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1. La precampaña de Bachelet

   Mayo 27, 2015 9:32 am Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   La ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral establece que el período de campaña presidencial abarca desde la declaración de candidaturas hasta el día de la elección, totalizando 90 días. En todo ese período se contabiliza el gasto. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del PS han señalado fechas incorrectas, que van desde los 30 días (período en que se inicia la propaganda) hasta los dos meses.Por tanto, si dos importantes representantes no conocen las reglas del juego, ¿qué se le puede pedir al ciudadano común y corriente? ¿Están nuestros diputados y senadores en condiciones de calcular su gasto en campaña -e incluso opinar sobre este tema- si no tienen clara las fechas de inicio y término del período?

   Despejado el punto, ¿qué se entiende por precampaña?  La precampaña es el conjunto de actividades que realizan los candidatos antes de oficializar su postulación ante el Servel. Esto implica -entre otras cosas- la constitución de equipos y la generación de ideas para el programa de gobierno. ¿Hay algo de malo en aquello? No. Sin embargo, el ministro Díaz insiste en esconder lo evidente: la precampaña es connatural a toda candidatura, salvo situaciones excepcionales como la de Matthei en 2013, que por razones de fuerza mayor debió asumir en reemplazo de Longueira. Las precampañas pueden hacerse a través de los medios de comunicación (Parisi), marchas o manifestaciones ciudadanas (Jackson, Cariola, Vallejos), primarias de partidos (Orrego), asambleas de partidos (Gómez), o incluso convocando a expertos para que discutan sobre el futuro programa (Piñera).

   Por lo anterior, es absurdo pensar que sólo una vez que el político ha declarado sus intenciones de ser candidato, entonces arme las ideas de su programa y los equipos de apoyo. Por ejemplo, en el caso de Bachelet, ella anunció su candidatura a fines de marzo de 2013. ¿Eso implica que nadie trabajó con ella previo a esa fecha para avanzar en un programa? ¿Significa que nadie colaboró con ella para decidir la competencia en las primarias de la Nueva Mayoría?

   Las candidaturas para la primaria presidencial se inscribieron a inicios de mayo de 2013. La ley establece que la campaña se extiende desde los 60 días antes de la elección, siendo los últimos 30 días para la propaganda. Para esa primaria el límite de gasto sobrepasó los 923 millones de pesos. En la Nueva Mayoría, Bachelet gastó 621 millones de pesos, Velasco 213 millones de pesos, Orrego 217 millones de pesos y Gómez 14 millones de pesos. Por la Alianza, Longueira sobrepasó los 885 millones de pesos, mientras que Allamand superó los 400 illones de pesos. De acuerdo al número de votos obtenidos, Bachelet “pagó” 392 pesos por voto, Velasco 869 pesos, Orrego 1.148 pesos, Gómez 129 pesos, Longueira 2.137 pesos y Allamand 1.028 pesos. De los montos señalados, los aportes reservados representaron un 51% en el caso de Bachelet, 64% en Velasco, 83% en Orrego, 0% en Gómez, 80% en el caso de Longueira, y 68% en Allamand. ¿Esto significa que los candidatos recién comenzaron a recolectar recursos al momento de declarar sus candidaturas? Lo más seguro es que no. Parte importante de esos recursos fueron solicitados con antelación. Es decir, durante la precampaña.

   Todo lo anterior lleva a una conclusión muy clara. La precampaña es una muestra de seriedad de los candidatos, que preparan su programa y constituyen equipos con la debida antelación. Los trabajos que ahí se realizan pueden ser voluntarios, bajo la expectativa de que si el candidato gana, entonces -muy legítimamente- ese funcionario tendrá un puesto en el nuevo gobierno. Otra cosa es el financiamiento de esa precampaña. No todos los cercanos a un candidato tienen el dinero para trabajar meses ad honorem en el programa, o para realizar actividades que implican una inversión de tiempo. Seguramente, esas actividades deberán ser remuneradas de alguna manera. El problema es el mecanismo. Dado que en 2013 los partidos no contaban con financiamiento estatal permanente, la única forma de apoyar estas actividades era recurriendo a la ayuda de privados. Así de simple.

   Ver columna en La Tercera

2. Calidad de la democracia

   Agosto 25, 2014 4:54 pm Leave a Comment

   

   Claudio Fuentes

   Para hacerse efectiva la reforma electoral aprobada por la Cámara de Diputados requiere 23 senadores (60%). Si la coalición de gobierno actúa en forma disciplinada -como probablemente ocurrirá-, tendrá asegurados 21 votos. A ello debemos sumar el voto ya comprometido de la senadora independiente Lily Pérez. Por lo tanto, es casi un hecho que en los próximos meses se aprobará la reforma, y se hará manteniendo la estructura aprobada en la Cámara Baja.

   ¿Qué significará esta nueva ley? No cabe duda que el sistema será más competitivo que el actual. Muy probablemente el futuro Congreso representará más fielmente las diversas corrientes políticas y sociales del país. También, es plausible esperar más mujeres representantes en el Parlamento. Ahora bien, los electores recibirán una papeleta con una oferta de candidatos(as) significativamente superior, lo que afectará la “identificabilidad” con los representantes. Esta mayor dificultad para identificar candidatos(as) incentivará a los partidos a gastar más recursos en candidaturas que ellos consideren prioritarias. Se elevará también el costo de las campañas por este aumento en la competencia y porque los territorios a cubrir se expandirán.

   Entonces, ¿qué se discutirá en el Senado? Quedan algunos temas relevantes de discutirse. Para la Nueva Mayoría el asunto que dividirá las aguas será la posibilidad de que dentro de una lista puedan formarse subpactos. La DC se opone, pues considera que los partidos de izquierda podrían pasarle una aplanadora; los prefiere divididos a tener que enfrentarlos como bloque. Y es muy probable que el eje PPD-PS ceda ante la presión DC, pensando que será más importante aprobar esta reforma que enemistarse con sus aliados.

   La Cámara también aprobó una positiva innovación asociada a que los electores puedan marcar su preferencia por un(a) candidato(a), o bien, por una lista. Esto incentivará un “voto programático”. Las listas buscarán distinguirse de otras con miras a obtener la preferencia de alguien que no necesariamente conoce los nombres en la papeleta, pero que se inclina por una lista, ya sea por el programa o ideas que representa.

   Otro gran tema se refiere al gasto electoral. Como el límite al gasto electoral es por candidato, y como se multiplicarán los postulantes por lista, la consecuencia es que crecerá el límite del gasto electoral de no mediar una reforma a la ley de financiamiento electoral. La exponencial proliferación de candidaturas afectará la forma en que se hacen las campañas. Por lo mismo, el legislador debiera pensar en regular aspectos como la publicidad radial y en la vía pública, y los actuales mecanismos de control del gasto electoral.

   Finalmente, el rechazo al incremento de legisladores será un tema en que la UDI insistirá, pero sin mucho éxito, pues ya se estableció el consenso para la reforma. Lo que ahora debe discutirse es el impacto de esta reforma en la calidad de la democracia y la forma en que otras normas (ley de partidos y gasto electoral) deberán ajustarse para cumplir con la promesa de una democracia más transparente, representativa y de calidad.

   Ver columna original en La Tercera.