Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP, participó en el programa 3era Edición – Política en vivo de Radio Universidad de Chile sobre las pensiones de invalidez millonarias pagadas a ex uniformados de fuerzas armadas y la candidatura presidencial de Alejandro Guillier.
Una persona hace estallar una bomba en un edificio, causa decenas de muertes y siembra el pavor, ¿constituye aquella acción un acto terrorista? A simple vista podríamos decir que sí, porque solemos definir un acto terrorista como una acción que genera terror. Sin embargo, no necesariamente es así.
En 1999 la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de Naciones Unidas lo define como cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier persona que no participe en una situación de conflicto armado; y cuando el propósito de dicho acto es intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
Esta definición involucra ciertas condiciones: 1) se asocia a una determinada “acción”, y no respecto de quién o quiénes lo ejecutan, por lo que sus autores podrían ser agentes del Estado o de la sociedad civil (es decir, Guillier está equivocado); 2) La acción se asocia con un hecho de gravedad o que causa un cierto clima de temor; y 3) dicha acción se vincula con un objetivo político, ideológico o religioso al buscar intimidar a los gobiernos.
Así, al definir un acto terrorista nos enfrentamos a dos cuestiones esenciales: primero, la acción es considerada terrorista por las motivaciones que tiene asociadas (infundir terror, intimidar) y por los efectos concretos que provoca (un daño considerable). Las motivaciones y los efectos son dos aspectos esenciales al terrorismo.
Volvamos a nuestro ejemplo. Si aquella persona hizo estallar aquel edificio porque fue despedido de su empresa, no sería un acto terrorista. Tal vez la bomba ocasionó muchísimos muertos y generó pánico en la población. Pero aquella acción sería aislada y circunstancial y no cumpliría ni con la segunda ni con la tercera de las premisas: no tendría el propósito de generar un clima de intimidación social ni tampoco tendría un objetivo político, ideológico o religioso.
Piense Ud. en otro caso. Se le envía un explosivo por correo a una autoridad pública (¿le suena conocido el caso?). Sin duda tiene una intención de intimidar, pero ¿puede considerarse un acto terrorista? Depende. Si lo hizo una organización que busca el fin de la intimidación de las autoridades sin duda que lo sería. Pero si el autor es un ex contratista que está molesto porque perdió una licitación, ¿seguiría siendo un acto terrorista? Bajo la definición que entregamos, no lo sería. Sin duda que sería un acto delictivo y sin duda muy grave, pero no sería terrorista. De nuevo, importa la acción como también la motivación que tenga.
La definición recién entregada no está libre de controversias. Por ejemplo, la acción terrorista en aquella definición se asocia exclusivamente con el daño grave o severo ocasionado a las personas. En algunos países se ha incorporado también el daño a la propiedad pública y privada. Perfectamente un grupo terrorista podría intimidar a la población destruyendo infraestructura vial, sin afectar vidas.
Asimismo, también resulta controversial identificar las motivaciones de los individuos u organizaciones. Por lo mismo, cuando se investigan estas acciones, las preguntas que inmediatamente surgen son: ¿se trata de una acción aislada de un individuo o se trata de una organización que pretende generar temor? ¿Tiene una intencionalidad la acción? ¿Cuál es la intención? ¿Si un grupo se atribuye un acto terrorista, es creíble aquella atribución? Supongamos que varios individuos se ponen de acuerdo en iniciar incendios forestales, causan muertes en la población, provocan indudablemente temor pero su intención es cobrar los seguros, ¿seguiría siendo un acto terrorista?
Existe consenso en indicar que las acciones que se generan en conflictos bélicos donde se enfrentan las fuerzas armadas de dos o más países no califican como acciones terroristas. En este caso se trata de acciones que provocan temor en la población y que eventualmente provocan muchas muertes, pero las Convenciones las excluyen de la definición de actos terroristas dado que se trata de situaciones de guerra.
Una circunstancia más controversial se refiere a las acciones de grupos u organizaciones que se oponen a un régimen ilegítimamente constituido. Varios países democráticos han establecido en sus constituciones el derecho a rebelarse frente a gobiernos opresivos. Asimismo, la declaración universal de los derechos humanos de Naciones Unidas estableció implícitamente este derecho en su preámbulo al señalar que resulta esencial la protección de los derechos humanos “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
Pues bien, ¿cómo distinguir entre acciones legítimas de grupos que buscan terminar con un gobierno opresivo de aquellas acciones ilegítimas de grupos en contra de un gobierno legítimamente constituido? Esta controversia seguramente continuará abierta por mucho tiempo pero en los sistemas democráticos se acepta el derecho a la rebelión como un principio fundante del ejercicio de los derechos.
La ley anti-terrorista (ley 18.314) define el acto terrorista cuando “se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.
De acuerdo a lo que hemos venido discutiendo aquí, la acción terrorista se asocia con los efectos que provoca en la población (el efecto de provocar terror) o por las motivaciones que tales acciones tienen (intimidar, inhibir resoluciones de una autoridad, etc.). Esta definición involucra daño a las personas y en las acciones de los gobiernos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (2014) sintetizó los reparos que diversas instancias internacionales han señalado respecto de la legislación anti-terrorista en el caso de Chile y planteó sus propias observaciones. Entre ellos, se indica que dicha regulación no cumple con el pleno respeto de los derechos y garantías establecidos por la propia Constitución y los mismos tratados internacionales; se cuestiona la falta de certeza en la diferencia entre el delito terrorista y los delitos comunes lo que implica que la tipificación de estos delitos quedaban al arbitrio del juez; se demanda una conciliación entre el derecho de defensa y el uso de testigos protegidos y delatores compensados; se plantea que es excesivo el plazo de 10 días de detención previa a la formalización de los detenidos; se critica la extensión del secreto de la investigación de hasta 6 meses, que es excesivo en relación a los 40 días establecidos en la normativa ordinaria; se cuestiona el uso desmesurado de las prisiones preventivas lo que va en contra de las regulaciones internacionales.
En dicho informe se indica que entre el año 2000 y 2014 se invocó la ley anti-terrorista en 19 casos, con un total de 108 imputados. Pues bien, se condenaron solo a 10 personas por delitos terroristas y entre el año 2010 y 2014 solo se condenó a una persona.
Si aceptamos que los actos terroristas se asocian a motivaciones (intimidar, generar temor) y efectos (un acto de alta gravedad), entonces no cualquier hecho constituye un acto de carácter terrorista. Se suele plantear que un acto terrorista es aquel que genera “terror”, pero en realidad un acto de violencia puede ocasionar gran conmoción pública, pero ello no es suficiente para catalogarlo de terrorista. La dificultad es identificar no solo a los responsables del acto sino que además señalar las motivaciones y si aquellas se refieren o se ajustan a la intimidación, el provocar terror u otros objetivos que amedrentan a los gobiernos o a la ciudadanía.
En el caso de la Araucanía hay una serie de hechos delictivos -¡que duda cabe!- pero antes de catalogarlos como “terroristas” se requiere definir muy nítidamente si responden a una motivación de grupos organizados para un fin. El sistema de justicia ha sido muy cauto en sus resoluciones dado que resulta extremadamente complejo determinar aquellas motivaciones -y ni qué hablar de identificar a sus responsables.
La exposición de esta síntesis busca contribuir a sostener un debate más informado y fundamentado de un tema altamente controversial y esencial para la convivencia democrática presente y futura.
Aunque expertos aseguran que no hay un gran beneficiado que podría sumar nuevos electores, concuerdan que el más damnificado es el periodista apoyado por los socialistas.
La revelación de que el Partido Socialista tiene millonarias inversiones en distintas empresas, como SQM y concesionarias de autopistas, entre otras, se da en medio de un revuelto año electoral. De hecho, el tema remece aún más el escenario presidencial a semanas de las primarias y a seis meses de los comicios.
El abanderado de l PS es el senador independiente Alejandro Guillier y, por lo mismo, para los analistas sería el más afectado con los negocios del partido.
“Se dice que Guillier construye su factor diferenciador y la matriz de su campaña es en base a un nuevo tipo de política. Sin duda que esto es muy incoherente y daña esa construcción de imagen”, reflexionó el académico de la Universidad Diego Portales, Fernando García Naddaf.
Según explicó a Emol, el candidato va a tener una “fuga” en su electorado porque “es muy fuerte el impacto”, considerando los escasos puntos porcentuales que separan a los candidatos en las encuestas.
“Si bien la base de militantes más fiel del PS y del mundo de Guillier va a seguir votando ahí, sin duda hay gente que es más independiente, cercana a las ideas más ‘progre’, que podría cambiar de opinión y pegar fuerte”, recalcó.
Así entonces, según su análisis, ese electorado va tomar rumbo hacia el Frente Amplio, específicamente hacia Beatriz Sánchez. Mientras que otro optará por la representante de la Democracia Cristiana, Carolina Goic.
“El votante que podría fugarse hacia Goic es ese típico de la vieja Concertación, que no va a ir por Beatriz Sánchez a pesar de que pueda ser más coherente en el discurso, pero por su fidelización con la Nueva Mayoría no votaría por ella”, añadió.
Con él coincide el profesor de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, quien afirmó que el Frente Amplio “podrían erigirse como los representantes de las buenas prácticas y de la transparencia, pensado que tanto en la Nueva Mayoría como en el Chile Vamos hay un problema estructural de relación entre política y dineros”. “Ellos y la candidata Beatriz Sánchez podrían erigirse como los representantes de las buenas prácticas y de la transparencia, pensado que tanto en la Nueva Mayoría como en el Chile Vamos hay un problema estructural de relación entre política y dineros”, apuntó.
El académico va más allá manifestando que esta noticia “le viene como anillo al dedo a Sebastián Piñera”.
Según él, el precandidato de Chile Vamos queda en una situación “de empate con el Partido Socialista. “De hecho, señala al PS como una agencia destinada a realizar negocios o vínculos bursátiles con SQM, lo que le ayudará a Piñera, pues la atención se trasladará hacia el Partido Socialista”
“El votante de Piñera sabe cómo es Piñera, por lo tanto, no le sorprende sus vinculaciones, su declaración de patrimonio. Pero a los votantes de centroizquierda y de Guillier sí les parecerá sorpresivo que un partido que proclamó al candidato aparezca hoy vinculado a este tipo de prácticas”, concluyó Morales.
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En la última Adimark, la periodista y precandidata del Frente Amplio aumentó nueve puntos respecto a la medición anterior, posicionándose tercera en las preferencias a La Moneda.
Un sorpresivo salto en las encuestas de la precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, evidenció este martes la encuesta Adimark del mes de abril. Con un alza de 9 puntos, en el que pasó del 2% de las preferencias al 11%, la periodista se posicionó como la tercera favorita en la carrera presidencial.
En el contexto de unos últimos meses ajetreados en el ámbito político, en el que se consolidaron algunas candidaturas, se bajaron otras, se puso en duda la realización de primarias en Chile Vamos y en la Nueva Mayoría, además de la tensión por el proceso de refichaje en los partidos, la periodista fue la única entre los principales aspirantes en registrar un alza en sus preferencias.
Si bien Sebastián Piñera y Alejandro Guillier siguen siendo los favoritos, ambos cayeron en la encuesta. El ex Presidente lidera el análisis con un 24% (-3 puntos) y el senador le sigue con un 19% (-4).
El inédito avance de Sánchez, según los expertos, viene en desmedro de Guillier, también periodista y que, al igual que su colega, era considerado en un principio una figura que se vislumbraba como externa a la política tradicional.
Según el director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, el alza de Sánchez viene a “quitarle de manera más o menos sistemática a Alejandro Guillier, ellos compiten por electorados similares (…) De hecho, la misma encuesta muestra que, en la medida en que crece Beatriz Sánchez, disminuye el apoyo a Alejandro Guillier”.
Lo mismo cree el académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes. “Puede existir un segmento que está más politizado, que está más a la izquierda, que históricamente ha votado por la Nueva Mayoría (NM) y que eventualmente podría inclinarse por una preferencia por Beatriz Sánchez”, explicó, aseverando que el ascenso de la periodista afecta los resultados del senador independiente, al ser él el representante más patente de la NM.
Según Morales, otros damnificados del alza de Sánchez son el Gobierno y el sociólogo Alberto Mayol. El Gobierno, afirma el experto, “está viendo cómo crece una candidatura exógena a los partidos tradicionales de centro izquierda, mientras que la aprobación presidencial, si bien ha aumentado lentamente, se mantiene en torno a un 28%”.
Por su parte, el contendor de Sánchez dentro del Frente Amplio se enfrenta ahora a un difícil escenario, “porque si es que Beatriz Sánchez ya está marcando un 11% es muy difícil que Mayol pueda revertir eso y se podría transformar en una paliza histórica de Sánchez versus Mayol”.
El descenso de Piñera
El académico de la Universidad de Talca se refirió también a la baja que ha reflejado el candidato de RN, la UDI y el PRI, incluso con la superación de los temas que tenían complicado a Piñera: Exalmar y la minera Dominga.
“A la gente poco le importa el tema de la transparencia para definir su decisión electoral. Si es que fuera por eso, Piñera no estaría marcando nada en las encuestas y hoy día aparece como el favorito”, aseveró Morales. Sin embargo, el analista adjudicó la baja a un aumento de la competencia en la carrera presidencial, especialmente por la aparición de candidatos de la centro derecha.
Para Fuentes, en tanto, la baja de Piñera se debe a que, ante la inminente primaria que deberá enfrentar el ex Presidente en Chile Vamos, ha hecho que éste adopte “un discurso bastante conservador, y yo creo que esa posición de no centrista, sino más a la derecha, eventualmente podría restarle votos a favor en la opinión pública”.
“Una vez superada esta barrera y ordenada la derecha, él va a tratar de dialogar con el votante de centro y por lo tanto buscar moderar su discurso”, añadió.
¿Las cuatro esquinas o los tres tercios?
Varios han señalado un cambio en el panorama electoral de este año en comparación con los comicios anteriores. En ese sentido, el senador Andrés Allamand habla de unas elecciones de “cuatro esquinas”, en las que se encontrarían los dos bloques tradicionales de la Nueva Mayoría y Chile Vamos, pero además enfrentados al Frente Amplio y a Ciudadanos, a los que se le sumarían los nuevos disidentes de la DC.
Sin embargo, para Fuentes el escenario actual sería más bien de “tres tercios” más de que de “cuatro esquinas”. “Yo veo la vuelta al tradicional debate de los tres tercios en la política chilena, con una derecha más conservadora, con un centro político que puede estar siendo disputado por Guillier y Carolina Goic, y con una izquierda que va a estar representada por Beatriz Sánchez”, aseguró.
En tanto, Morales expresó que “es un retroceso de los partidos tradicionales que componen las dos tradiciones, pero queda por verse si es que esto se va a replicar para las elecciones presidenciales y legislativas, porque en la última elección de alcaldes y concejales las dos coaliciones predominaron por sobre el 80% de los votos”.