El Laboratorio Constitucional UDP (Labcon), perteneciente a la Escuela de Ciencia Política, ha llevado a cabo diversas acciones informativas y material en el marco de los acontecimientos de las últimas semanas en el país.
Siendo su interés principal la Constitución, el debate en torno a ella y los efectos que esta tiene sobre el porvenir político, económico y social de las personas que estamos bajo su jurisdicción, se han constituido como un equipo multidisciplinario que estudia estos temas desde diferentes aristas, el equipo está compuesto principalmente por sociologas/os y cientistas políticos, aunque en constante contacto con abogados y gente del mundo de las leyes que son quienes mayor conocimiento tienen de la carta fundamental en términos jurídicos.
Al respecto, Juan Esteban Fernández, investigador del Labcon, explica que “evidentemente que nuestra labor se ha visto fuertemente influenciada por los acontecimientos de las últimas semanas, por esto que ha sido llamado por algunos “la primavera de Chile” o “estallido social”. Desde nuestra perspectiva la crisis social se puede explicar en buena medida por la falta de un pacto social que se traduzca, precisamente, en una nueva constitución. Una nueva carta fundamental cuya legitimidad emane de la ciudadanía misma. Ahora bien, esta tesis no es exclusivamente nuestra –ni menos aun acuñada por nosotros– sino que pareciera responder al sentir de diversos sectores de la sociedad que por estos días empiezan a pensar en “lo constitucional”, que empiezan a apropiarse de conceptos antes abstractos y lejanos como lo son un “proceso constituyente” o una “asamblea constituyente”. Y acá es donde nosotros intentamos aportar”.
Entre estas acciones, el Labcon llevó a cabo la difusión de información básica a través de la realización de una serie de infografías informativas que definen conceptos como proceso constituyente vs asamblea constituyente, que expliquen procesos como ¿cuál es el proceso mediante el cual se redacta una nueva constitución?, y que presenten algunos de los artículos constitucionales que suscitan controversia.
Asimismo, han entregado insumos para la realización de cabildos ciudadanos., a través de un texto informativo para las personas que requieran una guía en la realización de cabildos autoconvocados. El documento contiene definiciones, recomendaciones y etapas del proceso que pueden guiar la actividad. Además hay insumos y material informativo. Descargar documento aquí
A su vez, el Labcon preparó una guía para cabildos ciudadanos, donde su coordinador, Claudio Fuentes, ha asistido a varios de ellos en diferentes partes de Santiago y se pretende seguir haciéndolo en varias comunidades.
El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara a integrantes del Senado y la Cámara de Diputados. Presentamos aquí el capítulo sobre reformas político-institucionales. La encuesta se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2018 y tuvo una tasa de respuesta del 92,4% del total de congresistas. Proyecto FONDECYT coordinado por el profesor Claudio Fuentes S. de la Escuela de Ciencia Política. El trabajo de campo lo realizó la empresa Subjetiva.
En esta oportunidad presentamos aquellos temas relacionados con el perfeccionamiento de la democracia.
El estudio consideró la opinión de los congresistas sobre los siguientes ámbitos institucionales:
Modificación del período presidencial
Límite a reelección de congresistas
Voto voluntario/Obligatorio
Tribunal Constitucional—su naturaleza y atribuciones
Congreso Uni/bicameral
Régimen de gobierno presidencial/semipresidencial/parlamentario
Reforma vs. Nueva Constitución
Alto consenso en cambiar período presidencial y limitar reelección de congresistas
Se verifica un alto consenso político transversal para modificar el período presidencial (91,3% de acuerdo) y limitar la reelección de los y las congresistas (75,4% de acuerdo). No obstante, la fórmula específica de cambioes la que suscita divisiones que no se asocian necesariamente a posiciones ideológicas.
En el caso del cambio del período presidencial, el 48,6% se muestra inclinado por una fórmula de 4 años con 1 reelección inmediata, y un 34,4% lo hace por los 6 años sin reelección. Los diputados se inclinan con mayor intensidad que los senadores por la primera opción. A nivel de partidos, vemos que la opción de “4 años + 1 reelección inmediata” suscita el apoyo mayoritario de la UDI y RN en la derecha, y del PS, PC y RD en la izquierda.
En cuanto a la limitación de la reelección de congresistas, el 75,4% favorece aquella opción. Para la reelección de diputados, un 44,8% de los legisladores prefiere 2 reelecciones (12 años en el cargo), mientras que un 42,6% se inclina por 1 reelección para senadores (16 años en el cargo). Los diputados tienen a favorecer la opción de las 2 reelecciones de los propios integrantes de la cámara baja un poco más intensamente que el promedio (46,6%), mientras los senadores tienden a favorecer el límite de 1 reelección en su propio cargo un poco menos que el promedio (40,5%).
Mayoría favorece el voto obligatorio.
Uno de los resultados más llamativos es la opinión mayoritaria (66,7%) favorable a que la asistencia a votar sea obligatoria. En la Cámara Baja esta opinión es más intensa que en la Cámara Alta (67,8% vs. 62,2% respectivamente). En los partidos de la ex Nueva Mayoría esta opinión es muy mayoritaria (80%), mientras que en el Frente Amplio alcanza al 65% y en Chile Vamos al 50%.
A nivel de partidos, quienes más favorecen el voto obligatorio son el PRSD, RD, DC, PS y PC. Quienes se muestran más inclinados por el voto voluntario son la UDI, representantes del Frente Amplio que no son de RD, y Evópoli.
Además de la variable ideológica, encontramos que son las mujeres congresistas quienes tienen una inclinación más favorable al voto obligatorio que los hombres. Otra variable relevante es el tipo de colegio donde estudiaron: quienes estudiaron en colegios particulares subvencionados tienden a ser menos favorables al voto voluntario en relación a los congresistas provenientes de colegios municipales y particulares pagados. La macrozona de procedencia y la edad no son variables que discriminen a favor o en contra del voto obligatorio.
Mayoría apoya mantener el Tribunal Constitucional, aunque existe fuerte división respecto de su reforma.
Solo un 20,2% de los legisladores apoya la idea de eliminar el Tribunal Constitucional. Por su parte, el 38,8% apoya la idea de mantener el TC tal como está o bien ampliando sus facultades. Por su parte, el 39,9% apoya la idea de mantenerlo pero reduciendo sus facultades. Esta última opción que es la mayoritaria, genera una fuerte división entre diputados y senadores, dado que los primeros apoyan su reducción de atribuciones en un 43,2%, mientras en el Senado esta opción es de solo un 27%.
Lo interesante aquí es que la oposición se divide respecto del destino del TC. La mayoría en el PS y PPD es partidario de eliminarlo, mientras en la DC, PRSD y Frente Amplio prefieren reducir sus atribuciones. La mayoría de los legisladores de derecha apoya la idea de mantenerlo. Curiosamente un 30% de los legisladores de la UDI sería partidario de reducir sus atribuciones, no así los legisladores de RN que solo en un 12,8% favorecen dicha opción.
¿Presidencialismo vs. semi-presidencialismo?: No existe consenso sobre régimen de gobierno.
El régimen de gobierno es otro de los temas que divide a los y las congresistas. El 25,7% apoya la idea de mantener el sistema presidencial actual, mientras el 30% apoya la idea de un sistema presidencial atenuado. Un 35% favorece un sistema de carácter semi-presidencial. Solo un 6,6% apoya avanzar hacia un sistema parlamentario.
El factor ideológico aquí es crucial. Los partidos de derecha apoyan mayoritariamente un sistema presidencial como el actual o atenuado, siendo la UDI el más presidencialista (91%). Por su parte, los partidos de la ex nueva mayoría son los más partidarios de un sistema semi-presidencial, siendo el PRSD (83,3%) y el PPD (76,9%) los más partidarios de este modelo. El PC, RD y otros miembros de Frente Amplio se muestran divididos respecto de un esquema específico de régimen de gobierno.
Constitución: Legisladores divididos sobre reforma o nueva Constitución
Muy pocos legisladores se muestran favorables a mantener la Constitución tal cual está (3,3%). Un 47% de los y las congresistas considera que se deben realizar algunas reformas parciales a ella; mientras un 49,7% considera que se debe establecer una nueva Constitución. Sobre esta última alternativa, mientras los Diputados la apoyan en un 51,4%, en el Senado la idea de establecer una Nueva Constitución alcanza un 43,2%.
De nuevo aquí observamos una división ideológica clara. Los partidos de Chile-Vamos mayoritariamente (sobre 71%) son partidarios de realizar reformas parciales, mientras en la oposición, sobre el 90% de los legisladores de izquierda favorecen la idea de una nueva Constitución. Los partidos del PDC y PRSD están más divididos internamente sobre la materia.
Un 48,1% apoya la idea de realizar cambios a la Constitución dentro del Congreso, ya sea a través de los mecanismos establecidos en ella (37,7%) o por la vía de una Comisión Bicameral (10,4%). Por su parte, un 47,5%
Ficha técnica
Encuesta cara a cara a diputados(as) y senadores(as) del Congreso Nacional. Aplicación entre mayo y agosto de 2018. Tasa de respuesta del 92,4% (183 congresistas). Encuesta realizada en el marco del proyecto FONDECYT 1170025. Investigador responsable: Claudio Fuentes S. Trabajo de campo realizado por la consultora Subjetiva.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
En el programa “Trío en Agricultura”, el director del Observatorio Político Electoral, Mauricio Morales, conversó acerca de la realización de los cabildos ciudadanos y sus distintas interpretaciones.
El pasado 21 de mayo, el Laboratorio Constitucional de la UDP realizó en el Parque Forestal de Santiago lo que se conoce como “juego de cartas”. En un panel se expusieron 10 fotografías representando a personas de diferentes características. Además se colocó un espejo.
A personas que pasaban por el lugar, se les invitó a elegir quién le gustaría que cambiara la Constitución. Si seleccionaban el espejo, es porque deseaban ellos mismos participar del proceso. Todas las personas que participaron de este video lo hicieron voluntariamente y completaron un consentimiento informado. Y en el video podemos ver algunas de las respuestas.
“Para la Constitución, una Conversación” es el llamado que en esta etapa del proceso constituyente ha realizado el Gobierno, invitando a todas y todos a sumarse en sus distintas etapas, principalmente en encuentros locales autoconvocados y/o respondiendo una consulta individual.
Más allá de sus críticas a su etapa informativa, de difusión y que todo este proceso no es vinculante, hemos observado como organizaciones de mujeres y feministas, de la sociedad civil, estudiantes, juntas de vecinos, académicas y académicos, entre otros actores y actoras, han hecho suyo el llamado a pensar y entregar lineamientos sobre lo que las y los chilenos quieren para este nuevo texto legal.
Con especial énfasis las mujeres consideramos que esta es una oportunidad histórica, ya que por primera vez estamos participando de este proceso. Hoy las mujeres tenemos la posibilidad de reflexionar y debatir -en las distintas etapas del proceso constituyente-, respecto de cuáles son las bases que definen la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad y el tipo de democracia a la que aspiramos.
Entrevista exclusiva a Tomás Jordán, abogado y coordinador del Proceso Constituyente
“Organizarse con personas que compartan los mismos temas de interés permite que haya paridad en el Proceso Constituyente”
Por Marcela Tapia
Este 21 de mayo y en el marco de la Cuenta Pública, la presidenta Michelle Bachelet reiteró la importancia de que todos los ciudadanos y ciudadanas participen en el Proceso Constituyente, afirmando además que será un proceso transparente y sin manipulaciones.
Un mes antes, el ejecutivo habilitó en el sitio webwww.unaconstitucionparachile.cl la ficha de inscripción que dio inicio a la etapa participativa de este proceso, el que se está desarrollando a nivel local para dar paso posteriormente a sus etapas en lo provincial y regional. Este primer paso, es la etapa previa para modificar la Carta Magna y para que la ciudadanía pueda ser partícipe de este cambio. Hasta ahora, se han inscrito más de 5 mil encuentros autoconvocados en todo el país.
Tomás Jordán es abogado, trabajó en la comisión constitucional que elaboró parte de la propuesta programática de Bachelet y actualmente se desempeña como coordinador de todo el proceso destinado a elaborar una nueva Constitución. Jordán marcó “AC” en su voto en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, es partidario de una reforma para que se decida el mecanismo que permitirá contar con un nuevo ordenamiento para Chile y en democracia.
Como parte del equipo del Proceso Constituyente para Tomás Jordán la participación pública de la ciudadanía es fundamental a la hora de tomar decisiones a nivel nacional, por eso confía en que esta fase participativa que Chile está viviendo cumpla con todos sus objetivos.
La clave de la metodología: la participación
Tomás Jordán explica que a la hora de pensar en una metodología para llevar a cabo el Proceso Constituyente fue fundamental el concepto de participación. “La participación pública cumplía un objetivo bastante clave dentro del diseño, que era tener la visión de las personas, reencontrar el sistema político con la ciudadanía, que es la instancia de confianza”, explica el abogado.
Cuenta Jordán que para llevar a cabo este objetivo existían 2 formas de hacerlo. Una, que se hiciera una propuesta de texto y que esa propuesta se consultase a la ciudadanía. O la segunda alternativa, era tener esas visiones para que las personas pudiesen libremente expresar cuáles eran los ejes de sus miradas constitucionales. “Nosotros optamos por la segunda opción, por eso el proceso participativo es previo a un diseño más institucional en términos de un proyecto más concreto”, reafirma.
El abogado dice que de esta manera se diseñó el Proceso Constituyente actual. “Con una etapa participativa, una deliberación constituyente y una tercera etapa que tiene relación con el plebiscito final ratificatorio”, cuenta.
Desde que se dio a conocer públicamente el método de cómo se está llevando a cabo el proceso, hasta ahora, Tomás Jordán percibe que, “como equipo han visualizado que las personas valoran el deliberar públicamente sobre asuntos de relevancia y en este caso afortunadamente es una deliberación pública y abierta. Nosotros tenemos un objetivo trazado y se ha ido mostrando que la gente valora esa posibilidad”, afirma el abogado.
Diagnóstico, lecciones y paridad
Tomás Jordán asegura que antes de plantear la metodología con la que se iba a llevar a cabo el Proceso Constituyente, como equipo hicieron un diagnóstico sobre cómo se impulsaron las reformas constitucionales anteriores en Chile.
A través de ese análisis se dieron cuenta que la Constitución actual adolece de un gran defecto.“Las reformas constitucionales que se hicieron en Chile fueron correctas y exitosas en términos de reformas, pero lo que no se pudo producir es un factor de legitimidad en el proceso de cambio de la Constitución”. Es por esto que Jordán asegura, que “el defecto que tiene la Carta Magna, es que las personas no la sienten propia y nosotros diagnosticamos que esto se debía a que hay una distancia entre personas y proceso de cambio constitucional. Por eso la inspiración para crear la metodología de este proceso tiene que ver en cómo reducimos esa brecha”.
De esta manera Tomás Jordán explica que al incorporar la participación ciudadana en el modelo del proceso constitucional, se puede estrechar esa distancia entre los actores. “Ese es el gran desafío de toda deliberación, que sea incidente y que el resultado de esa conversación conlleve en el compromiso de que esto se traduzca en un texto constitucional”.
Otro de los desafíos más difíciles que tiene el proceso previo para modificar la Constitución, es la información. Jordán, explica que desde su inicio y hasta ahora, ha podido ver “que hay que informar más y de mejor manera a la ciudadanía”.
“A medida que las personas se informan, se produce directamente una relación con la voluntad de participar. Por lo tanto, esa brecha de desconocimiento es la que pudo haber existido al inicio y la que generó inhibición en la participación. Sin embargo, una vez que los ciudadanos han tomado conocimiento, han querido estar presente y participado”, cuenta Jordán
Algunas organizaciones de mujeres y feministas han declarado públicamente que el proceso constitucional no asegura paridad en esta etapa y que nuevamente los derechos humanos de las mujeres podrían quedar fuera de la discusión. Sin embargo, para el abogado y coordinador del Proceso Constituyente, la metodología sí asegura paridad y diversidad.
“El hecho de que los grupos se organicen entorno a sus propias áreas temáticas de interés permite que haya paridad. La auto-organización permite que las personas junten a gente de su propio mundo para organizar encuentros en los cuales releven sus temas de interés”, explica Jordán.
Además, asegura que “nosotros queremos que los ciudadanos puedan ir a dar a conocer su punto de vista y que las distintas miradas -las más pluralistas posibles- pueden estar contenidas en un modelo de cambio constitucional”.
Existen 4 maneras de participar en el Proceso Constituyente. A través de la participación individual, de encuentro locales, de cabildo provincial y mediante el cabildo regional. Cada etapa tiene su tiempo y fecha determinada para participar. Sin embargo, el coordinador del proceso Tomás Jordán sostiene que las bases ciudadanas para una Nueva Constitución se podrían entregar a fines de octubre a la Presidenta Michelle Bachelet.
Francisca Pérez, directora de La Morada:
“Este proceso constituyente no está considerando las particularidades de las mujeres”
Por Nancy Muñoz
En octubre de 2015 la presidenta Michelle Bachelet anunció la ruta del gobierno para instalar las bases de una nueva Constitución. Diálogo ciudadano a nivel local, regional y nacional; entrega de las bases ciudadanas para un posterior proyecto de ley, discusión parlamentaria del mecanismo constituyente y un plebiscito de ratificación son hasta ahora los pasos propuestos por el Ejecutivo.
A la fecha, el proceso constituyente– cuyo objetivo principal es redactar una nueva Carta Fundamental– se encuentra en su fase inicial: la etapa participativa que busca recoger las diferentes visiones que conforman la identidad del país y bases de una nueva Carta Fundamental. De esta forma, hasta el 23 de junio se llevará a cabo la etapa local donde se contempla la participación de la ciudadanía a nivel individual a través de una plataforma web y una encuesta, además de diferentes encuentros autoconvocados.
Sin embargo, el inicio del proceso no ha estado exento de polémicas por parte de la coalición opositora y de gobierno, implicando cambios en las exigencias relativas a las reuniones locales por mencionar un ejemplo. Francisca Pérez, feminista, psicóloga de la Universidad de Chile y directora de la Corporación Casa de la Mujer La Morada asegura que, si bien este proceso de cambio es una oportunidad y un gran desafío para los diferentes grupos sociales y políticos, “en este proceso constituyente no hay una consideración de las particularidades de las mujeres, de las brechas de género ni de las desigualdades en nuestro país”.
La docente de la UMCE manifiesta que se vuelve indispensable que los diferentes grupos feministas y de mujeres se articulen, se congreguen y trabajen en conjunto para poder proyectar una labor con fundamentos contundentes que permitan concluir este proceso con la elaboración de una nueva Constitución basada en la diversidad de sujetos existentes en el país.
Proceso Constituyente
Para que los diálogos se realicen de manera libre y transparente, el Ejecutivo estableció un Consejo Ciudadano de Observadores cuyo fin principal es velar por el correcto funcionamiento de todo el proceso constituyente participativo. Esta entidad está conformada por 15 personalidades del mundo empresarial, social y político. Sólo dos mujeres lo integran. Para Francisca Pérez el que haya un número establecido de mujeres en los encuentros no es fundamental; una o más no tienen por qué ser representativas del resto de las mujeres de la sociedad. “Me parece que es importante que haya mujeres, pero me parece más importante aún que hayan representantes de una perspectiva de género y de una perspectiva feminista– que no es lo mismo– y acá eso no se está dando”, asegura.
Por lo mismo, para la directora de La Morada el proceso constituyente tiene un sinnúmero de falencias: “es muy difícil pensar¬– en lo que va del proceso– en una orgánica que pueda dar cuenta de las necesidades, los planteamientos y las reflexiones de grupos importantes de mujeres y de feministas”.
Para ella, el principal error en lo que va del proceso hacia una nueva Constitución es no reconocer la existencia de sujetos sociales como feministas, trabajadores, profesores, entre otros; que no son sólo grupos manifestándose, proponiendo y demandando; sino que también son actores políticos a los que se les debería dar el espacio necesario dentro de una discusión que es de carácter político. Para Pérez “este proceso constituyente no está considerando la existencia o participación de esos sujetos, por lo tanto, no está tomando en cuenta el reconocimiento de las mujeres como sujetos diferentes”.
La psicoanalista cree que el proceso constituyente debiese haber contado desde un principio con la presencia de aquellos sujetos sociales-políticos que sí se encuentran organizados para plantear sus propuestas y no, por ejemplo, con “un jugador de fútbol que si bien llama la atención de las personas, no es un sujeto político sino un representante de una masa que gusta de un deporte en específico”. “Me parece que se intenta neutralizar algo que es político. Este proceso debiese haber considerado desde el primer momento al sujeto político, a nosotras como feministas, por ejemplo, entendiendo que no tenemos una mirada neutra frente a este tema”, asegura la actual directora de La Morada.
Reconocimiento de la diferencia
Francisca Pérez es enfática para calificar el proceso constituyente. Cree que es un mecanismo que evidencia la precariedad de la vida en común que llevan los ciudadanos de Chile, aludiendo a que invita– lamentablemente– a mirar la vida social como algo individual. “Es un mecanismo que no reconoce la necesidad y el desafío fundamental que implica todavía hoy restablecer vínculos– que son políticos– para nuestra convivencia”, dice.
La Casa de la Mujer La Morada, creada en 1983, es una organización que desde su inicio marca una doble vocación: por un lado, de trabajo con las mujeres desde las complejidades del pensamiento feminista y, por otro, un quehacer político que pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres, denunciar discriminaciones y contribuir a modificar las prácticas políticas y culturales sexistas. Desde el punto de vista de La Morada, Pérez asegura que como institución feminista lo que esperan es “establecer un nuevo pacto de convivencia que reconozca y considere a una sujeta mujer, con diferencias, que no pueden confundirse con desigualdad o discriminación”.
Para La Morada, la nueva Carta Fundamental debe garantizar necesariamente el reconocimiento de la igualdad ante la ley. Sin embargo, Francisca Pérez dice que esto no implica la negación de la diferencia entre sujetos ni mucho menos que esa diferencia debiese significar la desigualdad en el ejercicio de los derechos. “Nos parece que un punto básico y necesario es contemplar la diversidad de sujetos que existen en nuestro país y que implica considerar las diferencias étnicas y políticas, por ejemplo, hasta las diferencias relativas al género”, dice.
Para la psicóloga, esa diferencia tiene que ser reconocida, legitimada y respetada desde la igualdad de derechos en los diferentes ámbitos que la Constitución determine. “Una igualdad que resguarda la diferencia– es la gracia de eso– no una igualdad para que todos sean iguales sino que una igualdad de derecho ante esta ley fundamental que es la que debiera poder amparar y albergar realmente a todos y no favorecer a uno”, asegura.
Desde La Morada advierte que para asegurar que aquellas cualidades de la diferencia no impliquen desigualdad, una nueva Constitución no sólo debe contemplar los derechos, sino que también establecer los mecanismos que asegurarán su ejercicio. “El gran desafío de un proceso constituyente como este es apuntar al horizonte de establecer un modo de convivencia que no perpetué la desigualdad y las brechas en el género, en la economía, en la cultura, en la educación”.
La Asamblea Feminista
Para que la igualdad de derechos, el reconocimiento de las diferencias y la consideración de un sujeto político sea contemplado en este proceso constituyente, Francisca Pérez asegura que es fundamental no sólo la participación individual o grupal con un mínimo de 10 personas, también la generación de diálogos entre las distintas organizaciones de la sociedad civil en diferentes puntos del país.
Es por esto que La Morada, junto a otras agrupaciones feministas, a mujeres independientes y a otras pertenecientes a partidos políticos, desde hace unos meses se encuentran articulando una Asamblea Feminista que pretende identificar, demandar y proponer algunos de los puntos esenciales que debiesen contemplarse en una nueva Carta Fundamental. Junto a esto, la iniciativa pretende distinguir las metodologías de asociación, de discusión y de implementación necesarias para que un proceso constituyente como este llegue a un buen fin.
Francisca Pérez asegura que si bien esta Asamblea Feminista ha tenido distintas instancias de diálogos, siguen trabajando para lograr– durante el proceso constituyente– un estado de articulación importante tanto a nivel regional como a nivel nacional y así levantar no sólo demandas sino que también diferentes propuestas. “Para nosotras como Asamblea Feminista es muy importante hacer visible lo que pueda surgir ahí como demanda, como propuesta y como presencia masiva. Es importante también buscar la manera de darle a todo lo que allí surja una continuidad de trabajo en el tiempo”, dice la actual directora de La Morada.
Francisca Pérez afirma que trabajarán para que las demandas de La Morada y de la Asamblea Feminista sean visibles, atendibles e innegables aunque está consciente de las limitaciones del entorno político. En ese sentido, cree que este proceso constituyente es una oportunidad, un desafío y puede llegar a ser un hito para que los problemas y las propuestas de las mujeres sean conceptualizados como un problema político, vinculado al género. “El feminismo no tiene fecha de vencimiento en la medida en que los derechos no estén siendo asegurados. Esto es una pelea día a día, por eso hay que estar atentas para que sí se tomen en cuenta las cosas que se están pidiendo y proponiendo”.
Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política UDP:
“Me hubiese gustado un proceso participativo y vinculante, y esa condición política la tiene una Asamblea Constituyente”
Por Jocelyn Escárate
En el último trimestre del año pasado se comenzó a desarrollar una de las grandes promesas de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet para su segundo mandato: el cambio a la Constitución. Mucha especulación hubo de cuál sería el mecanismo para llevar a cabo este cambio, sin embargo, se optó por un proceso de varias etapas que culminará el 2018 con un plebiscito.
Luego de 7 meses de haber comenzado con él, Claudio Fuentes –Doctor en Ciencia Política y Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) – afirma que “en el marco de una coalición dividida y con una derecha que todavía es muy relevante en el proceso político chileno, creo que el camino que escogió la presidenta era menos malo que esperar hasta el 2018 para recién empezar a discutir sobre una nueva Constitución”.
Según Fuentes, lo que hizo el gobierno fue poner en marcha el proceso a través de un mecanismo de participación no vinculante, de modo de generar condiciones políticas para que los chilenos comenzaran a hablar de la Constitución. Pero asegura que “la forma en que se ha desplegado este proceso ha tenido muchos problemas”. Esto, porque en su opinión la implementación se hizo bastante improvisadamente en las etapas iniciales: “una campaña de educación cívica con la que no pasó nada, muy mal diseñada, con pocos recursos y con poca posibilidad dedesplegarse nacionalmente”.
Por otro lado, afirma que siempre existió mucha resistencia de parte de los grupos más conservadores de la derecha, de los empresarios y de los políticos que decían que no era necesaria una nueva Constitución y que frenaban cualquier opción de cambio. Y también que existieron problemas operativos que tenían que ver con el tipo de formulario que se utilizaría o con la cantidad mínima de personas que tenían que participar del encuentro autoconvocado, lo que repercutió en que el proceso estuviera bastante desorganizado en un comienzo. “Me hubiese gustado un proceso participativo y vinculante, y esa condición política la tiene una Asamblea Constituyente o un plebiscito en el que la ciudadanía defina qué mecanismo es más apropiado”, asegura.
Encuentros locales autoconvocados: ¿el único espacio de participación ciudadana?
El diseño de la etapa de encuentros locales autoconvocados está hecho para que la ciudadanía tenga la posibilidad de decir: “me gustaría que tal tema estuviera en la Constitución” y no para ser un espacio de representatividad, explica Claudio Fuentes. De acuerdo a lo argumentado por el doctor en Ciencia Política, “estos espacios están pensados para socializar y abarcar un espectro de gente que usualmente no se sienta un día sábado a conversar sobre la Constitución. Su objetivo no es de representación, sino que es de discusión y de conversación”.
Actualmente, nadie puede tener certeza de que la discusión en estos encuentros vaya a ser considerada en una nueva Constitución. Sin embargo, y a pesar de que los encuentros no son vinculantes, lo que se concluya en ellos se traducirá en unas “Bases ciudadanas para una nueva Constitución”, en las que se recopilarán las ideas que resulten de esta etapa, transformándolas en insumos para las discusiones posteriores. Claudio Fuentes asegura que, para que el próximo Congreso ponga en la agenda los temas que resultaron relevantes en esta etapa, va “depender de la capacidad de la ciudadanía para presionar por que estos temas entren en la discusión política”.
La ciudadanía no sólo debe empoderarse y presionar a los legisladores/as para que los temas que crean relevantes se consideren en una nueva Constitución. También deben estar preparados para las discusiones que se vienen como, por ejemplo, la decisión que debe tomar el Congreso durante el próximo año para determinar cuáles serán los mecanismos de reforma de la nueva Constitución.
Según explica Fuentes “este es un proceso de incidencia ciudadana” y si los chilenos y chilenas no están atentos, pueden terminar aceptando un mecanismo de reforma constitucional que no es el que ellos consideran más idóneo. “No es que ahora en julio terminen los encuentros, terminen los cabildos y nos vayamos para la casa y dejemos al Congreso decidiendo, porque la historia no termina ahí. La historia va a seguir y va a depender mucho de la ciudadanía que siga en favor de abrir los espacios de participación. Eso es lo que creo que todavía no se comprende”, dice.
Laboratorio Constitucional UDP: un nuevo espacio de trabajo
Hoy, Claudio Fuentes está a cargo del Laboratorio Constitucional de la UDP, que busca –a través de redes sociales, de su página web y de apariciones en los medios de comunicación– difundir contenidos sobre el actual proceso constituyente que está viviendo Chile.
El director de la Escuela de Ciencia Política UDP dice que el trabajo que se está realizando se divide en 3 grandes áreas: la primera, es la de sistematización de contenidos, en la que se busca levantar información de toda la dinámica del proceso constituyente. “Aparte de la información de prensa, estamos haciendo análisis de cómo evolucionan los debates. También vamos a hacer etnografías en los cabildos, vamos a observar cómo se experimenta la participación, cómo se despliega, quiénes son los que hablan –hombres, mujeres o indígenas– y por qué se conversan ciertos temas”, cuenta.
La segunda área de trabajo del Laboratorio Constitucional es la relacionada con generar un vínculo con el medio. Según comenta Claudio Fuentes, se les pidió a los estudiantes de dos colegios que redactaran un artículo de la Constitución referente al reconocimiento de los pueblos originarios. La idea es que los alumnos y alumnas investiguen y luego presenten sus conclusiones en la UDP para que deliberen acerca de la redacción de un artículo que puede ser parte de una nueva Constitución de acuerdo a la información que encontraron. Además del trabajo con los establecimientos educacionales, las personas que colaboran en este Laboratorio realizan talleres para juntas de vecinos en los que explican para qué sirve y por qué es importante una Constitución y, también, para aclarar de qué se trata el proceso constituyente que vivimos actualmente.
Finalmente, la tercera área que aborda es la de hacer trabajo de incidencia. “Esto quiere decir que en el contexto de las discusiones públicas nacionales, estamos tratando de mostrar dimensiones que no están siendo tocadas”, asegura Fuentes. Por ejemplo, afirma que muchos actores han señalado que acá sólo se discute el mecanismo para una nueva Constitución y no el contenido de ella. Entonces desde el Laboratorio sistematizaron todos los seminarios que se han realizado en los últimos dos años para ver qué es lo que se discute y descubrieron que en realidad casi la mitad de ellos hablaba sobre el mecanismo y la otra mitad sobre el contenido. Lo que buscan con este trabajo es “desvirtuar ciertos discursos que hay en el ambiente y que muchas veces son contrarios a lo que la realidad muestra”.
Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de Corporación Humanas
“El proceso no ha sido paritario ni representativo y eso es una mala señal”
Por Marcela Tapia
En octubre del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet anunció cómo se llevaría a cabo el proceso para cambiar la actual Constitución. A través de una cadena nacional mencionó que eran 4 los métodos propuestos para avanzar en este cambio.
Actualmente, Chile está viviendo un Proceso Constituyente, una etapa previa y participativa para modificar la Carta Magna. Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de la Corporación Humanas se refiere a él y a cómo se están organizando las mujeres y feministas para que los derechos humanos de las mujeres no queden fuera de este debate.
Carolina Carrera explica que el mecanismo con el que se está llevando a cabo este Proceso Constituyente “costó entenderlo en un comienzo, la primera presentación que hizo la Presidenta fue difusa en términos de cuál era el sentido del diálogo, es decir, qué tan vinculante iba hacer el proceso. Incluso, llegaba a ser contradictorio cuando se leía”.
Uno de los objetivos del Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) es dar ecuanimidad al proceso en los encuentros locales y cabildos provinciales y regionales. Sin embargo, Carolina Carrera afirma que “el proceso no ha sido paritario ni representativo y eso es una mala señal. Una vez más se optó mayoritariamente por abogados y constitucionalistas (en la integración del CCO) cuestión que desvirtúa el sentido del proceso”.
Los problemas del proceso constituyente
Si bien es cierto para Carolina Carrera el Proceso Constituyente sí es un proceso participativo advierte que tiene diversos problemas que resolver. “Es un problema el corto tiempo pensado para la realización de los encuentros autoconvocados, son 2 meses y eso es muy poco para llevar a cabo esta primera etapa”.
Para Carrera, otra gran dificultad que tiene el proceso es su mecanismo digital. La única forma para inscribirse en los encuentros autoconvocados es a través de la plataforma webwww.unaconstituciónparachile.cl“Entiendo que la metodología apunta a sacar conclusiones en un mismo mecanismo de diálogo y participación, pero finalmente las actas hay que subirlas y para eso hay que tener acceso al mundo de la tecnología y saber ocuparla”, explica Carolina Carrera.
Además, es enfática en decir que “en el caso de muchas mujeres eso es una complicación, porque sabemos que existe aproximadamente un 40% de mujeres que no usa tecnología (SIC). Lo mismo ocurre con los sectores rurales también tendrán una mayor dificultad para poder ser parte de este proceso”.
La presidenta de la Corporación Humanas explica que respecto a la metodología y la búsqueda permanente de un consenso, el proceso también es un problema. “Esta búsqueda de consenso no ayuda a que exista un diálogo entre distintos actores. En definitiva, la tendencia es que, si yo quiero que efectivamente los derechos humanos de la mujeres queden en este documento final, tengo que hacer muchos encuentros autoconvocados y promoverlos”.
Ejemplifica diciendo que “para que los derechos sexuales y reproductivos queden en el documento final, necesito de ese consenso. Entonces no podemos decir: hagamos un diálogo entre quiénes no estamos de acuerdo, muy por el contrario, la tendencia será realizar encuentros que propicien los acuerdos”.
Las Constituyentes
Hace algún tiempo y desde que se informó sobre la metodología para avanzar en el Proceso Constituyente, distintos grupos y feministas se organizaron para reflexionar sobre el proceso que se está desarrollando en Chile.
Carolina Carrera, junto a otras mujeres crearon el grupo “Las Constituyentes”https://www.facebook.com/NosotrasLasConstituyentes El primer paso que dieron como organización fue reflexionar y realizar un profundo análisis frente a los temas que surgen en torno a una Nueva Constitución; al método para cambiarla, las etapas y el proceso construido por el Ejecutivo.
“Determinamos que íbamos a tener una participación crítica porque una serie de derechos no quedaron incorporados en la metodología que se estaba llevando a cabo. Es decir, los derechos de las mujeres no estaban a priori en este proceso”, explica la psicóloga Carolina Carrera.
Como organización “Las Constituyentes” escribieron un documento explicando de diversos conceptos y fundamentos “realizamos este trabajo porque sabíamos que no estaría incluido en esta etapa, por eso comenzamos a trabajar por los principios de valor, pero fundamentándolo; como la igualdad sustantiva, la no discriminación, la democracia paritaria”, detalla Carolina Carrera.
Además explica que la importancia de este documento y el trabajo que han hecho como grupo“nos permite sociabilizar con las mujeres para que cuando hagan eventos autoconvocados o participen de éstos, los derechos mínimos que nos interesan queden representados (…) Si nosotras no realizamos esto, sabemos que la voz de las mujeres una vez más quedaría invisibilizada”, enfatiza Carrera.
Por último, la presidenta de Corporación Humanas asegura que el trabajo que están haciendo como mujeres y como parte de la agrupación “Las Constituyentes”, no sólo será en esta etapa del proceso. “Vamos a seguir peleando para que efectivamente quedemos con una constituyente paritaria”, cuenta.
“Nosotras no terminamos el trabajo en agosto, cuando se entreguen las bases (SIC) sino que vamos a seguir en debate y exigiendo al próximo Congreso -quienes serán los encargados de definir el mecanismo para una Nueva Constitución- una posición frente a la metodología y cómo van a incorporar el trabajo de las mujeres en una nueva Carta Magna”, reafirma Carolina Carrera.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.
Aunque en el año 2005 se eliminaron muchos de los enclaves autoritarios, subsiste en la Constitución actual una concepción de las Fuerzas Armadas como poder de seguridad, aspecto que requiere una revisión sustantiva a la hora de modificar la Carta Magna.
¿Qué dice la Constitución actual? El texto las define adecuadamente como esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Las dificultades comienzan cuando se examina la inserción institucional de ellas en un marco democrático. Por ejemplo, el vínculo entre el Presidente y las FF.AA. en tiempos de paz pasa por el ministro de Defensa. El Presidente de la República asume la jefatura suprema de las FF.AA. solo en caso de guerra, lo que de por sí constituye una anomalía en un sistema democrático. Debiese existir una supremacía civil en todo momento, cuestión que hoy no ocurre.
Tal como la propuesta del Proyecto Puentes lo señala, una de las principales anomalías dice relación con el concepto e institucionalización de la “seguridad nacional”, que coloca a las FF.AA. en un sitial de autonomía y supervigilancia del proceso político nacional. Por ejemplo, la Constitución actual considera un Consejo de Seguridad Nacional integrado por cinco autoridades civiles, los tres comandantes en Jefe de las ramas castrenses y el general director de Carabineros. Aunque es una entidad asesora, “cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional” (art. 107).
Es decir, cualquier autoridad uniformada podría plantear allí opiniones que, a su juicio, estarían atentando contra las bases de la institucionalidad. ¿En qué posición podría quedar la autoridad civil si en alguna circunstancia histórica las FF.AA. explicitan, por ejemplo, que el propio Presidente está afectando las bases de la institucionalidad? ¿Sería este hecho considerado un acto de insubordinación o de legítima preocupación por las bases institucionales?
El artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc.
Pero además, el artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc.
¿Quién o quiénes, entonces, evalúan si la explotación de un yacimiento es esencial para la seguridad nacional? ¿Quién o quiénes determinan el límite a la libertad de enseñanza cuando se vea afectada la seguridad nacional? Además de no definirse dicho concepto en la misma Constitución, ella deja un amplio marco de incertidumbre y discrecionalidad, dado que perfectamente podría entenderse, del texto actual, que les corresponde a las FF.AA. intervenir en esas decisiones precisamente porque son esenciales a la seguridad nacional. Una nueva Constitución deberá modificar dicho concepto que se asocia a una dinámica propia de la Guerra Fría, donde las FF.AA. intervenían en asuntos internos.
Otro aspecto que requiere una importante revisión dice relación con los ascensos y retiros de oficiales, por cuanto, de acuerdo a la Constitución, el o la Presidenta de la República solo podrán determinar nombramientos, ascensos y retiros a propuesta de los comandantes en Jefe respectivos, lo que limita la autoridad presidencial sobre las instituciones armadas. Como, además, son los comandantes en Jefe quienes proponen la lista de ascensos y retiros, dependerá de ellos –y no de la autoridad civil– definir la línea de mando que va conformándose en las instituciones castrenses.
A ello debemos agregar la participación de las FF.AA. en funciones no militares, como es su rol en custodiar el proceso electoral o asumir la jefatura de plaza en estado de excepción, dos aspectos que les correspondería asumir a autoridades civiles. Finalmente, se requiere asignar un rol relevante al Congreso en materia de control de algunas definiciones de la Defensa, cuestión que tampoco ocurre hoy.
En síntesis, la nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional.
En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que la obra gruesa de su gobierno estaba casi terminada. Pero en tanto su gobierno continúe haciendo fuerza para poner en marcha un proceso constituyente, seguirá reinando la incertidumbre respecto al futuro de la principal obra gruesa sobre la que se sustenta la institucionalidad de Chile.
Ante las crecientes críticas en el país sobre la conveniencia de ponerle freno al espíritu fundacional de este gobierno, Bachelet declaró que “la mayor parte de la obra gruesa terminó y ahora viene la fase de implementación”. Buscando tranquilizar a los que acusan al gobierno de promover la incerteza jurídica y la incertidumbre respecto al marco institucional que regirá la actividad económica en los próximos años, Bachelet quiso aclarar que el periodo de reformas ya estaba llegando a su fin.
Pero la tranquilizadora frase inmediatamente fue contradicha por la evidencia. La Presidenta anunció que en el mes de junio enviaría el proyecto de ley que regulará el sistema de gratuidad en la educación superior. En estos días también han sido notorias las discrepancias en el gobierno sobre cómo responder a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la titularidad sindical. El gobierno está considerando buscar una reforma constitucional que establezca la titularidad sindical o introducir un veto sustitutivo para eliminar aspectos a favor de la flexibilidad laboral que habían sido introducidos como monedas de cambio por la implementación de la titularidad sindical. La iniciativa de reforma política que busca la elección directa de los intendentes no puede sino ser catalogada como obra gruesa. De hecho, sería el paso más significativo en pro de la descentralización tomado desde el retorno de la democracia.
Pero no hay evidencia más incuestionable sobre la persistencia del espíritu fundacional de la Nueva Mayoría que el esfuerzo al que se ha abocado el gobierno para dar marcha a un proceso constituyente. Es cierto que hasta ahora, el proceso no es sino un gran focus group que recogerá las visiones de los que quieren participar para lo que en definitiva será una propuesta de nueva constitución redactada por el gobierno. Los encuentros locales que se están realizando son solo instancias consultivas sin poder resolutivo. Si bien el gobierno ha declarado que las conclusiones de estos encuentros serán tomados en cuenta, la falta de especificidad sobre cómo serán tomados en cuenta en la propuesta que Bachelet haga al Congreso —y que deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 en ambas cámaras— levanta justificadas dudas. Es bueno sentarse a conversar con otros sobre el Chile que queremos, pero no tiene mucho sentido creer que esa conversación tiene poder resolutivo sobre el texto de propuesta constitucional que el gobierno presentará al Congreso.
Con todo, aunque el proceso constituyente no sea tal, el solo hecho de que el gobierno haya decidido darle ese nombre refleja el compromiso con una nueva constitución para Chile. Como fue una promesa de campaña de Bachelet —tal vez la más importante—, nadie puede sentirse engañado de que la Presidenta esté intentando impulsar un proceso constituyente. Aquellos que en 2013 restaban valor a la promesa de Bachelet de que impulsaría una nueva constitución se equivocaron. Muchos en el PDC y en el empresariado que entusiastamente apoyaban la candidatura de Bachelet decían, en privado, que no habría nueva constitución, solo reformas a la actual. De hecho, incluso hoy, algunos aliados de la Presidenta prefieren hablar de reforma constitucional en vez de aceptar que el gobierno de la coalición de la que forman parte está profundamente comprometido con lograr remplazar la Constitución de 1980.
Ya que Bachelet lo prometió en campaña y su gobierno ahora intenta cumplir esa promesa, el esfuerzo por impulsar un proceso constituyente que resulte en una nueva constitución será la principal iniciativa del gobierno en los próximos meses. Pero, por eso mismo, resulta ilógico aseverar que la obra gruesa de este gobierno está casi terminada. No hay obra gruesa más importante que la constitución. Todos los otros debates y acuerdos quedarán supeditados a lo que diga el nuevo texto constitucional. Desde la posibilidad de establecer la titularidad sindical en la constitución hasta la disputa sobre si la educación superior deberá ser declarada como un derecho al que todos tendrán acceso gratuitamente, la nueva constitución reabrirá el debate sobre todos los puntos que el gobierno considera como parte de su obra gruesa y sobre todos los otros valores e instituciones que son parte de una constitución.
Uno puede o no estar de acuerdo con que Chile necesita un nuevo texto fundamental. Pero aquellos que creen que el país precisa de una nueva constitución —y que están activamente trabajando para impulsarla— no pueden decir también que la obra gruesa del gobierno está casi terminada.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
Aunque el discurso presidencial se vio empañado por actos de violencia en Valparaíso, los contenidos del mensaje no dejan de ser llamativos. Si se pudiera mapear temáticamente el discurso, se detectan cinco líneas troncales. Primero, se refuerza la tesis del Gobierno respecto a que el Estado acompañará a los ciudadanos desde la sala cuna hasta la vejez. Segundo, que para ello se necesita de un sistema de protección social junto con un esfuerzo en mejorar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para lo que anunció la creación de un Ministerio. Tercero, la Presidenta enfatizó en políticas de género. Aunque le ha sido difícil lograr la paridad en su gabinete y en los cargos de confianza presidencial, manifestó la necesidad de que al menos el 40% de los directorios de empresas esté compuesto por mujeres. Cuarto, puntualizó los desafíos en materia de desarrollo sustentable y cohesión social. Quinto, subrayó las nuevas reglas de la democracia que, teóricamente, contribuirán a reducir la brecha entre la elite y la ciudadanía, mejorando la calidad de la representación. Dos veces se refirió a la reforma más importante -y la mejor diseñada- que corresponde al reemplazo del binominal por un sistema más proporcional.
El discurso recibió 33 aplausos. Las áreas más vitoreadas fueron Salud y Nueva Constitución. En Salud se anunció la construcción de más hospitales, el incremento en el número de médicos y especialistas, y el refuerzo del programa “Sonrisa de mujer”, entre otros. En el área de nueva Constitución -un asunto que genera mayor polarización y debate- la Presidenta calculó la participación, hasta ahora, de 60 mil personas. La cifra no es espectacular e, incluso, es más baja que la registrada, por ejemplo, en las primarias locales del PDC para definir candidatos a alcalde en 23 comunas y candidatos a concejal en otras 74. Entonces, si bien este asunto produce alta expectación en la elite, no sucede lo mismo en la ciudadanía. Hay ahí una tremenda brecha de representación. Si bien las encuestas muestran apoyo a la nueva Constitución, en la práctica el interés está muy por debajo de lo esperado.
Casi al finalizar su discurso, la Presidenta confirmó su compromiso con la elección directa de los intendentes para 2017. El proyecto fue ampliamente aprobado en general en el Senado y no se entiende muy bien por qué aún carece de urgencia. En lugar de dar la vuelta más larga a través del proceso constituyente, el Gobierno podría encarar los desafíos de la descentralización de manera más concreta. La Presidenta recibió triple aplauso cuando promovió gobiernos regionales más autónomos y una ovación más intensa cuando llamó a elegir directamente a los intendentes. Probablemente, en su propio gabinete se esté bloqueando el avance de la iniciativa. Eso es no entender que la reforma reduce el “hiper-presidencialismo” y que, en la práctica, protege al Presidente frente a los conflictos regionales.
Si la Presidenta quiere pasar a la historia por el volumen y calidad de las reformas institucionales, el cambio al binominal -siendo de máxima importancia- no es suficiente. El plan de desarrollo y la instauración de una red de protección social serán más viables de instituir con autoridades que, electas por los ciudadanos, conozcan más de cerca la realidad de sus regiones y que, por cierto, rindan cuenta ante ellos y no ante el Presidente.
Investigador Asistente del Observatorio Electoral del Instituto de Ciencias Sociales de la UDP.
El gobierno está trabajado para promulgar una nueva Constitución. Como parte de su programa de gobierno dijo que llevaría a cabo un proceso constituyente de siete etapas. En sus primeros dos años, ya ha puesto en marcha tres de ellas: (1) un proceso de educación cívica, (2) la designación de un consejo de observadores, y (3) cabildos de diálogos ciudadanos. En lo que queda de gobierno, espera avanzar significativamente sobre las cuatro restantes: (4) la entrega de las bases ciudadanas, (5) la ratificación de la Constitución actual para permitir la legislación, (6) definir el mecanismo y debatir sobre el contenido, y (7) llevar a cabo un plebiscitito ratificatorio.
Mientras la gran mayoría del país está bajo la percepción de que el proceso constitucional ya comenzó, los partidos de derecha y sus representantes más emblemáticos se dividen entre los que lo buscan ignorar y los que lo buscan avalar. El primer grupo está bajo la impresión de que tienen el poder de veto para detener el proceso. Su apuesta es que pueden detener la ofensiva en la quinta etapa al hacer uso de su minoría legislativa. El segundo grupo piensa que el proceso es algo inevitable y que se va llevar a cabo con o sin su apoyo. Su apuesta es participar en el proceso para influir en el producto final.
No existe un corte claro entre ambos grupos pero parece haber un clivaje generacional y de recambio entre ambos. En el primero prevalecen los clásicos políticos a favor del statu-quo, y en el segundo predominan las caras nuevas a favor del debate. Es, por ejemplo, la diferencia entre los Senadores RN Andrés Allamand y Manuel José Ossandón, o entre los diputados UDI Ernesto Silva y Jaime Bellolio. Mientras que Allamand y Silva representan a la derecha tradicional, Ossandón y Bellolio representan una derecha post-transicional. Los cuatro legisladores son símbolos de facciones internas de sus partidos, y como tal representan divisiones internas.
Aunque la mayoría de las figuras emblemáticas de Chile Vamos está en contra de participar, cada día crece el número de representantes a favor. A medida que a cada figura emblemática se le levante una figura alternativa con una posición contraria crece la tensión interna en la coalición. Al final, por cada una de estas parejas habrá solo un ganador. Si el proceso constituyente no se lleva a cabo, el grupo a favor del statu-quo habrá ganado y reafirmado su posición hegemónica en la coalición.En cambio, si el proceso sí se lleva a cabo, el grupo que apostó por participar se llevará senda victoria, ganándose un importante espacio en el sistema político.
Lo importante, entonces, es definir la probabilidad de que se lleve a cabo el proceso constituyente. No es algo que se pueda definir a ciencia cierta, pero sí nos podemos aproximar a aquello. Suponiendo que la sobrevivencia de los partidos políticos depende de su capacidad para adaptarse a las demandas de los votantes, podemos también suponer que a medida que la gente pida un proceso constitucional, los partidos que quieren sobrevivir se cuadrarán con ellos. Si este es el caso, parece haber una alta probabilidad de que se lleve a cabo el proceso constituyente, pues las encuestas muestran un alto grado de alineamiento de la gente con él.
Ante estas prospectivas, la única forma de ganar para los que están a favor del statu-quo es colgarse de su minoría legislativa y usar sus tres-quintos en el Congreso para detener el proceso. Pero si anticipan una avalancha electoral en su contra, precisamente por manifestar una posición contraria al proceso, las prospectivas a favor del proceso constituyente aumentan significativamente. Una derrota de Chile Vamos en las elecciones municipales de este año, por ejemplo, podría convencer a varios políticos emblemáticos de la coalición de subirse al carro ganador. Si no se quieren subir por convicciones políticas, lo harán por estrategia electoral.
La apuesta del grupo a favor del statu-quo paga poco. Para Allamand, Silva y el establishment de la derecha, su mejor apuesta es apuntar a mantener una Constitución que tiene poco apoyo en las encuestas, y mantener su ya disminuido contingente legislativo. En cambio, la apuesta del grupo a favor de dialogar paga mucho. Avalar y sumarse al proceso no solo va ayudar a Ossandón, Bellolio y a las caras nuevas de la derecha a influir en el contenido de la nueva Constitución, pero además los va dejarposicionados para usar la victoria como propaganda para enfrentar la próxima elección presidencial y legislativa con más fuerza que nunca antes.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Uno de los compromisos del segundo mandato de Michelle Bachelet, es la creación de una Nueva Constitución para Chile. En este contexto, el Gobierno organizó una propuesta de participación ciudadana que finalizará en el año 2018. Bajo esta premisa nace el Laboratorio Constitucional, iniciativa de la Escuela de Ciencia Política UDP.
El equipo de trabajo está compuesto por Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP, Rodrigo Cordero, académico de la Escuela de Sociología, y Josefina Abarzúa, asistente de investigación. Además, contarán con voluntarios para trabajar en algunas etapas del proceso. En cuanto a la participación de estudiantes, el Laboratorio recientemente realizó una convocatoria para la etnografía de los cabildos que se desarrollarán en Chile. El fin de esta actividad es observar cómo es el despliegue y funcionamiento de los cabildos propuestos por el Gobierno. Actualmente ya existen más de treinta postulantes para esta tarea.
Esta investigación busca, según palabras de Claudio Fuentes, sistematizar la información que existe sobre el debate que se está generando en Chile para establecer una Nueva Constitución, crear algunos insumos originales de investigación y contribuir al debate público sobre el tema constitucional a partir de experimentos sociales que se efectuarán en el transcurso de dos o tres años, entre ellos, la participación de dos colegios, dónde se le pidió a los estudiantes que escribieran un artículo de la Constitución, a partir de su propia investigación. En cuanto a estas actividades, el cientista político explica que:
Este proyecto generará insumos nuevos para la discusión. Por ello, el director de Ciencia Política señala que el Laboratorio “tendrá un aporte desde el punto de vista de contribuir a los debates con datos y elementos sustantivos de cómo ha evolucionado el discurso, quiénes son los actores relevantes que están discutiendo esto, en el fondo es entregar una nueva mirada al proceso de construcción de una Nueva Constitución”.
Por otro lado, para la Facultad es una iniciativa importante, “ya que estamos haciendo un seguimiento a un tema que es muy contingente y es muy central para el futuro de Chile, dado que la Constitución ordena y estructura las relaciones de poder de la sociedad”, finaliza Claudio Fuentes.
En definitiva, el proyecto proporcionará oportunidades y experiencias de investigación y formación más allá del paradigma de cada disciplina o carrera creando un puente conector con el entorno, buscando trascender, hacer seguimiento y enriquecer tanto el debate Constitucional como también las actividades docente-formativas.
Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral UDP
La elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora.
En un proceso tan delicado como es la redacción de una nueva Constitución se debe actuar de manera responsable. Esto incluye desde los contenidos hasta el mecanismo. En esta columna no me referiré al gobierno ni a los partidos, sino que a los especialistas que han interpretado los resultados de distintas encuestas de opinión. Es razonable que muchos intenten convencernos de que la idea de una nueva Constitución es una preferencia casi unánime para los chilenos. Intentaré discutir que esto no es necesariamente así, y que muchas de las conclusiones responden más al voluntarismo que a la adecuada interpretación de la evidencia. Mi ánimo no es argumentar en contra ni a favor de la nueva Constitución, sino que sólo mostrar la distorsión que produce una inadecuada lectura de los datos.
La última encuesta CADEM-Plaza Pública señala que el 72% está de acuerdo con generar una nueva Constitución. Como he discutido en otras columnas, esta pregunta mide cierta propensión al cambio, pero no pone en juego todas las opciones. Además, al pedir que los encuestados entreguen alguna razón para cambiar la Constitución, sólo un 14% se refiere a la falta de legitimidad del actual texto, y un 4% al equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Los encuestados no mencionan las ideas que públicamente han esgrimido los defensores de la nueva Constitución en torno a las “trampas” del actual texto, pero sí aparecen aspectos que difícilmente serán resueltos por una nueva carta fundamental como lo son delincuencia, empleo o corrupción. Adicionalmente, un 28% dice que se debe cambiar la Constitución porque la vigente está desactualizada o es antigua.
La misma encuesta formula una pregunta que poco espacio tiene dentro de la discusión y, comprensiblemente, entre los defensores de la nueva Constitución. Me refiero a la siguiente: “Si se iniciara una revisión de la actual Constitución ¿usted cree que hay que modificarla en algunos aspectos o cree que hay que cambiarla por completo?” La mitad dice que se deben modificar “algunos aspectos”, mientras el que 40% cree que se debe cambiar “por completo”. La interpretación de estos datos contradice los resultados anteriores. Esto se explica porque en la pregunta se incluye la alternativa intermedia de reforma. Probablemente, estos resultados serían aún más abultados hacia el reformismo si se dieran dos condiciones: a) que el cuestionario no estuviese encabezado- al menos en este tema- por la postura a favor o en contra de la nueva Constitución. Es posible que los resultados de esta pregunta contaminen el resto del cuestionario, sobre-estimando las posturas de cambio radical. b) Que dentro de las alternativas que se sugieren, se incluya la opción “mantener la actual Constitución”. De esa forma tendríamos cubierta todas las opciones: los que no quieren cambios, los que quieren reformar la Constitución actual, los que quieren una nueva Constitución.
Hasta acá, y de acuerdo a estos datos, no está muy claro que la opción radical sea la predominante. De hecho, si existiera la posibilidad de plebiscitar estas alternativas, seguramente el reformismo saldría ganador. No obstante, y habiéndose saltado los esfuerzos para modificar la actual Constitución y establecer la posibilidad de ese plebiscito, la elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora.
Por último, la encuesta CADEM muestra que el 50% prefiere una Asamblea Constituyente y el 40% prefiere que sea el gobierno, Congreso y expertos quienes den forma al nuevo texto constitucional. Nuevamente, nos encontramos frente a un dilema en el fraseo de la pregunta. Dado que se da por hecho que tendremos una “nueva Constitución”, entonces es muy probable que estas cifras estén sobre-estimadas. Tales problemas metodológicos son de fácil solución. Sólo debemos incluir todas las alternativas disponibles. Por cierto, hay que respetar a quienes quieren mantener la actual Constitución. Estos insumos servirán de base para que los congresistas actuales decidan -por dos tercios- si aprueban o no el proyecto de reforma que enviará la Presidenta. Si este Congreso lo aprueba y habilita al próximo, entonces recién podremos discutir el mecanismo.
Legítimamente, los defensores de la Asamblea Constituyente creen que este es el mecanismo mayoritario. Una mirada más profesional, responsable y seria de la evidencia nos lleva, al menos, a ser más prudentes antes de emitir juicios.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente, el gobierno debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución.
A menos que la ciudadanía se exprese democráticamente en un plebiscito a favor de iniciar un proceso constituyente, cualquier intento por parte del gobierno o del Congreso para dar partida a un proceso constituyente estará viciado. Porque el poder constituyente reside en el pueblo, el pueblo debe primero dar su autorización antes de que el gobierno inicie esfuerzos para remplazar la constitución de 1980.
En la campaña presidencial de 2013, la Presidenta Bachelet se comprometió a impulsar una nueva constitución. Pero Bachelet nunca aclaró en su campaña cuál sería el mecanismo que utilizaría para alcanzar ese objetivo. Es más, Bachelet fue especialmente ambigua precisamente porque no había consenso en su coalición respecto a cuál debía ser el camino a seguir. Mientras algunos abogaban por una asamblea constituyente, otros preferían modificar la constitución actual. De ahí que no es válido sugerir que, porque Bachelet tuvo una mayoría en segunda vuelta, el proceso de consultas ciudadanas que se ha iniciado haya sido legitimado por el electorado.
Como Bachelet quería impulsar un proceso constituyente, el gobierno buscó una forma de hacerlo que no violara la institucionalidad. Ya que el orden constitucional actual otorga al Congreso el poder para cambiar la Constitución, el gobierno optó por un camino ambiguo que incorpora un elemento participativo y que resultará en un documento titulado “bases ciudadanas para la nueva constitución”. Ese documento será entregado al gobierno para que éste pueda producir un proyecto de nueva constitución que será sometido a consideración del Congreso.
Aunque algunos creen que el componente participativo constituye una señal positiva en sí misma, la forma idealizada en que el gobierno entiende la participación ciudadana refleja un voluntarismo infantil o bien esconde una mala intención evidente.
El que haya ciudadanos que se sienten a conversar no significa que habrá consensos sobre los valores y principios que debe incluir esa nueva constitución. Por ejemplo, bien pudiera ser que una mayoría de las personas quieran reducir el número de parlamentarios, pero eso no significa que todos vayan a pensar lo mismo. Como el mandato del proceso participativo es que se registren los acuerdos, los acuerdos parciales y los desacuerdos, el mecanismo no tiene capacidad resolutiva. Ya que el proceso no contempla un mecanismo para la resolución de diferencias, los cabildos no debieran ser sino una confirmación que no todos pensamos lo mismo sobre el tipo de país que queremos tener.
Ahora bien, como el proceso constituyente del gobierno parte de la premisa que va a haber una nueva constitución, el sesgo de la iniciativa probablemente induzca a ausentarse a aquellos que quieren mantener la constitución actual. Aunque los cabildos sean abiertos a toda la ciudadanía, sus resultados no tienen por qué ser representativos de la ciudadanía. La opinión del cabildo solo será representativa de los que participen. Además, como bien pudiera ser que los cabildos discutan cosas distintas, la mayoría de las conclusiones a nivel nacional serán acuerdos parciales o desacuerdos. Con todo, el gobierno espera producir un documento final que resuma el contenido de esos cabildos. Ese documento servirá de base para una propuesta de constitución que elaborará el propio gobierno.
No hay forma ni de asegurar que las conclusiones de los cabildos sean representativas de lo que quieren los chilenos. Tampoco hay forma de cerciorarse de que el informe final sea representativo de lo que se haya discutido en los cabildos. Como no hay mecanismos de resolución de conflictos —ni quedan estipuladas si los acuerdos deben ser por unanimidad, mayoría simple o mayorías calificadas—, no hay forma de asegurar que la voluntad de la mayoría de los participantes en los cabildos se vea reflejada en el texto final. Finalmente, no hay ninguna forma de asegurarse que la propuesta de constitución que emane del gobierno refleje la voluntad de los participantes en los cabildos (mucho menos que refleje la voluntad de la ciudadanía en general).
Después del proceso participativo, el gobierno deberá presentar su proyecto de ley de nueva constitución que deberá superar las mismas barreras de mayorías calificadas que existen actualmente para que pueda ser promulgado.
El proceso constituyente que ha iniciado el gobierno en realidad es un proceso consultivo a la ciudadanía que, no obstante, no tendrá poder resolutivo. El proceso no establece mecanismos para solucionar diferencias. Voluntaristamente, se basa en la esperanza de que habrá consensos. Además, la iniciativa supone que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una nueva constitución.
Si realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente, el gobierno debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
A veces, una declaración espontánea refleja con prístina claridad los dilemas que enfrenta la sociedad. Refiriéndose al procedimiento para establecer una nueva Constitución, José Miguel Insulza sostuvo en un foro universitario que “(…) realmente creo que un buen proyecto o una buena propuesta, con alternativas y todo, podría haber sido puesta a disposición de las fuerzas políticas, y de ahí hacia abajo.”
Así es. Un importante segmento de la élite política y económica de este país sinceramente cree que es posible construir una democracia desde arriba. Bastaría una buena propuesta de un grupo selecto de iluminados para conseguir el objetivo de contar con reglas del juego adecuadas para una República. ¿Podría ser de otra forma? Piensan ellos. Así se construyó Chile.
Primero fueron los hacendados, luego le correspondió a esa intelectualidad que emergió desde la riqueza de la minería. Un selecto grupo de políticos, empresarios e intelectuales (bien intencionados, piensan ellos) que dieron orden y estabilidad a la patria. Repitamos la historia de 1833, de 1925 o de 1989.
Se trata de un modelo elitista que se refuerza una y otra vez. ¿Cómo es posible que la gente común participe de la elaboración de algo tan complejo como un texto constitucional?
¿Cómo es posible que menores de edad puedan opinar si ni siquiera saben donde están parados?
¿Por qué no mejor ahorrarse esto de la participación y escribir un texto y someterlo a un plebiscito?
Se argumenta que este proceso desde arriba sería mejor pensado, más eficiente, y aseguraría orden y estabilidad a un proceso plagado de incertidumbres. Abrir la democracia a la consulta ciudadana—piensan sus detractores—provoca serias limitaciones porque poca gente participará; lo harán aquellos más organizados y sus ideas probablemente serán tomadas poco en cuenta. Pero, lo más importante, en ese proceso no estarían los actores relevantes, aquellos que importan.
Insulza agregaba con su usual sentido realista: “dejémonos de cuentos: o sea, van a participar -yo espero que participe mucha gente-, pero van a ser más los míos que van a participar que los otros, y eso ya le quita precisamente el consenso que dice que estamos buscando”. Es decir, al abrir la democracia, muy probablemente se expresarían las fuerzas sociales y políticas de la centro-izquierda. El consenso, en cambio, habría que buscarlo en otro lado, en la élite, porque es allí donde ocurre la política. La negociación debe ocurrir en las cumbres del poder, y una vez que eso ocurra, debe bajar hacia el pueblo.
La otra posición favorece una decisión desde abajo. Esto porque si las reglas las colocan los de arriba, se produciría una repartición de poder favorable a quienes lo detentan. Entonces, le corresponde a la ciudadanía determinar el tipo de reglas que desea tener. Pero como la realidad política e institucional imposibilita aquella opción, la Presidenta de la República buscó provocar mecanismos de participación para abrir el juego democrático.
Se impulsa un mecanismo de participación no vinculante buscando señalar que en este proceso la gente tiene algo que decir. La propuesta del gobierno, en este sentido, va en contra de más de 200 años de vida republicana. Rompe la tradición de, primero, negociar en las cumbres, e ir hacia abajo, como precisamente lo sostuvo Insulza.
Ahora bien, como la propuesta es contra-intuitiva, genera malestar en las élites económicas y políticas. Incomoda que la gente se pronuncie sobre temas vedados como la propiedad, los derechos colectivos, el reconocimiento de pueblos indígenas, los derechos sociales o las formas de gobierno. ¿Por qué o para qué generar una expectativa de participación si nunca lo hemos permitido?
Probablemente Insulza tenga razón en su crudo diagnóstico sobre el resultado.Probablemente las élites terminarán negociando algo en los pasillos del Congreso Nacional. Es lo que debiésemos esperar entre 2017 y 2018.
Sin embargo, si este proceso de participación ciudadana alcanza cierto momentum, para quienes negocien la nueva Constitución resultará cada vez más difícil encerrarse en una cocina y negociar las reglas que ellos desean. La participación ciudadana incidente, podría traducirse en una presión social por sentarse en aquella cocina.
En un contexto de crisis de representatividad y de mayor observación ciudadana ¿se atreverán los congresistas de 2018 a señalar que serán ellos solos—en una comisión bicameral—los encargados de escribir un nuevo texto?
¿O tendrán que abrirse a considerar una fórmula mixta o un llamado a plebiscito o de una asamblea? La decisión que tomen los de arriba dependerá de cuán organizados lleguen a estar los de abajo para presionar por sentarse en aquella mesa. Los de arriba vs. los de abajo se llama esta película.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.
A mediados del año pasado, varias fuerzas políticas pro gobierno presionaban por postergar el debate constitucional. Querían que un nuevo Congreso discutiera una nueva Constitución. Sin embargo, desde la Presidencia de la República se insistió en establecer un cronograma que generaría condiciones sociales y políticas para resolver el tema constitucional. El itinerario escogido contempló un momento de educación cívica (que pasó inadvertido), un momento de participación ciudadana (que recién se anunció), la presentación ante el Congreso de un proyecto para establecer mecanismos de reemplazo constitucional (2017), y un momento de decisión –también del Congreso– respecto del mecanismo que se utilizará para hacer el cambio (2018).
Así, nos encontramos inaugurando un momento preconstituyente. Aún no estamos debatiendo lo que serán los contornos de la nueva Constitución. Lo único que se hará es una consulta no vinculante para recoger la opinión ciudadana respecto de los temas que debiesen considerase al elaborar un nuevo texto.
¿Por qué realizar este ejercicio cívico no vinculante? La razón es simple: como en la coalición de gobierno existe una división profunda respecto del mecanismo para establecer una Nueva Constitución (cambio desde el Congreso versus Asamblea Constituyente), a la autoridad presidencial no le quedó otro camino que intentar abrir el debate hacia la ciudadanía. Si, por ejemplo, la Presidenta hubiese optado por proponer una reforma constitucional para permitir llamar a plebiscito, muy probablemente no hubiese contado con los votos en el Congreso. Entonces, se optó por el camino largo: que la ciudadanía debata sobre el tema Constitucional con la secreta esperanza de promover mejores condiciones políticas y sociales para un debate constitucional.
La decisión ha provocado varios efectos. Primero, las fuerzas políticas e intelectuales comenzaron rápidamente a elaborar borradores de textos constitucionales para delimitar los márgenes de la discusión. Segundo, los empresarios marcaron rápidamente sus banderas de preocupaciones (propiedad privada, subsidiariedad, libertad de emprender). Tercero, el tenor de la discusión ha ido evolucionando desde la necesidad de establecer una nueva Constitución hacia un debate sobre las condiciones en que se dará tal transformación. La propuesta del Ejecutivo está provocando paulatinamente un momento constitucional.
El Gobierno estableció un Consejo de Observadores y allí se representaron sensibilidades de izquierda, centro y derecha. Resultaba clave sumar a la derecha en este esfuerzo. Aunque pocos consejeros son militantes de partidos, ellos reflejan y proyectan afinidades ideológicas muy nítidas. Pero además, al transcurrir las semanas, en este Consejo comenzaron a discutirse y delimitarse los contornos del debate constitucional: ¿Debe intervenir el Gobierno? ¿Deben participar facilitadores que son militantes? ¿Debe discutirse sobre “valores” en los cabildos? ¿Debe discutirse sobre el mecanismo? ¿Quién escribirá la síntesis de las deliberaciones ciudadanas? Los Consejeros no solo quisieron “observar” sino además incidir en las definiciones centrales del proceso.
Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas.
Entonces, los encuentros autoconvocados locales no deben ser evaluados como espacios con “representatividad” o que deben ser considerados como vinculantes, porque ese no es su objetivo. Lo que se busca es animar un debate, abrir puertas para que se formulen preguntas sobre la Constitución que queremos. Dinamizar oportunidades para la acción colectiva. Este ciclo de participación ciudadana contiene la secreta esperanza de que la gente salga de sus casas y se anime a discutir. Se dará un modesto paso que busca provocar condiciones para un debate amplio y plural sobre la Constitución. Políticamente, la coalición gobernante no tuvo espacio para mucho más.
Se trata entonces de un proceso formal, conducido desde arriba, que seguramente será limitado en términos de la cantidad de personas que al final participarán. La gran interrogante es si esta instancia generará oportunidades para que partidos, movimientos sociales, agrupaciones locales y la ciudadanía en general lleguen a plantear sus demandas. En la metodología, por ejemplo, dependerá de los participantes levantar la mano y sugerir discutir el mecanismo mediante el cual se podría establecer una nueva Constitución. Las preguntas orientadoras no consideran una que diga explícitamente: “¿Qué mecanismo le gustaría o considera más relevante para establecer una nueva Constitución?”. Lo que seguramente pasará es que un grupo de actores levantará la mano y sugerirá discutir el tema del mecanismo en aquellos cabildos.
El proceso, entonces, contiene una cuota de incertidumbre. Seguramente los cabildos reproducirán las disputadas ideológicas y políticas presentes en la sociedad en relación con el Estado, el mercado, el reconocimiento de pueblos originarios, los recursos naturales, la propiedad, la forma o mecanismo para definir la Constitución, etc. etc. En definitiva, independientemente de la representatividad que alcancen estos cabildos, ellos establecerán un hecho, una realidad política. La pregunta es quién o quiénes aprovecharán ese espacio para plasmar sus intereses. Porque cuando hablamos de Constitución, hablamos de intereses y poder.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Conoce las posiciones frente al polémico debate generado por el plan anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet.
El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet puso en marcha el martes su plan comunicacional sobre el proceso constituyente. Lo hizo a través de una cadena nacional y spots televisivos. Sin embargo, no todos comparten la estrategia. Algunos, como el Consejo Nacional de Televisión, dicen que lo expuesto es de alto interés público y nacional, mientras que otros sostienen que no quieren una “nueva Constitución”, y que el Ejecutivo sólo “está imponiendo sus consignas”. Revisa acá las diferentes posiciones en el polémico debate:
“Es una campaña de interés público que envía la Secretaría General de Gobierno al CNTV para que nosotros la aprobemos o la rechacemos. Siete de los consejos votaron a favor (de su emisión) y uno en contra. La nueva ley de TV digital también señala que los canales deben tener (en su programación) horas para campañas de interés público, y ésta lo es”. Oscar Reyes Presidente del Consejo Nacional de Televisión
“El docurreality no nos garantiza que sea un proceso objetivo (…) Están entrando en el camino de la manipulación de los medios de comunicación, para tratar de influir en el proceso de la forma como el Gobierno quiere”. Hernán Larraín Presidente de la UDI
“Esta nueva Constitución no sólo debe ser nueva en su contenido, sino que también debe ser nueva en la manera en que se discute y elabora”. Michelle Bachelet Presidenta de la República
“Pareciera que la campaña constitucional que promueve el Gobierno excede el alcance de la Ley del CNTV, la que establece que son de interés público las campañas que busquen proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas (…) Esta campaña, según el presidente del CNTV, busca motivar la participación ciudadana en el proceso constituyente e informar sobre los diálogos ciudadanos”. Francisco López Coordinador Programa Legislativo Libertad y Desarrollo
“Nunca nos informaron de esta nueva fase (comunicacional) y de las características específicas (…) Le pregunté al ministro Díaz si el docurreality era parte del presupuesto del proceso constituyente (…) Que nos diga que hará particulares tipos de actividades, no basta para que nosotros demos por aprobada una iniciativa de esta envergadura”. Francisco Soto (PPD) Miembro del Consejo Ciudadano de Observadores
“Pensamos que el abuso de las franjas obligatorias (de TV) recuerda el modelo chavista de imponer a través de los medios de prensa las consignas de gobierno. Nosotros no creemos que sea ajusto imponerles a los medios de comunicación chilenos cargas de esta naturaleza”. Presidentes de Chile Vamos (UDI, RN, PRI y Evópoli)
“Todos los productos (del proceso constituyente) han sido generados por la vía de la licitación pública (…) El docurreality forma parte de los recursos que el propio Congreso le asignó al Gobierno para la promoción y difusión del proceso constituyente. Convocamos a los chilenos a discutir de una nueva Constitución, por lo que queremos que se informen, que puedan saber cómo, dónde y de qué modo participar y por tanto vamos a destinar esos recursos, que no son muchos, precisamente a poder difundir al máximo posible el proceso”. Marcelo Díaz Ministro Secretario General de Gobierno
“Si el gobierno establece una franja para promover que la ciudadanía participe de los encuentros locales y cabildos, dicha acción es de alto interés nacional. La discusión de la Constitución es de la mayor relevancia pues ella es la que fija las reglas del juego de nuestra vida social y política”. Claudio Fuentes Director de la Escuela de Ciencia Política, Universidad Diego Portales
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
La derecha enfrenta la disyuntiva de defender la constitución actual (abriéndose a reformas específicas) o apoyar un proceso constituyente intentando limitar sus efectos. Para la derecha, esa segunda alternativa sería la alternativa menos mala.
Si el comportamiento pasado del gobierno de la Nueva Mayoría y de la oposición derechista sirven para predecir el comportamiento futuro, debemos comenzar a prepararnos para que se inicie un proceso constituyente que, a través de una asamblea constituyente, produzca una nueva constitución. Como la derecha ha optado por ayudar a que las malas reformas del gobierno sean menos malas, la determinación de la Presidenta Bachelet por impulsar el proceso constituyente llevará a que la oposición derechista, mirando cuidadosamente las encuestas, termine condicionando su apoyo a que el gobierno limite las facultades y regule la conformación de la instancia (asamblea constituyente) que produzca la nueva constitución.
La lógica en el comportamiento de la oposición derechista ha sido tan consistente como inefectiva. Ya que no tiene suficientes votos en el Congreso para bloquear las iniciativas de reforma que ha impulsado el gobierno, la oposición ha optado por condicionar su apoyo o aceptación de las reformas a concesiones que ayuden a que las reformas sean menos negativas de lo que serían si la Nueva Mayoría hace uso de su poder de retroexcavadora en el Congreso. Como, además, la derecha está dividida entre RN, Amplitud y la UDI, la coalición derechista no tiene una sola voz. De hecho, Chile Vamos tiene hoy menos legisladores que los que fueron electos en la lista de la Alianza en 2013.
La estrategia colaboracionista de la Alianza quedó en evidencia durante la reforma tributaria. Como entonces había una amplia mayoría del país a favor de la reforma, la Alianza no se atrevió a defender sus principios y oponerse a una mala reforma. Era cierto que la reforma iba a pasar igual. Cualquier edificio mal hecho se cae al primer temblor fuerte. Pero la Alianza optó por entrar a la cocina política, negociar algunos cambios que hicieran que la reforma fuera menos mala y, a cambio, otorgó legitimidad a la reforma con el voto de la mayoría de los legisladores derechistas. Ahora que la reforma ha mostrado sus debilidades —que hacen imposible su implementación— y además se ha vuelto impopular, el gobierno de Bachelet no es el único responsable de esa mala política pública. Si en 2014 la Alianza hubiera defendido sus principios y hubiera votado en contra de una mala reforma, hoy la oposición tendría una incuestionable legitimidad para dirigir el destino de la reforma a la reforma.
Algo similar ocurrió con la promulgación de la gratuidad en la educación superior. Buscando evitar que se implemente una mala reforma, la derecha concurrió con sus votos y sus abstenciones a la promulgación de una ley que legitima la gratuidad. Si bien la derecha argumentará que la gratuidad (no becas ni préstamos) es aceptable para las familias de menos ingresos, no hay razón para justificar que la gratuidad se limite solo al 50% de menos ingresos. Después de todo, una familia con dos hijos en edad de estudiar que gana 1,5 millones de pesos (y que está en el 20% de más ingresos) también enfrenta serios problemas para financiar la educación de sus hijos. Ahora que la derecha votó por la gratuidad, de poco servirá defender la bandera de excluir al 5% más rico.
El debate constitucional actual va encaminado en la misma dirección. Si bien las encuestas muestran que, al compararla con otras prioridades, la nueva constitución no es una prioridad para la gente, las mismas encuestas muestran que la mayoría de los chilenos está a favor de una nueva constitución. Es más, la gente cree que la nueva constitución ayudará a expandir sus derechos y mejorará sus condiciones de vida. Como si fuera una pócima mágica, la nueva constitución es vista como un remedio para los problemas que enfrenta Chile hoy. Dada la popularidad actual de la nueva constitución, la derecha enfrenta la disyuntiva de defender la constitución actual (abriéndose a reformas específicas) o apoyar un proceso constituyente intentando limitar sus efectos. Para la derecha, esa segunda alternativa sería la alternativa menos mala.
Pero aceptar la necesidad de una nueva constitución oponiéndose a una asamblea constituyente resultará ser una postura insostenible. Si Chile efectivamente necesita una nueva constitución (y no solo reformas a la actual), no hay razón para oponerse a que esa nueva constitución emane desde la ciudadanía. Aceptar la nueva constitución creyendo que se puede frenar la asamblea constituyente es una quimera. Si va a haber nueva constitución, no se podrá evitar una constituyente. La defensa de los principios de la derecha debiera pasar por defender la postura de que basta con reformas a la carta actual, rechazando una nueva constitución. Pero la derecha fija sus posturas mirando las encuestas más que recordando sus declaraciones de principios. Ahora que la popularidad de una nueva constitución sube en los sondeos, la derecha terminará subiéndose a esa micro con la ya conocida excusa de que lo hace solo para evitar que una mala reforma sea menos mala.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Sabemos que las palabras crean realidades y, por lo mismo, conviene observar el uso de palabras y conceptos en la nueva campaña del Gobierno, el Constitucionario. Si la intención es educar, entonces, convendría preguntarnos qué concepción de Constitución, de democracia, de sociedad, de ideas se busca proyectar allí.
No nos detendremos en las imágenes que quizás merezcan un análisis propio. La opción de animales en la selva tratando de definir su convivencia en sí requeriría una reflexión. ¿Una apelación subliminal a la “ley de la selva” que nos rige?, ¿la aspiración a sacarle la corona al rey en este hiperpresidencialismo?, ¿la apelación a los “monos” (pobres monos) resignados al secundario rol de porteros de esta casa de “todos”?
Al centrarnos en los contenidos de esta campaña, observaremos una postura tradicional, bastante liberal y conservadora de lo que significa nuestra sociedad. A continuación revisaremos algunos conceptos del abecedario propuesto:
Constitución. Se define, en esta campaña, como “la que establece las instituciones principales del país, cómo se van a relacionar los poderes con las personas y qué derechos y deberes tenemos. Es madre de todas las leyes. Y ya sabemos que las madres son muy importantes”. Se interpreta a la Constitución en sus funciones protectoras y ordenadoras, evitando indicar que esta Carta Magna no hace otra cosa que distribuir poder social, económico y político. La Constitución, además de los derechos y deberes que señala, no hace otra cosa que decirles a los animalitos qué podrán decidir, cuándo y bajo qué circunstancias.
Democracia. Se entiende en el texto como el gobierno de la mayoría respetando a las minorías. Predomina una concepción procedimental y delegativa al señalar que, a través del voto, “se entrega un mandato a larga distancia” para quienes nos gobiernan. Se indica que “como somos millones, es imposible tomar decisiones todos al mismo tiempo, por lo que elegimos a algunas personas que creemos que lo podrían hacer en nuestro nombre”. Así, la democracia, entonces, es entendida en su sentido más tradicional como una forma de “representación”, obviando contemporáneas innovaciones como la democracia directa y deliberativa, que buscan subsanar el problema de la poca incidencia de la ciudadanía en una sociedad de masas. No se define la “participación” y, cuando se le habla de ella en la introducción, se la relaciona con la idea light de conversar y ser escuchados más que con un proceso que implica deliberación y participación incidente.
Libertad. Se asume el valor de la libertad negativa –propia del liberalismo– al definirla como la posibilidad de los individuos de pensar y actuar según su propia voluntad, aunque sin hacer daño o afectar a los demás. Esta visión se contrapone con la libertad positiva, que enfatiza la autonomía o capacidad de individuos y/o colectivos de hacer algo. En la primera visión las personas se asumen como iguales, sin entrar a debatir las condiciones en que se ejercita dicha libertad (todos somos libres si votamos sin estar sometidos a coacción). En la segunda visión se enfatizan precisamente las condiciones de origen que podrían afectar nuestra libertad (si algunos animales de la selva no saben leer y escribir, serán menos libres al momento de participar de la democracia).
Igualdad. Se entiende por igualdad “que seamos tratados con la misma dignidad y que tengamos los mismos derechos”. Aunque este enfoque normativo es correcto, se obvia que el problema sustantivo no radica tanto en esta dimensión actitudinal de la igualdad (que seamos considerados con dignidad), sino que en lo que se refiere a la distribución de oportunidades: que nuestro desarrollo no dependa tanto de las ventajas adquiridas por el origen social. ¿Qué oportunidades tienen los monos de beber agua si los elefantes acaparan toda el agua de la selva? Aquí no solo importa tener derecho a beber agua, sino que más relevante es la distribución de oportunidades para acceder a este preciado bien común.
Pueblos originarios. Se plantea que antes de la existencia de Chile “ya había personas y familias viviendo en este territorio… heredamos sus genes, sus costumbres y lenguas, y por eso son parte de nuestra historia y de nuestro presente”. Aunque el texto define los conceptos de “identidad” y “diversidad”, no se menciona ni una sola vez el concepto de “pueblos indígenas”. Pero, además, se les incluye como parte de “nuestra” historia y “nuestro” presente, desconociendo de un plumazo la adhesión del Estado de Chile a la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que establece que ellos (los pueblos en tanto colectivo) tienen derecho a la autodeterminación. No es que los pueblos indígenas formen parte de “nuestro pasado o presente”, sino que ellos tienen el legítimo derecho a determinar o reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Ellos son sujetos de derechos y de autodeterminación.
La selva descrita en el texto alude a animales que buscan convivir en una sola nación. De hecho, señalan explícitamente que “una nación incluye a los que vivieron antes, los que viven ahora y los que vendrán en el futuro”. Pero ¿qué pasa con aquellos que durante mucho tiempo vivieron y viven en un territorio y se sienten herederos de otra identidad, de otra comunidad o nación? ¿Qué pasa con aquellos que sienten un doble apego a un Estado y una nación, simultáneamente? ¿Parecía tan difícil mostrar a un león formando parte de la selva y protegiendo su territorio?
Las palabras crean realidades y las realidades sostienen políticas públicas y hasta Constituciones. La forma en que definamos aspectos tan básicos como Constitución, libertad, igualdad, identidad o diversidad afectará sin duda el resultado. Por lo mismo, convendría leer y releer estos textos. Sería ilusorio pensar que se producirán textos “neutros”, pero el gran peligro es que por un afán de querer dejar contentos a todos (o por actuar pensando en unos pocos que tienen la llave para la anhelada nueva Constitución), obviemos temas que parecen más que superados en la actual sociedad contemporánea. En este sentido, y a la luz del estado social de las cosas, el Constitucionario por el momento no parece un buen diccionario.
Un 53,3% de los encuestados cree que el gobierno es el responsable de la actual situación económica, según el último sondeo de la Universidad Diego Portales 2015.
Sobre los temas que más preocupan a la población, la ‘Delincuencia’ subió en 5.7 puntos porcentuales, en comparación con el 2014, llegando a 38% y liderando la lista.
Otro salto lo tuvo la ‘Corrupción’, que subió de 3,1% en el 2014 a 9,3% en la reciente medición y quedó en el quinto lugar.
En tanto que los que registraron una baja significativa según la encuesta, fueron Salud (de 13,6% a 9,5%) y Educación (de 14,5% a 9,4%) que se quedaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Sin mayores variaciones, la ‘Desigualdad’ es el segundo tema que más preocupa a los chilenos, con un 10,3% (10,2% en el 2014).
En cuanto a la discusión de la despenalización del aborto, todas las causales subieron en su apoyo, pero las que están en los tres primeros lugares, son las tres que se han estado discutiendo en el Congreso: Si la madre corre serio peligro por el embarazo (71,7%), si el feto es inviable (68,7%) o si la mujer quedó embarazada producto de una violación (64,2%).
Con relación a una nueva Constitución, el estudio registró que un 45,1% considera que se debe hacer una nueva Carta Magna, en tanto que un 34,5% expresó que es necesario reformar la carta fundamental actual. Es decir, un 79,6% está a favor de algún tipo de cambio al respecto. ¿Y la forma de hacerlo? El 51,3% cree que con una Asamblea Constituyente, un 19% que lo haga una comisión de expertos y 9,9% que lo haga el Congreso Nacional. ¿Y su ratificación? Un 71%, vía plebiscito.
Sobre la confianza en instituciones, Carabineros de Chile sigue en lo alto con un 50,9%, seguida de las Radios (49,3%) y las Fuerzas Armadas (45,2%). En cambio que el Congreso (4,1%) y los Partidos Políticos (2,7%) cierran ese ranking.
Las redes sociales se convierten en un elemento clave para manifestar posiciones políticas. Un 18,8% reconoció su uso para eso.
Según el sondeo de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 1.320 personas en 89 comunas del país, sólo un 19% está a favor de que la nueva Carta Fundamental sea elaborada por una comisión de expertos y un 9,9% que la haga el Congreso.
Desde que la Presidenta Michelle Bachelet anunció un proceso constituyente a través de cadena nacional, la idea sumó más apoyo que críticas y este jueves la encuesta de la Universidad Diego Portales lo ratificó con números.
Según el sondeo que entrevistó a 1.320 personas en 89 comunas del país, un 45,1% se inclinó porque se deba hacer una nueva Constitución. Un El 34,5% prefirió que se reforme la Constitución actual, mientras que un 7,1% cree que se debe mantener tal cual. Un 13,2% no sabía o no respondió.
Sobre la idea de la nueva Constitución, al 51,3% le gustaría que se realizara a través de una Asamblea Constituyente; un 19% que la elabore una comisión de expertos y un 9,9% que la haga el Congreso. El 19,8% de los encuestados no respondió o dijo no saber.
APOYO AL ABORTO
El aborto, otra de las reformas claves que impulsa Michelle Bachelet, tuvo buena acogida entre los encuestados: un 71,7% se mostró a favor del aborto cuando la vida de la madre corra serio peligro por el embarazo. El 68,7% si el feto es inviable; el 64,2% si la mujer quedó embarazada producto de una violación y el 36,1% si la madre es menor de 14 años.
SIN REFLEJO EN LA APROBACIÓN
Pese al alto apoyo que registraron la nueva Constitución y el aborto, los números no se reflejaron en la aprobación que logró la Presidenta Michelle Bachelet.
A juicio de la directora del ICSO-UDP, Carolina Segovia, ambos temas se han instalado en la opinión pública pero “no se ve reflejado probablemente porque la aprobación tiene un componente importante respecto de áreas de gestión que le llegan a la gente en forma más directa y en el día a día”.
“Ninguno de esos dos son proyectos que uno vaya a sentir en tú vida cotidiana para una gran mayoría de las personas”, añadió.
Pero además, continuó, “son proyectos, no son hechos todavía por lo menos, entonces debe afectar la aprobación. Yo esperaría que eso ocurriera cuando estor proyectos sean efectivos”.
Sondeo muestra que un 45,1% quiere una nueva Constitución, mientras que un 34,5% apuesta por una reforma a la actual carta. Un 74,5% piensa que nuevo texto debe someterse a plebiscito.
Un fuerte respaldo al “Proceso Constituyente” mostró la encuesta nacional UDP dada a conocer esta jornada.
De acuerdo al sondeo, un 45,1% cree que se debe contar con una nueva constitución, mientras que un 34,5% es partidario de una reforma a la carta vigente desde 1980. Un 7,1% plantea que se debe mantener el actual texto y un 13,2% no sabe o no contesta.
En cuanto al debate sobre el mecanismo, un 51,3% respalda la idea de una Asamblea Constituyente, que es el mecanismo donde la ciudadanía elige un grupo representativo de personas con el mandato de redactar un nuevo texto.
Entre quienes son partidarios de una nueva Constitución -y no una reforma- la cifra sube a un 68,9%.
Un 19% cree que una comisión de expertos debiera elaborar el texto, mientras que un 9,9% dice que sea el Congreso el encargado de esta tarea.
Según el itinerario del gobierno, la decisión sobre el mecanismo estará en manos del próximo Congreso, que deberá votar por tres alternativas, o bien por convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien elija.
Tal como publicó semanas atrás T13, el PNUD sistematizó la experiencia de 95 procesos constituyentes en el mundo, de un universo de 239 realizados entre 1974 y 2015.
En términos globales, la comisión de expertos ha sido el mecanismo más utilizado (36%), seguido por la Asamblea Constituyente (26%). Sin embargo, las diferencias se dan según la región y el momento político en que estos se realizan.
En el caso latinoamericano es la Asamblea Constituyente el más utilizado (46%), seguido por el Poder Legislativo (21%).
Amplio respaldo a plebiscito
Más allá del mecanismo, en lo que hay coincidencia entre los encuestados es que cualquier cambio que se realice deberá someterse a votación ciudadana.
Un 74,5% es partidario de que la decisión se consulte. En caso de quienes proponen una nueva Constitución la cifra llega al 91,5%.
No obstante, el sondeo muestra que un 45,1% de las personas considera que se debe realizar una nueva Carta Fundamental y un 34,5% prefiere sólo reformar el texto actual.
Ante el proceso constituyente impulsado por el Gobierno, la mayoría de los chilenos se inclinó por utilizar el mecanismo de Asamblea Constituyente (AC) para crear una nueva Carta Magna y utilizar además el plebiscito para ratificar el texto una vez listo.
Éstos fueron parte de los resultados entregados este jueves por la última Encuesta Nacional de la Universidad Diego Portales (UDP) 2015, realizada entre el 21 de septiembre y 20 de octubre.
De acuerdo al sondeo, los chilenos estarían “divididos” sobre si reformar o establecer una nueva Carta Fundamental. Así, un 45,1% de las personas considera que se debe hacer una nueva Constitución, un 34,5% cree que se debe reformar la actual Constitución y un 7,1% que se debe mantener el actual documento.
En la submuestra de quienes prefieren una nueva Constitución, la opción de la Asamblea Constituyente (AC) concentra las preferencias (68,9%), un 16,7% se inclina porque lo haga una comisión de expertos y un 8,3% que lo haga el Congreso.
En tanto, en la muestra total del estudio un 51,3% apuesta por la AC para crear la nueva Constitución, un 19% que una comisión de expertos lo haga y un 9,9% que esto se efectué con la participación del Parlamento.
Además, se les consultó a las personas por cuál creen que sería el mejor mecanismo para ratificar la nueva Constitución una vez que el texto este listo. En el caso de la submuestra de apuesta por la creación de un documento nuevo, un 91,5% apuesta por el plebiscito y un 6,3% con que se apruebe en el Congreso.
Respecto a la muestra total, un 74,5% se inclina por el plebiscito y un 9% con que sea ratificada por el Parlamento.
Debate por aborto y principales problemas
Otro de los temas abordados en la encuesta UDP 2015, fue la despenalización del aborto bajo distintas causales, mostrándose altos índices de aprobaron a aquellas incluidas en el proyecto del Ejecutivo.
De esta forma, un 71,7% está de acuerdo con la despenalización del aborto si la vida de la madre corre serio peligro por el embarazo, un 68,7 la apoya cuando el feto es inviable y un 64,2% en caso de violación.
Además, subió a 36,1% la aprobación en situaciones en que la madre es menor a 14 años, también aumento a 33,1% en caso en que la mujer no desea tener un hijo, como también si la pareja en conjunto decide no tener un hijo, esto último con un aumento de 31,3%.
Por otra parte, la delincuencia volvió a situarse entre los principales problemas del país con un 38% de las menciones, le sigue la desigualdad con un 10,3%, la salud con un 9,5% y educación con un 9,4.
En quinto lugar, en tanto, quedó por primera vez la corrupción con un 9,3% y la cual obtuvo una notoria alza desde el 3,1% al que llegó en el sondeo 2014, subiendo desde el noveno puesto de las preferencias.
Ante la consulta de ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente?, el ex mandatario de la Alianza obtuvo un 11,8% y el líder del PRO un 10,1%. Al concertacionista (4,6%) incluso lo supera el empresario Leonardo Farkas.
Sebastián Piñera, Marco Enríquez-Ominami y Ricardo Lagos se alzan como las principales cartas de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2017.
Según la Encuesta Nacional Universidad Diego Portales (UDP) 2015, ante la consulta que quién le gustaría que fuera el próximo presidente, el ex mandatario de la Alianza se quedó con el 11,8% de las preferencias, seguido por el líder del PRO con 10,1%. En tercer lugar se situó el empresario Leonardo Farkas, con 5,2%, para dejar en el cuarto lugar de las preferencias a Lagos, con un 4,6%.
En el listado también aparecen Michelle Bachelet (2,3%), Evelyn Matthei (1,6%), Franco Parisi (1,5%), Manuel José Ossandón (1,3%), José Miguel Insulza (1,1%), Isabel Allende (1%) y Andrés Velasco (1%).
Ante la consulta de ¿quién cree que será el próximo presidente? el 18,4% mencionó a Piñera, un 7,4% a Lagos y un 6,2% a ME-O.
Aprobación del gobierno
La aprobación de la presidenta Michelle Bachelet alcana un 28,9% (lo que implica una caída de 14,7 puntos respecto a la misma medición del año anterior), mientras su desaprobación se sitúa en el 64,3% (comparada con el 43,1% de 2014). Ambas cifras son similares al peor momento del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
Al mismo tiempo, la credibilidad de la mandataria se muestra a la baja (un 72,6% dice creerle pocas veces o nunca) y saca nota roja en todos los atributos (honestidad, capacidad para resolver problemas de la gente, capacidad para lograr acuerdos con la oposición, firmeza en la toma de decisiones y capacidad para liderar su posición política), salvo en la capacidad para representar a Chile en el extranjero.
En esta misma línea, la aprobación del gobierno cae a un 20% (de un 36% en 2014), mientras su desaprobación sube a un 72% (de un 49,8% del año 2014). Se trata de la más baja aprobación y la más alta desaprobación, si se toma en cuenta el gobierno de Sebastián Piñera y el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet. La evaluación del gobierno baja en todas las áreas de gestión.
Nueva Constitución
Respecto al proceso constituyente, un 45,1% cree que debe hacerse una nueva Constitución, en tanto un 34,5% prefería hacer solo reformas, y un 7,1% se inclina por mantenerla. Entre quienes prefieren una nueva Constitución, la opción de la Asamblea Constituyente concentra las preferencias (68,9%) y lo mismo sucede con el plebiscito como mecanismo para ratificar la nueva Constitución (91,5%).
Según el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, un 45% de los chilenos está a favor de una nueva constitución, mientras que un 35% de reformarla.
Hoy se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional UDP 2015 y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios, Manuel Vicuña, conversó con “Siempre es Hoy” sobre los resultados más llamativos.
Entre los aspectos destacados por Vicuña está el aumento en la confianza de los medios de comunicación, el que sería “un efecto positivo de la corrupción, con todos los escándalos del último tiempo y el rol de los medios para revelarlos, ha aumentado la apreciación de la ciudadanía hacia ellos”.
“Es concordante con el hecho de que la corrupción se ha transformado en el quinto problema más importante del país, subiendo desde el noveno lugar”, amplió.
Otro aspecto abordado por la encuesta fue el de la discusión constitucional. Manuel Vicuña indicó que un 45% quiere tene una nueva carta fundamental y un 35% va por el camino de reformarla.
En este sentido, agregó que si se da el caso de que se redacte una nueva constitución, más del 50% prefiere que sea por una asamblea constituyente y la gran mayoría está por ratificarla vía plebiscito.
“Tiene que ver con el descrédito del Congreso, en esa situación nadie le quiere confiar atribuciones relevantes a la hora de decidir qué pasa con el futuro constitucional del país”, concluyó.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
“Falta contenido”, alegó la ex vocera de Gobierno, Cecilia Pérez. “Queremos conocer al menos una coma del contenido de la Constitución”, fustigó el presidente de RN, Cristián Monckeberg. “Quiero saber en qué momento vamos a discutir los temas sustantivos… a mí nadie me ha dicho qué quiere hacer con la Constitución”, remarcó categóricamente el ex ministro José Miguel Insulza.
Si nos guiamos por estas aseveraciones, pareciera ser que el debate constitucional se reduce a una cuestión estricta de procedimiento. Si creyéramos en sus palabras, todo indicaría que ni este gobierno o ningún actor relevante ha propuesto la más mínima idea sobre lo que se imagina de una nueva Constitución.
Sin embargo, aquello es falso. Desde por lo menos ocho años existe una amplia lista de propuestas sobre lo que debiese contener una nueva Constitución. Varias de las propuestas son bastante detalladas y se introducen en temas muy sustantivos. Citaré solo dos.
En el año 2008, el entonces senador Eduardo Frei sorprendió con una propuesta de establecer una nueva Constitución –en efecto, utilizó el calificativo de “nueva”–. Esta Constitución Bicentenaria, como la denominó, incluía, entre otros elementos, la facultad del Presidente de disolver las cámaras, creación de un alcalde mayor, la posibilidad de que dirigentes sindicales puedan ser electos, y cambios sustantivos en materia de regionalización, entre otras mucha materias.
En años más recientes, en la primavera de 2013, la entonces candidata a la República, Michelle Bachelet, presentó su programa de Gobierno. Dicho programa no solo sugiere introducir una nueva Constitución por un mecanismo institucional, democrático y participativo, sino que también se adelanta una propuesta de “Contenidos básicos de una Nueva Constitución”. Dicha propuesta incluye acápites referidos a derechos humanos, derecho de propiedad, derechos civiles y políticos, derechos colectivos, derechos económicos, sociales y culturales, garantías, deberes, rol del Estado, sistema electoral, quórum para aprobar reformas, igualdad de mujeres, partidos políticos, pueblos indígenas, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, Banco Central, defensoría ciudadana, y varias otras temáticas.
Para ejemplificar algunos de los temas que plantea dicha propuesta, expondré tres.
1) En cuanto a la propiedad privada, el texto sugiere que la nueva Constitución debe garantizar la libre iniciativa económica privada con limitaciones establecidas en la ley. Agrega que se reconocería el derecho a la propiedad privada, reconociendo que ella cumple una función social. Se sugiere asimismo declarar a las aguas como bienes nacionales de uso público.
2) Se reconoce al Estado no solo como un sistema de potestades sino como un conjunto de deberes de buen gobierno, proponiendo la noción de un Estado Social y democrático de derecho.
3) Se propone reconocer que el Estado de Chile es una nación indivisible, plural y pluricultural.
Las propuestas podrían gustarnos o no. De hecho, varios de sus enunciados podrían ser debatidos y hasta cuestionados por sus contradicciones internas, pero sin duda resulta totalmente equívoco sugerir que no han existido propuestas específicas del contenido de una nueva Constitución y menos de este gobierno que propuso específicamente ciertos contenidos básicos.
Ahora bien, quienes plantean la necesidad de discutir contenidos parecen querer adelantarse a un tema que teóricamente debiese resolverse después que se defina el mecanismo. Este impulso por definir y acotar los contenidos parece un intento por controlar los términos del debate. ¿Acaso no resulta más apropiado que este debate de contenidos surja de un proceso de diálogo amplio político y social? ¿Acaso este diálogo no se nutrirá precisamente de las recomendaciones y propuestas que –como vimos– están flotando en el aire?
En un estudio realizado el año pasado, constatamos que desde 2008 y hasta 2013 las candidaturas presidenciales y partidos políticos habían realizado más de 100 propuestas específicas en cinco grandes ejes temáticos –regionalización; poderes presidenciales; inclusión política y participación; rol del Estado; derechos económicos, sociales y culturales; y mecanismos de reforma constitucional–. A ello debiésemos sumar las innumerables propuestas y debates que en ambas cámaras del Congreso se han dado en los últimos años en materia constitucional.
Cuando comencemos a debatir sobre los contenidos, observaremos que existe una acumulación importante de propuestas y que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda están actuando en el vacío. Basta con leer los programas de Gobierno de anteriores candidaturas para darse cuenta de que las ideas están flotando en el aire, esperando su concreción.
Cuando comencemos a debatir sobre los contenidos, observaremos que existe una acumulación importante de propuestas y que ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda están actuando en el vacío. Basta con leer los programas de Gobierno de anteriores candidaturas para darse cuenta de que las ideas están flotando en el aire, esperando su concreción.
Pero si hay ideas y propuestas muy concretas rondando en documentos que fácilmente pueden bajarse de la web, ¿por qué entonces negar que tales ideas existen? ¿Acaso esos informados actores no han leído tales documentos? ¿Por qué adelantar el debate de contenido, si aún no se resuelve del todo la cuestión del procedimiento? ¿Cuál es el apuro de escribir con celeridad una propuesta de Nueva Constitución como lo anunció Piñera?
Ante la decisión presidencial de establecer este proceso constituyente, parece ser que los actores políticos buscan aferrarse a sus propias ideas para demarcar muy claramente lo que no estarán dispuestos a transar. Niegan rotundamente que existen propuestas acumuladas y se precipitan raudamente a escribir sus propios intransables.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Aunque suene tentador disfrazar propuestas de reformas a la actual hablando de “nueva constitución”, esa estrategia solo ayuda a avanzar en el camino hacia una asamblea constituyente.
El debate sobre la hoja de ruta constitucional que debe seguir Chile gira en torno a dos opciones: una nueva constitución o mantener el camino actual de reformas a la constitución de 1980. En la medida que la terminología dominante sea el de una “nueva constitución”, la opción de la Asamblea Constituyente se hará inevitable. Los que se oponen a la AC debieran resistirse a hablar de “nueva constitución” e insistir en que Chile debe seguir por el camino de reformas. El uso oportunista del concepto “nueva constitución”, promoviendo vías de reformas consensuadas desde la elite (incluso con un plebiscito ratificador) solo otorgará mayor legitimidad a los que quieren que el proceso constituyente se inicie (y no solo termine) con un proceso electoral en que los chilenos (y no solo la elite) escojan el rumbo del proceso constituyente.
La cuestión central del debate constitucional radica en si Chile requiere de una nueva constitución o basta con seguir el camino de reformas utilizado desde 1989. Ya que ambos bandos han intentado ganarse el apoyo de la opinión pública, los pro y contra de ambas opciones se han distorsionado. Desde los que advierten que un proceso constituyente derivará en el debilitamiento institucional hasta los que dicen que hay que respetar el hecho de que una mayoría de los chilenos quieren nueva constitución, las posturas se han caricaturizado.
Los que advierten que el camino de una nueva constitución —y en especial la AC— es un pasaje seguro a la perdición a menudo utilizan el caso de Venezuela como ejemplo. Pero las razones del debilitamiento de la democracia en Venezuela son anteriores al proceso constituyente que se inició con la llegada de Hugo Chávez al poder. Precisamente porque Venezuela mantuvo niveles de desigualdad tan altos, se consolidó un duopolio político con crecientes niveles de corrupción, y porque ese país no supo prepararse para enfrentar un mal ciclo de precios de su principal exportación, el sistema se deslegitimó y Chávez llegó al poder para enterrar al viejo régimen. En Chile, la clase política, con todas sus debilidades, ha sido mucho más responsable que la clase política venezolana del antiguo régimen. Además, en Venezuela la desigualdad había aumentado y la pobreza no había disminuido. En Chile, en cambio, ha disminuido la pobreza, la clase media es más grande que nunca antes e incluso la desigualdad disminuye (lento, pero disminuye).
Los que basan su demanda por una nueva constitución en un supuesto clamor popular también caricaturizan su argumento. Que una encuesta diga que la gente quiere una nueva constitución no es suficiente para justificar un proceso constituyente. La gente también quiere que no se aumente el número de legisladores, que se baje el sueldo de los senadores y diputados y, crecientemente, los chilenos desean que la clase política se vaya para la casa. Además, la gente bien pudiera estar a favor de lo “nuevo” sin entender el significado de adentrarnos en un proceso constituyente por varios años. En abstracto, la gente puede querer una casa nueva. Pero mientras no vea la maqueta, no sabrá si prefiere mantener la casa actual (con o sin reformas) o mudarse a la casa nueva.
Ahora bien, incluso si hay mejores caminos hacia una nueva constitución que el que tomó Venezuela (y hay ejemplos exitosos de Asamblea Constituyente en otros países), una AC siempre implica un riesgo. Las nuevas constituciones siempre tienden a ser más largas y los constituyentes a menudo se inclinan por la creatividad en el texto, introduciendo mayores preceptos y regulaciones que hacen a las constituciones más inflexibles y más difíciles de cambiar en el futuro. Por eso, los que rechazan la inflexibilidad de la constitución actual pudieran terminar llevándose una sorpresa si logran que el país se embarque en un proceso constituyente.
Además, dado que Chile es un país de gente moderada que favorece la construcción de consensos, una nueva constitución que refleje las preferencias de la gente probablemente incluirá mayores incentivos para construir consensos. No será el sueño de algunos que una mayoría electoral en una elección bastará para introducir cambios radicales.
Con todo, el destino del debate constitucional dependerá de quién logra imponer la terminología. Si los actores políticos terminan hablando de nueva constitución, será muy difícil evitar la AC. No hay justificación para restringir la participación ciudadana a ratificar acuerdos de la elite y no darles participación desde el día uno, escogiendo a aquellos que redactarán el nuevo texto. Por eso, aceptar que Chile requiere de una constitución y que no basta con seguir el camino hasta ahora utilizado de reformar la actual significa quedar atrapado en un camino que lleva ineludiblemente a la Asamblea Constituyente. Aunque suene tentador disfrazar propuestas de reformas a la actual hablando de “nueva constitución”, esa estrategia solo ayuda a avanzar en el camino hacia una asamblea constituyente.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
“Es un proceso constituyente que obliga a un acuerdo político y social. Esa es la intención de esta opción que tomó la Presidenta”. Esa es la definición que para el cientista político, Claudio Fuentes, le da sentido a la propuesta anunciada la semana pasada por la Presidenta Michelle Bachelet y que busca converger consensos entre oficialismo, oposición y ciudadanía en torno a una nueva Constitución.
En conversación con La Nación, el director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP) y coautor del libro la Solución Constitucional lanzado recientemente, considera que pese a que es una promesa de campaña que se autoimpuso y que la ciudadanía la está cobrando, la apuesta de la Mandataria es una salida al problema que se genera al interior de la Nueva Mayoría, ya que son muy distintas las visiones respecto del mecanismo que debe elegirse para dar forma la Carta Fundamental que reemplazará la 1980 y que, por otra parte, la derecha más dura, en este caso la UDI, se resiste al cambio.
– ¿Qué opinión tiene del proceso constituyente anunciado por la Presidenta?
– Creo que es una propuesta realista desde el punto de vista de la configuración de fuerzas políticas hoy día. El problema de la Presidenta es que tiene una coalición dividida respecto de qué tipo de mecanismo optar para establecer una nueva Constitución. Hay unos que quieren la vía del Congreso, otros la de Asamblea Constituyente, y por lo tanto, frente a esa división interna no tiene los votos suficientes para avanzar en una sola propuesta.
– Entonces, ¿en qué sentido va esa solución y qué pretende?
– Pienso que solución planteada busca dos objetivos. Por un lado, ganar tiempo, pasarle la pelota a los partidos políticos en el Congreso y, segundo, integrar o desafiar a la derecha a que tome una postura sobre el tema. Al señalar que va a enviar un proyecto de ley a este Congreso obliga a la derecha a posicionarse y eso creo que va a generar un debate muy fuerte en la oposición.
– ¿Ve más división en la oposición o en el oficialismo? Se lo pregunto porque RN y la UDI pidieron garantías para que el proceso no se transforme en un adoctrinamiento político y en una venta de pomada que extienda por años la discusión?
– Acá lo que hay es que Evopoli, Amplitud, Horizontal y todos estos grupos nuevos, más un segmento importante de Renovación Nacional están dispuestos a debatir una nueva Constitución y eso hace 3 años no era así, y por lo tanto es un paso importante. Lo que aísla a la UDI es que tiene una postura de que no es necesario cambiar la constitución, eso ya es un escenario que nos mostrará en 2017 cuán unida estará la derecha en si va a aceptar la posibilidad de que se convoque a una asamblea constituyente, a un plebiscito, o simplemente decir: ‘no, solamente vamos a aceptar la comisión bicameral y punto’, y que eso se plebiscite, que esa es la solución de RN.
Por lo tanto, más que a la Nueva Mayoría la pregunta el 2017 va a ser para la derecha y ahí se va a centrar el debate con una derecha que en materia constitucionalista está dividida. En ese sentido creo que Bachelet lo que hizo estratégicamente es ganar tiempo.
– ¿De quién fue la decisión, Bachelet la tomó sola, compartida, quiso estar bien con Dios y con el diablo?
– No creo que ella quiso estar bien con Dios y con el diablo. Yo no sé si la tomó sola o se asesoró por alguien, pero básicamente al ver la pluralidad de opciones dentro de su coalición y de la derecha, creo que optó por un camino de tratar de generar una ruta que forzara un acuerdo político el 2017 y creo que eso es lo que está buscando.
“Creo que sí se allana el camino para que así sea, porque con las declaraciones de la oposición estamos mucho más cerca de un acuerdo político y sus actores están viendo que los van a considerar y eso creo que es lo que esperaba la derecha”, añadió.
LEGITIMACIÓN DEL PROCESO CON LA CIUDADANÍA
Para el experto, el análisis a la forma en que la Jefa de Estado abordó el tema la legitimación del proceso es crucial para tener el respaldo ciudadano y obligar a los partidos a hacerse participar y lograr un consenso y que siga su curso más allá de este período presidencial.
“El gran desafío para el Gobierno va en relación a legitimar este proceso, a que la educación cívica, los diálogos, los cabildos incorporen a todos los sectores de modo que se vaya legitimando el cambio constitucional”, enfatiza.
– ¿Entonces la estrategia de Michelle Bachelet es instalar el tema que es su promesa de campaña pero no involucrarse más allá de lo que le permite su periodo de Gobierno?
– Si tú tienes una elite divida respecto a cuál va a ser el mecanismo para llegar a una nueva constitución, ella lo que hace es llevarlo primero a la ciudadanía, constitucionalizar y politizar el debate a nivel social, y de ahí generar un acuerdo político en el Congreso, y que después se discuta en el Congreso ya renovado. Creo que es lo más pertinente que se puede hacer.
– ¿Cómo lo proyecta si esta materia inevitablemente o ex profeso se va a topar con la elección de 2018?
– Ahí hay dos temas o dos desafíos. Por un lado, la capacidad de los grupos sociales como Marca AC, de presionar al sistema político para lograr una salida participativa al proceso constituyente, porque hoy las fuerzas políticas en su mayoría DC, RN, UDI, están porque el Congreso resuelva. Entonces, en el año 2018, si estas fuerzas se mantienen igual la solución más probable sea esa. Y la pregunta para los movimientos sociales es ¿hasta dónde ellos pueden presionar para que sea un mecanismo lo más participativo posible’. Por eso el debate es constitucionalizar en la línea de tener un Congreso pro asamblea constituyente.
– Independiente del sector político, ¿el próximo candidato presidencial también debiera tener una postura pro cambio a la Constitución?
– Sí, claramente, aunque va a depender, por ejemplo, de qué candidato lleve la derecha. Si es Sebastián Piñera, va a tener que posicionarse frente al tema porque en general RN ha estado por un cambio constitucional. Hay que recordar las conversaciones entre la DC y RN sobre esta materia y de tener un régimen semi presidencial, o las propuestas del senador Andrés Allamand en torno a eliminar algunas leyes orgánicas.
Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
El anuncio presidencial sobre el proceso constituyente es un singular e inútil giro de 360 grados por parte del gobierno. Precisamente porque el gran obstáculo para modificar la constitución ha sido el requisito de una mayoría de 2/3 en ambas cámaras —lo que obliga a la construcción de grandes consensos—, el anuncio de la Presidenta, condicionando la viabilidad del plan a construir un apoyo mayoritario de 2/3 en el Congreso deja al gobierno en el mismo punto de partida que obstaculiza las reformas a la constitución.
La Presidenta insistió en la necesidad de tener una nueva constitución sin molestarse en explicar cuáles son los elementos de la constitución actual que hacen que todo el documento deba ser remplazado. Como no sabemos cuáles son las objeciones, no podemos evaluar si se necesita derribar todo el edificio o si basta con arreglar cuestiones puntuales. En otras ocasiones, Bachelet ha hablado de la necesidad de reconocer a los pueblos originarios, de su disconformidad con las mayorías calificadas y del ahora extinto sistema electoral. Pero la suma de esas objeciones no parece justificar construir un texto desde cero. Bastaría con promulgar reformas específicas que solucionen esos problemas puntuales.
El gobierno alega que la necesidad de tener mayorías de 2/3 para las reformas importantes dificulta la materialización de esos cambios. Pero ese mismo argumento hace pensar que conseguir la mayoría calificada para iniciar un proceso constituyente será todavía más difícil.
Por cierto, los requisitos de mayoría calificada son perfectamente democráticos. La importancia de la constitución radica, en parte, precisamente en que sea un texto difícil de cambiar. Pretender eliminar ese requisito pudiera no ser una buena idea. En Chile, hoy, el requisito de las mayorías calificadas resulta favorable para aquellos que quieren mantener el statu quo y los valores que la dictadura impuso en la constitución. Si yo establezco las reglas del juego y estas incluyen barreras para que en el futuro se puedan cambiar esas mismas reglas, difícilmente voy a lograr que otros acepten mi marco institucional. Pero en Chile, la forma en que se dio la transición a la democracia llevó a la Concertación a aceptar las reglas impuestas por la dictadura. A partir de 1990, sucesivos gobiernos lograron modificar esas reglas gradualmente, siempre construyendo grandes consensos que incluían a la derecha.
Una vez escogido el camino de aceptar las reglas del juego impuestas por la dictadura, la única forma de eludir el cerrojo de los dos tercios es a través de un quiebre institucional. Lo que propone Bachelet, que la derecha concurra con su apoyo a un proceso que partirá de cero para un nuevo proceso constituyente no pasa de ser, como diría la propia Presidenta, wishful thinking. Pedirle eso a la derecha es como pedirle al PC que reconozca que Cuba es una dictadura, pedirle a la UDI que reconozca que Pinochet fue un dictador o pedirle al PS que reconozca que defendió a Pinochet en Londres.
Al hacer su anuncio, Bachelet reconoció que la principal objeción que tiene la Nueva Mayoría contra la constitución es su origen autoritario y por lo tanto ilegítimo. Si el proceso constituyente produjera una constitución idéntica a la actual, ésta sería aceptable por su origen democrático. Hay una metáfora (violenta) que ayuda a entender las objeciones a la constitución. La constitución de 1980 es hijo de una violación. Treintaicinco años después, este hijo resultó ser un buen ciudadano (imperfecto, pero con muchas más fortalezas que debilidades). Lamentablemente, el hijo se parece físicamente al violador. Eso le duele a la Concertación, que ha sido un loable padre adoptivo y que es responsable de que ese hijo haya crecido para convertirse en un buen ciudadano. Por eso, en medio de una crisis de identidad, la Concertación ahora niega su responsabilidad en ayudar a convertir esta constitución de origen ilegítimo en una carta fundamental que se ha legitimado en democracia. Pero no basta con cambiar de nombre para eludir la responsabilidad en legitimar en democracia una constitución de origen ilegítimo.
Con todo, en su anuncio, Bachelet combinó un intento por introducir mayor participación ciudadana sin poder resolutivo con una salida institucional (que acepta el cerrojo de los 2/3). Pero no se puede ser rupturista e institucional a la vez. Pedir una nueva constitución es un acto rupturista. Alegar que se va a respetar la vía institucional significa reconocer que los votos no están para avanzar. Mencionar a la AC como una opción en una bifurcación improbable del camino busca dejar contentos a los sectores más izquierdistas de la NM. Pero al intentar dejar contentos a todos, Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
En la edición se revisaron las principales noticias de la jornada y un panel analizó el anuncio de la Presidenta Bachelet sobre el proceso constituyente.
