar que estamos en una crisis cuando hay mayores niveles de transparencia, instituciones del estado que muestran su independencia y una opinión pública que tiene un saludable nivel de desconfianza en sus autoridades.

    Todos los candidatos presidenciales inevitablemente caen en el juego de afirmar que el país estará mejor si ellos resultan victoriosos. Pero al sugerir que el país atraviesa por una severa crisis institucional, el ex Presidente Ricardo Lagos tácitamente se ha auto designado salvador de la institucionalidad. Sus declaraciones recuerdan la autodestructiva advertencia del dictador Pinochet que, antes del plebiscito de 1988, las opciones eran él o el caos. Lamentablemente para Lagos, los chilenos no creen que el país atraviese por una crisis terminal. Al contrario, la percepción generalizada es que tenemos la oportunidad de construir una mejor democracia, con más inclusión, más horizontalidad e instituciones que funcionen para el bienestar de todos y no solo para los poderosos de siempre y los que abusan.

    En el Chile de hoy, hay dos visiones contrapuestas respecto a las tensiones que han producido los mayores niveles de transparencia y el acceso más amplio a la información que antes era manejada solo por la elite. Para algunos, como Ricardo Lagos, estamos en un momento de crisis en que la institucionalidad se ve amenazada. Para otros, la democracia chilena atraviesa por un estadio de desarrollo que hace inviable pensar que la solución es volver al pasado cuando las soluciones se negociaban entre cuatro paredes por miembros de la elite no sujetos al escrutinio público.

    La evidencia se acumula a favor de la segunda postura. Es erróneo pensar que estamos en una crisis cuando hay mayores niveles de transparencia, instituciones del estado que muestran su independencia y una opinión pública que tiene un saludable nivel de desconfianza en sus autoridades. La democracia chilena es más compleja, pero eso también significa que es más sólida y tiene raíces más profundas.

    Los niveles de corrupción en Chile no son hoy mayores que antes. Nadie puede pensar que el financiamiento irregular de campañas es un fenómeno que partió hace poco. Porque las campañas del Sí y el No en 1988 costaron plata, resulta inevitablemente imaginar que el financiamiento provino de la misma clase empresarial que ha financiado las campañas posteriores. La gran diferencia entre el Chile de antes y el Chile de hoy es que ahora tenemos más acceso a la información y hay más transparencia. El cepo mediático que alguna vez existió en Chile se ha roto. La independencia de los fiscales y la diversidad en la oferta de medios de información ha permitido avanzar en investigaciones que antes se cerraban simplemente porque el Presidente de turno así lo determinaba, por razones de estado.

    Es verdad que la gente confía mucho menos en su clase dirigente. Pero la mayor transparencia y el mejor acceso a la información han producido que la confianza en la clase dirigente disminuya en todo el mundo. Chile no es ajeno a esa tendencia. Algunos pueden añorar la época cuando la gente confiaba ciegamente en su clase dirigente. Pero una democracia desarrollada, con más y mejor acceso a la información inevitablemente lleva a la gente a conocer más las debilidades y limitaciones de su clase dirigente. Los menores niveles de confianza son tan inevitables como saludables. Un país que confía demasiado es un país con una clase media débil y susceptible a caer presa de promesas populistas.

    Por eso resulta irresponsable asociar la mayor transparencia y la menor confianza en las autoridades a una crisis de las instituciones. Las declaraciones del Presidente Lagos haciendo esa relación son especialmente sorprendentes precisamente porque fue durante el sexenio del propio Lagos cuando explotaron mediáticos escándalos de corrupción que también pusieron a prueba a las instituciones. El gobierno de Lagos estuvo en una posición tan defensiva que un el conocido columnista Ascanio Cavallo llegó a sugerir que Lagos pudiera no terminar su periodo en el poder. Pero, como gustaba decir a Lagos, las instituciones funcionaron y Chile fue un mejor país después de que se alcanzó un acuerdo para superar el impase generado por la crisis del escándalo del MOP-Gate.

    Ahora que los principales actores políticos comienzan a posicionarse para la próxima campaña electoral presidencial, es oportuno recordar que los países avanzan hacia adelante y no soñando con volver a un pasado idealizado y mítico. Aquellos que se ofrezcan como salvadores que vienen a rescatar al país de una crisis institucional se encontrarán con una sociedad pujante, activa, informada y crítica que quiere mejorar el país, hacerlo más justo, más igualitario y más transparente. Esos chilenos no quieren salvadores, quieren instituciones más fuertes y más sólidas que permitan seguir avanzando en la construcción de un país más desarrollado, donde el poder está más distribuido y donde las autoridades están sometidas a mayores niveles de escrutinio y cuestionamiento. Una democracia más sólida es una democracia que también está más preparada para rechazar a los autoproclamados salvadores de la patria.

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  6. La verdad no tiene remedio

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad. En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.

    Pese a todas las señales que indican que el futuro inmediato se viene más oscuro, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet sigue comprometiéndose con promesas incumplibles. En vez de reconocer que pecó de demasiado optimista (mintió), el gobierno quiere seguir haciendo creer a los chilenos que la gratuidad en la educación superior llegó para quedarse. En vez de reconocer su error, el gobierno de Bachelet se comporta como esos mentirosos que, al ser descubiertos, intentan elaborar una historia aún más inverosímil para tratar de negar lo obvio.

    Como candidata en 2013, Bachelet se comprometió a avanzar decididamente hacia la gratuidad universal y efectiva en la educación superior.  En su programa de gobierno, Bachelet especificó que en su cuatrienio se llegaría al 70% de cobertura. En una redacción confusa, —que tal vez ya entonces quería esconder la imposibilidad de cumplir la promesa– Bachelet se comprometía con avanzar “gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará 6 años. Durante el próximo período de Gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media”.

    Ahora que la realidad del estancamiento económico ha golpeado en la cara a los espíritus fundacionales de la Nueva Mayoría —aunque muchos analistas hacía tiempo venían advirtiendo que los vientos de la economía empezarían a soplar en contra— el gobierno ha tratado de demostrar por un lado una cuota de responsabilidad fiscal, pero por otro ha insistido en que es cosa de tiempo antes de que se convierta en realidad.

    Las estimaciones del gobierno indican que para cumplir la promesa de gratuidad se deberá aumentar la carga tributaria del 21,5% del PIB actual a un 29,5%.  Esto es, un aumento del 40% en la carga tributaria del país.  Para hacerse una idea, la reforma tributaria de 2014-2015 buscaba aumentar la carga tributaria en menos de 3% del PIB. Aunque en realidad solo hará que pase del 21.5% en 2015 a un 23% en 2018.  Para cumplir la promesa de gratuidad universal, se necesita una reforma tributaria efectiva 5 veces más grande que la adoptada en 2014.

    Además de que es improbable que se pueda realizar una reforma de ese calibre (porque las consecuencias sobre la economía serían desastrosas), por la forma en que el gobierno ha insistido en que vamos en un camino irreversible hacia la gratuidad universal, pareciera que algunos en La Moneda esperan que la carga tributaria siga subiendo gradual pero inequívocamente hasta alcanzar el 29,5% del PIB.  Muchos dirán que otros países tienen cargas más altas, pero si consideramos que ese 29,5% excluye las contribuciones de los trabajadores a sus pensiones —cuestión que fácilmente se acerca al 10% del PIB en otros países— entonces podemos ver que la hoja de ruta del gobierno no tiene ni pies ni cabeza.

    Condicionar la gratuidad a que el Estado alcance un tamaño determinado del PIB es como condicionar un viaje a Júpiter a que las naves espaciales puedan volar a un millón de kilómetros por hora para recorrer así, en 6 horas, los 588 millones de kilómetros que nos separan de ese planeta. La matemática es impecable. Pero la factibilidad de que eso ocurra en las próximas dos décadas es casi nula.

    Colocada entre la espada y la pared de seguir repitiendo la promesa de la gratuidad o reconocer que hizo una promesa irrealizable, la Presidenta Bachelet ha optado por negar la realidad.  En cambio, ha decidido seguir asegurando que la gratuidad llegó para quedarse y que es cosa de tiempo antes de que llegue a ser universal.

    Una decisión políticamente más responsable hubiera sido reconocer que, en el entusiasmo de su retorno a Chile, Bachelet prometió algo que jamás podría cumplir.  La Presidenta podría reiterar que su intención es avanzar hacia la gratuidad de la misma forma que queremos avanzar hacia ser una sociedad libre de delincuencia y enfermedades.  Después de todo, los Presidentes siempre señalan un norte hacia el que quieren avanzar.  Las hojas de ruta de los gobiernos siempre tienen un objetivo final que es demasiado ideal como para imaginar que algún día se puedan materializar.

    Pero Bachelet optó por seguir hundiéndose en su promesa desmedida e irrealizable. Aunque chuteó la pelota hacia adelante —y deberán ser otros en el futuro los que reconozcan que la promesa nunca iba a poder ser cumplida— Bachelet optó por tomar la posición irresponsable de un líder populista que se aferra a un sueño irrealizable en vez de pagar el costo de asumir el rol de mujer de Estado que dice la verdad, aunque duela.

    De haber recordado la canción de Joan Manuel Serrat, Bachelet debió haber aceptado que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.  En cambio, la Presidenta optó por pasar a la historia como la mujer que prometió mucho más de lo que se podía cumplir pero nunca quiso reconocer su error.

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  7. Partidos, caudillos y clientelas: ¿vivimos una crisis de representación en Chile?

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Se trata de partidos que funcionan sobre la base de pequeñas máquinas de poder definidas por controladores, usualmente hombres, de Santiago y que poseen recursos económicos suficientes para pagar las cuentas de luz y agua y la gestión administrativa de las tiendas políticas. Sociodemográficamente, la militancia tiene una composición mayoritariamente masculina y de mayores de 50 años. Como se trata de estructuras que administran poder, ellas han tendido a cerrarse y no a abrirse para capturar nuevos segmentos de la sociedad.

    Durante mucho tiempo, los estudios respecto del sistema de partidos en Chile destacaron la estabilidad e institucionalización de estos. A mediados de los 90, Scott Mainwaring y Timothy Scully definían un índice de institucionalización que mostraba a Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Venezuela como los países con mayores niveles de institucionalización de la región. La institucionalización de los partidos –longevidad de los partidos, la volatilidad electoral, etc.– se asoció con estabilidad del sistema: a mayor institucionalización, mayor estabilidad.

    Pero la caída del sistema de partidos en Venezuela, cuatro años después de ese prominente estudio, llevó a los autores a cuestionarse tal diagnóstico. Se criticó la forma en que se medía “institucionalización”, pero también se problematizó la asociación causal entre institucionalización y estabilidad, dado que sistemas de partidos fuertemente institucionalizados podrían colapsar.

    Nuevos estudios comenzaron a explorar otras dimensiones del sistema de partidos. Además de observar si los partidos estaban institucionalizados –es decir, si perduraban–, se analizaron tres dimensiones adicionales: la raigambre social o el vínculo partidos-sociedad; los vínculos programáticos/no programáticos de las tiendas políticas con sus electores; y la estructura de financiamiento de los partidos.

    Para el caso de Chile, se concluyó ya a mediados de la década del 2000 que teníamos un sistema de partidos con fuerte institucionalización, pero con baja raigambre social, donde los partidos establecían vínculos no programáticos con sus electores y con una estructura de financiamiento que dependía totalmente de los grandes grupos empresariales.

    Si antes de 1973 los partidos efectivamente canalizaban demandas sociales hacia el Estado, hoy observan una desconexión con las organizaciones territoriales. Se produjo un proceso de progresiva “oligarquización”.

    Por diversas razones, se generó una adaptación de los partidos no vinculada con las circunstancias sociales sino más bien con la administración del aparato público y de los intereses empresariales.

    Tres dinámicas se observan en los partidos: a) pérdida del vínculo con organizaciones territoriales sociales (puesto de modo simple, los partidos dejaron de interesarse por tener presencia en organizaciones sociales –salvo contadísimas excepciones, como la CUT, el Colegio de Profesiones y algunas otras organizaciones gremiales–); b) organización de la estructura partidaria a partir no de pugnas programáticas sino que de caudillos que manejan la máquina interna o que tienen incidencia en las decisiones en forma personal (surgen el “gutismo”, “escalonismo”, “piñerismo”, “girardismo”, “allendismo”, “los coroneles” –no es la disputa de las ideas lo que ordena las lógicas poder, sino que individuos con nombre y apellido que tienen o quieren acceder al poder–), personalización que se reproduce a niveles regional y local; c) los partidos pierden capacidad de producir ideas (las fuentes de las definiciones programáticas progresivamente se dan fuera de los partidos y no al interior de ellos).

    La consecuencia se hace evidente: se trata de partidos que funcionan sobre la base de pequeñas máquinas de poder definidas por controladores, usualmente hombres, de Santiago y que poseen recursos económicos suficientes para pagar las cuentas de luz y agua y la gestión administrativa de las tiendas políticas. Sociodemográficamente, la militancia tiene una composición mayoritariamente masculina y de mayores de 50 años. Como se trata de estructuras que administran poder, ellas han tendido a cerrarse y no a abrirse para capturar nuevos segmentos de la sociedad.

    No es que los partidos estén en una crisis terminal, pues las cifras muestran que las instituciones políticas aún movilizan a sus clientelas. Lo que demuestran las cifras es precisamente aquello: los partidos sobreviven basados en el sostenimiento de una lógica de funcionamiento heredada y que, parece ser, no es capaz de abrirse a un nuevo entorno social. Así, los partidos representan a segmentos específicos de la sociedad. Movilizan a sus audiencias más leales. No se abren a cautivar nuevos segmentos de la sociedad.

    Esta lógica es lo que explica las resistencias de estas estructuras a adaptarse a las nuevas condiciones sociales. Pese a que la sociedad demanda mayor transparencia, participación democrática e inclusión de sectores históricamente discriminados, los partidos se resisten en su mayoría a incluir minorías indígenas, incorporar mujeres en posiciones de poder y realizar ejercicios de democracia efectiva para renovar cuadros de representación popular. Las pasadas elecciones primarias, que abarcaron solo al 27% de los municipios del país, son un reflejo de ello.

    No es que los partidos estén en una crisis terminal, pues las cifras muestran que las instituciones políticas aún movilizan a sus clientelas. Lo que demuestran las cifras es precisamente aquello: los partidos sobreviven basados en el sostenimiento de una lógica de funcionamiento heredada y que, parece ser, no es capaz de abrirse a un nuevo entorno social. Así, los partidos representan a segmentos específicos de la sociedad. Movilizan a sus audiencias más leales. No se abren a cautivar nuevos segmentos de la sociedad.

    La crisis de representación del sistema de partidos se refiere entonces a que los partidos políticos en Chile dejaron de ser un espejo de la sociedad en su conjunto, pasando a convertirse en un espejo de un grupo significativamente menor. Cambios institucionales, como el establecimiento del voto voluntario, incentivaron a que los partidos sigan haciendo lo que solían hacer, pues basta que ellos movilicen a su grupo más leal para mantenerse en el poder.

    ¿Existe solución para este problema de representación? Una opción es la solución endógena, esto es, que desde los propios partidos surjan iniciativas para reconectarse con el conjunto de la sociedad. La aprobación de leyes recientes en parte podría ser interpretada de este modo. Sin embargo, varias de las iniciativas aprobadas reforzarán la lógica de partidos que responden a ciertos “nichos”.

    Propuestas muy relevantes que cambiarían los incentivos de la política no fueron aprobadas. Por ejemplo, establecer el voto obligatorio; proveer transporte público gratuito el día de la elección (para reducir el acarreo); y permitir el voto por lista (para estimular el voto programático y no el nominal, como hoy ocurre).

    Un segundo camino es el cambio exógeno, esto es, que surjan nuevos movimientos políticos que desafíen el statu quo y que con una visión programática de largo plazo renueven el sistema político.

    La historia de Chile muestra que –en el largo plazo– los partidos en el poder han sido desafiados por fuerzas políticas que se organizan para disputar poder. Usualmente han sido los hijos de la élite quienes se han organizado para desbancar a sus padres. Muy probablemente tendremos que esperar que estos hijos e hijas se organicen para desafiar a sus padres.

    Ahora bien, si aquellas fuerzas no emergen de alguna parte (desde o fuera de las élites), muy probablemente observaremos una progresiva y lenta erosión del sistema de partidos tal cual lo conocemos hoy.

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  8. Ayudaría entender la educación como un bien de consumo

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.

    A horas de que el gobierno haga público su proyecto de ley para regular la gratuidad de la educación, el nerviosismo se apodera de las distintas partes interesadas. Porque el gobierno buscó dejarlos contentos a todos, es fácil anticipar que el proyecto dejará descontento a la mayoría de los involucrados.  Pero  es improbable que el proyecto que el gobierno anuncie se convierta en ley y es todavía más improbable que la ley que resulte de la negociación en el Congreso vaya a ser implementada sin cambios posteriores. De ahí que el debate que ahora se comenzará a dar—en medio de marchas, slogans y dogmas—es más bien solo una oportunidad para que se transparenten las distintas visiones que existen respecto a cómo debe funcionar el sistema de educación superior.

    Una forma de entender la problemática de la educación superior es pensar en el sector como un mercado en que se ofrece un bien de consumo, la educación.  Es verdad que la sola mención del concepto bien de consumo tiende a polarizar el debate.  Pero como el debate ya está polarizado hasta los extremos, sugiero seguir la lógica del qué le hace el agua al pescado y tratar de entender la problemática a la que se enfrenta el gobierno como un problema de asimetrías de información en un mercado imperfecto, plagado de carteles, problemas de agente principal y costos de transacción.

    Todos quieren que el bien se distribuya a los que lo desean obtener.  Pero los estudiantes y sus familias quieren que los precios sean lo más bajo posibles y la calidad lo más alto posible.  Porque la experiencia les ha enseñado que la propiedad de la universidad tiene directa relación el precio, y porque creen que las instituciones sin fines de lucro pueden ofrecer mejor calidad al mismo precio, muchos estudiantes quisieran que toda la oferta estuviera en manos del Estado.

    Observadores independientes temen que si toda la oferta está en manos del Estado—o demasiado regulada por el Estado—se formarán oligopolios de oferentes que eventualmente podrán capturar a los entes reguladores.  Esos carteles, reproducirán el poder excesivo e injustificado que hoy tiene el CRUCH y, al evitar el ingreso de nuevos competidores, terminarán dañando la calidad de la educación.

    Los oferentes actuales quieren defender sus propios intereses. Las instituciones que lucran quieren poner el foco en la calidad del producto o, en el caso de las instituciones que ofrecen mala calidad, en la libertad para escoger que tienen las personas a quienes más les cuesta identificar una educación de mala calidad

    El gobierno debe optar por regular un mercado con múltiples oferentes o hacer que el único oferente de educación superior gratuita sean instituciones del fisco.  Pero ahí el gobierno enfrenta el problema que hay universidades de interés públicos—como la Federico Santa María, UdeC, UAustral o PUC—que son privadas. Luego, si se amplía la gratuidad a esas universidades, otras privadas más nuevas que también son de interés público, como la UDP, Alberto Hurtado o Silva Henríquez, exigirán entrar.

    El gobierno también podría querer optar por subsidiar la demanda—dar becas para que los alumnos elijan la universidad donde educarse—y regular de forma indirecta la oferta—a través aranceles escalonados a las que las universidades accederán si cumplen ciertos requisitos de investigación o vinculación con el medio.

    Distintas personas razonables tienen posiciones diferentes sobre qué es más conveniente.  Pero lamentablemente resulta imposible iniciar un diálogo y negociación mientras el gobierno y muchos de los involucrados insisten en querer entender el problema sin usar el concepto de mercado y bien de consumo.   Porque la discusión se da en términos dogmáticos y en frases panfletarias, resulta difícil entender las distintas posiciones de los actores involucrados.

    Tal vez sería razonable honrar el pragmatismo del ex Presidente Piñera y, aunque duela la guata hablar en esos términos, comenzar a abordar el problema del acceso a la educación superior de calidad a costo cero para los estudiantes y al menor costo posible para el Estado—y los contribuyentes—de la misma forma como se discute el acceso a bienes de consumo como el alcohol, la leche o el pan. Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.  

    Concordemos en que la educación no es un bien de consumo, pero para encontrar una forma de garantizar el acceso universal gratuito a todos, intentemos entender el problema como si lo fuera para así buscar una solución que combine la fortaleza de los mercados y la necesaria capacidad regulatoria (e incluso proveedora) del Estado.

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  9. En vez de anti-empresario, pro-mercado

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Pero el problema de este gobierno no es que se sienta lejos del empresariado privado—después de todo, el empresariado en Chile tiene puesta la camiseta de la derecha y resultó perdedor en las últimas elecciones. El problema del gobierno es que en vez de promover mercados más accesibles y competitivos, ha creído que su tarea es hacer crecer el estado empresario.

    Como el gobierno va camino a convertirse en la administración menos exitosa desde el retorno de la democracia en términos de crecimiento económico, se han consolidado las críticas de que la Nueva Mayoría tiene un sesgo anti empresarial. Pero el problema de este gobierno no es que se sienta lejos del empresariado privado—después de todo, el empresariado en Chile tiene puesta la camiseta de la derecha y resultó perdedor en las últimas elecciones. El problema del gobierno es que en vez de promover mercados más accesibles y competitivos, ha creído que su tarea es hacer crecer el estado empresario.

    Cuando queda solo un año para las elecciones primarias que escogerán a los candidatos presidenciales de 2017, el legado del segundo gobierno de la PresidentaBachelet ya está tomando forma. Si bien todos los gobiernos tienen luces y sombras, las sombras de este gobierno serán de largo plazo mientras que muchas de sus luces son solo fugaces.

    Las reformas tributaria y laboral seguirán deprimiendo el crecimiento y el empleo por varios años. Ambas reformas han dejado tantos cabos sueltos que va a tomar varios gobiernos para terminar de corregirlos. A su vez, muchas luces del legado del gobierno serán efímeras. El principal legado de su reforma política será el aumento de diputados y senadores—una tan impopular como innecesaria. Con el nuevo sistema electoral, al aumentar el tamaño de los distritos y bajar las barreras de entrada, los partidos buscarán rostros de famosos para ahorrarse los altos costos de posicionar un nuevo nombre en los mega-distritos. A su vez, el mayor número de parlamentarios por distrito alimentará las aventuras solitarias y la fragmentación partidista.

    La implementación de la reforma educacional que aspiraba a terminar con el lucro, la selección y el copago en la enseñanza básica y secundaria dependerá del próximo gobierno. La reforma para la gratuidad en la educación superior se está cayendo a pedazos incluso antes de que llegue el plazo autoimpuesto por el gobierno, del 30 de junio, en que debe presentar el proyecto de ley.

    Pero el área más nítida del legado de Bachelet II está en su marcado sesgo anti-empresarial. Desde que intentó atraer apoyo a la reforma tributaria criticando a “los poderosos de siempre”, el gobierno de Bachelet ha dejado en claro que cree que los empresarios chilenos son parte del problema. En buena medida, este sesgo emana de la excesiva ideologización de un empresariado que no ha sabido defender los principios del libre mercado. La tibia reacción empresarial ante los casos de colusión—acompañado de una actitud casi cómplice con aquellos sobre quienes recaen las sospechas de incentivar o tolerar las prácticas de colusión—demuestra que el empresariado chileno predica y no practica.

    Pero las fallas del empresariado chileno no debieran llevar al gobierno a equivocadamente creer que la solución es hacer crecer al Estado empresarial. Si hay problemas con las concesiones, el gobierno quiere que el Estado se haga cargo de la nueva infraestructura. Si el sistema de AFP necesita reformas, el gobierno propone la creación de una AFP estatal. Si la educación presenta problemas, el gobierno quiere estatizar los colegios. Sistemáticamente, la administración de Bachelet parece creer que todas las fallas de mercado se solucionan con la estatización.

    En vez de dotar al Estado de herramientas de regulación que le permitan fortalecer mercados y mejorar la competitividad, el gobierno siempre evidencia su sesgo antiempresarial buscando remplazar los ámbitos de acción privada con un Estadoempresarial. Sería más efectivo diseñar incentivos positivos para inducir el crecimiento de un empresario aliado del crecimiento y a la innovación e incentivos negativos para reducir la influencia de los enemigos del libre mercado y la competencia.

    Los gobiernos no debieran ser ni pro-empresarios ni anti-empresarios. El Estadodebe regular la iniciativa privada de tal forma de inducir más competencia, generar más oportunidades y ampliar las libertades. El empresariado es un grupo de interés igual que los sindicatos, estudiantes, profesores o funcionarios públicos. Aunque tienen todo el derecho a defender sus intereses, el bien del país no siempre es sinónimo de lo que conviene al empresariado.

    Pero así como el gobierno no tiene por qué se pro-empresario, tampoco debiera ser anti-empresario. Un gobierno que cree que los empresarios poseen demasiado poder no debiera buscar un nuevo balance quitando poder a los empresarios para dárselo al Estado. En una democracia capitalista que funciona para todos, el gobierno diseña instituciones e incentivos que fortalezcan los mercados. Un Estadoregulador poderoso es clave para facilitar el crecimiento y consolidación de los mercados, pero un Estado empresarial es tan enemigo del libre mercado y de la competencia como una clase empresarial homogénea, poco porosa y demasiado poderosa.

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  10. Fuerzas Armadas como poder de seguridad

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.

    Aunque en el año 2005 se eliminaron muchos de los enclaves autoritarios, subsiste en la Constitución actual una concepción de las Fuerzas Armadas como poder de seguridad, aspecto que requiere una revisión sustantiva a la hora de modificar la Carta Magna.

    ¿Qué dice la Constitución actual? El texto las define adecuadamente como esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Las dificultades comienzan cuando se examina la inserción institucional de ellas en un marco democrático. Por ejemplo, el vínculo entre el Presidente y las FF.AA. en tiempos de paz pasa por el ministro de Defensa. El Presidente de la República asume la jefatura suprema de las FF.AA. solo en caso de guerra, lo que de por sí constituye una anomalía en un sistema democrático. Debiese existir una supremacía civil en todo momento, cuestión que hoy no ocurre.

    Tal como la propuesta del Proyecto Puentes lo señala, una de las principales anomalías dice relación con el concepto e institucionalización de la “seguridad nacional”, que coloca a las FF.AA. en un sitial de autonomía y supervigilancia del proceso político nacional. Por ejemplo, la Constitución actual considera un Consejo de Seguridad Nacional integrado por cinco autoridades civiles, los tres comandantes en Jefe de las ramas castrenses y el general director de Carabineros. Aunque es una entidad asesora, “cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional” (art. 107).

    Es decir, cualquier autoridad uniformada podría plantear allí opiniones que, a su juicio, estarían atentando contra las bases de la institucionalidad. ¿En qué posición podría quedar la autoridad civil si en alguna circunstancia histórica las FF.AA. explicitan, por ejemplo, que el propio Presidente está afectando las bases de la institucionalidad? ¿Sería este hecho considerado un acto de insubordinación o de legítima preocupación por las bases institucionales?

    El artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc.

    Pero además,  el artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc.

    ¿Quién o quiénes, entonces, evalúan si la explotación de un yacimiento es esencial para la seguridad nacional?  ¿Quién o quiénes determinan el límite a la libertad de enseñanza cuando se vea afectada la seguridad nacional?  Además de no definirse dicho concepto en la misma Constitución, ella deja un amplio marco de incertidumbre y discrecionalidad, dado que perfectamente podría entenderse, del texto actual, que les corresponde a las FF.AA. intervenir en esas decisiones precisamente porque son esenciales a la seguridad nacional. Una nueva Constitución deberá modificar dicho concepto que se asocia a una dinámica propia de la Guerra Fría, donde las FF.AA. intervenían en asuntos internos.

    Otro aspecto que requiere una importante revisión dice relación con los ascensos y retiros de oficiales, por cuanto, de acuerdo a la Constitución, el o la Presidenta de la República solo podrán determinar nombramientos, ascensos y retiros a propuesta de los comandantes en Jefe respectivos, lo que limita la autoridad presidencial sobre las instituciones armadas. Como, además, son los comandantes en Jefe quienes proponen la lista de ascensos y retiros, dependerá de ellos –y  no de la autoridad civil– definir la línea de mando que va conformándose en las instituciones castrenses.

    A ello debemos agregar la participación de las FF.AA. en funciones no militares, como es su rol en custodiar el proceso electoral o asumir la jefatura de plaza en estado de excepción, dos aspectos que les correspondería asumir a autoridades civiles. Finalmente, se requiere asignar un rol relevante al Congreso en materia de control de algunas definiciones de la Defensa, cuestión que tampoco ocurre hoy.

    En síntesis, la nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.

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  11. Vocero de Asamblea Coordinadora de Chilotes en Santiago participó en el Diálogo “Conflicto en Chiloé: Análisis y proyecciones”

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    Vocero de Asamblea Coordinadora de Chilotes en Santiago participó en el Diálogo “Conflicto en Chiloé: Análisis y proyecciones”La actividad fue organizada en el contexto de los Diálogos de la Desigualdad del Observatorio de Desigualdades e ICSO UDP, y contó con la participación de Rodrigo Gallardo, vocero de la Asamblea Coordinadora de Chilotes en Santiago.

    En el marco de la actual crisis social, ambiental, política y económica por la que pasa Chiloé, Rodrigo Gallardo abordó distintos puntos que explican la problemática. Dentro de su análisis, señaló que este no es un tema coyuntural, puesto que responde al olvido que el Estado ha tenido con el territorio en discusión. Las razones que se contemplan en esta crisis,  son las demandas históricas, industria salmonera, turberas y el impacto de las empresas mineras en la zona.

    En el desarrollo de su presentación, el vocero se refirió al concepto de “estar privao”, relacionado al enojo que viven los habitantes de la zona en contra del daño que se le ha hecho al mar, uno de los elementos propios de su cultura.

    En la exposición además se abordó la temática de las movilizaciones regionales, teniendo como uno de los ejes de debate el excesivo centralismo y la falta de reconocimiento como sujetos políticos. El factor común entre ellos ha sido la realización de mesas de trabajo que no han obtenido grandes avances. Rodrigo Gallardo explicó que las principales promesas que no han sido cumplidas por las autoridades en el caso de Chiloé, tienen relación con la salud y educación.

    El vocero terminó su intervención exponiendo el papel que tiene el Gobierno en las decisiones de cada territorio, especialmente en temas medioambientales.  “Si no se descentraliza la toma de decisiones en cada territorio, esto va a seguir pasando no solo en Chiloé, porque el modelo extractivista y sin respeto tanto del medioambiente, como de lo social, va a pasar la cuenta pronto en cualquier otro lado”, concluyó Rodrigo Gallardo.

    La académica de la Escuela de Sociología, Evelyn Arriagada, fue la encargada de comentar la presentación, entregando su reflexión en tres áreas: el rol que tienen las ciencias sociales en el análisis del conflicto, entregando herramientas para su desarrollo. El segundo punto abarcó la teoría de movimientos sociales y por último, teniendo en consideración otros conflictos regionales, esbozó posibles desafíos para el movimiento social de Chiloé.

  12. La gratuidad tenía 10 perritos

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    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Cuando deberíamos estar hablando del país que queremos construir, hemos terminado obligados a cantar la canción de los 10 perritos, adivinando que al final nos quedaremos con una gratuidad sin perritos y con un sabor amargo tanto los detractores como los que estaban convencidos que la gratuidad era lo mejor que le podía pasar a Chile.

    La promesa de gratuidad en la educación universitaria en Chile se parece cada día más a la canción “yo tenía diez perritos”. Mientras más tiempo pasa, más evidente es que la promesa de avanzar gradualmente hacia la gratuidad universal fue una declaración voluntarista de Bachelet que nunca estuvo acompañada de cálculos serios y de un proceso responsable de diseño de política pública.

    En la canción de los 10 perritos, el cantor explica la pérdida gradual de perritos hasta que no le queda ninguno. Aunque cada perrito desaparece por un motivo distinto, la audiencia rápidamente puede anticipar cuál será el final de la canción. En su defensa de la promesa de gratuidad, el gobierno se ha comportado de la misma forma que el dueño de los 10 perritos. A medida que ha ido avanzando la discusión del presupuesto, se ha ido acotando el universo de beneficiarios de la gratuidad hasta el punto que ahora parece que no habrá un aumento en el porcentaje de chilenos que no tendrán que pagar por su educación universitaria.

    Por cierto que hay buenas razones para oponerse a la gratuidad universal. La probabilidad de asistir a la universidad es mayor en los quintiles de más ingresos, por lo que la gratuidad terminaría aumentando la desigualdad, no reduciéndola. Como el costo de la educación varía de universidad en universidad, la gratuidad resultaría en subsidios más altos para las instituciones que más cobran (o bien obligaría al Estado a regular precios). Como igual tendría un costo alto, la gratuidad obligaría al Estado a poner límites a la cantidad de semestres que podrán estudiar los alumnos. Las necesidades de regulación aumentarían enormemente los costos de transacción. El Estado deberá diseñar marcos regulatorios que restringirían la innovación y forzarían un modelo único en un sistema educacional que tiene en su diversidad una de sus grandes fortalezas.

    Pero también hay buenas razones entre los que defienden la gratuidad. El anhelo de construir una sociedad meritocrática se basa en que exista igualdad de oportunidades. Solo los países que se atreven a soñar en grande logran superar los obstáculos que los separan del desarrollo. Si bien algunos formulan la idea de la educación gratuita como una demanda de derechos sociales, la educación gratuita podría ser el equivalente chileno a lo que fue la misión de llevar un hombre a la luna para Estados Unidos. Visto así, sería un loable proyecto nacional. Si alguna vez el país pudo crear un sistema de educación pública laica y gratuita, el Chile que aspira a ocupar un lugar entre las naciones más desarrolladas del globo también debe atreverse a soñar en grande.

    Ya que hay buenas razones para oponerse y para apoyar la gratuidad, lo natural sería que se produjera un debate rico, intenso, respetuoso y fructífero en el que reinara la deliberación inteligente y las personas pudieran ser susceptibles a ser seducidas y convencidas por ideas antagónicas. El país está maduro para debates sin caricaturas y para el intercambio de ideas emanadas de posiciones apasionadas y no de trincheras. Como hay gente inteligente y bien intencionada en ambos lados (y cada campo tiene diversidad y matices en sus posturas), el debate sobre la gratuidad debiera ser una experiencia de democracia participativa y deliberativa que mostrara la madurez de nuestra sociedad. El proceso mismo sería la envidia de nuestros vecinos. Un país que quiere poner la educación al centro de su modelo de desarrollo debe debatir y deliberar sobre el tipo de modelo de financiamiento de esa educación y sobre los componentes que serán incluidos en ese modelo.

    Por todo esto, resulta especialmente lamentable que el gobierno de la Presidenta Bachelet haya reducido este debate necesario, saludable y democratizador a una mera glosa presupuestaria. Una reforma de esta envergadura, que tiene un potencial transformador tan profundo y que, de resultar exitoso, marcará un antes y un después en nuestra historia nacional se merecía un debate mucho mayor que el que corresponde a una glosa presupuestaria.

    Igual que una familia que considera adoptar un hijo, Chile necesitaba prepararse para este momento. La importancia de la adopción de un hijo no se puede reducir a qué tanto aumentará el gasto mensual del supermercado o cuánta agua adicional se le deberá echar a la sopa. Al reducir el debate sobre la gratuidad a la discusión de la glosa presupuestaria, el gobierno desechó la oportunidad de promover la participación ciudadana, profundizar la democracia y enriquecer el debate en la sociedad. La Moneda decidió reducir el debate a una discusión de presupuesto (importante, pero parcial). Por eso, cuando deberíamos estar hablando del país que queremos construir, hemos terminado obligados a cantar la canción de los 10 perritos, adivinando que al final nos quedaremos con una gratuidad sin perritos y con un sabor amargo tanto los detractores como los que estaban convencidos que la gratuidad era lo mejor que le podía pasar a Chile.

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  13. El apuro por escribir su propia Constitución

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    “Falta contenido”, alegó la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. “Queremos conocer al menos una coma del contenido de la Constitución”, fustigó el presidente de RN, Cristián Monckeberg. “Quiero saber en qué momento vamos a discutir los temas sustantivos… a mí nadie me ha dicho qué quiere hacer con la Constitución”, remarcó categóricamente el ex ministro José Miguel Insulza.

    Si nos guiamos por estas aseveraciones, pareciera ser que el debate constitucional se reduce a una cuestión estricta de procedimiento. Si creyéramos en sus palabras, todo indicaría que ni este gobierno o ningún actor relevante ha propuesto la más mínima idea sobre lo que se imagina de una nueva Constitución.

    Sin embargo, aquello es falso. Desde por lo menos ocho años existe una amplia lista de propuestas sobre lo que debiese contener una nueva Constitución. Varias de las propuestas son bastante detalladas y se introducen en temas muy sustantivos. Citaré solo dos.

    En el año 2008, el entonces senador Eduardo Frei sorprendió con una propuesta de establecer una nueva Constitución –en efecto, utilizó el calificativo de “nueva”–. Esta Constitución Bicentenaria, como la denominó, incluía, entre otros elementos, la facultad del Presidente de disolver las cámaras, creación de un alcalde mayor, la posibilidad de que dirigentes sindicales puedan ser electos, y cambios sustantivos en materia de regionalización, entre otras mucha materias.

    En años más recientes, en la primavera de 2013, la entonces candidata a la República, Michelle Bachelet, presentó su programa de Gobierno. Dicho programa no solo sugiere introducir una nueva Constitución por un mecanismo institucional, democrático y participativo, sino que también se adelanta una propuesta de “Contenidos básicos de una Nueva Constitución”. Dicha propuesta incluye acápites referidos a derechos humanos, derecho de propiedad, derechos civiles y políticos, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, garantías, deberes, rol del Estado, sistema electoral, quórum para aprobar reformas, igualdad de mujeres, partidos políticos, pueblos indígenas, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, Banco Central, defensoría ciudadana, y varias otras temáticas.

    Para ejemplificar algunos de los temas que plantea dicha propuesta, expondré tres.

    1) En cuanto a la propiedad privada, el texto sugiere que la nueva Constitución debe garantizar la libre iniciativa económica privada con limitaciones establecidas en la ley. Agrega que se reconocería el derecho a la propiedad privada, reconociendo que ella cumple una función social. Se sugiere asimismo declarar a las aguas como bienes nacionales de uso público.

    2) Se reconoce al Estado no solo como un sistema de potestades sino como un conjunto de deberes de buen gobierno, proponiendo la noción de un Estado Social y democrático de derecho.

    3) Se propone reconocer que el Estado de Chile es una nación indivisible, plural y pluricultural.

    Las propuestas podrían gustarnos o no. De hecho, varios de sus enunciados podrían ser debatidos y hasta cuestionados por sus contradicciones internas, pero sin duda resulta totalmente equívoco sugerir que no han existido propuestas específicas del contenido de una nueva Constitución y menos de este gobierno que propuso específicamente ciertos contenidos básicos.

    Ahora bien, quienes plantean la necesidad de discutir contenidos parecen querer adelantarse a un tema que teóricamente debiese resolverse después que se defina el mecanismo. Este impulso por definir y acotar los contenidos parece un intento por controlar los términos del debate. ¿Acaso no resulta más apropiado que este debate de contenidos surja de un proceso de diálogo amplio político y social? ¿Acaso este diálogo no se nutrirá precisamente de las recomendaciones y propuestas que –como vimos– están flotando en el aire?

    En un estudio realizado el año pasado, constatamos que desde 2008 y hasta 2013 las candidaturas presidenciales y partidos políticos habían realizado más de 100 propuestas específicas en cinco grandes ejes temáticos –regionalización; poderes presidenciales; inclusión política y participación; rol del Estado; derechos económicos, sociales y culturales; y mecanismos de reforma constitucional–. A ello debiésemos sumar las innumerables propuestas y debates que en ambas cámaras del Congreso se han dado en los últimos años en materia constitucional.

    Cuando comencemos a debatir sobre los contenidos, observaremos que existe una acumulación importante de propuestas y que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda están actuando en el vacío. Basta con leer los programas de Gobierno de anteriores candidaturas para darse cuenta de que las ideas están flotando en el aire, esperando su concreción.

    Cuando comencemos a debatir sobre los contenidos, observaremos que existe una acumulación importante de propuestas y que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda están actuando en el vacío. Basta con leer los programas de Gobierno de anteriores candidaturas para darse cuenta de que las ideas están flotando en el aire, esperando su concreción.

    Pero si hay ideas y propuestas muy concretas rondando en documentos que fácilmente pueden bajarse de la web, ¿por qué entonces negar que tales ideas existen? ¿Acaso esos informados actores no han leído tales documentos? ¿Por qué adelantar el debate de contenido, si aún no se resuelve del todo la cuestión del procedimiento? ¿Cuál es el apuro de escribir con celeridad una propuesta de Nueva Constitución como lo anunció Piñera?

    Ante la decisión presidencial de establecer este proceso constituyente, parece ser que los actores políticos buscan aferrarse a sus propias ideas para demarcar muy claramente lo que no estarán dispuestos a transar. Niegan rotundamente que existen propuestas acumuladas y se precipitan raudamente a escribir sus propios intransables.

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  14. Debate constitucional se erige como la bandera electoral de las próximas campañas

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Una serie de lecturas generó ayer el anuncio del inicio del proceso constituyente por parte de la presidenta Bachelet, pero el mundo político se tendió a quedar esencialmente con una: las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017 estarán cruzadas por el debate sobre una reforma a la Constitución en el país.

    Es que al delegar en el próximo Congreso la definición del mecanismo para una nueva Carta Magna, la jefa de Estado sugirió parte del contenido de lo que serán las plataformas programáticas de los próximos candidatos a La Moneda y al Parlamento. Lo que no está exento de algunos riesgos.

    Así lo interpretaron los mismos parlamentarios. De hecho, para el senador PPD, Felipe Harboe, “no cabe ninguna duda, la próxima campaña presidencial va a estar determinada por las posiciones que los candidatos o candidatas adopten en torno a la nueva Constitución y el contenido de la misma”, dijo, subrayando que en la oferta de propuestas electorales podremos ver temas como “el derecho de propiedad, el tema de agua, el semipresidencialismo, en definitiva, el rol del Estado”.

    Mientras el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro coincide con su par del PPD, al señalar que el tema constitucional “va a tener influencia en las elecciones”, el timonel de la UDI, el también senador Hernán Larraín desestima que este debate vaya a tomarse las próximas campañas electorales pues considera que “las convicciones ciudadanas no apuntan en la línea de centrarse en el tema constitucional”.

    Es más, el líder del único partido político que a la fecha se resiste a una nueva Constitución, advierte que en el país “hay un malestar ciudadano, mucha pobreza, desigualdades, centralismo, hay inquietudes en temas más sectoriales, como los de la seguridad y la salud, y lo que se requiere es una propuesta que logre resolver el conjunto de estos temas y en eso la incidencia constitucional no es la relevante”.

    De ahí que a juicio de Larraín el debate por una nueva constitución además de ser “un tema artificial”, agrega “ciertos factores de inestabilidad institucional que no son positivos”.

    Analistas ven ciertos riesgos

    Desde la vereda de las ciencias políticas, los expertos coinciden en que las próximas elecciones estarán marcadas por el debate constitucional. Pero algunos ven más riesgos, como que algún caudillo asuma el desafío como sucedió en Venezuela en la década de los 90 o que quien llegue al gobierno clausure el tema y todo sin terminar con la incertidumbre.

    Así lo destacó la analista política María de los Ángeles Fernández, para quien “la Presidenta abrió un itinerario, sin tomar una decisión y pensando que con esto va dejando contento a todo el mundo, pero sin amortiguar la incertidumbre, porque será el eje de las próximas campañas como pasó en Venezuela en 1998 que lo tomó Chávez hasta ser presidente”.

    Más optimista la cientista política de Chile21, Gloria de la Fuente destaca que “existe la esperanza de que el tema constitucional se transforme en un elemento de movilización electoral en las próximas elecciones. Hay una necesidad imperiosa de movilizar al electorado y una discusión así de importante podría provocar ese giro”.

    Un vuelco que a juicio del director de Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, no será tan así pues es “difícil que se revierta la tendencia de abstencionismo que es estructural”.

    Mientras que para el analista Antonio Horvath el tema está por verse y dependerá del avance del contenido. “Si no nos quedamos pegados en el mecanismo y se discute contenido, este será un tema muy importante en las próximas elecciones”.

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  15. El arrebato del senador Walker

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Llama la atención el juicio tan categórico del senador Ignacio Walker al rechazar la postura de Eduardo Engel en relación con el proceso de reinscripción de militantes de partidos. “Quienes opinan desde el Olimpo y hacen ejercicios de pizarrón y nos dan pautas de cómo legislar –sostuvo el Senador–, es mejor que empiecen a conocer la realidad de las cosas y no pontificar sobre lo que no saben y no conocen”. En opinión del senador Walker, las decisiones políticas son demasiado importantes como para dejárselas a intelectuales que no saben de la historia de Chile.

    Las declaraciones del senador Walker resultan llamativas por varias razones. Primero, porque su propia trayectoria es la de un intelectual que se formó en el derecho y luego en la ciencia política en la Universidad de Princeton. Por lo tanto, el senador Walker entiende y conoce los aportes de las ciencias sociales al conocimiento y a la implementación de políticas. Segundo, porque no parece comprensible plantear una división tan categórica entre intelectuales y políticos. Ni los profesores viven encapsulados en un pizarrón, ni los políticos (esperemos) viven encapsulados en sus debates sobre la política y el poder.

    Tercero, porque las recomendaciones de la Comisión Engel no son fruto de un grupo de iluminados que desde el Olimpo propuso una serie de recomendaciones. Ellas son el resultado de largas horas de audiencias, recomendaciones de anteriores comisiones presidenciales, organismos de la sociedad civil, actores políticos, parlamentarios, agentes de diversos poderes del Estado y organizaciones internacionales. La gran mayoría de las propuestas expresa un saber acumulado nacional e internacional. Caricaturizar las propuestas como sacadas de un pizarrón es ofender no a un grupo de consejeros, sino que al conjunto de quienes voluntaria y propositivamente, quisieron aportar al fortalecimiento de los partidos.

    Aquí el debate es muchísimo más trivial y dice relación con exigir ciertos procedimientos mínimos a partidos que tienen tradiciones, caciques, lotes, cúpulas, príncipes y plebeyos. El debate sobre la reinscripción no es otra cosa que un debate sobre quién o quiénes en definitiva controlarán el poder.

    Pero ¿cuál es el alegato de fondo? ¿Por qué el enojo? Esta semana debiese resolverse en la Comisión de Probidad que preside el senador Walker un grupo de iniciativas asociadas a la reinscripción de militantes de partidos políticos. Tres cuestiones básicas y bastante mundanas son centrales: 1) asegurar la reinscripción del total de militantes en un plazo razonable y el Gobierno propuso para ello un plazo de 12 meses; 2) asegurar que el procedimiento mediante el cual la inscripción y/o reinscripción de militantes dé garantías de transparencia para todos los grupos al interior de las tiendas políticas y para la sociedad, y 3) asegurar que los aportes que el Estado les entregue a los partidos se haga a condición de un estándar mínimo de democracia interna y transparencia.

    La semana pasada, en la Comisión de Probidad se generaron resistencias, se dijo que 12 meses no era suficiente y se pensó en ampliar a 24 meses para partidos que enfrentaran elecciones internas; se dijo que permitir que los militantes conocieran el padrón interno afectaría el derecho de privacidad de las personas; y se señaló que los partidos requerían recursos para enfrentar las elecciones municipales, lo que implicaría entregarle recursos independientemente de las exigencias de democracia interna y transparencia.

    ¿Cuál es entonces el problema? El problema en realidad es algo muy simple: qué estándar se les exigirá a los partidos políticos para recibir recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Hay quienes pensamos que, primero que nada, es fundamental que el Estado financie apropiadamente a los partidos políticos. Pero dicho financiamiento debe condicionarse a ciertos mínimos procedimentales: que exista democracia interna efectiva en estas tiendas políticas –con una ficha única de inscripción, con elecciones periódicas, con derecho de las minorías a expresarse, con padrones conocidos, depurados y sancionados por las instancias internas pertinentes– y que exista transparencia efectiva de la forma en que se financian dichos partidos. Recursos a cambio de un nuevo estándar de funcionamiento.

    Como puede observarse, lo mencionado no dice relación con debates intelectuales muy sofisticados. Aquí no discutimos sobre presidencialismo vs. parlamentarismo, representación vs. gobernabilidad, o cuestiones como esa. No. Aquí el debate es muchísimo más trivial y dice relación con exigir ciertos procedimientos mínimos a partidos que tienen tradiciones, caciques, lotes, cúpulas, príncipes y plebeyos. El debate sobre la reinscripción no es otra cosa que un debate sobre quién o quiénes en definitiva controlarán el poder.

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  16. La apuesta de Insulza

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    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Hace algunos días el presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza, participó en el panel “Agenda de Probidad y Transparencia”, en las dependencias de Chile 21. En la cita, Insulza se refirió a algunos aspectos de la regulación del nexo entre política y dinero, manifestándose a favor de la opción de que empresas puedan aportar a partidos y campañas. Lo anterior sugiere al menos dos cosas. Primero, que Insulza tiene la intención de ser candidato presidencial, y segundo, que para lograr la nominación debe cambiar significativamente su postura.

    El tema y la perspectiva de Insulza no son independientes entre sí. Por una parte es natural que como presidente de Chile Transparente se refiera a un tema contingente a su plaza. Es un momento crucial donde no sólo puede influir sobre el tema, pero tiene la obligación de hacerlo. El daño institucional que ha hecho la irregular transferencia de lo privado a lo público debe ser revertido, y como un actor central en el tema tiene la potestad de demandarlo. Lo sorprendente sería que no se pronunciara sobre el tema.

    No se puede ignorar que Insulza también es candidato presidencial. Ha sido un nombre que se ha barajado como presidenciable dentro de su partido y coalición desde al menos 2005. Por distintos motivos su opción se descartó tanto en la elección de 2005, como la de 2009, y la de 2013. En 2005 fue por la sorpresiva irrupción de las entonces ministras Alvear y Bachelet; en 2009 fue por su paupérrimo rendimiento en las encuestas; y en 2013 fue por el inminente retorno de Bachelet al país. Como hombre fuerte de la Concertación siempre tuvo más apoyo entre las elites que entre la gente.

    Hoy Insulza se encuentra en una mejor posición. Al fin llega en un momento donde el sucesor a la presidencia no está definido a priori, y como tal tiene espacio para crecer ante los ojos de la opinión pública. Asimismo, por primera vez tiene la independencia para manifestarse libremente sobre temas de contingencia nacional anteriormente obstaculizadas por su rol en la OEA. Además, Insulza puede utilizar su rol como presidente de Chile Transparente para destacarse entre la montonera de políticos asociados con escándalos de financiamiento.

    Es en este contexto que su propuesta sorprende, pues va en contra de todo lo que se ha debatido en el último tiempo. La propuesta de Insulza va en contra de la idea inicial de los diputados Jackson y Mirosevic, en contra de la propuesta de la comisión Engel, y en contra del proyecto de ley redactado por el gobierno de Bachelet. Salvo por un inesperado y retrogrado revés en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la gran mayoría ha acusado sintonía con el país y se ha manifestado por eliminar el aporte de empresas tanto a partidos como a campañas.

    Insulza propone que las empresas puedan donar dinero a la política siempre y cuando lo hagan por medio del fisco, y que sea este último el encargado de repartir esos fondos de forma proporcional a la fuerza de cada partido de acuerdo a los resultados electorales. Es decir, el Estado reparte a su manera los recursos que donan los privados. El presidenciable deja entrever que es una propuesta que se barajó luego de la puesta en marcha de la ley de financiamiento electoral de 2003, cuando él era Ministro del Interior, pero que finalmente no tuvo cabida.

    La propuesta de Insulza no es descabellada, para 2003. Con toda la evidencia recopilada durante la última década, todo apunta a que el aporte de empresas no es beneficioso para la democracia. Resucitar la propuesta no solo es una mala idea; es también atemporal y desatinada. Solo muestra que Insulza no está conectado con lo que está pasando en el país y que está remando en contra de lo que propone el propio gobierno que dice apoyar y pretende suceder. Además, es una mala estrategia electoral. Es improbable que impulsar el aporte de privados a la política lo impulse en las encuestas.

    Pese a ser uno de los políticos más virtuosos de su generación, y tener la disposición de ser candidato presidencial, Insulza ha visto su opción postergada en al menos tres elecciones. Por lo mismo, uno esperaría que a estas alturas haya trabajado una estrategia casi a la perfección para irrumpir en la carrera presidencial de forma irreversible. Lamentablemente parece no ser el caso. Insulza parece seguir viviendo en un país dominado por la otrora Concertación. Revivir una propuesta de financiamiento electoral que se descartó hace más de una década refleja aquello.

    Por su puesto, una observación no implica causalidad. No se puede inferir que su programa será igual de atemporal y desatinado que su propuesta de financiamiento. Pero hay buenas razones para creerlo, especialmente si comparamos su postura política con la de su competencia. Tanto Velasco a su derecha, como Enríquez-Ominami a su  izquierda, cuentan con propuestas mucho más atractivas y en sintonía con la inmensa mayoría de los chilenos. Si Insulza no comienza a mirar hacia adelante, su candidatura de 2017 inevitablemente recorrerá la misma ruta que todas sus candidaturas anteriores.

  17. Matar a los partidos chicos

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Con la aprobación del proyecto de financiamiento de político asistimos a un intento por ahogar a las nuevas colectividades políticas. 

    En enero pasado nuestra legislatura aprobó una nueva reforma electoral que incluyó, entre otras cosas, la reducción del umbral para la creación de partidos. Si antes se necesitaban en algunas regiones dos mil firmas en tres regiones consecutivas, a partir de ahora se necesitarían de no más de 100 firmas en algunas regiones, incentivando su creación.

    Seis meses después, con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de financiamiento político asistimos a una tendencia contraria: ahora se pretende ahogar a estas nuevas tiendas políticas que buscan competir por espacios de poder. En efecto, el proyecto recién aprobado establece las siguientes cláusulas. Primero, el Estado otorgará un subsidio a los partidos en forma trimestral para solventar su funcionamiento regular (fuera de campaña). El 20% se entregará a todos los partidos por igual y el restante 80% se asignará en relación a los votos emitidos.

    Pero se agrega que aquel 20% de aporte basal considerará dos criterios: se distribuirá en proporción a las regiones en que esté constituido, y “en el caso de los partidos que estén constituidos en la totalidad de las regiones del país, se les distribuirá lo que correspondiere  como si estuviesen constituidos en una región adicional”.  Es decir, se establece aquí una ventaja adicional para los partidos tradicionales respecto de las nuevas agrupaciones. Parece correcto que exista proporcionalidad en la asignación, pero incorrecto que exista un bono extra para algunos.

    Segundo, se establece la razonable provisión que sólo podrán recibir aportes del Estado los partidos legalmente constituidos. Pero se agrega que además estos partidos deberán contar con al menos un congresista, y siempre que el asiento se haya obtenido durante su existencia legal. Si por ejemplo Lily Pérez, Giorgio Jackson, Gabriel Boric o cualquier otro parlamentario forman un partido, dicho partido no podría acceder de ningún modo a fondos públicos.

    ¿Son justas estas últimas condiciones? Resulta razonable que no se entreguen recursos a parlamentarios que forman sus propias tiendas políticas una vez electos. Aquello incentivaría un perverso efecto de correr por un partido y luego establecer partidos individuales. Lo que parece cuestionable es que el Estado sólo entregue recursos a partidos con representación parlamentaria. Pudo perfectamente utilizarse el criterio de la cantidad de votos obtenidos, de modo de evitar una discriminación adicional para fuerzas políticas emergentes que podrían rendir bien a nivel local.

    Este proyecto requiere equilibrar de mejor modo la estabilidad del sistema político con la apertura a la competencia. Además de elevar el umbral para la formación de partidos -que es extremadamente bajo-, podría permitirse la continuidad de todo partido formado por al menos dos elecciones. Podría también entregarse aportes en relación a la cantidad de militantes (fondos pareados), incluyendo en esto a los nuevos partidos, de modo de estimular la asociatividad. Matar a los chicos es congelar el sistema político, y aquello sería bueno evitarlo premiando a quienes compiten y ganan votos.

     

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