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Tag Archive: Financiamiento político

1. Voto obligatorio, populismo y financiamiento

   Abril 22, 2015 4:14 pm Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   Los mismos políticos que apoyaron el voto voluntario, hoy rasgan vestiduras por la restitución del voto obligatorio. Principalmente alojados a la izquierda del espectro ideológico, sostienen que la única manera de frenar la baja participación es obligando a que la gente salga a votar. Para ellos fue sorpresiva la caída de la participación a menos del 50% en la primera vuelta presidencial de 2013, y a poco más del 40% en la segunda vuelta. Como si la solución pasara por una rápida reversión institucional, creen que los problemas del país se resuelven llevando más gente a las urnas. Lástima que no hayan pensado lo mismo cuando se discutió sobre el cambio de régimen durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Ahí apareció la “izquierda progresista” con un discurso adosado a entender el sufragio como un derecho y no como un deber. Mala cosa.

   ¿Qué pasaría si restituyéramos el voto obligatorio? Ciertamente la participación aumentaría, posicionando a Chile en los primeros lugares del ranking latinoamericano. El problema es que, con toda seguridad, la votación nula y blanca ascendería más allá del 7% que se alcanzó en la elección de diputados 2013, y del casi 13% para la elección de Cores. Adicionalmente, las opciones populistas sí tendrían un fuerte caldo de cultivo en este escenario. Tales candidatos no sólo apelarían a la alta desconfianza institucional y a un discurso anti-elite que claramente identifica un enemigo, sino que además ese candidato- explotando sus atributos personales casi al nivel de salvación total- llamaría al “pueblo” a votar en contra de esa elite corrupta. A esto contribuiría un ambiente de deterioro en las reglas de accountability y a la debilidad de los políticos más tradicionales.
   ¿Puede surgir un candidato populista fuerte en Chile? Los populismos pueden aparecer tanto en sistemas de partidos debilitados como en sistemas hiper-institucionalizados. Incluso, lo pueden hacer en escenarios de estabilidad económica. Parisi, por ejemplo, capturó votantes jóvenes, con educación superior, pero cesantes. En este segmento, sus apoyos llegaron al 23%. Su discurso sobre las oportunidades y la meritocracia le hizo sentido a una porción no menor de electores. ¿Qué hubiese sucedido con Parisi en un escenario de voto obligatorio, con políticos desprestigiados y altos niveles de desconfianza en las instituciones? No tengo dudas de que su porcentaje de votos habría sido mucho mayor. ¿Es eso bueno para la democracia? No.
   En cuanto a financiamiento de campañas, no son pocos los centros de estudio que quieren limitar la obtención de recursos casi exclusivamente a la esfera estatal. El problema es que la presión por gasto es mucho mayor a la estimada. Por ejemplo, a la Alianza -de acuerdo a los datos del Servel- cada diputado le costó 151 millones de pesos, mientras que a la Nueva Mayoría le salió por poco más de 81 millones de pesos. En el Senado, en tanto, a la Nueva Mayoría le costó 385 millones de pesos cada senador, cifra que sube a 861 millones de pesos en la Alianza. Todo esto calculado con los datos oficiales. Si creemos que estos datos están subestimados, entonces el costo por un escaño es sustancialmente mayor. ¿Existen recursos estatales que puedan equiparar estas cifras?, ¿es sensato colocar barreras a los aportes anónimos?, ¿qué sucederá con el nuevo sistema electoral donde competirán más candidatos y con límites de gasto superiores? Por ejemplo, en el distrito que agrupará a las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Colina, Lampa, Quilicura, Titil, el límite de gasto será -dependiendo del valor de la UF- de aproximadamente 730 millones de pesos.

   Si se aprueba el proyecto del gobierno, esa cifra se reduciría cerca de 350 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? El límite de gasto es por candidato, no por partido. Entonces, si un partido con muchos recursos presenta cinco candidatos, y esos candidatos llegan al límite de gasto en el distrito, el partido no estará gastando 350 millones, sino que 1.750 (350*5).

   Por tanto, hay que ser en extremo cuidadosos con los diseños institucionales. El cambio al binominal fue un gran paso, pero todo se irá al tacho de la basura si restituimos el voto obligatorio en el corto plazo y si  no optamos por un buen sistema de financiamiento.

   Ver columna en La Tercera.

2. Financiamiento político I: prohibir aportes de empresas

   Enero 6, 2015 12:24 pm Leave a Comment

   

    

    

    

    

    

    

   Claudio Fuentes

   Uno de los aspectos que suscitará más debate del proyecto sobre financiamiento político que presentó el Gobierno, será la prohibición de los aportes de las empresas a campañas políticas. Recordemos que el sistema actual permite que las personas jurídicas con fines de lucro realicen aportes a campañas políticas. Se establece además una reducción de impuestos cuando se trata de donaciones a partidos, que no superen el 1% de la renta líquida imponible de una empresa. Se prohíbe asimismo que las personas jurídicas sin fines de lucro (sindicatos, fundaciones, corporaciones) puedan realizar estas donaciones.

   Así, el modelo actual coloca a las personas jurídicas con fines de lucro como los actores más relevantes, toda vez que les otorga ventajas tributarias, permite donaciones reservadas para garantizar el secreto de ellas, y excluye que otras personas jurídicas puedan donar. Los datos de las últimas tres campañas presidenciales son elocuentes. El modelo actual se sustenta en donaciones del sector privado (principalmente empresarial) para financiar las campañas políticas (60%). Pero, como parte de esas contribuciones se realizan por la vía de la reducción de impuestos, lo que en realidad refleja este modelo es el uso de dineros públicos (impuestos) por parte de privados (empresas con fines de lucro) para beneficiar a algunas candidaturas.

   La prohibición del aporte de empresas a campañas políticas es razonable por varios motivos. Como el objetivo de las empresas es maximizar utilidad, resulta esperable que se produzca una fuerte desigualdad en el acceso a tales recursos, pues ellas siempre privilegiarán a quienes defienden sus intereses y que, a su vez, tienen mayores opciones de llegar al poder. Pero, además, esta desigualdad se magnifica en la medida que las empresas pueden realizar contribuciones considerablemente superiores a las de cualquier individuo. Entonces, permitir la total “libertad de expresión” de las empresas (que donen lo que deseen y a quienes quieran) impone condiciones de fuerte desigualdad en la competencia política.

   Los defensores del actual modelo sostienen que prohibir donaciones de empresas limita la libertad de expresión. Sin embargo, la propia Constitución en su artículo 1° establece el deber del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades para participar del sistema político. Las donaciones de empresas afectan esta igualdad teórica, dado que los aportes de empresas son considerables (60% de lo declarado), se realizan en condiciones de total opacidad (90% de esos aportes son reservados) y tales aportes se concentran en algunas candidaturas (19% de ellas en el último ciclo electoral).

   Desde el punto de vista normativo, se ha indicado que, así como una empresa puede realizar donaciones culturales, también podría realizar donaciones a la política.

   Luis Larraín, por ejemplo, nos decía que “nadie ha objetado que donen para un concierto, aunque no pueden escucharlo o para una biblioteca, pese a que no pueden leer” (L&D, 23/10/2014). Pero la objeción principal a que las empresas donen no se refiere al hecho de que tales instituciones no sean personas naturales, sino más bien al impacto político que tienen estas donaciones en desnivelar la cancha, dado su sesgo al privilegiar a un grupo de actores y la magnitud de tales contribuciones.

   Otro de los argumentos para favorecer las donaciones de empresas se refiere a que esta prohibición incentivaría la donación ahora ilegal a las candidaturas. El argumento parece contradictorio. Primero, el argumento reconoce que las empresas tendrían fuertes incentivos no filantrópicos para realizar donaciones. Segundo, se asume que los actores políticos estarían siempre dispuestos a recibir tales dineros ilegales. Tercero, se asume que el Estado sería incapaz de detectar este tipo de irregularidades. Bajo el actual esquema de controles (literalmente inexistentes), es probable que tal comportamiento ilegal ocurra. La legislación debiese contemplar un sistema de auditorías, controles y sanciones creíbles, que inhiba comportamientos ilegales.

   Finalmente, se sostiene que la prohibición de aportes de empresas debilitaría las opciones para que los desafiantes obtengan recursos alternativos para conquistar el poder. Como el candidato incumbente tiene una ventaja inicial al ser más conocido y contar con recursos de su propia función parlamentaria para recorrer el distrito, se asume que la única opción del desafiante es gastar más en su campaña. Lo anterior es contradictorio porque, en definitiva, lo que estaríamos haciendo con esa política es privilegiar candidaturas que tienen acceso a financiamiento privado para competir.  Y en el caso de Chile esa condición la cumple principalmente la derecha política. Establecer límites razonables a la reelección de autoridades es una medida muchísimo más efectiva para prevenir la eternización de congresistas, alcaldes, consejeros regionales o comunales en el poder.

   La prohibición de aporte de empresas a campañas debe acompañarse con medidas adicionales que permitan una campaña más justa y que incluyen subsidio público, restricciones a la publicidad en espacios públicos y mecanismos de control del gasto que sean creíbles y eficientes.

   Ver columna en El Mostrador