Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Hubo valiosas reacciones frente a mi columna sobre el carácter clasista y centralista del proceso constituyente. Me voy a referir a las críticas argumentativas más que a la discusión normativa o ideológica que a veces deslinda con la histeria y la desesperación ante un fracaso evidente.
En primer lugar, se dice que el sesgo de clase en el proceso constituyente no dista de lo que sucede en las elecciones locales o nacionales. Incorrecto. En la última elección local el porcentaje de participación en las comunas del sector socioeconómico más alto de la Región Metropolitana duplicó a la participación de La Pintana. En la primera vuelta presidencial, en tanto, en Providencia votó el 52.3%, mientras que en La Pintana lo hizo el 40.1%. La brecha sigue siendo alta. Sin embargo, en este proceso constituyente Providencia pesa 15 veces más que La Pintana. Por tanto, el sesgo ha aumentado ostensiblemente.
En segundo lugar, se me critica el hecho de comparar la participación de las primarias PDC para alcaldes y concejales en 67 comunas con la participación del proceso constituyente. Se argumenta que son dos métricas distintas. Concedo este punto. No son comparables por lo siguiente. Las primarias del PDC se hicieron con financiamiento mínimo, sin campaña, sin propaganda, con una marca desprestigiada que terminó con la renuncia de su presidente, y en un partido que ha perdido más de un millón de votos desde 1989. En cambio, el proceso constituyente ha tenido inyección directa de recursos del Ejecutivo -casi 2 mil 900 millones de pesos según la DIPRES-, con amplia cobertura de prensa, con un Consejo de Observadores, y con ministros claramente comprometidos con dicho proceso. Por tanto, es cierto que son procesos distintos y no comparables. La primaria del PDC se realizó en condiciones paupérrimas, mientras que el proceso constituyente se ha desarrollado con recursos del Estado. Para algunos, la primaria PDC es distinta porque se elegían candidatos, lo que generaba mayor movilización. Mi respuesta es que en el proceso constituyente se definen -según sus propios promotores- los contenidos de la nueva Constitución. Por eso mismo, el proceso debiese ser ampliamente movilizador. Eso no ha sucedido. Resta señalar que para ambos casos el contexto de desafección y desaceleración económica ha aplicado de igual manera.
En tercer lugar, se me critica el hecho de trabajar con datos a nivel comunal y no con datos individuales. Acá no hay solución. Los datos están a nivel agregado. No obstante, las encuestas -datos individuales- muestran que el interés de los sectores bajos en el proceso constituyente es 10 puntos menos que en el resto. Eso es lo que señala la última encuesta Adimark. No entiendo por qué Adimark excluye la pregunta más importante y que refiere a si el encuestado ha participado o no de un encuentro local. Con eso se despejarían varias dudas. Es cierto que pueden existir encuentros locales en mayor proporción en Santiago, Providencia y Ñuñoa y que a esos encuentros vaya gente de comunas periféricas. Cuesta pensar, eso sí, que una persona de San Ramón, San Bernardo o La Pintana pague un pasaje e invierta una hora y media en viajes para ir a un encuentro local. ¿No sería más fácil que la elite de las comunas acomodadas vaya a la periferia y organice ahí los encuentros?
En cuarto lugar, se estima que una participación de 100 mil personas -que es la cifra que se espera alcanzar de aquí al final de esta etapa del proceso- es un buen volumen. Si bien es difícil ponerse de acuerdo respecto a qué es alta o baja participación, me parece que un 0.6% no es una cifra para festejar. Por algo desde algunos partidos y desde el propio gobierno hay interés en aumentar el plazo para realizar encuentros locales. Sería insólito que así sucediera.
En quinto lugar, se dice que si se eliminaran del análisis las comunas más ricas, no habría sesgo de clase. Mi respuesta es que si elimináramos Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, se terminaría la desigualdad en Chile.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
En su discurso del 21 de mayo la Presidenta señaló que en el proceso constituyente- hasta ese momento- participaron más de 60 mil personas. Esa cifra hoy es mayor, bordeando los 70 mil. En https://www.unaconstitucionparachile.cl/datos se reportaron- hasta el mediodía de ayer- 7.760 encuentros locales, incluyendo 143 realizados en el extranjero. Sin embargo, el volumen de participación sigue siendo extraordinariamente bajo. Sólo como comparación, en las primarias del PDC para elegir candidatos a alcalde y concejal – un partido debilitado electoralmente y en un contexto de primarias sin recursos ni propaganda- la participación fue de 78 mil personas. Es más, esas primarias se realizaron en 67 comunas que representan aproximadamente el 35.5% de la población.
Al analizar el número de encuentros locales por comuna, la preocupación no sólo responde al bajo volumen, sino que también a su composición socioeconómica. Del total de encuentros locales, el 22.3% se ha realizado en las comunas de mayores ingresos, incluyendo a Vitacura y Las Condes. Las otras comunas son Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Santiago, Ñuñoa. Si ponderamos estas cifras según la población de 14 años y más estimada por el INE para 2016, en Providencia, por ejemplo, hubo un encuentro local por cada 372 personas, cifra que asciende en Santiago a 626, y a 701 en Ñuñoa. En Vitacura hubo un encuentro local por cada 693 personas y en Las Condes la cifra pasa a 900. En cambio, en las comunas con mayores niveles de pobreza de la Región Metropolitana las cifras, definitivamente, no acompañan. En La Pintana hubo un encuentro local por cada 5 mil 189 personas, mientras que en San Ramón el número aumenta a 4 mil 44. La cifra se dispara en Pudahuel, donde hubo un encuentro local por cada 6 mil 618 ciudadanos, pasando a 8 mil 157 en Renca.
Para ser justos, también hay comunas pequeñas que, dado su volumen poblacional, presentan altas tasas de participación. Por ejemplo, en O’Higgins se han realizado 2 encuentros locales. La población de 14 años y más estimada por el INE para 2016 fue de 536 personas. Es decir, hubo un encuentro local por cada 268 personas. Algo similar ocurre con Putre, Timaukel y Lago Verde. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, el sesgo de clase es evidente. Providencia, por ejemplo, pesa casi 11 veces más que San Ramón y 14 veces más que La Pintana en este proceso constituyente. Incluso, está muy por encima de Maipú, donde se realizó un encuentro local por cada 4 mil 719 personas, aunque algo más cerca de Puente Alto con una cifra de dos mil 544. Si bien es cierto que los resultados de este proceso son irrelevantes en términos institucionales dada su naturaleza no vinculante, no deja de sorprender tan marcado sesgo de clase. En especial, las cifras llaman la atención si pensamos que los promotores del proceso constituyente- los mismos que diseñaron el programa de gobierno- han insistido en su diagnóstico respecto a una ciudadanía politizada, polarizada y que demanda mayor participación.
Probablemente, sus esperanzas estén puestas en los resultados de la última encuesta Adimark, donde un 61% se mostró interesado en participar del proceso. El problema de aquello es que se confunde una actitud o predisposición con la real conducta de los ciudadanos.
Este sesgo socioeconómico del proceso constituyente- hay más encuentros locales en comunas ricas que en comunas pobres- convive con un sesgo territorial. Del total de encuentros locales, el 46.1% ha sido realizado en la Región Metropolitana, en circunstancias de que la RM concentra al 40.6% de la población de 14 años y más. Las regiones más sub-representadas son Bío Bío y Araucanía.
Todo esto lleva a pensar que el proceso constituyente no hace más que reproducir las brechas socioeconómicas y sociodemográficas de la representación. Acá se debiesen concentrar los esfuerzos a fin de lograr que en un proceso amplio y participativo- que fue la promesa inicial- se rompan las tradicionales barreras de acceso.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Analistas políticos intentan dilucidar la recurrente decisión de la Presidenta Bachelet de nombrar -salvo a Peñailillo en marzo de 2013- a militantes falangistas como jefes de gabinete, pese a la escasa sintonía política que ha tenido con ellos.
El miércoles pasado, la Presidenta Michelle Bachelet llegó por segunda vez, en lo que va de su gobierno, hasta el salón Montt Varas de La Moneda con el objetivo de nombrar un nuevo ministro del Interior.
La primera fue el 11 de mayo de 2015, cuando se concretó la salida de Rodrigo Peñailillo (PPD) -considerado como la persona más cercana a la Mandataria- y la llegada de Jorge Burgos (DC) al ministerio más importante del gabinete.
El nombramiento de su tercer ministro de Interior de este mandato, se suma a los cambios que realizó en esta cartera durante su primer gobierno. En ese entonces Bachelet tuvo tres titulares de Interior en cuatro años: Andrés Zaldivar, quien estuvo cinco meses; Belisario Velasco, que se mantuvo por 18 meses en el cargo y Edmundo Pérez Yoma, quien permaneció hasta el fin del Mandato.
Según señalan distintos analistas políticos, la alta rotación de ministros del Interior radicaría en su recurrente decisión de nombrar militantes DC. Salvo Peñailillo, los cinco jefes de gabinete que ha tenido a lo largo de sus dos gobierno pertenecen a la colectividad de calle Alameda.
Así lo cree el cientista político de la Universidad Diego Portales Mauricio Morales: “El gran problema de Bachelet es que le está dando espacio a la DC en el puesto de ministro del Interior en circunstancias que ese partido debiese participar más activamente de los ministerios sectoriales o simplemente quedarse con la Segegob o Segpres”.
En esta línea, Morales plantea que lo sucedido en su primer gobierno fue decidor, ya que nunca logró establecer un vínculo de real confianza con cada uno de sus ministros del Interior.
En este sentido, agrega que la DC jamás debió aceptar Interior. “Ya hubo una mala experiencia (…) no entiendo porque insistir en un diseño que solo trate malos resultados para ambas partes”..
¿Por qué recurrir a un DC? El periodista Javier Ortega, coautor del libro “Bachelet, la historia no oficial”, plantea que en su primer gobierno la Mandataria se vio obligada a nombrar ministros del Interior con militancia DC, a raíz de una imposición realizada por la entonces Concertación. “Cuando Bachelet asumió su primer mandato no era el gobierno de Bachelet, sino que era el gobierno de la Concertación. En ese momento no tenía el poder que tiene ahora”.
El periodista agrega que “sus confianzas políticas van muy de la mano con sus afectos, y Peñailillo era una persona que quería mucho, que contaba con absoluta confianza. Eso queda abajo cuando él se ve vinculado con la arista de SQM”.
Similar diagnóstico tiene el cientista político Kenneth Bunker: “Bachelet se dio cuenta de esto en el segundo gobierno y por eso nombra a Rodrigo Peñailillo, alguien mucho mas cercano, para así poder controlar un poco más el comité político”. Además agrega: “Cuando estaba Peñailillo, Bachelet prácticamente hacia lo que quería. Era distinto porque se llevaban muy bien”.
Otro de los factores que aparecen a la hora de analizar la dificultosa relación de Bachelet con sus ministros del Interior recae en el poder que tienen los integrantes de su segundo piso.
En su primera administración, Peñailillo era un jefe de gabinete absoluta confianza y complicidad con la Mandataria, razón por la que los ministros del Interior se vieron desplazados en términos de incidencia en las decisiones de Bachelet. En este gobierno, la actual jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, se ha convertido en la persona más cerca a la Mandataria en Palacio, especialmente tras la caída del propio Peñailillo.
La cientista política de Chile 21, Gloria de la Fuente, asegura que el problema que radica en la poca claridad que existe respecto del rol que tiene el segundo piso en los gobiernos de Bachelet. “El modelo es una especie de híbrido, y eso lo que genera es complicaciones y tensiones al interior del gobierno. No es ni un segundo piso super fuerte, oderoso al estilo Lagos, ni tampoco es un segundo piso que no exista”.
Así, la académica plantea que con la falta de definición respecto de los roles, se generan los roces ya conocidos.
Pese a esto, el futuro del nuevo ministro del Interior, Mario Fernández, podría ser distinto al de sus antecesores. Esto, explica el biografo de la Mandataria, a raíz de la buena relación que tiene con el secretario de Estado.
“De todos los ministros del Interior que ha tenido la Presidenta Bachelet que han sido demócrata cristianos, el que más ha conocido a la Presidenta es Mario Fernández, el fue su llave para trabajar como asesora de defensa en 1998”, afirma Ortega.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Decir que en Chile hay una crisis de representación terminal o que el modelo económico está cerca de derrumbarse es, derechamente, una mentira. No faltan los cientistas políticos y sociólogos que han augurado una crisis total de nuestra democracia. En esto los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, pues dan cobertura a ideas sin sustento empírico, lo que genera una realidad absolutamente torcida. Es fácil encontrar informes de centros de estudio o fundaciones- algunas pagadas por SQM- que alimentan el presunto estado de crisis. Si bien este diagnóstico ayuda a recolectar recursos o armar comisiones que definen qué es bueno y qué es malo, está muy lejos de aproximarse seriamente a los hechos.
La reciente encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP) constata algo evidente. Es cierto que en Chile existe una baja identificación con partidos y coaliciones. Sin embargo, a la hora de votar, más de la mitad lo haría por un candidato de la Nueva Mayoría o de la Alianza para distintos cargos de elección popular. ¿De qué “crisis” estamos hablando? Lo más llamativo es que estos resultados se dan en medio de una desaceleración económica, siendo el gobierno el principal culpable según los ciudadanos. Si se miran las cifras objetivas se constata que el 97% de los diputados fue electo en las dos listas tradicionales, porcentajes que varían al 90% en concejales, 94% en CORES y 85% en alcaldes. Los agoreros de la crisis sólo han mirado las percepciones, sin profundizar seriamente en otro tipo de evidencia.
Respecto al modelo económico, más del 43% se siente “ganador”, cifra que nuevamente sorprende en un escenario de desaceleración. Esta tendencia varía según nivel socioeconómico, pero las diferencias no son tan abultadas. El segmento medio-alto se siente ganador en un 45.7%, los del sector medio en un 45.5% y los bajos en un 38.9%. Resultaría esperable que en un contexto económico favorable estas cifras aumenten muy sustantivamente. Por cierto, estos datos no dan para celebrar. Es obvio que el modelo necesita correcciones, pero en ningún caso un derrumbe para partir de cero.
Al mismo tiempo, en cuanto a los apoyos a la democracia, la preferencia por este régimen político sobrepasa el 50%, aunque desde 2010 se ha producido cierto retroceso. Sin embargo, esto no ha ido de la mano con un incremento en los apoyos hacia un régimen autoritario. Si en 2013 la cifra era de 22.7%, en 2015 bajó a 16%. El cambio más relevante es el de los indiferentes frente al régimen político, que pasó de 14.7% en 2013 a 26.3% en 2015. Lo que sí se ha deteriorado muy significativamente es la satisfacción con la democracia, que es una dimensión distinta a los apoyos. Si en 2013 los satisfechos totalizaban un 48.2%, en 2015 esa cifra se desplomó a 14.3%. Tales resultados correlacionan con los niveles de aprobación presidencial y con la percepción económica. Por tanto, no necesariamente indican un déficit estructural de la democracia. Más bien, señalan problemas con su desempeño. Esto cobra sentido al observar las notas rojas que obtiene Bachelet en las trece áreas de gestión gubernamental. A esto se suma una percepción mayoritaria respecto a que los principales beneficiarios del gobierno de Bachelet es la clase alta (43.8%) y no la clase baja (20%).
Finalmente, respecto a la Constitución un 45.1% se inclina por redactar un nuevo texto, mientras que el 41.6% no quiere una nueva Constitución o prefiere reformar la actual. Por tanto, es un error asumir que todos los chilenos quieren una nueva Constitución. Esta idea estaba instalada debido a la incorrecta formulación de las preguntas en algunas encuestas. En general, se consultaba respecto al mecanismo que debiese utilizarse para diseñar la nueva Constitución, sin preguntar previamente si la persona era o no partidaria de ese camino. Otros sondeos, en tanto, sólo ofrecen como alternativa si se está de acuerdo o no con una nueva Constitución, inflando artificialmente las opciones “sí”. En cambio, la encuesta de la UDP ofrece las alternativas de manera desagregada (reforma, nueva Constitución, mantener la actual).
En consecuencia, los datos de la encuesta UDP no apoyan la tesis de una crisis terminal o de una decadencia del modelo económico. Las dos principales coaliciones siguen siendo mal evaluadas, pero- al parecer- son las únicas alternativas creíbles. Esto no quiere decir que en Chile se estén bloqueando los cambios. Gracias a la reforma electoral impulsada por el gobierno, es posible que el próximo congreso sea más variopinto y más representativo. Esto depende de los electores, y no de los autodenominados expertos.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La dura crítica al dictamen, publicada por el medio el domingo pasado, no mencionó que su controlador es un histórico financista de la política a través de este tipo de donaciones y que eventualmente podría verse salpicado por una investigación que ha dejado heridos en todos los sectores. Punto clave que, en opinión de distintos actores, es un conflicto de interés no resuelto que necesita ser transparentado.
La resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de exigir al Servicio Electoral (Servel) que identifique a los políticos que recibieron aportes reservados para sus campañas de parte del holdingCencosud, de propiedad de Horst Paulmann, de Quiñenco –empresa matriz del grupo Luksic– y de la sociedad anónima AntarChile, controlada por el grupo Angelini, encendió las alarmas en distintos sectores, que rechazaron la medida.
Este malestar tuvo tribuna en el editorial del domingo pasado del diario La Tercera, del grupo Copesa, que criticó duramente la decisión judicial e hizo un llamado a que los tribunales superiores de justicia la rectificaran, con el fin “de evitar que se tuerza el sentido de la ley y se viole la garantía dada por el legislador a quienes, de buena fe, confiaron en su intangibilidad”.
Según señalaba el medio, “lo más grave” es que se ordene a la entidad que dé a conocer el nombre de los candidatos y el monto de las donaciones que les fueron entregadas por estas empresas desde 2005, ya que “de aprobarse lo solicitado por el fiscal se violaría la reserva garantizada a las personas naturales y jurídicas, que, confiadas en esta disposición, aportaron a las campañas entendiendo que quedaban protegidas de las represalias u otros efectos que esa revelación pudiera causar”.
Lo que el editorial omitía es que la apertura de los aportes reservados a campañas políticas influye directamente en los intereses del dueño de Copesa, el empresario Álvaro Saieh, que a través de CorpBanca ha sido un asiduo donante de este tipo de aportes desde 2004, el primer año electoral en que empezó a funcionar este sistema.
De hecho, el acuerdo de fusión firmado en 2014 entre Corpbanca a Itaú, señala el compromiso de los accionistas a que CorpBanca haga “donaciones políticas a beneficiarios que serán propuestos y acordados con los accionistas y que serán consistentes con las prácticas pasadas de los últimos cuatro años”. El mismo acuerdo detalla que durante 2013 el grupo hizo aportes a la política por más de mil millones de pesos a través de CorpBanca, CorpBanca Corredores de Bolsa, CorpBanca Corredores de Seguros y CorpBanca Administradora General de Fondos.
Para el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, “es legítimo que los medios tengan líneas editoriales, sin embargo, en este caso y si el dueño de La Tercera realizó aportes reservados, sería muy conveniente para la opinión pública que se explicitara ese hecho, de modo que exista transparencia sobre la posición editorial y las acciones del dueño del diario”.
No solo eso: los negocios de uno de los hombres más ricos de Chile –que según Forbes 2015 ocupa el puesto número seis entre las 12 fortunas más grandes de Chile, lugar que comparte con el ex Presidente Sebastián Piñera– han aparecido vinculados a la entrega de dineros a campañas políticas bajo el mismo modelo de Penta. El 7 de noviembre del año pasado, el fiscal Carlos Gajardo envió un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII), en el queadjuntaba testimonios y facturas que mostraban que los pagos irregulares vinculados a campañas políticas también salpicaban a otras compañías. Entre ellas CorpBanca.
En esta conclusión fue clave el testimonio dado a la Fiscalía por Luis Chaparro Cavada en octubre de 2014, que entregó detalles del trabajo de asesorías que realizó mediante la consultora Pekadocapital, asegurando que el primer pago que recibieron fue por 10 millones de pesos, facturados a nombre de CorpBanca, pese a que nunca le prestaron asesoría al banco de Saieh.
Conflicto de interés
En opinión de un colaborador habitual de La Tercera, este editorial “es insostenible”, ya que considera que “hay dos problemas, uno legal y otro de carácter político. Efectivamente en términos legales tenemos un conflicto porque el sistema de financiamiento, bueno o malo, contiene una norma que se creó para precaver que la persona que recibe las donaciones pudiera saber a ciencia cierta quién se lo había donado y, paralelamente, permitía que la empresa donara con mayor tranquilidad, evitando estar expuesta. Entonces el juicio del juez efectivamente va contra esta norma legal, pero está amparado en otra norma legal que es parte de los gobiernos corporativos, que establece la obligación de proteger el patrimonio de las empresas, derecho que puede exigir cualquier accionista y en este caso lo han ejercido los minoritarios”.
El colaborador recalca que “en términos políticos, son varias las empresas que estos minoritarios han llevado a la justicia y, por lo tanto, es plausible pensar que Cencosud, así como las empresas de Luksic y los Angelini sean solo las primeras de una larga lista. En esa larga lista es sabido que Álvaro Saieh no solo ha participado activamente dentro del debate público, sino financiado iniciativas políticas. Y por lo tanto el no hacer un disclosure y poner este hecho antes de escribir el editorial, revela un conflicto de interés no resuelto. El editorialista de La Tercera tiene todo el derecho a escribir, pero no sin decir que el diario en cuestión, el grupo Copesa y el controlador, es una persona directamente involucrada en cómo se resuelve esta disputa en el futuro”.
Para el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), Claudio Fuentes, “es legítimo que los medios tengan líneas editoriales, sin embargo, en este caso y si el dueño de La Tercera realizó aportes reservados, sería muy conveniente para la opinión pública que se explicitara ese hecho, de modo que exista transparencia sobre la posición editorial y las acciones del dueño del diario”.
Además, sostiene Fuentes, “así como hoy día la sociedad chilena pide un estándar más alto a los actores políticos, al Poder Judicial y los distintos actores del Estado, también lo hace al sector privado. Y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad, así que, si no explicitas tus acciones y posiciones que defiendes, se genera un conflicto de interés”.
En tanto, el diputado Felipe Ward (UDI) señala “compartir el argumento de fondo de este editorial, así como opiniones similares que han dado otras personas en orden a que esa es la ley vigente en torno al secreto de los aportes reservados, incluidos los 2 millones de dólares que recibió la Presidenta. Modificar eso es modificar las reglas del juego, y las leyes no son retroactivas”.
Pero, aclara el parlamentario, “debe primar la prudencia en las personas o medios directa o indirectamente vinculados a la investigación a la hora de emitir juicios, considerando que pueden ser tildados de sesgados. Ese editorial en particular podría ser imprudente”.
El subdirector de la Fundación Ciudadano Inteligente, Rodrigo Echecopar, opina que “es legítimo que den su opinión, pero es importante que la ciudadanía conozca los intereses detrás. Debiesen haber incluido el conflicto de interés potencial y evidente, y que el dueño del diario haya sido uno de los que más haya utilizado este mecanismo de los aportes reservados”.
No es la primera vez que el grupo Copesa y sus medios asumen un rol a través de columnas y artículos en torno a debates que buscan definir la realidad nacional. Cuando estaba en plena discusión la gratuidad en la educación universitaria, la postura de sus medios fue de rechazo ante esta idea, pero en ningún momento se hizo presente que CorpBanca ha sido uno de los bancos que ha liderado la administración del negocio de Crédito con Aval del Estado (CAE).
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Luego de la ola de golpes de estado en América Latina, no fueron pocos los que sindicaron al presidencialismo como una de las causas de los quiebres democráticos. Dado que en esos análisis sólo se incluía casos de sistemas presidenciales, entonces se infería que las instituciones del presidencialismo dañaban estructuralmente la democracia.
Sin embargo la ciencia política ha avanzado en un debate distinto, sugiriendo que en realidad las caídas de la democracia no dicen relación necesariamente con el tipo de sistema político, sino que con las tradiciones autoritaritas y militares de los países. Dicho en otras palabras, las democracias caen por otros factores, menos por el tipo de sistema político, ya sea este presidencial, semipresidencial o parlamentario. Existen “cargas históricas” que determinan la sobrevivencia de la democracia. Por tanto es razonable pensar que fueron los países inestables y propensos a las dictaduras los que optaron por el presidencialismo, y no que el presidencialismo haya sido factor explicativo de los quiebres democráticos. La causalidad, por tanto, debiese ser re-examinada.
Es cierto que -en promedio- los países que implementan sistemas parlamentarios o semipresidenciales logran un mejor resultado en el índice de calidad de gobierno. La base de datos publicada por el departamento de gobernabilidad de la University of Gothenburg indica que el tipo de sistema político es un buen predictor del desempeño de los gobiernos. Sin embargo, y luego de descontar el efecto del producto interno bruto per cápita y de otras variables socioeconómicas, la diferencia se estrecha sustantivamente. En consecuencia, e incluso en términos de capacidades gubernamentales, los presidencialismos no corren con una desventaja tan evidente en comparación con otros sistemas políticos.
Muchas veces se asocia un sistema parlamentario con una alta calidad de gobierno debido a que gran parte de los países europeos -en especial las democracias industrializadas avanzadas- funciona bajo ese formato institucional. No obstante el sistema parlamentario –según la base de datos citada- también es utilizado por países como Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, Albania, entre otros, donde el índice de calidad de gobierno es sustantivamente menor.
Hoy se discute sobre un posible cambio al sistema político chileno. Se asume que presidentes impopulares podrían generar una crisis de gobernabilidad. No obstante, y siguiendo con el argumento anterior, la inestabilidad responde a otros factores. Entre ellos destaca la capacidad del presidente para ordenar su coalición y promover acuerdos amplios y mayoritarios. En un estudio de 1993, el cientista político estadounidense Scott Mainwaring sostenía que la combinación entre presidencialismo y multipartidismo era “difícil” (como si el resto de las combinaciones fuese “fácil”). Por tanto, una solución era avanzar hacia un sistema parlamentario, o simplemente establecer un sistema electoral de mayoría, facilitando así que el Presidente obtuviese un contingente legislativo que le permitiera llevar a cabo su agenda de gobierno.
Sin embargo, Chile ha funcionado con un sistema presidencial y con un sistema proporcional para elegir a los congresistas. Es cierto que el binominal era el menos proporcional de los sistemas, pero igual promovió la presencia de siete partidos relevantes en el Congreso. La combinación entre presidencialismo y multipartidismo, por tanto, ha sido perfectamente viable en Chile, lo que se ha hecho mediante la construcción de coaliciones duraderas. Es falso sostener que las instituciones chilenas no han sido capaces de enfrentar o procesar situaciones de estrés. Los que defienden esta tesis ignoran la resistencia de nuestra democracia frente a las amenazas de Pinochet (con acuartelamientos y boinazos de por medio), de los ciclos económicos desfavorables, de intensas jornadas de protesta y de presidentes impopulares.
Es una buena noticia que nuestros representantes estén evaluando un cambio al sistema político, pero parece razonable que antes de pensar en aquello, se estudie en detalle si los problemas de desempeño gubernamental son responsabilidad del tipo de sistema político, o simplemente responden a la incapacidad de presidentes y partidos para alcanzar acuerdos que hagan más eficiente la gestión de los gobiernos.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
El Senado acaba de aprobar en primer trámite constitucional la pérdida del escaño para aquellos senadores, diputados, alcaldes, CORES y concejales que hayan violado las normas sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. Lo extraño de todo esto es que aún no conocemos cuáles serán efectivamente esas normas de transparencia. Se dejó para más adelante la idea de incluir al Presidente de la República en este sistema de sanciones. Al parecer, la fuerza del presidencialismo chileno no conoce límites. Puede ser que un CORE electo en la circunscripción provincial de Capitán Prat donde votan poco más de 1720 personas sea sancionado, mientras que un Presidente siga en su cargo a pesar de haber violado la norma.
El CORE más votado en Capitán Prat obtuvo 407 votos. Su gasto declarado ante el Servel fue de 2.013.110 pesos, el más alto para dicha zona. El segundo CORE electo en esa circunscripción obtuvo 386 votos y gastó 575 mil pesos. El límite de gasto establecido por el Servel para Capitán Prat fue de 17.994.230. Con estos datos, entonces, el CORE que más gastó ocupó sólo el 11.2% del límite de gasto. La primera pregunta es obvia: ¿será necesario establecer límites de gasto tan altos? Una medida prioritaria, antes de estar discutiendo sobre la pérdida de escaño, es definir de manera muy clara los nuevos límites de gasto electoral. Según la ley 19.884, para la elección de CORES el límite de gasto se calcula tomando como base 700 UF (17,5 millones aproximadamente) para luego aumentar ese límite en función del número de electores. ¿No será más fácil definir esos montos considerando sólo el volumen de electores o, incluso, de votantes en cada división electoral?
Desafortunadamente, y dado el desorden legislativo producto de la histeria colectiva en torno a la crisis de los partidos, se está legislando de manera apresurada. En un afán casi enfermizo por “mayor transparencia”, los partidos están contra la espada y la pared. Algunos exigen re-inscribir a toda la militancia, hacer público ese padrón, y otros más osados quieren imponer el principio de “una persona, un voto”. Ninguna de estas medidas generará por sí solas mejores partidos. De hecho, cada partido tiene su propio sistema electoral donde los cargos pueden ser electos de manera indirecta. Dado que los sistemas electorales producen distorsiones, difícilmente todos los partidos podrían respetar ese principio de “una persona, un voto”. Luego, la re-inscripción de los militantes es una medida absolutamente innecesaria. Bastaría con que el Servel lleve un registro sistemático y creíble. Muchos señalan que los partidos que no cumplan con estas exigencias no tendrán acceso a recursos públicos. Esto es, por decir lo menos, incorrecto. Los partidos se juegan la vida en las elecciones. Son los ciudadanos los que evalúan periódicamente a ese partido, no los reformistas que se creen depositarios de una superioridad moral para decretar qué es bueno y qué es malo para los partidos.
Finalmente, la idea de mayor democracia interna no tiene asidero empírico. Hay partidos cerrados exitosos y partidos abiertos que también lo son. ¿Desde cuándo la democracia interna es un requisito para el éxito?, ¿qué pasa si un partido llega a consenso para nominar una directiva nacional?, ¿se va a sancionar a ese partido por lograr acuerdos? Luego, para otros la democracia interna se asocia con primarias. ¿Quién podría sostener seriamente que las primarias son el “mejor” mecanismo para seleccionar candidatos? En un reciente artículo escrito con Carlos Cantillana y Gonzalo Contreras del Observatorio Político-Electoral de la UDP demostramos que las primarias que hizo la Concertación en 2012 para elegir a sus candidatos a alcalde no se tradujo en mayor participación para la siguiente elección local y que sólo mejoró marginalmente la elegibilidad de los ganadores.
Mucho cuidado entonces. Antes de promover reformas pro-transparencia sería bueno conocer en detalle las normas que rigen la competencia partidista y promover cambios que vayan en la dirección correcta y no en detrimento de los partidos que, alicaídos y todo, mantienen el monopolio de la representación.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El director de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, hace una buena evaluación del envío y la tramitación de los proyectos sobre transparencia y probidad, aunque advierte que hay algunas recomendaciones que hizo la comisión Engel -de la cual fue integrante- que no se han visto reflejadas en las iniciativas.
¿Cómo evalúa el estado de avance de esta agenda?
El gobierno ha enviado proyectos de ley en materias directamente relacionadas con el informe que entregamos. Son más de 20 iniciativas legislativas las que se han enviado, además de los aspectos administrativos. Desde ese punto de vista, hay un compromiso realizado que se puede medir respecto de la cantidad de proyectos enviados, y sobre las medidas administrativas impulsadas, que es en lo que más se ha avanzado. Dicho eso, creo que la discusión particular ha tenido matices en el Congreso.
¿A qué matices se refiere?
Creo que se ha avanzado en ámbitos de probidad, y el Congreso está dispuesto a cambiar algunos ámbitos del propio Congreso. Hay buenos ejemplos, como las comisiones externas de Ética y el avance en algunos proyectos vinculados a probidad, la declaración de intereses y varios otros. Pero donde veo más complejidades es en el tema de la ley de financiamiento a los partidos políticos, donde hay recomendaciones que hicimos nosotros que ni el proyecto del gobierno ni en la discusión parlamentaria se han incluido.
¿Como cuáles?
Por ejemplo, recomendamos que la entrega de recursos a los partidos políticos se tenía que condicionar a que cumplieran con un estándar de transparencia y de democracia interna. Eso hasta el momento no está reflejado ni en el proyecto de ley del gobierno ni en la discusión parlamentaria. Segundo, no se ha incluido la idea que propusimos de la reinscripción de militantes en los partidos. Esta reinscripción fue bastante “aguada” en la indicación del gobierno, por lo tanto, no hay un mecanismo que certifique la transparencia respecto a este proceso. Y tercero, sobre la democracia interna de los partidos: el principio de un militante un voto no está ratificado en el proyecto, por lo tanto los partidos podrían reinterpretar lo que significa la democracia interna de cualquier modo. Por lo tanto, eso también es, en mi opinión personal, problemático en el proyecto de ley.
¿Qué le parece la disposición de los parlamentarios para tramitar esta agenda?
En general hay una disposición buena de los parlamentarios, primero, a acoger los temas y a discutirlos. Mis aprensiones tienen que ver con proyectos que los afecten a ellos directamente. Hay que ver hasta qué punto se van a ver iniciativas como los proyectos de los partidos políticos y del financiamiento de la política, que garanticen niveles de transparencia altos. Sin embargo, ellos ya crearon una comisión de probidad, están discutiendo los temas, está avanzando la legislación, y por lo tanto, en este sentido hay una disposición a aprobar los proyectos.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Las expectativas generadas por el cónclave encabezado por la Presidenta Bachelet tienen más que ver con un golpe emotivo que con un nuevo trazado de ruta. Tal como en el camarín los jugadores se gritan y se alientan antes de salir a la cancha, el cónclave tuvo como objetivo unir a la Nueva Mayoría tras un proyecto común. Por ese lado, el cónclave cumplió con su tarea básica: solidarizar en períodos de crisis.
Esta instancia se desarrolló en un ambiente poco alentador para el gobierno. Esto no sólo por el aumento de la desaprobación registrado en la encuesta Adimark, sino que también por el incremento de la polarización. Prácticamente tenemos una reedición de los tercios: partidarios del gobierno, partidarios de la oposición e indiferentes. Por otro lado, cayeron atributos muy importantes para un Presidente, como la credibilidad y el respeto. Para cerrar, se produjo un deterioro significativo en el desempeño del gobierno en áreas sensibles como empleo y economía. En consecuencia, se ha producido la peor combinación de todas: Presidente impopular, gobierno que no une sino que polariza, mala evaluación de la gestión económica.
Todo lo anterior hace pensar que el cónclave funcionó más como un grupo de autoayuda que como un giro en la estrategia del gobierno. Lo positivo, eso sí, es que -como grupo de autoayuda- contribuyó a fidelizar a moderados y extremistas. El problema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Las reformas siguen siendo mal evaluadas por los ciudadanos, tanto así que, en promedio, cerca del 20% cree que al finalizar el gobierno habrán mejorado las condiciones laborales de los trabajadores, la educación, igualdad, inversión y crecimiento.
¿Qué hacer después del cónclave? Como he señalado en columnas anteriores, los errores de diagnóstico elaborados por la intelectualidad de izquierda son imperdonables. Cuando todo el mundo hablaba de una crisis generalizada del modelo, fuimos pocos los que sostuvimos una hipótesis alternativa, afirmando -con base empírica, por cierto- que el país venía creciendo a niveles razonables y que los chilenos demandaban mayor igualdad y fin a los abusos. En ningún caso esto podía interpretarse desde una óptica refundacional. La izquierda, en tanto, se inclinó por esta alternativa, generando un programa desmesurado y expectativas casi imposibles de satisfacer. Los resultados están a la vista. El precio lo estamos pagando todos los chilenos.
Reafirmo mi tesis de que la Presidenta debe seguir el sentido común. En la crisis de 2008 su mensaje fue muy claro: guardé en período de vacas gordas para repartir en períodos de vacas flacas. A eso se le sumó una importante reforma previsional. Hoy, nada de eso existe. La Presidenta no tiene en qué respaldarse para justificar sus dos primeros años de mandato. Lo que debiese hacer -contra todo el credo intelectual- es volver a sus orígenes. En lugar de la exaltación, debe primar la mesura; en lugar de la polarización, debe primar el acuerdo; en lugar de la refundación, debe anteponerse el interés nacional. Cuando a la gente se le pregunta por cómo mejorar el país pensando en que el Chile fuese su casa, el 75% dice que lo ideal es repararla donde corresponda, ampliarla o hacerla crecer. Sólo un 25% quiere derribarla y partir desde cero. Esto es lo que debe entender la Presidenta.
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.
Durante el primer año en el poder, los partidos de la Nueva Mayoría lograron pasar una serie de proyectos de ley que ensalzaron a la coalición como la más poderosa desde la vuelta a la democracia. Nunca hubo un gobierno que tuviese tantos votos en el Congreso, y que pudiese legislar sin el visto bueno de la oposición.
Hoy la situación es radicalmente distinta. Muchos sugieren que la exitosa coalición se derrumba en cámara lenta. Dicen que la voluntad de los partidos para coalicionar en la elección de 2013 ya no existe. Indican que la tortuosa relación entre los dos partidos extremos -la Democracia Cristiana y el Partido Comunista- es la principal culpable. Sobran razones para pensarlo.
Hace algún tiempo, el líder fáctico de la DC, Gutenberg Martínez, advirtió que la Nueva Mayoría no era más que un acuerdo político-programático con fecha de caducidad, generando el primer oleaje de rumores. Hace una semana, el presidente del PC, Guillermo Teillier, amenazó con abandonar la coalición e incluso salir a la calle a protestar si el gobierno renunciaba al programa.
Manejar la relación política entre ambos partidos ha probado ser una tarea compleja. La líder de la coalición, Michelle Bachelet, ha tenido que dar y quitar para mantener a ambos partidos en la coalición. En el primer año, la Presidenta privilegió al PC, implementando una agenda progresista. Pero hace poco dio un vuelco hacia la DC, moderando las reformas y adoptando una perspectiva “realista”.
Este complejo vaivén es lo que sugiere el eventual quiebre. Es difícil pensar que el poder se pueda distribuir pendularmente, entre la DC y el PC, de forma estable. No sólo es ineficiente gobernar de forma progresista un año y de forma moderada el próximo, sino que es un método de gobierno ineficaz si se pretende lograr metas a largo plazo.
Ahora bien, aunque los rumores de quiebre de la Nueva Mayoría son fundados, también hay razones para pensar que la coalición podría seguir adelante. La interacción entre el sistema electoral y el sistema de partidos mantiene los incentivos para formar coaliciones. Incluso, lo más probable es que en las próximas elecciones existan más partidos y más coaliciones que nunca antes.
Ergo, la pregunta relevante es: ¿cuál será la distribución de los partidos en coaliciones a la izquierda del centro? Hay al menos tres escenarios plausibles. El primero es que la Nueva Mayoría se mantenga intacta y repita la alineación titular de 2013. El segundo escenario es que la DC compita por sí sola en el centro, y el tercer escenario es que el PC se desprenda hacia la izquierda.
Entre estos tres escenarios, la opción de mantener la alineación titular de la Nueva Mayoría es la más probable. Caballo que gana repite. Al fin y al cabo, los partidos han logrado pasar reformas importantes, y los problemas parecen ser solucionables. Las disputas entre las cabecillas tienen más forma de bluffs para ganar tiempo y espacio para fijar la agenda de la coalición.
Pero el escenario de la DC en el centro también tiene sentido. Principalmente porque significaría volver a su lugar natural. Dado que el partido fue fundado en el centro, sería una decisión que las elites podrían fácilmente explicar a los militantes. Además, tendría sentido que los partidos más progresistas de la actual coalición operaran desde su propio nicho.
El tercer escenario es que el PC siga su propio camino. Tiene sentido, pues con el nuevo sistema electoral ya no tendrán la misma dificultad para acceder al Congreso. Podrán fácilmente mantener a sus seis diputados sin la necesidad de tener que transar sus principios ideológicos. Asimismo, la DC junto a los socialistas podrán retomar el pacto que los hizo la coalición más exitosa de los noventas en la región.
En definitiva, si bien los rumores de un quiebre en la Nueva Mayoría tienen fundamentos, en ningún caso sería un quiebre total. En el peor escenario uno de los partidos extremos abandona el buque. Incluso, si cualquiera de los dos lo hace, la Nueva Mayoría tendría más coherencia de la que tiene hoy. Es decir, se transformaría en una verdadera coalición progresista, o volvería a sus raíces.
Fabián Urrutia, sociólogo y académico del Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales
Señor director:
Recientes eventos de notoriedad pública han fortalecido el discurso que establece que la delincuencia es mayor que antes, que los ataques son más violentos y que el Estado no ha hecho nada para cambiar esta realidad.
La delincuencia es un problema y tiene consecuencias que pueden ser traumáticas para sus víctimas. Es necesario poner en perspectiva la evolución y características que tiene este fenómeno, así como las consecuencias de pensar que la única solución es el encarcelamiento. Las dos principales encuestas de victimización en Chile son el Indice Paz Ciudadana, de la Fundación Paz Ciudadana, y la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior. Mientras la primera muestra estabilidad en la victimización (aunque en 2014 evidenció el nivel de victimización más alto de los últimos 15 años, un 43,5%), el segundo muestra una fuerte disminución desde el 43% de 2003 al 25% de 2014. Por lo tanto, discusiones metodológicas más o menos, se puede afirmar que la victimización se ha mantenido estable.
Las principales víctimas de la delincuencia no viven en los barrios del último “cacerolazo”, sino en las comunas más pobres de las grandes urbes. La delincuencia se enmarca en un fenómeno más general de violencia que azota sus relaciones cotidianas y de la cual no se escapa con más cárcel; ahí el circuito de violencia no se interrumpe, sino que se fortalece y se extiende al exterior de nuevas formas.
Por lo tanto, si bien es necesario mejorar la política de seguridad pública, también se debe incluir una perspectiva más comprensiva que entienda que la delincuencia es la manifestación de un amplio entramado de violencia necesario de atacar a través de educación y políticas culturales e inclusivas.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Dado que la aprobación presidencial está en su nivel más bajo y el gobierno se encuentra en el denominado “terreno de las pérdidas”, es el momento de hacer una jugada riesgosa. El cambio de gabinete, a excepción de Burgos, ha resultado en un total y absoluto fracaso. La vocería no existe o, al menos, es timorata, insegura, lenta y torpe. En Segpres el caso de Insunza, en tanto, demostró que el poder de pequeñas camarillas y grupillos que operan de manera independiente de los partidos, puede generar serios e irreparables problemas. Ha sido conmovedora la reacción de Jaime Quintana frente a los casos de Peñailillo e Insunza.
Valientemente ha reconocido que en la situación de la Segpres su partido no fue consultado. En el fondo, está aceptando que la Presidenta lo ha ignorado y que eso en parte explica los magros resultados del Gobierno. De igual forma, no son pocos los que han señalado que Peñailillo prácticamente se “arrancó con los tarros”, lo que amerita una investigación respecto al “nivel de vida” que llevaban los personeros de la G-90 del PPD. Al parecer, ese nivel de vida no se condecía con su nivel real de ingresos. Sin embargo, y en honor a la justicia, Quintana reconoció públicamente el tremendo aporte de Peñailillo para poner fin al sistema electoral binominal, uno de los enclaves más odiosos de la dictadura.
En este contexto, la aprobación llega a un mínimo histórico según Cadem-Plaza Pública. En la segunda vuelta de 2013, Bachelet totalizó poco menos de 3,5 millones de votos, que representan aproximadamente un 25% de toda la población en edad de votar. Bachelet, por tanto, ya está viendo permeado su electorado más duro, lo que amerita una decisión radical. El momento económico tampoco ayuda. Sólo un 30% califica la situación del empleo como buena o muy buena, mientras que más del 60% cree lo mismo pero respecto de la situación de las empresas. O sea, la percepción de desigualdad es evidente. Por último, un 63% cree que el país va por mal camino.
¿Qué hacer, entonces? La Presidenta debe llamar a Francisco Vidal a la vocería y a José Miguel Insulza a la Segpres. Es la única opción. Ya no hay tiempo para ponerse creativos, pues el próximo año hay elecciones municipales y si la Nueva Mayoría tiene un mal resultado, entonces se abrirán serias posibilidades para que la Alianza se quede con la presidencial de 2017. Es acá donde la Presidenta debe refugiarse definitivamente en los partidos y jugar una opción riesgosa, pero paradójicamente segura. Es riesgosa porque implica reponer a antiguos concertacionistas en el poder, lo que pondrá en entredicho el mensaje de la renovación. Pero es segura, porque tanto Vidal como Insulza son prenda de garantía de una buena gestión. Para la Presidenta es mucho más fácil cargar con la mochila de la no renovación, que con un gobierno deficiente de principio a fin.
Vidal le dará a la vocería lo que Díaz nunca podrá entregar: personalidad, valentía y seguridad. Insulza, por su parte, traerá otros atributos centrales para el buen gobierno: orden, disciplina y lealtad. La combinación de estos atributos dará espacio para que la Presidenta pueda reinaugurar en serio su segundo tiempo. El tridente Burgos-Vidal-Insulza debiese, al menos, contener la caída en la popularidad y empujar el carro hacia un terreno político más fértil. Este cambio también se traducirá en el ingreso definitivo de los partidos, haciéndolos co-responsables del éxito o fracaso del Gobierno. Los tres partidos más grandes de la Nueva Mayoría se sentirán debidamente representados, sin perjuicio de las diferencias entre las tendencias internas. Pero en este momento, la Presidenta no está para preocuparse de pequeñeces. Hoy más que nunca requiere del respaldo de tres hombres fuertes que saquen adelante algo que ya parece una verdadera pesadilla.
Camilo Escalona ha dicho tres cosas reveladoras. Primero, que la Asamblea Constituyente era lo más parecido a fumar opio. Afortunadamente para él, ese camino ya está descartado al menos en este Gobierno, y por tanto Escalona tiene buenas razones para celebrar. Su problema es que a nivel interno recibió una contundente paliza por parte de Isabel Allende. Segundo, acusó a la Fundación Chile 21 de haber financiado sistemáticamente la campaña de Marco Enríquez-Ominami en 2009, contribuyendo al quiebre de la coalición y a la derrota presidencial de ese año. En tercer lugar, ha criticado a la presidenta de su partido por defender el sistema de precampaña utilizado en la candidatura de Bachelet.
Escalona ha señalado que ese tipo de actividades asociadas a la elaboración programática, puede confundirse con la recaudación irregular de fondos. Para ser justos, todos los candidatos debiesen reconocer que hacen precampaña no sólo para armar equipos, sino que también para recaudar dinero. En 2013, por ejemplo, Escalona declaró un gasto superior a los 289 millones para la elección senatorial. El 63% de todos sus ingresos correspondieron a aportes reservados. Es difícil pensar que tal volumen de recursos haya sido recolectado sólo en el período de campaña.
La conducta de Escalona está fracturando al PS. Fuera de denunciar una verdadera máquina de apoyo a Enríquez-Ominami a través de SQM para las presidenciales 2009, está afirmando que la precampaña de Bachelet fue personalizada -probablemente irregular- y no institucionalizada en los partidos de la Nueva Mayoría. Con esto no hace más que seguir enterrando de cabeza a Peñailillo, y de paso horquillar a la presidenta de su partido. Escalona no perdona lo que a su juicio fue un intervencionismo del Gobierno en la elección interna del PS.
Esta división del PS ha afectado la gestión de Bachelet. Parecen convivir dos almas del socialismo. Mientras Aleuy intenta imponer el orden tanto en la calle como en el gabinete político -ahora en mancuerna con Burgos-, el vocero Marcelo Díaz -personero particularmente cercano a Enrique Correa- va de tumbo en tumbo. Cuesta encontrar en la historia reciente una vocería tan lenta, errática, dubitativa, falta de autoridad y desleal. Esto último no sólo por desconocer abiertamente la precampaña, sino que también por deslindar toda responsabilidad en Peñailillo, uno de los artífices de importantes reformas para Chile.
Adicionalmente, la vocería es de tal irrelevancia, que el ministro Insunza ha salido a desmentir a Díaz en más de una ocasión. Para Insunza las precampañas existen, mientras que para Díaz la historia recién comienza desde que Bachelet tocó suelo chileno en marzo de 2013. Insistiendo en la estrategia del “goteo,” Díaz se ha hecho parte de lo que más rechazan los ciudadanos: que se les trate como interdictos o incapaces de percibir la mentira. El “goteo” comenzó con el caso Caval, seguido del proceso constituyente, del que poco a poco nos hemos enterado, para finalizar con la precampaña.
En lugar de reconocer lo obvio, el vocero ha optado por esconder una verdad más que evidente. Cómo se debe extrañar a Elizalde en Palacio. Si bien su labor consistía en comunicar y no defender al gobierno, Díaz no cumple ninguna de las dos funciones. Es el candidato número uno a salir prontamente del gabinete en la cartera que tiene la mayor rotación. En promedio, los voceros duran 18 meses, mientras que el resto de los ministros dura poco más de 26 meses en el cargo.
La guerra está declarada. El próximo año será aún más crítico, pues el PS debe tomar la decisión histórica de seguir junto a la DC en un pacto para la elección de concejales, o simplemente fortalecer un polo de izquierda junto al PPD y al PC. La crisis del PS debe ser tomada con atención. En 2016 defenderá 269 concejales y 30 alcaldes que aproximadamente gobiernan al 10,5% de la población. Sería una muy mala noticia para la democracia chilena una división del PS, pero la historia nos ha enseñado que estas cosas pueden ocurrir.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral establece que el período de campaña presidencial abarca desde la declaración de candidaturas hasta el día de la elección, totalizando 90 días. En todo ese período se contabiliza el gasto. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del PS han señalado fechas incorrectas, que van desde los 30 días (período en que se inicia la propaganda) hasta los dos meses.Por tanto, si dos importantes representantes no conocen las reglas del juego, ¿qué se le puede pedir al ciudadano común y corriente? ¿Están nuestros diputados y senadores en condiciones de calcular su gasto en campaña -e incluso opinar sobre este tema- si no tienen clara las fechas de inicio y término del período?
Despejado el punto, ¿qué se entiende por precampaña? La precampaña es el conjunto de actividades que realizan los candidatos antes de oficializar su postulación ante el Servel. Esto implica -entre otras cosas- la constitución de equipos y la generación de ideas para el programa de gobierno. ¿Hay algo de malo en aquello? No. Sin embargo, el ministro Díaz insiste en esconder lo evidente: la precampaña es connatural a toda candidatura, salvo situaciones excepcionales como la de Matthei en 2013, que por razones de fuerza mayor debió asumir en reemplazo de Longueira. Las precampañas pueden hacerse a través de los medios de comunicación (Parisi), marchas o manifestaciones ciudadanas (Jackson, Cariola, Vallejos), primarias de partidos (Orrego), asambleas de partidos (Gómez), o incluso convocando a expertos para que discutan sobre el futuro programa (Piñera).
Por lo anterior, es absurdo pensar que sólo una vez que el político ha declarado sus intenciones de ser candidato, entonces arme las ideas de su programa y los equipos de apoyo. Por ejemplo, en el caso de Bachelet, ella anunció su candidatura a fines de marzo de 2013. ¿Eso implica que nadie trabajó con ella previo a esa fecha para avanzar en un programa? ¿Significa que nadie colaboró con ella para decidir la competencia en las primarias de la Nueva Mayoría?
Las candidaturas para la primaria presidencial se inscribieron a inicios de mayo de 2013. La ley establece que la campaña se extiende desde los 60 días antes de la elección, siendo los últimos 30 días para la propaganda. Para esa primaria el límite de gasto sobrepasó los 923 millones de pesos. En la Nueva Mayoría, Bachelet gastó 621 millones de pesos, Velasco 213 millones de pesos, Orrego 217 millones de pesos y Gómez 14 millones de pesos. Por la Alianza, Longueira sobrepasó los 885 millones de pesos, mientras que Allamand superó los 400 illones de pesos. De acuerdo al número de votos obtenidos, Bachelet “pagó” 392 pesos por voto, Velasco 869 pesos, Orrego 1.148 pesos, Gómez 129 pesos, Longueira 2.137 pesos y Allamand 1.028 pesos. De los montos señalados, los aportes reservados representaron un 51% en el caso de Bachelet, 64% en Velasco, 83% en Orrego, 0% en Gómez, 80% en el caso de Longueira, y 68% en Allamand. ¿Esto significa que los candidatos recién comenzaron a recolectar recursos al momento de declarar sus candidaturas? Lo más seguro es que no. Parte importante de esos recursos fueron solicitados con antelación. Es decir, durante la precampaña.
Todo lo anterior lleva a una conclusión muy clara. La precampaña es una muestra de seriedad de los candidatos, que preparan su programa y constituyen equipos con la debida antelación. Los trabajos que ahí se realizan pueden ser voluntarios, bajo la expectativa de que si el candidato gana, entonces -muy legítimamente- ese funcionario tendrá un puesto en el nuevo gobierno. Otra cosa es el financiamiento de esa precampaña. No todos los cercanos a un candidato tienen el dinero para trabajar meses ad honorem en el programa, o para realizar actividades que implican una inversión de tiempo. Seguramente, esas actividades deberán ser remuneradas de alguna manera. El problema es el mecanismo. Dado que en 2013 los partidos no contaban con financiamiento estatal permanente, la única forma de apoyar estas actividades era recurriendo a la ayuda de privados. Así de simple.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Producto de los escándalos político-empresariales de reciente data, los actores políticos han propuesto limitar la reelección de senadores por una vez (16 años de ejercicio), y a diputados por dos veces (12 años de ejercicio). Se sostiene que esta simple medida permitirá renovar a las élites políticas y evitar la eternización en el poder. No obstante, el debate parece guiarse más por la premura de legislar en algo que es popular, más que por un ponderado estudio de las contradicciones que implica esta norma.
El debate se ha hecho desde la premisa que existiría una suerte de apernamiento de todos los legisladores en ejercicio y que esta circunstancia se viene dando desde 1990 a la fecha. Aquello no se sustenta en los datos. En la Cámara de Diputados sólo seis de ellos (5%) se mantienen desde el retorno a la democracia. Ninguno de los senadores actuales mantiene su cargo en forma continua desde 1990. Cuando consideramos la carrera política (legisladores que han sido diputados, senadores o la secuencia de ambos en forma ininterrumpida) vemos que son 14 legisladores, es decir, un 9% del conjunto de legisladores. Otro dato decidor es que la Cámara de Diputados tiene una tasa de renovación de cerca de un 40%, esto es, entre 45 o 48 diputados son nuevos en cada legislatura.
Entonces, el problema no es la renovación de caras (que de hecho se da en forma habitual). El problema es otro muy distinto y se asocia con la falta de renovación en el tipo de representación. Cambia el Congreso pero continúa representando a los mismos intereses políticos y sociales. De ahí que percibamos que en cada elección “es más de lo mismo”. Establecer un límite a la reelección no resolverá el problema de la renovación de la representación. Mucho más efectivo sería democratizar los partidos y los mecanismos de selección de candidaturas. Aquello tendría un impacto significativamente superior a limitar la reelección.
Los efectos negativos de este límite tampoco han sido discutidos. Cuando un legislador está en su último período en su distrito, lo que hará será comenzar a buscar alternativas laborales o de continuación de su carrera política. Se produce así un problema de desvinculación con sus representados en el período final de su mandato, fenómeno que ha sido ampliamente estudiado para el caso de legislaturas estatales en Estados Unidos.
Otro efecto también estudiado por la literatura es el debilitamiento de las capacidades técnicas de las legislaturas cuando existe una cláusula de este tipo. Y como los vacíos de poder son llenados, el Ejecutivo se verá robustecido vis a vis el Congreso.
Así, manteniendo todas las condiciones iguales, como seguramente sucederá, considero que es un error limitar la reelección porque sólo provocará renovación de caras pero no del tipo de representación, debilitará las capacidades del Congreso y generará efectos negativos para el vínculo representantes-electores. No todo lo popular es bueno, ni todo lo bueno es necesariamente popular.
Aunque los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian, la Presidenta Bachelet removió el escenario político. Serán las 72 horas donde todo estará sujeto a la especulación y las negociaciones. Es seguro que saldrá el ministro de Interior, lo que también implicará reequilibrios en el equipo político. Acá se notará la fuerza de los partidos frente a una mandataria que sólo marca un 31% de aprobación, y con atributos que poco a poco se van deteriorando. En menos de diez días, la Presidenta ha dado tres importantes noticias: recepción, análisis y propuestas legislativas para probidad y transparencia, inicio del proceso constituyente, y cambio de gabinete. En diez días ha hecho más anuncios que en diez meses.
Todos los presidentes han ajustado sus equipos. Aylwin lo hizo a finales de septiembre de 1992, sacando- entre otros- a Ricardo Lagos, quien competiría en la primaria presidencial. Frei hizo su primer gran cambio a seis meses de iniciado su mandato, modificando casi la totalidad de su equipo político. Lagos, en tanto, enfrentó el primer gran ajuste en enero de 2002, instancia en que Bachelet pasó de Salud a Defensa, a lo que se sumaron cambios en Segpres, Segegob, Transporte y Mideplan. La propia Bachelet se decidió por un cambio de gabinete el 15 de julio de 2006 y en medio de las protestas estudiantiles, destacando la salida de Andrés Zaldívar en Interior. Finalmente, Piñera optó por hacer cirugía mayor en su gabinete en enero de 2011 y en el contexto de protestas sociales en Magallanes, sacando a los ministros de Energía, Transporte, Trabajo y Defensa.
El cambio más significativo para Bachelet será el de Interior. La salida de Peñailillo- el ministro que fue capaz de sepultar el binominal- implicará un profundo dolor para la Presidenta, pero descomprimirá el ambiente en el gobierno. No cabe duda que Peñailillo pasará a la historia como el “galán rural” que hizo frente a una elite tradicional que no le dio respiro desde que estallara el escándalo de las boletas. Esa elite fue muy dura con él, aplicando una vara totalmente distinta en comparación con otros casos. Esta elite se protege de tal forma que resulta imposible ser parte del juego. Peñailillo fue su nueva víctima, aunque colaboró harto debido a la carencia de un argumento sólido para explicar la situación. Lo particular del caso- eso sí- es que los espolonazos vinieron desde el PS, el partido ideológicamente más cercano al PPD, y su socio natural si se piensa en una alianza de izquierda. Bachelet saldrá con la cabeza de Peñailillo en la mano. Como en todo rito político, habrá un sacrificio público. Naturalmente, la decisión de Bachelet respecto a los nuevos nombres que integrarán su equipo dará para especular sobre el rumbo refundacional o gradualista del gobierno. Dependiendo de quién tome las banderas de Interior, será más o menos fácil deducir hacia dónde camina su administración. Cuesta encontrar figuras más leales y comprometidas con el programa que Peñailillo, por lo que la Presidenta deberá jugársela por un nuevo rostro, o simplemente ir a la segura y recurrir a la vieja guardia concertacionista. De ser así, el sacrificado no sólo será el ministro, sino que también el programa.
En otras palabras, Bachelet deberá optar entre la retroexcavadora más furibunda y fanática, y la gradualidad, orden y moderación que le ofertan los más añosos, y que supuestamente saben gobernar.
Como era de esperarse, mayo no será un mes tranquilo para el gobierno. La Presidenta pensó que el anuncio del proceso constituyente torcería la agenda desde el acoso ciudadano y periodístico hacia la clase política por el uso de malas prácticas, a un debate de mayor envergadura. No obstante, la realidad le dio un nuevo portazo. Sólo queda esperar que este cambio de gabinete contribuya a tres cuestiones básicas. Primero, terminar con el goteo de información sobre boletas o trabajos no realizados. Segundo, que la agenda del gobierno se concentre en la administración y gestión de los problemas ciudadanos, más que insistir en el espíritu refundacional. Tercero, que ordene a los partidos de la Nueva Mayoría. El tiempo del fuego amigo ya terminó. Las municipales están a la vuelta de la esquina, y por tanto, Bachelet debe retornar a su reducto natural: la gente y la calle.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Definitivamente, la Presidenta y su gobierno están optimistas. Hay que tener harta personalidad para abordar un proceso constituyente en medio de una profunda crisis de confianza y con sólo un tercio de la aprobación ciudadana. Además, se aprovechó una instancia destinada a enfrentar los escándalos políticos para tirar el tejo más allá de lo esperado. De todos modos, esto no debiese sorprender. La Presidenta siempre se ha inclinado por forjar una nueva Constitución. Para algunos miembros del Consejo esto debe haber caído muy mal. Legítimamente pueden sentir que la Presidenta usó a la Comisión como un simple trampolín para reforzar su programa inicial. El riesgo que está corriendo Bachelet es altísimo. Se la está jugando con la propuesta que genera más división en los partidos de la Nueva Mayoría.
Esta decisión tiene una importante cuota de racionalidad. Un gobierno con baja aprobación y bombardeado sistemáticamente por distintos escándalos, no tiene nada más que perder. En una situación como ésta, sólo queda jugársela por la opción más temeraria y que representa el todo o nada. Si parte de su propio sector se niega a impulsar el proceso constituyente, Bachelet se habrá ganado una nueva llamarada del fuego “amigo”. Pero la Presidenta fue astuta. No ofreció Asamblea Constituyente ni un cheque en blanco al Congreso para redactar la nueva Carta Fundamental. Lo dejó todo en suspenso, logrando trasladar el eje de la discusión desde los escándalos al proceso constituyente.
Otro problema no menor es que la Presidenta da por hecho que los chilenos no quieren la actual Constitución. Es cierto que algunas encuestas muestran una opción de este tipo, pero lo razonable sería consultar o plebiscitar el texto vigente antes de avanzar en un proceso constituyente. Por cierto, para dar de baja la actual Constitución se requiere de una mayoría absoluta de todos los habilitados para votar. Es decir, aproximadamente 7 millones. En la segunda vuelta de 2013, Bachelet no llegó a los 3.5 millones. Ahí hay un desafío grande. La Presidenta no puede eludir esta fase. Y si vota poca gente, implica simplemente que no existe interés por impulsar un cambio de este tipo. Una cosa es la predisposición o las inclinaciones de los ciudadanos, y otra muy distinta es la conducta. Si Bachelet cree que hay una opción ampliamente mayoritaria por cambiar la Constitución, no debiese temer a que la ciudadanía- eventualmente- le dé un portazo. Total, en la interna del PS ganaron los “fumadores de opio”, lo que permite seguir avanzando con el programa.
La siguiente cuestión relevante es que la Presidenta, aparentemente, no hará un cambio de gabinete en el corto plazo. El hecho de haber anunciado el inicio de un proceso constituyente implica la confirmación de su equipo. Hay pocos hinchas más furibundos de la nueva Constitución que Rincón, Peñailillo y Elizalde. Por ahora, Bachelet parece renunciar a tirarle la cadena a su equipo y, en la práctica, intenta inaugurar el segundo tiempo de su mandatocon el mismo elenco. Ahora, los ministros ya tienen la hoja de ruta y eso les permitirá trabajar en condiciones algo más favorables.
¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Parte de las propuestas del Consejo serán discutidas en el Congreso. Ahí se va a cortar el queque. El informe del Consejo toma en cuenta varias sugerencias que ya están en distintos proyectos de ley, por lo que parte de la discusión ya está avanzada. No obstante, si siguen apareciendo casos de boletas ideológicamente falsas o eventos de financiamiento ilícito de campañas, la realidad le estará dando una nueva bofetada al gobierno. La llave del éxito no la tiene -por ahora- la Presidenta. La única forma de alcanzarla es administrando bien el país, mejorando las condiciones de vida de la gente, aumentando el empleo y controlando la inflación. Eso producirá un aumento en la aprobación presidencial, que es el verdadero chaleco antibalas de los mandatarios frente a la eventual oposición del Congreso.
En el último tiempo hemos visto a una serie de figuras públicas pedir perdón. Una palabra que nos es familiar desde niños, pero que la ciencia está estudiando hace sólo un par de décadas. Los resultados dan luces de los beneficios, las verdades y mitos de la sicología detrás de las disculpas. Una lectura obligada para los políticos en estos días.
Este ha sido el año de pedir perdón. Partió el senador Iván Moreira en enero cuando reconoció el uso de boletas de terceros para financiar su campaña. Y a medida que se han ido conociendo las investigaciones de Penta, Soquimich y Caval, hemos visto a varios personajes públicos y políticos haciendo lo mismo. Ha habido disculpas individuales, como Pablo Wagner a la UDI, y en grupo, como las de distintos dirigentes de partidos políticos. Se le ha pedido perdón a la ciudadanía (Sebastián Dávalos, quien además renunció a su cargo en la presidencia), a los propios empleados (Andrónico Luksic en el Banco de Chile) y hasta a la suegra (Natalia Compagnon).
En estos cuatro meses es uno de los momentos en que más hemos visto a los poderosos usar esa palabra. La misma que nos enseñaron a decir desde niños, y de mala gana, cuando lastimábamos a un hermano, esa que está asociada a las religiones, y que muchos familiares víctimas de la dictadura todavía quieren escuchar.
Pero aunque creemos que conocemos el perdón, la investigación científica sobre él es reciente. Comenzó en el hemisferio norte en 1989 cuando terminó la Guerra Fría y los países enemigos tuvieron que aprender a conciliar. En ese momento el perdón, explica Everett Worthington, sicólogo de la Universidad Virgina Commonwealth y uno de los principales especialistas en esta materia, se volvió un tema obligado. Sin embargo, el estudio se aceleró en 1998 cuando la Fundación Templeton en Estados Unidos, que financia investigaciones en “las grandes cuestiones de la vida”, comenzó a entregar recursos para indagarlo.
¿Y qué es el perdón? Los más de mil investigadores que lo estudian no se ponen de acuerdo. En general lo definen como un acto social en donde, más que pedir, el acto principal es recibir ese perdón, renunciar al derecho de castigar a quien ofendió y disminuir la ira. Según Worthington, existen dos formas de perdonar. La primera nace de una decisión, cuando una persona deja de buscar revancha o evitar a quien lo agravió y lo empieza a tratar de una forma diferente, sin esperar nada a cambio. La segunda es emocional: se reemplazan los sentimientos negativos como el rencor, la ira y la ansiedad por la empatía y compasión y el que está perdonando empieza a sentir sentimientos positivos hacia quien lo ofendió.
En lo que sí hay consenso entre los investigadores es que el perdón es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra y que trae múltiples beneficios incluso para la salud física, siempre y cuando sea sincero.
El perdonazo
No siempre perdonamos o pedimos perdón sólo por altruismo o para reconciliarnos. Según un estudio del Grupo de Investigación del Perdón de la Universidad de Brock en Canadá, nos disculpamos principalmente porque nos sentimos avergonzados, por el qué dirán, para evitar el castigo, para mantener la relación que se tiene con el otro, por justicia y en el caso de los creyentes, porque Dios así lo pide. La sicóloga Kathryn Belicki, que lidera ese centro, explica que cuando se trata de perdonar hay fundamentalmente nueve razones: el deseo de preservar la relación, la empatía hacia el infractor, porque el otro se disculpó y también el factor religioso. Pero hay otras más egoístas como sentirse mejor, evitar las consecuencias sociales (como ser presionado para perdonar), la conveniencia y hasta para demostrar superioridad moral.
Pero también influye quién es la persona a la que hay que perdonar y la cultura en que vivimos.
¿Perdonó usted a Iván Moreira? ¿Confía en las disculpas de Natalia Compagnon, Pablo Wagner o los líderes de los partidos? Según las investigaciones, nos cuesta más creer y recibir las excusas de los personajes públicos que las de nuestros cercanos, aun cuando los conocidos nos hayan herido más. “En las relaciones cercanas hay más que perder, como la relación en sí. En el plano colectivo no hay un vínculo de pasado con esa figura”, explica Jorge Manzi, sicólogo social de la UC y quien ha realizado estudios acerca del perdón colectivo en Chile.
La confianza también es un elemento clave al momento de aceptar las disculpas y Chile tiene bajas tasas de confianza, lo que les pone la pista pesada a los arrepentidos: “Esta carencia disminuye el impacto de las disculpas. Puede ser percibido como manipulación”, agrega Manzi, quien también es director de MIDE UC.
A eso se suma que en Chile la cultura del perdón colectivo, por los años de dictadura, ha sido compleja. Manzi recuerda que en 1999, cuando participó en la Mesa de Diálogo se habló de verdad, de justicia, de reparación, pero poco de perdón. “En Chile hubo una negación de los que estuvieron asociados a los hechos. Todos decían que eran víctimas y eso hizo que el perdón no tuviera espacio, porque para que exista tiene que haber un convencimiento personal de que se cometió un acto impropio. Algo que no existía en esa época”, asegura.
Por su parte, Tony Mifsud, sacerdote jesuita y parte del grupo del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado, dice que no basta con pedir perdón. La Iglesia Católica siempre ha hecho hincapié en la penitencia, es decir, que además del arrepentimiento también debe haber un propósito de enmienda. La clave, dice Mifsud, está en los gestos, en mostrar cambios, algo que, según él, se ha perdido: antes si en un ministerio se descubría cohecho, el ministro, aún cuando no era culpable, renunciaba, porque era responsable políticamente. Ahora eso ya no ocurre. “Si el perdón va a ser barato, es decir, sólo la palabra y quedar donde mismo, la desconfianza empeorará y aumentará la falta de credibilidad. Al país no le conviene avanzar hacia allá”, asegura. “En la sociedad chilena se necesita reinstalar la capacidad de responder por los propios actos y omisiones. Y asumir las consecuencias prácticas de ello”, dice por otra parte Eva Hamamé, doctora en filosofía de la Universidad Diego Portales y co-investigadora junto al fallecido Humberto Giannini de un proyecto Fondecyt sobre el perdón.
Y así como nos cuesta perdonar a las figuras públicas, en la esfera privada somos más compasivos. “Las muestras de perdón tienen niveles medios altos, pero siempre moderado por distintas razones, como por ejemplo, el tipo de ofensa, las características de la relación o la personalidad”, dice Mónica Guzmán, académica de la Universidad Católica del Norte, quien ha estudiado el perdón en la pareja chilena. Explica, por ejemplo, que la infidelidad, por sobre el engaño y la mentira es lo que más cuesta perdonar. La personalidad, dice, también influye: los más empáticas y menos neuróticos y los más seguros de sí mismo tienden a perdonar más fácilmente. Pero cuando hay un conflicto y no hay disculpas de por medio, tendemos a evitar a la pareja. Nos cuesta acercarnos o volver a confiar. Eso sí, aclara Guzmán, son muy pocos los que optan por la venganza.
Lo bueno de perdonar
Un grupo de investigadores de Hope College en Estados Unidos, le pidió a distintas personas que pensaran en alguien que les había hecho daño: eso los hizo sudar más y les subió la presión. Worthington explica que como éste, hay varios estudios similares que muestran que el rencor puede crear trastornos relacionados con el estrés, problemas cardiovasculares y en el sistema inmunológico. Además, puede contribuir a la depresión, ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo o de ira y transformarse hasta en un problema de salud pública. “Perdonar reduce el estrés innecesario que se genera cuando le damos vuelta una y otra vez a las malas experiencias que no pueden ser cambiadas, además de impactar positivamente en los sistemas cardiovascular, nervioso y endocrino”, dice Frederic Luskin. Este investigador creó un sistema para enseñar a perdonar y ha recorrido el mundo enseñándolo. Hoy dirige el Proyecto del Perdón de la Universidad de Stanford, y uno de los resultados más conmovedores fue con madres víctimas de la violencia que por décadas experimentó Irlanda del Norte. El programa se ofreció durante una semana y tras un seguimiento de seis meses, las mujeres mostraron un 50 por ciento menos de estrés, un 40 por ciento menos de depresión y un 23 por ciento menos de ira.
El sicólogo de la Universidad de Wisconsin Madison y uno de los pioneros en el estudio del perdón, Robert Enright, también diseñó un método, esta vez de 20 pasos, para aprender a perdonar. Lo probó con un grupo de hombres que estaban heridos porque sus mujeres se habían practicado un aborto. Tras 12 sesiones de 90 minutos, los participantes lograron reducir sus niveles de ansiedad, ira y dolor. “La terapia del perdón es más eficaz que muchos otros tipos de terapia cuando el problema que presenta es el tratamiento injusto de los demás”, dice Enright.
La mitología del perdón
Pero por más beneficios que tenga, nos cuesta perdonar. Según los investigadores hay una serie de conceptos mal entendidos en torno al perdón que lo hacen más difícil. Por ejemplo, creer que al perdonar hay que retomar la relación con la persona que nos hirió como si no hubiera pasado nada. Loren Toussaint, sicólogo estadounidense que llevó a cabo un proyecto con gente de Sierra Leona, explica que “perdonar no significa que tenga que ser amigo de quien me hirió”. Worthington agrega que la reconciliación se trata de restaurar la confianza en la relación y que eso requiere una conducta de honestidad de a dos. El perdón, en cambio, es una experiencia individual, es decir, que para hacerlo ni siquiera es necesario que nos pidan disculpas.
Otro mito es que disculparse es sinónimo de olvidar. Ni el que perdona, ni el que pide perdón deberían hacerlo, explican los expertos. “Perdonar nunca es olvidar, sino más bien recordar el daño producido al otro, dolerse profundamente y arrepentirse”, explica la investigadora de la Universidad Diego Portales, Eva Hamamé. Perdonar tampoco es muestra de debilidad. Enright agrega que “el perdón, como la bondad, es una virtud moral en el que la persona tratada injustamente ofrece misericordia”. Y otra cosa muy importante es que así como no debilita a la persona, tampoco debería limitar la búsqueda de justicia y reparación. Worthington pone su propio caso como ejemplo. En 1996, a finales de año, un hombre entró a la casa de su madre y la mató con una barra de hierro. Hasta ahora nadie ha sido condenado por el hecho. “Yo perdoné a la persona que lo hizo. No se trata de no buscar justicia porque eso debilita la sociedad. La justicia es algo de la sociedad, mientras que el perdón era algo mío”, dice.
El mito más grande de todos, sin embargo, es que hay cosas imperdonables. Según los expertos, al menos, todo se puede perdonar, pero también dicen que este acto tiene sus propios tiempos y ritmos. Así es que no nos apuren.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Los mismos políticos que apoyaron el voto voluntario, hoy rasgan vestiduras por la restitución del voto obligatorio. Principalmente alojados a la izquierda del espectro ideológico, sostienen que la única manera de frenar la baja participación es obligando a que la gente salga a votar. Para ellos fue sorpresiva la caída de la participación a menos del 50% en la primera vuelta presidencial de 2013, y a poco más del 40% en la segunda vuelta. Como si la solución pasara por una rápida reversión institucional, creen que los problemas del país se resuelven llevando más gente a las urnas. Lástima que no hayan pensado lo mismo cuando se discutió sobre el cambio de régimen durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Ahí apareció la “izquierda progresista” con un discurso adosado a entender el sufragio como un derecho y no como un deber. Mala cosa.
¿Qué pasaría si restituyéramos el voto obligatorio? Ciertamente la participación aumentaría, posicionando a Chile en los primeros lugares del ranking latinoamericano. El problema es que, con toda seguridad, la votación nula y blanca ascendería más allá del 7% que se alcanzó en la elección de diputados 2013, y del casi 13% para la elección de Cores. Adicionalmente, las opciones populistas sí tendrían un fuerte caldo de cultivo en este escenario. Tales candidatos no sólo apelarían a la alta desconfianza institucional y a un discurso anti-elite que claramente identifica un enemigo, sino que además ese candidato- explotando sus atributos personales casi al nivel de salvación total- llamaría al “pueblo” a votar en contra de esa elite corrupta. A esto contribuiría un ambiente de deterioro en las reglas de accountability y a la debilidad de los políticos más tradicionales.
¿Puede surgir un candidato populista fuerte en Chile? Los populismos pueden aparecer tanto en sistemas de partidos debilitados como en sistemas hiper-institucionalizados. Incluso, lo pueden hacer en escenarios de estabilidad económica. Parisi, por ejemplo, capturó votantes jóvenes, con educación superior, pero cesantes. En este segmento, sus apoyos llegaron al 23%. Su discurso sobre las oportunidades y la meritocracia le hizo sentido a una porción no menor de electores. ¿Qué hubiese sucedido con Parisi en un escenario de voto obligatorio, con políticos desprestigiados y altos niveles de desconfianza en las instituciones? No tengo dudas de que su porcentaje de votos habría sido mucho mayor. ¿Es eso bueno para la democracia? No.
En cuanto a financiamiento de campañas, no son pocos los centros de estudio que quieren limitar la obtención de recursos casi exclusivamente a la esfera estatal. El problema es que la presión por gasto es mucho mayor a la estimada. Por ejemplo, a la Alianza -de acuerdo a los datos del Servel- cada diputado le costó 151 millones de pesos, mientras que a la Nueva Mayoría le salió por poco más de 81 millones de pesos. En el Senado, en tanto, a la Nueva Mayoría le costó 385 millones de pesos cada senador, cifra que sube a 861 millones de pesos en la Alianza. Todo esto calculado con los datos oficiales. Si creemos que estos datos están subestimados, entonces el costo por un escaño es sustancialmente mayor. ¿Existen recursos estatales que puedan equiparar estas cifras?, ¿es sensato colocar barreras a los aportes anónimos?, ¿qué sucederá con el nuevo sistema electoral donde competirán más candidatos y con límites de gasto superiores? Por ejemplo, en el distrito que agrupará a las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahuel, Colina, Lampa, Quilicura, Titil, el límite de gasto será -dependiendo del valor de la UF- de aproximadamente 730 millones de pesos.
Si se aprueba el proyecto del gobierno, esa cifra se reduciría cerca de 350 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? El límite de gasto es por candidato, no por partido. Entonces, si un partido con muchos recursos presenta cinco candidatos, y esos candidatos llegan al límite de gasto en el distrito, el partido no estará gastando 350 millones, sino que 1.750 (350*5).
Por tanto, hay que ser en extremo cuidadosos con los diseños institucionales. El cambio al binominal fue un gran paso, pero todo se irá al tacho de la basura si restituimos el voto obligatorio en el corto plazo y si no optamos por un buen sistema de financiamiento.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP.
La elección interna de la DC en 2013, entre Ignacio Walker y Aldo Cornejo, arrojó una participación cercana a los 23 mil 500 militantes. La primaria presidencial entre Ximena Rincón y Claudio Orrego convocó a casi 57 mil ciudadanos. En ambas existía cierto grado de incertidumbre respecto a la distancia entre el primero y el segundo. Esto no sucede con la elección interna que enfrentará la DC este domingo.
Todo indica que la lista oficialista encabezada por Jorge Pizarro ganará por amplio margen. A diferencia de la interna del PS, en la DC la elección causa escaso entusiasmo, y el gran desafío consiste en llevar a votar al mayor número de militantes posible. La tarea es difícil y sólo resta esperar que no se produzca ninguna clase de bochorno dada una eventual escuálida participación.
En el pasado, la elección interna de la DC era casi una primaria presidencial. Ser presidente del partido más grande daba ventaja a la hora de definir el candidato. Hoy la situación es muy distinta. Los años dorados de la DC no son más que un buen recuerdo. En 1992, por ejemplo, el partido llegó a gobernar a más de la mitad de los chilenos con sus 146 alcaldes. La DC obtenía un tercio de la votación y los identificados con el partido de acuerdo a las encuestas del CEP bordeaban el 35%. A eso hay que sumar una masa de concejales que casi llegaba a los 500, y una bancada de diputados que en 1993 era de 37. Si en 1992 la colectividad obtenía más de un millón 800 mil votos, en 2012 obtuvo poco más de 800 mil. A nivel de liderazgos, dentro de los 10 políticos mejor evaluados en las encuestas del CEP, la DC llegó a tener siete en la década de los ’90. Hoy sólo tiene uno: la ministra Rincón.
A pesar de este panorama, el partido que entrega Ignacio Walker está en mejores condiciones a como lo recibió. En la elección de diputados de 2009, la tienda política obtuvo poco más de 940 mil votos, mientras que en 2013 -y a pesar que el voto era voluntario- sobrepasó los 967 mil. Adicionalmente, aumentó su bancada de diputados de 19 a 21. En los comicios locales pasó algo similar. Si en 2008 los alcaldes de la colectividad gobernaban al 16% de los chilenos, en 2012 la cifra bordeó el 18%. En la elección de concejales 2012, en tanto, si bien se produjo una caída de 140 mil votos respecto a 2008, el porcentaje se mantuvo casi sin variación. Todo esto lleva a pensar en una buena evaluación para la gestión de Walker. Aunque su insistencia en los “matices” con el gobierno le costó más de un conflicto dentro de la DC, se negó a la sumisión frente a la izquierda. Cuando las marchas y protestas parecían dirigir los destinos del país, Walker puso la pausa y la mesura.
Las tareas para el próximo presidente del partido serán complejas. En primer lugar, deberá lidiar frente al cambio de gabinete que hará la Presidenta una vez que amaine la tormenta producida por los sucesivos escándalos. En segundo lugar, tendrá como tarea organizar las elecciones municipales de 2016, definiendo si la colectividad opta por una o dos listas de concejales. Si es lo segundo, habrá que determinar con qué partido armar el pacto. Está claro que a la DC le conviene la competencia en dos listas.
Al fracturar a la izquierda, el partido hace rendir más eficientemente sus votos, tanto así que si en 2012 hubiese competido en una sola lista, habría perdido cerca de 50 concejales. En tercer lugar, el próximo presidente del partido tendrá como tarea establecer el mecanismo de definición del candidato presidencial si es que emergen figuras relevantes. Por ahora, destacan la ministra Rincón (top ten en el CEP) y el propio Walker. Habrá que determinar si el mecanismo de selección del candidato es por aclamación o si se opta por las primarias. Sea como sea, la DC debe levantar una figura presidencial frente a la izquierda. De lo contrario, nuevamente será simple comparsa dentro del gobierno (si es que se gana la presidencial de 2017). Finalmente, el nuevo presidente debiese impulsar un congreso estratégico, restándole protagonismo a los congresos programáticos, que implican un desgaste innecesario y que poco efecto tienen en la ciudadanía.
Silva no aguantó más. Aunque siempre dijo que el partido tomaría medidas disciplinarias sólo cuando hubiese un pronunciamiento de la justicia, murió en el intento. Su renuncia descomprimirá el ambiente dentro del partido (en la medida de lo posible), pero pone en jaque la fuerza política de su coalición y, adicionalmente, cede ante las presiones de RN. Su renuncia se produce en el peor escenario para la UDI desde su fundación.
En primer lugar, la agenda valórica del partido está en retroceso. Los chilenos han aumentado su apoyo a políticas de aborto, eutanasia y matrimonio homosexual. Adicionalmente, los congresistas del partido -de acuerdo a una encuesta aplicada por el Observatorio Político-Electoral a todos los diputados y senadores- son extraordinariamente polarizados en el eje izquierda-derecha y en el eje liberal-conservador. En segundo lugar, la UDI competirá en las próximas elecciones legislativas bajo reglas distintas. Es decir, sin binominal.
Dado que este sistema la ha favorecido por sobre RN, es posible que su representación vuelva a disminuir. En 2013, y con sólo el 19% de los votos, adquirió 29 escaños, que equivalen al 24% de la representación. RN, en cambio, con el 15% de los votos, cosechó el 16% de los escaños. Por tanto, la UDI quedó sobre-representada en más de cinco puntos.
En tercer lugar, las próximas elecciones tendrán -si todo sale bien- un sistema de financiamiento distinto, con predominio de dineros públicos y con fuerte bloqueo para los recursos privados. La UDI gastó 77 millones de pesos en promedio por cada candidato a diputado en 2013. RN, en cambio, gastó alrededor de 47 millones. La diferencia es evidente, y eso que está calculada con los datos oficiales reportados por los partidos, que ya sabemos, se encuentran subestimados.
Por último, la UDI enfrenta un ambiente ciudadano que condena las malas prácticas y que se ha dado cuenta que los apellidos vinosos también pueden llegar a la cárcel. El repudio social se está haciendo evidente. La colusión de las farmacias, pollos y buses -entre otras cosas- están colmando la paciencia. Si a esto sumamos la emergente “crisis del agua”, la situación no pinta bien para los poderosos. Con el caso Penta, la justicia ha dado un paso muy importante, mostrando que de vez en cuando la igualdad ante la ley sí es posible.
En las elecciones de 2013 hubo una significativa correlación entre la caída de la participación electoral y el retroceso de la UDI. Todo indica que la disminución de la participación en las comunas urbano-populares de la Región Metropolitana perjudicó al gremialismo. En términos más sencillos, los antiguos votantes populares de la UDI no asistieron a las urnas. Eso da cuenta de la debilidad del vínculo entre el partido y sus votantes, el que ha sido celebrado desde la academia, pero que en realidad, era más frágil de lo que se creía. Hoy la UDI se encuentra atrincherada en las zonas más ricas de la capital y en 2016 deberá enfrentar una dura competencia municipal. Le toca defender 47 alcaldías y 423 concejales (sumando a sus independientes). Si en 2008 la UDI gobernada al 24% de la población, en 2012 retrocedió al 17%.
Se vienen tiempos duros para el gremialismo. La esperanza para ellos, eso sí, radica en que han superado situaciones difíciles. Desde el retorno a la democracia, no era sencillo definirse como cercano a la UDI. El caso Spiniak -por otro lado- dañó la imagen del partido, pero así y todo tuvo un fuerte empuje electoral. La mala noticia es que hasta ahora no asoma ningún liderazgo capaz de sacar al gremialismo de esta maraña política. En 1999 fue Lavín el salvador. Hoy se encuentra bajo sospecha por la arista SQM. La pregunta es una sola: Y ahora, ¿quién podrá defenderlos…o quién podrá financiarlos?
La introducción del voto voluntario en Chile ha sido una de las peores decisiones del último tiempo. En 2011 -antes de que entrara en vigencia- sostuve que el voto voluntario traería dos problemas. Primero, un desplome de la participación. Segundo, un agudizamiento del sesgo de clase en la participación electoral. Es decir, que en las comunas más ricas vote más gente que en las comunas pobres. Ambos pronósticos se dieron. Mientras en 2009 la participación bordeó el 60% (calculado sobre el total de población en edad de votar), en 2013 descendió a menos del 50%. Si en Vitacura, para la primera vuelta de 2013, votó casi el 68% del padrón, en La Pintana lo hizo sólo el 40%.
Lo más grave es que varios congresistas, estando informados respecto a tales pronósticos, terminaron apoyando la reforma.Una encuesta aplicada a 164 congresistas en 2014 – financiada por un proyecto de IDRC alojado en la Universidad Diego Portales- arrojó que un 72% de los legisladores de la Nueva Mayoría y un 57% de los de la Alianza están a favor del voto obligatorio. La incongruencia es evidente. La misma elite que apoyó la reforma, ahora quiere una rápida reversión. No tuvieron el coraje para oponerse en su minuto al voto voluntario. El argumento era que la propuesta venía del gobierno de Bachelet, y que dada su popularidad no era conveniente tirarle pelos a la sopa.
¿Es adecuado retornar el voto obligatorio? Me parece que no.Primero, aunque soy fiel partidario del obligatorio, creo que es importante que los políticos se den cuenta de una mala legislación y que la corrijan de manera adecuada. Esto implica el establecimiento de un Plan Nacional de Educación Cívica. Es decir, incluir de manera obligatoria en las mallas curriculares de escuelas, colegios y liceos un programa de Educación Cívica para alumnos de enseñanza media y de enseñanza básica. Para esto último, existen modalidades de trabajo basadas en didácticas democráticas. Una idea de estas características vendría a corregir de manera seria el escaso “civismo” de los chilenos.
El segundo argumento tiene que ver con la eventual combinación entre el voto obligatorio y un ambiente de alta desafección con partidos. Ocho de cada diez chilenos no se identifica con ningún partido y, además, la participación se ha desplomado significativamente. Entonces, el hecho de obligar a la gente a votar, podría traer consecuencias aún peores. Esos ciudadanos lo harán de mala gana. Es muy probable que en lugar de apoyar candidaturas de los partidos o coaliciones tradicionales, lo hagan por candidatos populistas en el afán de votar en contra “del sistema”. La situación se tornaría más dramática en el nuevo esquema: distritos más grandes, menor exigencia de votos para ser electo, bajas barreras de entrada para formar partidos. Si el voto es obligatorio, no es descabellado pensar que en algunas regiones terminen por salir beneficiados pequeños caudillos que hacen eco de la crítica generalizada a los partidos tradicionales. Lo peor, es que esos votantes descontentos justificarían su voto más por la molestia de estar obligados a votar, que por una preferencia política arraigada.
El tercer argumento es que, de retornar al voto obligatorio, estaremos confundiendo dolor de cabeza con jaqueca crónica. El drama de la desafección no se resuelve instituyendo la obligación de ir a votar. El problema es mucho más profundo, por lo que su corrección depende de cuán dispuestos estemos para establecer una educación cívica íntegra.
Raya para la suma. El tiempo del voto obligatorio ya pasó. La elite política debe hacerse cargo del error. El desastre del voto voluntario debe ser tomado como una oportunidad para atacar de raíz el profundo malestar con los partidos y la representación democrática. Algunos han dicho que la participación electoral futura dependerá del nuevo sistema electoral. Se equivocan. No es “responsabilidad” de un sistema electoral impulsar la participación. Los sistemas electorales transforman votos en escaños. Lo curioso, es que quienes quieren achacar tal responsabilidad al sistema electoral, son los mismos que en su minuto respaldaron abiertamente el voto voluntario. Juzgue usted.
Expertos electorales analizan los efectos de la reforma electoral. Ambos coinciden en criticar la rebaja en los requisitos para crear partidos.
Mauricio Morales, analista político de la UDP: “Los partidos mantendrán su poder, aunque la UDI podría caer significativamente”
¿Cuál es su pronóstico respecto a cómo serán las próximas elecciones parlamentarias, de aprobarse el nuevo sistema?
Lo más probable es que las dos coaliciones más grandes sigan siendo predominantes. Si bien no es descartable que se constituya una coalición de centro encabezada por la DC, en compañía con el PRSD, aún es muy temprano como para afirmarlo.
¿Qué coalición se vería favorecida con la reforma?
Un análisis serio de los datos disponibles no arroja ninguna correlación robusta entre el porcentaje de votos de la Nueva Mayoría y la distorsión entre población distrital y escaños asignados a esas unidades. Los partidos tradicionales mantendrán su poder, aunque sospecho que la UDI podría caer significativamente, favoreciendo a RN. Por otro lado, si con este sistema le va mejor a la Nueva Mayoría, será porque hizo mejor las cosas. Su éxito se explicará por cualquier cosa, menos por el diseño territorial de los distritos.
¿Era realmente necesario un cambio en la forma de cómo se elegían a los parlamentarios?
Absolutamente. El binominal no daba para más. Era un sistema escasamente competitivo, con el que la gente podía predecir quién sería electo. Además, tendía al empate. Daba lo mismo una coalición con el 35% y otra con el 65%. Ambas se llevaban un escaño. Por tanto, la decisión fue avanzar hacia un sistema más proporcional. Ahora habrá más cupos en competencia, más oferta partidaria y más incertidumbre respecto a los resultados.
A su juicio, ¿el método D´Hondt implica un cambio radical respecto al modelo anterior?
El atributo de este nuevo sistema electoral es que los candidatos más votados llegarán al Congreso. Sin embargo, también es cierto que candidatos con baja votación podrían hacerlo, debido a la capacidad de arrastre de su compañero de lista. El nuevo sistema ocupa idéntica fórmula que el binominal. En consecuencia, el sistema premia a las listas y no necesariamente a las candidaturas individuales.
¿Qué inconvenientes ve producto de la reducción de los requisitos para formar partidos?
En eso creo que el proyecto comete un error. Lo que se sugiere es una rebaja totalmente desproporcionada en las exigencias para formar partidos. Con esta ley, los partidos pueden constituirse en una sola región y con un número de firmas del 0,25% de los votantes que sufragaron en la elección anterior. Eso está mal. El sistema electoral ya está abriendo las puertas y ya es inclusivo. No es necesario estimular una fragmentación que, a todas luces, podría ser nociva. Las puertas ya están abiertas. De abrirlas más, esas puertas podrían quebrarse.
LA OPOSICION enfrentaba el siguiente dilema estratégico: o se sumaba a la propuesta de gobierno para intentar incidir en la forma que adquiriría la reforma electoral, o se excluía y observaba su aprobación desde la galería. El gobierno se esmeró en coordinar sus votos, obtener una mayoría especial en ambas cámaras y aprobar el proyecto. Hace unas semanas la UDI y RN sabían del escenario que enfrentaban y, sin embargo, decidieron que su mejor opción política era no participar del acuerdo.
Lo anterior no se llama aplanadora. Es el ejercicio de la mayoría. Se trata de una práctica a la que no estábamos acostumbrados porque durante 25 años ninguna de las dos principales coaliciones tuvo la supremacía. Pero hoy, con un Congreso mayoritario de gobierno y con actores clave de la derecha, se materializó el principio democrático asociado a que las mayorías mandan.
La respuesta de la oposición-algo ingenua a mi juicio-ha sido cuestionar aspectos sustantivos de la norma aprobada. Sostienen que se trata de un “traje a la medida” de la coalición gobernante. Pero esta crítica es pertinente para cualquier norma que se aprueba en el Congreso, pues toda legislación es fruto de la negociación de intereses. En política, todo es un traje a la medida.
El sistema electoral en esencia es un traje a la medida de la correlación de fuerzas en el poder, al momento de ser definido. ¿Por qué la Alianza no denunció al general Pinochet por definir un traje a la medida con el binominal? ¿Por qué la derecha se negó a firmar un acuerdo político para cambiarlo durante 25 años? La respuesta es simple: no le interesó el cambio porque era un traje “a su medida”. El resultado político que vemos no es otra cosa que la expresión de la correlación de poder, el pragmatismo y la decisión del Ejecutivo de priorizar esta reforma.
Se dice también que esta norma afecta la igualdad del voto al verse favorecidos determinados distritos y circunscripciones, por lo que sería inconstitucional. El mismo argumento-pero con más fuerza-pudo esgrimirse en torno al binominal. Pero nunca vimos a ningún partido desfilar ante el Tribunal Constitucional argumentando que el principio de un voto un escaño no se cumplía con el binominal. ¿Por qué no? Porque en la definición de escaños se tiene en cuenta la proporcionalidad en relación a la cantidad de electores, y otras variables como la representación de regiones y, ahora, de mujeres. El TC debiese aprobar esta norma pues de hecho mejora el principio de igualdad del voto, en relación al sistema actual.
La reforma es expresión de los intereses actuales. Nada más. Veremos mejorada la representación, algo más de competencia y mayor número de mujeres candidatas. Deberemos observar cuidadosamente el impacto que ésta y otras reformas tendrán en las dinámicas políticas, pues facilitar en demasía la formación de partidos estimulará la fragmentación política. Asimismo, tener muchos más candidatos y en listas abiertas fomentará tendencias clientelares. De ahí que la reforma a los partidos y al financiamiento será esencial en lo inmediato.
No fue un 2014 muy alentador para las dos principales coaliciones. La Nueva Mayoría (NM) se vio enfrascada en una fuerte disputa interna entre una izquierda algo alocada y un centro que intentaba por todos los medios mantener la gradualidad en el proceso de reformas. En la Alianza la tragedia fue mayor. En el primer semestre de 2014 su desorganización la hizo esfumarse como oposición, a lo que se sumó una fragmentación que desnudó diferencias de elite más que discusiones sobre proyectos programáticos. A tanto ha llegado la crisis, que el líder más reconocido es el ex Presidente Piñera. A nivel de encuestas, la situación no mejora. Según la CEP, la NM tiene una identificación de 21,8%, mientras que la Alianza sólo alcanza un 9,8%. La NM es más fuerte en los segmentos más añosos, mientras que la Alianza lo es marginalmente en los estratos más jóvenes. Por nivel socioeconómico, ambas coaliciones tienen mayor arraigo en el grupo alto, mostrando así que en Chile la identificación con partidos y coaliciones- al igual que la participación electoral- están significativamente determinadas por el nivel de ingreso de las personas.
En 2015 la NM debe mejorar. Es irrefutable la falla garrafal de diagnóstico que se hizo sobre la sociedad chilena. La sobre-interpretación infantil de la protesta ciudadana de 2011 los hizo creer que el modelo se venía abajo y que el avance refundacional era irreversible. Este error ha marcado al gobierno. El daño es evidente. Tanto así, que la propia Presidenta Bachelet ya es percibida como una mandataria más lejana, inmiscuida en temas de elite y con poca empatía ciudadana. Su terreno de apoyo más fértil la ha abandonado. Me refiero a las mujeres y especialmente aquellas pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos. La Presidenta debe reactivar el “bacheletismo”, volviendo a la calle y olvidándose de tanto intelectual irresponsable con harta ideología, pero sin metodología ni un mínimo de conexión con la realidad.
Respecto a los liderazgos, la peor decisión de la NM es despejar el camino a Enríquez-Ominami. Es normal que sea el político mejor evaluado del sector, pues no tiene competencia. Está corriendo solo. Lo que intenta Me-O es cerrar rápidamente un acuerdo con la NM, haciéndoles creer que el triunfo en 2017 depende de él. Eso es falso. La NM ya debe ir pensando en levantar sus propias figuras. Serán ellas las que acompañarán a los candidatos a alcalde y concejal en 2016, y no Me-O. Sería penoso que la Nueva Mayoría claudicará tan tempranamente su opción presidencial en manos de quien bloqueara su éxito en 2009 y que descalificará de manera tan brutal e injusta al ex Presidente Frei.
La Alianza, en tanto, necesita de una cirugía aún mayor. 2015 estará marcado por los intentos de Piñera para cooptar rápidamente al sector, apagando las aspiraciones de Ossandón, Allamand y Espina. En la UDI no se ve a nadie. Sólo tienen a Matthei. Piñera tratará de amarrar a la UDI, asegurando así su éxito en una eventual primaria con el candidato de RN. Todo esto tensionará a la Alianza, sin perjuicio de que haya tomado la correcta decisión de entenderse con Evópoli y con el PRI. En el caso de Amplitud la cosa es más complicada. Junto a Fuerza Pública representan un electorado exiguo. Apuestan a la popularidad de Velasco y al potencial de Lily Pérez, pero su éxito dependerá de cuán eficientes sean en capturar a parte de la elite del PDC y a su masa de adherentes. Ellos saben que el votante DC es mucho más moderado que la elite del partido, y que Velasco representa de manera más natural las opciones de centro.
Por último, en 2015 ya se estarán preparando las elecciones locales de 2016. La Nueva Mayoría debe defender 163 alcaldías, que concentran el 46% de la población, mientras que la Alianza hará lo propio con 121 alcaldías que representan al 37% de la población. 2015, en consecuencia, será el año de ajuste interno de las coaliciones con miras a los desafíos electorales de 2016 y 2017. Los conflictos no desaparecerán. En una de esas, terminamos el año no con dos grandes coaliciones, sino que con 3 o más.
Cuatro de las cinco reformas sociales consideradas como más importantes por la ciudadanía en el gobierno de Michelle Bachelet, corresponden al sector de educación, según la Encuesta Nacional UDP 2014.
El ejercicio, que sondeó a 1.309 personas mayores de edad a lo largo del país, arrojó que, enfrentados a la pregunta ¿Cuán importante cree ud. que son las siguientes reformas para Chile?, el promedio de los encuestados otorgó un 5,94 -en una escala de 1 a 7- a terminar con el lucro en la educación escolar. Le siguen crear una AFP estatal (5,75), Gratuidad en educación superior (5,73), el fin del copago en la educación escolar (5,63) y terminar con la selección de estudiantes en la educación media (5,55).
En tanto, consultados sobre el principal problema que enfrenta el país, la educación aparece en el segundo lugar, con 14,5%, sólo superado por la delincuencia, con un 32,3%.
Asimismo, en una escala de 1 a 7, el sondeo otorga un 3,81 al desempeño del gobierno de Bachelet respecto de mejorar la educación.
Finalmente, un 56,6% está de acuerdo en que los colegios particulares subvencionados debieran pasar a ser parte del Estado, mientras que un 59,6% considera que todas las universidades privadas debieran pasar a ser parte del Estado.
La clase política atraviesa tiempos turbulentos. Una serie de hechos que han ocurrido en los últimos meses han remecido la notable estabilidad de las últimas décadas. El diseño y la tramitación de las reformas estructurales, los atentados terroristas y el caso Penta son algunos ejemplos de eventos que han polarizado a las dos grandes coaliciones. En estos tres hechos, la posición política entre la Alianza y la Nueva Mayoría ha sido para todos efectos prácticos, opuesto. La enemistad entre las dos coaliciones incluso ha llegado a gotear hacia sus interiores. La detención del ex alcalde Labbé y los dichos del embajador Contreras han dividido a sus partidos miembros. La reacción ante ambas situaciones desnuda la brutal discordia que existe entre partidos que comparten domicilios políticos.
Algunos dirán que la polarización entre las coaliciones ya es una tradición y que la división dentro de ellas es un fenómeno natural. Puede ser. Pero por muy normal que sea, no significa que constituya una costumbre positiva o deseable para la democracia. La ruta que transitaron los países desarrollados sugiere que es necesario que las coaliciones estén dispuestas a cooperar entre ellas y que los partidos miembros estén dispuestos a dialogar entre sí. Todo indica que eso no sucede en nuestro país. Es peor, hay evidencia que sugiere que la polarización y división que se observa en la clase política se refleja en la ciudadanía. La última encuesta MORI-CERC muestra que existen dos Chiles, uno que vota y aprueba, y otro que no vota y no aprueba.
La clase política es la responsable. Quienes han gobernado el país desde la transición no han trabajado lo suficientemente duro para mejorar la calidad de la democracia. Si algo han hecho es estancarla. Tanto la Alianza como la Nueva Mayoría cargan con esa cruz. Ahora bien, como siempre, la solución al problema depende —en buena parte— del oficialismo. Mejorar la calidad de la democracia debe ser impulsada por el Poder Ejecutivo. Y este gobierno, al parecer, no se ha percatado de aquello. Se ha cegado en llevar a cabo su programa de gobierno al pie de la letra. Esto no sólo ha aportado a la turbulencia, además le ha significado problemas propios. Si en algo coinciden las encuestas, es en una caída lenta pero constante de la aprobación presidencial.
El problema no se detiene allí, se proyecta hacia el futuro. No hay un recambio político en el oficialismo. La llamada segunda generación de la Concertación —Lagos Weber, Orrego, Rincón, Rossi, Tohá, entre otros— brilla por su ausencia. Si no fuera por las particularidades de sus cargos públicos, difícilmente tendrían tribuna. Si bien han mostrado anhelos de poder (al competir en elecciones), no han logrado imponer su liderazgo. En la batería de encuestas que se han publicado desde marzo, ninguno de estos servidores públicos ha figurado como una potencial carta presidencial para su coalición. Es prácticamente un hecho que la segunda generación no tiene la ambición electoral que tuvieron sus predecesores, y que difícilmente desarrollaran ese instinto en los próximos años.
En este escenario, parece perfectamente aplicable la Ley de Lavoisier: nada se pierde, todo se transforma. Que no exista un recambio en la Nueva Mayoría no significa que no exista un recambio en la centroizquierda. A pesar del deseo de algunos, Enríquez-Ominami y Velasco se han consolidado como los principales referentes del sector. El ex diputado y el ex ministro han logrado posicionarse como los dos políticos con más futuro de la centroizquierda. La última encuesta MORI-CERC muestra a Enríquez-Ominami con un 18% de apoyo, y a Velasco con un 11% de apoyo (seguidos por Vallejo, con un magro 5% de apoyo). El caso de Velasco es especialmente notable, dado que incluso tras el escándalo del caso Penta su nombre sigue en lo alto de la tabla.
La fuerte dependencia del gobierno al capital político de la presidenta y la notoria obsesión de la coalición oficialista por llevar a cabo el programa de gobierno han aportado a la turbulencia. Los hechos políticos que siempre han sacado ronchas ahora están siendo acompañados por temas que normalmente no son controversiales. Esto constata el delicado estado de salud de la democracia. El principal perjudicado en este clima de crispación política es la coalición oficialista. Puede que aún sea temprano para pronosticar que quienes llevan la delantera ahora -Enríquez-Ominami y Velasco permanecerán arriba hasta la próxima elección presidencia-l. Pero todo indica que se mantendrá el rechazo a los partidos tradicionales de la centroizquierda y que los llamados a ocupar el poder no estarán a la altura del desafío.
No son una generación. No es la edad lo que los define, pero hay entre los historiadores chilenos sub 40 ciertas constantes. También, en el uso de las tecnologías y las redes.
ENTRE VIEJAS y nuevas interrogaciones, entre temas que juntan polvo y otros que están arriba, ¿hay rasgos que singularicen a los historiadores chilenos según la edad? ¿Hay una generación, joven o no, de historiadores en Chile?
El proyecto que ediciones B concretó con XIX. Historia del siglo diecinueve chileno (2006) se inventó una: juntó a recién egresados de pregrado de la UC y sacó con ellos un libro amable con el lector de a pie. Y le fue tan bien que hubo una secuela (XX, 2008) con los mismos autores: Andrés Estefane, Andrés Baeza, Cristóbal García-Huidobro, Nicolás Ocaranza, Pablo Moscoso, Juan Luis Ossa y Joaquín Fernández.
Pero eso no es igual a tener una generación. Así lo ven hoy Fernández (33) y Ossa (32), respectivamente investigador del Cidoc de la U. Finis Terrae y director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la U. Adolfo Ibáñez. Este último dice que no vio tal cosa en Inglaterra, donde hizo su doctorado, ni en Chile. Más aún, ve algo cansador y mesiánico en el tema, sin perjuicio de lo cual visualiza un escenario distinto en el país, en el que participan jóvenes, aunque no exclusivamente.
Para Consuelo Figueroa, directora de la Escuela de Historia de la UDP, los jóvenes historiadores “están trabajando temas que pueden revisar tópicos muy trabajados -independencia, republicanismo, cuestión social-, pero con miradas diferentes o a partir de temáticas más nuevas en memoria, género, discursos de raza, etnicidad”. En esto de atacar viejos temas con nuevas preguntas (y nuevas interpretaciones) concuerda Ossa, quien se apresta a publicar un libro sobre historia política de los militares entre 1808 y 1826, donde plantea, entre otras cosas, que la Guerra de Independencia fue una guerra civil.
Se pueden problematizar temas de larga data o bien historizar movimientos LGBT, estudiar la historia transnacional, las emociones y de las sensibilidades de cierto período, o del fútbol (ítem con el que, según Joaquín Fermandois, “andan todos locos”). Se puede escribir con mejor o peor pluma, aspecto que se comenta, pero no se vocifera. En cualquier caso, serán habituales la internacionalización, el acceso a redes, ya sean de investigadores de cine o del grupo Historia y Justicia, adscrito a la Universidad de Chile, y mayor tendencia a trabajar en equipos y con otras disciplinas.
En un contexto de productividad medida por índices, varios de estos novísimos historiadores coescriben y coeditan obras colectivas; son incentivados a escribir más papers y artículos que libros; difunden y convocan vía blogs, Twitter y web temáticas; critican la idea de “excepcionalismo chileno” y valoran altamente las fuentes no escritas u oficiales: imagen, audio, video, objetos personales, objetos del espacio público. Así lo ve Manuel Gárate, académico de la U. Alberto Hurtado, para quien se ha ido instalando además la idea del historiador/emprendedor, “que hace cursos en diversas universidades, gestiona publicaciones, contacta revistas, trae invitados internacionales, crea sociedades, etc”. Una modalidad freelance hasta hace poco ajena y hoy en alza. Que no se diga que no pasan cosas en el gremio.
Política: regresa la vieja dama
“La historia política se ha renovado, estrechando sus lazos con la historia intelectual, pero también centrando su atención en las prácticas colectivas y en una sociología cultural de lo político, que se ha ampliado para sobrepasar su aspecto meramente partidista y electoral”. Así lo ve Gabriel Cid y así lo refrendan títulos que, como Mapu o la seducción del poder y la juventud (2009), de Cristina Moyano, exploran el huidizo concepto de cultura política. Otro tanto ha hecho Joaquín Fernández, autor de El ibañismo (1937-1952): un caso de populismo en la política chilena, libro en el que delinea una trayectoria política desde el regreso del exilio de Carlos Ibáñez hasta su elección como presidente. También Pablo Rubio, que acaba de publicar Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990.
Volver al siglo XIX
Desde detalles antaño invisibles hasta viejos temas (guerras, constituciones) visitados por vías menos recorridas. Así van los abordajes al siglo XIX. De lo primero dan cuenta variedad de “historias subalternas” o de sujetos previamente no considerados: de Delincuentes, bandoleros y montoneros (2014), de Ivette Lozoya, a Ladrones (2011), de Daniel Palma. El segundo tema se expresa en obras de exploración identitaria como La guerra contra la Confederación, de Gabriel Cid, o bien en una historia política de los militares en el proceso independentista, como la que propone Juan Luis Ossa en Armies, politics and revolution: Chile, 1808-1826, próxima a aparecer en Inglaterra. Otro título reciente en esta línea es Autonomía, independencia y república en Chile 1810-1826, de Javier Infante.
Chile y el mundo
Joaquín Fernández destaca “el afán que muchos historiadores están poniendo en abandonar las narrativas nacionales, en pos de la inserción de la historia de Chile en procesos globales. Esto se ha realizado a través de los estudios comparados o del análisis de la recepción de ideas o experiencias políticas extranjeras”. Cuando lo examinado localmente es sólo una parte de la historia y cabe asomarse a un cuadro mayor. Por este lado aparecen historiadores de la UC, como Fernando Purcell y Rosario Rodríguez Lewald, y algunos que, como Víctor Muñoz en Generaciones (2012), buscan perspectivas comparadas entre Chile y México. Otro abordaje es el que plantea María Jozé Henríquez Uzal en ¡Viva la verdadera amistad! Franco y Allende, 1970-1973 (2014): contra toda inercia ideológica, el libros sostiene que hubo “entendimiento” entre ambos.
Cultura, usos, prácticas
La historia de las mentalidades evolucionó en Francia hacia lo que hoy se conoce como la historia de las “representaciones” (Roger Chartier, Peter Burke). Esta corriente ha tomado forma en Chile en áreas como historia de la medicina y los estudios del grupo Historia y Justicia. María José Correa, miembro de este último y autora de Historias de locura e incapacidad (2013), plantea que “un aporte importante de la historia cultural y social de las últimas décadas ha sido validar que toda experiencia es social y cultural”. Estas historias pueden abordar los usos y prácticas asociados a un fenómeno: del cine de Hollywood (¡De película!, de Fernando Purcell) a sustancias de distinto orden, como lo hace Marcos Fernández en Drogas en Chile 1900-1970. Mercado, consumo y representación (2011).
Para hacerse efectiva la reforma electoral aprobada por la Cámara de Diputados requiere 23 senadores (60%). Si la coalición de gobierno actúa en forma disciplinada -como probablemente ocurrirá-, tendrá asegurados 21 votos. A ello debemos sumar el voto ya comprometido de la senadora independiente Lily Pérez. Por lo tanto, es casi un hecho que en los próximos meses se aprobará la reforma, y se hará manteniendo la estructura aprobada en la Cámara Baja.
¿Qué significará esta nueva ley? No cabe duda que el sistema será más competitivo que el actual. Muy probablemente el futuro Congreso representará más fielmente las diversas corrientes políticas y sociales del país. También, es plausible esperar más mujeres representantes en el Parlamento. Ahora bien, los electores recibirán una papeleta con una oferta de candidatos(as) significativamente superior, lo que afectará la “identificabilidad” con los representantes. Esta mayor dificultad para identificar candidatos(as) incentivará a los partidos a gastar más recursos en candidaturas que ellos consideren prioritarias. Se elevará también el costo de las campañas por este aumento en la competencia y porque los territorios a cubrir se expandirán.
Entonces, ¿qué se discutirá en el Senado? Quedan algunos temas relevantes de discutirse. Para la Nueva Mayoría el asunto que dividirá las aguas será la posibilidad de que dentro de una lista puedan formarse subpactos. La DC se opone, pues considera que los partidos de izquierda podrían pasarle una aplanadora; los prefiere divididos a tener que enfrentarlos como bloque. Y es muy probable que el eje PPD-PS ceda ante la presión DC, pensando que será más importante aprobar esta reforma que enemistarse con sus aliados.
La Cámara también aprobó una positiva innovación asociada a que los electores puedan marcar su preferencia por un(a) candidato(a), o bien, por una lista. Esto incentivará un “voto programático”. Las listas buscarán distinguirse de otras con miras a obtener la preferencia de alguien que no necesariamente conoce los nombres en la papeleta, pero que se inclina por una lista, ya sea por el programa o ideas que representa.
Otro gran tema se refiere al gasto electoral. Como el límite al gasto electoral es por candidato, y como se multiplicarán los postulantes por lista, la consecuencia es que crecerá el límite del gasto electoral de no mediar una reforma a la ley de financiamiento electoral. La exponencial proliferación de candidaturas afectará la forma en que se hacen las campañas. Por lo mismo, el legislador debiera pensar en regular aspectos como la publicidad radial y en la vía pública, y los actuales mecanismos de control del gasto electoral.
Finalmente, el rechazo al incremento de legisladores será un tema en que la UDI insistirá, pero sin mucho éxito, pues ya se estableció el consenso para la reforma. Lo que ahora debe discutirse es el impacto de esta reforma en la calidad de la democracia y la forma en que otras normas (ley de partidos y gasto electoral) deberán ajustarse para cumplir con la promesa de una democracia más transparente, representativa y de calidad.
Las encuestas pueden ser buenas o malas. En algunos casos se pueden evaluar en base a su error. El error es la diferencia entre un valor estimado y un valor verdadero. Su cálculo es relativamente sencillo cuando ambos valores están disponibles – tanto el estimado como el verdadero. Por ejemplo, uno puede evaluar a una encuesta al comparar su estimación del porcentaje de votos que recibirá un candidato en una elección y el porcentaje de votos que ese mismo candidato recibe en la elección. Las encuestas buenas son aquellas que tienen menos error – las que se aproximan más al resultado.
Sin embargo, la mayoría de las encuestas no tienen un valor verdadero como punto de comparación. Sobre todo en encuestas que contienen preguntas valóricas. Esas encuestas solo se pueden evaluar en base a su reputación. La reputación de una encuesta depende de su misión y de su metodología. Este cálculo es más complejo que anterior, pero es igual de posible. Por ejemplo, uno puede evaluar una encuesta observando su fuente de financiamiento y sus características metodológicas. Las encuestas buenas son aquellas que prescinden de presión política, y que además no introducen errores en la recolección y el procesamiento de datos.
La combinación de estos dos factores han llevado a la encuesta del Centro de Estudio Públicos (CEP) a ser considerada como una de las mejores en Chile. Tiene menos error y mejor reputación que otras encuestas del país. Por eso causó tanta conmoción académica y política ver que una de las mejores encuestas presentará deficiencias importantes en su metodología. Aunque el grueso de la encuesta no fue objeto de críticas, varios académicos y profesores apuntaron a que algunas preguntas relacionadas con la educación podrían estar significativamente sesgadas a producir resultados en contra de los intereses del gobierno.
Las críticos señalaron varias preguntas. Entre ellas, la siguiente: “¿Cree Ud. que es bueno que los padres puedan complementar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago (pagando matrícula y/o colegiatura) para mejorar la educación de sus hijos, o Ud. cree que esto debiera estar prohibido?”. Aquí, lacríticaa fue que era la pregunta era confusa y larga; que concentraba buena parte de lo positivo en la parte inicial. Particularmente sostuvieron que la pregunta favorecía la primera parte (estar a favor del copago) por sobre la segunda parte (estar en contra del copago).
Otra pregunta que generó atención negativa fue “Ud. qué prefiere: ¿Que su hijo/a vaya a una escuela básica, liceo municipal o colegio donde los alumnos tengan un nivel socioeconómico parejo y parecido al suyo o que su hijo/a vaya a una escuela básica, liceo municipal o colegio donde los alumnos tengan niveles socioeconómicos bien distintos?”, que fue criticada por combinar dos preguntas en una. El término “parejo” se puede contraponer al término “parecido” y por ende generar sesgo. Esto se suma al hecho de que personas con menos educación tienden a estar de acuerdo con lo que le preguntan si no la entienden bien.
Este desliz metodológico del CEP sugiere una de dos cosas. Para algunos,sugieren que Beyer y el grupo económico que sostiene al CEP intencionalmente buscaron generar un sesgo para perjudicar al gobierno. Para otros, simplemente sugiere que el CEP inadvertidamente introdujo un error en el cuestionario. Si las preguntas fueron diseñadas de forma intencional o de forma negligente es irrelevante al fin al cabo. Si las preguntas fueron diseñadas de forma deliberada o accidental no es tan importante como constatar el efecto real – y negativo – de que una encuesta del calibre del CEP reproduzca resultados sesgados.
Las respuestas a las preguntas solo pueden servir como un precedente para sostener que la reforma educacional es mala – y no como una medición fidedigna de la opinión de los chilenos. Esto, por cierto, es todo lo contrario a lo deseable. Por eso, parece ser hora de dar un paso importante en cuanto a las atribuciones y libertades que se pueden tomar los encuestadores. Si bien es necesario evaluar la calidad de las encuestas en base a su error y reputación, el desliz del CEP sugiere que no son indicadores suficientes. Para evaluar la calidad de una encuesta de forma eficiente hay que tomar en cuenta su nivel de transparencia.
En países como Colombia y Venezuela es obligación que las encuestas se registren ante una institución fiscalizadora, publicar los datos y transparentar las fuentes de financiamiento. En Chile, lo primero no existe, y las otras dos tareas son opcionales. Si las encuestas tuvieran la obligación de registrarse, de transparentar sus datos y fuentes de financiamiento, subiría significativamente la calidad de sus mediciones.Probablemente bajaría su error y además subirían su reputación. Entre otras cosas, sería más difícil ocultar agendas políticas y más fácil prevenir la manipulación de datos.
