Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
Para la oposición en Venezuela, la tercera fue la vencida. La primera ocasión fue el año 2005, ya que renunciaron a presentarse a las elecciones y le dejaron el camino libre a Chávez en el parlamento. Después, en 2010 ganaron en número de votos pero no en cantidad de parlamentarios. Pero el pasado domingo su triunfo finalmente fue rotundo.
Con una gran participación del 74,25%, la opositora Mesa de la Unidad logró algo que parecía difícil: los 2/3 del Parlamento, barrera que le permite legislar en materias muy relevantes e incluso pedir un referéndum revocatorio para cambiar a altas autoridades de los otros poderes del Estado.
No obstante, Nicolás Maduro conserva la presidencia y, por tanto, el control del aparato estatal, por lo que ya se estima que la convivencia política no será fácil de cara a las elecciones presidenciales de 2018.
Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
En las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela hay mucho en juego. No solo el nombre de Hugo Chávez se repite de forma insistente en medio del debate sobre el modelo político imperante en el país, sino que también el proceso se vislumbra como una especie de referendum del gobierno de Nicolás Maduro ya que las encuestas ponen en duda a la hegemonía chavista.
En medio de la discusión sobre el proceso eleccionario, y las dudas opositoras respecto a si el oficialismo respetará sus resultados, el escenario está marcado por el asesinato de un dirigente opositor y el encarcelamiento de Leopoldo López.
Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP
El líder de la oposición en Venezuela, Leopoldo López, fue condenado a más de 13 años de prisión luego de ser detenido mientras se manifestaba contra el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno acusó “incitación al odio”, mientras que la defensa del dirigente apuntó a graves irregularidades en un juicio que se les rechazó presentar a la mayoría de sus testigos.
Cristóbal Rovira, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP, se refiere en CNN Chile a la situación política en Venezuela.
El viernes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó escuchar a la diputada venezolana María Corina Machado. La figura emblemática de la oposición al presidente Nicolás Maduro, buscaba hablar en una sesión del Consejo Permanente para denunciar los actos del Gobierno venezolano en la crisis que sacude a su país. El rechazo de la OEA llevó al diario El País a afirmar que el mismo Consejo “silenció a la oposición venezolana.”¿Por qué ese rechazo? Por una razón simple. Desde su fundación en 1948, la OEA tiene por misión asegurar la paz entre los países del hemisferio. Es decir, se concentra en las relaciones internacionales salvo en dos contextos precisos: si hay un golpe de Estado en un país miembro o si un Gobierno solicita la participación del Organismo para ayudarle a resolver un problema interno.
La OEA no hubiera escuchado al diputado Guillermo Teillier reclamar contra el Gobierno de Piñera y no escucharía al senador Iván Moreira reclamar contra el Gobierno de Bachelet. Simplemente porque no sirve para eso. En ese sentido, tuvo razón en no escuchar a la diputada Machado. Lo anterior, independientemente de la validez de varios de sus reclamos y de los excesos perpetrados por el Gobierno Maduro cuya elección, cabe recordarlo, fue un proceso más que cuestionable. La crisis en Venezuela es una crisis interna. Si aceptamos como válido el principio de soberanía, no les corresponde a los demás países involucrarse en los temas internos de ese país. Aquellos políticos que unos años atrás condenaban a los organismos internacionales que criticaban al Gobierno Piñera por la política hacia las comunidades mapuche, el comportamiento de Carabineros durante las protestas estudiantiles o las leyes chilenas con respecto al aborto y el matrimonio homosexual, deberían ser coherentes ahora con su postura contra “las injerencias extranjeras en la política interna”.
Reconocer la soberanía y no entrometerse significa también ser pasivo ante actos represivos que un Estado pueda cometer contra sus ciudadanos. Lo cual puede equivaler a ser “cómplices pasivos” de abusos y contribuir a su ejecución. Por otro lado, ser protagonista de un conflicto en otro Estado significa meterse en la política partidista, lo cual no sirve para la política exterior y los intereses del país. Frente a esa tragedia griega en la cual sólo parece haber alternativas malas, la mejor estrategia para Chile y el conjunto de sus políticos es estar atentos y tender la mano al Gobierno venezolano para convencerle, en base a la experiencia chilena, de aceptar un real diálogo con la oposición.
