Pensiones de calidad y gratuitas para todos
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Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Dentro de poco, comenzaremos a escuchar a candidatos que prometen pensiones de calidad sin que los chilenos tengan que hacer un esfuerzo personal para ahorrar más para financiar sus propias pensiones y meterse la mano al bolsillo para mejorar las pensiones de los que hoy están jubilados.
Después que la promesa de educación de calidad y gratuita para todos realizada por Michelle Bachelet en la campaña presidencial de 2013 no se pudo materializar, la clase política chilena arriesga volver a realizar promesas incumplibles en 2017. Dado el alto descontento que existe con el sistema de pensiones, ya se escuchan voces que hablan de pensiones de calidad para todos, sin especificar de dónde saldrá el dinero (el equivalente de gratuitas). Si bien uno pensaría que el electorado ya aprendió la lección, no hay que desestimar la capacidad de la gente para tropezar de nuevo con la misma piedra de las promesas incumplibles.
En 2013, la principal promesa de Bachelet era la gratuidad en la educación en todos los niveles. Bachelet prometió terminar con el copago, la selección y el lucro en la educación básica y secundaria. La ex Presidenta también prometió avanzar decididamente a la gratuidad en la educación superior, comprometiéndose a cubrir al 70% de los alumnos hacia el fin de su gobierno y llegar al 100% pocos años después. Una vez Presidenta, Bachelet llenó la promesa de gratuidad con letra chica. Aunque se promulgó una ley para la educación básica y secundaria, la implementación de la ley dependerá de futuros gobiernos, por lo que bien pudiera ser que el copago, la selección y el lucro sobrevivan en nuestro sistema educacional. Es más, dado cómo ha evolucionado la matrícula en los últimos años —incluido el periodo en el poder de la NM—, la participación de la educación pública en el sistema educacional chileno se sigue empequeñeciendo. En educación superior, el gobierno ha comenzado a derribar un sistema de mercado que funcionaba mal sin tener ni siquiera los planos de la estructura que pretende construir en su lugar.
Hoy, los aspirantes presidenciales saben que la reforma educacional no es una buena bandera de campaña. Como la gente quiere gratuidad —¿quién no quiere un almuerzo gratis?—, los candidatos no se atreven a sincerar que la gratuidad es una promesa incumplible. Pero como los candidatos necesitan atraer apoyos y quieren ganarse el afecto de los votantes, la estrategia de prometer lo imposible adoptada por Bachelet en 2013 sigue siendo popular. Solo que en 2017, el foco de las promesas imposibles parece estar trasladándose a las pensiones.
Las personas de más edad votan más que los jóvenes. Además, los chilenos nos hemos acostumbrado a las marchas estudiantiles. Una marcha es como un temblor grado 5: solo los extranjeros le ponen atención. Por otro lado, las campañas necesitan diferenciarse de las anteriores. De ahí, como la promesa de gratuidad educacional no se cumplió, los aspirantes se enfrentan al desafío de aceptar que no se pueden hacer promesas incumplibles o bien simplemente prometer algo fantástico pero en una dimensión distinta a la educación. Por eso, varios presidenciables arriesgan caer en la tentación de vender el cuento del tío a desesperados e irreflexivos votantes chilenos cuyas pensiones no les alcanzan para vivir o que están temerosos porque saben que sus dineros ahorrados no serán suficientes para otorgarles una pensión digna.
Ante la creciente preocupación por las pensiones, la clase política no se ha demorado en buscar articulaciones que hagan creer a la gente que se pueden mejorar las pensiones sin que los propios chilenos se tengan que meter la mano al bolsillo. No faltan los que, para financiar un sistema de reparto, piden usar los recursos del cobre (la versión chilena de la gallina de los huevos de oro) o los que piden subir los impuestos (como si las personas no fueran los que los pagan —especialmente dado el peso del IVA en los ingresos fiscales y dados los incentivos tributarios a las personas de más ingresos que amortiguan el efecto progresivo del impuesto a la renta). Luego están aquellos que piden que sean los empleadores los que pongan su parte (como si el aumento en el costo de la mano de obra, sin una mejora en productividad, no fuera a repercutir en los salarios líquidos en el mediano plazo). Los más irresponsables, usando Voodo Economics, piden pasar a un sistema de reparto, alegando que las AFP lucran y que el sistema no ha cumplido con las promesas que se hicieron en su inicio.
El caso es que nadie se atreve a decir a los chilenos que, para mejorar sus pensiones, van a tener que ahorrar más (lo que implica menores sueldos ahora o aceptar que, por la contribución que harán los empleadores a las pensiones, los sueldos subirán menos en el futuro). En cambio, la clase política en su conjunto comienza a articular una versión enchulada de la promesa de gratuidad —mejorar las prestaciones del Estado a cero costo para los ciudadanos—. Dentro de poco, comenzaremos a escuchar a candidatos que prometen pensiones de calidad sin que los chilenos tengan que hacer un esfuerzo personal para ahorrar más para financiar sus propias pensiones y meterse la mano al bolsillo para mejorar las pensiones de los que hoy están jubilados.
