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Tag Archive: Gobierno de la Nueva Mayoria

1. Los riesgos de que Bachelet caiga del 20% de aprobación

   Junio 23, 2015 3:08 pm Leave a Comment

   

   Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

   Según analistas, que la mandataria fuera apoyada por menos de un quinto de la población generaría un escenario complejo: aparición de fuertes deslealtes partidistas, quiebre del bloque gobernante y debilidad del aparato institucional, son algunas de las posibilidades mencionadas por los expertos.

   Se decía que Michelle Bachelet era incombustible y las encuestas así lo demostraban. Dejó su primer mandato con 84% de respaldo y, ni la crisis del Transantiago, ni las críticas por su gestión durante el 27-F, consiguieron minar su credibilidad. Pero fue el destape del Caso Caval en febrero pasado, y la aparición del Caso SQM, lo que produjo que el respaldo a la Presidenta se desplomara definitivamente. Sin poder repuntar, hoy la baja ya es una tendencia: los principales sondeos cifran el respaldo a la mandataria bajo los 30 puntos. En la encuesta semanal de Cadem llegó a 24%, y tanto en los últimos sondeos de CEP y Adimark se registró un 29%. Estos registros son los más bajos obtenidos por Bachelet tanto en su actual administración como en su primer mandato. Los analistas llaman al fenómeno un “espiral de deterioro” y dicen que cuando sólo uno de cada cuatro chilenos entrega respaldo, es porque La Moneda está “en estado de coma”. Y prevén que las cifras seguirán cayendo. “Es probable que su descenso siga en caso de que Bachelet no tome las decisiones adecuadas”, dice Mauricio Morales, director del Observatorio UDP. Según Roberto Izikson, director de Asuntos Públicos de Cadem, “esto no ha tocado fondo, porque ni la Presidenta ni el Gobierno han logrado frenar ni canalizar la crisis política que estamos viviendo. Creo que la Copa América no ha ayudado absolutamente en nada. Que haya ocho cargos sin nombrar le genera costos al Gobierno, esta sensación de pará- lisis y de desgobierno, entonces no sería raro que la Presidenta pudiera seguir cayendo”. Deslealtad partidista y poca proyección del bloque. Según los analistas, mantener los actuales niveles de aprobación y estar ad portas de alcanzar un 20%, conlleva riesgos importantes. Y, dicen, las primeras señales de deterioro ya se están comenzando a ver. Que la gente deje de confiar en la primera autoridad en un país altamente presidencialista y que se desconfíe en el funcionamiento de las instituciones es uno de los peligros que los expertos advierten. Eso sí, explican, en el escenario actual no se puede hablar de “colapso institucional”. Para el analista político y académico de la UAI, Max Colodro, “el riesgo principal es la percepción de falta de conducción y falta de liderazgo, en un país que está teniendo dificultades serias para confiar en las decisiones que están tomando sus autoridades. Eso debilita las instituciones, y tener una Presidenta con estos niveles de deslegitimidad y de cuestionamiento es un riesgo institucional. Eso pone al país en cuadro de debilidad institucional, cuadro al que nos estamos aproximando. La Presidenta va a seguir bajando”. A nivel de partidos el peligro radica en que el bajo nivel de aprobación de Bachelet potencie la crisis interna que enfrenta la Nueva Mayoría. Situación que la semana pasada alcanzó uno de sus puntos más complejos. De forma unánime, los analistas coinciden en que la relación entre la poca aprobación y el tono de los conflictos es directa. Según Morales, “es absolutamente normal que un Gobierno con baja aprobación comience a generar fracturas dentro de su coalición. Los congresistas prefieren distanciarse de un Gobierno impopular en lugar de seguir pagando los costos por apoyar a ese Gobierno.

   Por tanto, es comprensible que busquen agenda propia. El problema es cuando esa agenda propia se transforma en deslealtad. Ahí sí existe un problema grande. Y la Nueva Mayoría no es la excepción”. Así, mencionan el recrudecimiento de las críticas entre la DC y el PC, la arremetida del diputado socialista Juan Luis Castro por el Caso Caval y la eventual censura al vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, como los episodios que muestran deslealtades severas dentro del bloque. Agregan que bajar del 20% de respaldo podría impedir la proyección y posible institucionalización de la Nueva Mayoría. Otro de los riesgos que mencionan los especialistas es que la imagen de la mandataria quede dañada de forma irreversible. La prueba de fuego: las elecciones municipales de 2016. “Los candidatos no necesariamente van a responder a los intereses del Gobierno. No sabemos si tal como sucedió durante la última elección, Bachelet va a ser el rostro de la campaña ¿quién se va a querer sacar una foto con una Presidenta con 20% de aprobación? Eso le quita un peso especí- fico a Bachelet”, dice Izikson. Además de plantear que asociarse a la imagen presidencial hoy puede tener costos demasiado altos, apuntan a la pérdida de liderazgo de Bachelet y cómo los resultados de las encuestas dificultan la posibilidad de que sea precisamente ella quien logre aglutinar y ordenar al bloque oficialista. Peñailillo: la “llave” que podría sellar la baja. Que el descenso en la aprobación continúe depende únicamente de las decisiones que pueda tomar Bachelet. Mencionan que ni el cambio de gabinete ni el impulso de la agenda de probidad fueron medidas suficientes para detener la caída en las encuestas. La Copa América, hasta el momento, tampoco ha generado ventajas para La Moneda. Para Colodro la salida está en que la Presidenta transparente la responsabilidad política que ha tenido en los casos de financiamiento irregular de su campaña y en “decirle al país cosas que esté en condiciones de creer. Hoy lo que la Presidenta ha insistido como su versión son versiones que el país no cree”. Morales plantea que Bachelet debe generar confianza en los empresarios y abandonar definitivamente la tesis refundacional. Así, el principal flanco para la Presidenta y su aprobación es el proceso judicial a raíz del caso SQM. De conocerse nuevos antecedentes o en caso de que la Presidenta se vea involucrada de alguna manera, ese sería el paso definitivo para traspasar la barrera del 20%. Según Müller, “el único que tiene una llave que podría llevar al Gobierno a menos de 20% es el ex ministro Peñailillo. Si su proceso judicial evoluciona mal y se implica a la Presidenta, eso podría llevar al Gobierno a una situación peor que el coma. Ahí estaríamos realmente ante una situación de emergencia”. Plantean que un eventual escenario donde el Presidente es apoyado por menos de un quinto de la ciudadanía no es nuevo en la región y que no es un escenario descartable. Dicen que basta ver la situación de Ollanta Humala en Perú o de Dilma Rousseff en Brasil, donde ambos mandatarios están gobernando con apoyos en torno al 15%. En caso de que Bachelet bajara del 20%, los expertos son tajantes en descartar soluciones fuera de la institucionalidad. Así, una renuncia de la mandataria o un adelanto de las elecciones parlamentarias son medidas solo profundizarían la situación de crisis institucional.

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2. La política contamina la economía

   2:53 pm Leave a Comment

   

   Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

   El único camino para retomar tasas de crecimiento saludable que permitan generar más riqueza y más desarrollo para todos pasa por arreglar primero las instituciones que rigen el comportamiento de nuestra política y que han hecho aguas en meses recientes.

   Aunque el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés advirtió que la política está contaminando la economía, el verdadero problema de Chile es que algunos se niegan a entender que una economía saludable es solo posible cuando se construye sobre una sólida base política. Pero cuando la economía se come a la política, eventualmente la propia economía termina erosionando la base sobre la que se sustenta. Mientras no entendamos que para que haya una buena economía debemos primero tener una buena política, será imposible que nuestro país entre al club de las naciones desarrolladas.

   El desarrollo del capitalismo se ha basado en instituciones que garantizan los derechos de propiedad y que establecen reglas claras —entre las que se incluyen los derechos y obligaciones de las personas—. En sociedades democráticas, se potencia un círculo virtuoso que expande tanto los derechos de las personas como el respeto a los derechos de propiedad. Desde el retorno de la democracia, en Chile hemos vivido un proceso de consolidación democrática y fortaleza institucional que nos ha permitido convertirnos en el país más desarrollado de América Latina. Aunque tengamos muchas cosas que mejorar, Chile es el incuestionable campeón latinoamericano en desarrollo económico y consolidación democrática.

   Pero precisamente porque hemos alcanzado un nivel de desarrollo que nos pone en la puerta de entrada del club de países desarrollados, algunos arreglos institucionales parecen ya no dar el ancho para los desafíos y oportunidades que ahora nos toca enfrentar. Si bien es evidente que entre las principales falencias institucionales está el sistema de financiamiento de campañas, y de la política en general, hay otros ámbitos en los que algunas instituciones también hacen aguas —como el sistema que asegura la libre competencia y persigue la colusión—. El mismo debate sobre el proceso constituyente que impulsa el gobierno —y que se cruza con la multiplicidad de reformas constitucionales que La Moneda empuja de forma paralela— se basa tanto en cuestiones de legitimidad de origen de la carta fundamental como en cuestionamientos a la capacidad de las instituciones actuales para facilitar el buen funcionamiento de los mercados y del sistema democrático.

   Hay una línea común que une a todas las potenciales debilidades de nuestros arreglos institucionales y tiene que ver con el balance a favor de la economía por sobre la política en la forma en que se resuelven conflictos entre distintos grupos de interés. Desde la forma en que se asegura el respeto por los derechos de propiedad —desde la tierra hasta el agua—, pasando por las reglas que facilitan la competencia en la oferta de bienes y servicios, hasta las regulaciones en la provisión de bienes públicos (como la educación, salud, pensiones o vivienda), nuestra institucionalidad privilegia la economía sobre la política.

   Pero en la realidad cotidiana, la política siempre termina irrumpiendo desde fuera de la institucionalidad, debilitándola y demostrando sus limitaciones. La forma en que se ha desarrollado el conflicto mapuche, las movilizaciones estudiantiles o los paros en salud o transporte evidencian la importancia de la política en los procesos sociales. Si bien la institucionalidad favorece una comprensión economicista de los problemas —y el sistema de formación de políticas públicas favorece soluciones técnicas—, la realidad a menudo obliga a introducir elementos políticos que distorsionan los criterios técnicos y desvirtúan las prioridades de los modelos economicistas. Correctamente, algunos críticos del modelo argumentan que los propios criterios técnicos responden a una racionalidad política que pretende instalar determinadas prioridades como verdades incuestionables. Así, por ejemplo, cuando se mide el impacto social de una política pública, se obvian consideraciones políticas y se toman decisiones que pueden ser sub-óptimas desde el mismo criterio técnico que se utiliza. El ejemplo más notable ha sido el Transantiago, cuando la racionalidad técnica fue superada por la realidad política y, 10 años y miles de millones de dólares después, seguimos pagando los costos de creer que la economía se mueve de forma independiente a la política. Igual lógica explica las fallas en lograr mejoras sustanciales en la calidad de la educación pública, en la provisión de salud y en programas tan diversos como aquellos destinados para aliviar la pobreza o reducir la contaminación ambiental.

   Tiene razón el ministro Valdés cuando dice que la política está contaminando la economía. Pero no se puede deducir de ello que podemos aislar lo económico de lo político. Muy por el contrario, precisamente porque la base para una economía saludable está en un sistema político sólido, estable, legítimo e inclusivo, el único camino para retomar tasas de crecimiento saludable que permitan generar más riqueza y más desarrollo para todos pasa por arreglar primero las instituciones que rigen el comportamiento de nuestra política y que han hecho aguas en meses recientes.

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