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  1. Las ventajas de los ex presidentes candidatos

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    Más que creer que la ciudadanía tiene preferencias marcadas por retornar a los líderes de antes al poder, la razón por la que los ex mandatarios logran ser más exitosos en sus aventuras presidenciales bien pudiera tener que ver con las reglas del juego que les dan una ventaja desleal.

    Si desde 2009 que las segundas vueltas presidenciales en Chile han tenido como uno de sus protagonistas a un ex presidente, la contienda de 2017 pudiera ser la primera en que la segunda vuelta se dirima entre dos ex presidentes. La tendencia de ver ex mandatarios volviendo al poder pudiera tener más que ver con las reglas del juego de las elecciones presidenciales que con una creciente preferencia de los chilenos por mirar hacia el pasado al momento de elegir a las personas que habrán de liderar al país en el futuro.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    La legislación vigente en Chile permite que los candidatos incurran en gastos de campaña sólo en los 90 días anteriores a una elección. Legalmente, nadie puede recolectar dinero o incurrir en gastos antes de esa fecha. Pero, como hemos sido testigos, las campañas empiezan mucho antes. La creatividad legal y contable ayuda a armar equipos de campaña y estructuras de financiamiento que permitan saltarse una ley que es claramente inadecuada (y que por cierto, pese a la molestia ciudadana por los escándalos recientes, todavía sigue vigente). A menudo, los candidatos crean una estructura paralela en la forma de una fundación sin fines de lucro, un centro de estudios o una corporación que les permita levantar fondos, tener asesores contratados e incurrir en gastos.

    Ahora bien, como ese sistema de financiamiento está ahora bajo el escrutinio público, la disposición de las empresas para donar a esas organizaciones comprensiblemente ha disminuido. Es innegable que todos los poderosos quieren tener buena llegada con los que tienen más posibilidades de llegar a La Moneda. Pero ningún empresario quiere tener a la Fiscalía o al SII indagando qué tipo de relación tienen con los presidenciables.

    En ese contexto, otras formas de financiamiento se hacen especialmente atractivas. Los senadores y diputados, que cuentan con cuantiosos recursos para su trabajo en terreno, pueden fácilmente reasignar algunos de esos recursos para el trabajo en terreno que requiere una aventura presidencial. A diferencia de los ministros o alcaldes en ejercicio, cuya capacidad discrecional para reasignar gastos es menor, los legisladores tienen acceso a una caja chica nada de despreciable para financiar los gastos iniciales de una aventura presidencial.

    Por eso no debiera sorprender ver que en la lista de los que han anunciado sus aspiraciones presidenciales abunden senadores y diputados, y estén conspicuamente ausentes los alcaldes y ministros. Para ponerlo en simple, es más fácil que los parlamentarios Isabel Allende, Ignacio Walker, Andrés Allamand, Alberto Espina o Manuel José Ossandón puedan pasearse por el país construyendo su base de apoyo electoral a que lo hagan los alcaldes Carolina Tohá, Rodolfo Carter o Francisco de la Maza.

    Pero los parlamentarios también tienen limitaciones. El escrutinio público los obliga a tener que asistir regularmente al Congreso. Además, como el camino a la presidencia está lleno de aspirantes, los legisladores tampoco pueden dejar botados a sus distritos. Por eso, aunque tengan el capital semilla para una aventura presidencial, los parlamentarios tienen tiempo limitado para dedicarle a esas aventuras.

    Los ex presidentes de la república, en cambio, tienen acceso a los mismos recursos que los parlamentarios en ejercicio, pero no enfrentan la obligación de tener que asistir al Congreso o dedicarle tiempo a sus distritos. Como resultado, los ex presidentes pueden usar recursos públicos para financiar sus aventuras presidenciales. Eso les da una ventaja enorme frente a otros aspirantes que también necesitan hacer el trabajo inicial que supone una candidatura presidencial.

    La decisión de financiar de forma vitalicia a los ex presidentes con el sueldo equivalente al de un senador se justifica por el invaluable servicio que prestaron a la nación. Pero cuando los ex presidentes usan esos recursos para construir futuras aventuras presidenciales, las rentas vitalicias que todos los chilenos pagamos constituyen un atentado contra la libre competencia en el mercado de las candidaturas presidenciales. Igual que una empresa cuya producción es subsidiada por Estado tiene ventajas injustas al competir con otras empresas que deben pagar todos sus costos, al recibir financiamiento estatal, los ex presidentes están compitiendo en una cancha dispareja con aspirantes que deben procurar su propio financiamiento.

    Desde 2009, en Chile hemos tenido ex presidentes en la segunda vuelta electoral.Más que creer que la ciudadanía tiene preferencias marcadas por retornar a los líderes de antes al poder, la razón por la que los ex mandatarios logran ser más exitosos en sus aventuras presidenciales bien pudiera tener que ver con las reglas del juego que les dan una ventaja desleal. Esta violación a la libre competencia se da en el mercado más importante de todos, el que determina quién gobernará al país y tendrá capacidad para facilitar u obstaculizar el funcionamiento de todos los otros mercados en que interactúan los chilenos.

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  2. Golpe de timón

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    Kenneth Bunker

     

     

     

     

     

     

    Kenneth Bunker

    La coalición de gobierno ha tenido grandes problemas para cumplir su programa de gobierno. A pesar de tener un quórum legislativo que le permite legislar sin depender de la oposición, no ha logrado imponer su voluntad y legislar con tranquilidad. Lo que inicialmente se veía como un serie de trámites legislativos relativamente sencillos, se ha tornado un desafío político de proporciones. Parte del problema ha sido la falta de liderazgo de la Presidenta para imponer disciplina entre los partidos que supuestamente la apoyan en el poder legislativo. Bachelet no ha logrado establecer una agenda legislativa de consenso — basta observar la diferencia programática entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

    El ánimo en la coalición de gobierno tras ganar la elección legislativa de 2013 se contrapone radicalmente con el clima de tensión que hoy atraviesa. Los 21 senadores y 67 diputados elegidos para pasar el program de gobierno no han sido capaces de tramitar proyectos sin antes pasar por un duro intercambio de ideas. El contingente legislativo que inicialmente parecía ser una mayoría aplastante, se ha comportado de forma errática y desorganizada. El fervor con que los candidatos legislativos apoyaron el programa de gobierno durante los meses de campaña no se condice con su débil apoyo a los mensajes que ha enviado la Presidenta durante sus meses en el poder.

    El primer quiebre en la coalición de gobierno ocurrió durante la tramitación de la reforma tributaria. La resistencia de varios partidos oficialistas a la hora de aprobar el proyecto en el Congreso fue la primera muestra de la fragmentación oficialista. A diferencia del deseo de Bachelet — de pasar la reforma con sus propios votos, el gobierno tuvo que acudir a los partidos de la oposición para cumplir con el objetivo. La resistencia de la DC y del PC en varios de los puntos emblemáticos del proyecto obligaron al gobierno a transformar su proyecto estrella en el producto de una negociación colectiva con Renovación Nacional. El vaticinio del Senador Quintana — de pasar la retroexcavadora — obviamente no se cumplió.

    Algo similar ocurrió con la reforma educacional. Lo que inicialmente se proyectaba como un proyecto de consenso mayoritario, demostró ser todo lo contrario. La reforma tiene tantos partidarios como opositores. Desde su entrada al hemiciclo, el proyecto ha sido re-escrito innumerables veces. Una serie de indicaciones, provenientes de todos los sectores de la coalición oficialista, ha transformado significativamente el proyecto.

    “Aunque algunos podrán sostener que el proceso legislativo ha mejorado el fondo del proyecto, lo cierto es que también ha desnudado la división que existe dentro de la coalición. Si el gobierno estuviera unido, la reforma no estaría estancada en el Senado”

    Si la Presidenta no impone disciplina entre los partidos que la apoyan, los problemas seguirán y sumarán. Si no impone disciplina, no podrá pasar las reformas que prometió pasar en su programa de gobierno. Si no lo ejerce su rol de líder de la coalición, los partidos seguirán ejerciendo presión para imponer su propia agenda, y el gobierno se verá impedido de hacer las transformaciones que originalmente propuso. Imponer disciplina también es crucial para asegurar la continuidad en el poder. Este año se comenzará a diseñar la estrategia para las elecciones de 2016 y 2017. Si no ocurre un alineamiento, la coalición se podría fragmentar aun más, potenciando las prospectiva electorales de la oposición.

    La Presidenta se debe hacer cargo de las diferencias en su coalición. Si bien es natural que los partidos de una misma alianza tengan visiones distintas, si no pueden convenir en una agenda común, el daño puede ser peor. Hasta el momento, la dificultad para pasar las reformas ha significado una alza notoria en la incertidumbre, y como consecuencia, una caída en la confianza de la gente y los grandes grupos económicos. La Presidenta debe dar un golpe de timón a su propio gobierno, para darle más poder a los partidos. Sin un cambio de gabinete, no habrá un cambio de rumbo. A esta altura, la Presidenta debe mandar una señal a los partidos, para conseguir la unidad que tanto necesita.