Panel habla sobre contingencia política
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, los panelistas Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la U. Diego Portales y Max Colodro, analista político y profesor de la U. Adolfo Ibáñez conversaron acerca de las declaraciones realizadas al diario La Tercera por parte del ex presidente Ricardo Lagos.
Partidos, caudillos y clientelas: ¿vivimos una crisis de representación en Chile?
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Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Se trata de partidos que funcionan sobre la base de pequeñas máquinas de poder definidas por controladores, usualmente hombres, de Santiago y que poseen recursos económicos suficientes para pagar las cuentas de luz y agua y la gestión administrativa de las tiendas políticas. Sociodemográficamente, la militancia tiene una composición mayoritariamente masculina y de mayores de 50 años. Como se trata de estructuras que administran poder, ellas han tendido a cerrarse y no a abrirse para capturar nuevos segmentos de la sociedad.
Durante mucho tiempo, los estudios respecto del sistema de partidos en Chile destacaron la estabilidad e institucionalización de estos. A mediados de los 90, Scott Mainwaring y Timothy Scully definían un índice de institucionalización que mostraba a Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Venezuela como los países con mayores niveles de institucionalización de la región. La institucionalización de los partidos –longevidad de los partidos, la volatilidad electoral, etc.– se asoció con estabilidad del sistema: a mayor institucionalización, mayor estabilidad.
Pero la caída del sistema de partidos en Venezuela, cuatro años después de ese prominente estudio, llevó a los autores a cuestionarse tal diagnóstico. Se criticó la forma en que se medía “institucionalización”, pero también se problematizó la asociación causal entre institucionalización y estabilidad, dado que sistemas de partidos fuertemente institucionalizados podrían colapsar.
Nuevos estudios comenzaron a explorar otras dimensiones del sistema de partidos. Además de observar si los partidos estaban institucionalizados –es decir, si perduraban–, se analizaron tres dimensiones adicionales: la raigambre social o el vínculo partidos-sociedad; los vínculos programáticos/no programáticos de las tiendas políticas con sus electores; y la estructura de financiamiento de los partidos.
Para el caso de Chile, se concluyó ya a mediados de la década del 2000 que teníamos un sistema de partidos con fuerte institucionalización, pero con baja raigambre social, donde los partidos establecían vínculos no programáticos con sus electores y con una estructura de financiamiento que dependía totalmente de los grandes grupos empresariales.
Si antes de 1973 los partidos efectivamente canalizaban demandas sociales hacia el Estado, hoy observan una desconexión con las organizaciones territoriales. Se produjo un proceso de progresiva “oligarquización”.
Por diversas razones, se generó una adaptación de los partidos no vinculada con las circunstancias sociales sino más bien con la administración del aparato público y de los intereses empresariales.
Tres dinámicas se observan en los partidos: a) pérdida del vínculo con organizaciones territoriales sociales (puesto de modo simple, los partidos dejaron de interesarse por tener presencia en organizaciones sociales –salvo contadísimas excepciones, como la CUT, el Colegio de Profesiones y algunas otras organizaciones gremiales–); b) organización de la estructura partidaria a partir no de pugnas programáticas sino que de caudillos que manejan la máquina interna o que tienen incidencia en las decisiones en forma personal (surgen el “gutismo”, “escalonismo”, “piñerismo”, “girardismo”, “allendismo”, “los coroneles” –no es la disputa de las ideas lo que ordena las lógicas poder, sino que individuos con nombre y apellido que tienen o quieren acceder al poder–), personalización que se reproduce a niveles regional y local; c) los partidos pierden capacidad de producir ideas (las fuentes de las definiciones programáticas progresivamente se dan fuera de los partidos y no al interior de ellos).
La consecuencia se hace evidente: se trata de partidos que funcionan sobre la base de pequeñas máquinas de poder definidas por controladores, usualmente hombres, de Santiago y que poseen recursos económicos suficientes para pagar las cuentas de luz y agua y la gestión administrativa de las tiendas políticas. Sociodemográficamente, la militancia tiene una composición mayoritariamente masculina y de mayores de 50 años. Como se trata de estructuras que administran poder, ellas han tendido a cerrarse y no a abrirse para capturar nuevos segmentos de la sociedad.
No es que los partidos estén en una crisis terminal, pues las cifras muestran que las instituciones políticas aún movilizan a sus clientelas. Lo que demuestran las cifras es precisamente aquello: los partidos sobreviven basados en el sostenimiento de una lógica de funcionamiento heredada y que, parece ser, no es capaz de abrirse a un nuevo entorno social. Así, los partidos representan a segmentos específicos de la sociedad. Movilizan a sus audiencias más leales. No se abren a cautivar nuevos segmentos de la sociedad.
Esta lógica es lo que explica las resistencias de estas estructuras a adaptarse a las nuevas condiciones sociales. Pese a que la sociedad demanda mayor transparencia, participación democrática e inclusión de sectores históricamente discriminados, los partidos se resisten en su mayoría a incluir minorías indígenas, incorporar mujeres en posiciones de poder y realizar ejercicios de democracia efectiva para renovar cuadros de representación popular. Las pasadas elecciones primarias, que abarcaron solo al 27% de los municipios del país, son un reflejo de ello.
No es que los partidos estén en una crisis terminal, pues las cifras muestran que las instituciones políticas aún movilizan a sus clientelas. Lo que demuestran las cifras es precisamente aquello: los partidos sobreviven basados en el sostenimiento de una lógica de funcionamiento heredada y que, parece ser, no es capaz de abrirse a un nuevo entorno social. Así, los partidos representan a segmentos específicos de la sociedad. Movilizan a sus audiencias más leales. No se abren a cautivar nuevos segmentos de la sociedad.
La crisis de representación del sistema de partidos se refiere entonces a que los partidos políticos en Chile dejaron de ser un espejo de la sociedad en su conjunto, pasando a convertirse en un espejo de un grupo significativamente menor. Cambios institucionales, como el establecimiento del voto voluntario, incentivaron a que los partidos sigan haciendo lo que solían hacer, pues basta que ellos movilicen a su grupo más leal para mantenerse en el poder.
¿Existe solución para este problema de representación? Una opción es la solución endógena, esto es, que desde los propios partidos surjan iniciativas para reconectarse con el conjunto de la sociedad. La aprobación de leyes recientes en parte podría ser interpretada de este modo. Sin embargo, varias de las iniciativas aprobadas reforzarán la lógica de partidos que responden a ciertos “nichos”.
Propuestas muy relevantes que cambiarían los incentivos de la política no fueron aprobadas. Por ejemplo, establecer el voto obligatorio; proveer transporte público gratuito el día de la elección (para reducir el acarreo); y permitir el voto por lista (para estimular el voto programático y no el nominal, como hoy ocurre).
Un segundo camino es el cambio exógeno, esto es, que surjan nuevos movimientos políticos que desafíen el statu quo y que con una visión programática de largo plazo renueven el sistema político.
La historia de Chile muestra que –en el largo plazo– los partidos en el poder han sido desafiados por fuerzas políticas que se organizan para disputar poder. Usualmente han sido los hijos de la élite quienes se han organizado para desbancar a sus padres. Muy probablemente tendremos que esperar que estos hijos e hijas se organicen para desafiar a sus padres.
Ahora bien, si aquellas fuerzas no emergen de alguna parte (desde o fuera de las élites), muy probablemente observaremos una progresiva y lenta erosión del sistema de partidos tal cual lo conocemos hoy.
Debate Constitucional
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La ruleta rusa de la gratuidad
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Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como pasajeros a la espera de un bus del Transantiago que nunca se sabe cuándo llegará, los estudiantes no saben si podrán acceder a la gratuidad porque no ha sido definido cuál será la línea de corte y porque no está claro qué instituciones podrán acceder al beneficio.
La forma en que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha intentado materializar su promesa de gratuidad en la educación superior se parece al juego de la ruleta rusa. Con cada traspié en el diseño del nuevo sistema varía el universo de los estudiantes que podrán estudiar sin tener que endeudarse ni depender de becas indexadas a un arancel de referencia. La improvisación con que el gobierno está diseñando la política pública más simbólica de su cuatrienio permite anticipar que cuando comience la implementación de la gratuidad a partir de marzo de 2016, los obstáculos que siempre son mayores que en la etapa de diseño, harán que la promesa de gratuidad se convierta en un Transantiago de proporciones nacionales y mucho mayores que la desastrosa puesta en marcha del sistema de transportes en la Región Metropolitana en 2007. Después de todo, a diferencia del Transantiago, la promesa de gratuidad involucra al sueño más preciado en la sociedad chilena, la movilidad social.
Nadie pone en duda que ha reinado la improvisación en el diseño del plan para materializar la promesa de gratuidad en la educación superior. Después de un cambio de ministro en educación, el gobierno apostó por introducir la gratuidad en forma de glosa presupuestaria antes que enviar una ley que creara reglas claras para decidir quiénes se beneficiarían y cuáles serían los requisitos. Pero ya que el Tribunal Constitucional objetó el mecanismo que el gobierno introdujo en la ley de presupuesto, La Moneda ahora debe improvisar nuevas reglas para hacer que la gratuidad se convierta en realidad parcial a partir de enero de 2016 (en dos semanas más), cuando se inicie el proceso de postulaciones una vez que se conozcan los resultados de la PSU.
Tan mal se han hecho las cosas, que el senador oficialista Ignacio Walker reconoce que en el gobierno “sigue habiendo mucha improvisación y desprolijidad”. Las discrepancias al interior del oficialismo son cantinflescas. Mientras el gobierno considera la idea de asociar el acceso a la gratuidad a los años de acreditación de las universidades, varios parlamentarios prefieren empezar por las universidades estatales o las del CRUCH (clasificaciones que no agrupan a la misma cantidad de instituciones). La prensa ha reportado, por filtraciones de funcionarios de gobierno, que la propia Presidenta Bachelet se molestó cuando supo que en el más reciente plan de Hacienda quedaban fuera algunas universidades estatales. La molestia de Bachelet evidencia tanto lo desconectada que está la Presidenta con las decisiones clave que toman sus ministros como la poca claridad que tienen sus ministros para saber las prioridades de su jefa. Basta con haber seguido por la prensa la discusión sobre la gratuidad para adivinar que la Presidenta Bachelet prefiere otorgar prioridad a las universidades estatales que a los alumnos de los sectores más vulnerables.
En buena medida, los conflictos al interior de la coalición oficialista responden a que la gratuidad significa cosas radicalmente distintas para distintas posturas ideológicas. Para algunos, la gratuidad se debe centrar en los alumnos más vulnerables. Para otros, la gratuidad debe primero evitar beneficiar a universidades que lucren. Los dos principios no son perfectamente compatibles. Muchos alumnos vulnerables estudian en instituciones de educación superior que lucran. Por eso, mientras el gobierno no especifique cuál es el objetivo primordial de la gratuidad, la confusión seguirá reinando. Es cierto que se puede inferir cuál es la prioridad de Bachelet, pero también es evidente que sus prioridades no son las mismas que las de su ministro del Interior o del titular de Hacienda.
Desafortunadamente, mientras reina la confusión en el gobierno sobre cuál es el objetivo de la gratuidad (alumnos vulnerables o instituciones), hay decenas de miles de alumnos afectados por la incertidumbre. Como pasajeros a la espera de un bus del Transantiago que nunca se sabe cuándo llegará, los estudiantes no saben si podrán acceder a la gratuidad porque no ha sido definido cuál será la línea de corte y porque no está claro qué instituciones podrán acceder al beneficio.
Como si todo esto no fuera suficiente incertidumbre, la forma en que se implementará la paridad afectará directamente a los presupuestos de las instituciones educacionales beneficiadas y excluidas. La capacidad de esas instituciones de ofrecer educación de similar calidad (buena o mala) a la que actualmente ofrecen depende de los recursos con los que cuenten en 2016. Como para demostrar que cuando la regulación es inadecuada, el Estado hace más daño que el causado por las asimetrías de mercados imperfectos, el gobierno decidió convertir la promesa de gratuidad en una ruleta rusa en la que hoy están participando decenas de miles de estudiantes que no saben cuál será su destino cuando les toque apretar el gatillo del financiamiento de su educación superior.
¿Cómo recobrar confianzas?
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