Tag Archive: Ministerio del interior

  1. El freno a mano

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    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.

    Luego de sólo un año en el gobierno la Presidenta se vio obligada a remover a los ministros de Interior y de Hacienda de sus cargos. Bachelet no tuvo otra opción cuando se dio a conocer la cercanía de Peñailillo con los escándalos de financiamiento irregular y se hizo ineludible la responsabilidad de Arenas en la inestabilidad de la economía. En sus lugares, la Presidenta nombró a Burgos y a Valdés. A diferencia de sus antecesores los nuevos ministros no conformaban parte del círculo cercano de Bachelet. De hecho, eran todo lo opuesto. Llegaron para ponerle freno a mano al ambicioso programa de gobierno.

    La reciente renuncia de Burgos no sorprende a nadie. La corta pero intensa historia de desencuentros entre el ex ministro del Interior y Bachelet se produjo a vista y paciencia de todo el país. No es necesario describir cada uno de los hechos que fueron separando el camino de ambos. Basta con decir que no había otra opción que renunciar. Burgos reinó cansado y frustrado. Aunque llegó para apaciguar el mercado político, el ímpetu del gobierno fue más fuerte. El renunciado ministro del Interior no pudo llevar al barco de vuelta al rumbo que cómodamente navegaba la Concertación.

    Si bien la relación personal entre Bachelet y Burgos no parece haber sido mala, sus roles institucionales los pauperizó. Mientras que la Presidenta buscaba seguir adelante a paso firme sin renunciar al programa del gobierno, el ex ministro del Interior intentaba poner la cuota de realismo. Sería mentir decir que Burgos no logró absolutamente nada. Junto con Valdés no sólo lograron dar una señal de estabilidad en un momento de descalabro político, pero además lograron poner pausa a algunas de las reformas que en un principio parecían ser inevitables.

    Pero también sería mentir decir que Burgos logró su objetivo. Las grandes reformas estructurales siguen en pie. Tal vez con más cautela y mayor reflexión que en un principio, pero siguen adelante. En ningún momento el gobierno ha abandonado su objetivo ulterior de transformar estructuralmente al país en sólo cuatro años. Desde la oposición da la sensación de que Burgos sí puso la pelota en el piso, y logró detener el juego. Pero desde el oficialismo es distinto. Para ellos Burgos sólo llegó a hacer tiempo para que pudieran hacer su juego más tranquilos.

    El freno a mano se rompió, y pusieron a otro. Mario Fernández llega a cumplir el mismo rol que Burgos, dar una señal de tranquilidad en un escenario donde constantemente se pronostica una tormenta. La gran pregunta es cuánto durará. Si Fernández toma un rol activo para frenar el avance del gobierno, la Nueva Mayoría se lo va comer. Si trata de funcionar como un engranaje de freno, se terminará rodando al igual que Burgos. En cambio, si busca tejer alianzas claves con otros actores oficialistas y de oposición que persiguen en mismo objetivo, tendrá mayor suerte.

    Si el rol de Fernández es poner la cuota de realismo, como se anticipa, debe exprimir su habilidad política. Estar en Interior es por esencia un juego de estrategias. Fernández llega a cumplir un rol nada de grato en una coalición de gobierno extremadamente ambiciosa. Deberá navegar cautelosamente alrededor de figuras como Aleuy y Uriarte que buscan imponer el programa de gobierno y la voluntad de la presidenta a como de lugar. No será fácil, pero Fernández es un buen hombre para el trabajo. Si llega hasta el final del cuatrienio, podrá cantar victoria.

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  2. Ministros de Interior: Y si no es un DC…

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    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP

    Analistas políticos intentan dilucidar la recurrente decisión de la Presidenta Bachelet de nombrar -salvo a Peñailillo en marzo de 2013- a militantes falangistas como jefes de gabinete, pese a la escasa sintonía política que ha tenido con ellos.
    El miércoles pasado, la Presidenta Michelle Bachelet llegó por segunda vez, en lo que va de su gobierno, hasta el salón Montt Varas de La Moneda con el objetivo de nombrar un nuevo ministro del Interior.

    La primera fue el 11 de mayo de 2015, cuando se concretó la salida de Rodrigo Peñailillo (PPD) -considerado como la persona más cercana a la Mandataria- y la llegada de Jorge Burgos (DC) al ministerio más importante del gabinete.

    El nombramiento de su tercer ministro de Interior de este mandato, se suma a los cambios que realizó en esta cartera durante su primer gobierno. En ese entonces Bachelet tuvo tres titulares de Interior en cuatro años: Andrés Zaldivar, quien estuvo cinco meses; Belisario Velasco, que se mantuvo por 18 meses en el cargo y Edmundo Pérez Yoma, quien permaneció hasta el fin del Mandato.

    Según señalan distintos analistas políticos, la alta rotación de ministros del Interior radicaría en su recurrente decisión de nombrar militantes DC. Salvo Peñailillo, los cinco jefes de gabinete que ha tenido a lo largo de sus dos gobierno pertenecen a la colectividad de calle Alameda.

    Así lo cree el cientista político de la Universidad Diego Portales Mauricio Morales: “El gran problema de Bachelet es que le está dando espacio a la DC en el puesto de ministro del Interior en circunstancias que ese partido debiese participar más activamente de los ministerios sectoriales o simplemente quedarse con la Segegob o Segpres”.

    En esta línea, Morales plantea que lo sucedido en su primer gobierno fue decidor, ya que nunca logró establecer un vínculo de real confianza con cada uno de sus ministros del Interior.

    En este sentido, agrega que la DC jamás debió aceptar Interior. “Ya hubo una mala experiencia (…) no entiendo porque insistir en un diseño que solo trate malos resultados para ambas partes”..

    ¿Por qué recurrir a un DC? El periodista Javier Ortega, coautor del libro “Bachelet, la historia no oficial”, plantea que en su primer gobierno la Mandataria se vio obligada a nombrar ministros del Interior con militancia DC, a raíz de una imposición realizada por la entonces Concertación. “Cuando Bachelet asumió su primer mandato no era el gobierno de Bachelet, sino que era el gobierno de la Concertación. En ese momento no tenía el poder que tiene ahora”.

    El periodista agrega que “sus confianzas políticas van muy de la mano con sus afectos, y Peñailillo era una persona que quería mucho, que contaba con absoluta confianza. Eso queda abajo cuando él se ve vinculado con la arista de SQM”.

    Similar diagnóstico tiene el cientista político Kenneth Bunker: “Bachelet se dio cuenta de esto en el segundo gobierno y por eso nombra a Rodrigo Peñailillo, alguien mucho mas cercano, para así poder controlar un poco más el comité político”. Además agrega: “Cuando estaba Peñailillo, Bachelet prácticamente hacia lo que quería. Era distinto porque se llevaban muy bien”.

    Otro de los factores que aparecen a la hora de analizar la dificultosa relación de Bachelet con sus ministros del Interior recae en el poder que tienen los integrantes de su segundo piso.

    En su primera administración, Peñailillo era un jefe de gabinete absoluta confianza y complicidad con la Mandataria, razón por la que los ministros del Interior se vieron desplazados en términos de incidencia en las decisiones de Bachelet. En este gobierno, la actual jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, se ha convertido en la persona más cerca a la Mandataria en Palacio, especialmente tras la caída del propio Peñailillo.

    La cientista política de Chile 21, Gloria de la Fuente, asegura que el problema que radica en la poca claridad que existe respecto del rol que tiene el segundo piso en los gobiernos de Bachelet. “El modelo es una especie de híbrido, y eso lo que genera es complicaciones y tensiones al interior del gobierno. No es ni un segundo piso super fuerte, oderoso al estilo Lagos, ni tampoco es un segundo piso que no exista”.

    Así, la académica plantea que con la falta de definición respecto de los roles, se generan los roces ya conocidos.

    Pese a esto, el futuro del nuevo ministro del Interior, Mario Fernández, podría ser distinto al de sus antecesores. Esto, explica el biografo de la Mandataria, a raíz de la buena relación que tiene con el secretario de Estado.

    “De todos los ministros del Interior que ha tenido la Presidenta Bachelet que han sido demócrata cristianos, el que más ha conocido a la Presidenta es Mario Fernández, el fue su llave para trabajar como asesora de defensa en 1998”, afirma Ortega.

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  3. El factor Ricardo Lagos

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    Claudio Fuentes tras Encuesta Nacional UDP: “Claramente el Gobierno no está haciendo bien su pega”

    Desde la oposición calificaron de “preocupante” el apoyo del ex presidente al ministro Burgos y no a la Presidenta Bachelet.

    La reunión entre el ex presidente Ricardo Lagos y el ministro del Interior, Jorge Burgos, sigue generando coletazos. Desde la oposición cuestionaron que el ex mandatario se reúna con el jefe de gabinete y no con la presidenta Michelle Bachelet, sosteniendo que se pone en duda quién manda.

    Desde La Moneda, el ministro Marcelo Díaz aseguró que la cita se trató de una reunión más en el marco del proceso constituyente y le bajó el perfil a la polémica.  “Nosotros no nos vamos a hacer eco de un debate artificial y falso”, dijo el vocero de Gobierno.

    Pero el tema sigue en el tapete, debido a que la figura de Ricardo Lagos vuelve a estar en el foco de atención, ya que el ex mandatario ahora no descartó la posibilidad de asumir una carrera presidencial y puntualizó que su mandato no tuvo el nivel de desaprobación de la actual administración.

    En este contexto, habló el director de la Escuela de Ciencia Política UDP, Claudio Fuentes.

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  4. Policía y democracia: lo que no discutimos

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    Institucionalmente, el tema se delimitó en dictadura a partir de la dictación o modificación de un conjunto de normas y procedimientos que establecieron rígidas directrices sobre el particular. En 1983, se promulgó el Decreto Supremo 1086, indicando que “los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al intendente o gobernador respectivo”. Una vez recuperada la democracia, las autoridades democráticas continuaron utilizando este decreto, lo que ha sido cuestionado por instancias internacionales toda vez que contraviene el artículo 19 (13) de la propia Constitución que garantiza “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”.

    No obstante, en la misma Constitución se indica que “las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de la policía”. En otros términos, el propio texto le entrega a la policía la facultad regulatoria de un fundamental derecho como es el de manifestarse.

    A lo anterior se suma la norma sobre el procesamiento en tribunales militares (y no civiles) de policías acusados de cometer un acto de violencia en contra de un civil. Esta situación transforma a Chile en una excepción en el mundo por las amplias atribuciones de los juzgados militares para ver casos que, en un marco democrático, no cabría que fuesen observados por la competencia militar. Las estadísticas muestran un incremento muy significativo en los últimos 22 años de denuncias por violencia policial (poco más de 20 mil casos en tribunales militares), acompañado de un nivel de condenas decreciente de uniformados por estas conductas (menos del 2,5%). Observamos la paradójica situación de que el incremento de las denuncias por abusos policiales en los últimos años ha sido acompañado por niveles más bajos de condena en tribunales militares de aquellos policías acusados de ejercer una excesiva violencia.

    Ahora bien, resulta curiosa la casi completa inercia del sistema político para modificar estas normas en los últimos 25 años. El Código de Justicia Militar fue modificado parcialmente el año 2010 y el Decreto Supremo 1086 sigue vigente. Esto llevó a que, en el año 2013, la Cámara de Diputados estableciera una Comisión Investigadora precisamente para abordar el tema del derecho de reunión. Entre sus conclusiones principales destacan: 1) solicitar al Ejecutivo que envíe un proyecto de ley para regular el derecho de reunión consagrado en la Constitución y actualizar la legislación y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos; 2) agilizar la aprobación de proyectos que modifican las competencias de los tribunales militares; 3) solicitar al Director General de Carabineros el perfeccionamiento de los procedimientos policiales, de modo de emplear adecuadamente los medios preventivos y represivos; 4) sugerir que, en caso de manifestaciones masivas, la Fiscalía Nacional pueda desplegar fiscales en las unidades policiales para facilitar la liberación de quienes sean sancionados por faltas menores; 5) establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar un diálogo sobre las formas de cautelar el derecho de reunión; y 6) revisar los protocolos operativos del Ministerio del Interior y de Carabineros. Todas estas recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad.

    Entonces, requerimos revisar el modo en que se inserta la policía en un sistema democrático, dado que mantenemos un esquema que fue pensado para una dictadura. Lo anterior pasa por redefinir el carácter militar de Carabineros de Chile, derogar el Decreto Supremo 1086, reformar la Constitución en lo concerniente a la libertad de reunión, y establecer códigos de convivencia ciudadana que permitan en forma democrática hacer convivir el derecho a reunión, la libertad de expresión, la libertad de circulación y la seguridad pública. La adecuación de estas normas a un estándar democrático parece hoy de sentido común y es aquello lo que debiese prevenir en el futuro el alarmante aumento en las denuncias por abuso policial.

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