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  1. Para qué usamos la calle

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    Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales

    Alfredo Joignant, Doctor en Ciencia Politica Universidad Diego Portales

    Los chilenos no son apáticos, salen a manifestarse bastante seguido por cientos de razones distintas a lo largo de todo el país y en la mayoría de las protestas no hay actos violentos ni represión policial. Esas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por el recién creado Observatorio de Conflicto-COES que se va a dar a conocer la semana que viene. 

    En la última década, el uso del espacio público como un gran escenario para protestar, promover ideas, rechazar políticas y proyectos estatales o privados se ha intensificado y junto con eso se han ampliado las formas para expresarse colectivamente. El recién creado Observatorio de Conflictos del COES quiso averiguar para qué están usando los chilenos la calle, con qué grado de violencia se están manifestando y si hay un hilo conductor que motive estas acciones, estudio que va a dar a conocer el miércoles en un informe llamado ‘Conflicto social en Chile 2015-2016: disputando mitos’, precisamente porque tiene algunas sorpresas.

    Un equipo de varios investigadores del COES liderados por el urbanista Matías Garretón y el cientista político Alfredo Joignant, rastreó las ‘acciones contenciosas’, que incluyen marchas, movilizaciones, bloqueos de caminos, tomas de edificios y espacios públicos, huelgas, barricadas e incluso algunas acciones de protesta individuales, ocurridas en los años 2015 y 2016 que fueron cubiertas por los medios. En esos 731 días se encontraron con 4.033 episodios de conflicto, los que, de acuerdo al estudio, ocurrieron con cada vez más frecuencia a lo largo del período.

    La investigación quiere ayudar a formar una imagen más precisa de cuáles son los focos de conflictividad en el país y confirma que manifestarse es hoy una práctica recurrente. Para el equipo, eso significa que la idea de que los chilenos somos apáticos tiene poco asidero y que se observa una ‘búsqueda de otras formas de incidencia en la opinión y políticas públicas’ distintas a la participación electoral. De hecho, tal como explica Matías Garretón, hay una tendencia que muestra que existe un efecto compensatorio entre participación electoral y salir a la calle, es decir, ‘mientras menos voto, más me movilizo’.

    Todos pueden
    Es bastante probable que la muestra analizada no abarque todas las manifestaciones ocurridas en los dos últimos años, ya que se basa en las noticias publicadas en distintos medios que por razones editoriales o por su alcance no necesariamente cubren cada episodio. Para reducir ese sesgo el equipo no sólo analizó los diarios llamados nacionales -como éste-, sino que amplió su base e incluyó a la Radio Bío-Bío y 15 diarios regionales, lo que fue una buena decisión porque se demostró que estas publicaciones efectivamente reportan manifestaciones que no aparecen en las demás.

    Probablemente eso contribuyó a mostrar que salir a protestar es una situación extendida en el territorio: en los dos años estudiados hubo al menos una manifestación en 242 de las 365 comunas de Chile, aunque estas varían mucho en tamaño e intensidad (ver gráfico). El 58 por ciento de los episodios recopilados se dieron en las grandes ciudades y capitales regionales, lo que es esperable ya que es ahí donde se concentra la gente y la atención de los medios. El tamaño de la población de un lugar es entonces, la variable que más incrementa la posibilidad de que ocurran situaciones de conflicto y por eso mismo, las manifestaciones en Santiago, la ciudad con más habitantes del país, son las más multitudinarias. Pero eso no significa que quienes viven en la capital sean más conflictivos que el resto, sino simplemente que son más. ‘El número de conflictos por habitante es tres veces menor en el Gran Santiago que en el resto del país, aunque la ocurrencia de acciones excepcionalmente numerosas compensa lo anterior’, explica el informe.

    Por eso, dicen los investigadores, la idea de ‘Santiago como capital del conflicto’ no se sustenta completamente y también se observa una fuerte conflictividad en zonas poco pobladas y extremas, en particular en las regiones de Aysén y Magallanes.

    Otros aspectos que destaca el informe es que los grupos que se movilizan con mayor frecuencia son los que pertenecen ‘a las clases medias emergentes que viven en ciudades donde hay elites o alta concentración de riqueza’, dice Garretón. Para movilizarse se necesitan recursos -tiempo, redes, movilización- de las que los segmentos bajos carecen, explica Joignant, quien luego agrega: ‘Por eso no vemos marchas de pobres en Chile’. La excepción a la regla que se cumple en casi todo el territorio es el área del Biobío y La Araucanía, donde se desarrolla el conflicto mapuche, en la que la pobreza está asociada con la confrontación histórica entre el Estado y la población indígena que en esa zona sí está movilizada.

    Compitiendo por la calle
    De acuerdo al reporte, en los últimos dos años los chilenos encontraron trescientos motivos distintos para salir a protestar, los que fueron organizados en cinco grupos por los investigadores: los conflictos salariales o sindicales; los que apuntan a la provisión de servicios y bienes, públicos o privados; los de carácter ideológico o de orden valórico; los conflictos de tipo ambiental y, por último, todas las manifestaciones y episodios que apuntan a reformas del sistema de pensiones (ver gráfico).

    Si se miden por cantidad de eventos que provocaron, las manifestaciones laborales como las huelgas están en primer lugar y en la mayoría de los casos sus demandas apuntan a lograr mejoras en los sueldos (48 por ciento) y en las condiciones de trabajo (21 por ciento). Pero si se miden en cambio cuáles fueron las manifestaciones que congregaron más gente, domina el grupo de las que demandan bienes y servicios, en las que la educación tiene un lugar significativo, aunque también destacan las multitudinarias protestas contra el sistema de pensiones, agrupadas principalmente bajo la organización No +AFP.

    ‘En lo esencial uno ve que los conflictos que más movilizan y crecen son los que se mueven por causa de la naturaleza del modelo’, dice Joignant, quien de todos modos aclara que ‘no estamos hablando de un mismo hilo conductor para todas las cosas. No hay una causa de inicio común, y las manifestaciones están gatilladas por distintas cosas. Sí se pueden producir conexiones. Por ejemplo, el conflicto estudiantil escaló y se vincula con demandas por reformas políticas y hoy es portador además de un reclamo de cambio de Constitución’.

    La existencia de esta diversidad de demandas y la irrupción de movimientos nuevos significa que actualmente hay distintos intereses compitiendo por llevar gente a la calle y eso, entre otras cosas, implica que los estudiantes hoy no son los actores principales de la movilización social. Este grupo sin duda tiene un gran poder de convocatoria, pero su actividad se concentra en la Región Metropolitana y aparece además como un sector más encerrado en sí mismo. ‘El mito del protagonismo estudiantil indiscutido en la movilización social es falso, ya que los espectaculares volúmenes de participación que alcanzan en forma esporádica y principalmente en el Gran Santiago no se condicen con su escaso impacto e interacción con otros tipos de movilización, mucho más frecuentes y constantes en el tiempo, o incluso más masivas, espectaculares y transversales a distintos territorios y grupos etarios, como en el caso de No + AFP’, plantea el informe.

    Por su masividad y porque aparece explosivamente, el estudio le dedica un capítulo a las movilizaciones contra el sistema de pensiones, en el que el sociólogo y académico de la Universidad Central Ismael Puga muestra cómo pasan de ser prácticamente inexistentes en 2015 a un peak de 68 episodios en noviembre del año pasado. Junto con eso se ve de qué manera van concitando el interés de nuevos grupos y segmentos y se expanden geográficamente al punto de terminar con la manifestación más grande de los últimos años, al mismo tiempo que empiezan a verse algunas medidas más radicales como cortes de rutas y carreteras.

    Distinto es lo que ocurre en el caso de las manifestaciones asociadas a género y diversidad sexual. No obstante el creciente interés que estos temas están teniendo en los medios, a nivel nacional e internacional, y de que hay proyectos afines en discusión, en 2015 y 2016 los eventos asociados a estos temas sólo representan el 1,5 por ciento del total. ‘A pesar de la existencia de importantes brechas de género en salarios y participación política, esto no se ha manifestado en la forma de una protesta’, plantea la economista y profesora de la Universidad de Chile Valentina Paredes en el informe. De todos modos es importante consignar que el año pasado cerró con la protesta Ni una Menos que combate la violencia contra las mujeres y que congregó a más de 50 mil personas en Santiago y otras ciudades del país. Está por verse si fue un hecho aislado o el inicio de un nuevo foco de conflicto.

    Otro caso que recalcan los investigadores es el de las protestas medioambientales y los conflictos entre comunidades y empresas extractivas. Este es un frente minoritario en número de eventos y de participantes, pero aun así tiene mucha visibilidad y es altamente efectivo ya que ha logrado paralizar inversiones o incidir en leyes, lo que demuestra que frecuencia y masividad no son sinónimos ni condiciones para obtener resultados.

    Sin pelear
    ‘Hoy sabemos que hay bastante menos violencia en los eventos contenciosos a los que estamos expuestos a través de los medios que lo que uno piensa’, dice Alfredo Joignant sobre uno de los resultados que más le llamó la atención del estudio. En general las movilizaciones usan distintos mecanismos para protestar. El estudio plantea que pese a que los medios muchas veces les dan bastante visibilidad a los actos agresivos y destructivos, ‘sólo en el 12 por ciento de las acciones registradas en los dos años de observación fue posible constatar el despliegue de tácticas violentas por parte del grupo que reclama, y en la misma proporción se observa represión activa de fuerzas policiales’, dice el informe en el que los investigadores también sostienen que los casos de represión policial tienen a darse predominantemente en las manifestaciones multitudinarias más que como una respuesta a actos de violencia.

    Pacíficas o no, un aspecto muy importante es que el estudio muestra que la mayoría de las manifestaciones no son espontáneas sino que son acciones coordinadas. Así por ejemplo, en el 58 por ciento de los más de cuatro mil episodios analizados hubo al menos una organización formal involucrada, lo que además no descarta que puedan haber existido otras de carácter más informal. ‘Es decir, esa cifra es probablemente sólo la punta del iceberg’, dice Matías Garretón, quien explica que esos grupos posiblemente contribuyen a oficializar y expandir un conflicto social, lo que se puede ver en el caso de la protesta No + AFP. Pese a que a simple vista pareció algo espontáneo al rastrear ese movimiento, Ismael Puga pudo identificar varias organizaciones que se empiezan a vincular y contribuyen a ir ampliando la convocatoria y resonancia. ‘Hay un proceso de aprendizaje que se ha dado en torno a las movilizaciones y una red de activistas que no es espontánea. En la coordinadora No + AFP hay organizaciones involucradas que vienen participando en distintos conflictos desde hace por lo menos 10 años y van construyendo redes. Si bien en Chile no hay un conflicto que articule a todos los demás, existen vínculos super fuertes y trenzados de movimientos sociales’, explica Puga. Esto, dice por su parte Garretón, ‘confirma que los chilenos, lejos de ser apáticos, están aprendiendo a manifestarse colectivamente por mecanismos no institucionales, los que a veces pueden ser más eficaces para hacer valer sus demandas lo que sugiere que nuestras instituciones no están acogiendo expectativas emergentes’. Algo que habría que tener en cuenta en un año electoral.

    Ver en La Tercera

  2. La voz de los profesores

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    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

    Desde hace varias semanas, y como se ha hecho costumbre en los últimos años, los universitarios se están movilizando en tomas y paralización de clases. Este año han surgido como principales motivaciones el proyecto de reforma de la educación superior y temas internos de cada plantel. Además, como nunca antes se han sumado estudiantes de universidades privadas. Enfrentados autoridades y alumnos, una vez más se echa de menos la opinión de los profesores: ¿Qué piensan de esta nueva movilización? ¿Cómo la enfrentan? ¿Los cansa estar otra vez en lo mismo? Algunos son reacios a hablar y otros lo evitan para no entorpecer el diálogo con los alumnos. Pero acá un grupo de académicos toma la palabra y cuenta cómo es hacer clases (o no hacerlas) en tiempos de paro y de tomas.

    “Esta situación nos genera gran incertidumbre” Silvana D’Ottone, Profesora de Lenguaje y escritura, U. Santo Tomás.

    “Esta es la primera toma de la universidad. Para entenderla hay que revisar el petitorio interno de los estudiantes, que están peleando, entre otras cosas, por congelar el valor del arancel, el no cobro de las multas por días de atraso en su pago y por el hacinamiento e infraestructura de las facultades de la universidad. Otro punto es la acreditación, pero no creo que la universidad no esté preocupada por ese punto, trabaja en lograr eso. Sin embargo, mi preocupación es que, aunque los alumnos tienen razón en algunos puntos, quienes se manifiestan son una minoría. En la última votación, la toma se aprobó por un poco más de mil votos a favor, de un universo total de más de siete mil. Eso te dice que en las votaciones no participa todo el alumnado y al parecer no se ha vuelto a llamar a votaciones o asambleas, según lo que manifiestan los mismos estudiantes en la página de la federación de estudiantes de la universidad.

    No me parece que tomar la universidad sea el camino adecuado y creo que sólo genera incertidumbre en el alumnado y los docentes, además de molestia en las autoridades. Lo que me incomoda de estas movilizaciones, y no puedo generalizar en este punto, es que muchos se limitan a cumplir. Si bien puedo dar fe de que hay estudiantes muy comprometidos con su educación y que varios también deben trabajar para pagarse los estudios, también veo que cada año crece el número de alumnos que no se esfuerza por conseguir sus metas y que muestra apatía frente a la carrera que ellos mismos eligieron. En cuanto a los docentes, puesto que al menos en mi área trabajamos la mayoría con contratos a plazo fijo (fines de julio), esta situación nos genera gran incertidumbre respecto a nuestro futuro laboral. Ya sea que estemos a favor o en contra de las demandas de los alumnos, es evidente que esta situación nos perjudica bastante.

    Si se hubiesen retomado las clases el martes, se habría podido recuperar todo aceleradamente durante las vacaciones de invierno y terminar el semestre, pero ahora vemos que todo podría seguir hasta agosto. Entiendo su molestia, pero la toma nos perjudica a todos. Y mientras más pasan los días, más firme se pone la universidad que ya aclaró que mientras no se depongan las tomas, no entrarán en diálogo”.

    “A la tercera semana realmente resientes el costo que tiene la toma” Claudio Fuentes, director de la escuela de Ciencia Política de la UDP.

    Son las nueve de la mañana en el café Tavelli de Manuel Montt y Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, ocupa una mesa con su laptop, un café con leche y unas tostadas con palta. Es su tercera toma desde que está en esa universidad y ya conoce la dinámica: “El día de la toma uno trata de rescatar la mayor cantidad de archivos que tenga en la oficina, aunque ahora con Dropbox es más simple. Ahora usualmente trabajo en mi casa o en un café y voy a reuniones esporádicas para hacer la coordinación con los demás profesores. Nos juntamos en la Casa Central porque todo el resto está tomado”, dice Fuentes.

    El académico cuenta que, a diferencia de años anteriores, la toma este año fue distinta porque se produjo antes de las pruebas semestrales, dificultando el cierre de notas. Además, dice que ha entorpecido las postulaciones a fondos de investigación porque hay libros y bases de datos de revistas que los académicos sólo pueden revisar dentro de la universidad. “A la tercera semana realmente recientes el costo que tiene la toma en términos personales, por la operatividad de encontrar materiales, bibliografías, etcétera. La postulación para postdoctorados ya está abierta, por ejemplo”.

    Fuentes siente que este año los estudiantes están más radicalizados y menos abiertos al diálogo. “Salvo algunos, hay una desconexión entre el discurso de la reforma y el debate práctico sobre sus implicancias”, explica el académico, y agrega que el petitorio de los estudiantes de la UDP se basa en las demandas de la Confech, las que, cree, poco tienen que ver con la realidad de universidades como la suya. “Hoy la agenda es democratización de la universidad, fin a la subcontratación y mantenerse en la gratuidad. Sin embargo, no se analiza la economía política de la universidad o el costo de mantenerse en la gratuidad. Ellos están llevados por una retórica que es muy legítima, pero que no es capaz de bajar al impacto real que tiene en los estudiantes la reforma hoy en las universidades privadas”, critica Fuentes.

    “El movimiento estudiantil me parece necesario e importante” Rodrigo Cepeda, profesor de Cine, U. de Valparaíso.

    “Llevamos cinco semanas en paro y estamos acostumbrados a vivirlos. Hace 13 años que hago clases y he presenciado el movimiento estudiantil desde sus comienzos y en distintas etapas. Ha sido difícil, pero entiendo y comprendo la importancia de que la ciudadanía y los estudiantes se muevan para presionar.

    En la Escuela de Cine compartimos bastante la motivación de que los estudiantes estén en paro. Todos los profesores tenemos una mirada similar y simpatizamos con la idea de fondo. Entendemos y asumimos que hay que vivir estas complejidades que afectan a ambas partes.

    Creemos plenamente en la educación gratuita, pero también ha sido un tema complejo porque tenemos que recalendarizar el semestre, lo que implica moverse cuatro semanas y conlleva terminar las clases en agosto o septiembre y luego en enero o marzo del próximo año. También tenemos profesores a honorarios que no trabajan en estas semanas y luego vuelven a clases en otra etapa. Hay académicos que filmarán sus películas en agosto y sus rodajes están programados hace mucho tiempo, por lo que será difícil recalendarizar sus rodajes y clases.

    Algunos estudiantes me han dicho que desean tener clases porque no quieren extenderse hasta enero. Nuestra idea no es atropellar al movimiento, al contrario, buscamos que todo se solucione. Hace unos días hubo votaciones y se llegó a un empate. Se volvió a votar y ganó el paro. Cabe destacar que existe un número importante de estudiantes que se van para la casa y no participan. Eso es más complejo, porque dejan a un pequeño grupo asumiendo todo el costo y la responsabilidad. En general, el movimiento estudiantil me parece necesario e importante. Ellos han puesto toda la fuerza, energía y trabajo durante muchos años para que todo llegue a buen puerto. La educación en Chile debería ser gratuita y de calidad. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido importante pero siempre es insuficiente”.

    “Hay cuestiones que compartimos con los estudiantes” Mauricio Arteaga, Decano de la facultad de Ciencias Sociales de la U.  Alberto Hurtado.

    Por estos días, Mauricio Arteaga es un privilegiado entre los académicos de la Universidad Alberto Hurtado: su oficina, la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales en calle Cienfuegos, es una de las pocas dependencias de esta casa de estudios que no está tomada. “Acá acogemos a todos los profesores de las otras unidades académicas de la facultad y de la universidad que nos quepan. Tratamos de ocupar los lugares disponibles y ofrecerles a los colegas que tienen sus lugares de trabajo ocupados un espacio para que puedan seguir desarrollando su trabajo”, explica el decano de la Facultad de Ciencias Sociales.

    La toma en esta universidad se ha prolongado por casi tres semanas, y es la más larga que han experimentado. Arteaga dice que esto ha generado contratiempos en otras actividades paralelas de la institución, como las tareas en investigación, consultorías, las clínicas jurídicas o los consultores de atención de salud mental. “En general, las actividades de postgrado y educación continua las hacemos en espacios externos a la universidad que hemos ido arrendando. Son salas del sector en establecimientos educacionales secundarios, institutos profesionales y preuniversitarios en horarios vespertinos”, dice Arteaga.

    En relación a las demandas, el decano dice que “hay cuestiones que compartimos con los estudiantes: que el sistema de educación superior requiere transformaciones, que las acciones en pos de la gratuidad y la regulación del giro comercial son temas importantes y sobre todo que tener un sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”. Agrega que en ese sentido los estudiantes no tienen mucho que reprocharle a la universidad, la que ha sido un actor activo en el debate nacional. Sin embargo, recalca que “no podemos garantizar que la ley contenga nuestras opiniones. El exigirnos que posiciones, que han sido públicas de la universidad, también estén reflejadas en la ley es un poco sobredimensionado”.

     

    “Cuando le quitas el derecho de estudiar a otros, no corresponde” Bárbara Fuentes , profesora y directora de la facultad de Periodismo, U. Adolfo Ibáñez

    El jueves 16 de junio, los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) se sumaron a las movilizaciones del movimiento estudiantil con un paro reflexivo. La convocatoria comenzó a las 10 de la mañana en el auditorio del establecimiento y durante tres horas se realizó una charla informativa donde asistieron diversas federaciones de estudiantes. Una de las particularidades que tuvo la jornada fue que los propios alumnos podían decidir si sumarse al paro o asistir a clases.

    Bárbara Fuentes, docente y directora de la Escuela de Periodismo de la UAI, cree que fue una jornada positiva. “Los integrantes de la FECH y los propios alumnos de acá se dieron cuenta de que la comunidad universitaria está abierta a dialogar y debatir. Incluso una invitada de la FECH comentó en el auditorio, en donde estaban reunidos, ‘qué republicanos son aquí’ al ver que se aplaudían distintas posturas”.

    Asegura que las clases no se interrumpieron porque el centro de alumnos respetó el derecho de los que quisieron ir a clases y, a su vez, quienes apoyaron el paro pudieron hacerlo. “Eso me parece destacable. Demuestra que ambas posturas se pueden hacer”. Frente a las tomas del movimiento estudiantil señala: “Me parece que desde el momento en que le quitas a otros el derecho de estudiar o incluso limitas otros derechos, como el de la libre circulación, no corresponde. Los destrozos no merecen análisis. El punto es que estamos en un país libre y eso hay que respetarlo y cuidarlo. No se trata de estar contra las manifestaciones, pero no es necesario vulnerar los derechos de los que legítimamente quieren ir a clases”.

     

    “La vida académica hoy no es sólo la docencia” Walter Imilan , profesor asistente del Instituto de la Vivienda, U. de Chile

    Otro que ha vivido paros y tomas es Walter Imilan, profesor asistente del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, ubicado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Casa de Bello. Este emplazamiento hace de su lugar de trabajo un sitio habitual de tomas en este período del año. Desde Berlín, donde fue a entrevistarse con un investigador, previo a una conferencia a la que irá en Madrid, explica que, en su caso, las tomas lo afectan en otra dimensión cada vez más relevante en la vida académica: la investigación.

    De hecho, el académico cree que la nueva ley de educación superior apuntará a transformar las universidades en instituciones “complejas”, dándole mayor importancia a la elaboración de papers. “Eso significa que la universidad docente está en la obligación de investigar. El trabajo del académico tendrá una parte de enseñanza y otra muy importante de investigación”, opina Imilan. Para el investigador, los períodos de tomas complican este rol, ya que los equipos deben empezar a buscar otros sitios para reunirse, que en su caso han sido domicilios particulares, otras facultades de la universidad o cafés. Uno de los refugios habituales es el GAM, a pocas cuadras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. “Es curioso: en tiempos de toma vas ahí y te encuentras a todos los colegas que tienen reuniones allá”, agrega. Para Imilan los estudiantes no conocen bien la importancia de la investigación hoy en las universidades. “Esa parte no la perciben con mucha claridad. Saben que los profesores investigan y que hay proyectos, pero como no está tan relacionado no hay mucho conocimiento ni comprensión”, concluye.

     

    “La falta de continuidad afecta la formación de los estudiantes” Brenda López , académica del departamento de Literatura de la U. de Chile

    Lleva diez años en la universidad, los mismos diez años que cumplió la “revolución de los pingüinos” que marcó el inicio de las movilizaciones de los secundarios y los universitarios. Hoy sus alumnos están en paro -salvo quienes realizan su tesina para egresar-, la universidad tiene un silencio de hospital y los académicos destinan tiempo a actividades de gestión académica e investigación, sus otras exigencias además de la docencia.

    ¿Cómo ve la situación de este año?

    Es lamentable porque tener cursos tan descontinuados afecta el desarrollo del aprendizaje y la formación de los estudiantes.

    ¿De qué manera afecta en su formación?

    No alcanzas a cubrir bien los contenidos programados. Pero, además, para asimilar contenidos, profundizarlos y reflexionar sobre lo que uno está estudiando se necesita continuidad y estar próximo a los temas. Por otra parte, es perjudicial para el desarrollo de destrezas y habilidades, lo que hoy llaman competencias, y eso se ve agravado porque la gran mayoría de los estudiantes está llegando a la universidad con muchas deficiencias.

    ¿Como cuáles?

    Comprensión de lectura, capacidad de desarrollar ideas y de plantearlas adecuadamente por escrito, de argumentar y analizar. No están saliendo de los colegios con esas competencias en un nivel satisfactorio y me da la impresión de que tampoco desarrollan autonomía para estudiar, por eso los estudiantes de primero son los más afectados.

    ¿Qué reflexión tiene sobre el fondo de las movilizaciones?

    Me parece muy lamentable que haya sido el movimiento estudiantil el que haya puesto este problema hace ya 10 años, y no los gobiernos, los parlamentarios o los políticos. El problema parte por ahí. Ese modo de operar se estableció: los estudiantes demandan una mejor educación mediante estos mecanismos que tienen un efecto supernegativo sobre la educación por la que están peleando. Entonces, por un lado, una entiende su reivindicación, pero no entiende a una sociedad que naturaliza ese modo de proceder porque el costo es gigantesco. Ya van 10 años y no veo a nadie haciéndose cargo.

    Y los académicos, ¿tienen un rol activo?

    Los académicos, al menos en la Universidad de Chile, sufrimos de una falta de organización que no nos permite plantearnos como estamento frente a temas relevantes como éste. Hay una responsabilidad de nuestra parte.

    Nada dice que el próximo año no pueda ocurrir otra vez…

    Exacto. La lógica dice que va a seguir pasando.

     

    “De no ser por los estudiantes, esta cuestión central no se habría llegado a discutir en términos urgentes” Nicolás Cruz, académico de Licenciatura en Historia de la U. Católica

    “El aspecto que considero más importante es que los estudiantes, a través de su movimiento, han impuesto un tema central de nuestra sociedad como es el del acceso no diferenciado a la educación. Tengo la impresión de que a no ser por ellos, esta cuestión central no se habría llegado a discutir en los términos urgentes con que se está haciendo hoy en día. Agrego mi impresión de que una característica de una sociedad moderna es que sus integrantes cuenten con la posibilidad de educarse en instituciones del Estado en las mejores y más actualizadas condiciones.

    En el Instituto de Historia hubo un paro durante la primera quincena del mes de junio. Debido a esto, no hubo clases formales, pero se mantuvieron los contactos con los estudiantes y los trabajos de investigación continuaron desarrollándose sin contratiempos. Debe tenerse en cuenta que en la Universidad Católica conviven realidades diferentes, por lo que otras facultades e institutos no pararon.

    Las relaciones con los estudiantes durante el período de junio se vieron disminuidas dado que el contacto mayor con ellos se da en el marco de las clases semanales y todos los trabajos que eso implica. Hoy los medios electrónicos permiten seguir en contacto y distribuir por esta vía conocimientos, conceptos y apoyo por medio de ayudantías en línea. Los estudiantes de historia realizaron varias actividades de reflexión durante el paro a las que fueron invitados todos los miembros de la comunidad.

    Retomando el primer punto, percibo que este año el movimiento se ha acrecentado y  ha remarcado más su carácter nacional: quiero decir con esto que la relación entre las federaciones estudiantiles sigue fuerte y que ellos perciben su acción en un ámbito que no es sólo sectorial, sino que global”.

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  3. Subjetividad Activa, Política de Esperanza y la producción de lo común

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    Juan Pablo ParedesEl 14 de Diciembre del 2011, la afamada revista Times presentó al “manifestante” como el personaje del año. Movilizaciones sociopolíticas y protestas masivas en Medio Oriente, el norte de África, Europa y Estados Unidos, confirman la elección. Todo ese año y en casi todo el globo, su presencia recorrió las calles, se apostó en sus plazas y se difundió por redes sociales- marcando la pauta de la irrupción ciudadana en los años venideros-, cuestionando el consenso de la globalización neoliberal y denunciando la fragilidad democrática actual. La movilización política, las manifestaciones públicas y la protesta  entraban en la escena social para quedarse.

    América Latina no fue la excepción, como lo ejemplifican los casos de México, Colombia, Bolivia y Brasil. En Chile se han desarrollado movilizaciones sociales y manifestaciones públicas por diversas causas: medioambientales, laborales y gremiales, de reconocimiento de derechos, de minorías étnicas, de justicia social. Particularmente importante ha sido la movilización estudiantil, que desde el 2011 reúne a estudiantes secundarios/as, universitarios/as, docentes, académicos/as y a otros actores vinculados a la educación; logrando también conquistar la adhesión y participación de la ciudadanía en general. Lucha que se extiende hasta hoy, en el ciclo de movilizaciones más potente que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia.

    Tales movilizaciones sociales y ciudadanas ponen en circulación, en cada sociedad de manera singular, un conjunto de prácticas y significados distintos, en algunos casos opuestos, al del orden establecido. Siguiendo el trabajo de Boaventura de Sousa Santos, podemos proponer que tales movilizaciones ciudadanas amplían el campo práctico-simbólico que define las representaciones actuales de nuestras democracias, mediante el ejercicio de identificar las ausencias que el complejo “demoliberal” ha producido, así como potenciar las emergencias sociales que en su contra se levantan. Desde la óptica de las emergencias, las movilizaciones realizan un juego que vincula el plano de la acción, de los discursos y de las emocionalidades, con el de la organización colectiva, haciéndolos confluir en un espacio configurado por otros idearios democráticos.

    Uno de los derivados de tales procesos es la conformación de otro tipo de subjetividad, que para el caso de Chile al menos, es una “subjetividad activa” (movilizada) que comienza a habitar lo social, afectando la normal complacencia de la institucionalidad política, politizando- a riesgo de no ser rigurosos en la generalización- la sociedad. Tal subjetividad politizada, de claro carácter generacional, descansa en formatos prácticos y activos que han conformado un nuevo registro de experiencias individuales y colectivas, distanciadas del sujeto-ciudadano políticamente pasivo de los noventa, asociado al consumidor. Los actos, las prácticas, los discursos, las representaciones y relaciones sociales que ponen en circulación las movilizaciones ciudadanas prodemocráticas, constituyen lo que Raymond Williams llamó recursos de esperanza.

    La ampliación del campo democrático que permite la articulación de tales recursos, a partir de la movilización estudiantil, puede leerse como una política de esperanza impulsada por la ciudadanía. Esperanza, en este sentido, deja se asociarse a la pasividad (la espera), que puede rayar en el conformismo del consumidor, para proponerse como una forma activa y rebelde de producción del futuro. Una política de esperanza, en tanto actos instituyentes de nuevas experiencias, relaciones sociales y representaciones, vincula lo actual con lo por venir, realizando un cambio en su orientación de la pasividad a la actividad, pero sin desechar la paciencia, abriendo lo posible a modos de organización e institución diferentes. De tal forma una política de esperanza implica un soporte afirmativo hacia el futuro.

    Paradojalmente en Sudamérica, las movilizaciones sociales y ciudadanas se han acompañado de un giro “antiprogresista” en lo que refiere a la política institucional. Argentina y Brasil son los casos paradigmáticos. En paralelo, los cuestionamientos a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, parecen confirmar “el fin de la marea rosada” o, al menos, un estancamiento del progresismo institucional. Sin embargo, desde el impulso movilizador y su política de esperanza, puede darse una vuelta de tuerca al giro conservador. Desde mi óptica, la política de esperanza impulsada por una subjetividad activa se juega en la posibilidad de producir un nuevo imaginario social democrático, cuyo soporte afirmativo es “el principio de lo común”.

    No obstante, el potencial de una Política de Esperanza requiere de paciencia para desarrollar el trabajo de traducción necesario por la “larga revolución de lo común”, que incluye tanto la dimensión agencial como la institucional. Aunque hoy su prioridad esté en producir un sentimiento común: la no conformidad con el orden demoliberal actual.

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