En la medida que en el futuro los candidatos erradiquen las palabras revolución y refundación de sus discursos, los chilenos habremos experimentado una de las transformaciones más profundas a las que puede aspirar una democracia moderna: habremos pasado de escoger líderes mesiánicos a elegir Presidentes que, con sus fortalezas y debilidades, reforman y no refundan al país.
De todos los legados controversiales que dejó el gobierno de Michelle Bachelet, el que más lecciones debiese dejar es el fracasado intento por refundar el país. Porque Chile necesita reformas que mejoren lo malo y profundicen lo bueno, la democracia chilena se consolidará sólo si los futuros gobiernos abandonan los ímpetus fundacionales. En la medida en que los futuros gobiernos se entiendan como reformistas y no como revolucionarios, el país podrá avanzar por el sendero del desarrollo y la consolidación democrática.
Hace cuatro años, la victoria por amplia mayoría que obtuvo Bachelet en la segunda vuelta presidencial alimentó los sueños revolucionarios en muchos que habían vivido la derrota de la UP en 1973, la transición pactada a la democracia en 1988-90 y la moderación de la izquierda en los exitosos 20 años de gobiernos concertacionistas. Para muchos —incluida la propia Bachelet— esta era la última oportunidad para intentar una revolución. Para ser fieles a sus sueños de juventud, esa generación que gobernó con Bachelet decidió emprender una serie de cambios que, sumados, podrían considerarse como revolucionarios.
Ahora bien, aunque algunos profetizaron la aparición de un nuevo modelo y otros anunciaron la llegada de una retroexcavadora, las ínfulas revolucionarias en el gobierno de Bachelet fueron mucho más ambiguas y desordenadas. La propia Bachelet demostró menos compromiso con el ímpetu fundacional una vez en el poder que el que había demostrado en campaña. En vez de empujar un proceso constituyente desde el primer día en el poder, Bachelet optó por una reforma tributaria y una reforma electoral. Si bien eso debió ser una señal contundente de que no habría nueva Constitución (nadie remodela el segundo piso si tiene planes de botar la casa el año siguiente para construir otra nueva en su lugar), los nostálgicos de la revolución siguieron apostando a que Bachelet haría transformaciones fundacionales en su período.
Pero, aunque sus defensores insisten en lo contrario, los cambios que ella hizo son reformas que pueden ser revertidas por futuros gobiernos, no cambios sustantivos y permanentes que pueden considerarse como revolucionarios. Para empezar, la reforma tributaria necesita correcciones y el nuevo gobierno introducirá cambios. Además, en todas las democracias maduras las elecciones siempre son ocasiones para alterar el código tributario, de ahí que nadie puede pretender que una reforma tributaria será inmutable.
Por su parte, la reforma que pone fin al copago y la selección en los colegios será implementada gradualmente, por lo que el nuevo gobierno tendrá oportunidad de modificarla, frenando algunos cambios e impulsando otras prioridades. Ya que Bachelet optó por introducir la gratuidad en educación superior a través de una glosa presupuestaria, y no por una ley detallada y bien diseñada, el próximo gobierno tendrá amplia discrecionalidad para modificar la forma en que avance y se materialice e beneficio. La reforma laboral fue redactada de forma tan ambigua que los reglamentos que discrecionalmente redacte el futuro gobierno influirán sustancialmente sobre la fuerza negociadora de los sindicatos. Incluso el nuevo sistema electoral, que remplazó al binominal, podrá ser cambiado por futuros gobiernos. Después de todo, ya que todos los sistemas electorales distorsionan de forma distinta, siempre habrá poderosos argumentos para criticar las distorsiones que produce cualquiera de ellos.
Es innegable que las reformas que implementó el gobierno de Bachelet dejarán huella y tendrán consecuencias. Cuatro años en el poder permiten alterar la dirección en que avanza el país. El nuevo gobierno dejará también sus propias huellas, pero su legado será menos significativo si dedica mucho tiempo a tratar de revertir el legado del gobierno anterior. Por lo tanto, nadie puede dudar que las consecuencias de las reformas de Bachelet se sentirán por mucho tiempo.
Pero su gobierno no fue refundacional. Su promesa de impulsar un proceso constituyente no se materializó (aunque el gobierno envíe un proyecto de ley de último minuto que el Congreso no discutirá porque se irá de vacaciones). El país avanzó (en la dirección correcta o equivocada, dependiendo de las preferencias de cada quien), pero no hubo refundación. Eso habla bien de nuestra institucionalidad. Pero eso también debiera convertirse en una lección a ser aprendida por futuros gobiernos. Cuando las democracias funcionan, los gobiernos introducen reformas y cambios, no lideran revoluciones ni promueven refundaciones.
En la medida que en el futuro los candidatos erradiquen las palabras revolución y refundación de sus discursos, los chilenos habremos experimentado una de las transformaciones más profundas a las que puede aspirar una democracia moderna: habremos pasado de escoger líderes mesiánicos a elegir Presidentes que, con sus fortalezas y debilidades, reforman y no refundan al país.
Los últimos acontecimientos de la política nacional recuerdan la reflexión de una brillante columna de Ariel Dorfman, publicada por el Diario El País (2013). En ella, el escritor señalaba lo delirante que le parecía la competencia electoral entre Matthei y Bachelet, las hijas de los generales que se vuelven enemigos en la guerra interna y; Marco Enríquez, el hijo del mártir revolucionario derrotado en esa misma guerra. El destino parecía estar cobrando una suerte de justicia divina en la escena teatral de la conquista del poder.
Ahora, que sabemos de los escándalos de Caval, Penta y SQM; de los financiamientos irregulares de las campañas políticas de candidatos de todo el espectro político; de la corrupción de las FF.AA en democracia y; de las inversiones del Partido Socialista con los dineros que le retribuyó el Estado chileno en compensación por los bienes confiscados en dictadura, es imposible no recordar la escena trágica de Allende, cuyo sacrificio fue definido por él mismo como el ejemplo moral ante la traición de las Fuerzas Armadas. Con la misma lucidez que Dorfman, Moulian (2008) señala el martirio de Allende como un límite ético de la política. Cuando los golpistas civiles y militares pensaron que Allende negociaría un exilio conveniente y que sería muy fácil sacarlo a empujones de La Moneda, éste decide pagar con su vida la lealtad del pueblo. En ese acto y tal como lo mostró la película de Littín (2014); muere el hombre, pero sobrevive el Presidente para para dar testimonio de lo que se puede y no se puede negociar en política.
Es esta misma relación entre guerra y política lo que permite reflexionar a Chile como un país todavía más delirante; un país que peleó una guerra larga que nunca tuvo dos ejércitos en igualdad de condiciones; un país en el que amigos y enemigos quieren repartirse el botín de la guerra, sin importar que los muertos no estén enterrados y, aunque el dinero salga de las arcas de los vencedores, quienes se enriquecieron gracias a ella. Chile es la imagen delirante de los vencidos defendiendo la victoria económica de sus opresores; de sus hijos, haciendo negocios con quienes traicionaron y delataron a sus padres y abuelos o; financiado sus campañas con el mismo dinero mal habido de la guerra sucia; el país de los nietos levantando un pre candidato de izquierda que es hijo de un cómplice civil de los crímenes guerra.
El problema no es que los vencidos no hayan podido y después no hayan querido terminar con el capitalismo. El problema es que un país que no entierra ni honra a sus muertos, los olvida. Y no sólo eso; forja el olvido en el poder del dinero del botín. Un país que pierde los límites éticos de la guerra y la política profana el panteón de sus mártires y lo que es todavía más triste: convierte el sacrificio de la vida de sus héroes públicos y anónimos en un sacrificio inútil y vacío de significado.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Es el año de cierre del gobierno de Michelle Bachelet, la última oportunidad para reencontrarse con esa esquiva ciudadanía que la abandonó desde el estallido del caso Caval. ¿Cómo navegará con el 20% que dejó su gestión frente a los incendios?
Los incendios forestales de enero recordaron el eslogan que la propia presidenta Bachelet inventó en 2015: cada día puede ser peor. Cuando la caída del respaldo ciudadano parecía contenerse y la llegada de la vocera Paula Narváez traía algo de aire fresco a La Moneda, la emergencia vivida en el centrosur de Chile volvió a traer duros cuestionamientos al gobierno. Falta de control, tardanza y desprolijidad fue lo que acusaron alcaldes de las zonas afectadas, parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la oposición y damnificados, llevando a Bachelet a un escenario histórico de desaprobación: un pobre 18%, según la encuesta Cadem, primera medición después de la emergencia.
Las noticias no son positivas, sobre todo porque se trata del inicio de un año que culmina con elecciones presidenciales y parlamentarias, con una coalición en que los puentes no están del todo repuestos después de un duro 2016, y con una economía con pocos pronósticos de crecimiento.
Navegar el 2017 con este bajo nivel de aprobación no será fácil, concuerdan en la Nueva Mayoría. La apuesta del Ejecutivo para hacer frente a la primera crisis —los incendios— fue mostrar a Bachelet como la vocera más relevante sobre la tragedia, entregando diariamente números y estadísticas. Ella misma llamaba a los ministros en terreno, para pedirles que se encargaran de cada detalle: “Desde que faltaba un tornillo, hasta necesidades más urgentes”, recuerda un asesor de Palacio. “No vamos a bajar los brazos ni un segundo”, dijo el 26 de enero en La Moneda, tras regresar de su segunda visita a la zona, respondiendo a las críticas. El diseño de Palacio fue uno: poner a la mandataria en primera línea, mostrándola como la líder que tenía el control. Sin embargo, para muchos quedó plasmado lo contrario en un hecho: la foto del brindis de Bachelet con el presidente francés Francois Hollandel 22 de enero,en medio de los peores días del incendio. Aún no se sabe si la estrategia de La Moneda logró contener la mala evaluación. Y menos aún, cuán profunda será su huella en 2017, las elecciones de fin de año y las reformas emblemáticas que falta aprobar.
Los días críticos cerraron con la polémica designación de la ex ministra Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado, criticada por miembros de la coalición oficialista, pero de lo cual Bachelet no acusó recibo. “Esta decisión tiene que ver con su estilo. Sus decisiones son emocionales, en el orden de la lealtad. Es más importante eso que recomponer el vínculo de confianza con la ciudadanía”, afirma el analista de la Universidad Central Marco Moreno.
Tras el periodo de vacaciones, marzo llegará para el gobierno con más dudas que certezas en torno a la hoja de ruta para 2017. Y mientras los patios de La Moneda se vacían del frenético movimiento del año con el arribo de febrero, nadie en su interior sabe muy bien qué va a pasar ni cuál será la última apuesta con la que el gobierno intentará salvar su imagen. Así, La Moneda partirá en marzo una implacable búsqueda: el legado. No está claro cuál será, y en donde la Nueva Mayoría —el conglomerado que la propia Bachelet fundó en 2013— más que una ayuda pareciera ser que se transformará en un rival.
BUSCANDO UN LEGADO
Las anteriores catástrofes naturales que afectaron a este gobierno —el terremoto de Iquique de 2014; el aluvión de Copiapó de marzo 2015 y el terremoto de Coquimbo en septiembre del mismo año— fueron pruebas de fuego para la gestión de crisis de Bachelet, tras el recordado 27/F. Pese a las críticas, estas habían sido sorteadas con relativo éxito, pues el gobierno logró cierto control en su manejo. Sin embargo, según comenta el ex subdirector de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda Carlos Correa, lo ocurrido este enero puede ser una “lápida final”. “La Moneda sigue actuando presa de la coyuntura y eso ya no cambió. La gente que trabaja en Palacio actúa bajo el vaivén de lo que pasa en la opinión pública. Al gobierno le pasan cosas, no hace que las cosas pasen. La Moneda trabaja bajo la filosofía de que cada día puede ser peor” explica, agregando que lo único que puede ayudar a subir la aprobación de Bachelet y terminar con mejores números es un hito, lo que en Palacio denominan:“el legado”.
Correa estima que la ley de despenalización del aborto y la gratuidad de la educación superior deben ser los focos en los que el gobierno centre sus esfuerzos en 2017. Todo ello continuando con la línea comunicacional inaugurada por la vocera Narváez de “las buenas noticias”. Mostrar éxitos y no sólo reacciones:
—Nadie se va a querer sacar una foto con Bachelet para estas elecciones, pero sí con la gratuidad y el aborto. Si el gobierno logra aprobar esos proyectos, va a subir en las encuestas y eso debería ocurrir al menos a mitad de año—explica el ex Secom.
Si bien en el gobierno remarcan que el legado no es algo que esté definido, fuentes de Palacio aseguran que para el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, es fundamental aprobar la ley de gratuidad en los meses que quedan, debido a su interés en esta como una política pública que perdure en el tiempo. Si están o no de acuerdo los partidos de la Nueva Mayoría, es algo que también se verá en marzo, cuando sus presidentes pretenden sentarse a conversar con el Ejecutivo sobre las prioridades legislativas de este año. Esa será una tarea que, reconocen en la coalición, no será fácil. Apagado el fuego en el sur, viene la reactivación de un foco que en estos tres años no se ha logrado extinguir: la tensa relación entre La Moneda y la Nueva Mayoría.
SEPARADOS SIN FIRMAR EL DIVORCIO
Tras el desastre electoral de las municipales, la coalición oficialista golpeó la mesa, en particular la Democracia Cristiana con el “congelamiento” temporal de las relaciones con el comité político de Palacio. Una serie de reuniones, una de ellas con la propia presidenta, marcaron el compromiso de un nuevo trato en las relaciones. Algo que —esperan los partidos— debe pasar a la práctica en marzo.
Varios en la Nueva Mayoría estiman que ya poco y nada se puede avanzar. De hecho, en uno de los últimos comités políticos de enero, se firmó una tregua y se estableció el compromiso de que en 2017 no se presionará por ajustes ministeriales; salvo que ocurra un hecho que lo amerite sin discusión, como admite un dirigente oficialista. La misma fuente comenta —con tono de evidente resignación— que el actual equipo político “es lo que hay” y ya no se le puede pedir más.
“El año 2016 tuvimos una conversación directa con la presidenta sólo en tres ocasiones. En 2017 debería haber una reunión mensual”, dice el titular del PPD, Gonzalo Navarrete.
Apenas se retome el comité político de los presidentes de partido y ministros, la primera semana de marzo, la Nueva Mayoría exigirá que se realicen los ajustes. Estos apuntan a definir las prioridades legislativas y las nuevas instancias de coordinación política, como las reuniones de seguimiento de los proyectos de ley, para evitar bochornos como el vivido, por ejemplo, con el reajuste al sector público.
—Hay que fortalecer la agenda del nuevo trato que se acordó con La Moneda el año pasado,y sobre todo retomar el comité de seguimiento de los proyectos, que es clave para la coordinación entre los partidos y La Moneda y así evitar desastres legislativos como ocurrieron tantos el 2016— explica el secretario general del Partido Radical, Osvaldo Correa.
Pero hay algo más importante aún: el oficialismo espera romper esa suerte de muro que hay entre los partidos y la presidenta. Una brecha que ha marcado una distancia sin precedentes entre un jefe de Estado y la coalición política gobernante.
—La relación debiera mantenerse más activa que el 2016, año en que tuvimos una conversación directa con la presidenta sólo en tres ocasiones. En 2017 debería haber una reunión bimensual, porque tiene mucho efecto para sintonizar en prioridades de gestión y legislativas sobre todo en el año de cierre—dice el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete.
Desde La Moneda no quieren referirse a la relación con la Nueva Mayoría, ni tampoco a cómo se resolverán las prioridades. Aún no hay claridad. Sin embargo, un ex ministro comenta que el “desorden” existente no se va a resolver con una instancia nueva, ya que las relaciones entre Palacio y los siete partidos oficialistas ya están rotas y sólo sobreviven. Además, explica que este año electoral será muy complejo para establecer urgencias, porque “cada parlamentario llegará con un cerro de prioridades”, sumado a que el mismo gobierno, a raíz de la contingencia, sumó dos más: la Onemi y la nueva institucionalidad forestal. Lo mismo sucede con la nueva ley de migración, en cuyo proyecto trabaja Interior, sacándolo de otras prioridades como la nueva Ley Antiterrorista.
La primera semana de marzo se llevará a cabo la reunión de priorización que aún está pendiente. Y tal como se aprecia, el río estará revuelto. Algunos apuntarán a que el hito o prioridad legislativa debe seguir siendo la gratuidad, pese que no hay consenso interno para sacar adelante la ley; mientras otros, como la DC, apuestan por un gran foco: la reactivación económica.
—Así como la voz de la DC fue escuchada con la aprobación de la agenda cortaanti delincuencia, con la oposición de un sector de izquierda de la NM, es fundamental que la voz de la DC sea escuchada en reactivación económica, que hasta ahora no ha sido prioridad— dice el vicepresidente de la falange, Matías Walker.
EL FACTOR PRESIDENCIAL
Lejos del 78% con que Bachelet cerró su primer gobierno en 2009, hoy gran parte del análisis apunta a que la presidenta, con mucho esfuerzo, superará el 30% de aprobación presidencial. Por ello, otro de los dilemas que se abren es cómo será la relación de un conglomerado más pendiente de seguir en el poder con una presidenta que no capitaliza un piso político.
Identificarse o no con el gobierno y legado de Bachelet puede ser una carga para quien asuma la candidatura presidencial oficialista, ya sea el senador Alejandro Guillier u otro/a. De hecho, un dirigente socialista apunta que “el diálogo electoral durante la campaña será defender a un gobierno que aparentemente lo ha hecho mal. Hay que explicarlo porque hay mucho desconocimiento sobre lo que ha hecho el gobierno”, apostando a la tesis de que comunicacionalmente aún se puede hacer algo.
En el plano del análisis, el académico UDP, Mauricio Morales cree que “el candidato tendrá que distanciarse de un gobierno impopular. Generalmente, los gobiernos aumentan su aprobación al final del mandato, pero en este caso las cosas no han sido fáciles”. Y apunta a que el 30% de aprobación de la presidenta sería un éxito.
Un diagnóstico más crudo hace Navarrete, quien tajantemente cree que no llegar a ese techo sería un completo fracaso.
—El gobierno tiene cosas que mostrar después de tres años en que las reformas ya debieran hacer efecto. No debiéramos tener un nivel alto, pero al menos sobre el 30% de adhesión. Menos del 30% significa que el gobierno no fue capaz de sintonizar con las prioridades de las personas y sería un fracaso— dice.
Este 2017 partirá sin mucha claridad. Ni siquiera la continuidad de la marca Nueva Mayoría es segura, es un debate abierto entre varios de sus integrantes. Bajo ese escenario, se abrirá un nuevo campo en las relaciones y las distancias que tomarán los candidatos presidenciales con la figura de Bachelet. Mientras ello ocurra, La Moneda seguirá en búsqueda de un legado, algún hito con el cual se pueda identificar a este gobierno.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
El director del Observatorio de Política Electoral de la UDP, Mauricio Morales, aseguró que la Presidenta “premió” a la ex ministra de Justicia por la “lealtad a toda prueba” que ha demostrado, lo que no ocurrió con otros ex integrantes del gabinete.
Cuestionamientos ha generado la designación de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien nombró a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, como miembro del Consejo de Defensa del Estado.
El cargo, que desde ayer posee quien fuera también ex titular del Trabajo de la Mandataria, lo podrá ejercer hasta sus 75 años, recibirá un sueldo que bordea los $8 millones y le permite continuar tramitando causas privadas como abogada.
La nominación se conoció el mismo día en que la Contraloría General de la República emitió un dictamen en que aseguró que “no corresponde” que la ex secretaria de Estado haya instruido al ex director de Gendarmería, Tulio Arce, la contratación de cuatro funcionarios en la institución mientras ella ministra de Justicia en medio de la crisis e investigación por el caso de abultadas pensiones que recibieron trabajadores de la institución.
Para el director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales, el gesto de Bachelet es sorpresivo, menos que la Presidenta tenga este tipo de consideraciones con Blanco y no así con otros ex integrantes del gabinete, como Rodrigo Peñailillo y Álvaro Elizalde.
“Como su aprobación presidencial está tan baja, entonces ya no hay nada más que perder. Si es que la Presidenta estuviera con un 50% o 40% de aprobación, el nombramiento de Blanco por sí mismo le generaría un retroceso en la aprobación presidencial, hoy día como ya más bajo no puede caer, entonces tomó el riesgo y la nombró para ejercer este cargo”, explicó el académico.
Morales sostiene que Bachelet se basó en la “lealtad a toda prueba” que ha demostrado Javiera Blanco en los distintos roles que ha ejercido en torno a ella, ya que también fue su vocera de campaña y subsecretaria de Carabineros y ha “salido a poner el pecho a las balas”.
“Blanco fue premiada por pertenecer al círculo más cercano a la Presidenta, por no estar involucrada directamente en casos de corrupción o de mal uso de recursos para financiar campañas políticas a diferencia de Peñailillo (ex ministro del Interior) que si lo estuvo y que de hecho tuvo que ir a declarar. Blanco no ha tenido que ir a declarar, cuestión que en estos casos son sumamente relevantes, sin perjuicio de que haya sido interpelada por el Congreso”, agregó el analista político.
¿Por qué no Elizalde o Peñailillo?
Este mismo tipo de “premios” -como califica Morales- no han sido ganados por otros cercanos a la Mandataria, como lo fueron su jefe de gabinete y su vocero de Gobierno, y el académico de la UDP explica cuáles serían los argumentos que tiene Bachelet para hacer la diferencia.
“Con Peñailillo no podía tener la misma consideración debido a que estaba en medio de toda la investigación sobre negocios y política, por lo tanto nombrarlo en algún cargo de confianza o en algún cargo en que ella fuese la que lo iba a nominar, implicaba poner en riesgo toda la agenda de probidad que se iba a discutir en ese momento. Estaba totalmente manchado y además estaba involucrado aparentemente en financiamiento irregular de su propia campaña, de la propia Bachelet”, enfatizó Mauricio Morales.
Y agregó que “en el caso de Elizalde es distinto, porque no forma parte del circulo íntimo de Bachelet, ni siquiera es de la misma tendencia política dentro del Partido Socialista, o por lo menos así lo demuestran las elecciones internas en donde Elizalde pertenece a una corriente distinta a la de Bachelet. Por lo tanto no era esperable que recibiera un premio”.
Así concluye “haciendo una raya para la suma” que “el hecho de pertenecer al círculo más íntimo de la Presidenta tiene costos y beneficios. Beneficios desde el punto de vista que se pueden conseguir cargos, pero tiene costos cuando esa persona que forma o formó parte del círculo íntimo es descubierto y es visto casi como el tapón que salta al momento de estallar el escándalo. Por eso Peñailillo no tuvo el mismo trato que Blanco”.
Fernando García Naddaf, Académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Hace 40 días que 74 mineros se encerraron vivos en un pique de la Región del Biobío. Protestan porque la mina donde trabajaban quebró y sus dueños –Paul Fontaine y Rodrigo Danús– los abandonaron y dejaron sin sueldos ni cotizaciones. El Gobierno se comprometió a ayudarlos y, sin embargo, los abandonó a su suerte. La situación no solo afecta a sus familias sino también puede golpear a La Moneda. “¿Por qué Piñera hizo todo lo que tuvo a su alcance para rescatar a 33 mineros y Bachelet parece impávida a sacar a estos 64?”, se pregunta el senador Alejandro Navarro.
A pocas horas de que terminara el año 2016, Michelle Bachelet le habló al país en cadena nacional: “Cada uno de nosotros mueve y construye nuestra patria, entonces sin duda merecemos celebrar con quienes amamos”, expresó ante miles de televidentes. Sin embargo, 72 mineros, enterrados 650 metros bajo tierra, ni siquiera se enteraron.
Tampoco supieron que, al mismo tiempo que ellos llevaban 26 días pidiendo recuperar sus trabajos, la Mandataria aplaudía la hazaña del país: “La mayoría de nuestros compatriotas pudo conservar su empleo y asegurar el bienestar de su familia”.
Hoy se cumplen 40 días desde que los pirquineros de la mina de carbón Santa Ana, de Curanilahue, decidieron ingresar al pique y permanecer en él hasta que el Gobierno les dé una solución, luego de no haber cumplido con el protocolo acordado en 2015. Ese año el lugar fue declarado en quiebra y los dueños –Paul Fontaine y Rodrigo Danús– abandonaron a sus trabajadores y los dejaron sin sueldos ni cotizaciones.
Uno de los puntos de ese acuerdo era que las autoridades los ayudarían a crear las instancias necesarias para comprar la mina y poder, posteriormente, trabajarla. Esto se suma a que llevan 3 meses sin sueldo, porque el Estado dejó de pagarles una mantención de 400 mil pesos mensuales.
Después de la quiebra, los mineros han buscado distintas alternativas para recuperar su fuente laboral. Todas sin éxito. Pensaron en formar una cooperativa de trabajo y ser ellos mismos los dueños de la fábrica. Sin embargo, para ello necesitan apoyo financiero del Ejecutivo, que puso como condición conseguir un socio privado que se haga cargo y administre el monto faltante para reabrir la mina.
Los mineros piden 100 millones de pesos como pago anticipado, que corresponde a una parte de la deuda de la mina. No saldrán a la superficie si no cuentan con este mínimo recurso que les permita llegar a sus hogares. Respecto a esto, el senador Alejandro Navarro manifiesta que es importante considerar que el Gobierno “financió con cerca de 5 mil UF a los propietarios de la mina, a la fecha han entregado 1.800 millones al mismo rubro y tienen aprobados otros 1.100. Es increíble que lo que esté prolongando la situación sea la imposibilidad de contar con el monto que solicitan los trabajadores. ¿Por qué Piñera hizo todo lo que tuvo a su alcance para rescatar a 33 mineros y Bachelet parece impávida a sacar a estos 64? Tiene que haber una acción política y el Gobierno la está retardando”.
En relación con posibles apoyos por parte de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Juan Mardones, director regional de Biobío de dicha entidad, indica que “esto depende de que nos sentemos a conversar, sin presiones de por medio, y de que ingresen capitales privados a formar parte de esta asociación”. Además, señala que “no es una exigencia, es una condición que nosotros consideramos óptima en relación con la experiencia de quien eventualmente se haga cargo de la mina”.
Mardones argumenta la condición señalando que “debe haber una proyección económica que consolide el negocio en un mediano a largo plazo, que nos demuestre que es viable y que nos dé una seguridad relativa en que los recursos del Estado van a estar en una actividad económica que tiene proyecciones”.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que el Gobierno ya entregó diversos bonos a los trabajadores, al tiempo que fue tajante en señalar que no visitaría la mina, ya que “no corresponde que yo vaya a la zona a resolver un problema que es entre privados”.
Los trabajadores de la mina aseguran que existe una discriminación por el hecho de ser mineros. Luis Chandía, presidente del sindicato de la mina Santa Ana, afirma que se trata “netamente de un movimiento político del Seremi (de Minería) y del Gobierno. La presión está en que ellos no quieren que nosotros seamos dueños de la mina. Nos quieren apoyar solo si contamos con un privado y eso es injusto”.
Fernando García Naddaf, analista político y académico de la UDP, afirma que el Ejecutivo nunca ha cumplido un rol social. “En este caso, como en cualquier otro, el Gobierno es productivista y va a beneficiar más la iniciativa privada que la protección del derecho del trabajador. No podemos esperar una reacción distinta. Estos casos no inspiran la acción de La Moneda y por eso no actúan de forma proactiva. Sus prioridades son otras y para ellos este es un tema menor y no hay que hacer bulla”. Agrega además que “favorecer una mina cooperativista sería un cambio en las directrices económicas del Gobierno. Quizás calculan que con esto toman una acción política coherente a una visión que los pueda favorecer electoralmente”.
Vidas en pausa
Son 170 las familias que no reciben dinero hace más de tres meses, situación que gatilló el inicio de la manifestación el 5 de diciembre de 2016 en el yacimiento carbonífero de Curanilahue. Algunos mineros comenzaron una huelga de hambre que finalizó por el estado de salud de quienes la emprendieron. De los 74 mineros que ingresaron ese día, ahora quedan 64. En algunos casos, particularmente en mineros de mayor edad, la situación se ha vuelto crítica.
Héctor Contreras, director regional del Departamento de Seguridad Minera y Fiscalización de Biobío, puntualiza que “en estos momentos la mina está autorizada únicamente para desagüe, mantención y sacar el activo que tienen ahí”. En este sentido, han mantenido conversaciones con empresas para que compren los recursos de carbón existentes en la mina, los que podrían ser más de mil toneladas. Pero tienen que saber si están dispuestos a pagar anticipadamente, ya que esa es la única forma de que los trabajadores salgan a la superficie.
Luis Chandía explica que están contra el tiempo. Llevan más de un mes allí y “estamos en un punto en el que es difícil aguantar más, por la exposición a la que nos enfrentamos en la mina, pero los que están adentro no quieren abandonar la protesta, porque entienden que podríamos perder toda posibilidad de un diálogo real”.
En cuanto a la continuidad de la mina, los representantes del sindicato continúan teniendo conversaciones con empresarios que están interesados en asociarse y que esperan estudios para confirmar el negocio. Por ahora, tienen que seguir la línea que les propuso el Ejecutivo y esperar la respuesta de estos posibles socios.
Según algunos analistas, la metáfora de que Piñera salvó a los mineros y Bachelet los enterró –parafraseando al senador Navarro– puede ser un búmeran para La Moneda. Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, asegura que las acciones que el Gobierno ha desplegado son para “apostar al desgaste del movimiento. Pero, en ese sentido, juegan al límite, porque podría haber consecuencias y eso tendría una repercusión muy negativa para la imagen del Gobierno”.
Claudio Fuentes, Mauricio Morales, Gonzalo Cordero y Gonzalo Müller coinciden en que se trató de un ajuste “insuficiente”.
“Intrascendente” e “insuficiente”. Así califican analistas políticos consultados por T13.cl el cambio de gabinete que este viernes realizó la Presidenta Michelle Bachelet, que sólo incluyó tres salidas: Marcelo Díaz (Segegob), Ximena Rincón (Trabajo) y Natalia Riffo (Deportes).
Ellos fueron reemplazados por Paula Narváez (Segegob), Alejandra Krauss (Trabajo) y Pablo Squella (Deportes).
El diagnóstico es que el ajuste refuerza que la Presidenta Michelle quiere mantener la línea política sin un cambio de rumbo, como piden algunos sectores incluso del oficialismo.
Que los ministros Marios Fernández (Interior) y Nicolás Eyzaguirre (Segpres) se hayan mantenido en sus cargos, pese a lo que esperaba el oficialismo, podría abrir un nuevo foco de conflicto advierten analistas.
El director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, planteó que lo anunciado “es un cambio de gabinete insuficiente, porque no va a resolver los problemas políticos que hoy día enfrenta la Nueva Mayoría”.
Para Fuentes, la Mandataria “opta por mantener a gente de su confianza, Eyzaguirre siempre ha sido muy cercano a la Presidenta, Mario Fernández tiene un perfil bajo dentro del gabinete, ella está confiada que con ese modelo va a poder adelante sus reformas”.
En esa línea, el director del Observatorio Electoral de la UDP y columnista de T13.cl, Mauricio Morales, apunta a que el cambio de gabinete “muestra que la Presidenta incluso con un 20% de aprobación es capaz de hacer sentir sus decisiones pensando en que la Nueva Mayoría completa le había pedido un cambio profundo y no lo hace”.
Para el analista de Tele13 Radio, Gonzalo Cordero, en tanto, “es un ajuste que muestra la voluntad de la Presidenta de seguir gobernando por la misma senda y profundiza una cierta desconexión entre la voluntad presidencial y la percepción generalizada de que el gobierno necesitaba un cambio de rumbo profundo”, afirmó.
“Su señal es la de no renunciar a su proyecto político en este gobierno”, agregó el abogado.
“Este fue el cambio de gabinete que pudo hacer, no aborda los problemas de fondo del gabinete ni a nivel sectorial ni a nivel político y sólo deja ir administrativamente a aquellos que van a ser candidatos. Es un cambio acotado, administrativo, bastante intrascendente”, dijo a su turno el acádemico de la UDD, Gonzalo Müller.
A su juicio, la mandataria quiere quitarle protagonismo al cambio de gabinete “porque su legado está jugado a las reformas y eso va a tratar de defender, no poner protagonismo en un nuevo conductor político. Ella dice: ‘no hay cambio de rumbo, se sigue igual hasta el final’, eso pretende con este cambio”, sostuvo Müller.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La Presidenta hizo sólo un “ajuste” y confirmó a los ministros Mario Fernández y Nicolás Eyzaguirre, pese a ser cuestionados por el oficialismo.
Desconfianza de la Presidenta Michelle Bachelet en los partidos por reveses de sus proyectos en el Congreso. Este sería uno de los motivos de la Mandataria para desoír los constantes llamados de las tiendas de la Nueva Mayoría que buscaban cambiar el comité político. Desde el oficialismo las críticas se multiplicaron contra los ministros Mario Fernández (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Presidencia) y Rodrigo Valdés (Hacienda). Sin embargo, de este grupo sólo dejó el gabinete el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien buscaría un cupo en el Senado. ¿Qué llevó a la Presidenta a mantener a su comité político y convocar a Paula Narváez para la Segegob? Principalmente, sostienen analistas políticos, la idea de trabajar con su círculo de confianza; un sello de la Mandataria en cargos estratégicos. Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP, explica a Emol: “La Presidenta muestra tozudez y resistencia frente a los partidos de la Nueva Mayoría que presionaron, sistemáticamente, por un cambio más profundo en el equipo político”. “Ella tiene desconfianza en los partidos políticos de la NM, ha visto cómo algunos partidos han ‘boicoteado’ algunos proyectos de ley, como el reajuste al sector público. Hay varias cosas en que la Presidenta siente que los partidos no le han sido leales”, manifestó. Explicó que el hecho de mantener a Eyzaguirre y reclutar a Narváez muestra que ella prefiere “refugiarse” en su círculo íntimo que abrirse a los partidos políticos.
Además, a su juicio, este ajuste ministerial “demuestra cierta desidia para encarar la próxima elección presidencial. Uno hubiese esperado que este sea el gabinete de campaña que en realidad va a ser el gabinete de salida”. Por su parte la cientista política de la U. de Valparaíso, Javiera Arce, sostiene que los partidos ya no tienen la capacidad de imponer, más aún después de los resultados en las municipales. “(El ajuste) tiene que ver con un sentido se supervivencia, cuando se ven en peligro buscan espacios y gente de confianza para avanzar. Además, la imposición de los partidos ya no es tal, porque no tienen un peso para imponerse”, afirmó. “Como ya están terminando el Gobierno, yo creo que la Presidenta dijo ‘que sigan gritando, pero prefiero cubrirme con quienes conozco más y son de mi exclusiva confianza'”, añadió Arce quien luego afirmó: “¿Qué es lo que pasa cuando le abre la puerta a Jorge Burgos? Era como tener a la oposición en el Gobierno”, añadió.
Mientras que el cientista político y académico Roberto Munita aseguró que “el nerviosismo es mal consejero, cuando un equipo va ganando el partido es fácil mantener la calma y no sucumbir ante la ansiedad; pero cuando va perdiendo cuesta más escuchar otras voces”. Y consideró que en este caso “hay una reacción natural que es encerrarse en sí mismo y no salir de la zona de confort que es Mario Fernández, el ministro Eyzaguirre, entre otros, y no los partidos políticos”. Uno de los partidos oficialistas que resintió el ajuste ministerial fue el PR. Su presidente, Ernesto Velasco, criticó el anuncio pues “no tiene la profundidad que hubiéramos esperado”. “Hubiese esperado un cambio de más envergadura y profundidad, que oxigenara y le diera un segundo aire al gabinete. Pero ella ha hecho una definición y yo espero que a este gabinete le vaya bien”, afirmó.
No se dieron cuenta de que entre sus causas no estuvo derrotar el patriarcalismo ni el machismo, para lo cual era importante abandonar la postura de esa primera ola feminista que pensaba que solo se accede al poder poniéndose puños de acero.
Hillary Clinton lideraba las encuestas para convertirse en la primera mujer Presidenta de los Estados Unidos. Su contrincante, Donald Trump, la enfrentó sin misericordia, enrostrándole todos los trapos sucios que no lavó en privado ni como Primera Dama ni como Secretaria de Estado. El affaire Lewinsky, los correos privados en su servidor público, el drama libio que costó la vida al embajador de su país, toda su historia quedó al descubierto. Y ella se hizo de la misma estrategia: lo acusó de abusador, llevó víctimas de los avances sexuales de Trump, y expuso su sexismo de manera descarada.
Ambos candidatos desarrollaron una de las campañas electorales más vulgares de la historia de Estados Unidos.
No obstante, tanto los medios de prensa como el sentir más generalizado le daban la victoria a Hillary. Ser mujer, con una larga tradición en la acción política, era su fortaleza aparente. Muchas mujeres se esperanzaron con ser testigos del ingreso, por vez primera, de una mujer como Presidenta a la Casa Blanca. No todas, por cierto, concordaban con esa “Nación Trajepantalón” que ella representaba para sus adherentes y eso explica la baja votación que obtuvo en algunos grupos de mujeres.
¿Por qué no le sirvió esta posición de aparente ventaja? Su derrota, ¿compromete el futuro en las causas políticas para las mujeres? Pienso que no.
El sicoanalista Luigi Zoja sostiene que vivimos en un mundo menos patriarcal, menos “patricéntrico”, pero aún muy “machocéntrico”. Después de un siglo de crítica feminista, el mundo no se habría vuelto menos machista; la figura del macho continúa siendo la que domina la “manada”, atrayendo a muchas mujeres hacia convertirse en el “macho alfa”. Hillary Clinton quiso luchar cuerpo a cuerpo con los hombres que han liderado a la manada a través de la historia, pero en su territorio y con sus valores.
Se equivocaron las mujeres que creyeron que ella enarbolaba la bandera de la madre y la pareja, quienes, como también dice Zoja, son habitantes permanentes en todos los grupos de animales. No se dieron cuenta de que entre sus causas no estuvo derrotar el patriarcalismo ni el machismo, para lo cual era importante abandonar la postura de esa primera ola feminista que pensaba que solo se accede al poder poniéndose puños de acero. Ni las concepciones de género ni el mismo feminismo sostienen hoy, también por la experiencia histórica, que para avanzar en posiciones de poder las mujeres necesitan abandonar las faldas.
La causa es muchísimo mayor que unas pocas formalidades que no pudieron esconder lo obvio de Hillary Clinton. Y que, en cambio, probablemente explican la seducción que ejerció Michelle Bachelet en su primera candidatura a La Moneda: ella, no solo manejaba un tanque, también usaba faldas, sino que empleaba un discurso donde los roles femeninos tradicionales estaban siempre validados.
Los estudios de género, la historia de mujeres y el feminismo han tenido que hacer un recorrido azaroso y solo muy recientemente han sido validados en el mundo académico. Sus logros se han debido justamente a su doble enfoque. El que enfatiza lo relacional y defiende los derechos femeninos, valorando la contribución de la mujer desde los roles sociales que ocupa. Esta concepción se apoya en la noción de complementariedad de los sexos, y en una visión que propone una organización social igualitaria.
El segundo enfoque proviene de una corriente más liberal, individualista, que enfatiza los conceptos abstractos de derechos humanos individuales, extensivos por su naturaleza, y no por el género, a la mujer.
Tanto desde el contexto relacional como el individualista es difícil que una feminista solidarizara con la foto en que Bill Clinton y Hillary, con su hija Chelsea entre ellos, caminaban abrazados hacia un helicóptero por los jardines de la Casa Blanca después que el mundo se enterara de la humillación que le había proferido su marido en el mismo centro del poder. Ella demostró, en ese acto y lo que siguió, que era ese poder machista ante el cual se subyugaba el que ella querría ejercer en adelante. Y así lo hizo. Reconociéndole su autoridad y buscando ejercerlo ella sin ningún guiño hacia las mujeres para las cuales su dignidad y la validación de su contribución desde lo femenino está por encima de la lucha por ser un “macho alfa”.
Se explica entonces perfectamente que muchas mujeres, sin traicionar su solidaridad de género, no apoyaran a Hillary Clinton; también que muchos hombres no vieran en ella una alternativa al poder masculino, sino más de lo mismo con sexo femenino. Es entendible que, a pesar de defender sin claudicar la igualdad de oportunidades para mujeres y, ojalá, que una de ellas algún día ocupe también la Presidencia de los Estados Unidos, no se sintieran interpretadas, ellas ni ellos, por esta mujer que no ofrecía una forma nueva de ejercer el poder desde lo femenino.
En consecuencia, las expectativas de que las posiciones de género hubieran dado un salto en un país tradicionalista como los Estados Unidos con Hillary Clinton, son bajas. La tarea queda pendiente: ¿para Michelle Obama?
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En el juego de alimentar expectativas más allá de la capacidad del Estado para cumplirlas, el gobierno ha profundizado la disonancia entre la realidad de vacas flacas por la que atraviesa y seguirá atravesando el país en los próximos años y las expectativas de vacas gordas que han predominado en la población en años recientes. Resulta difícil decirles a millones de personas que estaban en la fila que la fiesta se acabó.
El abrumador rechazo en la Cámara de Diputados a la propuesta de aumento de sueldos al sector público propuesto por el gobierno de la Presidenta Bachelet, refleja la desalineación entre las altas expectativas que existen en el país sobre las posibilidades de desarrollo económico e inclusión social y la menos auspiciosa realidad que enfrentamos en el complejo ciclo negativo del mercado exportador.
Porque estamos en pleno período de vacas flacas, pero hay mucha gente que todavía tiene apetito de vacas gordas—y equivocadamente cree que tenemos recursos suficientes para satisfacer nuestras necesidades de mayor gasto público—, el gobierno deberá mostrar una disciplina férrea para evitar que la situación fiscal se siga deteriorando y amenace con profundizar la crisis que ya se vislumbra en el horizonte.
Aunque no debiera ser necesario repetirlo, al parecer muchos todavía no quieren aceptar que se acabaron los años de vacas gordas. La década dorada, cuando los ingresos del Fisco superaban ampliamente al gasto público, ya es parte del pasado (igual que el boom del salitre a comienzos del siglo XX). Los fondos soberanos que crecieron en esos años y que nos hicieron acreedores netos, ya pesan menos ante una deuda pública que va en aumento y un presupuesto que lleva al Fisco a gastar más de lo que recibe. Como parte de esos fondos soberanos ya están comprometidos para financiar la reforma de pensiones de 2008, la capacidad del gobierno para echar mano a ahorros que estimulen la economía se ha visto brutalmente reducida. Por su parte, los ingresos del cobre han caído a un punto tal que Codelco es como un árbol seco al que le tenemos mucho cariño, pero que ya no da fruto y, es más, amenaza con convertirse en un pasivo para el Estado.
Pero esa gris realidad contrasta con las altas expectativas que existen en el país respecto a lo que debe hacer el Estado para mejorar la calidad de la educación (garantizando la gratuidad), expandir la calidad y cobertura de la salud, mejorar las pensiones y, ahora último, mejorar también los sueldos del sector público.
Como el gobierno de Bachelet llegó al poder alimentando expectativas de un mayor gasto público y, ya en el poder, impulsó una reforma tributaria argumentando que con ella se podrían financiar las promesas de más gasto, mucha gente se niega a aceptar que ya no hay plata. Si tu médico de confianza te ha mentido respecto a los resultados de los exámenes, va ser complicado que le creas a otro médico que te dice la verdad, aun cuando la evidencia esté de su lado. Pero aunque muchos no lo quieran aceptar, no hay plata ni la habrá en varios años.
Como las expectativas y la realidad están tan desalineadas, es inevitable que se generen tensiones entre el gobierno y algunas de sus bases de apoyo. Los estudiantes insisten en la necesidad de avanzar en gratuidad pese a la reforma que, desordenadamente y sin ley de por medio que la regule, ha emprendido el gobierno. Como ya se estableció el precedente de financiar la gratuidad a través de una glosa en la ley de presupuesto a fines de 2015, este año se volverá a usar el mismo mecanismo para financiar una aventura que ya tiene a varias universidades privadas al borde de la quiebra y que establece requisitos tales que varias estatales debieran quedar fuera del sistema de gratuidad.
En pensiones, el gobierno también cedió a la tentación de hacer anuncios rimbombantes, pero no ha dado pasos concretos para hacerse cargo del descontento que existe con el sistema. Como el movimiento social ha convertido a las AFP en el chivo expiatorio de la mala calidad de las jubilaciones, el gobierno ha podido zafar temporalmente de la presión. Pero de todos modos, La Moneda se las ha ingeniado para alimentar expectativas irreales sobre lo que puede hacer el Estado para mejorar las pensiones de aquellos que están próximos a jubilar.
En el juego de alimentar expectativas más allá de la capacidad del Estado para cumplirlas, el gobierno ha profundizado la disonancia entre la realidad de vacas flacas por la que atraviesa y seguirá atravesando el país en los próximos años y las expectativas de vacas gordas que han predominado en la población en años recientes. Como además, muchos chilenos apenas alcanzaron a ver la tierra prometida de vacas gordas sin llegar a gozar de los beneficios del crecimiento y la bonanza, resulta difícil decirles a millones de personas que estaban en la fila que la fiesta se acabó.
Felizmente para el gobierno actual, la gente ya ha hecho la pérdida respecto a estos cuatro años. Para todos los efectos prácticos, ya nadie espera que Bachelet cumpla sus ambiciosas promesas. Pero desafortunadamente para el país, las personas cada vez más están depositando sus esperanzas y su apetito de vacas gordas en lo que prometerán los candidatos presidenciales en la campaña que ya se inicia para la elección de noviembre de 2017.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
A no ser que ocurra un diluvio político de proporciones bíblicas, el ganador de las elecciones municipales del próximo domingo ya debería estar zanjado: la elite política transversal.
Al menos en ello está empeñado esa elite. El duopolio compuesto por la gobernante Nueva Mayoría y la oposición de derecha Chile Vamos, que ha gobernado el país desde 1990, lleva varias semanas trabajando en tándem para tantear la sensación térmica de qué puede constituir un fracaso y qué puede ser un estándar democrático “normal” en los comicios de esta semana. Por eso, el actual enfrentamiento mediático entre los dos conglomerados por los graves errores en el cambio de domicilio de decenas de miles de potenciales electores no es más que una cortina de humo.
Basta con ver, escuchar o leer las noticias para darse cuenta que desde la Presidenta Bachelet hasta los editorialistas de El Mercurio vienen realizando un constante llamado a participar y votar este domingo.
El barómetro que viene ajustando esta elite sólo medirá dos cosas: el nivel de abstención electoral y el porcentaje de votos que obtengan ambos bloques. Ese es el test de blancura –o supervivencia, si se quiere- que se ha auto-fijado el duopolio. El truco, claro está, es que son ellos mismos los que fijan los números aceptables o no.
Por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos dio a conocer este sábado un documento de trabajo en que asienta estos criterios. “Los análisis electorales post-elecciones suelen ser apasionados”, sostienen dos de sus investigadores en una Carta al Director en El Mercurio. “Con esto en mente, decidimos definir los criterios en base a los cuales analizaremos la próxima elección ex ante, de modo de no sesgar nuestra visión de los resultados”, afirman Loreto Cox y Ricardo González, los expertos del think tank más prestigioso de la derecha, el que se financia con grandes aportes de los mayores empresarios del país.
¿Y cuáles son algunos de estos criterios?
Para definir si la participación electoral fue baja, “mirando los datos históricos de Chile y algunos datos de otros países, diremos que sí lo fue si es menor a 40%, pero medida sobre la población en edad de votar (para soslayar los problemas que ha tenido el padrón electoral)”.
Y para saber si el duopolio sigue suscitando la adhesión electoral del último cuarto de siglo, estos expertos proponen que “basado en un análisis de las últimas elecciones, diremos que efectivamente las coaliciones ‘binominales’ perdieron fuerza si juntas obtienen menos que el 70% de los votos de concejales o menos del 72% de los votos de alcalde” (Se puede ver el análisis completo en Puntos de Referencia Nº 441, www.cepchile.cl).
Aunque los expertos del CEP no ahondan en las posibles consecuencias de este análisis ex ante en caso de darse los peores escenarios, ciertamente sus umbrales son lo suficientemente bajos como para mantener el áurea de estabilidad e invencibilidad del duopolio. Y un simple ejercicio matemático lo deja en evidencia. Por ejemplo, si efectivamente vota el 40% y esos votantes entregan el 70% de sus preferencias a los dos grandes coaliciones, estamos frente a la siguiente realidad electoral: un 28% de los chilenos con derecho a voto opta por los dos grandes bloques. Para el CEP, y probablemente también para la Nueva Mayoría, ello es suficiente como para seguir el camino usual.
Después de todo, se trata de una tendencia que ya se ha instalado en el país hace años. La participación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2013 fue de 49,4% (es decir, hubo una abstención superior a 50%). Michelle Bachelet obtuvo 46,7% en esa rueda, lo que se traduce en 22,7% del padrón electoral. Es decir, su actual popularidad no está muy alejada de lo que efectivamente obtuvo en las urnas.
Si la abstención en las municipales supera el 60%, ello seguramente será el principal titular de los noticiarios del próximo lunes. Pero tras unos días o semanas de debate acerca de la salud de la democracia chilena, sobre volver o no al voto obligatorio, las cosas se calmarán y todo debería proseguir como antes.
De hecho, los analistas de la elite también están trabajando en este escenario para amortiguar sus efectos. Este domingo en la noche, por ejemplo, el cientista político Mauricio Morales, simpatizante DC y director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, relativizó la participación electoral al constatar que en democracias occidentales consolidadas como Suiza y Holanda más del 60% de los votantes se suelen abstener de las urnas.
Lo que omitió Morales es que se trata de países con Estados de Bienestar Social sofisticados, de sociedades que cuentan con sindicatos fuertes, con organizaciones sociales y vecinales que tienen voz y voto, con comunidades muy organizadas en torno a diversos temas, desde religiosos a deportivos y medioambientales.
Pero en algo tiene razón. Las democracias representativas no establecen un quórum para validar sus resultados (al menos no a nivel político tradicional, porque en otros ámbitos sociales sí se establece una participación mínima para conferir legitimidad a actos políticos). Así, la abstención –alta o baja– debería ser tema por solo unas pocas semanas. Pero, ¿qué pasa con los resultados del duopolio?
Ciertamente, existen algunas comunas llamadas “emblemáticas”, cuyos resultados concentrarán la atención de la prensa, de los analistas y de la clase política. Por lo general suelen ser municipios ricos, o con muchos votantes potenciales o con contiendas estrechas. O sea, comunas como Providencia, Ñuñoa, Santiago, Maipú o Valparaíso, por ejemplo.
El duopolio presentará candidatos en prácticamente todos los 345 municipios que elegirán alcaldes y concejos municipales el próximo domingo. Los movimientos políticos extra-duopolísticos, en cambio, tienen una presencia mucho menor.
Revolución Democrática tiene o apoya cinco candidaturas a alcalde: en Antofagasta, Taltal, La Serena, La Granja y San Miguel.
Izquierda Autónoma tiene o apoya a dos candidatos a alcalde, uno en Tomé otro en Corral.
El Movimiento Autonomista, escindido de Izquierda Autónoma a comienzos de este año, tiene una carta en Valparaíso: Jorge Sharp. La curiosidad de este candidato es que fue el único electo en primarias ciudadanas, es decir, no organizadas por el duopolio.
El Partido Progresista de Marco Enríquez-Ominami es el más ambicioso al presentar 59 candidatos a alcalde. De hecho, actualmente el PRO cuenta ya con siete jefes municipales, casi todos de pequeñas comunas del norte de Chile. Actualmente, la gran mayoría de sus candidatos se presentan en comunas pequeñas, con poco peso político como para generar un impacto a nivel nacional. La gran excepción es Patricia Morales que se presenta como alcaldesa de Santiago.
Y así existen varios movimientos más, surgidos desde organizaciones comunales, regionales o vocaciones independientes personales, que buscan desafiar a los conglomerados predominantes. Muchos desde la izquierda. Algunos pocos incluso desde una derecha nacionalista. Sin embargo, de momento la mayoría de sus candidatos no constituyen más que esfuerzos testimoniales.
Por eso, a menos que suceda una hecatombe –que Jorge Sharp gane en Valparaíso y Patricia Morales en Santiago, que vote sólo un 35% de los ciudadanos o que el duopolio obtenga a penas 50% de las alcaldías– esta será una elección más.
“Estoy a un paso de ser investido como Presidente y ni un solo voto se ha emitido a mi favor”, comentabaFrank Underwood en un capítulo clave de la serie televisiva House of Cards.
Mientras toma el juramento presidencial en la Oficina Oval, en Washington, Underwood desvía la mirada, observa fijamente a la cámara y se despacha una frase que, de muchas maneras, resume el estado actual de la política mundial: “La democracia está tan sobrevalorada”.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Plantean que si una alta ausencia en las urnas se traduce en una derrota electoral, ésta puede incidir en La Moneda y su relación con el oficialismo.
El 62% de abstención en la votación del plebiscito de Colombia fue el tema mediante el cual la Presidenta Michelle Bachelet manifestó ante el gabinete su inquietud de que se produzca una baja votación en las municipales.
Ayer, la mandataria volvió a abordar la preocupación de que este 23 de octubre se repita un cuadro como el colombiano, o incluso, como el que se vivió en los comicios de 2012, cuando en pleno debut de la inscripción automática y el voto voluntario se alcanzó un 60% de abstención.
“La opinión de ustedes es importante en las elecciones municipales porque no da lo mismo quién sea alcalde o concejal, y está en sus manos elegir buenas autoridades”, expresó Bachelet.
Las aprensiones de la jefa de Gobierno se sostendrían en cifras. Además del resultado de las elecciones de 2012, en las pasadas primarias de julio sólo un 5,5% del padrón habilitado concurrió a votar. En 2015, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral situó a Chile como el país con la menor tasa de votación ciudadanos entre las naciones con democracias estables, luego de que en las presidenciales de 2013 un 58% no asistiera a votar.
Ante esta perspectiva, expertos plantean que el cuadro no entrega señales de mejora. “La encuesta CEP dice que hay 27% que dice que irá a votar, pero normalmente la gente que declara eso es porque es mal visto no ir a votar. Eso puede traducirse nuevamente en el 40% de participación de hace cuatro años atrás y eso es muy malo”, detalla Sergio Micco, coordinador del Magíster en Ciencia Política de la U. Chile.
El académico de la Facultad de Gobierno UDD, Gonzalo Müller, advierte que “esta profecía autocumplida de la abstención ya ocurrió en 2012, se ratificó en 2013, de manera durísima. Ese terremoto ya golpeó a la clase política y hoy día se puede agravar, puede ser que lleguemos a cifras en torno al 35% de participación”.
Frente a esto, el decano de Ciencia Política de la U. Central, Marco Moreno, plantea que es probable que “la baja electoral sea usada tanto por el oficialismo como por la oposición para cargar las responsabilidades en el Gobierno, por los malos resultados que ha tenido su gestión y porque el nuevo escenario que establece las reglas del juego electoral, de financiamiento, ha hecho que estas campañas sean bastante invisibles. Y el Gobierno un poco, reaccionando a esta posibilidad cierta – que debe mostrarse las encuestas internas- está de alguna forma adelantándose a un cuadro negativo que podría ser todavía más complejo si la aprobación se mantiene o baja”.
“El Gobierno busca detener con estos llamados a participar, porque lo que puede estarse provocando es que haya una fuerte crítica, no sólo de gestión del Gobierno, sino ante la despolitización de la gente ante su deficiente manejo”, agrega el académico.
Müller argumenta que “si esta sensación de mala evaluación del Gobierno se traduce en una derrota política electoral, creo que lo que viene en la Nueva Mayoría van a ser pasadas de cuenta múltiples entre los parlamentarios, que se van a asustar. O sea, va a haber una búsqueda de culpables rápidamente esa misma noche, porque si hay algo que corre muy rápidamente es el terror electoral, cuando la mala evaluación se traduce en derrota”.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP, afirma que “el peligro para el Gobierno, más que una caída de la participación, está en perder el control de algunas comunas relevantes como Santiago”.
No obstante, desdramatiza lo que se venga tras las elecciones y recalca: “Hay democracias con alta participación y con altos niveles de identificación con partidos donde la democracia no se caracteriza por altas dosis de estabilidad”.
Fernando García Naddaf, Director del Magíster en Política y Gobierno UDP.
Pese a presiones desde la Nueva Mayoría, el jefe de la billetera fiscal dejó en claro que en este erario se optó por la responsabilidad, en medio del estrecho margen de la economía.
Muchos economistas y expertos habían mencionado que la elaboración del Presupuesto 2017 sería una verdadera prueba de fuego para el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y todo parece indicar que el jefe de la billetera fiscal se anotó puntos a su favor. La señal que dio el jefe de Teatinos 120 fue clara: se acotó el gasto a una expansión de 2,7%, con el objetivo de cumplir su promesa de reducir el déficit estructural en 0,25 puntos por año. Con esta “victoria”, diversos analistas estiman que Valdés sumó bonos y consolidó una posición, que muchas veces se vio doblegada en la reforma laboral, mientras que en los cambios que se discuten en el sistema de pensiones, le ha traído públicos desencuentros con otros secretarios de Estado. Pese a los llamados desde sectores de la Nueva Mayoría que pedían mayores recursos para reactivar la economía en medio de un año electoral, el erario será “equilibrado y responsable fiscalmente”, según enfatizó la propia Presidenta Michelle Bachelet.
“Como muchas veces la Presidenta tuvo una decisión ecléctica, es decir, no le hizo caso a ni a unos ni a otros. Ni a Valdés, que seguramente debe haberle pedido un mayor esfuerzo fiscal en términos de reducir el déficit, y tampoco a aquellos que querían seguir con un presupuesto que creciera a tasas muy por sobre el crecimiento del país. Buscó una posición intermedia (…). En gran medida el ministro Valdés ha tenido un gran contraste con el ex ministro Arenas en términos de tener un discurso más responsable fiscalmente, de mejor uso de los recursos, y más comprometidos con el crecimiento que lo que fue el ministro anterior (…). El mal manejo del Gobierno, en parte importante, ha provocado que tenga que tener un presupuesto 2017 mucho más restrictivo de lo que hubiera querido”. Gonzalo Müller Cientista político de la Universidad del Desarrollo.
“Creo que uno podría ver la huella del ministro Valdés acá. Sabemos que había presión por un presupuesto menos austero que además tuviera relación con los objetivos que pueda tener la Nueva Mayoría en un año electoral (…). ¿A quién escucha Bachelet? Da la impresión de que aquí escucha al punto de vista más técnico de austeridad que evidentemente viene de alguien que tiene la gestión de la billetera del Estado que debiera ser acá Valdés. En este sentido creo que el punto de vista de los ministros más políticos pueden haber quedados desplazados y se asienta el poder desde un punto de vista técnico”. Fernando García Naddaf Director del Magíster Política y Gobierno Universidad Diego Portales.
“Efectivamente yo creo que aquí Valdés definitivamente rompió la tendencia con que partió este Gobierno, que era tratar, a través de la política de gasto, dinamizar la economía. Lo que Valdés recuperó es que aquí hay reglas que se tienen que cumplir y la sostenibilidad fiscal es un objetivo prioritario país, porque no cumplirla iba a llevar a que se deteriorara la clasificación de riesgo y eso finalmente es negativo no solo para el fisco sino que para todo el país. ¿Es una victoria? Yo lo veo así y en bien de la economía chilena, en el bien de todos, porque la política fiscal contra-cíclica finalmente, en vez de terminar generando un efecto positivo, iba a generar uno negativo que es la pérdida del prestigio que tiene Chile en materia de responsabilidad fiscal”. Cecilia Cifuentes Académica de la Universidad de Los Andes
“Me parece que es una victoria en cuanto a que en un entorno tremendamente hostil, ante un escenario que es adverso en términos de control fiscal -que no había enfrentado un ministro de Hacienda en Chile desde el regreso a la democracia- con una economía creciendo a su peor tasa desde comienzos de los 80 en promedio durante los primeros tres años, con un programa absurdamente profundo y amplio que, por lo mismo, no ha podido ser asumido en su totalidad y ad portas de elecciones este año y el próximo. En ese escenario, me parecía que el ministro estaba enfrentando una situación muy compleja y que por lo tanto que haya sido capaz de mandar al Congreso un presupuesto que vuelve a enderezar las señales hacia el resto del mundo y, también a los inversionistas locales, pero que al mismo tiempo no afecta significativamente la inversión pública y sigue haciendo esfuerzos en materia social, me parece que es un tremendo logro”. Raphael Bergoeing Economista de la Universidad de Chile.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si Guillier logra abrazar las banderas del cambio alejándose de la experiencia fallida de Bachelet, su candidatura será difícil de parar para un Lagos que aparece demasiado cercano a los poderes fácticos.
Precisamente porque Alejandro Guillier representa lo mejor y lo peor del bacheletismo, su candidatura aparece como una amenaza para los poderes fácticos y resulta tan difícil de entender para aquellos que creen que los chilenos ya están cansados con Bachelet.
Así como a fines de 2004 la entonces ministra de Defensa Michelle Bachelet fácilmente dejó fuera de carrera a los que representaban el continuismo del estilo presidencial de Ricardo Lagos, la irrupción del senador Alejandro Guillier amenaza con dejar fuera de carrera al propio Lagos. Porque Guillier representa esa mezcla de aire nuevo (pero en rostro conocido), cercanía con la gente y distancia con los poderes fácticos, su imagen recuerda la forma en que irrumpió Bachelet en 2005 y el inmediato entusiasmo que generó en un electorado que ya pedía un cambio que los hiciera más protagonistas en la toma de decisiones.
Igual que Bachelet, Guillier es capaz de hacer que la gente vea en él lo que ellos quieren. Para algunos, Guillier terminará con los abusos. Para otros, acabará con las AFP, mejorará el acceso a la salud o garantizará la gratuidad de la educación. Da lo mismo el tema, con su imagen de un chileno normal que recién entra a la política, Guillier pertenece a la misma generación que Bachelet (él tiene 63, ella cumple 65 el 29 de septiembre). Ninguno de los dos tuvo poder en la década de los 90, cuando se cocinó la transición.
Ni Guillier ni Bachelet son expertos en políticas públicas. Lo suyo es la capacidad de comunicar. Como senador, Guillier ha tenido una labor discreta. No defiende ninguna bandera específica. Guillier ha logrado convertirse en un senador que todavía parece ocupar el rol de un periodista. Está en el Senado, pero no es uno de ellos. Vota las leyes, pero no se hace responsable de lo que pasa. Afortunadamente para él, la gente tampoco le exige responsabilidades.
Ahora bien, es cierto que chiste repetido sale podrido. Guillier no podrá hacer en 2017 la misma campaña que hizo Bachelet en 2005 o 2013. Si en 2005 Bachelet representó un cambio en un contexto de continuidad y en 2013 su candidatura fue de ruptura con el pasado concertacionista (incluso con el cambio de nombre de la coalición), Guillier deberá buscar un equilibro entre las promesas de cambio demasiado radicales y el temor a que nada cambie.
Hasta ahora, Guillier lo ha intentado diciendo que él representa una transición entre la vieja política y la nueva política. Si bien esa estrategia combina cambio con continuidad, también frena las demandas de cambio. Si él solo representa una sala de espera para lo que vendrá, ¿por qué no mejor votar por alguien que promete atención inmediata a los problemas que afligen a Chile?
Además, como Bachelet ya prometió cosas que no pudo cumplir, Guillier deberá ser cuidadoso con sus promesas. Si promete muy poco, decepcionará a la gente que quiere cambios concretos. Si sus promesas son más ambiciosas, deberá explicar cómo pretende cumplirlas. Después de la decepción por las promesas incumplidas de Bachelet, Guillier no podrá escudarse en decir que él cortará el queque o que él podrá disciplinar a los partidos. El candidato deberá especificar detalles y tomar posiciones. No bastará con decir dónde quiere llegar. El candidato deberá explicar cómo planea llegar hasta allá.
Con todo, la candidatura de Guillier tiene más oportunidades que amenazas. Su popularidad contrasta con el poco entusiasmo que genera en las filas oficialistas el ex Presidente Lagos. De hecho, Lagos genera más entusiasmo en los poderes fácticos que entre militantes de izquierda. Sus referencias a la gobernabilidad y su discurso enfocado en el Chile del 2050 más que en el Chile de hoy, reflejan que está más preocupado de la historia que de los electores que debe a seducir. Mientras más empresarios aparezcan hablando bien de Lagos, más difícil le resultará al ex Presidente conquistar a esos votantes que hoy se vuelcan hacia Guillier.
La popularidad de un candidato que tiene tantas similitudes con Bachelet en su estilo y su mensaje de cambios fundacionales lleva a cuestionar el argumento sobre la impopularidad de las reformas que impulsa Bachelet. Si bien su aprobación personal está por el piso, Bachelet impulsó reformas que siguen siendo populares. La gente quiere terminar con el abuso y expandir la red de protección social. Bachelet puede haber errado el diagnóstico general del descontento y el camino para solucionar los problemas, pero la bandera de las reformas sigue siendo enormemente popular.
Si Guillier logra abrazar las banderas del cambio alejándose de la experiencia fallida de Bachelet, su candidatura será difícil de parar para un Lagos que aparece demasiado cercano a los poderes fácticos. Pero si repite la misma estrategia de Bachelet, entonces el popular senador correrá el riesgo de terminar cargando con todos los pasivos que ha producido este poco exitoso segundo periodo de Bachelet en el poder.
Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
Quienes plantean que Michelle Bachelet ha desarrollado una retórica populista están equivocados: sus discursos tienen un marcado tono pluralista. Pero nada impide que en la próxima elección actores con vínculos con la clase económica o política terminen elaborando un discurso populista con el objetivo de conectar con el malestar ciudadano.
Populismo. Esta palabra se ha vuelto recurrente en el debate público en Chile. Diversos comentaristas han argumentado que la agenda y las políticas públicas del gobierno actual tienen marcadas tendencias populistas, mientras que otros opinan que el debate constitucional y una potencial reforma mediante una asamblea constituyente pavimentan el camino para el surgimiento del populismo. Asimismo, hay quienes plantean que los escándalos de corrupción que han afectado a la clase política y empresarial representan un caldo de cultivo para la irrupción de liderazgos populistas en las próximas elecciones presidenciales.
Llama la atención la desconexión del debate local con la discusión internacional en torno al fenómeno del populismo. De hecho, el populismo es hoy en día un fenómeno global que en el mundo desarrollado se plasma sobre todo en líderes y partidos de la derecha radical. Desde el Frente Nacional en Francia a Viktor Orbán en Hungría, y Donald Trump en Estados Unidos, los populismos de derecha representan un verdadero desafío a la democracia. A su vez, la así llamada Gran Recesión ha gatillado la irrupción de populismos de izquierda, como Syriza en Grecia y Podemos en España. La creciente relevancia del populismo a nivel global ha motivado una amplia discusión académica, en torno a cómo definir al populismo de manera tal que su definición sea lo suficientemente precisa para reconocer el fenómeno en distintos lugares del mundo y, a su vez, facilite su análisis de manera empírica.
¿A qué conclusión ha llegado este debate? En términos generales, el populismo es definido como una ideología o discurso político que se caracteriza por plantear no sólo que la sociedad está escindida entre una elite corrupta y un pueblo soberano, sino que también que la voluntad popular debe ser respetada a como dé lugar. En consecuencia, el populismo opera con una retórica moral (el pueblo es “bueno” y la elite es “mala”). Esto dificulta la posibilidad de lograr acuerdos y construye una noción de democracia que tiene escaso respeto por entidades autónomas que no son controladas ni elegidas de forma directa por el pueblo (por ejemplo, bancos centrales, instituciones judiciales u organismos internacionales).
Existen dos opuestos conceptuales al populismo: el elitismo y el pluralismo. Al igual que el populismo, el elitismo se sustenta en la distinción entre la elite y el pueblo pero invierte la moralidad de dichos términos: la elite es íntegra y superior, mientras que el pueblo es ignorante y peligroso. Basta pensar en el elitismo inherente al pensamiento tecnocrático, el cual presume que los problemas son muy complejos como para que sean comprendidos y resueltos por la ciudadanía. Por el contrario, el pluralismo no plantea que la sociedad esté escindida entre una elite y un pueblo, sino que define a la sociedad como una suma de individuos y grupos que tienen diversas ideas e intereses, o sea ve la diversidad como una virtud y tiene gran escepticismo frente a la idea de que se pueda hablar de un pueblo con una voluntad popular en singular. Al fin y al cabo, existen variadas voluntades individuales y grupales, de modo que sólo a través del diálogo y la negociación es posible establecer acuerdos que se acerquen al sentir común de una sociedad.
En base a esta concepción del populismo, y sus dos opuestos conceptuales, es posible analizar de manera empírica si los discursos que elaboran líderes políticos pueden ser catalogados como populistas o no. Para hacer esto de manera fidedigna es preciso recurrir a la así llamada metodología de graduación holística (ver nota metodológica). En el marco del núcleo de investigación financiado por la Iniciativa Científica Milenio (ICM), hemos empleado esta metodología para medir el nivel de populismo presente en los discursos de presidentes en Chile y América Latina, así como también en los candidatos presidenciales de la actual campaña en Estados Unidos.
Para todos los presidentes considerados hemos analizado cuatro discursos del mismo tipo. En primer lugar, un discurso durante la campaña presidencial y, por lo tanto, antes de que hayan llegado al poder. En segundo lugar, un discurso de “corte de cinta”, vale decir, cuando inauguran alguna obra frente a una audiencia local. En tercer lugar, un discurso internacional y, en consecuencia, frente a una audiencia que está compuesta mayoritariamente por personas de otros países. Por último, un discurso famoso, el cual alude a una ocasión que marca un hito importante en la política del país (por ejemplo, para el gobierno actual de Michelle Bachelet seleccionamos su discurso en cadena nacional del día 1 de abril del año 2014 en donde anuncia la reforma tributaria).
Tal como se puede observar en el gráfico, es posible encontrar un patrón bastante claro respecto a cuáles presidentes de América Latina pueden ser considerados como populistas. Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y Hugo Chávez en Venezuela son los tres casos que marcan altos niveles de discurso populista. No en vano, la literatura académica ha catalogado a estos presidentes como expositores de una izquierda radical, la cual se caracteriza por atacar a las elites establecidas en el poder y en movilizar al pueblo para demandar e implementar significativos cambios institucionales.
El gráfico también revela que los exponentes de la izquierda moderada prácticamente no hacen uso del discurso populista: tanto Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, como José Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay hacen escaso uso de la retórica populista en sus discursos. De alguna manera esto es bastante esperable, puesto que dichos gobiernos se han distinguido por hacer reformas graduales y en tratar de buscar acuerdos con diversos sectores sociales. A su vez, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en Colombia (dos presidentes con una agenda de derecha) no hacen uso alguno del discurso populista.
¿Y qué sucede en Chile? En el caso de nuestro país, hemos evaluado los discursos de los últimos cuatro presidentes y la evidencia es concluyente: prácticamente no hay elementos de populismo en el discurso de ninguno de ellos. Quienes plantean que Michelle Bachelet ha ido desarrollando una retórica populista están equivocados: sus discursos tienen un marcado tono pluralista. Por ejemplo, en la cadena nacional donde ella anuncia la reforma tributaria, se postula que “necesitamos que la discusión esté guiada por el interés común y la visión de país, con una mirada de desarrollo y marcada por las necesidades de nuestra patria”. Se le pueden hacer variadas críticas a este gobierno, pero la evidencia empírica muestra que es incorrecto catalogarlo de populista.
A nuestro juicio, la pregunta más relevante es otra. ¿Se posicionarán candidatos con un discurso populista en las próximas elecciones presidenciales en Chile? Todo indica que ni Sebastián Piñera ni Ricardo Lagos (los más probables candidatos del establishment político criollo) desarrollarán una retórica populista. No es casualidad que diversos actores empresariales y políticos hayan indicado que una competencia entre ambos candidatos le da estabilidad al país. Ahora bien, los escándalos de corrupción del último tiempo marcan un contexto propicio para que otros candidatos hagan uso de la ideología populista para criticar a la clase política y empresarial. Roxana Miranda ya hizo esto en las últimas elecciones presidenciales, pero su estrategia rindió pocos frutos. Nada impide que otros candidatos sin vínculos con el establishment traten de levantar una campaña centrada en el populismo.
También es posible pensar en otra opción: que actores que forman parte del establishment decidan desmarcarse y armar una propuesta electoral populista. Por ejemplo, los senadores Manuel José Ossandón y Alejandro Navarro han dado entrevistas que apuntan en esa dirección. Aunque parezca curioso, nada impide que actores con importantes vínculos con la clase económica y/o política terminen elaborando discursos de este tipo con el objetivo de conectar con el malestar ciudadano y movilizar así a un segmento del electorado con agendas tanto de derecha como de izquierda.
No hay mejor ejemplo de ello que las mediciones que hemos efectuado de la campaña presidencial en Estados Unidos. Como se puede observar en el gráfico, al menos dos candidatos con claros vínculos con el establishment han elaborado una retórica con elementos populistas: por un lado, el multimillonario Donald Trump con una agenda de derecha en contra tanto de los inmigrantes como de la elite establecida en el poder y, por otro lado, el senador Bernie Sanders con una agenda de izquierda en contra del capital financiero y la influencia del dinero en la política.
Así, por ejemplo, Trump señaló lo siguiente en una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal en abril de este año: “El único antídoto contra décadas de gobiernos dañinos por un puñado de elites es una infusión de voluntad popular. Sobre cada problema importante que afecta a nuestro país el pueblo está en lo correcto y la elite gobernante está equivocada”. Por su parte, en su discurso en Nuevo Hampshire del día 10 de febrero de este año, Sanders planteó: “Esta noche nosotros notificamos al establishment económico y político de este país que el pueblo americano no seguirá aceptando un sistema corrupto de financiamiento de la política, el cual está socavando la democracia de los Estados Unidos, y no aceptaremos una economía fraudulenta en donde gente sencilla trabaja más horas por salarios más bajos, mientras que prácticamente todos los nuevos ingresos y riqueza se van para el uno por ciento más rico”.
Dado el contexto actual en Chile, no deberíamos sorprendernos frente a la irrupción de candidatos populistas en la próxima campaña presidencial. El malestar frente a la corrupción y la falta de renovación del establishment político le da mayor atractivo al discurso populista. Nada indica entonces que Chile sea inmune al populismo. La historia indica que los liderazgos populistas cobran fuerza cuando la ciudadanía no se siente representada y la confianza institucional está por los suelos. Su potencial éxito electoral no dependerá sólo de ellos, sino que, sobre todo, de cómo reaccionarán las elites establecidas en el poder.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Desde 2012 –tras la irrupción del voto voluntario– la abstención electoral ha ido en aumento: un 60% en las municipales de ese año y, al siguiente, en la primera vuelta presidencial, un 50,6% del padrón no fue a votar. Luego, en la segunda votación, el triunfo de Michelle Bachelet estuvo marcado por un 58,2% de abstención. Los analistas coinciden en que hay una crisis de representación en el sistema político, lo que podría dejar a las autoridades actuando en “el vacío” ante la baja participación e interés de la ciudadanía en la política tradicional.
La semana antepasada la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) no solo arrojó como resultado la aprobación más baja de un Presidente en Chile desde la vuelta a la democracia, sino que también dejó entrever la apatía del electorado frente a las próximas elecciones municipales: apenas un 27% de los encuestados está seguro de que irá a votar en octubre. Para algunos expertos esta es la cifra más alarmante de la medición.
El resto se divide en un 24% que probablemente irá, un 16% que probablemente no, un 25% que con toda seguridad no votará y un 9% que no sabe o no contesta.
Los resultados de esta versión de la CEP contrastan con la encuesta de julio-agosto de 2012 –antes de la implementación del voto voluntario–, que mostraba un pronóstico mucho más alentador para las municipales. Ante esta misma pregunta, el 57% de los encuestados afirmaba estar seguro de que votaría en los comicios de fin de año, un 20% probablemente iría, un 7% probablemente no, un 11% con seguridad no iría y un 6% no sabía o no contestaba.
El voto voluntario y la abstención electoral
Hasta antes de 2012, el voto era obligatorio y los que no querían o no podían ir a las urnas debían pagar multa o presentar una justificación en Carabineros. Ese año la legislación cambió y entró en vigencia la ley que establecía la inscripción automática en los registros electorales y el voto voluntario. Tuvo su debut en las últimas elecciones municipales.
El Mostrador consultó a distintos analistas para conocer su visión sobre la alta abstención electoral en los últimos años.
Al respecto, para el experto electoral y diputado de la bancada PPD, Pepe Auth, esto solo evidenció algo que ya venía ocurriendo: “Tras las inscripción automática, el padrón electoral incluyó a quienes no estaban antes en él, pero que continuaron no yendo a votar, como lo habían hecho hasta entonces”, dijo. En la misma línea, sugiere que es preciso mejorar las barreras que enfrentan los ciudadanos el día de las votaciones; ya sea el traslado, el tiempo, el lugar de votación, entre otros. Y aprovecha de entregar su propuesta: “Eso se mejora con el voto electrónico y puedes votar desde cualquier lugar en el que estés, independientemente de las circunstancias”, señaló.
Para Marco Moreno, decano de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, desde 2012 sí ha existido un quiebre importante: “Instalar el voto voluntario ha significado una tensión en lo que había sido la manera tradicional de hacer política, en donde tú tenías definidas las coaliciones, al votante… la ‘desbinominalización’ de la política –que se verá con mayor claridad en las próximas elecciones–, genera mayor incertidumbre”, indicó.
En las elecciones de alcaldes y concejales en 2012 los votos se redujeron en cerca de un millón y medio respecto de la última elección. En 2008, cuando existía el voto obligatorio, votaron 6,9 millones de personas y los que lo hicieron en 2012 fueron 5,5 millones de ciudadanos. La abstención respecto al padrón electoral –de 13,3 millones de habilitados a votar– se estimó para las municipales de ese año en un 60%.
Para el analista político Max Colodro “el gran cambio no está en las cifras en sí, sino que la abstención se instala como una posibilidad para el votante”. Pero Claudio Fuentes, director de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, sí cree que las cifras son decidoras. Sostiene que “en 2012, el 50% declaró que iría a votar en las municipales y al final concurrió solo el 40%. Esta vez solo lo hizo el 27% y es quizás la cifra más preocupante de la CEP y habla de una seria deslegitimación del sistema político”, explicó.
En la encuesta CEP de noviembre-diciembre de 2012 –posterior a las últimas elecciones municipales–, se les preguntó a los encuestados cuándo tomaron la decisión de abstenerse. El 61% tomó la decisión antes de que comenzara la campaña, 17% lo decidió durante la campaña, otro 17% el mismo día de las elecciones y un 6% no supo o no contestó. A esta toma de decisión Marco Moreno la llama la “volatilidad del voto”, es decir, que “los electores eligen por quién votar más cerca de la fecha, pero para ello será preciso tomar la decisión de ir a votar”, sostuvo.
“La política no me interesa”
Un año más tarde, en las elecciones presidenciales de 2013 la participación no repuntó: en la primera vuelta 6,6 millones de personas votaron –de un total de 13,5 millones–, lo que implicó una abstención de un 50,6%. Para la segunda votación acudieron 5,6 millones de personas, lo que dejó un 58,2% de abstención. En otras palabras, la Presidenta Bachelet fue electa con el 41,8% del padrón electoral. En la encuesta CEP de julio de 2014, el 39% de los encuestados indicó, como principal razón, que no fue a votar “porque la política no me interesa”.
Existe un consenso entre los analistas en cuanto a que los casos de financiamiento irregular, fraude al fisco, boletas falsas, jubilaciones millonarias, entre otros, han contribuido al descrédito de la política. Según Claudio Fuentes, es justamente “la suma de desconfianza, el bajo interés por votar y la baja autoidentificación en partidos e ideologías, un cóctel inusual para el Chile postransición. El tema es que los potenciales electores traducen su descontento o en la calle o en la rabia en redes o quedándose en la casa”, explicó.
Marco Moreno afirma que “la gente está participando de otras maneras, son ciudadanos intermitentes”, es decir, que ya no participan de la “política tradicional, ni militan ni van a votar”, pero participan de “manera intermitente” en causas o “asisten a marchas si se sienten motivados, por eso es a veces. También lo hacen a través de redes sociales, eso es un fenómeno”.
El abogado e investigador del Centro de Análisis e Investigación Política (CAIP), Renato Garín, asegura que la clase política “hoy está desnuda” y que actualmente la ciudadanía estaría en una disociación inédita con esta. Sin embargo, descarta una baja politización, ya que advierte “que al corto plazo seguirán las movilizaciones contra las AFP y que incluso en el largo plazo caerá el modelo chileno”. No obstante, acota que “lo que está en juego son los privilegios” que han tenido algunas autoridades hasta ahora, “que funcionan al margen de la ley y de la ética” y que no darían cuenta de las “fronteras entre lo público y lo privado”.
El sociólogo y analista político Alberto Mayol cree que la abstención fue, en un primer lugar, interpretada como despolitización de las personas, pero que más tarde ha sido vista como malestar, y señala que esa es la clave. “Muchos actores politizados consideran que la ruta electoral ha sido insuficiente y es un espacio inapropiado de juego político”, argumenta.
Sobre el mismo tema, Marco Moreno afirma que “la gente está participando de otras maneras, son ciudadanos intermitentes”, es decir, que ya no participan de la “política tradicional, ni militan ni van a votar”, pero participan de “manera intermitente” en causas o “asisten a marchas si se sienten motivados, por eso es a veces. También lo hacen a través de redes sociales, eso es un fenómeno”.
Legitimidad y validez del sistema político
Las bajas cifras arrojadas por la encuesta también ponen en la discusión –más allá de ser una tendencia– la legitimidad de obtener autoridades con un bajo porcentaje del padrón electoral. Pero el debate sobre qué es legitimidad está abierto.
Max Colodro, señala que “respecto a la legitimidad, no hay quien la defina”, refiriéndose a que no existen regulaciones al respecto y pareciera ser solo “una discusión académica”. Hace una diferenciación entre esta y la validez de las elecciones, que “se basan en los votos correctamente emitidos”. Moreno agrega que se está “vaciando la política” y que, por tanto, los representantes electos terminan ejerciendo poder sobre “el vacío”. Auth, en cambio, sentencia que la “legitimidad está dada por el convocar a la votación” y posteriormente asumir el cargo. Agrega que, si la legitimidad estuviese dada por el porcentaje de votos, “entonces ningún presidente de EE.UU. lo sería”.
Alberto Mayol va un poco más allá y cree que es el sistema político el que está deslegitimado: “Los candidatos habitan un espacio sin legitimidad. Es una condición de época que se expresa además en lo electoral. En términos generales, ni los candidatos ni nadie en el sistema tiene legitimidad. De momento, no implica que puedan perder sus cargos, pero sí significa que será difícil ejercerlos”, sostiene. Fuentes precisa que “la oferta no convence o simplemente no es ni siquiera escuchada. Esto es crisis de representación”. Müller, en un tono más calmado, pone paños fríos a la encuesta y es claro al decir que “la CEP no anuncia una catástrofe”.
Municipales versus presidenciales
En relación con las 345 comunas que disputarán sus alcaldes y concejales a fines de octubre, los analistas Gonzalo Müller y Marco Moreno concuerdan en que las municipalidades serían “pequeños centros de poder” vistos por la ciudadanía con mayor cercanía y que “estarían en un escalafón distinto” al ser “más ejecutores”, dijeron, respectivamente. A esto se agrega que los municipios son un espacio en donde la política aún es bien evaluada, lo que se ve reflejado en esta versión de la CEP, en que un 52% de los encuestados se siente satisfecho o muy satisfecho con la gestión de su alcalde, mientras que un porcentaje menor –un 41%– respondió estar insatisfecho o muy insatisfecho con ello.
Por su parte, Müller destaca los matices existentes entre las comunas del país. Por ejemplo, en aquellas pequeñas, esas de diez mil electores, especula un 70% de participación, versus los grandes centros urbanos, como Valparaíso o Santiago, donde afirma que la participación electoral sería menor a un 30%. Asegura que en las pequeñas localidades los municipios “arrastran a sus redes y por eso se producen mayores niveles de participación”. Müller también dice que la gestión de los alcaldes es considerada como una autoridad menos política, más ejecutora y con quien tienen mayor interacción.
Mayol, en tanto, apuesta a que quienes irán a votar constituirán un poco más del 35%. “Lo cierto es que la pendiente es clara: siempre aumenta la abstención. Y no se ven condiciones de rebote. Por tanto, mi impresión es que –en el escenario actual– la abstención debiera aumentar, muy por sobre lo que dicen las encuestas, pues en ellas mucha gente dice que podría votar y no lo hace”, explicó.
Por otro lado, Marco Moreno descarta que estas elecciones sean vinculantes con la política nacional: “Las municipales son elecciones en que se evalúa al alcalde. No estoy tan convencido de la ‘presidencialización’ de las municipales, no hay tantas relaciones”. Cree que comparar los votos de concejales con los presidenciales es una falsa analogía, “un poco de trampa” incluso, ya que son realidades diferentes. Finalmente, agrega que “lo que veremos en las próximas elecciones, de mantenerse la tendencia actual de vaciamiento de la política, será una forma de comportamiento electoral más contingente y un tipo de votante cuyas opciones parecen cada vez más funcionales a lógicas pragmáticas y despolitizadas”.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En esta edición de Mesa Central, Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, conversó acerca de los anuncios realizados por la Presidenta Michelle Bachelet en materia de pensiones.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como un especulador inmobiliario que decide poner la primera piedra aun cuando no hay plano, permisos ni financiamiento para el edificio que prometió construir, Bachelet se embarcó en el imposible proyecto de proveer educación superior gratuita para una gran mayoría de los chilenos que hoy asisten a instituciones públicas y privadas.
Ahora que al gobierno se le ha acabó el plazo para presentar su proyecto de gratuidad en la educación superior, es evidente que la Presidenta Bachelet está entre la espada y la pared. Al negarse a reconocer que hizo una promesa incumplible—y contradictoria con su compromiso de reducir la desigualdad—Bachelet ha optado por enviar un proyecto que tiene cero chances de ser promulgado como ley. Sabiendo esto, ni siquiera optó por darle urgencia a su iniciativa. La Presidenta debe estar pensando que ella pasará a la historia como la mandataria que puso la primera piedra en la construcción de la gratuidad, aunque cuando ella deje el gobierno no haya un plano ni recursos para cumplir la promesa que tan irresponsable y con tanto populismo hiciera en la campaña de 2013.
Los candidatos a menudo pecan de irresponsables cuando hacen promesas de campaña a sabiendas de que no podrán cumplirlas. Pero cuando los políticos reiteran sus promesas después de haber ganado las elecciones, la actitud pasa de la irresponsabilidad a la negación. El cálculo electoral es reemplazado por el voluntarismo ciego que no admite razones y se escuda solo en la obcecación.
La tozudez de Bachelet al insistir en iniciar la gratuidad en 2016 a través de una glosa en la ley de presupuesto la dejó todavía más amarrada a la promesa más popular, pero también más autodestructiva, que hizo en una campaña en la que, independientemente de lo que prometiera, igual iba a ganar por un amplio margen.
Como un especulador inmobiliario que decide poner la primera piedra aun cuando no hay plano, permisos ni financiamiento para el edificio que prometió construir, Bachelet se embarcó en el imposible proyecto de proveer educación superior gratuita para una gran mayoría de los chilenos que hoy asisten a instituciones públicas y privadas. La desordenada implementación de la gratuidad antes de que existiera un marco regulatorio y una hoja de ruta terminó por ser el equivalente de una construcción donde cada cuadrilla decide qué tipo de columnas va a construir y el dueño del proyecto dedica su tiempo a vender departamentos en verde, tratar de coordinar a todas las cuadrillas y, solo en tercer lugar, dedica algo de tiempo a tratar de hacer el plano y una hoja de ruta que guíe el proyecto. Pero como el desarrollador inmobiliario se da cuenta que no puede conciliar las promesas de venta que ya firmó con lo que permiten los recursos, y hay varios pilares que se han levantado con diversos grosores y resistencia, pronto todos se empiezan a dar cuenta que no se puede seguir avanzando sin destruir parte de lo que ya existe. Como el dueño del proyecto no se atreve a sincerar que equivocó el camino y que, consciente o inconscientemente, mintió a los trabajadores y a los compradores que esperan ansiosos la materialización del proyecto, decide que lo único que se puede hacer es seguir faltando a la verdad.
En el proyecto de ley del gobierno hay un aire de negación y voluntarismo que se parece a las explicaciones que dan los responsables de estafas piramidales cuando se comienza a estrechar el círculo que terminará por desnudar su engaño. Ante la evidencia que dice lo contrario, el estafador insiste en que el negocio cuadra y que todos recuperarán su inversión y obtendrán ganancias. Pero las mentiras poco convencen a sus clientes que ya le han quitado su confianza y que, con dificultad, comienzan a asumir sus pérdidas.
Como el proyecto supone que el gobierno regule precios, anualmente se deberán fijar aranceles de más de 3.000 carreras distintas en instituciones distintas en ciudades diferentes. Además, el gobierno deberá fijar los cupos de cada carrera en cada institución de educación superior. El monstruo regulatorio que se deberá crear inhibirá la competencia y la innovación en universidades que serán el campo de batalla para una disputa ideológica que durará varios años y que afectará negativamente el crecimiento y la productividad de Chile.
Pero como ocurre con cualquier estafa piramidal, el responsable del engaño insiste en que todo saldrá bien, que es cosa de tiempo y de unas improbables maniobras para que el viento comience a soplar en la dirección que todos esperan.
En los próximos meses comenzará a quedar claro que el gobierno quiere plantar los cimientos de un edificio que es imposible de construir. Lamentablemente, como en cualquier estafa piramidal, el encargado de este proyecto inviable insistirá en que es cosa de tiempo para que todo mejore. Es más, como las dudas sobre la viabilidad del proyecto solo irán en aumento, para calmar los ánimos de los que invirtieron su capital político en apoyar la gratuidad, el gobierno aumentará la magnitud de sus promesas en vez de reconocer que realizó una promesa incumplible. Peor aún, para coronar el modelo de la estafa piramidal, cuando quede claro que este proyecto no es viable, el gobierno se excusará diciendo que si lo hubieran dejado seguir adelante, todo habría salido bien.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Pero el problema de este gobierno no es que se sienta lejos del empresariado privado—después de todo, el empresariado en Chile tiene puesta la camiseta de la derecha y resultó perdedor en las últimas elecciones. El problema del gobierno es que en vez de promover mercados más accesibles y competitivos, ha creído que su tarea es hacer crecer el estado empresario.
Como el gobierno va camino a convertirse en la administración menos exitosa desde el retorno de la democracia en términos de crecimiento económico, se han consolidado las críticas de que la Nueva Mayoría tiene un sesgo anti empresarial. Pero el problema de este gobierno no es que se sienta lejos del empresariado privado—después de todo, el empresariado en Chile tiene puesta la camiseta de la derecha y resultó perdedor en las últimas elecciones. El problema del gobierno es que en vez de promover mercados más accesibles y competitivos, ha creído que su tarea es hacer crecer el estado empresario.
Cuando queda solo un año para las elecciones primarias que escogerán a los candidatos presidenciales de 2017, el legado del segundo gobierno de la PresidentaBachelet ya está tomando forma. Si bien todos los gobiernos tienen luces y sombras, las sombras de este gobierno serán de largo plazo mientras que muchas de sus luces son solo fugaces.
Las reformas tributaria y laboral seguirán deprimiendo el crecimiento y el empleo por varios años. Ambas reformas han dejado tantos cabos sueltos que va a tomar varios gobiernos para terminar de corregirlos. A su vez, muchas luces del legado del gobierno serán efímeras. El principal legado de su reforma política será el aumento de diputados y senadores—una tan impopular como innecesaria. Con el nuevo sistema electoral, al aumentar el tamaño de los distritos y bajar las barreras de entrada, los partidos buscarán rostros de famosos para ahorrarse los altos costos de posicionar un nuevo nombre en los mega-distritos. A su vez, el mayor número de parlamentarios por distrito alimentará las aventuras solitarias y la fragmentación partidista.
La implementación de la reforma educacional que aspiraba a terminar con el lucro, la selección y el copago en la enseñanza básica y secundaria dependerá del próximo gobierno. La reforma para la gratuidad en la educación superior se está cayendo a pedazos incluso antes de que llegue el plazo autoimpuesto por el gobierno, del 30 de junio, en que debe presentar el proyecto de ley.
Pero el área más nítida del legado de Bachelet II está en su marcado sesgo anti-empresarial. Desde que intentó atraer apoyo a la reforma tributaria criticando a “los poderosos de siempre”, el gobierno de Bachelet ha dejado en claro que cree que los empresarios chilenos son parte del problema. En buena medida, este sesgo emana de la excesiva ideologización de un empresariado que no ha sabido defender los principios del libre mercado. La tibia reacción empresarial ante los casos de colusión—acompañado de una actitud casi cómplice con aquellos sobre quienes recaen las sospechas de incentivar o tolerar las prácticas de colusión—demuestra que el empresariado chileno predica y no practica.
Pero las fallas del empresariado chileno no debieran llevar al gobierno a equivocadamente creer que la solución es hacer crecer al Estado empresarial. Si hay problemas con las concesiones, el gobierno quiere que el Estado se haga cargo de la nueva infraestructura. Si el sistema de AFP necesita reformas, el gobierno propone la creación de una AFP estatal. Si la educación presenta problemas, el gobierno quiere estatizar los colegios. Sistemáticamente, la administración de Bachelet parece creer que todas las fallas de mercado se solucionan con la estatización.
En vez de dotar al Estado de herramientas de regulación que le permitan fortalecer mercados y mejorar la competitividad, el gobierno siempre evidencia su sesgo anti–empresarial buscando remplazar los ámbitos de acción privada con un Estadoempresarial. Sería más efectivo diseñar incentivos positivos para inducir el crecimiento de un empresario aliado del crecimiento y a la innovación e incentivos negativos para reducir la influencia de los enemigos del libre mercado y la competencia.
Los gobiernos no debieran ser ni pro-empresarios ni anti-empresarios. El Estadodebe regular la iniciativa privada de tal forma de inducir más competencia, generar más oportunidades y ampliar las libertades. El empresariado es un grupo de interés igual que los sindicatos, estudiantes, profesores o funcionarios públicos. Aunque tienen todo el derecho a defender sus intereses, el bien del país no siempre es sinónimo de lo que conviene al empresariado.
Pero así como el gobierno no tiene por qué se pro-empresario, tampoco debiera ser anti-empresario. Un gobierno que cree que los empresarios poseen demasiado poder no debiera buscar un nuevo balance quitando poder a los empresarios para dárselo al Estado. En una democracia capitalista que funciona para todos, el gobierno diseña instituciones e incentivos que fortalezcan los mercados. Un Estadoregulador poderoso es clave para facilitar el crecimiento y consolidación de los mercados, pero un Estado empresarial es tan enemigo del libre mercado y de la competencia como una clase empresarial homogénea, poco porosa y demasiado poderosa.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si bien él es la última esperanza, nadie debiese hacerse demasiadas expectativas de que el jefe de la cartera de Hacienda sea capaz de llevar al gobierno a corregir rumbo y priorizar una sociedad que reclame por sus derechos pero también se haga cargo de sus responsabilidades.
La decreciente influencia de Rodrigo Valdés al interior del gobierno de la Presidenta Bachelet ha puesto en cuestionamiento la importancia que tiene en el nuevo escenario político nacional la figura del Ministro de Hacienda. El descontento con la vieja forma de hacer política que privilegiaba la reservada cocina de la elite sobre la vociferante plaza pública ha alcanzado también a la otrora todopoderosa oficina de Teatinos 120. Pero si bien es ilusorio esperar que Valdés ejerza el poder que alguna vez tuvieron Alejandro Foxley, Nicolás Eyzaguirre o el propio Andrés Velasco, es evidente que el poder que llegó a tener en sus primeros meses se ha ido diluyendo. En las últimas semanas, ha quedado claro que, comparado consigo mismo hace unos meses, Valdés es un ministro de Hacienda menos poderoso.
La evolución de la democracia chilena ha hecho que desaparezcan muchas de las convenciones que se creyeron leyes inalterables de la política en la década de los ’90. Cuando Michelle Bachelet nombró a Alberto Arenas como su ministro de Hacienda, muchos dieron por sentado que él acompañaría a la Presidenta durante todo el cuatrienio. Alegando que los ministros de Hacienda nunca eran removidos de sus cargos, esos observadores se olvidaron de que las cosas no pasan hasta que pasan.
La caída de Arenas dejó en claro que el Ministerio de Hacienda ya no era ese espacio de incuestionable poder que lograba imponer su voluntad y forzaba la disciplina de los parlamentarios oficialistas. Si bien Hacienda tuvo un poder incuestionable en los primeros cuatro gobiernos de la democracia, la evolución de la política hacia un equilibrio más inestable, con más actores relevantes, más poderes de veto (no solo los llamados poderes fácticos de la transición) y más intereses cruzados, terminó por pulverizar también la condición de poder fáctico que tenía el ministro de Hacienda.
El nombramiento de Valdés llevó a muchos a equivocadamente pensar que se restablecía el viejo orden de un ministro de Hacienda todopoderoso. Pero las cosas habían cambiado y ya no era posible volver atrás. Valdés entendió rápidamente que debería granjearse lealtades y ganarse el apoyo de legisladores oficialistas y de oposición para poder imponer sus visiones y propuestas. Es más, Valdés rápidamente dejó en claro que debía hacer un juego político cuidadoso al interior del gabinete para convencer a las voces más fundacionales y a los creyentes en la retroexcavadora. Porque no era cercano a Bachelet y porque su llegada representaba una concesión del gobierno a las presiones de los sectores más moderados, Valdés siempre entendió que debía ganarse espacios de poder en un ambiente hostil.
En los 13 meses que lleva como ministro, ha dado numerosas batallas. Ha ganado algunas y perdido otras. Pero en la evaluación global, el ministro de Hacienda ha sido incapaz de acumular poder suficiente para convertirse en un líder al interior del gabinete. Es más, en semanas recientes, Valdés ha perdido disputas importantes. Sus posturas han sido derrotadas por las de ministros que, en el papel, debieran tener menos poder que él. Es cierto que Valdés navega contra la corriente. Sus posiciones tienden a estar en polos opuestos a aquellas favorecidas por la Presidenta Bachelet. Es minoría en un gobierno que todavía siente nostalgia por los meses cuando todos iban arriba de la retroexcavadora. Luego, es injusto exigirle a Valdés que ganara todas las peleas que ha dado. Su desafío siempre fue difícil y su éxito nunca estuvo garantizado.
Pero también es innegable que los bonos de Valdés van a la baja. El ministro de Hacienda nunca alcanzó a ejercer el poder que tradicionalmente ejercieron sus antecesores. Después de sus derrotas recientes, ejerce menos poder e influencia que la que llegó a tener en sus primeros meses en el poder. Aunque sigue siendo el mejor aliado de las fuerzas moderadas y gradualistas en el gabinete, Valdés no ha logrado convertirse en un contrapeso para los que predican un discurso refundacional. Toda su moderación choca con el entusiasmo constituyente que fluye en el gobierno.
Aquellos que todavía esperan que el gobierno retome el diálogo y el pragmatismo en aras de volver al sendero del crecimiento sostenido hacen bien en poner sus esperanzas en lo que pueda hacer Valdés. Después de todo, el ministro de Hacienda sigue siendo el defensor más poderoso de las banderas del libre mercado que habían ondeado orgullosamente desde 1990 en Teatinos 120. Pero poner las esperanzas en Valdés no significa creer que él puede ganar la batalla. Los hechos recientes confirman que el ministro de Hacienda está en una posición de creciente debilidad. Si bien él es la última esperanza, nadie debiese hacerse demasiadas expectativas de que el jefe de la cartera de Hacienda sea capaz de llevar al gobierno a corregir rumbo y priorizar una sociedad que reclame por sus derechos pero también se haga cargo de sus responsabilidades.
Fernando García Naddaf, Director del Magíster en Política y Gobierno UDP.
Analista explica que un trending topic puede sumar 1.500 tuits, mientras un punto de rating equivale a llenar el Estadio Nacional.
El director del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales, Fernando García Naddaf, fue uno de los expositores en el IX Congreso Mundial de Comunicación Política en Buenos Aires. Una de las cosas que lo impresionaron en ese congreso fue la cantidad de veces que Chile y la Presidenta Michelle Bachelet fueron usados como ejemplo por su llegada al poder en el primer gobierno, y no con el actual.
-¿Cuál es la diferencia entre Bachelet 2009 y la actual?
-En su primer gobierno hubo un cuento, desde ser la primera mujer Presidenta y que no era la que representaba a la élite política. Era la mujer que prometía un cambio, que daba garantías. Ese relato inspiró a mucha gente, y este segundo mandato no lo tiene. La gran deuda es su ausencia de liderazgo. Una decepción.
-¿En qué se ve esa ausencia?
-Cuando tienes liderazgo, construyes un relato con el cual inspiras a los ciudadanos, creas un consenso con valores y retórica. Aquí no hay un cuento. Como en el 21 de mayo, donde siempre hay operaciones simbólicas: evocar el pasado buscando identidad de la comunidad, interpretándolo con el presente y dando una imagen de futuro. Este año vimos una Bachelet pusilánime, débil, falta de energía. Y más que operaciones simbólicas, pequeños clichés.
-Pero su campaña con reformas que la devolvió a La Moneda. ¿No era relato?
-Fue un collage de imágenes, porque la coalición es muy dispar. Un líder le tiene que dar forma, interpretar la realidad, inspirar, tener un trabajo conceptual, dar argumentos. Esas cosas no están ocurriendo. ¿Cómo con esas reformas tan importantes no eres capaz de moverlas desde abajo, darles sentido? Tiene que resignificar el mensaje para quienes votaron por ella. ¡No me cabe en la cabeza que la Presidenta no salga a defender al proceso constituyente con inspiración!
-¿La culpa es de sus asesores?
-El problema de Bachelet no es de comunicación, es político. Los asesores comunicacionales tienen la peor pega: si lo hace mal el político, es culpa del asesor, si lo hace bien el político, es porque es buen político.
-Ella no tiene redes sociales personales, como Macri, Correa o Piñera. ¿Le juega en contra?
-Lo digital es una gran ficción. Un trending topic pueden ser 1.500 tuits, pero un punto de rating en la TV son 65.000 personas, un Estadio Nacional lleno. Su único valor es cuando un tuit pasa a los medios tradicionales, como una caja de resonancia. En Chile tenemos un récord, porque el político más tuitero de América Latina es Tomás Jocelyn-Holt, con 117 mil tuits. Pero también tiene el récord de ser el presidenciable chileno menos votado en la historia. Sus tuits triplican a sus votantes, esa es la ficción. Algunas veces tener redes no genera más adeptos.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Analistas políticos intentan dilucidar la recurrente decisión de la Presidenta Bachelet de nombrar -salvo a Peñailillo en marzo de 2013- a militantes falangistas como jefes de gabinete, pese a la escasa sintonía política que ha tenido con ellos.
El miércoles pasado, la Presidenta Michelle Bachelet llegó por segunda vez, en lo que va de su gobierno, hasta el salón Montt Varas de La Moneda con el objetivo de nombrar un nuevo ministro del Interior.
La primera fue el 11 de mayo de 2015, cuando se concretó la salida de Rodrigo Peñailillo (PPD) -considerado como la persona más cercana a la Mandataria- y la llegada de Jorge Burgos (DC) al ministerio más importante del gabinete.
El nombramiento de su tercer ministro de Interior de este mandato, se suma a los cambios que realizó en esta cartera durante su primer gobierno. En ese entonces Bachelet tuvo tres titulares de Interior en cuatro años: Andrés Zaldivar, quien estuvo cinco meses; Belisario Velasco, que se mantuvo por 18 meses en el cargo y Edmundo Pérez Yoma, quien permaneció hasta el fin del Mandato.
Según señalan distintos analistas políticos, la alta rotación de ministros del Interior radicaría en su recurrente decisión de nombrar militantes DC. Salvo Peñailillo, los cinco jefes de gabinete que ha tenido a lo largo de sus dos gobierno pertenecen a la colectividad de calle Alameda.
Así lo cree el cientista político de la Universidad Diego Portales Mauricio Morales: “El gran problema de Bachelet es que le está dando espacio a la DC en el puesto de ministro del Interior en circunstancias que ese partido debiese participar más activamente de los ministerios sectoriales o simplemente quedarse con la Segegob o Segpres”.
En esta línea, Morales plantea que lo sucedido en su primer gobierno fue decidor, ya que nunca logró establecer un vínculo de real confianza con cada uno de sus ministros del Interior.
En este sentido, agrega que la DC jamás debió aceptar Interior. “Ya hubo una mala experiencia (…) no entiendo porque insistir en un diseño que solo trate malos resultados para ambas partes”..
¿Por qué recurrir a un DC? El periodista Javier Ortega, coautor del libro “Bachelet, la historia no oficial”, plantea que en su primer gobierno la Mandataria se vio obligada a nombrar ministros del Interior con militancia DC, a raíz de una imposición realizada por la entonces Concertación. “Cuando Bachelet asumió su primer mandato no era el gobierno de Bachelet, sino que era el gobierno de la Concertación. En ese momento no tenía el poder que tiene ahora”.
El periodista agrega que “sus confianzas políticas van muy de la mano con sus afectos, y Peñailillo era una persona que quería mucho, que contaba con absoluta confianza. Eso queda abajo cuando él se ve vinculado con la arista de SQM”.
Similar diagnóstico tiene el cientista político Kenneth Bunker: “Bachelet se dio cuenta de esto en el segundo gobierno y por eso nombra a Rodrigo Peñailillo, alguien mucho mas cercano, para así poder controlar un poco más el comité político”. Además agrega: “Cuando estaba Peñailillo, Bachelet prácticamente hacia lo que quería. Era distinto porque se llevaban muy bien”.
Otro de los factores que aparecen a la hora de analizar la dificultosa relación de Bachelet con sus ministros del Interior recae en el poder que tienen los integrantes de su segundo piso.
En su primera administración, Peñailillo era un jefe de gabinete absoluta confianza y complicidad con la Mandataria, razón por la que los ministros del Interior se vieron desplazados en términos de incidencia en las decisiones de Bachelet. En este gobierno, la actual jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, se ha convertido en la persona más cerca a la Mandataria en Palacio, especialmente tras la caída del propio Peñailillo.
La cientista política de Chile 21, Gloria de la Fuente, asegura que el problema que radica en la poca claridad que existe respecto del rol que tiene el segundo piso en los gobiernos de Bachelet. “El modelo es una especie de híbrido, y eso lo que genera es complicaciones y tensiones al interior del gobierno. No es ni un segundo piso super fuerte, oderoso al estilo Lagos, ni tampoco es un segundo piso que no exista”.
Así, la académica plantea que con la falta de definición respecto de los roles, se generan los roces ya conocidos.
Pese a esto, el futuro del nuevo ministro del Interior, Mario Fernández, podría ser distinto al de sus antecesores. Esto, explica el biografo de la Mandataria, a raíz de la buena relación que tiene con el secretario de Estado.
“De todos los ministros del Interior que ha tenido la Presidenta Bachelet que han sido demócrata cristianos, el que más ha conocido a la Presidenta es Mario Fernández, el fue su llave para trabajar como asesora de defensa en 1998”, afirma Ortega.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Mario Fernández deberá decidir entre dar una pelea para arrebatarle poder a los defensores de la tesis refundacional o bien, siguiendo el ejemplo de Burgos, asumir un papel figurativo que lo convierta en un actor secundario.
Para ningún observador resulta sorpresivo que el ministro del Interior, Jorge Burgos, haya renunciado. La mala relación que siempre ha tenido Bachelet con sus ministros del Interior permite anticipar que el recién nombrado Mario Fernández seguirá por el mismo camino de desencuentros y descoordinaciones. Tal vez la única diferencia entre Jorge Burgos y Mario Fernández es que mientras el ministro saliente se caracterizaba por su flemática tranquilidad que rayaba en el aburrimiento y desgano, Fernández demostrará todavía menos energía. Felizmente, a diferencia de las altas expectativas que había cuando Burgos llegó a su cargo, nadie espera que Fernández rescate milagrosamente al gobierno de la Nueva Mayoría que ya aparece resignado a pasar a la historia como el de peor desempeño desde el retorno de la democracia.
La salida de Burgos se parece al fallecimiento de un paciente que lleva varios meses con cáncer terminal. Como el desenlace era inevitable, aunque era difícil anticipar el momento en que ocurriría, la renuncia que hoy se hizo pública no sorprendió a nadie. Igual que la muerte del paciente significa también un descanso para todos los que cotidianamente lo veían sufrir, la renuncia de Burgos representa también un descanso para los que eran testigos de su incapacidad para influir en las decisiones que toma el gobierno de Bachelet. Hace meses que Burgos estaba molesto, incómodo y desganado.
La llegada de Mario Fernández refleja también lo mucho que ha cambiado el ambiente desde que Burgos fue nombrado ministro del Interior. Cuando Burgos llegó a Palacio, muchos esperaban que el nuevo ministro pudiera poner orden y encarrilar al gobierno por el sendero del diálogo, la moderación, el pragmatismo y el sentido común que tanto se echa de menos de la época de los gobiernos de la Concertación. La llegada de Burgos estuvo llena de altas expectativas. Pero al cabo de unos meses, quedó claro que al gobierno no lo salvaba nadie. Apenas se sintió más poderosa, la Presidenta abandonó la actitud de “realismo sin renuncia” que había adoptado en los meses que siguieron a la llegada de Burgos. El veranito de San Juan concertacionista duró muy poco. Burgos fue superado por la realidad de un gobierno que no creía que debía corregir el rumbo, sino solo ganar tiempo para seguir impulsando sus reformas. Incluso en aquellos momentos que el gobierno reconocía que debía frenar sus impulsos fundacionales —como cuando se acuñó el concepto del fin de la obra gruesa— la embriaguez fundacional se salía por los poros —con Bachelet impulsando un proceso constituyente que busca promulgar una nueva constitución o cuando el gobierno decidió impulsar una reforma constitucional que establezca la titularidad sindical—.
Por eso, a estas alturas del gobierno, cuando queda poco más de un año para que se inscriban los candidatos para las primarias presidenciales de 2017, nadie deposita muchas esperanzas en lo que pueda hacer el afable y tranquilo Mario Fernández. A lo más, se espera que Fernández intente administrar una retirada ordenada, evitando el quiebre de la Nueva Mayoría antes de que los vientos electorales de 2017 pongan a prueba a la coalición de gobierno menos exitosa de la historia reciente, en términos de crecimiento y creación de empleos.
El pesimismo reinante sobre la capacidad del gobierno para enmendar rumbo es ampliamente justificado. Nadie puede enmendar rumbo si no está primero convencido de que avanza por el camino equivocado. Como la Presidenta Bachelet está convencida de que está haciendo lo que es mejor para Chile, difícilmente los consejos de un ministro del Interior que cree algo distinto podrán tener efecto.Fernández deberá decidir entre dar una pelea para arrebatarle poder a los defensores de la tesis refundacional o bien, siguiendo el ejemplo de Burgos, asumir un papel figurativo que lo convierta en un actor secundario. Parece razonable anticipar que Fernández está poco interesado en forzar un golpe de timón que ponga al gobierno de la Nueva Mayoría en el sendero de las reformas moderadas, graduales y pragmáticas.
Como líder de la Nueva Mayoría, una coalición que se definió a partir de la diferenciación con la Concertación, la Presidenta Bachelet hizo muchas cosas diferentes en su segundo gobierno respecto al primero. Pero hay dos cosas que parecen ser calcadas de su primer gobierno. La primera, y es la que más le debe doler a la Presidenta, es que en ambos gobiernos, Bachelet fue incapaz de proyectar su legado más allá del cuatrienio. Aunque no se sabe aún a quién entregará la banda presidencial en marzo de 2018, parece claro que no será a nadie de la Nueva Mayoría. La segunda es la mala relación que tuvo con sus ministros del interior y la poca importancia política que ellos tuvieron en el gobierno. No hay razón para pensar que la llegada de Mario Fernández a Interior vaya a cambiar ese patrón de conducta.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Como ahora Bachelet pasa por un momento complejo de desaprobación y la situación económica parece ir de mal en peor, La Moneda recurrió a la única estrategia que conoce cuando está entre la espada y la pared, revivir la memoria del dictador. Pero esta vez lo hizo a través de uno de los medios que más activamente defendieron a la dictadura.
La querella de la Presidenta Bachelet contra la revista Qué Pasa puede ser entendida también como el uso de la bala de plata que tiene la Nueva Mayoría cuando ya nada más funciona. Cada vez que se encuentra en problemas por errores no forzados o cuando está acorralada por heridas auto-infligidas, la Concertación busca pelearse con el fantasma de Pinochet. Como la figura del dictador ya no concita el mismo temor o interés, Bachelet ha optado por pelearse contra uno de los medios que defendió más activamente a la dictadura.
Desde que se formó para oponerse a Pinochet antes del plebiscito de 1988, la Concertación (Nueva Mayoría desde 2013), cada vez que ve amenazada su unidad y está en cuestionamiento su supervivencia, vuelve a sus orígenes. Porque su momento de mayor gloria fue cuando se alzó como alternativa a la dictadura militar, la Concertación siempre intenta recrear el campo de batalla de su mítica victoria fundacional.
En los 90, y hasta la muerte de Pinochet en 2006, la presencia amenazante del envejecido dictador constituyó un elemento de unidad al interior de la Concertación. Los intereses personales y las diferencias ideológicas siempre fueron supeditados a ese bien superior que era facilitar la transición y la consolidación democrática. Ya sea porque temían una regresión autoritaria o por los límites de los enclaves autoritarios de la dictadura, los gobiernos de la Concertación siempre usaron la figura de Pinochet como un elemento disuasivo para frenar rebeliones y acallar disensos.
Pero a medida que la democracia se fue consolidando, el fantasma de Pinochet se hizo menos amenazante. Las numerosas reformas constitucionales —en especial las de 2005— hicieron desaparecer los enclaves autoritarios. La muerte de Pinochet a fines de 2006 hizo desaparecer la presencia física de la figura que lograba producir unidad en el conglomerado de centro-izquierda. Cuando las diferencias entre los liberales que apoyaban el modelo económico de libre mercado y los estatistas que añoraban un Estado productor se hacían evidentes, el gobierno cada vez tenía más dificultades para generar unidad a partir de la invocación de la figura de Pinochet.
Pero como resulta más fácil intentar revivir muertos que cambiar de estrategia, la Concertación buscó nuevos símbolos que pudieran mantener viva la imagen del dictador. Para algunos, la Constitución de 1980 era la mejor evidencia que, aunque Pinochet ya había muerto, su legado seguía muy presente. Para otros, la insuficiente justicia a las violaciones a los derechos humanos se convirtió en una forma atractiva para reconstruir, al menos en parte, la unidad que otrora había producido la presencia amenazante del dictador.
En 2009, por ejemplo, la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle usó esa estrategia al intentar convertir al ex Presidente Frei Montalva en una víctima de la dictadura. Aunque siempre hubo evidencia de irregularidades y dudas sobre las circunstancias de la muerte de Frei Montalva, Frei Ruiz-Tagle nunca se preocupó de intentar indagarlas durante su sexenio como Presidente. Pero cuando la muerte de Frei Montalva se convirtió en una oportunidad para obtener beneficios electorales de la polarización en torno a la dictadura que siempre le resultan favorables, la Concertación demostró un repentino celo por querer aclarar la presunta participación de la dictadura en la muerte del primer presidente PDC.
En el gobierno de la Nueva Mayoría, el principal argumento usado a favor de una nueva constitución es la ilegitimidad de origen del texto actual. Con el argumento falaz de que una democracia no puede construirse a partir de una constitución originada en dictadura, el gobierno de Bachelet promueve un proceso constituyente sin contar con la autorización del Congreso para hacerlo.
En esta querella, los argumentos presentados por el equipo de la ciudadana Bachelet aluden, entre otras cosas, al papel que jugó en dictadura el semanario Qué Pasa, y la prensa en general. Sin considerar que los dueños del semanario hoy no son los mismos que en dictadura, la querella de Bachelet parece interesada en demostrar un comportamiento históricamente sesgado en contra de la izquierda por parte de ese medio.
La estrategia resulta conocida. La Concertación/Nueva Mayoría siempre vuelve a sus orígenes cuando enfrenta dificultades. Como la bandera que más unidad interna produce es la oposición a la dictadura, la Concertación la enarbola cada vez que se siente sin hoja de ruta común y norte compartido. Como ahora Bachelet pasa por un momento complejo de desaprobación y la situación económica parece ir de mal en peor, La Moneda recurrió a la única estrategia que conoce cuando está entre la espada y la pared, revivir la memoria del dictador. Pero esta vez lo hizo a través de uno de los medios que más activamente defendieron a la dictadura.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La irreflexiva querella presentada contra los periodistas de Qué Pasa mancha el legado de la Presidenta y refleja una débil lealtad a los valores y principios que debieran guiar a los demócratas consecuentes.
La decisión de la Presidenta Bachelet de presentar una querella contra el director, el editor general y dos periodistas de la revista Qué Pasa refleja su preocupante subvaloración por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Precisamente porque Michelle Bachelet pertenece a una coalición política que sufrió los rigores de una dictadura que violaba esos derechos, la Presidenta de la República debiera entender que ella no es una ciudadana común y que la legítima defensa de su honra no debe alimentar la percepción de que el gobierno persigue criminalmente a medios de comunicación. Bachelet debiera evitar pasar a la historia como la primera Presidenta en democracia que persiguió criminalmente a un medio que publicó una conversación de terceros que la mencionaba a ella como parte de los oscuros negocios en que ha estado involucrada su nuera, Natalia Compagnon.
La sorpresiva e irreflexiva decisión de Bachelet de querellarse por injurias graves con publicidad contra Qué Pasa resulta especialmente preocupante, toda vez que ese semanario fue el primero en revelar los oscuros negocios de la empresa Caval, en la que su nuera tiene propiedad. Como el escándalo Caval ha involucrado también al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, quien debió renunciar a su cargo de “Primer Damo” en La Moneda, la querella de Bachelet tiene un incuestionable sabor a vendetta. Pero ya que hay suficiente evidencia que demuestra que Caval se especializaba en negocios cuestionables y hacía uso de sus contactos y cercanía al poder —incluida la cercanía con la propia Presidenta Bachelet, cuestión que reconocidamente ayudó a la obtención de un enorme crédito bancario para un negocio de especulación inmobiliaria—, una querella contra Qué Pasa equivale a dispararle al mensajero que trae las malas noticias. Qué Pasa destapó un escándalo que ha golpeado la popularidad y la imagen de Bachelet. Pero la responsabilidad por ese escándalo recae en el poco criterio que tuvieron Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos en la forma en que condujeron sus negocios y su figuración pública.
La querella de Bachelet además alimenta dudas sobre sus valores democráticos. Después de haber demostrado cuestionable criterio cuando, en una visita oficial a Cuba, salió corriendo para reunirse con el octogenario ex dictador Fidel Castro y después de haber hablado bien de Alemania Oriental —olvidando la naturaleza dictatorial de ese régimen que asesinó disidentes políticos que querían huir del país—, la decisión de perseguir a un medio de comunicación constituye un patrón de comportamiento que refleja una débil lealtad a los valores y principios que debieran guiar a los demócratas consecuentes. Porque la libertad de prensa importa precisamente cuando la prensa investiga cuestiones espinudas que involucran a personas poderosas (o a sus familiares), lo peor que podía hacer Bachelet era querellarse contra el medio que ha sido líder en denunciar las cuestionables actividades de negocio y las decisiones reñidas con la ética de Dávalos, Compagnon y sus asociados.
Como si todo esto no fuera suficiente, la excusa que dio Bachelet al decir que su querella la presentaba como ciudadana y no como Presidenta refleja su incapacidad para entender que su condición de primera mandataria la acompaña las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dada la investidura de su cargo, Bachelet debiera saber que no se puede sacar la banda presidencial a discreción. Siendo la persona que ha ocupado el cargo de presidente democráticamente electo por más tiempo desde Arturo Alessandri, Bachelet demuestra la incapacidad para entender que los presidentes no pueden pretender ser ciudadanos comunes y corrientes. Las regalías y el poder que vienen con el cargo obligan a las personas que lo detentan aceptar que también deben renunciar a derechos que tienen todos los mortales. Bachelet no puede pretender ser una simple ciudadana cuando presenta una querella y gozar de los beneficios del cargo cuando se le toma declaración como testigo en la investigación de la fiscalía sobre los negocios de Caval.
La decisión de Bachelet, contra los razonables consejos de varios aliados que públicamente han cuestionado la conveniencia de la querella, recuerda también la igualmente cuestionable querella por injurias que presentó Sebastián Dávalos en 2013 contra el director de la Radio Bio-Bio, Tomás Mosciatti. Pero al menos Dávalos puede alegar que, en ese momento, él sí era un simple ciudadano. Bachelet, con igual apresuramiento irreflexivo que tuvo su hijo en 2013, ha escrito una negra página en su legado. Felizmente para ella, aunque igual quedará la mancha, Bachelet todavía puede evitar que esa querella tiña todo su legado en materia de respeto por la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
El Informante abordó tres importantes materias de la contingencia nacional. En primera instancia, Juan Manuel Astorga entrevistó a Álvaro Caviedes, gerente legal de Copesa para conocer la versión de este grupo sobre la querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa. Entre otras declaraciones, sostuvo que “no nos retractaremos por el contenido de la publicación” donde se vinculó a la Mandataria con el caso Caval, no obstante reconocer que hubo desprolijidad periodística. Posteriormente, se analizó en el programa las renuncias de distintos parlamentarios a sus partidos políticos. Los casos emblemáticos que manifestaron sus posiciones fueron Pepe Auth (PPD) y José Antonio Kast (UDI). El tercer tema fue el movimiento estudiantil llevado adelante por los secundarios. En este bloque se confrontaron las visiones de los voceros José Corona, por parte de la Cones, y Diego Arraño por la Aces.
