El Laboratorio Constitucional UDP (Labcon), perteneciente a la Escuela de Ciencia Política, ha llevado a cabo diversas acciones informativas y material en el marco de los acontecimientos de las últimas semanas en el país.
Siendo su interés principal la Constitución, el debate en torno a ella y los efectos que esta tiene sobre el porvenir político, económico y social de las personas que estamos bajo su jurisdicción, se han constituido como un equipo multidisciplinario que estudia estos temas desde diferentes aristas, el equipo está compuesto principalmente por sociologas/os y cientistas políticos, aunque en constante contacto con abogados y gente del mundo de las leyes que son quienes mayor conocimiento tienen de la carta fundamental en términos jurídicos.
Al respecto, Juan Esteban Fernández, investigador del Labcon, explica que “evidentemente que nuestra labor se ha visto fuertemente influenciada por los acontecimientos de las últimas semanas, por esto que ha sido llamado por algunos “la primavera de Chile” o “estallido social”. Desde nuestra perspectiva la crisis social se puede explicar en buena medida por la falta de un pacto social que se traduzca, precisamente, en una nueva constitución. Una nueva carta fundamental cuya legitimidad emane de la ciudadanía misma. Ahora bien, esta tesis no es exclusivamente nuestra –ni menos aun acuñada por nosotros– sino que pareciera responder al sentir de diversos sectores de la sociedad que por estos días empiezan a pensar en “lo constitucional”, que empiezan a apropiarse de conceptos antes abstractos y lejanos como lo son un “proceso constituyente” o una “asamblea constituyente”. Y acá es donde nosotros intentamos aportar”.
Entre estas acciones, el Labcon llevó a cabo la difusión de información básica a través de la realización de una serie de infografías informativas que definen conceptos como proceso constituyente vs asamblea constituyente, que expliquen procesos como ¿cuál es el proceso mediante el cual se redacta una nueva constitución?, y que presenten algunos de los artículos constitucionales que suscitan controversia.
Asimismo, han entregado insumos para la realización de cabildos ciudadanos., a través de un texto informativo para las personas que requieran una guía en la realización de cabildos autoconvocados. El documento contiene definiciones, recomendaciones y etapas del proceso que pueden guiar la actividad. Además hay insumos y material informativo. Descargar documento aquí
A su vez, el Labcon preparó una guía para cabildos ciudadanos, donde su coordinador, Claudio Fuentes, ha asistido a varios de ellos en diferentes partes de Santiago y se pretende seguir haciéndolo en varias comunidades.
En las últimas semanas se ha revitalizado la discusión sobre los poderes del poder Ejecutivo y Legislativo. La coordinación de la oposición para rechazar la idea de legislar de algunos proyectos ha revivido el debate sobre cuánto poder debe tener el Ejecutivo vis a vis el Legislativo.
Entre mayo y agosto de 2018, el Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales entrevistó al 92,4% de los congresistas en temas políticos en una encuesta de opinión. Este año, en abril, Criteria Research reprodujo la encuesta pero lo aplicó a la ciudadanía, entrevistando a un grupo de 830 personas en un muesreo aleatorio en una encuesta de panel online.
Al consultar a la ciudadanía sobre el diseño institucional democrático observamos que la crisis que viven las instituciones representativas tienen efectos relevantes en las percepciones ciudadanas. Por ejemplo, la ciudadanía encuestada se muestra más favorable a limitar el tiempo que los políticos deberían estar en el poder, y al mismo tiempo se muestran partidarios de aumentar el poder presidencial. Las élites congresistas, por su parte, prefieren atenuar poderes del Ejecutivo y permitir opciones moderadas de reelección. Se observa alta división en estos temas de las élites, lo que anticipa que estas reformas dificilmente se materializarán.
Otro de los resultados sorpresivos se vincula con la obligatoriedad de asistir a votar. Usualmente, teníamos un escenario donde las élites políticas se inclinaban por el voto obligatorio, mientras en la opinión pública dominaba una mayoría que se inclinaba por el voto voluntario. En esta oportunidad, la encuesta panel muestra una mayoría relevante (58%) que se inclina por el voto obligatorio, lo que podría manifestar una tendencia de mayor debate sobre el tema a nivel social.
Voto obligatorio: Los congresistas mayoritariamente prefieren el voto obligatorio (67%), lo que es consistente con anteriores encuestas. Lo novedoso es que también la mayoría de la ciudadanía encuestada se muestre a favor del voto obligatorio (58%), lo que rompe una tendencia observada en otros estudios donde se prefería el voto voluntario.
Reelección presidencial: Mientras la mayoría de los congresistas se muestra partidaria de un sistema de reelección presidencial por una vez (49%), la ciudadanía prefiere en su mayoría la situación actual—cuatro años sin reelección inmediata (40%). La idea de la reelección es más resistida por la ciudadanía lo que puede deberse al cuestionamiento y desconfianza social respecto de las instituciones de representación.
Límite a reelección de congresistas:Si existe un ámbito donde congresistas y la ciudadanía están de acuerdo es en el mayoritario apoyo al límite a la reelección (75% y 84% respectivamente). No obstante, se advierten diferencias importantes respecto de cuánto debería ser este límite. Mientras la ciudadanía encuestada opta mayoritariamente por otorgarles un máximo de 2 períodos a diputados (52%), los congresitas optan por dos períodos para diputados (45%). En el caso de los senadores, tanto la ciudadanía como congresistas favorecen la opción de reelección de un período (53% y 43% respectivamente).
Régimen de gobierno: Vemos que la ciudadanía es más proclive a mantener un sistema en donde la figura presidencial cumpla un papel fundamental (51%). Mientras que los congresistas optan en su mayoría por atenuar o limitar el poder ejecutivo. La opción del sistema parlamentario no es una posibilidad ni para ciudadanos ni para congresistas (4 y 7% respectivamente). Así, en la percepción ciudadana predomina la opción de mantener el sistema presidencial, mientras las élites congresistas prefieren su limitación.
Cambiar la constitución actual: Aquí podemos ver que la inmensa mayoría de los parlamentarios y de los ciudadanos se muestran favorables a modificar la actual Constitución (reformarla o cambiarla). Ahora bien, entre las opciones cambiar por completo la constitución o reformarla, las aguas están divididas tanto en la ciudadanía como en los congresistas en partes casi idénticas, demostrando la división que existe en el país.
Otras temáticas: Respecto de cambios tanto en el Tribunal Constitucional como del sistema bicameral del Congreso, la ciudadanía no parece estar muy informada ni vinculada al tema. Mientras que para los congresistas, la mayoría está abierto a reducir o bien eliminar las atribuciones del TC.
En tanto, un 48% de los congresistas están abiertos a pasar de un Congreso con dos cámaras a uno de carácter unicameral. En la ciudadanía se observa mayor dispersión, y un alto nivel de NS/NR lo que sugiere mayor desconocimiento respecto de implicancias que podría tener contar con una o dos cámaras.
Estudiantes de las escuelas de Sociología y Ciencia Política fueron premiados con la mejor tesis de su promoción, las cuales se publicaron como Documento de Trabajo ICSO – Serie Jóvenes Investigadores.
Los estudiantes premiados son Nicolás López Lara y Daniela Cancino, egresados de la Escuela de Ciencia Política; y Constanza Miranda Schleyer, Valentina Sciaraffia Valenzuela, Juan Esteban Fernández, Javiera Zapata, Valentina Castillo y Javiera Quijada, egresados de la Escuela de Sociología.
En su estudio, “Regulación con escasa formación: Propuesta de formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Refugiados a funcionarios que traten con solicitantes de asilo en el marco de la Ley N° 20.430 sobre la protección de refugiados en Chile”, Nicolás López llevó a cabo un análisis y recomendaciones respecto a la formación y capacitación de los funcionarios que traten con solicitantes de asilo en el marco de la Ley N° 20.430 sobre refugio.
Por su parte, Daniela Cancino realizó el estudio “Transformación de la política comercial en Argentina: De la apertura a la restricción (1989 – 2015)”, donde analizó el cambio de política comercial en Argentina desde un modelo neoliberal con Carlos Saúl Menem a uno proteccionista con los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El trabajo de Constanza Miranda Schleyer y Valentina Sciaraffia Valenzuela, titulado “Desnaturalizando el género y el parentesco: una mirada a la construcción de la parentalidad de hombres gay”, estudia la construcción de la parentalidad en hombres homosexuales de Santiago de Chile.
La tesis de Juan Fernández y Javiera Zapata se tituló “Política Cultural e Identidad Indígena: Un análisis desde la Interculturalidad Crítica para el caso de la Araucanía”.
Finalmente, el trabajo de Valentina Castillo y Javiera Quijada, se tituló “Intención de Movilidad Residencial: reflejo de la segregación socioespacial en Santiago de Chile”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El Laboratorio Constitucional UDP realizó una observación etnográfica a los cabildos provinciales organizados por el Gobierno, en el contexto del Proceso Constituyente. En esta actividad participaron estudiantes, junto al académico de la Escuela de Sociología, Rodrigo Cordero, el director de la Escuela de Ciencia Política, Claudio Fuentes y la asistente de investigación, Josefina Abarzúa. Ñuñoa, Vitacura e Independencia fueron las comunas analizadas en esta oportunidad.
Claudio Fuentes relata las conclusiones preliminares, la participación de los estudiantes y la recepción que ha tenido en la ciudadanía este proceso.
¿Qué diferencias más significativas encontraron en las comunas estudiadas?
Como es un estudio cualitativo, uno podría hacer algunas inferencias a partir de la observación que hicimos. Yo creo que la primera tiene que ver con lo que se llama las identidades, es decir, cómo te presentas socialmente. Con esto me refiero a que mucha de tu identificación como persona en relación a otros, depende mucho de la forma en que te introduzcas. Cuando los grupos se presentaban, en el caso de Independencia era mucho más una adscripción territorial, yo soy de tal población o vivo en tal calle. En Ñuñoa tenía que ver con organizaciones sociales. Yo he trabajado en esta junta de vecinos, en este movimiento, en esta ONG. Por último, en Vitacura era una adscripción mucho más profesional, en donde te identificas por tu profesión. Esto tiene que ver con el capital social y cultural.
¿Cuál fue la recepción de la ciudadanía a los Cabildos?
En general fue buena. La gente venía con ganas de participar, particularmente en los sectores populares y medios. Había una necesidad de expresarse, de decir cosas y estaban bastante bien predispuestos a una conversación, a ser escuchados. Esto de hacer grupos aleatoriamente sirvió. Después de romper el hielo la gente empieza a decir lo que siente, lo que quiere expresar. Como experiencia eso es bueno.
¿En qué consistió la participación de los estudiantes del equipo?
Nos repartimos cada uno en distintos grupos, de modo de dar una cobertura mayor. Ellos participaron en un taller de preparación de cómo hacer una etnografía, entonces había un objetivo docente de prepararnos, de aprender una técnica de investigación y después ellos realizarán un reporte. Además nos interesa hacer una publicación con ellos.
¿Qué conclusiones preliminares poseen sobre el Proceso Constituyente?
Es muy temprano para hacer conclusiones porque estamos recién partiendo, pero yo creo que el proceso así como se ha diseñado, enfrenta una serie de barreras para la participación. Segundo, es un proceso bien contracultural, porque en general nuestra sociedad es muy individualista, cada uno resuelve sus problemas solo.
¿Cuál es su siguiente etapa de trabajo?
Vamos a producir ciertas publicaciones a partir de la información recabada. Estamos realizando el seguimiento de prensa que hay vinculada al Proceso Constituyente y seguramente el próximo año vamos a seguir el proceso más político que tiene que ver con el debate en el Congreso sobre proyectos de ley, reforma a la Constitución.
¿Cuál es la principal deficiencia que ha tenido el Proceso Constituyente?
El Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, con la colaboración de Revolución Democrática, organizan el Foro “Reflexiones sobre la participación en el Proceso Constituyente: Resultados y continuidad”.
La actividad se realizará el jueves 4 de agosto de 18:00 a 20:45 hrs., en la sala A-33 del Aulario ubicado en Ejército 326, Santiago.
Quienes estén interesadas/os en asistir, deben confirmar su asistencia escribiendo a: [email protected]
Programa:
Bienvenida
18:00-18:15
Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política, UDP
Análisis Resultados de la Etapa Local
18.15-19.00
Expone: Gloria Maira Vargas, Economista, egresada de Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Género de FLACSO-Ecuador.
Comenta: Ruth Olate. Presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (FESINTRACAP) y participante del Cónclave Social por una Nueva Constitución. Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente
Preguntas
19.00-19.15
Debate: Continuidad de la participación en el Proceso Constituyente 19.15-20.00
Debaten: Hernán Larraín Matte, Abogado, Master en Ciencia Política y Master en Políticas Públicas. Director ejecutivo de Horizontal Chile. Fue asesor de Comunicaciones estratégicas del Ex Presidente Piñera. Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente
Giorgio Jackson, Ingeniero civil industrial, Presidente FEUC 2011 y actual Diputado de la República por el distrito 22 (Santiago). Fundador y militante del partido político Revolución Democrática. Modera: Rocío Donoso, Coordinadora Comisión de Participación Ciudadana, RD
El Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, dirigido por Claudio Fuentes, realizó este mes un informe titulado “Las constituciones en palabras”, para comparar la carta chilena con otras constituciones en el mundo.
En plena discusión sobre cómo debe ser la Constitución, ya se ha abierto un nuevo debate en torno a ella: cuán extensa debe ser la Carta Fundamental de Chile.
El Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, dirigido por Claudio Fuentes, realizó este mes un informe titulado “Las constituciones en palabras”, para comparar la carta chilena con otras constituciones en el mundo. Dentro de las conclusiones se establece que la nuestra se encuentra en el promedio mundial con 25.900 palabras en su texto, muy por encima de las europeas, que tienden a ser las más breves.
América Latina, por su parte, es la segunda región con constituciones más largas, aunque las dos constituciones que tienen más palabras son la de India (146 mil) y Nigeria (66 mil).
El análisis del plantel académico muestra un ciclo de incremento en la extensión de las constituciones hasta los años 80, para luego reducirse en los 90-2000. Esto se debe a la creación de nuevos países en Asia, que establecieron constituciones más bien cortas.
Chile, históricamente, muestra un progresivo incremento en el tamaño de sus constituciones, desde poco más de 9 mil palabras, en 1833, hasta más de 25 mil en la actualidad. ¿Los criterios? Cuánto detalle deben contener finalmente las constituciones. La clave, para muchos, es que esta sólo debe contemplar grandes lineamientos. En ese sentido, sería bueno que Chile volviera a mirar las leyes del pasado.
El pasado 21 de mayo, el Laboratorio Constitucional de la UDP realizó en el Parque Forestal de Santiago lo que se conoce como “juego de cartas”. En un panel se expusieron 10 fotografías representando a personas de diferentes características. Además se colocó un espejo.
A personas que pasaban por el lugar, se les invitó a elegir quién le gustaría que cambiara la Constitución. Si seleccionaban el espejo, es porque deseaban ellos mismos participar del proceso. Todas las personas que participaron de este video lo hicieron voluntariamente y completaron un consentimiento informado. Y en el video podemos ver algunas de las respuestas.
“Para la Constitución, una Conversación” es el llamado que en esta etapa del proceso constituyente ha realizado el Gobierno, invitando a todas y todos a sumarse en sus distintas etapas, principalmente en encuentros locales autoconvocados y/o respondiendo una consulta individual.
Más allá de sus críticas a su etapa informativa, de difusión y que todo este proceso no es vinculante, hemos observado como organizaciones de mujeres y feministas, de la sociedad civil, estudiantes, juntas de vecinos, académicas y académicos, entre otros actores y actoras, han hecho suyo el llamado a pensar y entregar lineamientos sobre lo que las y los chilenos quieren para este nuevo texto legal.
Con especial énfasis las mujeres consideramos que esta es una oportunidad histórica, ya que por primera vez estamos participando de este proceso. Hoy las mujeres tenemos la posibilidad de reflexionar y debatir -en las distintas etapas del proceso constituyente-, respecto de cuáles son las bases que definen la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad y el tipo de democracia a la que aspiramos.
Entrevista exclusiva a Tomás Jordán, abogado y coordinador del Proceso Constituyente
“Organizarse con personas que compartan los mismos temas de interés permite que haya paridad en el Proceso Constituyente”
Por Marcela Tapia
Este 21 de mayo y en el marco de la Cuenta Pública, la presidenta Michelle Bachelet reiteró la importancia de que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en el Proceso Constituyente, afirmando además que será un proceso transparente y sin manipulaciones.
Un mes antes, el ejecutivo habilitó en el sitio webwww.unaconstitucionparachile.cl la ficha de inscripción que dio inicio a la etapa participativa de este proceso, el que se está desarrollando a nivel local para dar paso posteriormente a sus etapas en lo provincial y regional. Este primer paso, es la etapa previa para modificar la Carta Magna y para que la ciudadanía pueda ser partícipe de este cambio. Hasta ahora, se han inscrito más de 5 mil encuentros autoconvocados en todo el país.
Tomás Jordán es abogado, trabajó en la comisión constitucional que elaboró parte de la propuesta programática de Bachelet y actualmente se desempeña como coordinador de todo el proceso destinado a elaborar una nueva Constitución. Jordán marcó “AC” en su voto en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, es partidario de una reforma para que se decida el mecanismo que permitirá contar con un nuevo ordenamiento para Chile y en democracia.
Como parte del equipo del Proceso Constituyente para Tomás Jordán la participación pública de la ciudadanía es fundamental a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, por eso confía en que esta fase participativa que Chile está viviendo cumpla con todos sus objetivos.
La clave de la metodología: la participación
Tomás Jordán explica que a la hora de pensar en una metodología para llevar a cabo el Proceso Constituyente fue fundamental el concepto de participación. “La participación pública cumplía un objetivo bastante clave dentro del diseño, que era tener la visión de las personas, reencontrar el sistema político con la ciudadanía, que es la instancia de confianza”, explica el abogado.
Cuenta Jordán que para llevar a cabo este objetivo existían 2 formas de hacerlo. Una, que se hiciera una propuesta de texto y que esa propuesta se consultase a la ciudadanía. O la segunda alternativa, era tener esas visiones para que las personas pudiesen libremente expresar cuáles eran los ejes de sus miradas constitucionales. “Nosotros optamos por la segunda opción, por eso el proceso participativo es previo a un diseño más institucional en términos de un proyecto más concreto”, reafirma.
El abogado dice que de esta manera se diseñó el Proceso Constituyente actual. “Con una etapa participativa, una deliberación constituyente y una tercera etapa que tiene relación con el plebiscito final ratificatorio”, cuenta.
Desde que se dio a conocer públicamente el método de cómo se está llevando a cabo el proceso, hasta ahora, Tomás Jordán percibe que, “como equipo han visualizado que las personas valoran el deliberar públicamente sobre asuntos de relevancia y en este caso afortunadamente es una deliberación pública y abierta. Nosotros tenemos un objetivo trazado y se ha ido mostrando que la gente valora esa posibilidad”, afirma el abogado.
Diagnóstico, lecciones y paridad
Tomás Jordán asegura que antes de plantear la metodología con la que se iba a llevar a cabo el Proceso Constituyente, como equipo hicieron un diagnóstico sobre cómo se impulsaron las reformas constitucionales anteriores en Chile.
A través de ese análisis se dieron cuenta que la Constitución actual adolece de un gran defecto.“Las reformas constitucionales que se hicieron en Chile fueron correctas y exitosas en términos de reformas, pero lo que no se pudo producir es un factor de legitimidad en el proceso de cambio de la Constitución”. Es por esto que Jordán asegura, que “el defecto que tiene la Carta Magna, es que las personas no la sienten propia y nosotros diagnosticamos que esto se debía a que hay una distancia entre personas y proceso de cambio constitucional. Por eso la inspiración para crear la metodología de este proceso tiene que ver en cómo reducimos esa brecha”.
De esta manera Tomás Jordán explica que al incorporar la participación ciudadana en el modelo del proceso constitucional, se puede estrechar esa distancia entre los actores. “Ese es el gran desafío de toda deliberación, que sea incidente y que el resultado de esa conversación conlleve en el compromiso de que esto se traduzca en un texto constitucional”.
Otro de los desafíos más difíciles que tiene el proceso previo para modificar la Constitución, es la información. Jordán, explica que desde su inicio y hasta ahora, ha podido ver “que hay que informar más y de mejor manera a la ciudadanía”.
“A medida que las personas se informan, se produce directamente una relación con la voluntad de participar. Por lo tanto, esa brecha de desconocimiento es la que pudo haber existido al inicio y la que generó inhibición en la participación. Sin embargo, una vez que los ciudadanos han tomado conocimiento, han querido estar presente y participado”, cuenta Jordán
Algunas organizaciones de mujeres y feministas han declarado públicamente que el proceso constitucional no asegura paridad en esta etapa y que nuevamente los derechos humanos de las mujeres podrían quedar fuera de la discusión. Sin embargo, para el abogado y coordinador del Proceso Constituyente, la metodología sí asegura paridad y diversidad.
“El hecho de que los grupos se organicen entorno a sus propias áreas temáticas de interés permite que haya paridad. La auto-organización permite que las personas junten a gente de su propio mundo para organizar encuentros en los cuales releven sus temas de interés”, explica Jordán.
Además, asegura que “nosotros queremos que los ciudadanos puedan ir a dar a conocer su punto de vista y que las distintas miradas -las más pluralistas posibles- pueden estar contenidas en un modelo de cambio constitucional”.
Existen 4 maneras de participar en el Proceso Constituyente. A través de la participación individual, de encuentro locales, de cabildo provincial y mediante el cabildo regional. Cada etapa tiene su tiempo y fecha determinada para participar. Sin embargo, el coordinador del proceso Tomás Jordán sostiene que las bases ciudadanas para una Nueva Constitución se podrían entregar a fines de octubre a la Presidenta Michelle Bachelet.
Francisca Pérez, directora de La Morada:
“Este proceso constituyente no está considerando las particularidades de las mujeres”
Por Nancy Muñoz
En octubre de 2015 la presidenta Michelle Bachelet anunció la ruta del gobierno para instalar las bases de una nueva Constitución. Diálogo ciudadano a nivel local, regional y nacional; entrega de las bases ciudadanas para un posterior proyecto de ley, discusión parlamentaria del mecanismo constituyente y un plebiscito de ratificación son hasta ahora los pasos propuestos por el Ejecutivo.
A la fecha, el proceso constituyente– cuyo objetivo principal es redactar una nueva Carta Fundamental– se encuentra en su fase inicial: la etapa participativa que busca recoger las diferentes visiones que conforman la identidad del país y bases de una nueva Carta Fundamental. De esta forma, hasta el 23 de junio se llevará a cabo la etapa local donde se contempla la participación de la ciudadanía a nivel individual a través de una plataforma web y una encuesta, además de diferentes encuentros autoconvocados.
Sin embargo, el inicio del proceso no ha estado exento de polémicas por parte de la coalición opositora y de gobierno, implicando cambios en las exigencias relativas a las reuniones locales por mencionar un ejemplo. Francisca Pérez, feminista, psicóloga de la Universidad de Chile y directora de la Corporación Casa de la Mujer La Morada asegura que, si bien este proceso de cambio es una oportunidad y un gran desafío para los diferentes grupos sociales y políticos, “en este proceso constituyente no hay una consideración de las particularidades de las mujeres, de las brechas de género ni de las desigualdades en nuestro país”.
La docente de la UMCE manifiesta que se vuelve indispensable que los diferentes grupos feministas y de mujeres se articulen, se congreguen y trabajen en conjunto para poder proyectar una labor con fundamentos contundentes que permitan concluir este proceso con la elaboración de una nueva Constitución basada en la diversidad de sujetos existentes en el país.
Proceso Constituyente
Para que los diálogos se realicen de manera libre y transparente, el Ejecutivo estableció un Consejo Ciudadano de Observadores cuyo fin principal es velar por el correcto funcionamiento de todo el proceso constituyente participativo. Esta entidad está conformada por 15 personalidades del mundo empresarial, social y político. Sólo dos mujeres lo integran. Para Francisca Pérez el que haya un número establecido de mujeres en los encuentros no es fundamental; una o más no tienen por qué ser representativas del resto de las mujeres de la sociedad. “Me parece que es importante que haya mujeres, pero me parece más importante aún que hayan representantes de una perspectiva de género y de una perspectiva feminista– que no es lo mismo– y acá eso no se está dando”, asegura.
Por lo mismo, para la directora de La Morada el proceso constituyente tiene un sinnúmero de falencias: “es muy difícil pensar¬– en lo que va del proceso– en una orgánica que pueda dar cuenta de las necesidades, los planteamientos y las reflexiones de grupos importantes de mujeres y de feministas”.
Para ella, el principal error en lo que va del proceso hacia una nueva Constitución es no reconocer la existencia de sujetos sociales como feministas, trabajadores, profesores, entre otros; que no son sólo grupos manifestándose, proponiendo y demandando; sino que también son actores políticos a los que se les debería dar el espacio necesario dentro de una discusión que es de carácter político. Para Pérez “este proceso constituyente no está considerando la existencia o participación de esos sujetos, por lo tanto, no está tomando en cuenta el reconocimiento de las mujeres como sujetos diferentes”.
La psicoanalista cree que el proceso constituyente debiese haber contado desde un principio con la presencia de aquellos sujetos sociales-políticos que sí se encuentran organizados para plantear sus propuestas y no, por ejemplo, con “un jugador de fútbol que si bien llama la atención de las personas, no es un sujeto político sino un representante de una masa que gusta de un deporte en específico”. “Me parece que se intenta neutralizar algo que es político. Este proceso debiese haber considerado desde el primer momento al sujeto político, a nosotras como feministas, por ejemplo, entendiendo que no tenemos una mirada neutra frente a este tema”, asegura la actual directora de La Morada.
Reconocimiento de la diferencia
Francisca Pérez es enfática para calificar el proceso constituyente. Cree que es un mecanismo que evidencia la precariedad de la vida en común que llevan los ciudadanos de Chile, aludiendo a que invita– lamentablemente– a mirar la vida social como algo individual. “Es un mecanismo que no reconoce la necesidad y el desafío fundamental que implica todavía hoy restablecer vínculos– que son políticos– para nuestra convivencia”, dice.
La Casa de la Mujer La Morada, creada en 1983, es una organización que desde su inicio marca una doble vocación: por un lado, de trabajo con las mujeres desde las complejidades del pensamiento feminista y, por otro, un quehacer político que pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres, denunciar discriminaciones y contribuir a modificar las prácticas políticas y culturales sexistas. Desde el punto de vista de La Morada, Pérez asegura que como institución feminista lo que esperan es “establecer un nuevo pacto de convivencia que reconozca y considere a una sujeta mujer, con diferencias, que no pueden confundirse con desigualdad o discriminación”.
Para La Morada, la nueva Carta Fundamental debe garantizar necesariamente el reconocimiento de la igualdad ante la ley. Sin embargo, Francisca Pérez dice que esto no implica la negación de la diferencia entre sujetos ni mucho menos que esa diferencia debiese significar la desigualdad en el ejercicio de los derechos. “Nos parece que un punto básico y necesario es contemplar la diversidad de sujetos que existen en nuestro país y que implica considerar las diferencias étnicas y políticas, por ejemplo, hasta las diferencias relativas al género”, dice.
Para la psicóloga, esa diferencia tiene que ser reconocida, legitimada y respetada desde la igualdad de derechos en los diferentes ámbitos que la Constitución determine. “Una igualdad que resguarda la diferencia– es la gracia de eso– no una igualdad para que todos sean iguales sino que una igualdad de derecho ante esta ley fundamental que es la que debiera poder amparar y albergar realmente a todos y no favorecer a uno”, asegura.
Desde La Morada advierte que para asegurar que aquellas cualidades de la diferencia no impliquen desigualdad, una nueva Constitución no sólo debe contemplar los derechos, sino que también establecer los mecanismos que asegurarán su ejercicio. “El gran desafío de un proceso constituyente como este es apuntar al horizonte de establecer un modo de convivencia que no perpetué la desigualdad y las brechas en el género, en la economía, en la cultura, en la educación”.
La Asamblea Feminista
Para que la igualdad de derechos, el reconocimiento de las diferencias y la consideración de un sujeto político sea contemplado en este proceso constituyente, Francisca Pérez asegura que es fundamental no sólo la participación individual o grupal con un mínimo de 10 personas, también la generación de diálogos entre las distintas organizaciones de la sociedad civil en diferentes puntos del país.
Es por esto que La Morada, junto a otras agrupaciones feministas, a mujeres independientes y a otras pertenecientes a partidos políticos, desde hace unos meses se encuentran articulando una Asamblea Feminista que pretende identificar, demandar y proponer algunos de los puntos esenciales que debiesen contemplarse en una nueva Carta Fundamental. Junto a esto, la iniciativa pretende distinguir las metodologías de asociación, de discusión y de implementación necesarias para que un proceso constituyente como este llegue a un buen fin.
Francisca Pérez asegura que si bien esta Asamblea Feminista ha tenido distintas instancias de diálogos, siguen trabajando para lograr– durante el proceso constituyente– un estado de articulación importante tanto a nivel regional como a nivel nacional y así levantar no sólo demandas sino que también diferentes propuestas. “Para nosotras como Asamblea Feminista es muy importante hacer visible lo que pueda surgir ahí como demanda, como propuesta y como presencia masiva. Es importante también buscar la manera de darle a todo lo que allí surja una continuidad de trabajo en el tiempo”, dice la actual directora de La Morada.
Francisca Pérez afirma que trabajarán para que las demandas de La Morada y de la Asamblea Feminista sean visibles, atendibles e innegables aunque está consciente de las limitaciones del entorno político. En ese sentido, cree que este proceso constituyente es una oportunidad, un desafío y puede llegar a ser un hito para que los problemas y las propuestas de las mujeres sean conceptualizados como un problema político, vinculado al género. “El feminismo no tiene fecha de vencimiento en la medida en que los derechos no estén siendo asegurados. Esto es una pelea día a día, por eso hay que estar atentas para que sí se tomen en cuenta las cosas que se están pidiendo y proponiendo”.
Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política UDP:
“Me hubiese gustado un proceso participativo y vinculante, y esa condición política la tiene una Asamblea Constituyente”
Por Jocelyn Escárate
En el último trimestre del año pasado se comenzó a desarrollar una de las grandes promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet para su segundo mandato: el cambio a la Constitución. Mucha especulación hubo de cuál sería el mecanismo para llevar a cabo este cambio, sin embargo, se optó por un proceso de varias etapas que culminará el 2018 con un plebiscito.
Luego de 7 meses de haber comenzado con él, Claudio Fuentes –Doctor en Ciencia Política y Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) – afirma que “en el marco de una coalición dividida y con una derecha que todavía es muy relevante en el proceso político chileno, creo que el camino que escogió la presidenta era menos malo que esperar hasta el 2018 para recién empezar a discutir sobre una nueva Constitución”.
Según Fuentes, lo que hizo el gobierno fue poner en marcha el proceso a través de un mecanismo de participación no vinculante, de modo de generar condiciones políticas para que los chilenos comenzaran a hablar de la Constitución. Pero asegura que “la forma en que se ha desplegado este proceso ha tenido muchos problemas”. Esto, porque en su opinión la implementación se hizo bastante improvisadamente en las etapas iniciales: “una campaña de educación cívica con la que no pasó nada, muy mal diseñada, con pocos recursos y con poca posibilidad dedesplegarse nacionalmente”.
Por otro lado, afirma que siempre existió mucha resistencia de parte de los grupos más conservadores de la derecha, de los empresarios y de los políticos que decían que no era necesaria una nueva Constitución y que frenaban cualquier opción de cambio. Y también que existieron problemas operativos que tenían que ver con el tipo de formulario que se utilizaría o con la cantidad mínima de personas que tenían que participar del encuentro autoconvocado, lo que repercutió en que el proceso estuviera bastante desorganizado en un comienzo. “Me hubiese gustado un proceso participativo y vinculante, y esa condición política la tiene una Asamblea Constituyente o un plebiscito en el que la ciudadanía defina qué mecanismo es más apropiado”, asegura.
Encuentros locales autoconvocados: ¿el único espacio de participación ciudadana?
El diseño de la etapa de encuentros locales autoconvocados está hecho para que la ciudadanía tenga la posibilidad de decir: “me gustaría que tal tema estuviera en la Constitución” y no para ser un espacio de representatividad, explica Claudio Fuentes. De acuerdo a lo argumentado por el doctor en Ciencia Política, “estos espacios están pensados para socializar y abarcar un espectro de gente que usualmente no se sienta un día sábado a conversar sobre la Constitución. Su objetivo no es de representación, sino que es de discusión y de conversación”.
Actualmente, nadie puede tener certeza de que la discusión en estos encuentros vaya a ser considerada en una nueva Constitución. Sin embargo, y a pesar de que los encuentros no son vinculantes, lo que se concluya en ellos se traducirá en unas “Bases ciudadanas para una nueva Constitución”, en las que se recopilarán las ideas que resulten de esta etapa, transformándolas en insumos para las discusiones posteriores. Claudio Fuentes asegura que, para que el próximo Congreso ponga en la agenda los temas que resultaron relevantes en esta etapa, va “depender de la capacidad de la ciudadanía para presionar por que estos temas entren en la discusión política”.
La ciudadanía no sólo debe empoderarse y presionar a los legisladores/as para que los temas que crean relevantes se consideren en una nueva Constitución. También deben estar preparados para las discusiones que se vienen como, por ejemplo, la decisión que debe tomar el Congreso durante el próximo año para determinar cuáles serán los mecanismos de reforma de la nueva Constitución.
Según explica Fuentes “este es un proceso de incidencia ciudadana” y si los chilenos y chilenas no están atentos, pueden terminar aceptando un mecanismo de reforma constitucional que no es el que ellos consideran más idóneo. “No es que ahora en julio terminen los encuentros, terminen los cabildos y nos vayamos para la casa y dejemos al Congreso decidiendo, porque la historia no termina ahí. La historia va a seguir y va a depender mucho de la ciudadanía que siga en favor de abrir los espacios de participación. Eso es lo que creo que todavía no se comprende”, dice.
Laboratorio Constitucional UDP: un nuevo espacio de trabajo
Hoy, Claudio Fuentes está a cargo del Laboratorio Constitucional de la UDP, que busca –a través de redes sociales, de su página web y de apariciones en los medios de comunicación– difundir contenidos sobre el actual proceso constituyente que está viviendo Chile.
El director de la Escuela de Ciencia Política UDP dice que el trabajo que se está realizando se divide en 3 grandes áreas: la primera, es la de sistematización de contenidos, en la que se busca levantar información de toda la dinámica del proceso constituyente. “Aparte de la información de prensa, estamos haciendo análisis de cómo evolucionan los debates. También vamos a hacer etnografías en los cabildos, vamos a observar cómo se experimenta la participación, cómo se despliega, quiénes son los que hablan –hombres, mujeres o indígenas– y por qué se conversan ciertos temas”, cuenta.
La segunda área de trabajo del Laboratorio Constitucional es la relacionada con generar un vínculo con el medio. Según comenta Claudio Fuentes, se les pidió a los estudiantes de dos colegios que redactaran un artículo de la Constitución referente al reconocimiento de los pueblos originarios. La idea es que los alumnos y alumnas investiguen y luego presenten sus conclusiones en la UDP para que deliberen acerca de la redacción de un artículo que puede ser parte de una nueva Constitución de acuerdo a la información que encontraron. Además del trabajo con los establecimientos educacionales, las personas que colaboran en este Laboratorio realizan talleres para juntas de vecinos en los que explican para qué sirve y por qué es importante una Constitución y, también, para aclarar de qué se trata el proceso constituyente que vivimos actualmente.
Finalmente, la tercera área que aborda es la de hacer trabajo de incidencia. “Esto quiere decir que en el contexto de las discusiones públicas nacionales, estamos tratando de mostrar dimensiones que no están siendo tocadas”, asegura Fuentes. Por ejemplo, afirma que muchos actores han señalado que acá sólo se discute el mecanismo para una nueva Constitución y no el contenido de ella. Entonces desde el Laboratorio sistematizaron todos los seminarios que se han realizado en los últimos dos años para ver qué es lo que se discute y descubrieron que en realidad casi la mitad de ellos hablaba sobre el mecanismo y la otra mitad sobre el contenido. Lo que buscan con este trabajo es “desvirtuar ciertos discursos que hay en el ambiente y que muchas veces son contrarios a lo que la realidad muestra”.
Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de Corporación Humanas
“El proceso no ha sido paritario ni representativo y eso es una mala señal”
Por Marcela Tapia
En octubre del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet anunció cómo se llevaría a cabo el proceso para cambiar la actual Constitución. A través de una cadena nacional mencionó que eran 4 los métodos propuestos para avanzar en este cambio.
Actualmente, Chile está viviendo un Proceso Constituyente, una etapa previa y participativa para modificar la Carta Magna. Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de la Corporación Humanas se refiere a él y a cómo se están organizando las mujeres y feministas para que los derechos humanos de las mujeres no queden fuera de este debate.
Carolina Carrera explica que el mecanismo con el que se está llevando a cabo este Proceso Constituyente “costó entenderlo en un comienzo, la primera presentación que hizo la Presidenta fue difusa en términos de cuál era el sentido del diálogo, es decir, qué tan vinculante iba hacer el proceso. Incluso, llegaba a ser contradictorio cuando se leía”.
Uno de los objetivos del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) es dar ecuanimidad al proceso en los encuentros locales y cabildos provinciales y regionales. Sin embargo, Carolina Carrera afirma que “el proceso no ha sido paritario ni representativo y eso es una mala señal. Una vez más se optó mayoritariamente por abogados y constitucionalistas (en la integración del CCO) cuestión que desvirtúa el sentido del proceso”.
Los problemas del proceso constituyente
Si bien es cierto para Carolina Carrera el Proceso Constituyente sí es un proceso participativo advierte que tiene diversos problemas que resolver. “Es un problema el corto tiempo pensado para la realización de los encuentros autoconvocados, son 2 meses y eso es muy poco para llevar a cabo esta primera etapa”.
Para Carrera, otra gran dificultad que tiene el proceso es su mecanismo digital. La única forma para inscribirse en los encuentros autoconvocados es a través de la plataforma webwww.unaconstituciónparachile.cl“Entiendo que la metodología apunta a sacar conclusiones en un mismo mecanismo de diálogo y participación, pero finalmente las actas hay que subirlas y para eso hay que tener acceso al mundo de la tecnología y saber ocuparla”, explica Carolina Carrera.
Además, es enfática en decir que “en el caso de muchas mujeres eso es una complicación, porque sabemos que existe aproximadamente un 40% de mujeres que no usa tecnología (SIC). Lo mismo ocurre con los sectores rurales también tendrán una mayor dificultad para poder ser parte de este proceso”.
La presidenta de la Corporación Humanas explica que respecto a la metodología y la búsqueda permanente de un consenso, el proceso también es un problema. “Esta búsqueda de consenso no ayuda a que exista un diálogo entre distintos actores. En definitiva, la tendencia es que, si yo quiero que efectivamente los derechos humanos de la mujeres queden en este documento final, tengo que hacer muchos encuentros autoconvocados y promoverlos”.
Ejemplifica diciendo que “para que los derechos sexuales y reproductivos queden en el documento final, necesito de ese consenso. Entonces no podemos decir: hagamos un diálogo entre quiénes no estamos de acuerdo, muy por el contrario, la tendencia será realizar encuentros que propicien los acuerdos”.
Las Constituyentes
Hace algún tiempo y desde que se informó sobre la metodología para avanzar en el Proceso Constituyente, distintos grupos y feministas se organizaron para reflexionar sobre el proceso que se está desarrollando en Chile.
Carolina Carrera, junto a otras mujeres crearon el grupo “Las Constituyentes”https://www.facebook.com/NosotrasLasConstituyentes El primer paso que dieron como organización fue reflexionar y realizar un profundo análisis frente a los temas que surgen en torno a una Nueva Constitución; al método para cambiarla, las etapas y el proceso construido por el Ejecutivo.
“Determinamos que íbamos a tener una participación crítica porque una serie de derechos no quedaron incorporados en la metodología que se estaba llevando a cabo. Es decir, los derechos de las mujeres no estaban a priori en este proceso”, explica la psicóloga Carolina Carrera.
Como organización “Las Constituyentes” escribieron un documento explicando de diversos conceptos y fundamentos “realizamos este trabajo porque sabíamos que no estaría incluido en esta etapa, por eso comenzamos a trabajar por los principios de valor, pero fundamentándolo; como la igualdad sustantiva, la no discriminación, la democracia paritaria”, detalla Carolina Carrera.
Además explica que la importancia de este documento y el trabajo que han hecho como grupo“nos permite sociabilizar con las mujeres para que cuando hagan eventos autoconvocados o participen de éstos, los derechos mínimos que nos interesan queden representados (…) Si nosotras no realizamos esto, sabemos que la voz de las mujeres una vez más quedaría invisibilizada”, enfatiza Carrera.
Por último, la presidenta de Corporación Humanas asegura que el trabajo que están haciendo como mujeres y como parte de la agrupación “Las Constituyentes”, no sólo será en esta etapa del proceso. “Vamos a seguir peleando para que efectivamente quedemos con una constituyente paritaria”, cuenta.
“Nosotras no terminamos el trabajo en agosto, cuando se entreguen las bases (SIC) sino que vamos a seguir en debate y exigiendo al próximo Congreso -quienes serán los encargados de definir el mecanismo para una Nueva Constitución- una posición frente a la metodología y cómo van a incorporar el trabajo de las mujeres en una nueva Carta Magna”, reafirma Carolina Carrera.
Analizando las actividades públicas organizadas por el gobierno, universidades y centros de estudios en Chile entre agosto de 2014 y abril de 2016, el Laboratorio Constitucional UDP elaboró un mapa de influencia que confirma el preponderante rol de las universidades y derriba el mito de que sólo se ha discutido el mecanismo de cambio constitucional.
La aprobación de las reformas constitucionales en el año 2005 intensificó el debate constitucional. Desde aquel año y hasta la fecha se incrementaron sustantivamente las propuestas de reforma en el Congreso y se intensificaron las propuestas programáticas asociadas a cambios cada vez más relevantes a la Carta Magna. A partir del año 2014 advertimos un aumento significativo de los debates sobre esta materia, pero ¿quiénes son los dinamizadores de este debate? ¿Cuáles son los contenidos que debaten? ¿Cuál es el perfil profesional e institucional de ellos?
El Laboratorio Constitucional UDP se propuso examinar estas preguntas. Sistematizamos las actividades públicas organizadas por el gobierno, universidades y centros de estudios en Chile entre agosto de 2014 y abril de 2016. Aunque esta medida no representa al conjunto de actores que participan en el debate público (por ejemplo, a través de los medios de comunicación), sí nos da cuenta de los espacios y perfiles de quienes están influyendo hoy con sus ideas en el proceso constituyente. Se trata de un buen proxy de las fuentes de influencia intelectual en las cuestiones constitucionales.
Registramos la participación de 322 académicos en 35 actividades organizadas por un total de 42 instituciones. Realizamos búsquedas tanto a partir de palabras claves en la web como a partir del seguimiento del calendario de actividades de instituciones claves. El mapa de influencia que elaboramos nos permite explorar el tipo de instituciones que están aportando a la construcción de debates y las orientaciones y preocupaciones que estos actores tienen. Pero también nos dice mucho respecto de las instituciones y actores que no han estado presentes en esta coyuntura. El análisis confirma algunas intuiciones que circulan entre las élites (por ejemplo, la relevancia de la Universidad de Chile como catalizadora del debate), y desmitifica otros supuestos (por ejemplo, que sólo se ha debatido sobre el mecanismo). Comprobamos que este último supuesto debe relativizarse.
¿QUIÉNES DISCUTEN?
Los principales agentes dinamizadores del debate constitucional han sido sin duda las universidades. A diferencia de hace algunas décadas, cuando los centros de estudios (o think tanks) asumían un rol preponderante en la producción y difusión de ideas, hoy las universidades asumen esa función. Dentro de ellas, las que han estado más presente son, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la U. Diego Portales —las tres con las más prestigiosas facultades de derecho del país—.
Desde el punto de vista institucional, llama la atención la presencia de académicos provenientes de universidades extranjeras. Esto se explica por el aporte realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) que, en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, realizaron una serie de actividades involucrando académicos de alto nivel internacional, expertos en estos temas. Ello ha permitido promover un debate comparado constitucional, aunque concentrado en un número bastante limitado de eventos. Suelen dominar actividades que giran en torno casi exclusivamente al proceso político chileno contemporáneo y, en algunos casos, con referencias históricas.
El perfil de quienes exponen es extremadamente homogéneo. Se trata de hombres (82,9%), abogados (75%) y no indígenas (97%). A lo anterior debemos agregar que el 88% de las actividades registradas se realizaron en la Región Metropolitana. Muy probablemente este perfil refleja problemas estructurales del mundo académico y se asocia con la poca presencia de mujeres y académicos(as) indígenas. Pero además, también refleja una aproximación extremadamente legal a los debates constitucionales. Pese a que se trata de un tema que teóricamente podría involucrar otros saberes (economía, politología, ciencias de la salud, educación, etc.), la problemática constitucional—al menos en los foros públicos— continúa siendo un campo reservado al derecho.
¿DE QUÉ SE DISCUTE?
Una queja habitual en el país es la supuesta ausencia de la discusión de contenidos. Por lo mismo, quisimos comprobar si aquella afirmación era verdadera. Al evaluar el contenido de las actividades advertimos que en el 51,4% de ellas se debatió sobre la dinámica política actual para cambiar la Constitución (la pregunta si se requería o no una nueva Constitución, y la forma en que se está enfrentando dicho proceso). En tanto, en un 25,7% de las actividades se debatió sobre las formas específicas o mecanismos para cambiar la Constitución (análisis comparado, debate sobre Asamblea Constituyente, opciones vía Congreso, etc.). Pero, para nuestra sorpresa, en un 48,6% de las ocasiones se debatieron contenidos específicos referidos a una nueva Constitución, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos originarios, derechos de propiedad, instituciones de gobierno, Tribunal Constitucional, etc. Los porcentajes totales superan el 100% por cuanto en varios seminarios se abordaban simultáneamente dos temas: usualmente el debate sobre contenidos y la cuestión del mecanismo.
De este modo, parece incorrecto señalar que en el debate público la cuestión de los contenidos constitucionales ha estado completamente ausente. Mecanismos, la evaluación del proceso actual y los contenidos de la Constitución forman parte de las preocupaciones de las élites intelectuales y políticas del país.
LOS INFLUYENTES
Fernando Atria, Francisco Zúñiga y Pablo Ruiz-Tagle tienen una alta presencia en seminarios. Otros que concentran notoriedad son Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil, Javier Couso, Marcela Ríos, José Francisco García, Miguel Ángel Fernández y Arturo Fermandois.
Asumimos que quienes organizan seminarios, talleres y foros públicos buscan identificar expositores(as) que representan determinadas ideas o visiones de mundo respecto de la Constitución. Al sistematizar la presencia de estos académicos en eventos públicos advertimos que Fernando Atria, Francisco Zúñiga y Pablo Ruiz-Tagle, de la Universidad de Chile, concentran una alta presencia en seminarios. Los tres participaron de la comisión que redactó las bases del programa de gobierno de la presidenta Bachelet en materia constitucional. Otros que concentran notoriedad son Patricio Zapata (Universidad de Las Américas), Jorge Correa Sutil y Javier Couso (Universidad Diego Portales), y Marcela Ríos (PNUD). En el caso de la Universidad Católica, destacan José Francisco García, Miguel Ángel Fernández y Arturo Fermandois.
El perfil de prácticamente la totalidad de los mencionados es que cumplen un rol de “intelectuales públicos”. En ningún caso se trata de “académicos puros”, que sólo se dedican a la función docente y de investigación. Varios de ellos tienen un domicilio conocido, varios han ejercido funciones de gobierno y, en la mayoría de los casos, se trata de actores que han asesorado gobiernos y actores políticos en materias constitucionales y de reforma política. Desmitificamos categóricamente esta creencia de observar un debate de mundos paralelos donde, por una parte, estarían los políticos y, por otra parte, los académicos. Cuando caracterizamos a quienes lideran el debate actual observamos que todos ellos han cumplido de alguna u otra forma funciones relevantes de articulación entre el mundo de las ideas y las decisiones políticas.
LOS AUSENTES
Resulta llamativa la ausencia más destacada de actores políticos provenientes del Poder Legislativo. Salvo la presencia del presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, el socialista Leonardo Soto, no se advierte una presencia más relevante de diputados y senadores. ¿La explicación? Seguramente la combinación de dos años intensos en materia legislativa, los escándalos de corrupción que han mantenido concentrados en otros temas a estos actores y la distancia de los partidos respecto del proceso constituyente en sus etapas iniciales. Muy probablemente esto cambiará el próximo año, cuando adquiera importancia el debate del proyecto de ley para incluir la posibilidad de cambiar la Constitución.
Otro actor ausente es el Poder Judicial, que ha participado escasamente del debate, y organismos no gubernamentales y centros de estudio que dejaron de tener la relevancia que mostraban en el pasado. Con todo, la discusión constitucional, al menos en los dos últimos años, ha estado circunscrita a un tipo de debate (el jurídico) y a un ámbito particular (la universidad), aunque siempre liderada por personas que cumplen esta doble función de pensar e incidir en la política. La fotografía nos muestra una escena bastante familiar y conocida en el proceso político chileno.
Analizando las actividades públicas organizadas por el gobierno, universidades y centros de estudios en Chile entre agosto de 2014 y abril de 2016, el Laboratorio Constitucional UDP elaboró un mapa de influencia que confirma el preponderante rol de las universidades y derriba el mito de que sólo se ha discutido el mecanismo de cambio constitucional.
La aprobación de las reformas constitucionales en el año 2005 intensificó el debate constitucional. Desde aquel año y hasta la fecha se incrementaron sustantivamente las propuestas de reforma en el Congreso y se intensificaron las propuestas programáticas asociadas a cambios cada vez más relevantes a la Carta Magna. A partir del año 2014 advertimos un aumento significativo de los debates sobre esta materia, pero ¿quiénes son los dinamizadores de este debate? ¿Cuáles son los contenidos que debaten? ¿Cuál es el perfil profesional e institucional de ellos?
El Laboratorio Constitucional UDP se propuso examinar estas preguntas. Sistematizamos las actividades públicas organizadas por el gobierno, universidades y centros de estudios en Chile entre agosto de 2014 y abril de 2016. Aunque esta medida no representa al conjunto de actores que participan en el debate público (por ejemplo, a través de los medios de comunicación), sí nos da cuenta de los espacios y perfiles de quienes están influyendo hoy con sus ideas en el proceso constituyente. Se trata de un buen proxy de las fuentes de influencia intelectual en las cuestiones constitucionales.
Registramos la participación de 322 académicos en 35 actividades organizadas por un total de 42 instituciones. Realizamos búsquedas tanto a partir de palabras claves en la web como a partir del seguimiento del calendario de actividades de instituciones claves. El mapa de influencia que elaboramos nos permite explorar el tipo de instituciones que están aportando a la construcción de debates y las orientaciones y preocupaciones que estos actores tienen. Pero también nos dice mucho respecto de las instituciones y actores que no han estado presentes en esta coyuntura. El análisis confirma algunas intuiciones que circulan entre las élites (por ejemplo, la relevancia de la Universidad de Chile como catalizadora del debate), y desmitifica otros supuestos (por ejemplo, que sólo se ha debatido sobre el mecanismo). Comprobamos que este último supuesto debe relativizarse.
¿QUIÉNES DISCUTEN?
Los principales agentes dinamizadores del debate constitucional han sido sin duda las universidades. A diferencia de hace algunas décadas, cuando los centros de estudios (o think tanks) asumían un rol preponderante en la producción y difusión de ideas, hoy las universidades asumen esa función. Dentro de ellas, las que han estado más presente son, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la U. Diego Portales —las tres con las más prestigiosas facultades de derecho del país—.
Desde el punto de vista institucional, llama la atención la presencia de académicos provenientes de universidades extranjeras. Esto se explica por el aporte realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) que, en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, realizaron una serie de actividades involucrando académicos de alto nivel internacional, expertos en estos temas. Ello ha permitido promover un debate comparado constitucional, aunque concentrado en un número bastante limitado de eventos. Suelen dominar actividades que giran en torno casi exclusivamente al proceso político chileno contemporáneo y, en algunos casos, con referencias históricas.
El perfil de quienes exponen es extremadamente homogéneo. Se trata de hombres (82,9%), abogados (75%) y no indígenas (97%). A lo anterior debemos agregar que el 88% de las actividades registradas se realizaron en la Región Metropolitana. Muy probablemente este perfil refleja problemas estructurales del mundo académico y se asocia con la poca presencia de mujeres y académicos(as) indígenas. Pero además, también refleja una aproximación extremadamente legal a los debates constitucionales. Pese a que se trata de un tema que teóricamente podría involucrar otros saberes (economía, politología, ciencias de la salud, educación, etc.), la problemática constitucional—al menos en los foros públicos— continúa siendo un campo reservado al derecho.
¿DE QUÉ SE DISCUTE?
Una queja habitual en el país es la supuesta ausencia de la discusión de contenidos. Por lo mismo, quisimos comprobar si aquella afirmación era verdadera. Al evaluar el contenido de las actividades advertimos que en el 51,4% de ellas se debatió sobre la dinámica política actual para cambiar la Constitución (la pregunta si se requería o no una nueva Constitución, y la forma en que se está enfrentando dicho proceso). En tanto, en un 25,7% de las actividades se debatió sobre las formas específicas o mecanismos para cambiar la Constitución (análisis comparado, debate sobre Asamblea Constituyente, opciones vía Congreso, etc.). Pero, para nuestra sorpresa, en un 48,6% de las ocasiones se debatieron contenidos específicos referidos a una nueva Constitución, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos originarios, derechos de propiedad, instituciones de gobierno, Tribunal Constitucional, etc. Los porcentajes totales superan el 100% por cuanto en varios seminarios se abordaban simultáneamente dos temas: usualmente el debate sobre contenidos y la cuestión del mecanismo.
De este modo, parece incorrecto señalar que en el debate público la cuestión de los contenidos constitucionales ha estado completamente ausente. Mecanismos, la evaluación del proceso actual y los contenidos de la Constitución forman parte de las preocupaciones de las élites intelectuales y políticas del país.
LOS INFLUYENTES
Fernando Atria, Francisco Zúñiga y Pablo Ruiz-Tagle tienen una alta presencia en seminarios. Otros que concentran notoriedad son Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil, Javier Couso, Marcela Ríos, José Francisco García, Miguel Ángel Fernández y Arturo Fermandois.
Asumimos que quienes organizan seminarios, talleres y foros públicos buscan identificar expositores(as) que representan determinadas ideas o visiones de mundo respecto de la Constitución. Al sistematizar la presencia de estos académicos en eventos públicos advertimos que Fernando Atria, Francisco Zúñiga y Pablo Ruiz-Tagle, de la Universidad de Chile, concentran una alta presencia en seminarios. Los tres participaron de la comisión que redactó las bases del programa de gobierno de la presidenta Bachelet en materia constitucional. Otros que concentran notoriedad son Patricio Zapata (Universidad de Las Américas), Jorge Correa Sutil y Javier Couso (Universidad Diego Portales), y Marcela Ríos (PNUD). En el caso de la Universidad Católica, destacan José Francisco García, Miguel Ángel Fernández y Arturo Fermandois.
El perfil de prácticamente la totalidad de los mencionados es que cumplen un rol de “intelectuales públicos”. En ningún caso se trata de “académicos puros”, que sólo se dedican a la función docente y de investigación. Varios de ellos tienen un domicilio conocido, varios han ejercido funciones de gobierno y, en la mayoría de los casos, se trata de actores que han asesorado gobiernos y actores políticos en materias constitucionales y de reforma política. Desmitificamos categóricamente esta creencia de observar un debate de mundos paralelos donde, por una parte, estarían los políticos y, por otra parte, los académicos. Cuando caracterizamos a quienes lideran el debate actual observamos que todos ellos han cumplido de alguna u otra forma funciones relevantes de articulación entre el mundo de las ideas y las decisiones políticas.
LOS AUSENTES
Resulta llamativa la ausencia más destacada de actores políticos provenientes del Poder Legislativo. Salvo la presencia del presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, el socialista Leonardo Soto, no se advierte una presencia más relevante de diputados y senadores. ¿La explicación? Seguramente la combinación de dos años intensos en materia legislativa, los escándalos de corrupción que han mantenido concentrados en otros temas a estos actores y la distancia de los partidos respecto del proceso constituyente en sus etapas iniciales. Muy probablemente esto cambiará el próximo año, cuando adquiera importancia el debate del proyecto de ley para incluir la posibilidad de cambiar la Constitución.
Otro actor ausente es el Poder Judicial, que ha participado escasamente del debate, y organismos no gubernamentales y centros de estudio que dejaron de tener la relevancia que mostraban en el pasado. Con todo, la discusión constitucional, al menos en los dos últimos años, ha estado circunscrita a un tipo de debate (el jurídico) y a un ámbito particular (la universidad), aunque siempre liderada por personas que cumplen esta doble función de pensar e incidir en la política. La fotografía nos muestra una escena bastante familiar y conocida en el proceso político chileno.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Expansión del PIB y de la tasa de inversión fue mayor antes y después de las modificaciones en los países de la muestra, exceptuando Venezuela.
El proceso para cambiar la Constitución es una realidad y ya está en marcha. El gobierno ha convocado a los ciudadanos a participar en cabildos y encuentros autoconvocados para discutir eventuales cambios a la Carga Magna, con miras al envío de un proyecto de ley que deberá discutir el próximo Congreso.
Y uno de los principales debates en la materia ha girado en torno al impacto de la discusión constitucional en la economía, específicamente en las decisiones de inversión de los privados, en el contexto de una actividad que se ha desacelerado en los últimos dos años y cuyas perspectivas no parecieran mejorar para el mediano plazo.
La oposición y parte del sector privado advierten que el debate sobre las reglas del juego podría continuar afectando el crecimiento del PIB y la inversión, apuntando a la posibilidad de que se abra la discusión sobre el derecho de propiedad.
Sin embargo, la evidencia de otros países de la región que realizaron modificaciones a su Carta Magna pareciera invalidar dicha tesis. Así, por lo menos, lo establece un informe del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto del debate en la inversión y el Producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.
El informe evaluó los cambios a la Carta Magna realizados mediante una asamblea constituyente en Colombia (1991), Argentina (´94), Ecuador (´98), Venezuela (´99), Ecuador (´08) y Bolivia (´09), además de las modificaciones realizadas vía el Congreso u otros mecanismos por Brasil (1988), Paraguay (´92), Perú (´93), Bolivia (´94) y República Dominicana (´10).
La UDP analizó la tasa de crecimiento del Producto y la participación de la inversión en el PIB de dichos países en dos períodos: los tres años previos al cambio a la Carta Magna, y cinco años después de materializados los ajustes.
En materia de PIB, se concluyó que los países que cambian su Constitución observan mayores tasas de crecimiento los tres años pre modificación, al igual que en cinco años posteriores al reemplazo.
“Los 11 países que reemplazaron sus constituciones observaron una tasa de crecimiento de 4% en los tres años antes de verificarse el cambio, mientras América Latina en idénticos años creció un 3% como promedio”, recalca el informe.
¿Qué pasó después de las modificaciones? Las 11 naciones crecieron en promedio 3,6% los cinco años posteriores, mientras América Latina lo hizo a apenas el 2,8%, exceptuando Venezuela, que mostró un comportamiento “inusual” antes y después de su proceso constituyente.
Mientras que en términos de inversión, la situación es similar: la tasa de inversión se situó en 19,8% del PIB pre reforma a 21% del Producto a posteriori, mientras que el promedio de Latam fue 20,1% y 20%, respectivamente.
Según el estudio, los resultados no distan mucho si el cambio es vía asamblea constituyente o mediante otros mecanismos (ver infografía).
¿Qué factores inciden?
El informe recalca que “muy probablemente” tanto el crecimiento como la inversión responden a un “complejo set de variables”.
“Pero, al menos, no se puede afirmar que países que realizaron cambios constitucionales vieron seria y negativamente afectado tanto su crecimiento como sus inversiones ni antes ni después de realizado el cambio”, concluye el reporte.
Llevado a la realidad local, el Laboratorio Constitucional de la UDP recalca el debate que se ha generado sobre la “incertidumbre” que provoca el proceso constituyente en el sector privado, éste último anticipando una caída en el crecimiento y la inversión.
“Al menos, en otros países aquel pronóstico no se cumplió. Crecimiento económico e inversiones parecen depender de otras variables no relacionadas necesariamente con el cambio en las reglas del juego”, es una de las principales conclusiones del texto.
CLAUDIO FUENTES: “ES MUCHO MÁS RELEVANTE EL ESTADO DE LA ECONOMÍA GLOBAL”
– ¿Se ha exacerbado la idea de que la discusión constitucional está impactando la inversión?
– Lo que demuestra la evidencia de América Latina es que tanto la expectativa de cambiar la Constitución como el hecho de reemplazarla no han tenido en promedio un efecto negativo ni en el crecimiento económico ni en las inversiones. Seguramente son otros factores los que inciden en mayor o menor crecimiento, o mayor o menor inversiones. Probablemente, es muchísimo más relevante el estado de la economía global y la expansión o restricción de la economía en China.
Respondiendo a su pregunta, sí, creo que los actores chilenos ponen demasiada atención a la disputa política, cuando la experiencia muestra que el dinamismo de la economía depende significativamente de otros factores. – ¿Es probable que una vez finalizada la discusión, pase en Chile lo que en otros países de la región en el pasado?
– No podemos decirlo. Lo que muestran las cifras es que podrían existir otros factores (diferentes al cambio de reglas) explicando el crecimiento económico y las inversiones. Observemos algunos ejemplos concretos.
En Colombia entre 1992 y 1996 crecieron las inversiones cuatro puntos más que el promedio latinoamericano. En Bolivia, en cambio, el rendimiento de inversiones fue un punto menor al del promedio una vez que establecieron su constituyente. En Ecuador, que hizo cambios radicales a las reglas del juego, su rendimiento post asamblea constituyente fue siete puntos sobre el promedio en los cinco años que siguieron. – ¿Qué reflejan estas cifras?
– Que debemos ser cautos a la hora de hacer juicios de valor. Lo único que podemos decir es que no necesariamente un cambio de reglas del juego frena la economía o detiene las inversiones. Como promedio de América Latina aquello no ha sido el caso. Hay casos que tuvieron asambleas constituyentes y que les fue bien económicamente (Colombia, Bolivia, Ecuador). Hay otros que no les fue bien (Venezuela, Argentina).
El proceso para cambiar la Constitución es una realidad y ya está en marcha. El gobierno ha convocado a los ciudadanos a participar en cabildos y encuentros autoconvocados para discutir eventuales cambios a la Carga Magna, con miras al envío de un proyecto de ley que deberá discutir el próximo Congreso.
Y uno de los principales debates en la materia ha girado en torno al impacto de la discusión constitucional en la economía, específicamente en las decisiones de inversión de los privados, en el contexto de una actividad que se ha desacelerado en los últimos dos años y cuyas perspectivas no parecieran mejorar para el mediano plazo.
La oposición y parte del sector privado advierten que el debate sobre las reglas del juego podría continuar afectando el crecimiento del PIB y la inversión, apuntando a la posibilidad de que se abra la discusión sobre el derecho de propiedad.
Sin embargo, la evidencia de otros países de la región que realizaron modificaciones a su Carta Magna pareciera invalidar dicha tesis. Así, por lo menos, lo establece un informe del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto del debate en la inversión y el Producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.
El informe evaluó los cambios a la Carta Magna realizados mediante una asamblea constituyente en Colombia (1991), Argentina (´94), Ecuador (´98), Venezuela (´99), Ecuador (´08) y Bolivia (´09), además de las modificaciones realizadas vía el Congreso u otros mecanismos por Brasil (1988), Paraguay (´92), Perú (´93), Bolivia (´94) y República Dominicana (´10).
La UDP analizó la tasa de crecimiento del Producto y la participación de la inversión en el PIB de dichos países en dos períodos: los tres años previos al cambio a la Carta Magna, y cinco años después de materializados los ajustes.
En materia de PIB, se concluyó que los países que cambian su Constitución observan mayores tasas de crecimiento los tres años pre modificación, al igual que en cinco años posteriores al reemplazo.
“Los 11 países que reemplazaron sus constituciones observaron una tasa de crecimiento de 4% en los tres años antes de verificarse el cambio, mientras América Latina en idénticos años creció un 3% como promedio”, recalca el informe.
¿Qué pasó después de las modificaciones? Las 11 naciones crecieron en promedio 3,6% los cinco años posteriores, mientras América Latina lo hizo a apenas el 2,8%, exceptuando Venezuela, que mostró un comportamiento “inusual” antes y después de su proceso constituyente.
Mientras que en términos de inversión, la situación es similar: la tasa de inversión se situó en 19,8% del PIB pre reforma a 21% del Producto a posteriori, mientras que el promedio de Latam fue 20,1% y 20%, respectivamente.
Según el estudio, los resultados no distan mucho si el cambio es vía asamblea constituyente o mediante otros mecanismos (ver infografía).
¿Qué factores inciden?
El informe recalca que “muy probablemente” tanto el crecimiento como la inversión responden a un “complejo set de variables”.
“Pero, al menos, no se puede afirmar que países que realizaron cambios constitucionales vieron seria y negativamente afectado tanto su crecimiento como sus inversiones ni antes ni después de realizado el cambio”, concluye el reporte.
Llevado a la realidad local, el Laboratorio Constitucional de la UDP recalca el debate que se ha generado sobre la “incertidumbre” que provoca el proceso constituyente en el sector privado, éste último anticipando una caída en el crecimiento y la inversión.
“Al menos, en otros países aquel pronóstico no se cumplió. Crecimiento económico e inversiones parecen depender de otras variables no relacionadas necesariamente con el cambio en las reglas del juego”, es una de las principales conclusiones del texto.
CLAUDIO FUENTES: “ES MUCHO MÁS RELEVANTE EL ESTADO DE LA ECONOMÍA GLOBAL”
– ¿Se ha exacerbado la idea de que la discusión constitucional está impactando la inversión?
– Lo que demuestra la evidencia de América Latina es que tanto la expectativa de cambiar la Constitución como el hecho de reemplazarla no han tenido en promedio un efecto negativo ni en el crecimiento económico ni en las inversiones. Seguramente son otros factores los que inciden en mayor o menor crecimiento, o mayor o menor inversiones. Probablemente, es muchísimo más relevante el estado de la economía global y la expansión o restricción de la economía en China.
Respondiendo a su pregunta, sí, creo que los actores chilenos ponen demasiada atención a la disputa política, cuando la experiencia muestra que el dinamismo de la economía depende significativamente de otros factores. – ¿Es probable que una vez finalizada la discusión, pase en Chile lo que en otros países de la región en el pasado?
– No podemos decirlo. Lo que muestran las cifras es que podrían existir otros factores (diferentes al cambio de reglas) explicando el crecimiento económico y las inversiones. Observemos algunos ejemplos concretos.
En Colombia entre 1992 y 1996 crecieron las inversiones cuatro puntos más que el promedio latinoamericano. En Bolivia, en cambio, el rendimiento de inversiones fue un punto menor al del promedio una vez que establecieron su constituyente. En Ecuador, que hizo cambios radicales a las reglas del juego, su rendimiento post asamblea constituyente fue siete puntos sobre el promedio en los cinco años que siguieron. – ¿Qué reflejan estas cifras?
– Que debemos ser cautos a la hora de hacer juicios de valor. Lo único que podemos decir es que no necesariamente un cambio de reglas del juego frena la economía o detiene las inversiones. Como promedio de América Latina aquello no ha sido el caso. Hay casos que tuvieron asambleas constituyentes y que les fue bien económicamente (Colombia, Bolivia, Ecuador). Hay otros que no les fue bien (Venezuela, Argentina).
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Uno de los compromisos del segundo mandato de Michelle Bachelet, es la creación de una Nueva Constitución para Chile. En este contexto, el Gobierno organizó una propuesta de participación ciudadana que finalizará en el año 2018. Bajo esta premisa nace el Laboratorio Constitucional, iniciativa de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El equipo de trabajo está compuesto por Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, Rodrigo Cordero, académico de la Escuela de Sociología, y Josefina Abarzúa, asistente de investigación. Además, contarán con voluntarios para trabajar en algunas etapas del proceso. En cuanto a la participación de estudiantes, el Laboratorio recientemente realizó una convocatoria para la etnografía de los cabildos que se desarrollarán en Chile. El fin de esta actividad es observar cómo es el despliegue y funcionamiento de los cabildos propuestos por el Gobierno. Actualmente ya existen más de treinta postulantes para esta tarea.
Esta investigación busca, según palabras de Claudio Fuentes, sistematizar la información que existe sobre el debate que se está generando en Chile para establecer una Nueva Constitución, crear algunos insumos originales de investigación y contribuir al debate público sobre el tema constitucional a partir de experimentos sociales que se efectuarán en el transcurso de dos o tres años, entre ellos, la participación de dos colegios, dónde se le pidió a los estudiantes que escribieran un artículo de la Constitución, a partir de su propia investigación. En cuanto a estas actividades, el cientista político explica que:
Este proyecto generará insumos nuevos para la discusión. Por ello, el director de Ciencia Política señala que el Laboratorio “tendrá un aporte desde el punto de vista de contribuir a los debates con datos y elementos sustantivos de cómo ha evolucionado el discurso, quiénes son los actores relevantes que están discutiendo esto, en el fondo es entregar una nueva mirada al proceso de construcción de una Nueva Constitución”.
Por otro lado, para la Facultad es una iniciativa importante, “ya que estamos haciendo un seguimiento a un tema que es muy contingente y es muy central para el futuro de Chile, dado que la Constitución ordena y estructura las relaciones de poder de la sociedad”, finaliza Claudio Fuentes.
En definitiva, el proyecto proporcionará oportunidades y experiencias de investigación y formación más allá del paradigma de cada disciplina o carrera creando un puente conector con el entorno, buscando trascender, hacer seguimiento y enriquecer tanto el debate Constitucional como también las actividades docente-formativas.
