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  1. La ceguera de la elite chilena

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    Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP

    Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP

    Usualmente Chile es considerado como un país modelo al interior del concierto latinoamericano. A diferencia de la mayoría de sus vecinos, Chile no solo tiene un estado de derecho robusto sino que también ha experimentado una notable expansión económica y ha gozado de estabilidad política en las últimas tres décadas. Sin embargo, esta imagen de país modelo se está desdibujando hoy en día. ¿Cuál es el motivo?

    Todo partió debido a un escándalo de corrupción ligado al financiamiento ilegal del principal partido de derecha del país: la Unión Democrática Independiente (UDI). Este partido es el principal defensor del modelo socioeconómico implantado por la dictadura de Pinochet, la cual privatizó gran parte del aparato público, generando así nuevos grupos económicos que se han encargado de financiar legal e ilegalmente a la UDI en particular y a líderes políticos, think tanks de derecha y tecnócratas a favor del libre mercado en general. Esto es lo que ha saltado a luz pública en el último tiempo gracias a la labor de la fiscalía.

    Pero lo que partió como la historia del financiamiento ilegal de un partido político en singular ha terminado siendo un verdadero thriller político. Las investigaciones de la fiscalía revelan que varios diputados y senadores del país – tanto de derecha como de izquierda – han recibido financiamiento ilegal por parte de diversas empresas. Tampoco las campañas presidenciales parecen ser limpias y ahora están bajo la lupa de la fiscalía. Las investigaciones judiciales en curso develan que uno de los principales financistas de la política chilena es Julio Ponce Lerou, un personaje digno de una novela biográfica escrita por Stefan Zweig. Pues el señor Ponce Lerou es yerno de Pinochet y se enriqueció de forma poco decorosa durante la dictadura. Como si fuera poco, además, el hijo de la Presidenta de la República está inmiscuido en un turbio negocio de especulación inmobiliaria.

    Frente a este complejo escenario, la elite chilena ha seguido una funesta estrategia: guardar silencio, negar y mentir. Por un lado, gran parte de la clase política ha optado por desestimar las denuncias que la afectan o ha dado explicaciones absurdas e inverosímiles. Por otro lado, el empresariado ha guardado un cómplice y profundo silencio, el cual en todo caso tiene larga data (hasta donde yo sé no existe mea culpa alguno del empresariado respecto a su rol durante la dictadura ni a sus malas prácticas del último tiempo).

    La transición chilena a la democracia surgió como un pacto entre elites que desde entonces han controlado el sistema económico y político del país

    ¿Cómo se explica esta ceguera de la elite chilena? La respuesta es simple: la transición chilena a la democracia surgió como un pacto entre elites que desde entonces han controlado el sistema económico y político del país. Si bien es cierto que este pacto le dio estabilidad al país, también es verdad que dicho pacto permitió la naturalización de una serie de prácticas que son nocivas para la democracia.

    A lo largo del tiempo las elites han ido redefiniendo el pacto original, pero no han tenido la sabiduría ni el interés en generar un nuevo equilibrio de poder acorde a la sociedad de hoy en día. Hace tiempo que Chile dejó de ser un país marcado por amplios niveles pobreza, una sociedad civil ausente y una prensa sumisa. De hecho, el Chile actual se caracteriza por una creciente clase media, la irrupción de nuevos actores sociales y de medios de comunicación que no le tienen miedo a los poderes establecidos. El problema mayor radica en que la elite no se ha adaptado a los nuevos tiempos y actúa con una ceguera que la está llevado directo al despeñadero.

    No hay mejor ejemplo de esto que los resultados del reciente Informe de Desarrollo Humano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual entre otras cosas revela la enorme brecha existente entre el parecer de la ciudadanía y de la elite del país. Para mencionar tan solo un dato: mientras aproximadamente un 60% de la sociedad opina que no debiera permitirse que las empresas privadas hagan negocios y obtengan ganancias en áreas como salud, educación y servicios básicos, tan solo un 25% de la elite comparte esta opinión.

    Nada indica que la elite del país esté saliendo de su ceguera. Mientras tanto el thriller político en curso sigue develando la perniciosa imbricación entre economía y política en Chile. La situación es preocupante y se evidencia en los crecientes niveles ciudadanos de desconfianza y malestar. ¿Cómo enfrentar este problema? La solución radica en el establecimiento de un nuevo pacto social. Para ello las elites tienen que dejar de guardar silencio, deben asumir sus errores y abrirse a la canalización de las demandas ciudadanas.

    Puede que ya sea demasiado tarde para que la elite remedie su accionar. Es altamente probable que las confianzas rotas ya no puedan recuperarse. De ser esto cierto, la irrupción del populismo está a la vuelta de la esquina. Pues lo propio del discurso populista es la distinción entre un establishment corrupto y un pueblo soberano que demanda el irrestricto ejercicio de la voluntad general. La ceguera de la elite chilena está pavimentando el camino para el surgimiento del populismo. No aleguen después que nadie les advirtió.

    Ver columna en El País

  2. Partidos políticos: el peligro de la captura

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Las recomendaciones del Consejo Asesor pueden ser vistas como una extensa lista de sugerencias (236 en total) o como orientaciones fundamentales para la democracia que queremos construir. La primera interpretación llevaría al lector a concluir que existen importantes contradicciones, insuficiencias y vacíos legales que es necesario resolver.

    La segunda interpretación exige analizar la orientación o propósito de las recomendaciones que quedaron estampadas en dicho informe. En este caso, no se trata sólo de revisar ciertas regulaciones (o falta de ellas), sino de estudiar el tipo de arreglo democrático que sería más aconsejable. Y es precisamente esto último lo que requiere una más profunda discusión, pues parece ser que existe una fuerte división social y política sobre el arreglo democrático ideal.

    Demos algunos ejemplos. Se destaca en el informe que los partidos políticos son esenciales para la democracia y, coherente con aquella afirmación, se propone un financiamiento permanente y público para ellos. Pero inmediatamente se indica que debe condicionarse tal entrega a su reforma sustantiva. La democracia necesita partidos, pero ellos deben ser programáticos, transparentes, con adecuados mecanismos de democracia interna, y vinculados a la comunidad en sus actividades. La mayoría de los consejeros(as) propuso mecanismos de acción afirmativa en su interior. Se insistió en establecer un proceso progresivo de reinscripción de sus militantes. El riesgo de convertir a los partidos en “máquinas” internas es alto por lo que se requiere rediseñar los mecanismos de ingreso de nuevos militantes.

    Entonces, una medida fundamental a considerar y que se constituye en un eje fundamental para un sistema democrático es la sanidad y fortaleza de sus partidos políticos. Queremos una democracia con partidos, pero con partidos distintos a los que conocemos; partidos que se organizan en torno a ideas, que son responsables en sus acciones, y que en su interior mantienen procedimientos transparentes y democráticos.

    Coincidimos por unanimidad en que se necesita evitar la captura de la política por parte de intereses económicos. Por ello se propuso aumentar significativamente el aporte estatal a las campañas, reducir los límites permitidos, restringir el aporte de privados, y la gran mayoría de los consejeros(as) se pronunció por suprimir los aportes de empresas. Se instó a desarrollar campañas más austeras, restringiendo la publicidad en calles, prohibiendo las gigantografías, y generando mecanismos de fiscalización efectivos sobre el gasto de campañas. Se propuso transporte público gratuito para el día de la elección para evitar el “acarreo”. Algunos consejeros(as) defendieron la idea de aportes reservados para resguardar la identidad de pequeños aportantes y evitar represalias. Otros nos inclinamos por total transparencia. Pero todos coincidimos en evitar la captura como objetivo para la democracia.

    Otro objetivo es promover condiciones de competencia con un pie de igualdad. Propuestas como el establecimiento de una franja radial, incentivos para los desafiantes, y mecanismos de acción afirmativa son algunas de las propuestas que apuntan en esa dirección.

    Finalmente, el informe advierte que no podemos limitarnos a la relación partidos-campañas-dinero. Necesitamos observar el mundo privado, estatal, y la interacción de ambos. Robustecer la Alta Dirección Pública, el sistema de compras, los municipios, y tantos otros sectores de riesgo resulta crucial para profundizar la democracia y evitar la corrupción.

    Si es esa la democracia que queremos, y se existe consenso sobre aquello, la pregunta siguiente es si los partidos políticos vigentes aceptarán estas condiciones básicas para el juego democrático. Por ejemplo, la reforma a la ley de partidos debiese contemplar una cláusula que establezca que no podrán participar de elecciones locales o nacionales partidos que no cumplan con un estándar mínimo de democracia interna y transparencia. También podría limitarse el aporte vía subsidio estatal a los partidos que incumplen las normas de probidad y transparencia.

    Lo relevante acá es remodelar en forma sustantiva el modo en que han venido funcionando los partidos. Y la gran incógnita es si quienes están al mando de las tiendas políticas querrán hacerlo. Porque lo que muestra la historia es que nadie renuncia voluntariamente a sus cuotas de poder.

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