Tag Archive: Gobierno de Pinochet

  1. La UC y la mala memoria

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    claudio fuentes

     

     

     

     

     

     

    Claudio Fuentes

    El profesor Gonzalo Rojas me acusa de sesgado y prejuicioso al evaluar el actuar de la Universidad Católica de Chile. Su principal argumento es que omití el proceso de la reforma universitaria impulsada en la misma casa de Estudios por el ex rector Fernando Castillo Velasco. Pero lo que al parecer el profesor Rojas no advierte, es que la evidencia que él mismo presenta le da mayor consistencia a mi argumento, como intentaré demostrarlo a continuación.

    Sostuve en una columna anterior que difícilmente podríamos decir que esta o cualquier universidad moldea las mentes de sus académicos o estudiantes. Señalé también que el movimiento reformista de los 60 (del que formó parte el arquitecto Castillo) y el movimiento democratizador de la década de los 80, demuestran con nitidez que “existe una viva comunidad que tiene puntos de vista muy diferentes”. En ningún momento traté de obviar o esconder el aporte de la reforma universitaria de la década de los 60 y, de hecho, explícitamente la valoré.

    A continuación argumenté que existen dos proyectos emblemáticos desarrollados en la PUC (esto es, patrocinados o apoyados por la rectoría) y que marcaron al país en forma muy significativa: el proyecto de formación de los “Chicago boys” y el proyecto que permitió el establecimiento de la Constitución de la dictadura militar. Uno redefinió el modelo de relaciones económicas y otro el de relaciones político-institucionales. Rojas comete un error al pensar que el proyecto con la Universidad de Chicago solo funcionó en el año 1956. De hecho, se trató de un convenio en la que varias camadas de estudiantes se formaron y retornaron al país durante la década de los 60. Efectivamente cometí un error al incorporar a Hernán Büchi en la lista (¡asumo la falta!), pero todo el resto de los mencionados fueron formados en la PUC a través de este programa, realizaron sus estudios de postgrado en Chicago y retornaron al país.

    La trayectoria de Sergio de Castro es emblemática y ayuda a explicar a qué me refiero cuando sugiero que se trató de un proyecto ideológico patrocinado por la PUC. Luego de realizar sus estudios en Chicago, De Castro retornó a su alma máter, la Escuela de Economía de la PUC. Asumió cargos directivos y emprendió una profunda reforma al programa de estudios de dicha carrera con el consentimiento de la rectoría. Pero, además, De Castro participó activamente de la vida política nacional, asesorando la campaña de Jorge Alessandri en 1970, liderando el famoso proyecto de “El Ladrillo” y, luego, integrándose al Gobierno de Pinochet (ver Patricia Arancibia y Francisco Balart, Sergio de Castro: el arquitecto del modelo económico chileno, 2007).

    Pero el profesor Rojas sugiere que debí incluir el proyecto de reforma universitaria liderado por Castillo Velasco. En mi análisis anterior consideré incorrecto su mención, pues no cumplía con una de las condiciones que esbocé. Si bien la reforma universitaria fue un proyecto ideológico (primera condición), no tuvo un impacto permanente ni en aquella universidad ni en el resto del país (segunda condición).

    Pero ¿por qué fracasó ese intento? Seguramente el profesor Rojas se enteró y vivenció lo sucedido en la PUC desde 1973 en adelante. Con la llegada de los militares al poder, la PUC fue intervenida a través de la designación de un rector delegado (un ex militar). Y a partir de allí la historia es conocida: más de 150 profesores fueron exonerados; a cerca de 200 profesores se les rebajaron sus jornadas docentes; se cerraron escuelas; desaparecieron 28 personas asociadas a dicha casa de Estudios; y se prohibieron las elecciones democráticas de la FEUC. El rector delegado apoyó directamente al movimiento gremialista, designando entre sus presidentes a Arturo Fontaine (1974), Cristián Larroulet (1975), Miguel Allamand (1976), Juan Antonio Coloma (1977), y Andrés Chadwick (1978), entre varios otros. Las posturas disidentes fueron silenciadas, y no fue sino hasta mediados de los 80 cuando se recuperaron espacios de pluralismo entre profesores y estudiantes.

    En los años de dictadura, la PUC, como institución, favoreció proyectos ideológicos afines a los intereses de los militares: la creación de un nuevo modelo económico y el establecimiento de una nueva Constitución. Evidentemente el profesor Rojas no requirió de misivas de la rectoría para que lo convencieran de las bondades de apoyar al régimen militar o su Constitución, toda vez que él formaba parte de los convencidos de dicho proyecto. En cuanto proyecto, no se requirió forzar a estudiantes o profesores a firmar cartas de adhesión, pues el asunto fue precisamente que en aquellas coyunturas históricas se atrajo a quienes favorecían tales ideas y se excluyó a quienes pensaban distinto.

    Debe recordar, el profesor Rojas, que luego de asumir el ex almirante Swett como rector delegado, reestructuró el Consejo Superior eliminando a todos sus representantes docentes, administrativos y estudiantes. Bien lo señala el cardenal Raúl Silva Henríquez al constatar que el rector “creó un nuevo Consejo Superior y un Comité Directivo en los cuales fueron incorporados principalmente integrantes del movimiento gremialista: de los seis profesores que antes participaban en el Consejo Superior, el rector dejó solo a uno en sus nuevos órganos directivos: el abogado Jaime Guzmán, precisamente fundador y figura principalísima del gremialismo” (Memorias, págs. 40-41).

    Entonces, a la derrota del proyecto de Castillo Velasco le siguió la imposición de un proyecto ideológico conducido por la rectoría y apoyado desde la cúspide de la estructura jerárquica de la universidad por el gremialismo. Fue tan fuerte la arremetida de la contrarreforma que ni siquiera el entonces Gran Canciller Silva Henríquez pudo detener este proceso. Para resolver el conflicto suscitado, la autoridad eclesiástica nombró a un Pro Gran Canciller, el padre Jorge Medina.

    En el único punto donde parecemos coincidir con el profesor Rojas es en la posibilidad de que en una universidad puedan desplegarse proyectos ideológicos bajo determinadas circunstancias. Pero parece ser que Rojas evita asignarle ese carácter al proyecto ensayado por el gremialismo en la PUC de Pinochet. No obstante, una somera revisión de los hechos demuestra la evidente intervención militar, la exclusión de sectores disidentes y el predominio de aquella fuerza (anti)política. El gremialismo nacido y formado en la Facultad de Derecho de la PUC plasmó en la Constitución de 1980 el proyecto más duradero de la historia política reciente de este país.

    Ver columna en El Mostrador

  2. ¿Quién lleva la batuta?

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    patricio navia

     

     

     

     

     

     

     

    Patricio Navia

    La saludable desconfianza que reina en la población respecto al desempeño de sus autoridades no es un problema. El problema en Chile hoy es la falta de conducción política. Es común que las democracias modernas tropiecen cuando las condiciones económicas empeoran y cuando los escándalos ponen a la clase política contra la pared. La incapacidad para volver a ponerse en pie, en cambio, es propia solo de los gobiernos que se ven superados por las circunstancias. Chile no está pasando por una crisis institucional o democrática. Nuestro país solo atraviesa por una crisis política causada por un gobierno que carece de conducción.

    En las democracias saludables, la gente confía más en las instituciones que en las personas. Porque todas las personas son susceptibles a cometer errores involuntarios, incurrir en malas prácticas o, incluso, violar la ley, las democracias deben tener mecanismos adecuados para sancionar. Ya que no todos los seres humanos son virtuosos, la oportunidad a menudo termina haciendo al ladrón. De ahí que deban existir instituciones que disuadan las malas prácticas y castiguen ejemplarmente a los que violan la ley.

    El hecho que el cóctel de escándalos (Penta, SQM y Caval) sea mayor que ningún otro en la historia de nuestra democracia se puede deber a que nunca antes tuvimos estas malas prácticas de forma tan extendida o bien a que ahora hay más instituciones que fiscalizan mejor y persiguen delitos que se hayan cometido. Parece evidente que la segunda opción es la correcta. No hay razón para creer que los políticos del pasado eran más virtuosos que los de hoy. Pero sí hay mucha evidencia de que nuestras instituciones funcionan mejor hoy que en el pasado.

    Esta no es la primera vez que la política chilena se encuentra en un pantano. Es cierto que las mismas prácticas de financiamiento de la política que antes eran comunes hoy resultan inaceptables para una población que tiene acceso a más información y que se encuentra más vigilante. Después de todo, una de las consecuencias de que la clase media haya crecido es que ya no se pueden hacer acuerdos entre cuatro paredes sin tomar en cuenta a una sociedad civil cada vez más vociferante y activa. Cuando la sociedad se desarrolla y los beneficios del crecimiento y del progreso alcanzan a más personas, los clubes exclusivos de los mismos de siempre ya no sirven como el mecanismo para solucionar conflictos y salir de las crisis.

    Hoy, el país no está paralizado por los escándalos Penta, SQM y Caval. La clase política está paralizada. Esa parálisis es resultado de un diseño institucional excesivamente presidencialista. En Chile, el Presidente tiene tanto poder que cuando el Presidente se paraliza, toda la clase política —y eventualmente hasta la economía del país— también se terminan paralizando. Por eso, la discusión actual sobre la conveniencia de un acuerdo político que permita superar la crisis carece de un elemento clave. Ningún acuerdo, independientemente de sus méritos, tiene posibilidad de materializarse si no es piloteado desde La Moneda. Los méritos y debilidades del acuerdo del que tanto se habla en estos días poco importan si no hay evidencia de que la Presidenta de la República está dispuesta a poner su capital político y sus atribuciones institucionales para lograr su concreción.

    El 9 de octubre de 2013, la entonces candidata Michelle Bachelet dijo que, respecto al mecanismo para una nueva Constitución, “tengo que zanjar cuál va a ir en el programa de gobierno. Yo voy a cortar el queque”. Entonces, Bachelet sabía que tenía el poder y pensaba ejercerlo. Hoy, existen fundadas dudas sobre el control efectivo que tiene la Presidenta sobre sus poderes y atribuciones institucionales y abundan los rumores —alimentados por la propia actitud de Bachelet— sobre la disposición de la Presidenta a usar sus poderes institucionales para salir de la turbulencia que aflige hoy a la clase política.

    En dictadura, uno de los cantos favoritos de los opositores al gobierno de Pinochet partía con un “¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta?” El canto reflejaba más una intención de controlar el poder que la evidencia de que la hoja de ruta de la transición a la democracia se estaba dibujando con las protestas en las calles. Como ahora ya es incuestionable, la transición chilena se cocinó en acuerdos de elites. Hoy, a 30 años de las marchas que popularizan el canto que insultaba al dictador, corresponde hacerse la misma pregunta, pero de forma más reflexiva y sin afán de ofender a nadie. Después de todo, las dudas sobre quién manda hoy en Chile son las que alimentan esa percepción de preocupación —e incluso fin de ciclo— que hace que muchos confundan la innegable crisis política con una inexistente crisis de las instituciones o del sistema democrático. Afortunadamente, es cosa de que la Presidenta tome las riendas para que se comience a superar la crisis política. La solución podrá ser buena o mala, pero la inacción actual terminará solo cuando Bachelet se anime a cortar el queque.

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